Sentencia Penal 18/2023 Audiencia Provincial de Cuenca Civil-penal Única, Rec. 14/2023 de 19 de diciembre del 2023

PRIMERO.- Los anteriores hechos declarados probados se consideran acreditados esencialmente en base a la prueba documental aportada a los autos, cuya autenticidad no ha sido negada por ninguna de las partes. El problema surge a la hora de valorar la existencia de una maniobra engañosa propia de la estafa procesal articulada por parte de los responsables de la Asociación de Caza "San Isidro" en el conjunto de acontecimientos narrados. Pues al contrario de lo que plantean las acusaciones, la Sala llega al convencimiento de que solamente nos encontramos ante un lícito desencuentro civil entre las partes sobre el desenvolvimiento del contrato. Sin que medie delito alguno.

Sobre el alcance real del delito de estafa procesal del artículo 250.1.7º del CP, explica la STS nº 216/2022, de 9 de marzo, que " El tipo no protege al tercero frente a la demanda con causa material injusta o ficticia sino contra el uso fraudulento de los resortes instrumentales que acompañan a la acción provocando que la decisión judicial sea consecuencia de aquella. El tipo identifica esos mecanismos prohibidos con expresa referencia a la manipulación de las pruebas u otros artificios procesales de análogo desvalor y alcance.

El fin de protección de la norma penal es la adecuación del proceso decisional a los valores del proceso justo que excluyen trampas y maquinaciones procesales o procedimentales, como garantías institucionales del rol de la adjudicación judicial.

El tipo determina con claridad el espacio de protección excluyendo del mismo de forma explícita a las alegaciones que fundan lo que se pretende. Extenderlo frente a los fundamentos materiales del derecho reclamado colisionaría muchas veces con los propios presupuestos dispositivos del proceso civil y podría llevar a considerar que cuando se desestima una demanda por ausencia de fundamento fáctico o normativo de lo reclamado siempre habría habido un intento de engaño al tribunal penalmente relevante.

Debe recordarse que la demanda no es otra cosa que una declaración de voluntad en la que se afirma, por un lado, que entre las partes existe una determinada relación jurídica, que puede ser tanto material como procesal, y, por otro, que en virtud de esa relación el actor tiene derecho a obtener la condena del demandado a la concreta petición que se formula. La demanda si bien introduce el objeto litigioso en puridad es solo la afirmación de un derecho cuyo reconocimiento se pretende con la acción.

Insistimos, la protección penal no se dispensa porque los fundamentos fáctico-normativos del objeto procesal introducidos por el demandante no sean ciertos o inconsistentes sino porque haya utilizado mecanismos procedimentales que alterando las reglas del proceso que encauzan la acción, determinen causalmente una decisión del tribunal, en perjuicio de la otra parte o de un tercero. Hasta el punto que de no haberse activado dichos mecanismos manipulativos el sentido de lo decidido habría sido diferente (...)

En estos casos, la conducta penalmente relevante radicaría en sustentar la acción sobre elementos de prueba manipulados que busquen acreditar una relación jurídica inexistente. Por contra, la alegación de hechos inconsistentes o inciertos en la demanda o la no aportación o proposición de determinados medios de prueba caen fuera del espacio típico de la estafa procesal. Lo que se prohíbe es que quien ejercita judicialmente una acción engañe al tribunal aportando medios de prueba falseados u ocultando datos de localización de la parte demandada para procurar su rebeldía, impidiendo así que pueda desarrollar una estrategia de defensa u oposición a la acción.

