Sentencia Penal 544/2023 Audiencia Provincial Penal de Madrid nº 7, Rec. 283/2022 de 15 de noviembre del 2023

PRIMERO-. Valoración de la prueba.

1. Parte de los hechos que se declaran probados no han sido controvertidos. Así ambos causados, D. Raúl y Dª. María Dolores, han reconocido que tenían con los centros de trabajo la relación alegada por la acusación. El primero admitió ser propietario del Hostal Vega y gerente del mismo, mientras que el Hostal Almansa era propiedad de su padre D. Dionisio, participando en su gestión. Dª. María Dolores manifestó que era trabajadora de ambos centros.

2. Las circunstancias relativas al procedimiento laboral tramitado a instancias de Dª. Adriana resultan documentadas y tampoco ha sido controvertidas. Consta la demanda formulada al folio 46 y ss, la sentencia dictada por el Juzgado de lo social al folio 67 y ss, de cuyos antecedentes hemos tomado el sentido contestación de los demandados. La sentencia dictada por el TSJM, confirmando la anterior, consta al folio 443 y ss. Finalmente se aporta al folio 47 en CD el acta grabada del juicio oral. Consta que Dª. María Dolores compareció como testigo a propuesta de los demandados y respondió con claridad que Dª. Adriana nunca llegó a trabajar en los hostales (en el minuto 16:57). Consta también que la acusada contestó a las preguntas sucesivamente formuladas en aquella vista aportando detalles, pero en todo caso en el sentido de negar que Dª. Adriana hubiera trabajado o prestado servicios retribuidos para los demandados. Consta finalmente que la testigo fue debidamente juramentada. Estas manifestaciones, además de documentadas en el acta certificada por el LAJ del Juzgado de lo Social, han sido asumidas por la acusada en el plenario.

3. El objeto del debate se circunscribe por tanto al hecho de determinar si las manifestaciones realizadas por la acusada eran falsas y si así lo sabían tanto Dª. María Dolores como D. Raúl, que la propuso.

Así lo entiende la Sala. Ambos acusados han reiterado en el plenario lo que en su día sostuvieron en el procedimiento laboral. D. Raúl ha sostenido que nunca contrató a Adriana, a la que solo conoce porque acudía ocasionalmente a los hostales como amiga de María Dolores. Por su parte Dª. María Dolores relata que Adriana nunca ha trabajado para los hostales, si bien es cierto que acudía regularmente para ver si la contrataban. Sostiene además que, de forma esporádica y no retribuida, le echaba una mano porque no tenía nada que hacer y vivía muy cerca. Confirmaría la versión de los acusados la testigo Dª. Enma, esposa de D. Raúl, y trabajadora del establecimiento, con responsabilidades de hecho no precisadas, que también concluye que Adriana no trabajaba en los hostales, si bien venía con regularidad, quedándose para tomar café y charlar.

Por el contrario Dª. Adriana sostiene que fue María Dolores quien la llamó para trabajar en los hostales, primero los fines de semana y después en momentos de sustitución, hasta que estuvo trabajando a jornada completa. Explica que gestionó esta relación con Dª. Enma, que era quien le daba indicaciones. Finalmente refiere que pactaron su salario de forma verbal, primero con Enma y después con Raúl, y se le pagaba regularmente en efectivo, una cantidad que fue desde los 500 hasta los 1.200 euros según las horas trabajadas. Reconoce que no tenía contrato escrito y que carecía de permiso de residencia y trabajo. También que hacía horas por las tardes en una casa particular. Confirma la versión de la denunciante D. Luis Pedro, que fue empleado del hostal y que asegura que Adriana era una trabajadora y que así la trataba Raúl. Es importante señalar que el testigo refiere que con ocasión de la demanda formulada por Dª. Adriana, D. Raúl le propuso declarar en el procedimiento social manifestando Adriana no trabajó en el hostal, a lo que el testigo se negó a sabiendas de la falsedad que supondría tal testimonio. Finalmente, conforme al artículo 730 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se ha reproducido en el plenario la declaración prestada en fase de instrucción, a presencia de la defensa, por D. Alonso, en paradero desconocido como resulta de oficio de 8 de noviembre de 2.023 remitido por funcionarios del CNP y que obra unido al rollo de Sala. En dicha declaración, obra en CD al folio 279 de la causa, el Sr. Alonso confirmó que Adriana realizó tareas como camarera de piso y que lo sabe porque también trabajaba en los hostales.

3. Estas versiones aparecen además corroboradas por una extensísima relación de mensajes de texto y de audio intercambiados a través de la aplicación WhatsApp entre Adriana y María Dolores y entre Adriana y Enma. Estos mensajes se aportan en soporte documental (f 8 a 27 y 339 y 434 y 437 a 440) así como en audios registrados en CD (f 436) que han sido escuchados en el plenario. Si observamos los mensajes transcritos a los folios 437 y ss, intercambiados entre Adriana y Enma, se observa que ésta, en referencia a Raúl, pregunta a la denunciante sobre su disponibilidad horaria y, reiteradamente, indica a Adriana cuando tiene que acudir a los hostales en términos compatibles solo con una relación de trabajo. En el mismo sentido, a los folios 339 y ss, entre los muchos mensajes intercambiados entre Adriana y María Dolores, resultan algunos que solo se explican de asumir que ambas compartían obligaciones laborales en los hostales. Así, y solo a título de ejemplo, el 26 de junio de 2.017, a partir de las 22:59 horas Adriana le dice a María Dolores que Enma le ha dicho que quiere que la sustituya -a María Dolores- los miércoles, jueves, sábado y domingo y a partir de ese momento intercambian comentarios sobre libranzas y salario; el 17 de julio María Dolores le dice a Adriana que no puede ir al hostal porque está haciendo una gestión, pero que la sustituye Dionisio y Adriana refiere que " hoy y el viernes" la va cubrir a " ella" en referencia a Enma; el 29 de julio Adriana le dice a María Dolores que escriba a Raúl y le pregunta si está disponible el viernes por la tarde; el 5 de octubre a las 22:05 Adriana le dice a María Dolores, "mañana no voy porque no me avisó Enma"; 7 de noviembre a las 13:07 Adriana le dice a María Dolores que Luis Pedro irá a ayudarla, que Raúl le dijo -a Luis Pedro- que no se metiera con ellas, que Raúl le dijo las habitaciones que había que limpiar y que Enma le ha dicho que desde que ellas son las que limpian, ha subido la calificación del hostal; 27 de noviembre a las 15:22 Adriana escribe " María Dolores te puedo dejar los baños" y " te hago todas las camas". Este intercambio de mensajes, de difícil comprensión si se analiza cada uno de ellos aisladamente, muestra en su conjunto que ambas amigas trabajaban juntas en el hostal, siguiendo las órdenes de Enma y de Raúl.

La acusada Dª. María Dolores y la testigo Dª. Enma no han reconocido los mensajes supuestamente intercambiados. Es sabido que respecto a los archivos de impresión con conversaciones en sistemas de mensajería instantánea la carga de la prueba de su veracidad corresponde a quien los aporta. Así TS en Sentencia 300/2015 de 19 Mayo 2015 se razona que: " La prueba de una comunicación bidireccional mediante cualquiera de los múltiples sistemas de mensajería instantánea debe ser abordada con todas las cautelas por la posibilidad de manipulación de los archivos digitales mediante los que se materializa ese intercambio de ideas. De ahí que la impugnación de la autenticidad de cualquiera de esas conversaciones, cuando son aportadas a la causa mediante archivos de impresión, desplaza la carga de la prueba hacia quien pretende aprovechar su idoneidad probatoria. Será indispensable en tal caso la práctica de una prueba pericial que identifique el verdadero origen de esa comunicación, la identidad de los interlocutores y, en fin, la integridad de su contenido ".

Sin embargo, también ha razonado el Alto Tribunal, que esta carga implica para quien aporte los archivos conocer su cuestionamiento a través de un adecuado acto de impugnación que permita a su vez a la parte proponer y practicar prueba para adverarlos. Así la STS 332/2019 de 27 de junio (Pte Magro Servet) razona que " Y la verdadera y propia impugnación puede llevarse a cabo en el escrito de defensa con respecto a la prueba digital aportada por la acusación, por lo que lo correcto hubiera sido proponer, como contestación a la impugnación, el complemento de la pericial informática que debe ser admitida al no ser extemporánea, ya que se refiere a una exigencia que dimana de la impugnación de la defensa de la prueba de la acusación y ello desplaza la carga de la proposición probatoria a la acusación".

Volviendo al caso que nos ocupa, la defensa de Dª. María Dolores, a la que se atribuyen los mensajes, no los impugnó, por lo que la acusación que los aporta no pudo atender a la necesidad de acreditar su veracidad. Por otra parte, el contenido de los citados mensajes ha sido negado por la acusada de forma escasamente creíble, dubitativa, sin que la Sala llegue a tener claro si no recuerda su contenido o si llanamente los niega. En todo caso, el contenido de los mensajes aportados es compatible con la testifical aportada por D. Luis Pedro y D. Alonso, y es coherente con la presencia reconocida de la denunciante en el centro de trabajo.

4. En conclusión, atribuimos plena credibilidad a las versiones de la denunciante y de los dos testigos antes mencionados. Su relato es claro y preciso, ofrecido con seguridad, sin reticencias ni incoherencias internas. No podemos decir lo mismo de lo referido por los acusados, en especial por Dª. María Dolores, que se ha mostrado dubitativa e insegura en sus respuestas.

Pero lo más relevante es que el relato pretendido por los acusados es en sí mismo incoherente. Se pretende que Adriana frecuentaba los hostales porque no tenía nada más que hacer y vivía en las proximidades y que ayudaba ocasionalmente con las tareas por buena voluntad y a cambio de nada. Esta versión, que pretende explicar de modo alternativo al pretendido por la acusación la presencia de la denunciante y alguno de los mensajes mencionados, carece de sentido y sencillamente no resulta creíble.

Por cuanto se refiere al testimonio de Dª. Enma, si bien es cierto que pretende respaldar la versión de la defensa, también lo es que ha de interpretarse como el prestado por la esposa de uno de los acusados, D. Raúl, que además tenía un evidente interés personal en el funcionamiento de los establecimientos.

La defensa pretende desvirtuar los testimonios de D. Alonso y D. Luis Pedro en la existencia de una animadversión hacia los acusados. No se percibe así. Si bien es cierto que ambos fueron empleados de los hostales y que su relación no terminó de manera satisfactoria, también lo es que esta circunstancia podría determinar una animosidad respecto de D. Raúl, pero no respecto de Dª. María Dolores. Además, fuera del cese más o menos satisfactorio de la referida relación, nada se prueba en relación con el particular.

Finalmente el contenido de los mensajes aportados reforzaría esta conclusión.

No es obstáculo para esta conclusión que Dª. Adriana careciera de permiso de residencia y trabajo. Nótese que no definimos desde un punto de vista jurídico la relación existente entre Dª. Adriana y D. Raúl, sino que nos limitamos a considerar acreditado que aquella realizaba por cuenta de éste tareas o servicios retribuidos. Sobre este particular es sobre el que depuso Dª. María Dolores en términos que la Sala entiende falsos.

6. Concluimos también que de haber declarado Dª. María Dolores conforme a la verdad el sentido de la resolución dictada por el Juzgado de lo Social hubiera sido distinto y se hubiera declarado probada la relación laboral alegada por la demandante. Así se deduce de los razonamientos expresados en la citada sentencia que se refiere a la falta de prueba aportada por la demandante de la referida relación, prueba que, de haber dicho la verdad la testigo, unida a la documental practicada, podemos deducir que hubieran logrado que la demanda fuera estimada.

No se nos formula por ninguna de las acusación alegación relativa a cuál hubiera sido el resultado de la estimación de la demanda por cuanto se refiere al importe de la indemnización por despido ni a los salarios de tramitación, ni en fin se nos aportan los datos para la determinación de esta indemnización, por lo que el Tribunal no puede ni debe hacer pronunciamiento alguno al respecto. Solo recordar aquí que la indemnización por despido procede también para los trabajadores sin contrato y no regularizados.

SEGUNDO-. Calificación jurídica de los hechos.

1. Los hechos atribuidos a la acusada Dª María Dolores son constitutivos de un delito de FALSO TESTIMONIO previsto en el artículo 458.1 del Código Penal.

El precepto castiga a " El testigo que faltare a la verdad en su testimonio en causa judicial ...". Nuestra jurisprudencia ha considerado que el delito se comete cuando el testigo declara apartándose conscientemente de la verdad, forma más literaria que decir que llanamente el testigo miente. Así la STS 189/2015 de 7 de abril (Pte Palomo del Arco) razona que " El delito de falso testimonio consiste pues, en la consciente y deliberada falsedad o mentira de la declaración del testigo o en una falta de la verdad maliciosa en el informe pericial. Pero se requiere, no solo la objetiva falta de verdad en la declaración o en el dictamen sino, además, el dolo directo, consistente en conocer la falsedad y querer así expresarla".

También la STS 327/2014 de 24 de abril (Berdugo Gómez de la Torre) razona también que " En cuanto a la falsedad de las declaraciones, ha de recaer sobre aspectos esenciales a efectos del enjuiciamiento, y no sobre cuestiones intrascendentes, debiendo referirse a hechos y no a opiniones o simples juicios de valor. No se trata de la credibilidad mayor o menor del testigo, sino de que falte sustancialmente a la verdad; dicho de otra manera: que mienta en aquello que le es preguntado."

En conclusión, dice a la segunda de las citadas que: " Así, pues, el delito se integra de dos elementos: el subjetivo, constituido por el dolo integrado por la conciencia de la alteración de la verdad (imposible de cometer por imprudencia) y la voluntad de emitir la falsa declaración (lo que habrá de ser puesto en relación con la teoría del error), sin que sea preciso que se abarque la trascendencia que pueda tener en la posterior resolución judicial, a la que la declaración sirve como medio de prueba; y el objetivo, consistente en la falta a la verdad sobre extremos sustanciales o esenciales, pues junto al falso testimonio pleno, existe otra figura, calificada por la doctrina clásica como falso testimonio parcial, en la que se pena la reserva, inexactitud o reticencia en la declaración, que no obstante no sea sustancial o esencial (artículo 460), y que puede ser apreciado, sin quiebra del principio acusatorio, en cuanto se trata de un delito homogéneo con el previsto en el art. 458, por cuanto los elementos típicos de aquél están incluidos en éste, y de menor gravedad punitiva".

En el caso analizado se considera probado que Dª. María Dolores declaró en el procedimiento laboral a la que había sido citada como testigo afirmando que la demandante Dª. Adriana no llegó a prestar servicios retribuidos en el hostal del demandado, lo que era mentira, tal como sabía la acusada. Se trataba además de una cuestión esencial en el referido procedimiento, en el que la existencia de dicha prestación de servicios era el fundamento de la pretensión de la actora y, su negación, base de la alegación de los demandados. La falta de veracidad del relato ofrecido por la testigo fue determinante, a criterio del Tribunal, del sentido del fallo en aquel procedimiento.

2. Por la acusación particular se atribuye también a D. Raúl un delito de falso testimonio previsto en el artículo 458 del Código Penal. Sin embargo, D. Raúl no puede ser autor del citado delito por la sencilla razón de que no fue testigo y porque en los escritos de calificación no se hace referencia a aquello sobre lo que pudo declarar en el Juzgado de lo social. En efecto, el delito de falso testimonio " Es un delito especial y propio, en tanto que solamente pueden cometerlo aquellos que sean testigos en causa judicial, como analizaremos más adelante, y los "extranei" pueden participar mediante un acto de inducción, pero difícilmente mediante cooperación necesaria". STS 327/2014 de 24 de abril (Berdugo Gómez de la Torre)

La pretensión ha de ser en este punto desestimada.

3. Los hechos descritos atribuidos al acusado D. Raúl son constitutivos de un delito de PRESENTACIÓN DE TESTIGO FALSO previsto en el artículo 461.1 del Código Penal.

Castiga el precepto citado a "El que presentare a sabiendas testigos falsos ...". Se trata de una infracción asociada a la comisión de un delito de falso testimonio, al que hemos hecho referencia. Solo procede considerar aquí que el acusado, como demandado en un procedimiento laboral, propuso, por si o a través de su representante procesal, a la testigo Dª. María Dolores con la finalidad que esta prestase en dicho procedimiento un falso testimonio.

4. Los hechos atribuidos a D. Raúl son constitutivos de un delito de ESTAFA PROCESAL, previsto en el artículo 250.1 7ª del Código Penal.

El 250.1.7ª del Código Penal castiga los supuestos en los que: " Se cometa estafa procesal. Incurren en la misma los que en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el juez o tribunal y llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero".

Se define por tanto la estafa procesal como una modalidad de estafa caracterizada por la peculiaridad de que el sujeto pasivo engañado es en realidad el titular del órgano jurisdiccional a quién, a través de una maniobra procesal idónea, se le induce a seguir un procedimiento y/o a dictar una resolución que de otro modo no hubiera sido dictada. Así ocurre en el supuesto examinado en el que D. Raúl, mediante la aportación de una testigo que mintió en su declaración, desvirtuó las alegaciones de la demandante, haciendo que fueran desestimadas por la Magistrada que conocía de la causa. Entendemos que la conclusión del procedimiento laboral hubiera sido distinta de no haber depuesto mendazmente la testigo, porque, de haber manifestado, tal como consideramos probado, que la demandante había prestado servicios retribuidos por cuenta del demandado, se hubiera formulado de un relato fáctico diferente.

Puede ser sujeto activo del delito el demandado. Una de las consecuencias de la consideración clásica de la figura de la estafa procesal como subtipo cualificado, era que no podía ser sujeto activo de la misma el demandado, puesto que en puridad el demandado se limita a oponerse a la demanda y, salvo que formule reconvención, no pretende y no determinará al Juez a imponer a la otra parte un acto que suponga una disposición, sino únicamente a la desestimación de su demanda.

Esta consideración sin embargo ha evolucionado a la vista de la actual definición de la estafa procesal como una figura distinta de la forma común. Así resultaría de la redacción del actual art. 250.1 7ª del Código Penal en el que se considera que comete el delito el que manipulare las pruebas provocando error en al juez o tribunal y determinado a éste a dictar una resolución que " perjudique los intereses económicos de la otra parte". Así lo ha considerado la STS 999/2016 de 17 de enero de 2017 (Pte Varela Castro) en la que se razona que " Ese perjuicio ya no parte pues necesariamente de un desplazamiento patrimonial a partir de la errada decisión judicial. Ahora la secuencia hasta la producción del perjuicio puede comenzar por quien realice cualquiera de los actos típicos prescindiendo de su condición en el proceso. Será sujeto típico tanto el demandante como la otra parte. Y no se requiere el acto de desplazamiento patrimonial vinculado causalmente al error. Basta de manera genérica la producción de un perjuicio. Y éste puede no consistir en un desplazamiento patrimonial sino en la evitación de éste, cuando el demandado habría de llevarlo a cabo a favor del actor".

5. Entre las dos infracciones atribuidas a D. Raúl se da una relación de concurso medial prevista en el artículo 77.3 del Código Penal, tal como alegan las acusaciones.

TERCERO-. Participación de los acusados.

Son responsables criminalmente en concepto de autores los acusados, por haber realizado material, directa y voluntariamente los hechos que integran los mencionados delitos en sus respectivos casos ( art. 27 y 28 del C.P).

CUARTO-. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

No concurren en los acusados circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, que no se han alegado.

QUINTO-. Pena.

1. Procede imponer a la acusada Dª. María Dolores, como autora de un delito de falso testimonio la pena de NUEVE MESES DE PRISIÓN y CUATRO MESES MULTA con una cuota diaria de DIEZ EUROS con un día de responsabilidad personal por cada dos cuotas no pagadas.

Se opta por imponer la pena en su mitad inferior, pero en una extensión algo superior a la mínima legal considerando que el falso testimonio se prestó en causa laboral por despido, procedimiento que se asocia a una situación de necesidad del trabajador afectado, en especial por cuanto se refiere a una trabajadora precaria como era la denunciante.

El artículo 50.5 del Código Penal, expresa la obligación de motivar tanto la extensión de la pena de multa como de fijar el importe de las cuotas en función de criterios que expresa. La cantidad fijada de 10 euros por día se ajusta a lo que cabe considerar un estándar de capacidad económica, por lo que únicamente en el caso que se aprecie que el condenado está por debajo de un nivel patrimonial que racionalmente cabe atribuir al común de los ciudadanos, dicho importe puede reputarse excesivo.

En este sentido cabe recordar que el TS en S 320/12 de 3 de mayo (Pte. Colmenero Menéndez de Luarca) desestimó el recurso formulado contra sentencia en la que fijaba la cuota de diez euros, "sin motivación alguna" al considerar que "La cuota fijada en la sentencia se encuentra mucho más cercana al mínimo posible de dos euros diarios que al máximo, establecido en cuatrocientos euros, por lo que en realidad no precisaría de una motivación especial".

En el caso que nos ocupa no se alega ni prueba que la acusada tenga una capacidad económica inferior a la referida, por lo que dicha cuota se considera ajustada

2. Procede imponer al acusado D. Raúl la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN y MULTA DE NUEVE MESES con una cuota diaria de DIEZ EUROS con un día de responsabilidad personal subsidiaria por cada dos cuotas no pagadas.

Se parte de la pena prevista para el delito más grave de los que integran el concurso medial ( art. 77.3 del Código Penal), en este caso el delito de estafa. La regla penológica establecida en el artículo 77.3 del Código Penal ha sido recientemente analizada por la STS 30/18 de 19 de enero (Pte Palomo del Arco) que establece tres límites: " 1º Suelo: El límite mínimo no se refiere a la pena "superior en grado" de la establecida legalmente para el delito más grave, lo que elevaría excesivamente la penalidad y no responde a la literalidad de lo expresado por el Legislador, sino a una pena superior a la que habría correspondido, en el caso concreto, por la infracción más grave. Es decir, si una vez determinada la infracción más grave y concretada la pena tomando en consideración las circunstancias y los factores de individualización, se estima que correspondería, por ejemplo, la pena de cinco años de prisión, la pena mínima del concurso sería la de cinco años y un día. - Techo: El límite máximo de la pena procedente para el concurso no podrᎠexceder de la "suma de las penas concretas que hubieran sido impuestas separadamente para cada delito". Es preciso determinar la pena en concreto del delito menos grave, teniendo en cuenta, como en el caso anterior, las circunstancias concurrentes. Si, por ejemplo, dicha pena fuese de cuatro años, el marco punitivo del concurso iraŽ de cinco años y un día como pena mínima, a nueve años (cinco del delito más grave, más cuatro del segundo delito) como pena máxima. - Remisión a las reglas del art. 66: Dentro de dicho marco se aplicarán los criterios expresados en el art 66 CP , pero, como señala acertadamente la Circular 4/2015 de la FGE, que sigue este mismo sistema, en ese momento ya no debemos tener en cuenta las "reglas dosimétricas" del artículo 66 CP , porque ya se han utilizado en la determinación del marco punitivo y, caso de hacerlo, se incurriría en un "bis in ídem" prohibido en el art. 67 CP . Deben tomarse en cuenta los criterios generales del art 66, pero no las reglas específicas, que ya han incrementado el límite mínimo del concurso por la apreciación de una agravante, que no puede ser aplicada de nuevo".

Se valoran así las circunstancias ya expresadas en relación al tipo de procedimiento al que se asocian los delitos, pero también, en este caso, a la especial responsabilidad del acusado como empleador y a la pluralidad de infracciones cometidas. Estas circunstancias, sumadas a la falta de circunstancias de atenuación, nos llevan a considerar que la pena mínima no es adecuada al caso concreto y que debe elevarse ésta en los términos referidos.

SEXTO-. Responsabilidad civil.

El art. 109 del Código Penal establece que la ejecución de un hecho descrito por la Ley como delito o falta obliga a reparar en los términos previstos en las Leyes los daños y perjuicios por él causados.

El art. 116.1 del Código Penal establece que toda persona criminalmente responsable de un delito o falta lo es también civilmente si del hecho se derivaren daños o perjuicios.

La acusación particular pretende que se condene a los acusados a indemnizar a la denunciante con la cantidad de 17.026,38 euros que argumenta que sería la cantidad que se le habría reconocida por el Juzgado de lo Social y de la que se habría visto ilegítimamente privada.

Si observamos el escrito de calificación no vemos ninguna alegación respecto del particular, ni la aportación de elementos de hecho que permitan que podamos hacer un cálculo, ni tan siquiera aproximado, del importe de la indemnización que habría de haber sido concedida a la perjudicada por el Juzgado de Social. Más dudoso aun sería el reconocimiento de los salarios de tramitación para una trabajadora sin permiso de trabajo. En cualquier caso no puede el Tribunal considerar que los perjuicios causados a la denunciante asciendan a la cantidad reclamada, por lo que la pretensión ha de ser desestimada.

SÉPTIMO-. Costas procesales.

El artículo 123 del Código Penal señala que las costas procesales se entienden impuestas por la Ley a los criminalmente responsables de todo delito o falta, por lo que resultando condenados los acusados, lo serán también al pago de las costas causadas.

La condena al pago de las costas debe extenderse al abono de las causadas por la acusación particular, al haber sido su intervención en el plenario útil al resultado del procedimiento y necesaria para aportar al mismo elementos esenciales para su desarrollo.

Habiendo formulado esta parte acusación por cuatro delitos y habiendo sido D. Raúl condenado por dos de ellos, lo será al pago de dos cuartas partes de las referidas costas, y la acusada Dª. María Dolores, que lo ha sido por un solo delito, lo será a una cuarta parte. No será de abono la cuarta parte restante, al haber sido D. Raúl acusado y absuelto de un cuarto delito.

Vistos los artículos anteriormente citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de S. M. EL REY