Sentencia Penal 138/2023 Audiencia Provincial Penal de Madrid nº 23, Rec. 804/2022 de 01 de marzo del 2023

PRIMERO.- Los hechos que hemos declarado probados son resultado de la valoración razonada y en conciencia de la prueba practicada en el acto del juicio bajo los principios de inmediación, contradicción, publicidad y defensa, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 741 de la LECrim.

El cuadro probatorio se articula en torno a tres fuentes de prueba diferentes: la declaración del propio acusado; testimonio personal de los agentes que instruyeron el atestado y llevaron a efecto las respectivas entradas y registros formulado la diligencia de efectos intervenidos; y la ratificación de los numerosos informes periciales practicados respecto de las consideradas técnicamente como armas de guerra, respecto de las armas de fuego, y respecto de la cartuchería, además de otros sobre los dispositivos electrónicos.

El acusado ha asumido la totalidad de las intervenciones efectuadas en su vivienda y almacén de trabajo, si bien, minimiza el alcance de todo lo imputado afirmando que, en su día, estuvo en posesión de licencia de tiro olímpico que amparaba la tenencia de dichas armas cortas y avancarga, aunque asume que al momento de los hechos solo disponía de licencia para armas largas. Que la recarga de la munición es una actividad habitual entre tiradores, aunque admite que ahora es necesario realizar un cursillo que no efectuó. Y por último, y este el principal punto de discusión y divergencia con la acusación del Ministerio Fiscal, sus alegaciones se centran en las supuestas armas de guerra, cuya catalogación niega rotundamente afirmado que se trataba de simple imitaciones, piezas de atrezo, piezas de instrucción, inertes, sin peligro alguno.

En el núcleo esencial de las diligencias policiales de investigación practicadas con respecto al hoy acusado se reflejan en el Atestado NUM028 de fecha 15/10/2020 de la Unidad Central Especial-3 de la Jefatura de Información de la Guardia Civil que entre sus diferentes misiones está la captación, análisis y explotación operativa de informaciones de interés para la lucha contra el tráfico ilícito de armas de fuego y sus municiones; actuando como policía judicial específica en esta materias y dan lugar a la autorización judicial de las entradas y registros en el domicilio y almacén regentado por el hoy acusado. El contenido de esas diligencias ha sido reflejado de forma detallada en el relato de hechos probados. En todo caso comparecieron los agentes de la Guardia Civil destacando por lo detallado de sus recuerdos las manifestaciones de los agentes con TIP NUM029 y NUM030.

Los informes periciales practicados y ratificados en el acto del plenario los diferenciaremos según se refieren a) a las supuestas armas de guerra; b) a las armas de fuego, c) a la cartuchería, munición y herramientas para la fabricación, y d) otros, aunque ya podemos avanzar que, en realidad, los únicos discutidos son los primeros referidos a las armas de guerra.

A) En relación con las denominadas armas de guerra, en concreto las evidencias NUM036, NUM037 y NUM038 se han emitido tres informes diferentes.

1. Informe pericial sobre sustancias y artefactos explosivos incautados y acta de destrucción de los mismos FCR núm. NUM031. Informe técnico sobre el material intervenido por miembros del servicio de información de la Guardia Civil en registros realizados en domicilio sito en CALLE000 núm. NUM002 y en taller sito en calle Samuel Baltés núm. 73 ambos de la localidad de Villarejo de Salvanés (Madrid) el día 15 de octubre de 2020. Elaborado por especialistas TEDAX NUM032 y NUM033 (f. 1427-1431)

La descripción de las evidencias analizadas en la siguiente:

NUM034 10.848 cebadores para recarga de munición de diferentes modelos.

NUM035 2.253 gramos de pólvora contenida en 2 botes de plástico blanco, en una bolsa de plástico transparente y en dos botes metálicos

NUM036 una granada de mano modelo R-41 de enseñanza y una envuelta de fragmentación para granada de mano modelo Alhambra

NUM037 dos cohetes de color naranja con la inscripción PG-9 (ena32-82) junto con sus respectivas cargas iniciadoras

NUM038 tres granadas de mortero Ecia, una de 80 mm otra de 60 mm y otra de 60 mm iluminante.

El resultado del estudio es del siguiente tenor literal.

La evidencia referenciada como NUM034, cebadores para recarga de munición, se encuentra en perfecto estado, todos los pistones se encuentran sin utilizar y bien conservados.

En cuanto a la evidencia NUM035, se trata, a priori, de pólvora sin humo en buen estado de conservación, a falta del correspondiente análisis por el laboratorio de química del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, apta para la recarga de munición.

La granada de mano, evidencia reseñada como NUM036, se trata de una granada de mano de enseñanza inerte, modelo R-41, además hay una envuelta de fragmentación para una granada de mano modelo Alhambra, esta envuelta se utiliza para convertir una granada de mano ofensiva en defensiva al llevar algún tipo de metralla, en este caso una cubierta interior llena de esferas metálicas.

Los cohetes color naranja, evidencia NUM037, se tratan del modelo PG-9 de 73 mm de fabricación Rusa, tras realizar radiografías y aplicar técnicas de la especialidad se constata que los citados cohetes y sus cargas iniciadoras no contienen ningún tipo de sustancia explosiva. Realizada una consulta con TEDAX de la República Checa, participan que los citados cohetes son inertes, empleados por el ejército del referido país para instrucción de sus soldados.

La evidencia NUM038 se trata de tres granadas de mortero Ecia, una de 80 mm y las otras dos de 60 mm, una de estas últimas iluminante. Una vez examinadas las referidas granadas se comprueba que se encuentran carentes de cualquier carga, por lo que se consideran a todos los efectos como inertes.

Y en cuanto a las conclusiones señalan:

Las evidencias NUM034 y NUM035, cebadores y pólvora, se encuentran en buen estado de conservación, por lo que se pueden emplear perfectamente para la recarga de munición

La granada de mano modelo R-41 y la envuelta de fragmentación de la granada Alhambra ( NUM036), los dos cohetes color naranja PG-9 ( NUM037) y las tres granadas de mortero Ecia ( NUM038) son material inerte, bien sea por ser de enseñanza/ejercicio como la granada de mano y los dos cohetes, o estar desprovistos de cualquier tipo de carga explosiva, como las granadas de mortero.

2. Informe Ampliatorio elaborado por los mismos especialistas TEDAX NUM032 y NUM033 sobre Granadas Intervenidas (1462-1463) sobre si las granadas intervenidas al investigado tienen o no la consideración de "armas de guerra" en virtud del artículo 6 del Reglamento de Armas

"Es parecer de los TEDAX informantes, que parte de la evidencia NUM036, concretamente la envuelta de fragmentación de la granada Alhambra, y la evidencia NUM038 (tres granadas de mortero Ecia) aunque son inertes puesto que carecen actualmente de carga explosiva, entra de lleno en la catalogación que el artículo 6 en su apartado f) considera el Reglamento de Armas como armas de guerra ("Bombas de aviación, misiles, cohetes, torpedos, minas, granadas, así como sus subconjuntos y piezas fundamentales"). La única forma de que las citadas evidencias pudieran estar en posesión de un particular es que se hubiera procedido a su inutilización de acuerdo al artículo 108, apartado 3, del Reglamento de Armas, lo cual no es el caso.

En cuanto a la de la evidencia, NUM036 granadas de mano de enseñanza R 41 y la evidencia NUM037 dos cohetes color naranja PG 9 de instrucción en principio no entrarían en la catalogación de armas de guerra. No obstante se desconoce si, como señala el Reglamento de Armas en su artículo 6, apartado g, el Ministerio de Defensa tiene catalogadas como armas de guerra las granadas de enseñanza o los cohetes de instrucción, o aunque no lo estén, si tienen algún tipo de restricción para su tenencia por particulares."

3. Nota informativa sobre aclaración como armas de guerra de las evidencias NUM036 y NUM037 emitido por Responsables del Área de Regulación Industrial, Unidad de Armas y Explosivos de la Subdirección General de Inspección, Regulación y Estrategia Industrial de Defensa, de la Dirección General de Armamento y Material, del Ministerio de Defensa s/rfa NI-AGI-21-001-UAEX. Habiendo comparecido al acto del juicio el comandante ingeniero de armamento y el coronel, en situación de reserva, que declararon como peritos en el acto del juicio. La referida nota de fecha 17 de septiembre de 2021, obrante al folio 1659 contine el siguiente análisis y conclusiones:

Análisis:

El Art 1.3 del RD 137/1993, modificado por el RD 762/2020, considera que "las disposiciones para la adquisición y tenencia de municiones serán las mismas que las que se apliquen a la adquisición y tenencia de las armas a la que se destinen."

El Art 6.1 letra a) del RD 137)1993, modificado por el RD 762/2020, considera armas de guerra a "las armas de fuego o sistemas de armas de fuego de calibre igual o superior a 20 mm".

El Art 6.1 letra e) del RD 137/1993, modificado por el RD 762/2020, considera armas de guerra "los conjuntos, subconjuntos y componentes esenciales de las armas y municiones indicadas en los apartados a) a d), así como, en su caso, sus sistemas entrenadores o subcalibres".

El Art 6.1 letra del RD 137/1993 modificado por el RD 762/2020 considera armas de guerra a las granadas y cohetes.

El Informe Técnico del Servicio de Desactivación de explosivos y defensa N.R.B.Q. de la Guardia Civil, "Sobre el Material Intervenido por Miembros del Servicio de Información de la Guardia civil en Registros Realizados en Domicilio Sito en CALLE000 Núm. NUM002 y en Taller Sito en Calla Samuel Baltés Núm. 73, ambos de la Localidad de Villarejo de Salvanés (Madrid), el día 15 de octubre 2020" emitido por los Guardias Civiles TEDAX con T.I.P. NUM032 y NUM033 con fecha 18 noviembre 2020 indica que:

- La evidencia NUM036 está compuesta por una granada de mano modelo R-41 de enseñanza que es inerte y una envuelta de fragmentación modelo Alhambra.

- La evidencia NUM037 está compuesta por dos (2) cohetes de color naranja modelo PG-9 de 73 mm de fabricación rusa, los cuales se constata que son cohetes de ejercicio y que no contienen ningún tipo de sustancia explosiva.

Las citadas evidencias fueron destruidas en virtud de lo acordado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Gijón el 18 de noviembre de 2020 a las 11:00 horas.

La envuelta de fragmentación modelo Alhambra que forma parte de la evidencia NUM036 no se considera un conjunto, subconjunto o componente esencial de una munición de guerra. La granada de mano modelo R-41 de enseñanza, no se trata de un sistema o munición de entrenamiento. Por lo que a criterio de esta Unidad se concluye que la evidencia NUM036 no se considera un arma de guerra.

La evidencia NUM037 se trata de dos (2) municiones de entrenamiento, aunque en el momento en el que se realizó el Informe Técnico de la Guardia Civil no tuviera ningún tipo de sustancia explosiva, su diseño sí permite el acoplamiento de una carga de proyección, y la acción de esta carga de proyección permitiría lanzar un proyectil de 73mmm de calibre, el cual es superior a los 20 mm (Art.6.1 letra)). Por otro lado, esta Unidad no tiene constancia de que la evidencia NUM037 tuviera algún certificado de inutilización. Por tanto a criterio de esta Unidad la evidencia NUM037 sí se consideraría arma de guerra.

B) En relación a las armas de fuego se han emitido los siguientes informes

4. Informe de Ensayo nº NUM039 Informe de los Especialistas del Departamento de Balística y Trazas Instrumentales del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil con TIP NUM040 y NUM041 de fecha 5 de marzo de 2021 (f.1499- 1510).

La pistola marca Star modelo FR Sport del calibre .22 Long rifle, muestra NUM042 se encuentra en correcto estado de funcionamiento, por lo que dispara con normalidad la munición adecuada a su calibre y características.

Los dos cargadores identificados como muestras NUM043 y NUM044, son compatibles con el arma estudiada, aunque carecen de marca o numeración que puedan determinar que originalmente pertenecieran a la pistola muestra NUM042.

La pistola muestra NUM042, no es compatible con las piezas remitidas en la petición de informe pericial NUM045

La pistola muestra NUM042 es compatible con toda la munición remitida en los informes NUM046 y NUM047 de la familia del calibre 22 de percusión anular de hasta 15 mm de longitud de casquillo.

Los 27 cartuchos sin disparar muestras NUM048 y NUM049 pertenecían a munición metálica de percusión anular del calibre 22 Long rifle y se encontraban en buen estado de conservación y funcionamiento, pudiendo ser disparados por cualquier arma de su calibre. Este extremo se verificó en la prueba de disparo efectuada con la pistola estudiada como indicio NUM050.

Los 50 cartuchos sin disparar muestra NUM051 pertenecían a munición metálica de percusión anular de calibre .22 corto y se encontraban en buen estado de conservación y funcionamiento, pudiendo ser disparados por cualquier arma de su calibre. Este extremo se verificó en la prueba de disparo efectuada con la pistola estriada como indicio NUM042, aunque al ser de un calibre de menor potencia el arma se dispara pero no realiza la expulsión de manera automática.

5. Informe de Ensayo nº NUM045 Informe de los Especialistas del Departamento de Balística y Trazas Instrumentales del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil con TIP NUM040 y NUM041 de fecha 26 de octubre de 2021 (f.1705-1730), en relación a las pistolas, revólveres, bastón escopeta, carabina y dispositivo trampa artesanal, entre otros, cuyas conclusiones básicas en relación a las muestras NUM052 a NUM053 y NUM054 han quedado ya reflejadas en el relato de hechos probados.

C) En relación a la munición, sustancias explosivas y utillaje para la fabricación de cartuchos

6. Informe de Ensayo nº NUM055 Informe de los Especialistas del Departamento de Balística y Trazas Instrumentales del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil con TIP NUM040 y NUM041 (f. 1601-1608), de 13 de julio de 2021, referido a idoneidad de las pólvoras intervenidas cuya conclusión es que las cinco muestras analizadas se encontraban en correcto estado y aptas para la recarga de cartuchería metálica.

7. Informe de Ensayo nº NUM056 Informe de los Especialistas del Departamento de Balística y Trazas Instrumentales del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil con TIP NUM040 y NUM041 de fecha 13 de julio de 2021 (f.1566- 1599) en relación a la idoneidad de las herramientas intervenidas para llevar a cabo la fabricación de munición cuyas conclusiones, en relación a las muestras remitidas, es el correcto estado de funcionamiento y la aptitud para su uso en la fabricación de cartuchería metálica.

8. Informe de Ensayo nº NUM047 Informe de los Especialistas del Departamento de Balística y Trazas Instrumentales del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil con TIP NUM040 y NUM041 F (f. 1512-1529), de fecha 13 de julio de 2021) en relación con la munición intervenida cuya conclusión es el buen estado de conservación y funcionamiento siendo aptos para ser disparados por cualquier arma de su calibre.

9. Informe de Ensayo nº NUM046 Informe de los Especialistas del Departamento de Balística y Trazas Instrumentales del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil con TIP NUM040 y NUM041-, referido a idoneidad de la munición en el que concluyen que toda estaba en buen estado a excepción de 50 cartuchos, informe (f.1831-1847) de fecha 25 de octubre de 2022

D) Otros informes

10. El análisis forense informático de los dispositivos incautados número NUM057 de la Grupo de Informática forense (f. 1546-1563) efectuado por los Agentes de la Guardia Civil con TIP NUM058 Y NUM059.

También se han efectuado los siguientes informes policiales sobre la documentación intervenida y catalogación de las armas.

11. Informes policial de análisis de documentación intervenida (f.1732-1766 y 1768 1 18129) realizados por los agentes de la Guardia Civil con TIP NUM060 y NUM061

12. Informe de catalogación legal de las armas y componentes esenciales de las mimas que fueron objeto de estudio en el informe pericial NUM045 (f.1815 a 1819)

La hoja histórico penal aparece unida a los folios 1318-1319.

SEGUNDO.- 1. Los hechos declarados probados son, exclusivamente, constitutivos de un delito de depósito de armas reglamentadas y de un delito de depósito de munición de los arts. 566.1.2ª y 567. 3 y 4 del CP.

El art. 566.1 en su subapartado 2º establece que "Los que fabriquen, comercialicen o establezcan depósitos de armas o municiones no autorizados por las leyes o la autoridad competente serán castigados: 2º si se trata de armas de fuego reglamentadas o municiones para las mismas, con la pena de prisión de dos a cuatro años los promotores y organizadores, y con la pena de prisión de seis meses a dos años lo que hayan cooperador su formación."

Para la calificación jurídica como depósito de armas de fuego reglamentadas del art. 567.3 CP, se ha de poner de manifiesto, por una parte, que dicho precepto afirma que "Se considera depósito de armas de fuego reglamentadas la fabricación, comercialización o reunión de cinco o más de dichas armas, aun cuando se hallen en piezas desmontadas", refiriéndose a armas de fuego reglamentadas, tipología diferente a las armas de guerra y contemplada en art. 564 CP.

En cuanto a los elementos integrantes del tipo del artículo 566.1.2º del Código Penal, el Tribunal Supremo, en su sentencia 1030/2005, de 26 de septiembre y, en similar sentido, más recientemente, en la sentencia 76/2020, de 25 de febrero, afirma que son los que se exponen a continuación: "a) el establecimiento de un depósito de armas de fuego reglamentadas o municiones para las mismas. b) el que el número de esas armas alcance las cinco unidades o que la munición, por su cantidad o clase, a juicio del Tribunal constituya un verdadero "depósito", según el artículo 567.3 y 4. c) la ausencia de autorización, legal o de la autoridad competente, para ello".

A su vez, respecto a las municiones, establece el legislador en el apartado 4º del art. 567 que "los Jueces y Tribunales, teniendo en cuenta la cantidad y clase de las mismas, declararán si constituyen depósito a los efectos de este capítulo".

2. Tal y como ha quedado reflejado en el relato de hechos probados el acusado tenía en su domicilio y en el taller que regentaba de forma personal y exclusiva, careciendo de cobertura legal para ello, de forma permanente y duradera, un elevado número, muy superior a cinco, de armas de fuego diversas, en perfecto estado de funcionamiento, para las cuales carecía de licencia y numerosísima munición lo que otorga viabilidad jurídica a considerar que las armas poseídas por el procesado constituían un delito de depósito de delito de depósito de armas de fuego reglamentadas y un delito de depósito de munición, si bien, se penan como un único delito.

No parece que presente ninguna duda el tener por plenamente acreditado la concurrencia de la totalidad de los elementos típicos para hablar de la existencia de un delito de depósito de armas reglamentadas del artículo 566.1.2º en relación con el 567.3º CP, es decir la tenencia de más de cinco armas de dichas características, delito que se encuentra en concurso con un delito de depósito de munición del artículo 566.1.2º en relación con el 567.4 CP, debiendo de considerarse que la disposición de aproximadamente 17.000 cartuchos metálicos, en las concretas circunstancias en que fueron ocupados, puede sin ninguna duda considerarse un auténtico arsenal, un depósito de munición penalmente relevante. Esas concretas circunstancias permiten hablar de un auténtico taller de fabricación y con datos objetivos indubitados de su comercio, aunque este aspecto haya quedado fuera del objeto de enjuiciamiento.

Los criterios de punición en caso de concurrir uno o varios de los delitos contemplados en el art. 567 CP los expresa la sentencia del Tribunal Supremo, STS 947/2011, de 21 de septiembre, cuando señala: "El delito de tenencia ilícita de armas y el de tenencia de armas de guerra son infracciones de peligro abstracto, que no requieren para su consumación más que la disponibilidad sobre el arma o armas de que se trate. La regulación legal no contempla expresamente una agravación de la pena en función del número de armas que se posean, salvo cuando se trata de armas reglamentadas en las que la posesión de un número mayor de cinco constituye ya no tenencia sino depósito, como figura de mayor gravedad. La posesión de cuatro armas reglamentadas no constituye, pues, más que un solo delito. Cuando se trata de depósito de armas de guerra, la ley parte de que la tenencia (fabricación o comercialización) de una sola arma ("de cualquiera de ellas") ya constituye el delito, sin que la posesión de dos o más armas suponga una agravación de la conducta que dé lugar a una nueva infracción, sino, en todo caso, a una individualización de la pena que la sitúe en una extensión superior. Es claro, pues, que si la tenencia de dos armas de guerra no supone la existencia de dos delitos de depósito, sino de uno solo, quedando absorbida la tenencia de la segunda en la de la primera, lo mismo debe ocurrir cuando la segunda arma poseída no es un arma de guerra".

Si bien, por tanto, la tenencia de una sola arma de guerra colma los requisitos del tipo, cuando se trata de depósito de armas reglamentadas, esta supone el propósito de retener, guardar o custodiar, si no de manera definitiva, si al menos con cierta permanencia, las referidas armas, lo que, según sostiene la jurisprudencia, dicha conducta reclama de una mayor permanencia el tiempo que la exigida para la mera tenencia ilícita de armas.

3. No puede tampoco plantear ninguna duda el elemento subjetivo del tipo. El acusado se reconoce un avezado experto en armas, era perfecto conocedor de que hacía muchísimos años carecía de licencia de armas cortas de la que dispuso como tirador olímpico, era también conocedor de que carecía de la habilitación legal exigible en la actualidad para efectuar labores de recarga de cartuchería y era perfectamente consciente y conocedor de la totalidad del utillaje para la fabricación y depósito de munición del que disponía.

4. La disposición de 17.376 s.e.u.o. cartuchos metálicos y semimetálicos, junto con el utillaje y otros componentes de munición, (diez, empistonadoras, pistones, casquillos, pólvora, bascula, prensa de recarga etc.) todo ello en perfecto estado de funcionamiento y dispuesto en un taller para su fabricación y vocación al comercio, son asimismo constitutivos de un delito de depósito de municiones.

El depósito de municiones plantea una relevante cuestión interpretativa derivada, de un lado, de su inclusión como conducta típica en el mismo precepto en el que se recoge el depósito de armas ("depósito de armas o municiones") y de otro lado de lo dispuesto en el artículo 567.4 que deja al arbitrio del Tribunal la consideración (o no) de depósito la tenencia de municiones a efectos de este capítulo atendiendo para ello a la cantidad y clase de las mismas. Ello equivale lisa y llanamente a que corresponderá al Tribunal atendidas las indicaciones típicas declarar si determinadas municiones halladas constituyen un depósito y por tanto una conducta penalmente relevante o si, por el contrario, el hecho es atípico.

En el caso analizado, junto al volumen de cartuchos intervenidos, muy superior al reglamentariamente permitido, junto con los criterios de posesión, en un taller con numerosos material y maquinaria para su fabricación, unido a la vocación para venta a terceros, documentalmente acreditada y origen de la presente investigación, aunque finalmente no integrara el objeto de enjuiciamiento, permiten, sin duda alguna calificar la conducta también de depósito de munición, aunque se castigue como un único delito.

TERCERO.- 1. La principal cuestión debatida, en cuanto al juicio de subsunción, es si los hechos colman los requisitos típicos del delito de depósito de armas de guerra, previsto y penado en el art. 566.1.1º y 567.1 y 2 del Código Penal, en relación con el artículo 6 del RD 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas, si bien, con las precisiones terminológicas introducidas por el Real Decreto 726/2020, de 4 de agosto, por el que se modifica el Reglamento de Armas, aprobado por el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero. En consonancia con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del RD de 726/20220 las referencias a "piezas fundamentales" o "pieza fundamental" se entenderán hechas a "componentes esenciales" o "componente esencial".

La Sala considera que la condición unánime de todos los peritos al manifestar que se trababa de material inerte, carente de todo tipo de sustancias explosiva, imposibilita colmar los requisitos de antijuridicidad material que habiliten la imposición de una sanción penal tan grave como la prevista en el art. 566.1 del CP, respecto de un material que, con independencia de la catalogación reglamentaria, no reúne el requisito normativo consustancial con toda la regulación de la tenencia ilícita de armas y sustancias explosivas, que no es otro que la idoneidad del funcionamiento, es decir ,el peligro real de su uso, que, en el caso analizado, y respecto de las supuestas armas (munición) de guerra era, a nuestro entender nulo. Inerte, que como indica la RAE, es lo que carece de vida en relación a un cuerpo, y lo "Inactivo, incapaz de reacción" cuando es referido a un gas. Y para alcanzar esta conclusión es indiferente que entendamos que se trataba de munición de guerra,, inerte, inofensiva, o simples componentes fundamentales de un arma de guerra, no susceptibles de colmar la antijuridicidad material, por más que sean catalogadas, equiparadas a las propias armas de guerra en el repetido Reglamento de Armas. Lo contrario, entender que la sanción penal es imperativa por el simple dato de incumplir las disposiciones sobre tenencia de determinados útiles e instrumentos par parte de particulares sin la debida autorización y licencia, sería convertir al precepto en meramente formal, incompatible con las exigencias de los principios de legalidad, taxatividad, ofensividad y culpabilidad propias del derecho penal, ultima ratio del ordenamiento. Algo de lo que, como veremos, ya tuvo ocasión de pronunciarse el Tribunal Constitucional en relación las denominadas armas prohibidas y la problemática que suscitan las denominadas normas penales en blanco con su remisión a la regulación administrativa, y cuyos criterios son los que inspiran las resoluciones de la denominada jurisprudencia que justifican esta necesaria interpretación taxativa y restrictiva del tipo penal en cuestión. En definitiva, el carácter inerte de las consideras como armas de guerra, y por ende inofensivo, carente de toda peligrosidad, constando pericialmente acreditado que carecían de toda idoneidad para generar riesgo o peligro, impide subsumirlas en el tipo de depósito de armas de guerra, asumiendo una perspectiva material, teleológica, que tenga presente el fin de protección de la norma con referencia del bien jurídico protegido, la seguridad ciudadana y, mediatamente, la vida y la integridad de las personas.

2. El artículo 566.1 establece en su subapartado primero que "Los que fabriquen, comercialicen o establezcan depósitos de armas o municiones no autorizados por las leyes o la autoridad competente serán castigados: 1.º Si se trata de armas o municiones de guerra o de armas químicas, biológicas, nucleares o radiológicas o de minas antipersonas o municiones en racimo, con la pena de prisión de cinco a diez años los promotores y organizadores, y con la de prisión de tres a cinco años los que hayan cooperado a su formación".

A su vez, el artículo 567, en los apartados 1º y 2º, realiza una definición, respectivamente, de lo que debe considerarse depósito de armas de guerra como de lo que debe considerarse arma de guerra.

"1. Se considera depósito de armas de guerra la fabricación, la comercialización o la tenencia de cualquiera de dichas armas, con independencia de su modelo o clase, aun cuando se hallen en piezas desmontadas. Se considera depósito de armas químicas, biológicas, nucleares o radiológicas o de minas antipersonas o de municiones en racimo la fabricación, la comercialización o la tenencia de las mismas. El depósito de armas, en su vertiente de comercialización, comprende tanto la adquisición como la enajenación.

2. Se consideran armas de guerra las determinadas como tales en las disposiciones reguladoras de la defensa nacional. Se consideran armas químicas, biológicas, nucleares o radiológicas, minas antipersonas o municiones en racimo las determinadas como tales en los tratados o convenios internacionales en los que España sea parte".

El art. 6 del RD 137/1993 establece lo siguiente:

1. Se consideran armas de guerra, quedando en consecuencia prohibidos su adquisición, tenencia y uso por particulares:

a) Armas de fuego o sistemas de armas de fuego de calibre igual o superior a 20 milímetros.

b) Armas de fuego o sistemas de armas de fuego de calibre inferior a 20 milímetros, cuyos calibres sean considerados por el Ministerio de Defensa como de guerra.

c) Armas de fuego automáticas.

d) Las municiones para las armas indicadas en los apartados a) y b).

e) Los conjuntos, subconjuntos y componentes fundamentales de las armas y municiones indicadas en los apartados a) a d), así como, en su caso, sus sistemas entrenadores o subcalibres.

f) Bombas de aviación, misiles, cohetes, torpedos, minas, granadas, así como sus subconjuntos y componentes fundamentales.

g) Las no incluidas en los apartados anteriores y que se consideren como de guerra por el Ministerio de Defensa.

2. Corresponde al Gobierno, a propuesta conjunta de los Ministerios de Defensa y del Interior, determinar las armas comprendidas en este artículo que pueden ser utilizadas como dotación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

3. En el caso que nos ocupa, el punto central y casi único de discusión ha sido la calificación como armas de guerra de alguna de las evidencias incautadas en las diligencias de entrada y registro tanto en el domicilio como en el taller regentado en exclusiva por el acusado. Y, en concreto, el debate se centra en las siguientes evidencias, a las que se refieren de forma expresa, los tres primeros informes periciales reflejados en el anterior fundamento de derecho. Son la evidencia NUM036 granada de mano modelo R41 de enseñanza y una envuelta de fragmentación para granada modelo Alhambra; la evidencia NUM037 compuesta por los dos cohetes de color naranja PG 9; y la evidencia NUM038 referida a las tres granadas de mortero Ecía.

El primero de los informes de los técnicos TEDAX de la Guardia Civil no era del todo concluyente, al suscitar alguna duda y no aclarar el concepto de "material inerte". Ello hizo necesario que se efectuara un posterior informe explicativo y se solicitara la colaboración, a tales efectos, de los técnicos del Ministerio de Defensa, Responsables del Área de Regulación Industrial, Unidad de Armas y Explosivos de la Subdirección General de Inspección, Regulación y Estrategia Industrial de Defensa, de la Dirección General de Armamento y Material, del Ministerio de Defensa, quienes elaboraron la autodenominada "nota informativa" NI-AGI-21-001-UAEX de fecha 17 de septiembre de 2020 que contiene la información esencial a estos efectos, que pudo ser explicada, ampliada y aclarada en el acto del juicio, con carácter de pericial, pues su relación con el objeto del proceso era exclusivamente en atención a sus conocimientos científicos como expertos en armamento. Es cierto que entre ambos informes existe alguna divergencia, pues, en tanto los miembros del TEDAX de la Guardia Civil consideran que la envuelta de fragmentación de la Granada Alhambra si puede considerarse arma de guerra en tanto que componente esencial de la misma al amparo de lo dispuesto en la letra f) del artículo 6 del Reglamento de Armas de 1993. Por el contrario el comandante que depuso en el acto del juicio discrepó de esa interpretación. También de forma contradictoria éste último consideró, sin duda alguna, constitutivas de armas de guerra a los dos cohetes de color naranja PG 9, en cuanto que componentes esenciales por diseño y material de fabricación, con independencia de considerarlos inertes porque falta de la carga explosiva, conclusión que no alcanzaban con esa rotundidad, sin embargo, los componentes del TEDAX de la Guardia Civil quienes en su primer informe mencionaban haber efectuado una consulta con TEDAX de la República Checa, quienes participaron que los cohetes son inertes, empleados por el ejército del referido país para instrucción de sus soldados. En este punto sin embargo, la Sala otorga preponderancia al criterio de los miembros del Ministerio de Defensa, en cuanto diferenciaron perfectamente el material puramente didáctico, de enseñanza, fabricado con materiales inocuos y utilizado para permitir el estudio de los diversos componentes; el material de instrucción, de adiestramiento operativo o de campo, por diferenciarlo del anterior, que por diseño y fabricación si podría ser apto de su utilización como arma de guerra si se le añaden las cargas explosivos, o material detonador pertinente, y por último el material propiamente de guerra o puramente operativo. De ahí que, en cuanto que componente fundamental del conjunto global, ellos también consideran arma de guerra el material de instrucción susceptible por diseño y fabricación de soportar una carga explosiva como a su entender eran los dos cohetes analizados.

4. En cualquier caso, y para lo que aquí nos interesa, ello no sería determinante de la posible calificación jurídica de los hechos como un delito de depósito de armas de guerra, aunque si es indicativo de las dificultades que en ocasiones entraña la catalogación legal de este tipo de material de guerra. Y, decimos que no tendría especial incidencia, porque en lo que hay total unanimidad en ambos informes es en la catalogación reglamentaria de las tres granadas de mortero de las que disponía el acusado como armas de guerra. Aunque, debemos añadir a continuación, también existe unanimidad sobre su carácter absolutamente inofensivo, inerte que, como expondremos, es la cuestión clave para no poder subsumir la tenencia de dichos artefactos en el delito de depósito de armas (o munición) de guerra.

Es precisamente la jurisprudencia que excluye la posibilidad de integrar los meros "componentes fundamentales", piezas, a los que hace referencia del artículo 6 f) del repetido reglamento de armas en el correspondiente precepto penal, -ver la SAP, Madrid Secc. 7ª nº 426/2022 del 21 de julio de 2022 ( ROJ: SAP M 11464/2022) y las en ella mencionadas- la que nos otorga también las claves interpretativas de los requisitos normativos exigibles para poder afirmar en el juicio de subsunción típica que concurren todos los elementos del tipo del delito de depósito de armas de guerra, y, que como ya hemos anticipado, no concurren en el presente caso al carecer de toda potencialidad ofensiva los artefactos considerados como armas de guerra por los peritos.

5. La interesante sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya SAP de 30 de marzo de 2016 ( ROJ SAP BI 443/2016), nos recuerda como "Ha de señalarse que el Código Penal distingue entre armas de guerra y municiones, aunque el artículo 6 del Reglamento de Armas equipara a unas y otras. Esto es importante, porque existen diferencias de régimen entre armas de guerra y municiones de guerra: para las municiones, la calificación de depósito es remitido a la discrecionalidad reglada del Tribunal (567.4 CP) y no rige la ampliación del tipo al caso de que estén en piezas desmontadas, específicamente previsto para las armas pero no para las municiones (567.1 CP). "

Sobre el particular ya se pronunció la STS 115/2008 de 26 de febrero de 2008 (ROJ 679/2008) al remarcar la inviabilidad de trasladar, sin más, al campo del derecho penal la equiparación que hacía el Reglamento de Armas entre armas y munición de las mismas, cuando afirma:

"...una condena por depósito de armas resultaría atípica, por mucho que el Reglamento de armas equipare las de guerra con las municiones de la misma naturaleza, equiparación que no puede prevalecer ante los claros términos del Código Penal que habla de forma precisa y autónoma de armas de guerra o de municiones de guerra. Entendemos por tanto que se acusa por depósito de municiones de guerra y no de armas de guerra (que no lo son las habidas en poder del procesado), a pesar de la presunción reglamentaria."

Esa misma sentencia, que se ocupa de la diferencia entre arma de guerra y su munición acaba afirmando que:

" Tampoco pueden incluirse las 3 cabezas de proyectil de 20 mm de calibre, porque según los dictámenes periciales carecen de carga y vaina de proyección, luego no son munición al no estar en condiciones de ser utilizadas por un arma, no encerrando, por sí mismas, el más mínimo peligro. Aunque con finalidades dialécticas entendiéramos que en una interpretación amplia o in malam partem (lo que no está permitido en contra del reo) lo dispuesto respecto a las armas ("aunque se hallaren en piezas separadas": art. 567-1º C.P.) resultara aplicable a las municiones, tampoco en este caso cabría calificarlas como tales, ya que entre las habidas no se hallaban esos complementos necesarios que permitirían ser consideradas munición, en el sentido de "carga que se pone en las armas de fuego".

Su carácter inocuo e inofensivo es patente, no solo en sí mismas consideradas, sino en su incorporación al cañón ametrallador antiáreo al que están destinadas, al faltar como imprescindible la vaina y carga de proyección, circunstancia que nos conduciría a excluirlas de su conceptuación como munición."

El caso analizado es sustancialmente idéntico al aquí planteado.

6. La Sentencia del Tribunal Constitucional 24/2004 de 24 de febrero resolvió una cuestión de inconstitucionalidad planteada por un Juzgado, relativa a la adecuación constitucional del art. 563 CP en cuanto castigaba la tenencia de armas prohibidas. Aun cuando el caso presente no se refiere a ese tipo específico, se hacen en dicha sentencia afirmaciones y se argumenta de modo que este Tribunal considera plenamente aplicable al caso, en la medida que afectan en general a la interpretación de las normas penales conforme a la Constitución. Dichos criterios son seguidos en numerosas otras sentencias del Tribunal Supremo como número 903/2021, STS 411/2020, de 20 de julio y la STS 590/2022 del 15 de junio de 2022 (ROJ: STS 2316/2022)

La reflexión del Tribunal puede quedar circunscrita, en lo esencial, en estos párrafos que se transcriben:

"A tenor del artículo 563 del Código Penal, las armas cuya tenencia se prohíbe penalmente son, exclusivamente, aquellas que cumplan los siguientes requisitos: en primer lugar, que sean materialmente armas (pues no todos los objetos prohibidos con ese nombre en la norma administrativa lo son); en segundo lugar, que su tenencia se prohíba por una norma extrapenal con rango de ley o por el reglamento al que la ley se remite, debiendo excluirse del ámbito de prohibición del artículo 563 CP todas aquellas armas que se introduzcan en el catálogo de los artículos 4 y 5 del Reglamento de armas mediante una Orden ministerial conforme a lo previsto en la disposición final cuarta, por impedirlo la reserva formal de ley que rige en material penal; en tercer lugar, que posean una especial potencialidad lesiva y, por último, que la tenencia se produzca en condiciones o circunstancias que la conviertan, en el caso concreto, en especialmente peligrosa para la seguridad ciudadana, quedando excluida la intervención del Derecho penal cuando no concurra realmente ese concreto peligro sin perjuicio de que se acuda, en ese caso, al Derecho administrativo sancionador...

La interpretación constitucionalmente conforme ha de partir de que el art. 563 CP en su primer inciso no consagra una remisión ciega a la normativa administrativa, cualquiera que sea el contenido de ésta, sino que el ámbito de la tipicidad penal es distinto y más estrecho que el de las prohibiciones administrativas.

Tal reducción del tipo se alcanza, en primer lugar, en el plano de la interpretación literal o gramatical, a partir del concepto de armas, excluyendo del ámbito de lo punible todos aquellos instrumentos u objetos que no lo sean (aunque su tenencia esté reglamentariamente prohibida) y que no tengan inequívocamente tal carácter en el caso concreto. Y, según el Diccionario de la Real Academia, son armas aquellos "instrumentos, medios o máquinas destinados a ofender o a defenderse", por lo que en ningún caso será punible la tenencia de instrumentos que, aunque en abstracto y con carácter general puedan estar incluidos en los catálogos de prohibiciones administrativas, en el caso concreto no se configuren como instrumentos de ataque o defensa, sino otros, como el uso en actividades domésticas o profesionales o el coleccionismo.

En segundo lugar, y acudiendo ahora a los principios generales limitadores del ejercicio del ius puniendi, la prohibición penal de tener armas no puede suponer la creación de un ilícito meramente formal que penalice el incumplimiento de una prohibición administrativa, sino que ha de atender a la protección de un bien jurídico (la seguridad ciudadana y mediatamente la vida y la integridad de las personas, como anteriormente señalamos) frente a conductas que revelen una especial potencialidad lesiva para el mismo. Esa especial peligrosidad del arma y de las circunstancias de su tenencia deben valorarse con criterios objetivos y en atención a las múltiples circunstancias concurrentes en cada caso ( STC 24/2004, de 24 de febrero)".

7. En todos aquellos supuestos en que a la legislación penal se superpone una previa reglamentación sancionatoria administrativa, el Tribunal Supremo considera, como en la reciente sentencia STS 998/2022 del 22 de diciembre de 2022 (ROJ: STS 4937/2022) "que esa doble proyección del poder coercitivo del Estado entre el derecho administrativo y el derecho penal obliga, ahora más que nunca, a reivindicar la vigencia de los principios que legitiman la aplicación de la norma penal. Su consideración como ultima ratio y la necesidad de reservar su aplicación a aquellas infracciones que más gravemente ofendan el bien jurídico tutelado -en eso consiste el carácter fragmentario del derecho penal- han de actuar como parámetros irrenunciables en el juicio de subsunción. De lo contrario, corremos el riesgo de amplificar el derecho penal más allá de lo que serían sus límites naturales, alentando lo que se ha llamado, en locución bien gráfica, la "fuerza expansiva del derecho penal".

Sin duda esos mismos criterios son aplicables a la materia que abordamos por grave y esencial que sea el bien jurídico tutelado, la seguridad colectiva como fin inmediato y la vida e integridad de las personas como fin mediato, que exigen un riguroso control en todo el proceso de fabricación, comercialización, tenencia y depósito de armas. Pero se convendrá que la razón de la intervención penal, reservada a los supuestos más graves de infracción, esta indisolublemente vinculada ,como delito de peligro abstracto, a la constatación individualizada de la peligrosidad objetiva de la conducta que pasa por la idoneidad del arma para su adecuado funcionamiento.

8. Sobre la cuestión central de dilucidar si la posesión de piezas de un arma de guerra (o de una munición) que, aun siendo fundamentales, no bastan para montar un arma completa (o munición de guerra), a falta de otras igualmente esenciales, puede integrar el tipo objetivo del delito del artículo 566 del Código Penal, la exhaustiva y muy estudiada SAP Sevilla Secc.4ª de 21 de julio de 2011 ( ROJ: SAP SE 2203/2011) se pronuncia de forma negativa, que compartimos, en atención a ser negativa, en una recta hermenéutica del precepto, atenta a los principios de legalidad, taxatividad y proporcionalidad.

"Ciertamente, el artículo 567.1 del propio Código Penal proporciona la interpretación auténtica o definición normativa del concepto de depósito de armas de guerra, al establecer que se considerará como tal "[...] la tenencia de cualquiera de dichas armas [...] aun cuando se hallen en piezas desmontadas". Ahora bien: la propia dicción literal del precepto lo que indica es que basta para la perfección del delito la tenencia (o comercialización) de una sola arma de esta naturaleza, aunque se encuentre desmontada por piezas; pero no autoriza a ampliar la conducta típica a la mera posesión (o comercio) de piezas sueltas de un arma de guerra incompleta por falta de otras piezas fundamentales para su funcionamiento. Si tal hubiera sido la voluntad legal, hubiera sido fácil redactar la cláusula final de la definición para expresarlo, añadiendo en forma alternativa a la posesión o comercialización de una sola arma la de cualquiera de sus piezas fundamentales.

Al argumento de interpretación gramatical cabe añadir el sistemático y el teleológico, puesto que no se advierte razón para que las armas de guerra estén exceptuadas del requisito de capacidad de funcionamiento o aptitud para el disparo, que una inconcusa y bien conocida jurisprudencia viene exigiendo para las armas de fuego que constituyen objeto material del tipo básico de tenencia ilícita de armas del artículo 564.1 del Código Penal vigente (artículo 254 del anterior). Y es obvio que el pistolete y el conjunto de cierre de un fusil, sin armazón y cañón a los que acoplarse, carecen de toda posibilidad de ser utilizados para disparar. En este sentido, entendemos que es plenamente aplicable a las armas de guerra la doctrina establecida con relación al delito genérico por la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de marzo de 1981 , cuando señala que "el requisito de la aptitud no se quiebra ni desaparece cuando el arma se encuentra desmontada o en piezas, siempre y cuando mediante el correspondiente montaje recobre la aptitud para la que fue construida, es decir, la de provocar el disparo de un proyectil [énfasis añadido]". Y es esa aptitud la que falta a las piezas intervenidas en esta causa, que no son susceptibles de ser montadas en forma que permita efectuar un disparo si no son completadas con otras no menos fundamentales".

(...)

No desvirtúa la conclusión que se sigue de las consideraciones anteriores el hecho de que el artículo 6.1 e) del Reglamento de Armas, al expreso efecto de prohibir su adquisición, tenencia y uso por particulares, establezca que "se considerarán armas de guerra" las "piezas fundamentales" de las armas indicadas en los apartados anteriores, (...). Entender que esta asimilación reglamentaria extiende su eficacia más allá de su ámbito administrativo para integrar el concepto jurídico-penal de armas de guerra no haría sino crear un problema adicional de jerarquía normativa y de principio de legalidad en un ámbito ya sobrado de ellos, que han precisado de la interpretación correctora del Tribunal Constitucional (sentencia 24/2004, de 24 de febrero). Como dice, con referencia a las armas prohibidas, la sentencia del Tribunal Supremo 1995/2000, de 20 de diciembre (FJ. 3º.-4), citando la del Tribunal Constitucional 42/1987, de 7 de abril, (FJ.2), "la reserva de ley que se exige para las disposiciones penales no excluye la posibilidad de que éstas contengan remisiones a los Reglamentos, pero sí que tales remisiones hagan posible una regulación independiente y no claramente subordinada a la ley, pues sería degradar la garantía esencial que el principio entraña"; garantía que, continúa la sentencia del Tribunal Constitucional citada por el Supremo, supone, nada menos, que la "forma de asegurar que la regulación de los ámbitos de libertad que corresponden a los ciudadanos depende exclusivamente de la voluntad de sus representantes". Y si éstos decidieron definir como punible depósito de armas de guerra la tenencia de una sola de ellas -completa, aunque se encuentre desmontada por piezas- no puede ampliarse el ámbito de la prohibición sancionada penalmente con la peculiar sinécdoque reglamentaria que identifica las piezas sueltas con el arma completa, porque esa equiparación claramente excede del núcleo de la prohibición establecida en el precepto penal.

En otras palabras: la norma reglamentaria puede definir qué tipos de armas son consideradas de guerra, en virtud de la remisión efectuada por el artículo 567.2 del Código Penal (que, dicho sea de paso, no remite al Reglamento de Armas, sino a unas inconcretas "disposiciones reguladoras de la defensa nacional"); pero el principio de legalidad y la mera lógica no permiten que una norma de ese rango convierta a efectos penales en arma algo que no lo es en el entendimiento común y correcto de la palabra."

9. En definitiva, de cuanto venimos exponiendo, la imposibilidad de integrar el tipo penal del art.566.1 exclusivamente sobre la tenencia de piezas o "componentes fundamentales" de armas o munición de guerra unido a la acreditación de la falta de potencialidad lesiva de las granadas de mortero y cohetes intervenidos, son los argumentos decisivos para considerar que desaparece la trascendencia penal de la conducta. En el caso, tratándose de un delito de peligro abstracto y de mera actividad, debería probarse que, al menos en abstracto, la acción generó un riesgo, siquiera hipotético, para el bien jurídico, y precisamente el riesgo que la norma quería preservar, algo que no se ha acreditado al ser unánime el parecer del carácter inerte de los cohetes y granadas de mortero intervenidas la acusado.

CUARTO.- De los expresados delitos es criminalmente responsable en concepto de autor el acusado Jose Francisco a tenor de los artículos 27 y 28 del Código Penal.

La consideración de promotor que recogen los tipos penales por los que se acusa debe aplicarse aun cuando, como sucede en el supuesto objeto de enjuiciamiento, se trate de una sola persona la que "promueva" y lleve a cabo la constitución del depósito.

Una antigua y minoritaria jurisprudencia consideró que si se trataba de un solo individuo debía aplicarse pro reo el tipo atenuado de la cooperación ( SSTS de 3 de abril de 1981 y de 21 de abril de 1994). Dicha línea interpretativa ha sido hace mucho superada, por un jurisprudencia unánime que entiende que el agente único no puede ser de ninguna manera un cooperador (figura que por definición comporta siempre una posición accesoria respecto de un autor principal, que en estos casos no existiría) sino que debe ser equiparado al promotor u organizador en cuanto el procesado agente único, es, en estos casos, el "promotor" y "organizador" de la acumulación de armas y munición llevada a cabo en su domicilio y taller pues es la única persona que materialmente las adquirió y reunió, jurisprudencia esta última que resulta plenamente aplicable al supuesto objeto de enjuiciamiento. ( SSTS de 5 de marzo de 1997 , de 16 de febrero de 2001 , de 1 de abril de 2001 , de 11 de febrero de 2002 , de 1 de abril de 2002, de 22 de noviembre de 2002 , de 9 de mayo de 2006 , de 16 de noviembre de 2007 entre otras).

La STS 519/2022 de 14 de junio de 2021, nos recuerda que "Son promotores, se decía en la STS nº 392/2013, de 16 de mayo, "quienes dan vida con su iniciativa a la reunión finalista de las armas y puede serlo una persona que actúe por si sola, sin coordinación con otras" ( STS. 2270/2001 de 1.4.2002)"

QUINTO.- En la ejecución del expresado delito no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. No se ha planteado por la defensa, ni de forma alternativa o subsidiaria, la posibilidad de apreciar circunstancia atenuante alguna. Quizá cabría plantearse una posible atenuante simple de dilaciones indebidas del art. 21.6 CP atendiendo que, pese a encontrarse en situación de prisión provisional desde el inicio de la causa, se ha invertido 2 años y 4 meses para la celebración del juicio. Sin embargo, es necesario descartar dicha hipótesis atendiendo a que no se aprecian ni se han alegado plazos significativos de paralización, a que ha sido precisa la realización de innumerables importantes y complejas pruebas periciales tanto del material incautado como de los efectos informáticos, así como que la mera irregularidad en la finalización precipitada del sumario ordinario, sin el dictado del correspondiente auto de procesamiento, supuso una necesaria retroacción y mínimo retraso en la tramitación, pero sin que, insistimos, pueda hablarse de plazos de paralización significativa que justifiquen la apreciación de la referida atenuante de dilaciones indebidas.

SEXTO.- Corresponde en este apartado proceder a la individualización de la pena asignada al delito cometido.

El artículo 66.1.6ª CP determina que cuando no concurran atenuantes ni agravantes, se aplicará la pena establecida por la ley para el delito cometido, en la extensión que se estime adecuada, en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho. Pese a que para el depósito de armas hacen falta un mínimo de cinco armas, la incautación de 23 armas cortas y 47 largas, además de armas prohibidas como es bastón escopeta y el artefacto trampa artesanal, unido a la ingente cantidad de munición ( 17.376 cartuchos, s.e.u.o.) y material y utensilios para su fabricación (125 cajas de proyectiles, más de 5.000 casquillos, 11.050 pistones más de dos kilos de pólvora, etc), todo ellos en perfecto estado y aptos para su utilización, unido al espacio temporal y comercio constatado en la redes ( ver informe de análisis de la documentación incautada e intercambios en la página todocolección.net), con un comercio por encima de los 30.000 cartuchos en los últimos años, denota unos perfiles de altísima peligrosidad que justifica sobradamente la imposición de la pena máxima interesada por el Ministerio Fiscal en su calificación alternativa.

De conformidad con las previsiones del artículo 570 CP procede también imponer al acusado la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de armas por un periodo de 7 años.

E igualmente de conformidad con el artículo 127 y concordantes del Código Penal el comiso de la totalidad de las armas componentes esenciales munición y instrumental y utilería utilizada e intervenida en las entradas y registros.

SEPTIMO.- Conforme el artículo 123 del Código Penal, las costas han de ser impuestas al acusado condenado, declarándose de oficio en los supuestos de absolución como establece el art. 240 de la LECrim.

VISTOS, además de los preceptos citados, otros de pertinente aplicación del mismo Código Penal y los artículos 141, 142, 239, 240, 741 y 742 y demás de general aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.