Insistimos, el tipo penal no castiga estrategias pretensionales basadas en la mala fe o en la temeridad o en la no revelación de todos los hechos relevantes o en la no proposición o aportación de todos los medios de prueba que pudieran aportar información significativa con relación a la acción ejercitada. Expulsada de la tipicidad por la reforma del Código Penal de 2010 la simulación de pleito, la inconsistencia material de lo que se pretende o la no aportación de medios de prueba relevantes podrá suponer, en su caso, la desestimación de la demanda, la condena en costas e, incluso, la sanción procesal que previene el artículo 247 LEC . Pero no permiten activar la protección penal si, al tiempo, no se utilizaron, en los términos exigidos por el tipo, los mecanismos procesales fraudulentos para provocar el error del tribunal -vid. STS 221/2021, de 5 de marzo -.".

En relación con el elemento del engaño la STS nº 991/2022, de 22 de diciembre, puntualiza que " la existencia de la estafa procesal como figura agravada no supone la posibilidad de prescindir de los requisitos generales de la estafa, entre ellos la concurrencia de un engaño que pueda calificarse como bastante. Se decía en la STS nº 572/2007 que "En el delito de estafa procesal, como en la estafa genérica, el engaño debe versar sobre hechos, más concretamente sobre la existencia de hechos y conceptualmente no se diferencia del engaño del tipo básico" (...) El engaño ha de ser en todo caso idóneo, lo que implica en la estafa procesal propia que tenga la entidad suficiente como para superar la profesionalidad del Juez y las garantías del procedimiento (Sª 5 de diciembre de 2005)".

Pues bien, partimos de una relación contractual real celebrada entre las partes que se desarrolló con normalidad durante tres ejercicios. Los documentos obrantes en la causa y la declaración en el plenario del propio denunciante Diego confirman que a principios del año 2017 se produjo una ruptura de esa normalidad a raíz de que se reclamara al arrendatario el pago de indemnizaciones a los agricultores de la zona por daños causados por la caza en los cultivos. Al oponerse el arrendatario comienza el cruce de comunicaciones formales. El querellante reconoció en el plenario que inicialmente no pidió facturas a la asociación porque no las necesitaba. La solicitud de las facturas aparece en el primero de los burofaxes (28/3/2017). En su interrogatorio el querellante no ofreció una explicación seria y convincente de por qué comenzó repentinamente a requerir las facturas en esa tardía fecha. Lo que nos lleva a considerar que la exigencia de las facturas no respondía a una motivación justificada, sino que solamente era un mecanismo defensivo y de presión frente a las reclamaciones de la asociación. Y desde esta óptica cabe apuntar que el contrato no menciona que el IVA no esté incluido en el precio, pero tampoco dice lo contrario. Si esta omisión se interpreta a la luz de la no petición de facturas mientras el contrato se desarrollaba con normalidad, y de su exigencia cuando aparecieron las discrepancias, podemos pensar con fundamento que las partes omitieron el IVA en el contrato de forma deliberada. Este planteamiento se refuerza al observar que los pagos se realizaban en metálico, a pesar de ser cantidades abultadas, y cuando surge el conflicto el arrendatario decide efectuar una transferencia bancaria, veinticuatro días después de haber denunciado a la asociación ante la Agencia Tributaria, en una clara maniobra de constitución de prueba a su favor.

Y es que no puede olvidarse que, aunque la declaración e ingreso del IVA ante Hacienda es una obligación del arrendador, quien soporta realmente su carga económica es el arrendatario. Por lo que, si las partes así lo acuerdan, tanto el arrendatario como el arrendador pueden obtener un beneficio económico al ajustar el precio del arrendamiento, a cambio de cooperar en la ocultación del IVA a la Agencia Tributaria. Lo cual exige que el arrendatario no solicite factura y que abone todas las cantidades en metálico.

Pues bien, si en este caso las partes aceptaron con normalidad desde el inicio del contrato la no emisión de facturas y el pago en metálico, pero cuando se rompe la buena relación el arrendatario pasa a reclamar las facturas de ejercicios anteriores (sin aclarar el motivo de porqué las requiere entonces), denuncia al arrendador ante la Agencia Tributaria sin que ello le reporte ningún tipo de beneficio personal concreto (y a sabiendas de que con ello tampoco se expone a ningún tipo de responsabilidad administrativa frente a la Agencia Tributaria), y tras ello paga el último ejercicio mediante transferencia bancaria, podemos considerar como la hipótesis más plausible la de que desde el inicio de la relación contractual las partes convinieron en confianza y en beneficio mutuo no declarar un IVA que no estaba contemplado en el contrato y por tanto recogido en el precio.

