Sentencia Penal 287/2024 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 32, Rec. 1774/2023 de 21 de mayo del 2024

PRIMERO.-Por Procuradora en representación del acusado Jairo se interpone recurso de apelación contra sentencia de 28.04.23 de la Juez del JP 36 de Madrid (PA 473/2022), que condena al acusado/ahora recurrente como autor de un delito de lesiones en el ámbito familiar, sin concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Alega vulneración del derecho a la presunción de inocencia del recurrente al no haberse practicado en el plenario prueba de cargo bastante para enervar su presunción de inocencia. Que, en relación con lo manifestado por la Juzgadora a quo, ya se puso de manifiesto en el acto del plenario, que el investigado/recurrente no fue notificado en ningún momento, sino otra persona que vivía en su domicilio. Igualmente se dispone que es responsabilidad de este letrado el acreditar el paradero del acusado, siendo en realidad -afirma- obligación del Juzgado el llevar a cabo una averiguación domiciliaria si este no es notificado fehacientemente, como es el caso. El único medio de prueba obrante en autos para condenarle es la declaración de su expareja, la cual ni tan si quiera acudió a la vista, y se la tuvo que avisar vía telefónica para que se conectara por Zoom. Que la única persona que acudió el día del juicio fue un Policía Nacional, que relató su versión de los hechos, sin ser contrastada por ningún por medio probatorio, y que únicamente suscribió lo que en su día le manifestó Doña Celeste. Ilustrando sobre el derecho a la presunción de inocencia, afirma que no existe prueba de cargo suficiente para quebrar la presunción de inocencia del ahora recurrente. Interesa se absuelva al recurrente del delito de lesiones en el ámbito familiar, por el que ha sido condenado, con todos los pronunciamientos favorables.

La Fiscal, por escrito de 06.06.23, impugna el recurso interpuesto. Que la sentencia objeto de recurso es plenamente conforme a Derecho, tanto desde la perspectiva de la valoración de la prueba que tuvo lugar en el juicio oral como de la aplicación de los preceptos normativos y de la doctrina legal que los interpreta, por lo que debe ser confirmada con desestimación del recurso contra la misma formulado, considerada ajustada a Derecho las condenas impuestas a los acusados por los delitos por los que finalmente han resultado condenados. El propio análisis que el recurrente hace de la prueba practicada en el juicio oral y ha sido valorada por el Juez evidencia que se practicó prueba de cargo suficiente para enervar el principio de presunción de inocencia que el recurrente pretende vulnerado. Que la valoración no sea coincidente con la que el recurrente pretende no es infracción a dicho precepto. El principio "in dubio pro reo" no es un principio absoluto, sino algo que debe impregnar la interpretación en caso de duda razonable del juzgador; sólo cuando, tras la valoración conjunta de la prueba, dos opciones son igualmente posibles, entra en funcionamiento este principio, debiéndose acoger siempre la que sea más favorable al acusado. Es obvio que ello no ocurre en el presente caso, en el que la convicción judicial de la forma de ocurrir los hechos ha sido formada sin dudas. En realidad, el recurrente simplemente trata de que la Sala acepte, sin inmediación de la prueba personal practicada, su valoración de la prueba, interesada como parte que es, sustituyendo el convencimiento del Juez de instancia, libremente formado al apreciar con inmediación la prueba personal. En este sentido es contundente como se recoge en el fundamento de Derecho primero en el que se analiza detalladamente el material probatorio vertido en el plenario, en particular la declaración de la perjudicada y de los agentes intervinientes de forma inmediata a la producción de los hechos quienes recogieron las manifestaciones de ésta y pudieron apreciar lesiones objetivadas en un parte de lesiones posterior y compatibles con su relato, cuyo testimonio ha sido valorado por el Juzgador como suficiente para desvirtuar el principio de presunción de inocencia, constando sobradamente la motivación que determina a tener por suficiente su testimonio, no siendo desvirtuada la motivación del juzgador por los argumentos esgrimidos por el recurrente. Por todo ello, toda vez que, se considera la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida se ajusta a lo actuado y evaluado en el juicio oral, siendo sus argumentos razonados y razonables colmando el principio de motivación de las resoluciones judiciales recogido en el art. 120.3 de la Constitución, a juicio del Fiscal, no procede la estimación del recurso. Interesa se desestime el recurso interpuesto y se confirme la sentencia recurrida.

SEGUNDO.-La Juez del JP 36 de Madrid, en su sentencia de 28.04.23 (PA 473/2022), considera:

PRIMERO.- Así, de la prueba obrante en autos, y practicada en el acto del juicio oral, cabe hacer las siguientes consideraciones

En primer lugar, el acusado no ha comparecido al acto del juicio oral pese a estar citado en legal forma (citación efectuada en el domicilio por él facilitado en el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer nº 4 de Madrid, sin que exista indicio alguno ni se haya aportado prueba alguna por parte de la Defensa de que el acusado se encuentre fuera de España). Por el motivo indicado el acusado no ha ofrecido una versión acerca de los hechos que se le imputan en el presente procedimiento. Y el Sr. Jairo tampoco emitió declaración alguna en el Jugado de Violencia Sobre la Mujer nº 4 de Madrid, acogiéndose a su derecho a no declarar.

