Sentencia Penal 14/2024 Audiencia Provincial Penal de Madrid nº 26, Rec. 1634/2023 de 17 de enero del 2024

PRIMERO.- Por Procuradora en representación del acusado Adelina se Interpone recurso de apelación contra sentencia de 11.05.23 de la Juez del JP 33 de Madrid (PA 711/2021), que condena al referido acusado como autor de un delito de quebrantamiento de medida cautelar, previsto en el art. 468.2 del Código Penal, con la circunstancia agravante de reincidencia. Alega error en la apreciación de la prueba y nulidad del juicio por infracción de normas o garantías procesales que le causaron indefensión y por vulneración al derecho fundamental a un proceso público sin dilaciones indebidas promulgado en el art. 24.2 de la Constitución. Alega al amparo del artículo 790.2 de la ley de enjuiciamiento criminal, error en la apreciación de la prueba y subsiguiente vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la Constitución. Afirma inexistencia de prueba de cargo suficiente en su contra, sólo el testimonio de la Policía Nacional nº NUM003, que nadie más presenció los hechos, por los que ha sido condenado, ni la propia perjudicada y testigo vio al acusado en el parque, ni en las inmediaciones de su domicilio el día de los hechos, por lo que es imposible que el ahora recurrente quebrantara la medida cautelar de aproximación a la víctima a menos de 500 metros. Que el acusado/ahora recurrente circulaba como copiloto y dormido, en el vehículo interceptado por la policía el día de los hechos, la policía carecía en ese momento de mecanismo habilitado para poder medir la distancia que había entre el vehículo donde iba el ahora recurrente y el domicilio de la víctima/perjudicada. Expone que denuncia, bajo este epígrafe, la presencia de arbitrariedad en la función interpretativa de los elementos de prueba (sic), que han servido de fundamento para el dictado de una sentencia condenatoria. Ilustrando a propósito del principio de inmediación reitera arbitrariedad en el examen de la prueba de carácter personal. Ilustrando sobre la interpretación judicial, interesa se dicte nueva sentencia en la que revocando íntegramente la sentencia recurrida, se le absuelva completa y totalmente de los delitos que se le imputan.

La Fiscal, pro escrito de 01.06.23, impugna el recurso interpuesto. Que las alegaciones realizadas por el recurrente se basan en entender que existe error en la valoración de la prueba, alegando que el juicio es nulo por infracción de normas procesales que causaron indefensión, así como vulneración de derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas (vulnerando art. 24.2 CE, apuntando este extremo sin dar más desarrollo a este punto en el cuerpo del recurso) ofreciendo una alternativa a la forma de comisión de los hechos a lo ya valorado por SSª , quien tuvo a su disposición toda la prueba necesaria para el dictado de una sentencia que finalmente resultó de condena, por un delito del art. 468.2 CP concurriendo la agravante de reincidencia del art. 22.8 del CP. Nada resta por manifestar, que no se haya incorporado ya a las actuaciones. Que de las alegaciones probatorias respecto de los supuestos a valorar, no se entiende que la sentencia dictada incurra en una falta de cargo para fundamentar el resultado efectuando una valoración propia de las pruebas practicadas que no se corresponda a la totalidad de las que se desarrollaron en el acto del juicio y que llevaron al dictado de una sentencia del tenor de la que se recurre, respecto de los hechos imputados. Que respecto a esta materia, ha de tenerse en cuenta la doctrina establecida por el Tribunal Supremo al interpretar el alcance del art. 741 de la LECrim, señalando al respecto que dicho precepto autoriza al Tribunal a dictar sentencia "apreciando según su conciencia las pruebas practicadas en el juicio", estableciendo así la imposibilidad de que, como regla general, a través de la segunda instancia se venga, sin justificación alguna, a reexaminar la valoración de la prueba practicada en la primera y ello fundamentalmente porque no se podrá gozar de la inmediación que la práctica directa de la prueba permitió llevar al juzgador al convencimiento sobre los hechos que sirvieron de fundamento de la sentencia. Es por ello que, salvo que la parte apelante demuestre el manifiesto error del Juzgador, de manera que se acredite la falta de lógica en los razonamientos jurídicos de la sentencia o la falta de imparcialidad o rectitud en la actuación según su conciencia que predica el art. 741 de la LECrim, deberá mantenerse la firmeza de su resolución y desestimarse el recurso interpuesto ( STS 16-1-1997 y STC 1-3-1993, entre otras). En el presente caso, considera que la sentencia explica y argumenta adecuadamente las pruebas que le llevan al dictado de la misma, al entender que la motivación es bastante, suficiente, y completa, pues los indicios y pruebas que ya han sido valorados y expuestos en Sentencia para llegar a tal conclusión, no permiten que otro sea el resultado, quedando también clara la ausencia de ningún tipo de elemento que justificara que fuere otro el resultado finalmente emitido en Sentencia sin que se añada ningún elemento nuevo en el recurso que no se haya tenido ya oportunidad de valorar por el Juez a quo. Es por ello que la motivación de la sentencia resulta adecuada, completa, suficiente, y conforme a los elementos que tuvo a su disposición para valorar y que no precisa de mayor extensión estando debidamente argumentada, sin que se añada ningún elemento diferente en el recurso a los ya valorados para dictar la resolución que obra en las actuaciones. Por todo lo expuesto, la Fiscal, entendiendo correcta la sentencia impugnada de la que se dan por reproducidos los fundamentos fácticos y jurídicos interesa se tenga por interpuesto escrito de impugnación del recurso de apelación en la forma y plazos establecidos en los arts. 790 y siguientes de la LECrim y, en consecuencia, se desestime el mismo, manteniéndose en sus términos la resolución recurrida, al no haberse vulnerado con el fallo ninguno de los extremos que se apuntan en el recurso interpuesto contra la resolución.