Otra posibilidad factible es que los miembros de la asociación realmente entendieran en un inicio que el contrato no estaba sujeto a IVA. En cuyo caso es razonable que por su parte se defienda que, si años después y por actuaciones ajenas a ellos, se ven obligados a abonar el IVA, tal concepto no estuviera contemplado en el precio pactado en el contrato, y pretendieran reclamarlo al arrendatario.

Ni se pretende ni es competencia de esta Sala penal resolver si el precio pactado en el contrato comprendía o no el IVA. Pero si se alcanza el convencimiento de que los representantes de la asociación actuaron en defensa de una posición legítima en la interpretación de un contrato, impetrando al efecto la tutela de los tribunales a través de la demanda de juicio verbal. O dicho de otro modo, no ha quedado probado (pues no existe prueba directa de ello, ni tampoco prueba indiciaria sólida que lo demuestre) que con la emisión de las facturas y la presentación de la demanda se pretendiera engañar al tribunal de instancia para obtener un lucro ilícito a cargo del arrendatario. No cabe duda de que las facturas se confeccionaron ad hoc para la interposición de la demanda de desahucio y reclamación de cantidad. Pero tales facturas se venían reclamando con insistencia por el arrendatario a sabiendas de que su emisión conllevaría el surgimiento de un IVA que hasta ese momento no se había declarado. Por lo que su elaboración responde a la petición de la parte arrendataria. Y no cabe deducir un ánimo ilícito en la asociación al pretender imputar esa carga económica novedosa y no prevista expresamente en el contrato a la parte contraria. Tampoco puede inferirse que no se tuviera realmente la intención de declarar las facturas y pagar el IVA a Hacienda. Según indicaron algunos de los acusados, tuvieron que pedir un crédito para poder abonar a posteriori el importe de las liquidaciones conformadas con la Agencia Tributaria, lo que permite pensar que la asociación no tenía la solvencia económica necesaria para pagar el IVA si no lo cobraba previamente del arrendatario, para lo cual era necesaria la reclamación judicial.

Desde otra óptica, podemos añadir que, ciertamente, las facturas no se ajustan completamente a la realidad. En concreto, podemos sospechar que se emitieron todas al mismo tiempo para su aportación a la demanda, no siendo cierta por tanto la fecha en ellas consignada. Si bien estimamos que se trata ésta de una cuestión accesoria sin relevancia, pues con esa manifestación tan solo se pretendía ajustar la fecha de la factura al ejercicio al que correspondía el concepto facturado. Y en cuanto al importe consignado como precio del arrendamiento, la discrepancia responde estrictamente a lo que era objeto de controversia entre las partes. Cabe apuntar también que, en este caso, como en muchos otros, la factura era un documento unilateralmente creado por la parte arrendadora, en la que se recogía una pretensión de cobro, pero que realmente no acreditaba la realidad de las partidas que en ella se reflejan. Es decir, desde el punto de vista probatorio no tenía mayor eficacia que el propio texto de la demanda, siendo más que una prueba, el propio objeto de la prueba. Por ello la actora acompañaba además de las facturas el contrato y las comunicaciones epistolares mantenidas entre las partes. El arrendatario fundaba su rechazo al pago del IVA reclamado en base al citado contrato. Por lo tanto, mal puede hablarse de un intento de engaño al tribunal civil desde el momento en que junto con las facturas el arrandatario acompañaba el contrato que era precisamente el fundamento del rechazo de las facturas por la parte contraria. Dicho de otro modo, en este caso, las facturas, a la vista del resto de documentos aportados por el arrendador en el pleito civil, eran manifiestamente inidóneas para engendrar ningún tipo de error en el tribunal.

