Sentencia Penal 96/2024 Audiencia Provincial Penal de Lugo nº 2, Rec. 12/2024 de 02 de mayo del 2024

PRIMERO. - Se recurre la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal 2 de Lugo, por la representación de Lucas, interesando que se revoque la misma y se absuelva al recurrente o en su defecto se le imponga una condena en su grado mínimo.

Asimismo, se recurre la sentencia por la representación de María Esther, interesando que se revoque la misma y se absuelva a la recurrente.

El Ministerio Fiscal se opone a los recursos interpuestos solicitando la confirmación de la resolución recurrida

SEGUNDO. Recurso interpuesto por la representación de Lucas.

Se invoca como primer motivo del recurso del recurso la nulidad de la sentencia por vulneración del principio "non bis in ídem".

Las SSTS 846/2012, de 5-11; 608/2012, de 20-6; y 46/2014, de 11-2, se han encargado de subrayar que " La única eficacia que la cosa juzgada material produce en el proceso penal es, la preclusiva o negativa, que consiste en que, una vez resuelto por sentencia firme o resolución asimilada una causa criminal, no cabe seguir después otro procedimiento del mismo orden penal sobre el mismo hecho y respecto a la misma persona, pues una de las garantías del acusado es su derecho a no ser enjuiciado penalmente más de una vez por unos mismos hechos, derecho que es una manifestación de principio "non bis in ídem" y una de las formas en que se concreta el derecho a un proceso con todas las garantías reconocido en el art. 24.2 CE.

Obra en la causa la sentencia nº 47/19 de 12 de enero del Juzgado de lo Penal 1 de Ponferrada en la que el recurrente fue absuelto por el delito de hurto y falsedad documental del que se le acusaba con relación al semirremolque marca Montenegro matricula NUM025. Examinado por la Sala el relato factico de dicha sentencia y el de la sentencia que es objeto de revisión, se aprecia que existe identidad de hechos, por lo que ha de operar la cosa juzgada. En aquel procedimiento el recurrente fue acusado por delito de hurto y falsedad documental, en este por delito de receptación y falsedad documental lo que no impide la apreciación de la cosa juzgada pues esta no se define por el título de imputación sino por los hechos, como se encarga de recordar la sentencia del Tribunal Supremo 102/2017, de 20 de febrero : "el entendimiento constitucional de la cosa juzgada, ha proclamado que lo relevante para evaluar su concurrencia, es la identidad de los hechos, objetiva y subjetiva... y frente a la identidad subjetiva, objetiva y de causa de pedir, exigida en el ámbito civil, se han restringido los requisitos para apreciar la cosa juzgada en el orden penal, bastando los dos primeros, careciendo de significación, al efecto, tanto la calificación jurídica como el título por el que se acusó, cuando la misma se base en unos mismos hechos ( STS de 16 de febrero y 30 de noviembre de 1995 , 17 octubre y 12 de diciembre 1994 , 20 junio y 17 noviembre 1997 , y 3 de febrero y 8 de abril de 1998 ).

Expuesto lo anterior, la existencia de cosa juzgada en lo relativo al semirremolque marca Montenegro matricula NUM025 no conlleva la nulidad de la sentencia impugnada, como se pretende en el recurso, pues en la resolución se contemplan otros hechos que no se ven afectados por la cosa juzgada, debiendo, eso sí, ser excluidos del relato factico los relativos al citado semirremolque.

Como segundo motivo del recurso se alega error en la apreciación de la prueba. Se afirma que el recurrente cedió un derecho de servidumbre sobre su finca a Juan Manuel para permitir el acceso de vehículos para su reparación estimando que la preexistencia de la servidumbre y el hecho de la presencia de semirremolques en el predio titularidad de don Juan Manuel excluiría la autoría del recurrente, resultando de aplicación los principios de "in dubio pro reo" así como la presunción de inocencia.

Ha de valorarse consiguientemente si fue practicada en el juicio seguido ante el Juzgado de lo Penal prueba suficiente para enervar la presunción de inocencia del acusado y si ésta fue racionalmente valorada. Cabe recordar que la posibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia con la prueba de indicios ya fue expresada por la STC. 174/85 que declaró que el derecho a la presunción de inocencia no se opone a que la convicción judicial en un proceso penal se pueda formar sobre la base de una prueba indiciaria que ha de partir de unos hechos o indicios plenamente probados y que a esos hechos debe llegarse a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano ( STC. 175/85). Según la jurisprudencia, esta prueba indiciaria o circunstancial es aquélla que se dirige a mostrar la certeza de unos hechos o indicios que aisladamente no son constitutivos de delito, pero de los que pueden inferirse éste y la participación del acusado por medio de un razonamiento basado en el nexo causal y lógico existente entre los hechos probados y los que se trata de probar.

