Sentencia Penal 555/2023 Audiencia Provincial Penal de Madrid nº 23, Rec. 1336/2023 de 11 de diciembre del 2023

PRIMERO. - El recurrente Eusebio considera la prueba insuficiente para el dictado una sentencia condenatoria, al entender que las manifestaciones vertidas por Eusebio en el acto del juicio oral respecto de que había firmado un contrato de compraventa del inmueble por 800 € aunque se considere irrisorio el precio no hacen inverosímil la versión al tratarse de un hombre de 33 años con estudios básicos, carece de formación jurídica y confió en que la operación se había realizado correctamente. Al no constar haber cambiado la cerradura considera que no hubo voluntad de ocupación sino de posesión pacífica conforme a la compraventa realizada. Por lo que entiende debe de prevalecer la versión del denunciado.

Además alega nulidad de la resolución dictada por cuanto concurre la eximente de estado de necesidad y afirma que la sentencia no se pronuncia sobre tal circunstancia. Argumenta sobre la nulidad de las resoluciones que no motivan alguna circunstancia invocada para terminar afirmando que, se ha producido infracción de ley por aplicación indebida del artículo 245.2 del CP, insistiendo en que no concurren los requisitos propios para calificar el hecho por el citado tipo. Por otra parte, señala el principio de intervención de mínima del derecho penal y considera que en este caso no hay un plus de gravedad en la conducta del denunciado por no estar desvirtuada la versión del denunciado quien creía que estaba ejerciendo sus facultades dominicales cuando los denunciantes podrían haber ejercido estas de otra forma diferente a la acción penal.

En cuanto a la determinación de la pena impuesta alega infracción de los artículos 50 y 52 del código Penal, al no tenerse en cuenta la situación económica del denunciado, imponiendo una cuota multa de 3 € la que considera excesiva. Termina interesando sentencia absolutoria.

En cuanto recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Eugenio. Considera que igualmente se ha producido error en la valoración de la prueba e infracción de ley por aplicación indebida del artículo 245.2 del CP, al concurrir en todo caso la eximente completa de estado de necesidad y alternativamente considera falta de dolo por lo que debe de ser aplicado el artículo 5 del CP. Cita distintas resoluciones de la Audiencia en las que en otros casos similares se han producido sentencias absolutorias, considerando insuficiente la fundamentación de la sentencia para concluir la condena del recurrente del que proclama la aplicación del principio de presunción de inocencia.

EL MINISTERIO FISCAL interesa la confirmación de la resolución recurrida, al considerar que la prueba de cargo practicada en el acto del juicio es suficiente para el dictado una sentencia condenatoria. Entiende motivada la sentencia dictada, no pudiendo calificarse la misma de ilógica o arbitraria, señalando que el recurrente trata de sustituir el convencimiento del juez libremente formado tras la práctica de la prueba, por el suyo propio. Además considera que no concurren los requisitos propios para que concurre la circunstancia eximente de estado de necesidad.

LA ACUSACIÓN PARTICULAR impugna ambos recursos a través de sus respectivos escritos, interesando igualmente la confirmación de la resolución recurrida, dando por reproducidos los argumentos para entender debe ser confirmada la resolución dictada.

SEGUNDO.- En el presente caso no cabe duda que la conducta llevada a cabo por los denunciados está prevista y penada de manera expresa y concreta en el artículo 245.2 del CP, que castiga al que ocupare sin la autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuvieran en ellos contra la voluntad de su titular, todo ello sin violencia o intimidación, y en consecuencia es una conducta que el legislador ha creído conveniente regular, no solo a través de la protección civil o administrativa (infracción administrativa en la Ley de protección de Seguridad Ciudadana), sino también desde el punto de vista penal, protegiendo el bien jurídico de carácter personal como es en este caso la propiedad respecto de una vivienda, inmueble o edificio, y por lo tanto, la labor de los tribunales ha de ser la aplicación de la ley y si concurren o no los presupuestos concretos legales para aplicar dicho precepto, cosa que así sucede en el presente caso en el que ambos denunciados ocuparon la vivienda sin la preceptiva autorización de su sus titulares Don Fernando y Doña Filomena, manteniéndose en la misma de manera ilegal, ocupación ilícita que por otra parte razona la sentencia de forma clara y coherente, basándose en los motivos por los que se han declarado probados determinados hechos con trascendencia penal, en la práctica de la prueba practicada en el acto del juicio oral, en concreto, en el reconocimiento de ambos acusados en el acto del juicio oral, explicando que habían ocupado la vivienda porque la habían comprado por un precio inferior a 1000 €, lo que le resulta a la juzgadora ilógico e irracional, razonando como los denunciados manifestaron que habían "comprado" la vivienda a un rumano por una cantidad que no se precisa claramente, pues, se afirma por el Sr. Eusebio primero que pagó 1.000 euros, y luego 800 euros, y en el parte de intervención identificando al Sr. Eugenio de 16 de marzo de 2022 se afirmó que la había comprado por 400 euros, precios todos ellos irrisorios para una compraventa a persona desconocida y sin título, lo que hace inverosímil su versión. además se recoge en sentencia cómo los denunciados reconocieron vivir en el inmueble y saber que los propietarios no querían que vivieran en él. Así lo reconoce el Sr. Eusebio y en cuanto al Sr. Eugenio lo sabe al menos desde el momento en el que fue identificado policialmente, momento en el que fue informado de que estaba ocupando ilegalmente una vivienda y que habría un procedimiento penal por ello abierto, como afirmaron los dos Policías que intervinieron en el acto del juicio policías nacionales con número de carnet profesional NUM001 que identificó a Eusebio quien reconoció como a todas las personas que se identifica por usurpación las informan de que están ocupando ilegalmente el inmueble; así como el policía nacional con número de carnet profesional NUM002 que identificó a Eugenio. Por tanto, existen pruebas, las mismas se justifican convenientemente en la sentencia y en consecuencia no se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia.

En tal sentido nuestro Tribunal Supremo en Sentencias de 4 de octubre de 1999 y 26 de junio de 1998, entre otras, señala que para poder apreciar en el proceso penal una vulneración del principio a la presunción de inocencia se requiere que en la causa exista un vacío probatorio sobre los hechos que sean objeto del proceso, o sobre alguno de los elementos esenciales de los delitos enjuiciados, pese a lo cual se dicta una sentencia condenatoria. Si, por el contrario, se ha practicado en relación a tales hechos o elementos, actividad probatoria revestida de los requisitos propios de la prueba de cargo, con sometimiento a los principios de oralidad, contradicción e inmediación, no puede estimarse la violación constitucional basada en la presunción de inocencia, pues las pruebas así obtenidas son aptas para destruir dicha presunción, quedando sometidas a la libre y razonada valoración del Tribunal de Instancia, a quien , por ministerio de la ley, corresponde con exclusividad dicha función ( artículos 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 117.3 de la Constitución Española).

Y, en el presente caso la Juzgadora de instancia ha contado con material probatorio suficiente para destruir tal presunción, puesto que ha tomado en consideración la declaración de los denunciantes , conforme ha tenido ocasión de oír y ver este tribunal a través de la escucha y visionado del DVD incorporado actuaciones con la grabación del acto del juicio oral por lo que le resulta palmario la comisión del acto delictivo, al haber afirmado los denunciantes en el acto del juicio oral con la documentación que aportan y que acredita ser los propietarios de la vivienda ocupada, sin que se hubiera otorgado en ningún momento autorización para residir en la misma a los denunciados, tal y como manifestaron las partes en el acto del juicio. La falta de autorización del propietario para residir en la vivienda y de la voluntad de residir en ella contra la voluntad de su titular se acredita al menos desde el momento que acuden los agentes de Policía Nacional el día 14 de marzo de 2022 a dicho domicilio a requerimiento vecinal, hecho reconocido por el denunciado Eusebio, quien afirmó que fue identificado por la Policía, siendo también identificado el otro denunciado el mismo día, continuando residiendo en la vivienda al menos desde la identificación policial hasta el momento del acto del juicio oral, según reconocieron con toda desfachatez los denunciados, argumentando haber comprado el inmueble a un individuo del que no ofrecen datos y sin título alguno por un precio irrisorio, poco más exige la fundamentación de la sentencia para entender cometido el delito por los denunciados quienes sabían con los conocimientos medios de un hombre normal que pese a no ser propietarios del inmueble lo estaban ocupando, no constando ostentaran título alguno para la ocupación que llevaron a cabo.

La voluntad de ambos denunciados de permanencia en el mismo se deduce también por la declaración testifical de los titulares de la vivienda y los agentes de policía nacional que identificaron a los ocupantes. Obra en autos nota del Registro de la Propiedad acreditativa de la titularidad de la vivienda por los denunciantes.

Las pruebas se han practicado, obviamente, con todas las garantías de oralidad, inmediación y sobre todo contradicción, propias del juicio oral.

La interpretación de la práctica de dichas pruebas ha sido correcta y además explicada en la propia resolución apelada. Por tanto, hay actividad probatoria y no precisamente mínima y además actividad probatoria más que suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia.

Alega el apelante error en la apreciación de la prueba. La construcción del recurso de apelación penal como una oportunidad de revisión plena sitúa al órgano judicial revisor en la misma posición en que se encontró el que decidió en primera instancia el valor material probatorio disponible para la fijación de los hechos que se declaran probados y para el tratamiento jurídico del caso.

Sin embargo, cuando la prueba tiene carácter personal, como ocurre en el caso de los testigos, importa mucho, para una correcta ponderación de su persuasividad, conocer la íntegra literalidad de lo manifestado y, además, percibir directamente el modo en que se expresa, puesto que el denominado lenguaje no verbal forma parte muy importante del mensaje comunicativo y es un factor especialmente relevante a tener en cuenta al formular el juicio de fiabilidad.

El juzgador en primera instancia dispone de esos conocimientos, en tanto que el órgano competente para resolver el recurso de apelación sólo conoce del resultado de la prueba practicada, la síntesis forzosamente incompleta contenida en el acta del juicio Por ello, un elemental principio de prudencia (la pauta de la sana crítica aplicada al control de la valoración de la prueba en la segunda instancia) aconseja no apartarse del criterio del juzgador de primera instancia, salvo cuando el error de valoración sea patente.

No sucede así en este caso; la alegación de ambos recurrentes no pone de manifiesto sino su legítima discrepancia con la valoración de la prueba que ha realizado, de forma correcta y adecuada, por Juez cuya sentencia se impugna, bajo los principios de inmediación y de imparcialidad, pretendiendo sustituir su apreciación por la del titular del órgano que juzga en primera instancia.

TERCERO.- En relación con la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal alegada, estado de necesidad prevista en el artículo 20.5 del Código Penal. Se pretende por una de las defensas afirmar que no se ha pronunciado el juzgador en sentencia sobre la circunstancia invocada y en base a ello solicita la nulidad de la misma.

La mera lectura de la sentencia dictada concluye cómo el recurrente falta a la verdad sobre lo expuesto, argumentando en el Fundamento Jurídico Tercero el juzgador las razones que le llevan a entender la no concurrencia de la circunstancia invocada.

La doctrina ha definido el estado de necesidad como un estado de peligro actual para los intereses legítimos que solo puede ser conjurado mediante la lesión de intereses legítimos de otro. Y esa misma doctrina entiende que los requisitos exigidos para la existencia de esta eximente, son:

a) peligro de un mal propio o ajeno, pues la situación de estado de necesidad presupone una colisión de bienes jurídicos, o conflicto de deberes en la cual solamente es posible salvar uno a costa de otro, es decir, que para salvar un bien jurídico o cumplir con un deber resulta necesario, imprescindible e inexorable, al mismo tiempo, sacrificar otro bien jurídico o incumplir un deber; debiendo existir una relación de causalidad entre el peligro, el cual ha de ser real y grave, y la necesidad;

b) necesidad de lesionar un bien jurídico de otra persona o de infringir un deber, necesidad que ha de estar presidida por los llamados principios de "necesidad, proporcionalidad o idoneidad y subsidiariedad";

c) el elemento subjetivo, consistente en el ánimo de actuar por parte del sujeto activo, y que se concreta en la necesidad de evitar un mal;

d) que el mal causado no sea de mayor entidad que el que se trata de evitar, teniendo en cuenta a este respecto, una serie de criterios expresados por los distintos sectores de la doctrina, como son el que la ley no compara bienes, sino "males", y en la gravedad del mal no solo influye el valor del bien típico lesionado, sino también la forma en que se lesiona; que para la ponderación de males, se exige la ponderación de todos los intereses generales; que hay que partir de la protección que el derecho penal otorga a cada interés, comparando las penas que asigna al ataque doloso de cada bien jurídico afectado; que es necesario tomar en consideración la valoración personal y social de la lesión del bien jurídico, así como la totalidad de los males producidos por el "delito"; la ponderación ha de realizarse teniendo en cuenta no sólo la importancia abstracta de los bienes jurídicos en conflicto, sino la intensidad y significación del peligro en que se fundamenta la necesidad, de una parte, y de otra, el ataque con que se intenta conjugarlo; si se rebasa la proporcionalidad, es decir, si el mal causado supera valorativamente el que se quería evitar, se produce un "exceso", que podría dar lugar, en su caso, a una eximente incompleta;

e) que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto, requisito éste que obedece al propósito de evitar que quien se ha colocado de forma intencionada en la situación de necesidad a otras personas, pueda aprovecharse posteriormente del amparo de la eximente; y

f) que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse.. La STS de 29-5-97 , dice al respecto, que "...el estado de necesidad, tanto en su vertiente completa como incompleta , requiere como presupuesto necesario e imprescindible, la existencia de una situación angustiosa e inminente de puesta en peligro de bienes jurídicos y además, por su carácter de subsidiariedad, la imposibilidad de poner remedio a tal situación por vías lícitas..."( STS de 27-3-90 y 2-3-92 , entre otras), añadiendo la jurisprudencia que "el elemento esencial para la exención de responsabilidad es que realmente exista una situación de conflicto entre diversos males..." ( STS de 30-11-94 ).

Entendemos que en este caso concreto el motivo del recurso también ha de ser desestimado. Dicha circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, como si se tratara de un hecho, la parte que lo alega, en este caso, la defensa de ambos denunciados debe acreditar por cualquier medio de prueba admisible en derecho tal estado de necesidad, y que dicho estado haya influido de manera directa y eficaz en la conducta desplegada, en este caso, en la ocupación ilegal de una vivienda. Se dice en el recurso que los acusados presentan una situación económica precaria y que uno de ellos tiene un hijo menor de edad. No obstante tal circunstancia ha de acreditarse en la causa como si de un hecho se tratara, los denunciados no sólo no han traído ninguna prueba documental o de otro tipo que pueda dar a conocer al Tribunal su estado o situación económica, social, familiar, etc..., y que de todo lo cual se pueda deducir la existencia de un verdadero estado de necesidad que pueda eximir totalmente de responsabilidad penal a los denunciados, pues entre otras cosas tampoco figura en la causa que los recurrentes hubieran acudido en alguna ocasión a los organismo públicos correspondientes a solicitar algún tipo de ayuda o compensación tanto desde el punto de vista económico como en solicitud de una vivienda social o de una renta mínima. No quedan pues probados los elementos y requisitos a los que anteriormente hemos hecho referencia respecto al estado de necesidad, por lo que hemos de desestimar el motivo alegado.

En cuanto a la determinación de la pena impuesta en el Fundamento Jurídico Cuarto de la Sentencia se valoran las circunstancias para aplicar la pena mínima 3 meses de multa a razón de 6 € cuota habitual que vienen imponiendo los juzgados y tribunales cuando se desconoce la situación económica de los denunciados, por tanto, el motivo igualmente debe ser desestimado porque la cuota de seis euros impuesta se encuentra dentro del límite que el propio Tribunal Supremo ha considerado habitual cuando no se conoce la capacidad económica de la persona a la que se impone. A la vista de los datos que con relación a los encartados figuran en la causa el importe de la cuota a pagar por la multa se encuentra en el límite inferior de la escala que marca la Ley, y no encontrándose ninguno de los denunciados en un estado de indigencia, necesidad o desempleo que justifique acordar una cuota diaria inferior a 6 euros, procede fijar en esta última cantidad la cuota día a satisfacer, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 51 del Código Penal y con la responsabilidad personal subsidiaria estipulada en el artículo 53 del Código Penal. Dado que uno de ellos dijo encontrarse en desempleo pero no se acreditó.

VISTOS los preceptos legales citados, y los demás de general y pertinente aplicación, en nombre de su Majestad El Rey y por la autoridad que el Pueblo Español me confiere: