Sentencia Penal 199/2024 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 32, Rec. 411/2024 de 11 de abril del 2024

PRIMERO. -El recurrente muestra su disconformidad con la sentencia que impugna, por el que ha resultado absueltos los denunciados del delito leve de amenazas del que venían acusados.

Muestra la parte recurrente su disconformidad con la sentencia recurrida, alegando en síntesis para fundamentar su pretensión, error en la valoración de la prueba de cargo, por inexistencia de contradicciones en la versión de la denunciante.

Invoca la parte recurrente, la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional y el artículo 790 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal " Cuando la acusación alegue error en la valoración de la prueba para pedir la anulación de la sentencia absolutoria o el agravamiento de la condenatoria, será preciso que se justifique la insuficiencia o la falta de racionalidad en la motivación Táctica, el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada".

a) Y añade que solo cabe revisar la apreciación probatoria hecha por el Juez de Instancia:" cuando aquella apreciación no dependa sustancialmente de la percepción directa o inmediación que el Juez tuvo con exclusividad, es decir, cuando no dependa de la credibilidad de los testimonios o declaraciones oídos solamente por el Juzgador;

b) cuando con carácter previo al proceso valorativo no exista prueba objetiva de cargo válidamente practicada, en cuyo caso se vulnera el principio de presunción de inocencia;

c) cuando un ponderado y detenido examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del Juzgador de instancia de tal magnitud -razonamiento absurdo, ilógico, irracional o arbitrario-, que haga necesaria, empleando criterios objetivos y no interpretaciones discutibles y subjetivas, una modificación de los hechos declarados probados en la sentencia (STS 29/72/93 y STC 1/3/93 r"

Se muestra disconforme la parte recurrente, ya que no se incorporó en el plenario por la denunciante el hecho de que la relación con sus vecinos fuera malísima, como se afirma erróneamente en la sentencia. Además de lo anterior, de obligada mención es el hecho de que la Sra. Sacramento no respondió que la relación fuera mala de manera bilateral, sino que respondió en ese sentido a preguntas de esta parte en la que se cuestionaba como era la relación de los denunciados "para con ella". Añade que tampoco acepta que se entienda como una aclaración que desvirtúe la persistencia del relato de la denunciante el hecho de haya afirmado en sede judicial que tiene miedo y que está pendiente de ir al psicólogo, lo que no constituye un cambio de relato.

Como segundo motivo alega que hay un error en la valoración de la prueba de cargo, dada la inexistencia de valoración sobre la documentación médica aportada por la acusación, en concreto dos informes uno de ellos es un del Hospital Universitario General de Villalba de fecha 25/07/23 en el que se realiza un diagnóstico de cuadro ansioso-depresivo y se hace constar que acude por la "situación muy complicada con vecinos". Y otro documento consistente en la copia de la petición de cita para el servicio de psicología pautado por el médico de cabecera, por lo que se ha incurrido en una falta de motivación para analizar porque debe prevalecer la tesis de descargo frente a la cargo.

En tercer lugar, alega la parte recurrente error e4n la valoración de la prueba de descargo, por la existencia de numerosas contradicciones que acreditan la falta de verosimilitud de las manifestaciones de los denunciados.

Entiende la parte recurrente que de haberse realizado una correcta valoración de la prueba sin incurrir en los errores denunciados se habría llegado a la convicción de que los requisitos jurisprudenciales, sobre el testimonio de la víctima, se ven cumplidos, pues existe una persistencia en la incriminación de lo relatado por la denunciante no hay ánimo espurio alguno, pues ella no tiene enemistad alguna con los denunciados, así solo indico que la relación era mala en respuesta a pregunta de corno era !a relación de ellos para con ella; y además de lo anterior existen elementos objetivos, de tipo documental, en este caso informe médico que acredita la realidad de un verdadero daño -físico y psicológico- producto de manifestaciones amenazantes.

Concluye solicitando la estimación del recurso, se acuerde la nulidad de la sentencia recurrida, y se dicte otra en su lugar fundada en derecho, ordenando retrotraer las actuaciones al momento previo al dictado del a sentencia. y en atención de lo incluido en e! presente escrito, por el Juzgado de Instrucción n° 1 de San Lorenzo de El Escorial se dicte un pronunciamiento condenatorio de conformidad con la calificación realizada por esta parte, con la expresa imposición de costas y con demás pronunciamientos de menester en Derecho.

SEGUNDO. - Se alza la parte recurrente contra la sentencia, que absuelve a los denunciados de un delito leve de amenazas.

En relación al error en la valoración de la prueba que se denuncia por el recurrente, y tal y como expone en el escrito de interposición, debe indicarse que ya es doctrina reiterada la que establece que sin olvidar la extensión de facultades que todo recurso de apelación, por su contenido y función procesal, concede al órgano jurisdiccional que ha de resolverlo aspirando a una recta realización de la justicia, ni que mediante su interposición se juzga de nuevo íntegramente, esta extensión no puede llegar nunca, respecto al enjuiciamiento de la base probatoria, a sustituir sin más el criterio valorativo del Juez a quo por el del Tribunal ad quem, ni mucho menos por el del apelante, ya que no se puede prescindir de la convicción y estado de conciencia de aquél ante quien se ha celebrado el juicio, y es por ello por lo que únicamente cuando se justifique de algún modo que ha existido error notorio en la apreciación de algún elemento probatorio, procede revisar aquella valoración.

A mayor abundamiento, el criterio que se acaba de exponer viene confirmado por la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional, entre otras muchas, en sus sentencias números 167/2002, 197/2002, 198/2002, 200/2002, 212/2002, 41/2003, 68/2003 y 118/2003 en relación con la valoración de las pruebas personales en el recurso de apelación contra sentencias absolutorias en la primera instancia; doctrina de la que resulta que las facultades del tribunal de apelación no son idénticas a las del juez de la primera instancia que dictó la sentencia recurrida, pues el respeto a los principios de inmediación y contradicción en la práctica de las pruebas impide la modificación de la sentencia absolutoria para condenar al acusado en la segunda instancia en virtud de una nueva valoración de las pruebas practicadas en la primera instancia cuando la debida valoración de dichas pruebas exige la inmediación judicial, pues en caso de que así se hiciera por el tribunal de apelación, se vulneraría el derecho constitucional del acusado a un proceso con todas las garantías.

Por tanto y resumiendo lo expuesto, la sentencia de primera instancia se asienta en la valoración de pruebas personales y para poder condenar a los acusados por primera vez en este tribunal y valorar esas pruebas personales de una forma distinta a como se ha hecho por el Juez de instancia , se precisaría la celebración de vista y una nueva audiencia de los acusados y de los testigos ya que, en otro caso, esta nueva y primera condena vulneraría el derecho a un juicio justo de conformidad con la doctrina establecida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, asumida por nuestro Tribunal Constitucional. Impidiendo el art. 790.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la reiteración de pruebas en segunda instancia, y oír de nuevo al acusado, al haberse celebrado en la Primera Instancia.

No cabe, por tanto, que este Tribunal revise la valoración de la prueba realizada en la sentencia de primera instancia.

Conviene recordar la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional cuando se denuncia de nuevo la vulneración del art. 24.2 CE por la lesión de las garantías procesales que deben satisfacerse por el órgano judicial que revisa una sentencia penal absolutoria, con la correlativa vulneración del derecho a la presunción de inocencia.

El Tribunal Constitucional cuenta con una consolidada jurisprudencia sobre las exigencias que debe reunir una condena penal o agravación en segunda instancia para ser conforme con el derecho a un proceso con todas las garantías. La STC 88/2013, de 11 de abril, contiene un extenso resumen de dicha doctrina y de su evolución a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, fijándola en términos que se reiteran, entre otras, en las más recientes SSTC 105/2016, de 6 de junio, FJ 5; 172/2016, de 17 de octubre, FJ 7; 125/2017, de 13 de noviembre, FFJJ 3 y 6; 146/2017, de 14 de diciembre, FFJJ 6 y 7; 59/2018, de 4 de junio, FJ 3, y 73/2019, de 20 de mayo, FJ 3.

La STC 88/2013, FJ 9, concluye a modo de síntesis que "de conformidad con la doctrina constitucional establecida en las SSTC 167/2002 y 184/2009 vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías ( art. 24.2 CE) que un órgano judicial, conociendo en vía de recurso, condene a quien había sido absuelto en la instancia o empeore su situación a partir de una nueva valoración de pruebas personales o de una reconsideración de los hechos estimados probados para establecer su culpabilidad; siempre que no haya celebrado una audiencia pública en que se desarrolle la necesaria actividad probatoria, con las garantías de publicidad, inmediación y contradicción que le son propias, y se dé al acusado la posibilidad de defenderse exponiendo su testimonio personal".

Esas garantías no se ven colmadas con la sola reproducción y visionado de la grabación del juicio oral por parte del órgano revisor, pues para ello es preciso que se convoque una vista en la que se pueda oír personal y directamente a quienes han declarado en el juicio oral de primera instancia y, ante todo, al acusado ( SSTC 120/2009, de 18 de mayo, FJ 6; 2/2010, de 11 de enero, FJ 3; 30/2010, de 17 de mayo, FJ 4, y 105/2016, FJ 5).

Conforme a esta doctrina constitucional, la posibilidad de condenar o agravar la condena sin audiencia personal del acusado se reduce a los supuestos en que el debate planteado en segunda instancia versa sobre estrictas cuestiones jurídicas, pues dicha audiencia ninguna incidencia podría tener en la decisión que pudiera adoptarse y la posición de la parte puede entenderse debidamente garantizada por la presencia de su abogado ( SSTC 88/2013, FJ 8, y 125/2017, FJ 5). Por el contrario, resulta incompatible con el derecho a un proceso con todas las garantías que un órgano judicial "condene a quien ha sido absuelto en la instancia, o agrave su situación, como consecuencia de una nueva fijación de los hechos probados que encuentre su origen en la reconsideración de pruebas -como es el caso de las declaraciones de testigos, peritos y acusados- cuya correcta y adecuada apreciación exija necesariamente que se practiquen en una vista pública, en presencia del órgano judicial que las valora y de forma contradictoria, esto es, en presencia y con la intervención del acusado" ( STC 125/2017, FJ 3). Asimismo vulnera ese derecho la condena o agravación en vía de recurso consecuencia de un debate sobre cuestiones de hecho y de derecho que afectan a la declaración de inocencia o culpabilidad del acusado al que no se dio oportunidad de exponer su versión personal sobre su participación en los hechos (últimamente, en extenso, SSTC 125/2017, FJ 5, y 88/2019, FJ 3; y STEDH de 22 de noviembre de 2011, asunto Lacadena Calero c. España, § 38, citada con profusión, entre otras, en las más recientes SSTEDH de 13 de junio de 2017, asunto Atutxa Mendiola y otros c. España, §§ 38, 43, y de 24 de septiembre de 2019, asunto Camacho Camacho c. España, § 30).

Es cierto que la parte recurrente, en el cuerpo del escrito de interposición del recurso interesa la nulidad de la sentencia impugnada, en el presente caso la valoración que realiza el juez a quo de la prueba puede ser discutible, pero no hasta el extremo de considerar irracional ni arbitraria ni constitutiva de un error patente la conclusión a la que llega el juez a quo.

Como enseña la sentencia del Tribunal Supremo nº 407/2017, de 6 de junio, solamente cuando una sentencia absolutoria sea arbitraria, incurra en un error patente, carezca de motivación, introduzca una motivación extravagante o irracional o realice una aplicación de la presunción de inocencia absolutamente al margen de sus contornos racionales, podrá anularse por la fuerza del derecho a la tutela judicial efectiva. La invocación de la presunción de inocencia no blinda frente a cualquier impugnación. Siempre a través del derecho a la tutela judicial efectiva, y aunque con esas limitaciones destacadas, deberá capitular una arbitraria aplicación de la presunción de inocencia (vid. STS 548/2009, de 1 de junio , o supuesto analizado por STC (69/2004, de 6 de octubre ).

El Tribunal Constitucional en materia de recursos de amparo contra sentencias absolutorias, ( SSTC 45/2005 de 28.2 , 145/2009 de 15.6 , ha recordado que la víctima de un delito no tiene un derecho fundamental a la condena penal de otra persona (por todas SSTC. 157/90 de 18.10 , 199/96 de 3.12 , 215/99 de 29.11 , 168/2011 de 16.7 ), sino que meramente es titular del ius ut procedatur, es decir del derecho a poner en marcha un proceso, substanciando de conformidad con las reglas del proceso justo, en el que pueda obtener una respuesta razonable y fundada en Derecho (por todas STC. 120/2000 de 10.5 ). La función del Tribunal Constitucional se limita a enjuiciar si las resoluciones judiciales impugnadas han respetado el ius ut procedatur del justiciable que ha solicitado protección penal de los derechos que las Leyes en vigor reconocen. Supuesto este en que, si es posible declarar la nulidad de la sentencia penal absolutoria al haber sido dictada en el seno de un proceso penal substanciado con lesión de las más esenciales garantías procesales de las partes, pues toda resolución judicial ha de dictarse en el seno de un proceso, respetando en él las garantías que le son consustanciales ( SSTC. 215/99 de 29.11 , 168/2001 de 16.7 ), o en fin, por poder incurrir la sentencia absolutoria en arbitrariedad, irracionabilidad o error patente, no satisfaciendo así las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva ( STC. 45/2005 de 8.2 ).

Continua la indicada sentencia del Tribunal Supremo recordando que no se puede reconvertir el derecho a la tutela judicial efectiva en un motivo casacional de presunción de inocencia invertida y sobre este particular tiene declarado esta Sala, como son exponentes las Sentencias 783/2016, de 20 de octubre , 631/2014, de 29 de septiembre y 601/2016, de 7 de julio , entre otras muchas, que no puede reconvertirse el recurso a la tutela judicial efectiva en un motivo casacional de presunción de inocencia invertida, que reconfigurando este derecho fundamental, lo invierta para ponerlo al servicio de las acusaciones, públicas o privadas, dándole la vuelta al utilizarlo en perjuicio de los ciudadanos acusados en lugar de hacerlo en su beneficio o tutela. Por ello la supuesta falta de racionalidad en la valoración, infractora de la tutela judicial efectiva, no es identificable con la personal discrepancia del acusador recurrente que postula su particular valoración de las pruebas en función de su lógico interés.

Y tampoco se pueden aplicar para la valoración de la supuesta arbitrariedad en sentencias absolutorias los mismos parámetros que en las condenatorias, porque eso significaría vulnerar el principio básico de nuestro ordenamiento penal conforme al cual toda persona acusada es, por principio, inocente, jugando en favor de esa inocencia tanto la insuficiencia probatoria, en sentido objetivo como la insuficiente fuerza de convicción para el Tribunal de la prueba practicada, siempre que la duda del Tribunal competente para el enjuiciamiento sea mínimamente razonable.

Criterio igualmente expresado por el Tribunal Constitucional, que ha afirmado que " al igual que no existe "un principio de legalidad invertido", que otorgue al acusador un derecho a la condena penal cuando concurran sus presupuestos legales ( STC 41/1997, de 10 de marzo , F. 4), tampoco existe una especie de "derecho a la presunción de inocencia invertido", de titularidad del acusador, que exija la constatación de una conducta delictiva cuando la misma sea la consecuencia más razonable de las pruebas practicadas" ( STC 141/2006 , FJ 3).

Por otra parte, visionada la grabación en la que se ha documentación la celebración del juicio, no se detecta el error que se denuncia por el recurrente, ni la equivocación en relación a la valoración que del testimonio de la denunciante realiza la Juez a quo, respecto a la respuesta de si la relación con los vecinos o los de estos con ellos era malísima, expresión que fue pronunciada por la denunciante en el plenario.

Corresponde al Juez a quo valorar los testimonios vertidos en el Juicio, y otorgar mayor o menor credibilidad a unos testimonios frente a otros, siendo precisamente esa la función de Juzgar, al margen de la contradicciones en que puedan incurrir, que no desvirtúan el núcleo de su testimonio.

Se alega inexistencia de valoración sobre la documentación médica aportada, consistente en un informe del hospital universitario general de Villalba, con un diagnóstico e cuadro ansioso depresivo, en el que se hace constar que acude por la situación muy complicada con vecinos, y el otro la petición de cita para el servicio de psicología. Informes médicos que no son valorados porque nada aportan a los hechos de enjuiciamiento, se denuncian unas amenazas, que no han quedado acreditadas, lo que no implica que la denunciante este sufriendo un cuadro ansioso-depresivo, y que a consecuencia de la ansiedad tenga que acudir al psicólogo.

En el parte médico del Centro Hospitalario, folio 60 de las actuaciones se recoge que la paciente acude por crisis de ansiedad desde hace años, y "refiere" situación muy complicada con vecinos.

El informe ofrece un diagnóstico, pero la causa del cuadro que padece la paciente lo "refiere" esta.

De lo expuesto se concluye que las alegaciones de la parte recurrente no pueden prosperar, al no observarse la vulneración de los derechos fundamentales que se denuncian.

TERCERO. En conclusión, a lo expuesto, la pretensión de la parte recurrente no puede prosperar, debiendo ser desestimadas sus alegaciones y rechazada su impugnación.

Declarándose de oficio las costas procesales de esta alzada, al no apreciarse mala fe en el recurrente.

Vistos los preceptos citados y demás de aplicación,