Los requisitos de la prueba indiciaria vienen recogidos, entre otras muchas, por la STS2ª de 14.10.86 que resalta los siguientes: a). - No debe tratarse de un solo indicio aislado, sino que deben ser varios, aunque no pueda precisarse, de antemano y en abstracto su número. b). - Los hechos indiciarios han de estar absolutamente probados en la causa y relacionados directamente con el hecho criminal. c).-Es preciso que entre ellos y su consecuencia -la convicción judicial sobre la culpabilidad- exista una armonía o concomitancia que descarte toda irracionalidad o gratuidad en la génesis de dicha convicción, y d).- Pueden ser también fuente de prueba presuntiva los denominados contraindicios, toda vez que si bien el procesado no ha de soportar en modo alguno la intolerable carga de probar su inocencia, si puede sufrir las consecuencias negativas de que se demuestre la falsedad de sus alegaciones exculpatorias, ya que tal evento acaso sirva para corroborar ciertos indicios de culpabilidad. De otro lado, la STS2ª de 6.3.87 señala que entre los hechos probados y los que se trata de acreditar es indispensable que haya un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano.

Añade la Sentencia TS 2ª de 5 de diciembre de 2006, entre otras, que los requisitos son los siguientes: 1).- El indicio debe estar acreditado por prueba directa; 2).- Los indicios deben estar sometidos a una constante verificación que debe afectar tanto la acreditación del indicio como a su capacidad deductiva; 3).- Los indicios deben ser plurales e independientes; 4).- Los indicios deben ser concordantes entre sí, de manera que converjan en la conclusión; 5).-La conclusión debe ser inmediata; y, 6).- La prueba indiciaria exige como conclusión de lo anterior, una motivación que explique racionalmente el proceso deductivo por el que de unos hechos o indicios se deducen otros hechos-consecuencias.

Expuesto lo anterior, en este caso existen los siguientes hechos base acreditados: 1º). - El día 30 de julio de 2015, los agentes interceptaron un vehículo, identificando al acusado como su conductor. El mismo transportaba un semirremolque con el número de bastidor borrado, con una matrícula que no se correspondía por ningún vehículo. El semirremolque resultó haber sido sustraído, hechos acreditados por la testifical de los agentes y del propietario del semirremolque ; 2º).-El 10 de septiembre de 2015 en una finca sita en el DIRECCION000 Monte Laxalba, titularidad de la empresa R.P.A. SL del que el acusado es socio y administrador único, se hallaron varios semirremolques en una zona de monte anexa, sin matricula y con el número de bastidor borrado mediante limas, lijas o máquinas de tipo amoladora/ radial que resultaron haber sido sustraídos, algunos sin elementos accesorios, hechos acreditados por la documental obrante, por la testifical de los agentes que inspeccionaron el lugar y de los propietarios de los semirremolques 3ª) En el registro efectuado el 11 de septiembre de 2015 en una nave sita en el PK 0,600 de la carretera de Triacastela a San Xil fue hallada en el interior de la nave diversa maquinaria como discos de sierra radial y un torno troquelador de placas de matrícula y en la finca anexa titularidad de la empresa RPA SL de la que el acusado es socio y administrador único se hallaron herramientas tipo rebarbadora y sierra radial las cuales se usan habitualmente para borrar o eliminar números y otros elementos identificativos, hechos acreditados por la testifical de los agentes que participaron en el registro. 4ª) El acusado permanecía en ocasiones, en la finca Monte Laxalba hasta altas horas de la madrugada y el 3.09.2015 accedió a la finca transportando un semirremolque sin placas de matrícula, hecho acreditado por la testifical de los agentes que desarrollaron vigilancias operativas.

Pues bien, nos encontramos ante indicios plenamente acreditados, plurales, concomitantes e interrelacionados, existiendo entre ellos y las conclusiones alcanzadas por la Juzgadora un enlace natural y directo conforme a las reglas de la razón y la lógica. La versión de descargo del acusado, reiterada en el recurso, fue valorada por la Juzgadora en la sentencia señalando: "cierto que el acusado asegura que no sabía nada de los semirremolques robados y que le tenía alquilado un derecho de paso a Juan Manuel. Ahora bien, el supuesto contrato de arrendamiento aportado en la vista no aparece firmado por el arrendatario y el testigo Clemente manifiesta que él estaba allí, pero que no sabe quién le alquilaba a quién ni qué".