A parte de estas consideraciones debemos añadir que prácticamente no ha existido prueba alguna que permita vincular de forma individual a cada uno de los seis acusados con el proceso de toma de decisiones de las que resultó la emisión de las facturas y su reclamación por vía judicial. La identificación de los acusados procede exclusivamente de la presencia de su firma en el contrato de arrendamiento del año 2013. Pero las facturas y el procedimiento judicial, interpuesto a nombre de la asociación, datan del año 2017. No consta en autos ningún tipo de acta relativa a reuniones de los órganos directivos de la asociación en las que se tomara la determinación de ejercitar acciones judiciales. Ni declaraciones testificales que revelen el contenido de hipotéticas reuniones informales no documentadas. De las declaraciones de los acusados no se desprende que tuvieran un concreto conocimiento y poder de decisión sobre esta cuestión. Eladio incluso afirmó no ser ya vocal en el año 2017. Por lo que es plausible pensar que los acusados, todos o algunos de ellos, o no tuvieron ninguna intervención en el asunto, o bien se limitaron a encomendar la resolución del conflicto frente al arrendatario al letrado defensor de la asociación.

Finalmente, y en lo que respecta al delito de falsedad en documento mercantil, hemos de añadir también que en ningún caso procedería la condena de los acusados por tal delito, en tanto que el hecho imputado en los escritos de acusación no pasaría de constituir una mera falsedad ideológica descrita en el artículo 390.1.4º del CP cometida por particulares, y por tanto atípica.

Como explica la STS nº 89/2023, de 10 de febrero: " la emisión de un documento que en absoluto responde a la efectiva realización del negocio que expresa, trasciende el ámbito de la mera "falsedad ideológica", inhábil para configurar la falsedad en documento público o mercantil cometida por un particular ( artículo 392.1 del Código Penal ). Lo expresaba, por ejemplo, recopilando la doctrina jurisprudencial al respecto, nuestra sentencia número 483/2019, de 14 de octubre , al observar: "La jurisprudencia de esta Sala ha señalado en general que el número 2 del apartado 1 del art. 390, la simulación de un documento, puede incluir supuestos de falsedad ideológica cuando la mendacidad afecta al documento en su conjunto porque se haya confeccionado deliberadamente con la finalidad de acreditar en el tráfico una relación jurídica inexistente. Por el contrario, la alteración del contenido del documento de forma parcial, sería atípica por la despenalización expresa del art. 392 ya que sería un supuesto de falta a la verdad en la narración de los hechos. En la STS nº 817/1999, de 14 de diciembre se razonaba que un documento exige una persona que lo elabora, confecciona o suscribe; generalmente presupone una realidad objetiva en cuyo seno el documento se origina, y por la que se explica su propia existencia; y posee un concreto contenido de afirmaciones o negaciones como verdades relatadas. Puede decirse que la falta de verdad en la narración de los hechos entraña mendacidad en lo que el contenido del documento relata, mientras que la inautenticidad atañe al origen creador ya sea en su dimensión subjetiva es decir la de la identidad de la persona que aparece como autora del mismo, o sea en su dimensión objetiva que afecta a aquella supuesta realidad antecedente que condujo o determinó la elaboración misma del documento y que éste, por el solo hecho de existir - con independencia de la fidelidad mayor o menor de su contenido- presupone como realidad objetiva verdadera. Si el documento no obedece en verdad al origen objetivo en cuyo seno aparentemente se creó, trayendo causa de él su existencia como tal documento, será éste inauténtico porque su elaboración es en tal caso simulada al igual que si aparece originado subjetivamente por persona distinta de la que en la realidad fue su autora. Ambos serán, por su origen falso, supuestos de inautenticidad, subsumibles en el número 2º del artículo 390, frente a los casos de inveracidad de contenido, propio del número 4º del artículo 390 del Código Penal en donde, siendo el origen subjetivo y objetivo verdadero, es decir auténtico, el documento es simplemente inveraz en su contenido".

