Sentencia Penal 142/2024 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 32, Rec. 340/2024 de 19 de marzo del 2024

PRIMERO. Por razones de sistemática se analizarán en primer lugar y conjuntamente los motivos formalizados con el ordinal 1º por la representación procesal de Carina y Luis Pedro y por la de Brigida ya que coinciden respecto al objeto de las alegaciones allí contenidas. Concretamente, se aduce por la primera de dichas representaciones procesales que el procedimiento en el que se dicta la sentencia recurrida tiene su origen en una operación desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid de la que se da cuenta al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Arganda del Rey describiéndose hasta un total de 7 presuntos hechos delictivos, habiendo deducido dicho órgano judicial testimonio remitido a cada una de las localidades donde se habrían cometido y aceptado la competencia dos de ellos, derivando de ello que todos esos hechos constituirían un delito continuado y debieron enjuiciarse conjuntamente, por lo que el Juzgado de lo Penal "a quo" o el Ministerio Fiscal debió plantear declinatoria para el conocimiento de los hechos enjuiciados en la sentencia recurrida a favor del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Arganda del Rey.

A su vez, por la de Brigida se aduce que tratándose de delitos conexos conforme a lo establecido en el artículo 17.5 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo más beneficioso para los acusados hubiera sido el enjuiciamiento conjunto de todos los hechos investigados, habiendo causado grave perjuicio e indefensión el enjuiciamiento por separado ya que ha provocado que se generen una serie de sentencias totalmente contradictorias entre sí.

De lo expuesto se deriva que son dos las cuestiones que se plantean: por una parte, si procedería la acumulación y el cambio de órgano competencial y, por otra, si se ha producido lesión del principio "non bis in idem".

Respecto a la primera de dichas cuestiones, el examen de las actuaciones muestra que no concurre el presupuesto habilitante para su análisis dado que, si bien, como indica la STS (Sala 2ª) 941/2023 de 20 diciembre, si bien la Ley de Enjuiciamiento Criminal " no establece una disposición terminante que impida el planteamiento de conexidades o de acumulaciones hasta un momento procesal determinado y siendo también cierto que esta Sala ha sido permisiva en orden a admitir el planteamiento de cuestiones de competencia del órgano de enjuiciamiento hasta el inicio del juicio, en el trámite de alegaciones previas previsto en el artículo 786.2 de la LECrim ", la Sala de lo Penal viene declarando que el momento preclusivo para plantear problemas de conexidad es el auto de apertura del juicio oral, sin que en el presente caso conste, salvo error u omisión, petición de acumulación ni previamente al dictado del auto de apertura de juicio oral, ni en los escritos de defensa ni como cuestión previa en la celebración del juicio oral. A ello se ha de añadir, como indica dicha sentencia que la Sala "viene aplicando el principio de la "perpetuatio iurisdictionis", para denegar el cambio de competencia cuando la instrucción ha concluido, siempre que no haya una variación de los hechos que justifique el cambio de competencia ( AATS 11/12/2003 - CC 20146/12 -; 30/11/2012 -CC 20584/2012 y 31/01/2015 - CC 20774/2012 ).", así como que se desconoce el contenido y estado concreto de los demás hechos investigados a los que se hace referencia en los recursos y, por ende, la identidad de los mismos.

En cuanto a la segunda de las cuestiones, como asimismo establece la Sala 2ª en la resolución antedicha, con análisis de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, concretamente de la sentencia 69/2010, de 18 de octubre, con cita de precedentes, e indicando parámetros aplicables al presente caso, " La tramitación de dos procesos distintos deriva de la existencia de hechos diferentes cuya acumulación no se ha producido porque ni consta claramente que proceda ni tampoco ha sido planteada en momento procesal hábil. No estamos ante incoación de una nueva investigación de hechos sobre los que la jurisdicción haya dictado una resolución definitiva sino ante investigaciones paralelas que cuya conexidad y acumulación no es procedente. Por lo tanto, ni hay lesión del non bis in idem y tampoco puede haber lesión de la excepción de cosa juzgada, que puede ser la consecuencia de la lesión del non bis in idem porque esa excepción, de ser procedente, debe ser planteada ante el órgano jurisdiccional que dicte, en su caso, la segunda sentencia sobre los mismos hechos.".

En consecuencia, los citados motivos de apelación no pueden prosperar.

SEGUNDO. Asimismo, por razones de sistemática se analizarán conjuntamente los motivos de apelación planteados con los ordinales primero, segundo y tercero por la representación procesal de Juan Alberto y primero por la de Carina y Luis Pedro, en los que formalmente se aduce vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio, del derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho a un proceso con todas las garantías. Se alega por la primera de dichas representaciones procesales que se debe anular la redacción de los hechos probados de la sentencia recurrida por existir un error en ellos, concretamente cuando se afirma que en registro efectuado en virtud de auto de fecha 2 de mayo de 2022 en la DIRECCION000, de Madrid, propiedad del acusado Juan Alberto se intervinieron el ordenador HP con número de serie NUM004 y el reloj Omega que fueron reconocidos por su propietaria, y se solicita que se introduzca en el "factum" que Juan Alberto no estuvo presente en la entrada y registro, como se alega que afirmó el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación, eliminando asimismo del relato fáctico la intervención de objetos en dicho domicilio.

Amén de ello, se aduce que existe contradicción entre los hechos probados y la fundamentación jurídica de la sentencia y vulneración del principio acusatorio por haberse modificado en perjuicio del reo el lugar en el que son encontrados parte de los objetos sustraídos, infringiéndose también su derecho a la defensa, por lo que entiende asimismo que ha de declararse la nulidad de las sentencia o la de la entrada y registro practicada, procediéndose a la absolución del apelante.

A su vez, por la representación procesal de Carina y Luis Pedro se efectúan similares alegaciones argumentando con relación al referido apartado del relato de hechos probados relativo a la práctica y resultado de la diligencia de entrada y registro que es coincidente el texto recogido en el escrito de acusación y en el "factum", que el acusado Juan Alberto fue interrogado en el plenario sobre su domicilio, respondiendo que en el momento de suceder los hechos enjuiciados era el situado en la DIRECCION001, de Madrid, pese a lo cual no rectificó el Ministerio Público su escrito de acusación y se solicita igualmente la nulidad de la sentencia recurrida argumentándose que los hechos probados conducen a dudar acerca de si los objetos presuntamente encontrados en el domicilio de la DIRECCION000 del cual era titular uno de los investigados realmente pertenece a otro.

Por otra parte, sobre esta cuestión también se efectúan alegaciones por la representación procesal de la acusada Brigida en el motivo formalizado por el ordinal segundo en similares términos a las anteriores.

Al respecto, el examen de las actuaciones muestra que por auto de fecha 2 de mayo de 2022 dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Arganda del Rey en las diligencias previas 279/2022 se acordaron, entre otras diligencias de entrada y registro, una en la DIRECCION000, en Madrid, y trastero vinculado a la vivienda, domicilio habitual del investigado Luis Pedro, y otra en la DIRECCION001, de Madrid, y trastero vinculado a la vivienda, domicilio habitual del investigado Juan Alberto.

A su vez, a los folios 216 a 234 aparece el acta de entrada y registro en la vivienda de Luis Pedro en la DIRECCION000, figurando como fecha de realización el 3 de mayo de 2022 y desprendiéndose de su contenido que se encontraba presente el entonces investigado Luis Pedro y que se encuentran, entre otros objetos, el ordenador y el reloj que figuran en los hechos probados de la sentencia recurrida. Por otra parte, en los folios 212 a 215 aparece el acta de entrada y registro en la vivienda de Juan Alberto en la DIRECCION001, recogiendo que se encuentra presente.

Posteriormente, en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal se indica en la conclusión primera que el ordenador y reloj antedichos se intervinieron en el domicilio sito en la DIRECCION000, de Madrid, propiedad del acusado Juan Alberto, que era frecuentado por el resto de los acusados, y se reproduce en el escrito de la acusación particular. Más adelante, en la sentencia recurrida se indica en los hechos probados, tras describirse la conducta con relevancia típica por la que vienen condenados los apelantes, se relata el hallazgo del ordenador y reloj en registro efectuado en la DIRECCION000, indicándose que propiedad del acusado Juan Alberto, si bien en el fundamento de derecho primero, cuando se analiza el resultado probatorio, se indica que figura el resultado de la entrada y registro realizado en el domicilio del acusado Luis Pedro y el hallazgo en el mismo del ordenador y reloj sustraídos.

A la hora de analizar la cuestión planteada se ha de ponderar asimismo que en el escrito de defensa del acusado Juan Alberto se indica en la conclusión primera que éste no asistió al registro que se realizó en el domicilio que decía el Ministerio Fiscal que era el suyo, constando al folio 504 que era en la DIRECCION001, de Madrid.

Dicho lo anterior, se ha de adelantar que la solicitud de nulidad no puede prosperar, derivándose de los elementos fácticos concurrentes que se trata por los recurrentes de elevar a la categoría de infracción de precepto constitucional lo que se revela meridianamente ser un error material en la redacción de los escritos de acusación y en el relato de hechos probados de la sentencia recurrida respecto a la dirección del domicilio del acusado Luis Pedro, habiéndose hecho constar que era la DIRECCION001 cuando era la DIRECCION000, error que puede ser rectificado en cualquier momento por el Juzgado de lo Penal "a quo" de conformidad con lo establecido en los artículos 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 161 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Respecto a la conformidad a derecho de la práctica de la diligencia de entrada y registro, así se deriva del contenido del Acta elaborada por la Letrada de la Administración de Justicia, habiendo comparecido al plenario y declarado dos de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que participaron en el mismo, en concreto los agentes con número de identificación profesional NUM005 y NUM006, no apreciándose elementos para sustentar que se hubiese llevado a cabo de forma procesal incorrecta y con menoscabo de los derechos del acusado.

En cuanto a las demás infracciones de precepto constitucional que se aducen, considera este Tribunal que no ha quedado acreditado que el referido error material haya causado indefensión a los acusados. En este orden de ideas, del contenido del propio escrito de defensa del acusado Juan Alberto se desprende que ya desde ese momento se conocía la existencia de dicho error, sin que quepa atribuirle la virtualidad infractora de derechos constitucionales que se pretende ante su incapacidad para evidenciar la ausencia de total conocimiento por parte de las defensas de los hechos que se enjuiciaban. En este orden de ideas, como indica la STS 706/2014, de 22 de octubre (Sala 2ª) " Tiene declarado el Tribunal Constitucional, como es exponente la Sentencia 143/2009, de 15 junio , que en lo que se refiere al contenido del derecho a ser informado de la acusación hemos declarado reiteradamente (por todas, STC 34/2009, de 9 de febrero que ""forman parte indudable de las garantías que derivan del principio acusatorio las que son contenido del derecho a ser informado de la acusación", derecho que encierra un "contenido normativo complejo", cuya primera perspectiva consiste en la exigencia constitucional de que el acusado tenga conocimiento previo de la acusación formulada contra él en términos suficientemente determinados para poder defenderse de ella de manera contradictoria". Esta exigencia se convierte así en un instrumento indispensable para poder ejercer el derecho de defensa, pues mal puede defenderse de algo quien no sabe qué hechos en concreto se le imputan, hechos que en los procesos penales por delito se concretan en el escrito de conclusiones definitivas.".

Proyectando dicho parámetro al presente caso, como se indicó, no apreciándose que se haya producido la vulneración de los derechos constitucionales que se sostiene a causa de lo que se desprende de forma patente ser un mero error material, por lo que los motivos de apelación antedichos tampoco pueden prosperar.

TERCERO. Por último, se abordarán conjuntamente los demás motivos de apelación planteados por los recurrentes ya que el examen de su contenido muestra que coinciden en alegar error en la apreciación de las pruebas e infracción del derecho a la presunción de inocencia, invocándose asimismo por la representación procesal de la apelante Brigida el principio "in dubio pro reo".

Por la representación procesal del acusado Juan Alberto se alega la insuficiencia de la prueba practicada para acreditar la comisión por el apelante de los hechos y, por ende, del delito por el que viene condenado, calificándose como ilógico el razonamiento utilizado en la sentencia recurrida para la valoración de la prueba y cuestionando que se considere como indicio incriminatorio la ausencia de una versión exculpatoria. Asimismo, se aduce que no se hallaron vestigios de ADN del acusado en la vivienda donde se produjo el robo, que los testigos no vieron quién entró en ella, que transcurrió un mes desde la perpetración del delito y el hallazgo de los objetos sustraídos, por lo que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de receptación, que la testigo Pura no reconoció un ordenador sino sólo un reloj y que no dijeron los funcionarios de la Guardia Civil que testificaron en el plenario los efectos hallados fuesen identificados por aquélla.

A su vez, por las representaciones procesales de Carina y Luis Pedro, de un lado, y de Brigida, de otro, se alega asimismo la insuficiencia de la prueba practicada para considerar acreditada la perpetración por dichos apelantes del robo objeto de enjuiciamiento, argumentando la segunda de ellas que la testigo Pura no recuerda la hora exacta en que salió de su domicilió y que sus manifestaciones con relación al tiempo que estuvo fuera de la vivienda no son homogéneas, lo que, se aduce, menoscaba el valor probatorio de su testimonio.

Por dichas razones, se solicita que se absuelva a los apelantes.

El artículo 790.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece como motivos de apelación el quebrantamiento de las normas y garantías procesales, el error en la apreciación de las pruebas y la infracción de normas del ordenamiento jurídico, entre las que se encuentran, como ha establecido la jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (SSTS 216/2019, de 24 de abril, y 162/2019 de 26 marzo) las normas constitucionales y, singularmente, el derecho a la presunción de inocencia, proclamado en el artículo 24 de la Constitución. Asimismo, en dichas resoluciones se afirma que dicho recurso " permite una revisión del juicio fáctico que no se limita a la comprobación de la vulneración de la presunción de inocencia" sino que es más amplia "ya que posibilita un análisis completo de la valoración probatoria para determinar si ha habido error".

En cuanto a los límites de esa revisión, establecen dichas resoluciones que "el tribunal de apelación puede, de un lado, llevar a cabo una nueva valoración cuando se practiquen nuevas pruebas en la segunda instancia, según autoriza el artículo 790.3 de la LECrim , y, de otro, puede realizar una función valorativa de la actividad probatoria, en todos aquellos aspectos no comprometidos con la inmediación. Puede tomar en consideración, por ejemplo, si la narración descriptiva contiene apreciaciones inexactas que conlleven inferencias erróneas; puede apreciar la existencia de errores de valoración evidentes y de importancia, de significación suficiente para modificar el fallo; puede apreciar la falta de valoración de algunas pruebas cuya apreciación conlleve una conclusión probatoria diferente y, en general, puede hacer un análisis crítico de la valoración probatoria, dejando al margen aquellos aspectos del juicio que dependen substancialmente de la inmediación".

A su vez, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la presunción de inocencia, se asienta sobre dos ideas esenciales: en primer lugar, el principio de libre valoración de la prueba en el proceso penal, que corresponde efectuar a los Jueces y Tribunales por imperativo del artículo 117.3 de la Constitución, y, en segundo lugar, que la sentencia condenatoria ha de fundamentarse en auténticos actos de prueba, debiendo ser la prueba practicada suficiente para generar en el Tribunal la evidencia de la existencia no sólo del hecho punible, sino también de la responsabilidad penal que en él tuvo el acusada ( SSTC 32/1995, de 6 de febrero y 123/1997, de 1 de julio).

En lo que se refiere a su contenido, la jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (SSTS 459/2018, de 10 octubre y 171/2018, de 11 de abril) lo ha delimitado de la siguiente forma: "el derecho a la presunción de inocencia se configura en tanto que regla de juicio y desde la perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo validas, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria, realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito y que de la misma quepa inferir razonablemente los hechos y la participación del acusada en ellos. De modo que, como declara la STC.189/98 de 28.9 "solo cabrá constatar una vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo válidas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carente de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración, o finalmente, cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado".

Proyectando dichos parámetros al presente caso, se constata que, del resultado de la prueba practicada, derivan una serie de indicios que conducen fundadamente a la convicción alcanzada por la Juzgadora en la sentencia recurrida.

En esta línea argumental, se ha de recordar que tanto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ( SSTC 133/2014, de 22 de julio y 146/2014, de 22 de septiembre) como la de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ( SSTS 318/2019, de 18 de junio, y 183/2019, de 2 de abril) han reconocido la validez de la prueba indiciaria para desvirtuar la presunción constitucional de inocencia indicando que, a falta de prueba directa de cargo, " la prueba indiciaria también puede sustentar un pronunciamiento condenatorio siempre que se cumplan determinados requisitos: a) el hecho o los hechos base (indicios) han de estar plenamente probados; b) los hechos constitutivos del delito deben deducirse precisamente de estos hechos base; c) para que se pueda comprobar la razonabilidad de la inferencia es preciso que el órgano judicial exteriorice los indicios y que aflore el razonamiento o engarce lógico entre los hechos base y los hechos consecuencia; y d) este razonamiento debe estar asentado en las reglas del criterio humano o de la experiencia común".

En lo atinente a dichos indicios, procede mencionar que los medios de prueba de los que dimanan son los que se exponen a continuación.

En primer lugar, de las manifestaciones de la testigo Pura, propietaria de la vivienda sita en la DIRECCION002, de San Agustín de Guadalix en la que se produjo el robo objeto de autos relativas a que salió de su vivienda el día de autos sobre las 16.30 h. o 17.00 h. y regresó como dos horas o dos horas y media después, constatando al volver que le habían sustraído una serie de objetos de su domicilio, entre ellos un ordenador y un reloj, lo que denunció.

En segundo lugar, de las declaraciones de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía con número de identificación profesional NUM007, NUM005 y NUM008 relativas a los seguimientos efectuados a los acusados el día de autos, desprendiéndose de las mismas que llegaron a San Agustín de Guadalix sobre las 18.00 h. y, concretamente de la testifical del segundo de los citados funcionarios, que, una vez llegó el vehículo en que iban los acusados a dicha localidad, se dirigieron hacia una urbanización y tras dejar el control lo retomó poco después y localizó el turismo estacionado en una calle, encontrándose en su interior uno de los acusados y apoyada fuera una de las acusadas. Seguidamente, relató, pasados unos minutos, los otros investigados, cogieron ropa y se marcharon junto con la mujer que estaba apoyada en el vehículo por una calle donde les perdió de vista, señalando que se trataba de una calle paralela y que vio a los tres mirando los chalés de una forma muy concreta. A continuación, concretamente a los pocos minutos, indicó que salió el varón que había permanecido en el coche en dirección hacia donde habían estado los otros tres acusados, regresando al rato para montarse en el coche, en el que se subieron y se marcharon. Al respecto, resulta relevante lo declarado respecto a que la calle donde les vio andar era la DIRECCION002, en la que se produjo el robo objeto de enjuiciamiento, y a que el coche lo estacionaron en la DIRECCION003, paralela a aquélla, así como en cuanto a que, al regresar al vehículo, venían con algún bolso o bolsa que anteriormente no había visto.

Por otra parte, dichas declaraciones confirman lo manifestado en el atestado, ratificado por los funcionarios policiales antedichos en el juicio oral, en particular en el acta de vigilancia nº 4 (folios 455-463), derivándose su capacidad como elemento probatorio en tal contexto de la jurisprudencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo (STS 214/2020, de 22 de mayo, con cita de la sentencia del Tribunal Constitucional 137/1997, de 14 de octubre).

En tercer lugar, del acta de entrada y registro en el domicilio del acusado Luis Pedro, donde se intervienen, entre otros objetos, el reloj marca "Omega" y ordenador marca "HP" que se indican en los hechos probados de la sentencia (folios 216-239, concretamente 217 y 225).

En cuarto lugar, de la declaración testifical del funcionario del Cuerpo Nacional de Policía con número de identificación profesional NUM006, que participó en la práctica de la diligencia de entrada y registro en dicho domicilio, relativa a los objetos allí hallados

En quinto lugar, de la declaración de la testigo Pura en lo que se refiere al hecho de que recuperó el reloj marca "Omega" cuando se lo mostró la Policía, reiterando lo manifestado ante el Juzgado de Instrucción (folio 101) y derivándose que reconoció asimismo como suyo el referido ordenador intervenido en el domicilio del acusado Luis Pedro de la descripción que efectúa en el plenario de la forma en que identificó el objeto sustraído ratificando lo manifestado ante el Juzgado instructor como en sede policial (folio 319).

Partiendo de dichas premisas, de las que se deriva un acervo indiciario del que se desprende, en síntesis, la presencia de los cuatro acusados en la calle donde se encuentra el domicilio de Pura en San Agustín de Guadalix en un momento en el que no se encontraba en el mismo y mirando hacia los chalés, el regreso poco después portando una bolsa que antes no llevaban hacia el vehículo que habían estacionado en una calle paralela y el hallazgo de objetos sustraídos de dicha vivienda en dicho lapso temporal en el domicilio del acusado Luis Pedro, cabe fundadamente concluir que fueron los acusados quienes entraron en el domicilio de Pura y sustrajeron los objetos que indican los hechos probados de la resolución recurrida.

En apoyo de esta conclusión, se ha de añadir que cabe ponderar asimismo como elemento corroborador la ausencia de una explicación de los acusados frente a dicho cúmulo de indicios incriminatorios de los acusados Carina, Luis Pedro y Juan Alberto, quienes se limitaron en el plenario a negar su participación en los hechos, constatándose contradicciones en la versión exculpatoria aportada por la acusada Brigida ya que inicialmente afirmó que en la franja horaria en la que se ubica la perpetración de los hechos enjuiciados estaba con su tía y posteriormente que estaba con sus hijos, careciéndose de base para constatar la persistencia dado que al comparecer ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Arganda del Rey se acogió a su derecho a no declarar (folio 73).

En consecuencia, pese a la legítima discrepancia de los recurrentes con la valoración probatoria efectuada en la sentencia recurrida, desde el marco revisor que nos corresponde atendiendo a las vías procesales utilizadas para vehicular la impugnación, considera este Tribunal que, para formar su convicción relativa a la concurrencia de los elementos que configuran el delito por el que vienen condenados los apelantes, el órgano judicial "a quo" se basó en prueba suficiente, ajustándose el juicio de inferencia realizado para su valoración a las reglas de la lógica y los principios de la experiencia, por los que no se ha producido el error valorativo ni la infracción de precepto constitucional alegada ni del principio "in dubio pro reo" dado que la Juzgadora "a quo" no ha manifestado que la actividad probatoria practicada haya dejado duda alguna de su virtualidad inculpatoria y, a pesar de ello, se haya inclinado por la tesis más perjudicial para el apelante ( SSTS 459/2018, de 10 octubre, y 171/2018, de 11 de abril).

En consecuencia, se ha de desestimar el recurso de apelación planteado, confirmándose íntegramente la sentencia recurrida.

CUARTO. De conformidad con lo establecido en el artículo 240.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede declarar de oficio las costas de esta alzada.

Vistos los preceptos citados y demás de aplicación.