SEGUNDO.- La Juez del JP 33 de Madrid, en su sentencia de 11.05.23 (PA 711/2021), como AH Segundo expone: El acusado no ha comparecido a pesar de encontrarse legalmente citado, el Ministerio Fiscal interesa celebración conforme el art 786 Lecrim . La Defensa del acusado se opone a la suspensión, se acuerda celebración en ausencia del acusado al cumplirse los requisitos del precepto mencionado, al ser la pena interesada inferior a dos años y haber sido citado personalmente el acusado. La defensa del acusado en trámite de conclusiones manifestó su disconformidad con las conclusiones del Ministerio Fiscal.

En sus FD considera: ...Consta la existencia de la orden de protección vigente que acordaba, entre otras, la prohibición de aproximación y comunicación respecto de Esperanza y que al acusado le fue debidamente notificado de la prohibición de comunicación con los apercibimientos correspondientes.

También queda acreditado que el acusado, voluntariamente, incumplió dicha prohibición, dado que circulaba a bordo de un vehículo a menos de 500 metros del domicilio de la víctima, siendo detenido a 350 metros de dicho domicilio. No concurre en el presente caso el error invencible de prohibición que subyace en la argumentación de la Defensa.

Dicho error de prohibición consiste en la creencia errónea de estar obrando lícitamente y puede recaer sobre el contenido de una norma prohibitiva, siendo entonces directo, o consistir en error sobre una causa de justificación siendo indirecto. Para valorar la existencia del error en un caso concreto es preciso tener en cuenta las condiciones psicológicas y culturales del infractor, así como también las posibilidades que pudo ener de recibir instrucción y asesoramiento para conocer la trascendencia antijurídica de su conducta.

No es necesario que el sujeto conozca concretamente la gravedad con la que el comportamiento realizado es sancionado por la Ley, pues los ciudadanos no son ordinariamente expertos en las normas jurídicas, debiendo tomarse en consideración las condiciones del sujeto en relación con las que podría considerarse hombre medio.

El error de prohibición quedaría excluido si el agente tiene normal conciencia de la antijuridicidad o al menos sospecha que su conducta integra un proceder contrario a derecho.

En el caso que nos ocupa el acusado tenía conocimiento de la medida cautelar vigente, sin que Autoridad Judicial alguna le notificase que dicha prohibición hubiese quedado sin efecto, sabía que no podía aproximarse, ni comunicarse con la víctima y con total desprecio por la medida cautelar vigente, se encontraba a menos de 500 metros del domicilio de la víctima.

SEGUNDO.- De la infracción descrita es autor el acusado, Adelina, conforme a los artículos 27 y 28 del Código Penal , por su participación directa y voluntaria en la realización de los hechos que han quedado acreditados por la prueba practicada en juicio.

El acusado, no comparece.

La perjudicada y testigo, Esperanza, ha manifestado que fue pareja del acusado, manifiesta que ha habido muchos procedimientos, no vio al acusado en el parque, su domicilio en la fecha de los hechos era en la CALLE000 NUM001, no ha cambiado. El 25 de junio del 2021 no vio al acusado, no lo recuerda.

El agente de la policía nacional nº NUM003 se ratifica en el atestado, manifiesta que el día 25 de junio del 2021, tuvieron una intervención en la calle Ferroviarios, iban circulando en el vehículo policial, fueron rebasados por un vehículo a gran velocidad, le siguieron, le detuvieron tras comprobar que estaba a menos de 500 metros del domicilio de la víctima, el acusado les dijo que sabía que la medida cautelar estaba vigente. No recuerda si el acusado era el que conducía, aunque cree que si.

En el presente juicio queda probado que el acusado sabía el contenido de la medida cautelar que le prohibía acercarse y comunicarse con su expareja a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro que frecuentase, siendo detenido el acusado a 350 metros del domicilio de la víctima. Es de destacar el testimonio del agente de la policía nacional que observó y detuvo al acusado a menos de 350 metros del domicilio de la víctima...

Respecto de la medición de la distancia entre el lugar de la detención y el domicilio de la víctima, duda que ha sido planteada por la defensa del acusado, consta en las actuaciones en los folios 91 y 92 dicha medición.

Poco importa que el acusado fuese el que condujese o fuese como copiloto, planteamiento efectuado por la defensa, pues ya sea por dolo directo o eventual, el acusado sabio por dónde circulaba el vehículo en el que iba a bordo, sabía cuál era el domicilio de la víctima, dado que ya pesaba sobre él, una condena por quebrantamiento por lo que tuvo que cumplir la orden judicial y evitar aproximarse a menos de 500 metros del domicilio de la víctima.

No plantea dudas, al existir constancia documental, de la existencia de la resolución judicial que imponía la prohibición de aproximación en un radio de 500 metros y comunicación del acusado respecto de su pareja, y que la misma le fue notificada al acusado con los apercibimientos legales. Asimismo, se ha acreditado que medida cautelar estaba en vigor y que el acusado fue detenido a menos de 500 metros del domicilio de su expareja.

...En atención a lo expuesto, debe concluirse que ha habido prueba de cargo suficiente, practicada con todas las garantías, que enerva el derecho a la presunción de inocencia que ampara al acusado, por lo que debe dictarse una sentencia condenatoria respecto del delito de Quebrantamiento de medida cautelar del que ha sido acusado.

TERCERO.- Para en relación con el recurso interpuesto, procede partir de recordar que el recurso de apelación constituye el mecanismo que posibilita un nuevo examen de la causa y el control del Tribunal ad que sobre la determinación de los hechos probados y sobre la aplicación del derecho objetivo efectuadas en la primera instancia, manteniendo la Jurisprudencia que cuando la cuestión debatida en apelación es la valoración de la prueba llevada a cabo por el Juzgador de instancia en uso de las facultades que le confiere nuestro Ordenamiento Jurídico ( artículos 741 y 973 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y artículo 117.3 de la Constitución Española), y sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio oral, la observancia de los principios de inmediación, contradicción y oralidad a que esa actividad se somete conducen a que, por lo general, deba reconocerse singular autoridad a la apreciación de las pruebas hecha por el Juez a cuya presencia se practicaron, porque es dicho Juzgador a quo quien goza del privilegio de intervenir en la práctica de la prueba y de valorar correctamente su resultado, apreciando personal y directamente las pruebas ya sean las de la instrucción, las anticipadas, las preconstituidas, o las del artículo 730 de la Ley Procesal Penal, de lo que carece el Tribunal de apelación el cual, obligado a revisar la prueba en segunda instancia, debe respetar -en principio-, el uso que se haya hecho en la instancia de la facultad de apreciar en conciencia las pruebas practicadas siempre y cuando tal proceso valorativo se haya motivado y razonado adecuadamente en la sentencia ( SSTC 17/12/85; 23/6/86; 13/5/87; 2/7/90 entre otras).

Consecuencia de lo expuesto es que sólo cabe revisar la apreciación probatoria hecha por el/la Juez de instancia en los siguientes casos:

a) cuando aquélla apreciación no dependa sustancialmente de la percepción directa o inmediación que el Juez tuvo con exclusividad, es decir, cuando no dependa de la credibilidad de los testimonios o declaraciones oídos solamente por el Juzgador;

b) cuando con carácter previo al proceso valorativo no exista prueba objetiva de cargo válidamente practicada, en cuyo caso se vulnera el principio de presunción de inocencia;

c) cuando un ponderado y detenido examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del Juzgador de instancia de tal magnitud -razonamiento absurdo, ilógico, irracional o arbitrario- que haga necesaria, empleando criterios objetivos y no interpretaciones discutibles y subjetivas, una modificación de los hechos declarados probados en la sentencia ( STS 29/12/93 y STC 1/3/93). Labor de rectificación esta última que además, como ya indicamos, será más difícil cuanto más dependa la valoración probatoria a examinar de la percepción directa que se tiene en la instancia, pero no imposible cuando las pruebas valoradas se hayan practicado sin observancia de los principios constitucionales o de legalidad ordinaria. Es por ello por lo que si la prueba ha respetado los principios de constitucionalidad y legalidad ordinaria y su interpretación no llega a conclusiones notoriamente ilógicas o incongruentes por contrarias a las evidencias de su resultado, el Tribunal ad quem no debe alterar las apreciaciones llevadas a cabo por el Juzgador a quo en la valoración de la misma pues una cosa es el derecho a la presunción de inocencia y otra distinta el derecho al acierto del Juez cuando interpreta la norma y valora la prueba.

Respecto del visionado de la grabación del juicio oral, como recuerda la STC de 18 de mayo de 2009, el mismo no puede sustituir a la inmediación que supone el examen personal y directo de las personas que declaran, lo que implica la concurrencia espacio-temporal de quien declara y ante quien se declara, ya que la garantía constitucional estriba tanto en que quien juzga tenga ante sí a quien declara como en que el declarante pueda dirigirse a quien está llamado a valorar sus manifestaciones.

CUARTO.- A propósito del delito de quebrantamiento, que el Título XX del Libro II del Código Penal, bajo la rúbrica genérica de "Delitos contra la Administración de Justicia", incluye en el Capítulo VIII (artículos 468 a 471), las diversas modalidades de quebrantamiento de condena. El bien jurídico protegido ( SAP 1ª Las Palmas 20.11.15), no es otro que el recto funcionamiento de la Administración de Justicia, y especialmente la efectividad y obligado acatamiento de las resoluciones que emanan de los Tribunales de Justicia ( artículos 118 CE y 17.2 LOPJ), concretadas en la imposición de determinadas penas y medidas cautelares de carácter personal dentro del proceso penal.

Se trata por tanto de proteger las funciones atribuidas constitucionalmente a los órganos jurisdiccionales, dando una respuesta penal adecuada a las infracciones que lesionan o quebrantan el contenido de las resoluciones que pueden ser dictadas en las diversas etapas o estadios del ejercicio de dicha función y, especialmente, en la etapa final del proceso penal, aun cuando es evidente que al propio tiempo se están tutelando de forma indirecta los intereses de la parte o partes en el proceso que se ven beneficiados o protegidos por la resolución judicial o medida cautelar quebrantada, particularmente en aquellos casos en los que dicha medida está enderezada principalmente a salvaguardar la vida, integridad personal o incolumidad de alguna de las víctimas de los delitos o faltas a los que se refiere el art. 57 CP en su redacción vigente.

También es dable recordar que el dolo típico del referido delito no requiere que el sujeto actúe movido por la persecución de ningún objetivo en particular o manifestando una especial actitud interna, esto es, ha de concurrir conciencia y voluntad del sujeto de quebrantar ( SAP, Barcelona, 8ª, 28-6-2002 y Guadalajara, 60/1996, de 9 de septiembre de 1996), sin que se requiera un dolo específico, sino el genérico consistente en la voluntad de burlar o hacer ineficaz la decisión judicial sustrayéndose al cumplimiento de la decisión judicial, y en la conciencia o representación de los elementos objetivos del tipo ( SAP, Guipúzcoa, 1ª, 115/2006, de 30 de marzo).

Tan solo, a mayor abundamiento, p.e. la SAP 1ª Alicante 19.09.16 recuerda que la STS de 29 de enero de 2009 (corrigiendo su criterio anterior establecido en STS 26.09.05), recoge la doctrina jurisprudencial del Alto Tribunal en relación con el consentimiento de la persona en cuyo favor se acuerda el alejamiento a los efectos de valorar la existencia de un quebrantamiento por quien le pesa la prohibición de aproximación. Dicha sentencia declara al respecto que "Por otro lado, en cuanto al fondo del asunto, esto es, en cuanto a la relevancia que pudiera tener el consentimiento de la esposa para la exclusión de este delito del art. 468 CP en los casos de medida cautelar (o pena), contra el marido consistente en prohibición de alejamiento, el asunto fue tratado en una reunión de pleno no jurisdiccional, celebrada el 25 de noviembre del 2008, en la cual, se acordó que "el consentimiento de la mujer no excluye la punibilidad a efectos del art. 468 CP "; todo ello en base a la idea clave de la irrelevancia en derecho penal del perdón de la persona ofendida por la infracción criminal, principio que sólo tiene su excepción en los llamados delitos privados, que es cuando expresamente la ley penal así lo prevé ". SSTS de 28 de enero del 2010, 2 de julio del 2014, 9 de diciembre de 2015. En igual orden de cosas p.e. la SAP 29ª Madrid 01.09.16 señala cómo tal consentimiento resulta irrelevante para el delito de quebrantamiento de medida como declara el Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de fecha 25 de noviembre de 2008, que recoge expresamente que el consentimiento de la mujer no excluye la punibilidad a efectos del art. 468 CP, lo cual será aplicable tanto si hay condena como si hay medida cautelar adoptada judicialmente. La STS 539/2014, de 2 de julio, recuerda que ya las SSTS. 268/2010 de 26.2 y 39/2009, de 29 enero, declararon que la vigencia del bien jurídico protegido no queda enervada o empañada por el consentimiento de la mujer, ya que es el principio de autoridad el que se ofende con el delito de quebrantamiento de medida. Cierto que tal medida se acuerda por razones de seguridad en beneficio de la mujer, para la protección de su vida e integridad corporal -que tampoco son bienes jurídicos disponibles por parte de aquélla- pero en cualquier caso no es el bien jurídico que directamente protege el precepto. Viniendo a añadir la STS 539/2014 que "el acuerdo entre el acusado y la víctima no puede ser bastante para dejar sin efecto el cumplimiento de la sentencia condenatoria. El cumplimiento de una pena impuesta por un Tribunal como consecuencia de la comisión de un delito público no puede quedar al arbitrio del condenado o de la víctima, ni siquiera en los casos en los que determinadas penas o medidas impuestas en la sentencia, se orientan a la protección de aquella ( SSTS. 172/2009 de 24.2; 95/2010 de 12.2)".

También es dable recordar que el dolo típico del delito que ahora nos ocupa no requiere que el sujeto actúe movido por la persecución de ningún objetivo en particular o manifestando una especial actitud interna, esto es, ha de concurrir conciencia y voluntad del sujeto de quebrantar ( SAP, Barcelona, 8ª, 28-6-2002 y Guadalajara, 60/1996, de 9 de septiembre de 1996), sin que se requiera un dolo específico, sino el genérico consistente en la voluntad de burlar o hacer ineficaz la decisión judicial sustrayéndose al cumplimiento de la decisión judicial, y en la conciencia o representación de los elementos objetivos del tipo ( SAP, Guipúzcoa, 1ª, 115/2006, de 30 de marzo).

QUINTO.- Desde lo recordado y expuesto, resulta incuestionada, por incuestionable, la vigencia de las prohibiciones impuestas, así p.e. consta certificación de vigencia del auto de 17.03.21 en el JVM 5 de Madrid y del auto de 25.05.21 en el JVM 9 de Madrid (f 74), y del auto de 10.12.19 en el JVM 3 de Madrid (f 77), cosntando p.e. digliencia de notificación en el JVM 5 de Madrid (f 71).

Incuestionado, por incuestionable, lo es que, entre otras varias condenas previas (ff 26 y ss), lo fue por SJP 34 Madrid de 15.09.20, firme en igual fecha, por delito de quebrantamiento de condena o medida cautelar, hechos de 28.07.20, a la sazón suspendida en igual fecha 15.09.20 por tiempo de 3 años, por lo que suspendida el 15.09.20, siendo los presentes hechos de 25.06.21, es claro que la referida aquella previa condena se encontraba en periodo de suspensión. Ello amén de las múltiples detenciones informadas (hasta en número de 23), al 25.06.21 (ff 13 y ss), varias de ellas por presuntos delitos de quebrantamiento de condena (ff 16, 17).

Silencia el ahora recurrente que el mismo optó por no comparecer al acto del plenario (grabación j.o.), y que no quiso declarar en sede policial (f 12), incluso sobre este ahora pretendido esencial extremo (ir durmiendo en el vehículo que era conducido por otra persona y desconocer hallarse dentro de la distancia de exclusión, respecto del domicilio de su víctima), para en fase de instrucción (f 36), referir que él no conducía, que era el coche de su hermano, que iba dormido y que "no sabía que estaba por la zona que no podía acercarse" (f 36), mero alegato que, es obvio, ni tna siquiera se vio no ya acreditado (así, p.e. no consta identificado ni propuesto ni oído a lo largo de las actuaciones el conductor del vehículo en cuestión), sino que, es igualmente obvio, que ni tan siquiera se vio sostenido por el ahora recurrente al optar por no comparecer -se reitera- al acto del plenario (grabación j.o.), siendo por/con ello que el acusado/ahora recurrente optó por colocarse en una voluntaria situación de indiferencia defensiva a lo largo del proceso, no queriendo declarar con carácter previo y decidiendo no comparecer al acto del juicio oral a posteriori, siendo deber del acusado la prueba de los hechos impeditivos y/o negativos ( ATS 2ª 13.06.03), como también que incumbit probatio qui dicit, lo que aquí, es claro, no ha acecido.

Incuestionado es que los PPNN NUM003 y NUM004 informan que el 25.06.21 el ahora recurren se encontraba a una distancia de 350 metros del domicilio de la víctima (f 4), constando información de la DGP de la Comisaría de Usera-Villaverde, Grupo Informes, al f 91, el 21.10.21, reiterando que en línea recta la distancia es de 350 metros .

La PN NUM003 informa que tuvieron una intervención; que él les rebasó muy rápido, se les dio el Alto, Policía; paró el vehículo; el conductor tenía una orden de alejamiento; comprobaron la distancia y le detuvieron. Que no recuerda les dijera qué hacía. Que su compañero (PN), tuvo su misma intervención. Que cree que iban dos personas, que no se acuerda, que lo que ponga el atestado, en el que se ratifica.

Se silencia en el escrito de recurso que en el acto del plenario fue renunciado el PN NUM004 (grabación j.o.).

Ya p.e. la STS 10.10.2005 recuerda que las declaraciones de Autoridades y funcionarios de la Policía Judicial tendrán el valor de declaraciones testificales, apreciables como éstas según las reglas del criterio racional. Que estos funcionarios llevan a cabo sus declaraciones de forma imparcial y profesional, en el sentido de que no existe razón alguna para dudar de su veracidad, cuando realizan sus cometidos profesionales, teniendo las manifestaciones que prestan un alto poder convictivo, en cuanto no existe elemento subjetivo alguno para dudar de su veracidad, precisamente en función de la profesionalidad que caracteriza su cometido profesional, la formación con la que cuentan y la inserción de la Policía Judicial en un Estado Social y Democrático de Derecho, como es el nuestro, todo ello de conformidad con los artículos 104 y 126 CE, máxime cuando no nos encontramos con supuestos en los que la Policía está involucrada en los hechos como víctima o como sujeto activo.

Por lo demás, y además, es claro que las diligencias de prueba para en relación con los hechos objeto de enjuiciamiento fueron esencialmente pruebas personales

Ya la STS 09.10.1999 recuerda que la carga de la prueba obliga a cada parte a probar aquello que expresamente alegue, ya que, de otro modo, se impondría a las acusaciones la carga indebida, y hasta imposible, de tener que probar además de los hechos positivos integrantes del tipo penal imputado, y de la participación del acusado, los hechos negativos de la no concurrencia de las distintas causas de exención de responsabilidad incluidas en el catálogo legal de las mismas, ya que la prueba de su existencia recae sobre el acusado, de acuerdo con los principios procesales "onus probandi" incumbit qui dicit non qui negat", lo que aquí no ha acaecido. Siendo Las alegaciones que se efectúan por ambos penados/ahora recurrentes en modo alguno justifican, en los términos legal y jurisprudencialmente exigibles, el dictado de pronunciamiento distinto, siendo que en sus alegaciones, el ahora recurrente, en palabras de p.e. STS 14.07.10, se limita a analizar los elementos y a darles otra interpretación o bien a aislarlos del conjunto probatorio, extrayendo sus propias e interesadas conclusiones.

Dicho de otro modo, las alegaciones que se efectúan, no permiten ni justifican, en los términos legal y jurisprudencialmente exigibles, distinta decisión a la adoptada por la Juez a quo, que lo fue desde la inmediación y bajo los principios que impregnan el acto del plenario. Deberá, en consecuencia, estarse a lo que se resolverá.

SEXTO.- Se declaran de oficio las costas procesales de esta alzada, vistos los arts. 240 LECr y concordantes.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,