En la STS nº 905/2014, de 29 de diciembre , se citan las sentencias 784/2009, de 14 de julio ; 278/2010, de 15 de marzo ; 1064/2010, de 21 de octubre ; y 1100/2011, de 27 de octubre , y recuerda que en todas ellas "se subraya que el apartado segundo del art. 390.1 comprende aquellos supuestos en que la falsedad no se refiera exclusivamente a alteraciones de la verdad en algunos de los extremos consignados en el documento, que constituirían la modalidad despenalizada para los particulares de faltar a la verdad en la narración de los hechos, sino al documento en sí mismo en el sentido de que se confeccione deliberadamente con la finalidad de acreditar en el tráfico jurídico una relación jurídica absolutamente inexistente ( STS 309/2012, de 12 de abril )".

La STS 213/2008, de 5 de mayo cita a su vez la STS 145/2005, 7 de febrero que repasa el estado de la jurisprudencia en esta materia. Como señala la STS 28.199 (RJ 1999, 488) "la diferenciación entre los párrafos 2 y 4 del art. 390.1 debe efectuarse incardinando en el párrafo 2º aquellos supuestos en que la falsedad no se refiera exclusivamente a alteraciones de la verdad en algunos de los extremos consignados en el documento, que constituiría la modalidad despenalizada para los particulares de faltar a la verdad en la narración de los hechos, sino al documento en sí mismo en el sentido de que se confeccione deliberadamente con la finalidad de acreditar en el tráfico jurídico una realidad jurídica absolutamente inexistente, criterio acogido en la STS 28.10.97 (RJ 1997, 7843) y que resultó mayoritario en el Pleno de esta Sala de 26.2.99, en el que se acordó que la confección completa de un documento mendaz que induzca a error sobre su autenticidad e incorpore toda una secuencia simulada e inveraz de afirmaciones con trascendencia jurídica, a modo de completa simulación del documento, debe ser considerada la falsedad que se disciplina en el art. 390.1.2 CP (SSTS 1). Esta Sala ha optado por una interpretación lata del concepto de autenticidad, incluyendo tres supuestos para la aplicación del art. 390.1.2, entre aquellos que afecten a la autenticidad del documento: a) la formación de un documento que parezca provenir de un autor diferente del efectivo (autenticidad subjetiva o genuinidad); b) la formación de un documento con falsa expresión de la fecha, cuando ésta sea esencialmente relevante, c) la formación de un documento enteramente falso, que recoja un acto o relación jurídica inexistente, es decir, de un documento que no obedece en verdad al origen objetivo en cuyo seno aparentemente se creó (falta de autenticidad objetiva)>>.".

En el presente caso, las facturas confeccionadas sí respondían a una realidad contractual verdadera, el contrato de arrendamiento que se desarrolló durante los ejercicios facturados. Por lo que, aun cuando admitiéramos a los meros efectos dialécticos (lo que ya hemos explicado que no consta acreditado) que se mintió de forma intencional a la hora de indicar el precio del arrendamiento como base imponible del impuesto, ello no supondría una simulación total del documento incardinable en el número 2º del artículo 390.1. Sino solamente un supuesto de inveracidad en la narración de los hechos del número 4, atípico en su modalidad de comisión por particular ( art. 392.1 del CP).

SEGUNDO.- Los hechos declarados probados no son constitutivos de delito alguno, debiendo dictarse en consecuencia una sentencia absolutoria respecto de todos los acusados así como en favor de la responsable civil.

TERCERO.- En materia de costas procesales, al amparo de los artículos 239 y siguientes de la LECrim, procede su declaración de oficio.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación