Sentencia Penal 75/2023 Audiencia Provincial Penal de Madrid nº 7, Rec. 114/2023 de 13 de febrero del 2023

PRIMERO.- El Procurador D. Juan Colmenar Verbo, en nombre y representación de D. Victorino, fundamenta su recurso en el error en la valoración de la prueba, y a estos efectos explica que debe tenerse en cuenta que el perito que declaró en el juicio señaló que lo que se cuestiona por la fuerza actuante es el soporte documental presentado por el acusado, mientras que los policías municipales que declararon en el juicio y el anterior respondieron que no realizaron ningún tipo de comprobación al ser evidente su falsedad y no comprobaron la página del INTT ni su base de datos donde figura la licencia referida, concluyendo la parte recurrente que por lo dicho en ese informe no se infiere que los datos ni el contenido recogido en dicho soporte sea falso o no responda a la realidad ya que no consta que se hayan alterado los datos de identidad ni los relativos a la obtención del permiso en Venezuela.

También el recurso recuerda que el acusado ha negado los hechos aclarando que cuando en instrucción dijo que no se había examinado se refería a examinarse en España ya que en España no tiene carnet y no ha podido homologar la licencia al serle retirada por la policía el día de los hechos aclarando que en su país se había examinado y que la cantidad que pagó fue por la gestión de los trámites.

A continuación se invoca el derecho a la presunción de inocencia, reiterando lo antes expuestos respecto a la actuación del perito agente de la policía nacional y de los policías municipales; y por los motivos expuestos considera la parte recurrente que al haber quedado acreditado que es titular de permiso de conducir venezolano no debe ser condenado por el hecho de no haberlo canjeado al no haber podido iniciar el trámite en la D.G.T. de Madrid al habérselo retirado la policía, insistiendo en que la sentencia no ha tenido en cuenta el certificado emitido por el Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela, y tras citar jurisprudencia al efecto se reitera que en este caso no concurren uno de los requisitos exigidos por el delito de falsedad documental al no haber habido una mutación de la verdad objetiva no constando indicios de que se haya dañado o puesto en peligro el bien jurídico protegido por el tipo penal solicitando la aplicación del principio in dubio pro reo y la absolución del recurrente.

El Ministerio Fiscal impugna el recurso interpuesto poniendo de manifiesto que la resolución recurrida es ajustada a derecho y debe confirmarse.

SEGUNDO.- En primer lugar, hemos de destacar que no nos hallamos ante una sentencia inmotivada, arbitraria o de modelo. Antes al contrario en la sentencia se explican de manera clara y coherente, los motivos por los que se han declarado probados determinados hechos con trascendencia penal. Los motivos se basan precisamente en la práctica de pruebas en el acto del juicio oral. Por tanto existen pruebas, las mismas se justifican convenientemente en la sentencia y en consecuencia no se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia.

En tal sentido nuestro Tribunal Supremo en Sentencias de 4 de octubre de 1999 y 26 de junio de 1998, entre otras, señala que para poder apreciar en el proceso penal una vulneración del principio a la presunción de inocencia se requiere que en la causa exista un vacío probatorio sobre los hechos que sean objeto del proceso, o sobre alguno de los elementos esenciales de los delitos enjuiciados, pese a lo cual se dicta una sentencia condenatoria. Si, por el contrario, se ha practicado en relación a tales hechos o elementos, actividad probatoria revestida de los requisitos propios de la prueba de cargo, con sometimiento a los principios de oralidad, contradicción e inmediación, no puede estimarse la violación constitucional basada en la presunción de inocencia, pues las pruebas así obtenidas son aptas para destruir dicha presunción, quedando sometidas a la libre y razonada valoración del Tribunal de Instancia, a quien , por ministerio de la ley, corresponde con exclusividad dicha función ( artículos 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 117.3 de la Constitución Española).

Y, en el presente supuesto, el Juzgador de instancia ha contado con material probatorio suficiente para destruir tal presunción, teniendo en cuenta lo declarado por el acusado en el juicio oral y la contradicción puesta de manifiesto frente a lo declarado durante la fase de instrucción, señalando que lo declarado en el plenario es incompatible con las manifestaciones efectuadas ante el Juzgado de Instrucción, folios 30 y 31 al indicar que facilitó su fotografía para obtener un documento falso y pagó por él 800 bolívares y que no hizo ningún examen para conseguir el permiso de conducir en Venezuela que lo compró a un funcionario del Ministerio, manifestaciones introducidas conforme al artículo 714 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal durante el interrogatorio del Ministerio Fiscal; se insiste en la sentencia que dichas manifestaciones en el Juzgado de Instrucción son absolutamente inequívocas, que no hay confusión posible en las contestaciones, que admitió que el documento era falso por lo que huelga cualquier fundamentación sobre la ausencia de cumplimiento de los requisitos para su obtención lo que también admitió el acusado al afirmar que no se examinó en su país natal; seguidamente la sentencia recalca que las manifestaciones efectuadas por el acusado como investigado prevalecen frente a las vertidas en el juicio oral al ser las mismas absolutamente coincidentes con el resto de la prueba practicada.

Prueba que se examina en la sentencia a continuación señalando que la falsedad documental resulta avalada por la pericial obrante a los folios 43 a 48 ratificado por su autor en el juicio oral, y que si bien la defensa impugnó el informe en su escrito se trata de una impugnación genérica y que si bien en el juicio oral ha concretado y tratado de fundar en el documento presentado al inicio del acto, documento expedido por el Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela en Madrid en el que se hace constar que el acusado es titular de una licencia de conducir venezolana emitida el 12.4.2013 por el INTT, dicha licencia no es otra que la obrante al folio 43 que es falsa tal y como resulta de la pericial y de lo manifestado en su día por el acusado, pareciendo obvio que si una persona obtiene un documento falso para un uso determinado lo haga con la finalidad de que el mismo le sirva para ello, el acceso de dicho documento al sistema que refleja la existencia de la licencia, no es sino consecuencia del delito de falsedad.

También en la sentencia se explica que el autor del informe pericial indicó que efectuó análisis comparativo entre un documento original y el intervenido concluyendo que es íntegramente falso, explicando las comprobaciones tanto en el soporte como en el contenido y las irregularidades detectadas; se añade en la resolución recurrida el contenido de las declaraciones prestadas por los funcionarios de policía local absolutamente coincidentes; la sentencia destaca el carácter coherente de las declaraciones testificales con el resto de pruebas practicadas, la actitud nerviosa del acusado, su reticencia a entregar la licencia y las explicaciones que facilitó de forma espontánea a los agentes cuando éstos examinaban con mayor detenimiento el documento que coincide exactamente con lo que el acusado declaró en el Juzgado de Instrucción y con el resultado de la pericia practicada, y que la testifical del primer gente corrobora lo ya indicado, que la misma persona que confeccionó el docuemnto falso a petición del acusado es la que logró el acceso del mismo a las bases de tráfico de su país lo que avala el documento presentado en el inicio del juicio.

Las pruebas se han practicado, obviamente, con todas las garantías de oralidad, inmediación y sobre todo contradicción, propias del juicio oral. La interpretación de la práctica de dichas pruebas ha sido correcta y además explicada en la propia resolución apelada. Por tanto hay actividad probatoria y no precisamente mínima y además actividad probatoria más que suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia.

Revisada la grabación del juicio y la prueba documental disponible, este Tribunal alcanza la misma conclusión condenatoria.

El acusado declaró que conducía ese día por ese lugar con un ciclomotor, es vehículo no es suyo, fue interceptado por agentes de policía local y le pidieron la documentación del vehículo y les entregó un permiso, preguntado por su declaración en el Juzgado de Instrucción dice que no se había examinado en España pero que en su país hizo los cursos y todo lo reglamentario para obtener su permiso de conducir, se le recuerda lo que declaró en el Juzgado de Instrucción y dice que la persona que le atendió trabajaba en el INTT y le atendió al momento que fue a hacer su gestión, se le recuerda que dijo que se lo había comprado por 800 bol y dice que no que pasó ese dinero por toda la gestión del carnet, pero no se lo compró en ningún momento, sí se examinó, y preguntado por lo que dijo en Instrucción dice que lo que le preguntaron es que si había hecho algún trámite en España, reconoce que ha hecho el trámite de asilo pero no de conducción no ha podido porque le retiraron el carnet llevaba cuatro meses en España, ha tratado de hacer la gestión, eran solicitante de asilo en el momento y se lo denegaron por razones humanitarias, no ha homologado ningún tipo de permiso, no lo ha hecho porque lo tuvo retenido, está retenido por el juzgado de aquél entonces por eso no pudo hacer ningún tipo de gestión acá

El funcionario del Cuerpo de Policía Municipal con carnet profesional número NUM002 declara que conoce los hechos por los que viene a declarar, esta actuación fue que dieron el alto a esta persona que iba conduciendo un ciclomotor y le solicitaron un ciclomotor y se identifica con un pasaporte y un permiso de conducir ambos de Venezuela, comprueban los documentos y presentan un aspecto formal pero observando el permiso de conducción observan que el laminado estaba un poco deteriorado y la persona estaba un poco reticente y nervioso y de forma espontánea les dice que al parecer el permiso estando en Venezuela se había cercado un amigo suyo que era funcionario del INTT y que se le ofreció a cambio de dinero una cantidad de 800 bolívares que se lo hacía, después se tenía que reunir con él le dio una foto y directamente se lo dio y le inscribía en la página de lo que aquí es la DGT, y antes estas manifestaciones, al no ser ellos expertos en esta materia, contactaron con la Unidad y les dijeron que tenía indicios de falsedad y por este motivo se le detuvo e hicieron las diligencias en Comisaría y le intervinieron el documento, él dijo que nunca había hecho ninguna prueba que nunca se había examinado. No tiene acceso a la página del INTT, ellos llamaron a la Unidad especializada en esta materia y ellos denotaron que había indicios, de todas formas, a partir de esa fecha 2018 empezó a venir mucho ciudadano de Venezuela y era prácticamente todos los días, y también ha dado con permiso que tenía aquí canjeado, se ha suspendido el canje dos veces actualmente está suspendido, es algo parecido

El funcionario del Cuerpo de Policía Municipal con carnet profesional número NUM003 declaró que conoce estos hechos, le dieron el alto y le pidieron la documentación y les entrego un permiso de conducir de Venezuela junto con el pasaporte, iba conduciendo un ciclomotor le dieron el alto porque les llamo la atención al percatarse de estar a su altura hizo un cambio de movimiento para evitar la parada, se identificó según ha dicho y les llamó la atención el permiso de conducir porque el laminado estaba bastante deteriorado y que él estaba bastante nervioso a la hora de entregarles el documento y mientras examinan en profundidad el documento les dijo que nunca se había examinado que tenía un contacto en tráfico de Venezuela le había dado dinero junto con una foto y le había hecho entrega de su permiso de conducir, se ponen en contacto con los compañeros de Coordinación Judicial que confirmaron que se trataba de un documento falso, proceden a su detención

La prueba pericial practicada en el plenario fue la siguiente:

El funcionario del Cuerpo Nacional de Policía con carnet profesional número NUM004 declaró que se ratifica en el informe obrante en autos, se hizo un informe comparativo comparan un documento original con el dubitado presentado y llegaron a la conclusión de que el documento era íntegramente falso; la comprobación se hizo sobre el soporte y sobre el contenido, faltaba la luz ultravioleta, el laminado que estaba imitado y los datos de documentación también estaban hechos mientras que los originales están en offset; no hacen la confirmación con la web de la INTT porque solo les remite la filiación y el número de permiso de conducir porque es irrelevante, sino la fotografía o datos biométricos para identificar a esta persona, lo que hacen es un estudio de laboratorio intentando ser lo más objetivos posibles

Teniendo en cuenta el anterior material probatorio, así como el informe pericial obrante en las actuaciones, el documento dubitado unido también, así como las contradicciones apreciadas en la declaración del acusado en el juicio oral frente a la versión sostenida en el Juzgado de Instrucción que, como bien dice la sentencia, resulta absolutamente clara sin que permita introducir ningún elemento de duda sobre lo que dijo él mismo asistido de letrado y con información de sus derechos, absolutamente contradictoria con lo mantenido en el juicio oral en el ejercicio de su legítimo derecho a no declararse culpable, y atendiendo al resto de pruebas practicadas, y también el documento expedido por el Consulado General mencionado, este Tribunal a la vista de la sobrada y acertada motivación de la sentencia, confirma y respalda absolutamente la valoración probatoria realizada y la convicción condenatoria asumida.

A la vista de las anteriores pruebas personales, en primer lugar hay que señalar que los informes periciales son precisos para conocer o apreciar algún hecho o circunstancia importante cuando fuesen necesarios o convenientes conocimientos científicos o artísticos para ayudar al juzgador a descubrir la verdad; el perito informa, asesora o descubre los procesos técnicos o prácticos de los que pueda carecer el juzgador, siendo la pericia una prueba de apreciación discrecional o libre, no legal o tasada, de manera que el tribunal valorará los dictámenes periciales según las reglas de la sana crítica; se trata de una prueba de carácter personal donde el principio de inmediación procesal tiene una relevancia especial y como tal prueba queda sujeta a la valoración conjunta de todo el material probatorio conforme a lo previsto en el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Pues bien, el informe emitido por la Brigada de Policía Científica ratificado en el juicio, explica la forma en que se hace el análisis de laboratorio, comparando un documento original con el documento dubitado, el instrumental técnico utilizado y el fondo documental consultado, localizando las irregularidades que se citan: aplicada la luz ultravioleta al documento intervenido emite un índice de fluorescencia distinto diferenciado de los originales careciendo los motivos que reaccionan a esta luz y que como medida de seguridad incorporan los indubitados; el documento original presenta un laminado holográfico presente en el anverso y en el documento dubitado presenta dicho laminado imitado y sometido al espectrocomparador se observa un laminado el cual no se corresponde con el del documento genuino, y por último que a través del microscopio se comprueba que el documento intervenido ha sido cumplimentado con el mismo sistema de impresión en su totalidad lo que no sucede con el documento original que presenta diferentes sistemas de impresión impresos en sistema offset, no sucediendo lo mismo con el documento estudiado que difiere de localidad y nitidez del citado sistema, concluyendo que el permiso de conducir estudiado es íntegramente falso.

Ciertamente con ocasión del juicio oral se ha aportado documento que consta expedido por el Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela en Madrid; en este documento fechado el 12 de noviembre de 2021, exclusivamente se indica que el aquí acusado es titular de la cédula de identidad venezolana NUM001 y titular de una licencia de conducir de tipo segundo grado obtenida en fecha 12/04/2013; ahora bien, la explicación ofrecida en la sentencia recurrida, es absolutamente acertada y ello teniendo en cuenta las pruebas personales y documentales practicadas; se confecciona un documento falso, la licencia de conducir, que no soporta, a criterio de este Tribunal, el más mínimo filtro de legalidad y veracidad de la licencia intervenida, y ello a la vista de todas las irregularidades antes explicadas, y una vez con dicho documento falso se consigue introducir la vigencia de dicha licencia en la base de datos del INTT venezolano, lo que no quiere decir que el documento intervenido sea auténtico, al contrario por todos los signos analizados en el laboratorio técnico policial tal y como se ha detallado y explicado en el juicio oral.

Por tanto, lo cierto es que existen pruebas de cargo suficientes que permiten desvirtuar el derecho a la presunción de inocencia del acusado, y es que la sentencia valora perfectamente todas las pruebas disponibles y practicadas.

En definitiva, se otorga total objetividad y base científica al informe oficial emitido y, por tanto, esta Sala no aprecia la existencia de un error patente, ni tampoco ausencia o irracionalidad en la motivación respecto de la valoración de la prueba.

Cuando la prueba tiene carácter personal, importa mucho, para una correcta ponderación de su persuasividad, conocer la íntegra literalidad de lo manifestado y, además, percibir directamente el modo en que se expresa, puesto que el denominado lenguaje no verbal forma parte muy importante del mensaje comunicativo y es un factor especialmente relevante a tener en cuenta al formular el juicio de fiabilidad.

El juzgador en primera instancia dispone de esos conocimientos, en tanto que el órgano competente para resolver el recurso de apelación sólo conoce del resultado de la prueba practicada. No obstante, en la actualidad contamos con la grabación del acto del juicio oral, de inestimable valoración. Así pues la escucha y visionado del DVD incorporado las actuaciones lleva este tribunal a entender que los hechos fueron conforme expone la juzgadora en su relato y que además del elemental principio de prudencia (la pauta de la sana crítica aplicada al control de la valoración de la prueba en la segunda instancia) aconseja no apartarse del criterio del juzgador de primera instancia, salvo cuando el error de valoración sea patente.

No sucede así en este caso; la alegación del recurrente no pone de manifiesto sino su legítima discrepancia con la valoración de la prueba que ha realizado, de forma correcta y adecuada, la Juez cuya sentencia se impugna, bajo los principios de inmediación y de imparcialidad, pretendiendo sustituir su apreciación por la del titular del órgano que juzga en primera instancia.

Por todo lo expuesto, queda extramuros del principio de presunción de inocencia la discrepancia en la distinta credibilidad que el juzgador otorgue a los distintos testigos y acusados que ante él depusieron. Así enseña la Sentencia T.C. de 16- 1-95 "El que un órgano judicial otorgue mayor valor a un testimonio que a otro forma parte de la valoración judicial de la prueba ( SSTC 169/90, 211/91, 229/91, 283/93, entre otras muchas) y no guarda relación ni con el principio de igualdad ni con el derecho fundamental a la presunción de inocencia."; y la Sentencia T.C. de 28-11-95 "la valoración de la prueba queda extramuros de la presunción de inocencia ( SSTC 55/82, 124/83, 140/85, 254/88, 201/89 y 21/93)" )". En iguales términos TS 2ª, S 03-11-2000 "la existencia de testimonios contradictorios sobre los hechos no obliga al juzgador a dudar más de lo que debe obligar en principio cualquier imputación, como necesaria consecuencia del carácter de verdad provisional que tiene la institución de la presunción de inocencia. Si, ponderando las pruebas de distinto signo que ha presenciado, el juzgador llega a tener la certeza moral de la culpabilidad del acusado, su obligación es precisamente declararla. El principio "in dubio pro reo", de la misma forma que el derecho del acusado a la presunción de inocencia, veda la emisión de un pronunciamiento condenatorio si no se han superado las dudas sobre la culpabilidad del acusado, pero no otorga a éste el derecho a que el Tribunal dude ante pruebas contradictorias. Justamente porque en el caso enjuiciado por la sentencia recurrida puede hablarse de pruebas contradictorias, esto es, de pruebas de cargo y de descargo, es por lo que no se puede sostener que, con la condena del recurrente, haya sido violado su derecho a la presunción de inocencia".

TERCERO.- No apreciándose temeridad ni mala fe en la parte recurrente, procede hacer pronunciamiento alguno de las costas de esta alzada.

VISTOS los preceptos legales citados, y los demás de general y pertinente aplicación, en nombre de su Majestad El Rey y por la autoridad que el Pueblo Español me confiere: