Sentencia Penal 149/2024 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 32, Rec. 349/2024 de 19 de marzo del 2024

PRIMERO.- Impugna la recurrente la resolución de instancia, ya que, en aplicación el Reglamento General de Circulación aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, no cabe hablar de que la bicicleta circulara por carril-bici sino más propiamente por una acera-bici, tratándose de una zona peatonal en la que habrá que atenerse a la normativa establecida al respecto por el Ayuntamiento de Madrid, no constando por ello que el acusado circulara con la precaución necesaria al lugar por el que circulaba llevando puestos unos cascos en los oídos y que necesariamente, a diferencia de lo manifestado por éste, debían estar conectados para atender las urgencias derivadas de encontrarse de guardia. Tampoco se acredita que hubiera efectuado maniobra alguna de frenada, con lo que los daños ocasionados hubieran sido menos graves. Y de ahí que, conforme a la jurisprudencia que dicha parte reproduce, cabe concluir que el ciclista infringió el deber objetivo de cuidado exigible al no haber tenido en cuenta que circulaba en las inmediaciones de una parada múltiple de autobuses por donde necesariamente han de cruzar muchos peatones, lo que le obligaba a extremar la prudencia, reducir su velocidad e incluso detener su marcha si fuere necesario. Además, y a la vista del resultado lesivo producido, la velocidad no debía ser tan reducida como indica, por lo que procede revocar la sentencia absolutoria dictada, condenando al acusado como responsable de un delito de lesiones por imprudencia, con declaración de responsabilidad civil por importe de 17.000 euros, más los intereses legales que correspondan.

El Ministerio Fiscal y la defensa del encausado se oponen, en cambio, al recurso, toda vez que tratándose de prueba de naturaleza personal, su valoración corresponde en exclusiva a la Juez de instancia y las evacuadas no se reputan suficientes para el dictado de un fallo condenatorio. Y es que, como añade el último de ellos, con independencia de la consideración como carril-bici o acera-bici, las normas de uso de las vías públicas son de obligado cumplimiento para todos los usuarios, incluidos los peatones, no habiéndose acreditado que el acusado utilizara auriculares, lo que, además, resultaba irrelevante vistas las características del atropello tras abalanzarse el peatón sobre el ciclista, no apreciándose ninguna interferencia causal derivada del uso de auriculares ni consta tampoco que no circulara con la necesaria prudencia. Por otra parte, y en lo relativo a la responsabilidad civil, la acusación particular no ofrece ninguna explicación sobre las cuantías que reclama por cada uno de los conceptos indemnizatorios, sin haberse interesado al respecto la declaración del médico forense. En consecuencia, la desestimación del recurso debería llevar aparejada la imposición de costas de esta alzada a la recurrente por su temeridad y mala fe.

SEGUNDO.- Así planteada la cuestión, haciéndonos eco de la doctrina reproducida por alguna de las partes, lo primero que debe decirse es que pretendiéndose la revocación de una sentencia absolutoria, resulta inevitable recordar que el Tribunal Constitucional ( STC 167/2002, de 18 de septiembre de 2002, STC 197/2002, STC 198/2002, 200/2002, todas ellas de 28 de octubre de 2002 y Sentencia STC 118/2003, de 16 de junio) ha considerado contrario al artículo 24.2 de la Constitución la posibilidad de condenar en segunda instancia a una persona absuelta en la primera sin oír directamente al acusado y a los testigos, pues se vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías, entre las que se incluyen la de inmediación y contradicción. Por tanto, en el caso de recursos de apelación contra sentencias absolutorias y si la apelación se funda en la apreciación de prueba de carácter personal, sin que en la segunda instancia se practiquen nuevas pruebas, no puede el tribunal "ad quem" revisar la valoración de las evacuadas en la primera cuando, por la índole de las mismas, es exigible la inmediación y la contradicción ( STS 167/2002 de 18 de noviembre). Incluso en los supuestos en que se trate de apreciar pruebas objetivas junto con otras de carácter personal que dependen de los principios de inmediación y contradicción, el Tribunal Constitucional veda la posibilidad de revocar el criterio absolutorio de la primera instancia sin que se practique la prueba testifical con arreglo a todos estos principios ante el Tribunal "ad quem" ( STC 198/2002).

La conjugación de ambos criterios, es decir, la imposibilidad de sustanciar medios de prueba en apelación al margen de los supuestos legales y la imposibilidad de valorar en perjuicio de los acusados los medios probatorios de naturaleza personal, supone en la práctica la prohibición de revocar la sentencia absolutoria dictada en la instancia cuando el órgano de apelación valore diversamente la declaración de los mismos y la prueba testifical. No ocurriría lo mismo si el debate planteado en el recurso fuera de naturaleza estrictamente jurídica o cuando la valoración de la prueba se redujera a la de naturaleza propiamente documental porque entonces no está en juego el principio de inmediación, pero este no es el caso.

Por lo demás, sabido es que el derecho a la presunción de inocencia, consagrado en nuestro sistema con rango de derecho fundamental en el artículo 24 de la Constitución, implica que toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley ( artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos); artículo 6.2 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esto supone que es preciso que se haya practicado una mínima prueba de cargo, cuya iniciativa corresponde a la acusación, que sea suficiente para desvirtuar esa presunción inicial ( STS 251/2004).

A ello cabe añadir que no puede prescindirse de la ineludible necesidad de desplegar una prueba de cargo razonablemente suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado. Presunción que no sólo constituye un derecho fundamental declarado en nuestra Constitución, sino que además es el "eje alrededor del cual giran las demás garantías procesales y en definitiva el funcionamiento de todo el procedimiento penal ( STS 2 de diciembre de 2003 ). Señala la Sentencia del Tribunal Constitucional 137/88, de 7 de julio , y ha reiterado en numerosas resoluciones, que la presunción de inocencia ocasiona un desplazamiento de la carga de la prueba a las partes acusadoras a quienes incumbe exclusivamente probar los hechos constitutivos de la pretensión penal, debiendo ser suficiente para generar en el juzgador la evidencia de la existencia un hecho punible y de la responsabilidad penal que haya tenido en él el acusado, así como sustentarse la actividad probatoria en auténticos medios de prueba obtenidos con respeto a los derechos fundamentales y practicados en el juicio oral bajo los principios de igualdad, contradicción, inmediación y publicidad, exceptuándose los supuestos de prueba preconstituida y anticipada siempre que se observe el de un cumplimiento de determinados requisitos materiales (imposibilidad de reproducción en el juicio oral), subjetivos (intervención del juez de instrucción), objetivos (contradicción con la intervención de letrado) y formales (introducción en el juicio través de la lectura de los documentos)".

Por consiguiente, y de acuerdo con todos estos antecedentes legales y jurisprudenciales, es evidente que en el caso enjuiciado la Juez a quo no ha podido alcanzar decisión definitiva al respecto sobre la pretendida culpabilidad del encausado y ello tras analizar, de forma coherente y sin incongruencia alguna, el resultado de las pruebas de carácter personal practicadas con todas las garantías en el acto del juicio, pues después de reproducir las manifestaciones vertidas tanto por el Sr. Eloy, como por la propia víctima y el resto de testigos comparecidos -agente de la policía local y el amigo del acusado que circulaba a su lado en otra bicicleta-, concluye que nada permite declarar su responsabilidad, al menos en el presente ámbito jurisdiccional penal, a consecuencia del siniestro acaecido.

No está de más recordar en este punto, por tanto, la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de julio de 2020 al señalar, citando las anteriores de 24 de octubre y 1 de diciembre de 2.000, que lo que constituye la esencia del delito de imprudencia "es la infracción del deber de cuidado que hace reprochable su comportamiento porque ese cuidado le era exigible. En estos delitos culposos es la falta de atención la que determina ese error de cálculo que ocasionó no tomarse en serio la producción del resultado o la mencionada esperanza equivocada, lo que traslada el título de imputación al ámbito de la imprudencia".

Y esta misma sentencia, después de recordar los elementos que configuran dicha imprudencia ya reproducidos en la resolución de instancia, dice a continuación: "(...) Recopilemos: la presencia de una infracción grave de tráfico -que es la pauta orientadora introducida en 2019- puede determinar: a) Una imprudencia grave si el Juez o Tribunal lo estima así a la vista de las circunstancias que implican esa mayor magnitud de la infracción del deber de cuidado. b) Una imprudencia menos grave que, según esa pauta, debiera ser lo ordinario, aunque aquí se imponen matices. c) Una imprudencia leve si el Juez o Tribunal no aprecia entidad suficiente en la infracción como para categorizarla penalmente de menos grave, en supuestos que tampoco serán insólitos o excepcionales."

Y termina concluyendo que " la presencia de una infracción grave constituye indicio de imprudencia menos grave; presunción que, puede ser contrarrestada por una motivación suficiente a veces basada en la evidencia, tendente a mostrar que esa imprudencia en esas concretas circunstancias y sus singulares características no alcanza ese rango intermedio y puede ubicarse razonablemente en la imprudencia leve, atípica penalmente."

Pues bien, en este supuesto, cualquiera que sea la calificación que como carril bici o acera bici merezca el lugar por el que circulaba el acusado, ningún comportamiento imprudente, grave o menos grave, se puede atribuir al ciclista, ni por el lugar previsible del atropello -entre las marquesinas- ni por la velocidad a la que pudiera circular éste, que no consta fuera excesiva, resultando, por lo demás, irrelevante que llevara los auriculares puestos y activados al no tener incidencia alguna en el siniestro acaecido, dado que no puede descartarse que en la producción del atropello tuviera una influencia decisiva el propio comportamiento de la víctima al cruzar previsiblemente por lugar inadecuado y en un carril expresamente habilitado para la circulación de ciclistas, lo sea en su consideración de carril bici o de acera bici como pretende catalogarlo la acusación particular, aunque con iguales consecuencias.

En efecto, ni la declaración de la víctima, ni la del agente de la policía local y de quien acompañaba al encausado haciendo turismo a bordo de otra bicicleta, permiten de ningún modo concluir que éste circulara de manera imprudente, ya sea grave o menos grave, no resultando previsible que el peatón cruzara por la zona por la que supuestamente lo hizo al no constar lo hiciera por paso de cebra, lo que la propia víctima, sin descartarlo, reconoce no estar en condiciones de asegurar. En definitiva, no se ha dejado fehaciente constancia que el ciclista circulara sin la necesaria y debida diligencia ni que la llevanza de auriculares hubiera podido tener alguna incidencia decisiva en su resultado. El examen del croquis incorporado al "informe previo al atestado por accidente de tráfico" (folio 94) y de las fotografías en color aportadas durante el plenario no permiten tampoco llegar a conclusión distinta.

Es por ello que esta Sala, que evidentemente no tuvo a su presencia a ninguno de los comparecidos al acto del juicio oral, viéndose privado, por tanto, de la ventaja que proporciona la inmediación, no puede sino atenerse a las conclusiones alcanzadas por la juzgadora, pues los indicios sobre los que pretende sustentar el recurrente su acusación no permiten alcanzar una plena convicción sobre la culpabilidad del encausado a falta de pruebas de cargo suficientes, debiendo ponerse especial énfasis en las declaraciones dubitativas de la víctima, sin duda justificadas por su elevada edad y la patología que padece, frente a las manifestaciones más precisas y firmes, no solo del propio acusado, cuya tesis exculpatoria resulta, por otra parte, lógica en ejercicio de su derecho de defensa, sino, sobre todo, del agente de la policía local con carnet profesional nº NUM000 y del también testigo Severino, quienes ninguna actuación imprudente atribuyen a Eloy.

De ahí que a falta de prueba objetiva alguna -los partes de sanidad e informe forense sólo permiten dejar constancia del resultado lesivo producido, no de sus causas-, el fallo absolutorio resulte inevitable. Y, en todo caso, no es tarea de este Tribunal efectuar nueva valoración de lo manifestado por unos y otros, ni por supuesto atribuir mayor valor a unas declaraciones u otras, fuera de poner de relieve las ambigüedades que la propia Juez a quo advierte, siendo sus conclusiones producto de su inmediación, de la que esta Sala no goza, y sin que tal carencia pueda verse de ningún modo suplida con el simple visionado de la grabación del juicio oral.

En consecuencia, pretendiendo la recurrente sustituir la particular valoración de la Juez de instancia por la suya propia, sin duda más subjetiva e interesada, debe decirse que tratándose de exclusiva valoración de prueba personal en cuanto que analiza los testimonios vertidos por todos los comparecidos, a sus conclusiones debemos atenernos, pues en realidad dicha inmediación supone que el órgano judicial ha examinado directa y personalmente las pruebas practicadas.

Y es que, en realidad, según también recuerda constante jurisprudencia, aun cuando la existencia de una grabación del juicio oral ha permitido al Tribunal conocer la integridad de lo declarado por el encausado y demás testigos, lo que sin duda supone una diferencia importante respecto del tradicional sistema del acta del juicio extendida por el Letrado de la Administración de Justicia para el control de la interpretación de las pruebas personales efectuadas por la Juez a quo pues permite al Tribunal de apelación percibir de forma directa lo que dijeron los declarantes, el contexto y hasta el modo en cómo lo dijeron, en cualquier caso no se puede equiparar la inmediación de las fuentes de prueba por parte del Juez en régimen de contradicción con la mera visualización y audición de las mismas, al no concurrir la percepción directa por esta Sala de tales declaraciones, mediatizadas por la grabación y limitadas a la calidad informativa de los datos verbalizados y, lo que es más importante, al carecer de la posibilidad de tomar parte activa en las mismas, esencial para despejar dudas o aclarar cuestiones que puedan interesar a la adecuada resolución del recurso y no hayan sido introducidas en el plenario.

Al respecto, es ilustrativa la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 2002 que señala como "verificada la existencia de una decisión motivada, y que no es arbitraria, resulta patente que tal decisión motivada no puede ser sustituida por la que pudiera efectuar esta Sala casacional, ya que la valoración de las pruebas corresponde al Tribunal sentenciador de acuerdo con el art. 741 de la LECrim, máxime en casos como el presente en que la valoración de las pruebas, por su carácter de personales -ya sean testificales o de la víctima y del imputado- están directamente relacionados con el principio de inmediación, entendida esta no sólo como un "estar" presenciando la prueba, sino como aceptar, entender, percibir, asimilar y formar opinión en conducta de todos, sus reacciones, gestos a través de su narrar. En la misma línea, la STC de 22 de julio de 2002, citando las anteriores 31/1981, de 28 de julio y 161/1990, de 19 de octubre recuerda que "...únicamente pueden considerarse auténticas pruebas que vinculen a los órganos de la justicia penal en el momento de dictar sentencia las practicadas en el juicio oral, pues el procedimiento ha de tener lugar necesariamente en el debate contradictorio que, en forma oral, se desarrolla ante el mismo Juez o Tribunal que ha de dictar sentencia, de suerte que la convicción de éste sobre los hechos enjuiciados se alcance en el contacto directo con los medios de prueba aportados a tal fin por las partes...".

Pero aún más, la Sentencia de la Sección 3ª del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 29 de marzo de 2016 (procedimiento nº 61112/12 "Gómez Olmeda contra España") estimó que en estos casos, para poder revocar la sentencia, resultaría necesaria la celebración de vista con el fin de examinar y evaluar de nuevo los hechos probados en primera instancia si se desea imponer una condena respecto de un asunto en el que previamente existió una absolución, siempre que la cuestión debatida no fuere esencialmente jurídica, estimando que, caso de no hacerlo, se habría vulnerado el artículo 6.1 del Convenio (derecho a un juicio equitativo).

La doctrina que fija el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resulta, por tanto, muy clara: no puede haber condena penal en segunda instancia basada en una nueva interpretación de las pruebas, fijando nuevos hechos, sin que haya audiencia en que sea oído el acusado y aunque dicha audiencia no haya sido solicitada por ninguna de las partes, ya que supone una vulneración del artículo 6 del Convenio.

En la propia Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos aludida se hace referencia a la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional sobre esta materia (Sentencia 120/2009, de 18 de mayo). Y es cierto que la jurisprudencia constitucional era en este aspecto menos estricta, ya que establecía que "desde una perspectiva de delimitación negativa, hemos de recordar que, por el contrario, no será aplicable el canon expuesto y, por tanto, "no cabrá efectuar reproche constitucional alguno cuando la condena pronunciada en apelación (tanto si el apelado hubiese sido absuelto en la instancia como si la sentencia de apelación empeora su situación) no altera el sustrato fáctico sobre el que se asienta la sentencia del órgano a quo, o cuando, a pesar de darse tal alteración, ésta no resulta del análisis de medios probatorios que exijan presenciar su práctica para su valoración o, finalmente, cuando el órgano de apelación se separe del pronunciamiento fáctico del Juez de instancia por no compartir el proceso deductivo empleado a partir de hechos base tenidos por acreditados en la sentencia de instancia y no alterados en la de apelación, pero a partir de los cuales el órgano ad quem deduce otras conclusiones distintas a las alcanzadas por el órgano de instancia, pues este proceso deductivo, en la medida en que se basa en reglas de experiencia no dependientes de la inmediación, es plenamente fiscalizable por los órganos que conocen en vía de recurso sin merma de garantías constitucionales" ( STC 272/2005, de 24 de octubre )".

Ahora bien, la legislación española ha sido ya modificada para adaptarla a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y aplicable a los procedimientos iniciados a partir de la entrada en vigor de la reforma, pues si bien el antiguo artículo 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permitía en cierta forma declarar probados los hechos en segunda instancia revocando un previo pronunciamiento absolutorio y condenando en esta segunda instancia, dicho precepto, y concordantes, ha sido modificado por la Ley 4/2015, de 27 de abril, impidiendo ahora tal posibilidad, pues afirma literalmente, en su párrafo segundo, que "la sentencia de apelación no podrá condenar al encausado que resultó absuelto en primera instancia ni agravar la sentencia condenatoria que le hubiera sido impuesta por error en la apreciación de las pruebas en los términos previstos en el tercer párrafo del artículo 790.2", obligando en esos casos a anular la sentencia y remitirla al órgano que dictó la resolución recurrida. La sentencia de apelación concretará si la nulidad ha de extenderse al juicio oral y si el principio de imparcialidad exige una nueva composición del órgano de primera instancia en orden al nuevo enjuiciamiento de la causa. En consecuencia, no habiéndose interesado expresamente tampoco la declaración de nulidad de la sentencia de instancia, queda vedada a este Tribunal tal posibilidad, pues no podemos efectuar una suerte de juicio revisor de las pruebas practicadas en la primera a presencia únicamente de la juzgadora de instancia y con la finalidad de interpretarlas en un sentido distinto, lo que deviene imposible por las razones expuestas, no habiendo quedado enervada, por tanto, la presunción de inocencia que ampara al acusado y que nos exime de todo pronunciamiento en orden a responsabilidades civiles.

CUARTO.- No se aprecian, en cualquier caso, tampoco razones particulares que justifiquen la imposición de costas en esta alzada a la recurrente pese a la desestimación de su recurso y conforme solicita la defensa, pues a tenor de la previsión contenida en los artículos 239 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y ante las dudas que la propia juez a quo expresa sobre las circunstancias concretas en las que se produjo el atropello, difícilmente cabe deducir la existencia de temeridad o mala fe que de contrario se le atribuye.

Y es que a la hora de resolver esta cuestión, como se recogía en la Sentencia de la Sala Segunda del Supremo de 5 de julio de 2004, el Tribunal Constitucional ha recordado en resoluciones como el Auto 171/1986, Sª 84/1991 y Sª núm. 48/1994, de 16-2-1994 que la imposición de costas es "un efecto derivado del ejercicio temerario o de mala fe de las acciones judiciales o de la desestimación total de éstas". Por lo que su justificación radica en "prevenir los resultados distorsionadores del entero sistema judicial que se derivarían de una excesiva litigiosidad y en restituir a la parte contraria los gastos que, en menoscabo de la satisfacción de sus pretensiones, le ocasione la defensa de sus derechos e intereses legítimos frente a quienes promuevan acciones o recursos merecedores de la imposición de costas". Habiendo el mismo Tribunal Constitucional declarado con reiteración (SSTC 131/1986, 230/1988, 147/1989 y 34/1990) que " la decisión sobre su imposición es cuestión que pertenece al ámbito de la legalidad ordinaria y corresponde en exclusiva a los órganos judiciales en el ejercicio de su función jurisdiccional pues constituye valoración de hechos o conductas de las partes."

Así las cosas, y aunque no hay un concepto o definición legal de temeridad o mala fe, se suele entender, como pauta general, que tales circunstancias han concurrido cuando la pretensión ejercida carezca de toda consistencia y que la injusticia de su reclamación sea tan patente que deba ser conocida por quien la ejercitó, de aquí que tenga que responder por los gastos y perjuicios económicos causados con su temeraria actuación.

Por lo demás, sobre los conceptos de temeridad y mala fe que emplea el artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la imposición de las costas a la acusación particular como aquí se pretende, la doctrina del Tribunal Supremo ya ha advertido ( SSTS núm. 2177/2002, de 23 de diciembre; núm.387/98, de 11 de marzo; núm. 205/97, de 13 de febrero; núm. 46/97, de 15 de enero; núm. 305/95, de 6 de marzo; y Sª de 25-3-93) sobre la inexistencia de una definición legal, tal y como acabamos de señalar, por lo que ha de reconocerse un cierto margen de valoración subjetiva en cada caso concreto. No obstante lo cual, debe entenderse que tales circunstancias han concurrido cuando carezca de consistencia la pretensión acusatoria en tal medida que no puede dejar de deducirse que quien la formuló no podía dejar de conocer lo infundado y carente de toda consistencia de tal pretensión y, por ende, la injusticia de la misma, por lo que en tal caso debe pechar con los gastos y perjuicios económicos ocasionados al acusado con tal injustificada actuación, sometiéndole no sólo a la incertidumbre y angustia de ser acusado en un proceso penal, sino también a unos gastos que no es justo que corran de su cuenta.

Ahora bien, en el caso enjuiciado, no es posible obviar las circunstancias concurrentes en el mismo a la toma de una decisión al respecto, como son las propias dudas que genera las condiciones en las que pudiera circular el ciclista, así como las limitaciones físicas que padece una persona con elevada edad para prevenir todas las circunstancias del tráfico rodado, no pudiendo obviarse que el siniestro se produce entre unas marquesinas y por un lugar destinado normalmente a peatones, por lo que son lógicas las dudas que alberga la víctima sobre la posible culpabilidad del acusado y que de nuevo reitera en esta alzada, y de ahí que la predicada mala fe ya no aparece con la nitidez precisa para dar lugar a una imposición de costas, tampoco en esta instancia.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás de general y pertinente aplicación,