Existe en definitiva prueba incriminatoria plural, valorada de forma razonable y suficiente para concluir la participación del acusado en los hechos que motivan la condena a la que no se contrapone una explicación alternativa, sólida y convincente del acusado, de forma que el razonamiento sobre el que se construye la responsabilidad criminal del acusado-recurrente respecto de los delitos que motivan la condena no produce lesión del derecho a la presunción de inocencia alejándose de cualquier asomo de arbitrariedad. El respeto al principio constitucional no se mide por el grado de aceptación de las declaraciones exculpatorias o de descargo del acusado. Tampoco resulta de aplicación el principio "in dubio pro-reo" que como tal no establece los supuestos en que se debe dudar sino cómo se debe proceder en el caso de duda y en este Juan Manuel la Juzgadora expresa en la sentencia que no albergó duda alguna de la autoría del acusado, por lo que el motivo del recurso ha de ser desestimado.

Como último motivo del recurso se aduce la inexistencia del elemento subjetivo del delito de receptación, el "animus lucrandi" por no resultar acreditado la disposición de los efectos sustraídos para su transmisión a título oneroso o gratuito.

La sentencia del Tribunal Supremo nº 476/2012, de 12 de junio, aludía y precisaba este requisito al decir: "el hecho de que no se haya concretado el beneficio específico obtenido por el recurrente, no desvirtúa su existencia, pues ya se ha señalado que es suficiente cualquier tipo de ventaja, utilidad o beneficio. El tipo no exige la percepción de un beneficio concreto sino únicamente el ánimo de obtención de alguna ventaja propia, inmediata o futura". En el mismo sentido la STS de 21.09.1990 establece que el ánimo de lucro comprende no sólo el propósito de enriquecerse, sino cualquier ventaja, utilidad o beneficio de índole económica del culpable, incluidos los meramente contemplativos o de ulterior beneficencia".

En este caso, de acuerdo con el relato factico de la sentencia, que se acepta por este Tribunal, el acusado ocultaba los semirremolques cuyo valor económico se refleja en la sentencia, conocedor de su procedencia ilícita, de ahí su ánimo de lucro. A mayores y como señala la Juzgadora, muchos de los semirremolques aparecieron sin elementos accesorios por lo que no es irrazonable pensar que el acusado vendía sus piezas.

Consiguientemente, el motivo del recurso ha de ser desestimado.

TERCERO. Recurso interpuesto por la representación de María Esther.

Como primer motivo del recurso se invoca la prescripción del delito. Se dice en el recurso que desde la providencia de fecha 15.05.2017 en que se acordó tomar declaración como investigada a la recurrente hasta que se le dio traslado para formular el escrito de defensa (24.06.2022) transcurrieron más de 5 años por lo que los delitos de los que se acusa a la misma han prescrito.

Examinadas las actuaciones por la Sala no consta que estuviesen paralizadas por tiempo superior a cinco años. Obvia la recurrente que entre las fechas indicadas se dictaron diversas resoluciones acordando la práctica de diligencias de investigación, que el 7 de abril de 2021 se dictó auto de continuación por los tramites del procedimiento abreviado, que por diligencia de 14 de abril de 2021 se acordó dar traslado de la causa al Ministerio Fiscal para la presentación del escrito de acusación, que el 6 de mayo de 2022 se presentó el escrito de acusación por el Ministerio Fiscal, actuaciones, todas ellas que supusieron un avance del procedimiento, con virtualidad para interrumpir la prescripción, por lo que la prescripción invocada no puede ser acogida.

Como segundo y tercer motivo del recurso se invoca el error en la valoración de la prueba en lo que se refiere a la participación de la recurrente como cómplice en los delitos y la vulneración del derecho a la presunción de inocencia

Es doctrina consolidada en la jurisprudencia del Tribunal Supremo que, cuando la cuestión debatida por la vía del recurso de apelación es la valoración de la prueba llevada a cabo por el Juez a quo en uso de las facultades que le confieren los artículos 741 y 973 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio, debe partirse, como principio y por regla general, de la singular autoridad de la que goza la apreciación probatoria realizada por el Juez ante el que se ha celebrado el juicio, núcleo del proceso penal y en el que adquieren plena efectividad los principios de inmediación, contradicción y oralidad, a través de los cuales se satisface la exigencia constitucional de que el acusado sea sometido a un proceso público con todas las garantías ( artículo 24.2 de la Constitución), pudiendo el juzgador de instancia, desde su privilegiada y exclusiva posición, intervenir de modo directo en la actividad probatoria y apreciar personalmente sus resultados, así como la forma de expresarse y conducirse las personas que en él declaran (acusados y testigos) en su narración de los hechos y la razón del conocimiento de éstos, ventajas de las que, en cambio, carece el Tribunal llamado a revisar dicha valoración en segunda instancia.

En palabras del Tribunal Constitucional a la luz de la presunción de inocencia no se puede "revisar la valoración de las pruebas a través de las cuales el órgano judicial alcanza su íntima convicción, sustituyendo de tal forma a los Jueces y Tribunales ordinarios en la función exclusiva que les atribuye el art. 117.3 CE sino únicamente controlar la razonabilidad del discurso que une la actividad probatoria y el relato fáctico que de ella resulta. De modo que sólo podemos considerar insuficiente la conclusión probatoria a la que hayan llegado los órganos judiciales desde las exigencias del derecho a la presunción de inocencia si, a la vista de la motivación judicial de la valoración del conjunto de la prueba, cabe apreciar de un modo indubitado, desde una perspectiva objetiva y externa, que la versión judicial de los hechos es más improbable que probable ( STC. 123/2006 de 24 de abril)". ... Por tanto y según acabamos de razonar, en el marco de la presunción de inocencia el tribunal no puede sustituir la convicción alcanzada por el tribunal de instancia por otra convicción propia y distinta. Lo que debe hacer es comprobar si la justificación del tribunal de instancia es razonable, si la prueba que valora tiene un sentido razonable de cargo. Por este cauce, el tribunal revisor no decide el hecho, sino que controla el ejercicio de la función jurisdiccional del tribunal de instancia a través de la forma en que ha aplicado el derecho...".

Doctrinalmente, la complicidad es una cooperación anterior o simultánea a la ejecución del delito, sin la cual el hecho sería también posible, pero que ha contribuido eficazmente a facilitar su realización. Para el Tribunal Supremo (sentencias de 7 de junio y 18 de octubre de 1990), la complicidad se refiere a una actividad cooperadora no necesaria, que requiere como elemento subjetivo el "pactum Juan Manuel" previo o simultáneo a la acción, con conocimiento de la ilicitud de la colaboración y otro objetivo, consistente en la aportación de actos anteriores o simultáneos de carácter secundario -participación de segundo grado- que facilite el resultado.

En el relato factico de la Sentencia de Instancia se refleja que María Esther cooperaba con actos no necesarios en los actos de su marido. Para alcanzar tal conclusión la Juzgadora tuvo en cuenta las manifestaciones de la acusada que dice colaboraba con la empresa de su marido ( iba a buscar alguna cosa y me daban algo) y que no trabajaba, el testimonio de los agentes que afirman que la misma en innumerables ocasiones accedía a la finca de Monte Laxalba en compañía de su marido transportando éste en algunas ocasiones ruedas de camión y que el 3.09.2015 la recurrente se desplazó a bordo un vehículo y poco después llegó su marido con un semirremolque que carecía de placas de matrícula y finalmente el hecho de que la empresa R.P.A, SL figurasen como socios los padres de la recurrente ya fallecidos reconociendo la misma que heredó bienes de sus padres de donde se colige su cotitularidad.

En fin, la conclusión de la Juzgadora en cuanto a que la acusada contribuía con actos secundarios a facilitar la realización de los ilícitos se obtiene tras valorar las pruebas practicadas y por este Tribunal no se considera ilógica, arbitraria o contraria a las máximas de la experiencia, siendo el resultado de la percepción directa de los testimonios ofrecidos en juicio, percepción de la que este órgano de apelación no dispone, sin que proceda sustituir dicha valoración razonada y razonable de la Magistrada de Instancia, por la valoración interesada realizada por la parte recurrente, por lo que los motivos del recurso del recurso se desestiman. Como se expuso anteriormente, el respeto a la presunción de inocencia no se mide por el grado de aceptación de las declaraciones exculpatorias o de descargo del acusado. Tampoco resulta de aplicación el principio "in dubio pro-reo" pues la Juzgadora no albergó duda alguna de la participación de la acusada en los hechos en los términos reflejados en la sentencia, por lo que los motivos del recurso ha de ser desestimados.

Como cuarto motivo del recurso se invoca la infracción del precepto legal art. 298.1 del CP.

La condena como cómplice en los delitos de la recurrente conlleva el conocimiento de la acción ilícita realizada y la cooperación en el resultado de la empresa criminal no siendo preciso concurra en el cómplice el ánimo de lucro ilícito que exige el tipo penal, de ser así estaríamos hablando de autor y no de cómplice, por lo que el motivo del recurso se desestima.

Como ultimo motivo del recurso se solicita la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas.

Tal motivo del recurso si va a ser estimado.

La STS 70/2013, de 21 de enero, respecto del inicio del cómputo para apreciar la atenuante de dilaciones indebidas, señala: "... El cómputo comenzará cuando se adquiere la condición de imputado. Solo en ese momento se produce el padecimiento que supone estar sometido a un proceso (posibles medidas cautelares, obligación apud acta, zozobra derivada de la incertidumbre del seguimiento del proceso...) y que enlaza con la idea de pena natural, latente en la construcción dogmática de la atenuante de dilaciones indebidas. ...".

Y como dice la STS 636/2022, de 23/06/2022, "...con carácter general, este Tribunal ha venido operando con parámetros orientativos respecto de la vulneración del derecho a ser enjuiciado en un plazo razonable, que se sitúan en el entorno de los cinco años de duración del procedimiento y de siete u ocho años para la consideración de la circunstancia atenuante prevista en el artículo 21.6 del Código Penal como muy cualificada".

En el presente caso la recurrente adquirió la condición de investigada en mayo de 2017 y el enjuiciamiento de los hechos tuvo lugar el 27 de enero de 2023 casi 6 años después, plazo que estima excede de lo razonable y no se justifica por la complejidad del procedimiento, por lo que procede la aplicación de la atenuante como simple, sin que se aprecien paralizaciones en la causa que por su entidad y falta de justificación permitan considerarla muy cualificada.

La atenuante de dilaciones indebidas apreciada habrá de operar también respecto del Lucas, aunque cuando su aplicación no fue solicitada expresamente en su recurso pues el mismo interesó subsidiariamente a la absolución que se le impusiese una condena en su grado mínimo, tratándose de una circunstancia de naturaleza objetiva.

La aplicación de la atenuante tendrá reflejo en las penas a imponer a Lucas.

El delito de receptación se sanciona con la pena de seis meses a dos años de prisión ( art. 298.1 del CP). Operando la continuidad delictiva la pena ha de imponerse en su mitad superior ( art. 74 del CP) por lo que nos movemos en el marco de la pena de 15 meses a 2 años de prisión. Apreciada una atenuante la pena ha de ser impuesta en la mitad inferior ex art. 66.1. 1ª del CP. No existiendo motivación en la sentencia de instancia relativa a la individualización de la pena, se fija la pena a imponer a Lucas por dicho delito en el mínimo legal de 15 meses de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( art. 56.1 2º del CP).

El delito de falsedad documental se sanciona en el art 392 del CP con la pena de prisión de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses. Tratándose de delito continuado la pena ha de ser impuesta en su mitad superior ( art. 74 del CP), por lo que nos movemos en el marco de la pena de 1 y 9 meses a 3 años de prisión y multa de 9 a 12 meses. Apreciada una atenuante la pena ha de ser impuesta en la mitad inferior ex art. 66.1. 1ª del CP. En este caso se razona por la Juzgadora para la individualización de las penas la gran cantidad de remoques falseados lo que se ha tenido en cuenta en la apreciación de la continuidad delictiva, por lo que se fijan las penas a imponer a Lucas por dicho delito en las mínimas legales de 1 año y 9 meses de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena( art. 56.1 2º del CP) y multa de 9 meses con una cuota diaria de 6 euros con la responsabilidad personal subsidiaria del artículo 53 del CP.

Respecto de María Esther, la apreciación de la atenuante de dilaciones indebidas no tiene eficacia práctica en las penas pues en la sentencia de instancia las penas previstas para los tipos penales fueron rebajadas en un grado con base a lo dispuesto en el art. 63 del CP para los cómplices, imponiéndole las penas mínimas de las inferiores en grado previstas paras los tipos básicos, de ahí que no proceda su modificación.

CUARTO. En base a cuanto antecede procede la estimación parcial de los recursos, sin expresa imposición de las costas causadas en esta alzada que se declaran de oficio ( art. 239 y 240 de la LECrim).

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,