En segundo lugar, la testigo Dña. Celeste, pareja sentimental del acusado en la fecha de los hechos enjuiciados en esta causa, ha relatado en el acto del juicio oral que, sobre las 02.30 horas del día 29 de marzo de 2022, cuando se encontraba con el acusado en el Parque Almódovar, discutieron y D. Jairo empezó a agredirla, empujándola y golpeándola pese a que estaba embarazada. La testigo ha aclarado que el acusado la golpeó propinándole un puñetazo en la boca, añadiendo que, cuando un vecino (al que no conoce de nada y que vio lo ocurrido por la ventana) llamó a la Policía, D. Jairo se escondió, siendo encontrado por los agentes, aproximadamente, diez minutos después. La Sra. Celeste ha indicado que fue asistida por el Samur, acudiendo posteriormente a Urgencias porque estaba embarazada.

En tercer lugar, el agente de la Policía Nacional núm. NUM000 ha expuesto en el acto de la vista que recibieron una llamada de una vecina que había escuchado voces diciendo "déjame agresor"; que acudieron al Parque y se encontraron a Dña. Celeste sangrando por la boca (signo lesivo éste absolutamente compatible con el puñetazo que, según la denunciante, el acusado le propinó); que ella les contó que su pareja la había golpeado. El agente ha aclarado que, esa misma noche, ya habían tenido una intervención con el acusado por un hurto en Carrefur y que el motivo de la discusión con la mujer fue que la estaba culpando de que él hubiera sido detenido. El agente ha explicado que estuvieron buscando al acusado, aproximadamente, cinco minutos y que lo encontraron a treinta metros, tumbado boca arriba; que, cuando hallaron al acusado, éste intentó zafarse, forcejear y salir corriendo; que el acusado no dijo nada, sólo le recriminaba a la mujer diciéndole "en serio, Celeste, en serio, Celeste". El agente ha indicado que la mujer les dijo que el acusado la culpaba de haber sido detenido por el hurto, que la empujó y golpeó en la cara con puñetazos. Por último, el agente ha señalado que el vecino que les llamó fue quien les dijo por dónde se había ido el acusado.

En tercer lugar, la lesión sufrida por Dña. Celeste ha quedado igualmente acreditada con el parte de lesiones obrante a los folios 20 y 21 de las actuaciones y emitido nada más acontecer la agresión (no impugnado por ninguna de las partes), en el que se refleja una lesión (la referenciada en el apartado Hechos Probados de la presente resolución) compatible, tanto por su entidad como por su localización, con la forma en que, según la denunciante, fue agredida por el acusado. Y la misma lesión ha quedado objetivada con el informe médico forense obrante al folio 73 de las actuaciones (no impugnado tampoco por ninguna de las partes).

Por último, el hecho de que las lesiones sufridas por la denunciante (las referenciadas en el apartado Hechos Probados de la presente resolución) precisaran, según el aludido informe médico forense, una primera asistencia facultativa, y de que se produjeran en la vía pública, determina su calificación jurídica conforme a lo dispuesto en el apartado primero del artículo 153 del Código Penal .

En definitiva, todos los argumentos esgrimidos permiten estimar plenamente demostrada la comisión por parte del Sr. Jairo del delito de lesiones en el ámbito familiar que tanto eL Ministerio Fiscal como la acusación particular le imputan en este procedimiento

TERCERO.- En el caso concreto concurre no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Por tanto, la pena a imponer se rige por el apartado sexto del artículo 66 del Código Penal , conforme al cual "cuando no concurran atenuantes y agravantes aplicarán la pena establecida por la ley para el delito cometido, en la extensión que estimen adecuada, en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho".

Tomando en consideración la regla expuesta, así como la entidad de la lesión causada a Dña. Celeste, sin omitir que la misma se encontraba embarazada en la fecha de los hechos, se imponen a D. Jairo las penas de seis meses de prisión, e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo de un año y un mes.Por otra parte, el apartado segundo del artículo 57 del Código Penal dispone que "en los supuestos de los delitos mencionados en el primer párrafo del apartado 1 de este artículo- entre los que se encuentran las lesiones- cometidos contra quien sea o haya sido el cónyuge, o sobre persona que esté o haya estado ligado por análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre... hermanos por naturaleza, adopción ... se acordará, en todo caso, la aplicación de la pena prevista en el apartado 2 del artículo 48 por un tiempo que no excederá de diez años si el delito fuera grave o de cinco si fuera menos grave". El apartado tercero del mismo precepto dispone que "también podrán imponerse las prohibiciones establecidas en el artículo 48, por un período de tiempo que no excederá de seis meses, por la comisión de una infracción calificada como falta contra las personas de los artículos 617 y 620. A su vez, el apartado segundo del artículo 48 del Código Penal preceptúa que "la prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, impide al penado acercarse a ellos, en cualquier lugar donde se encuentren, así como acercarse a ellos, en cualquier lugar donde se encuentren, así como acercarse a su domicilio, a sus lugares de trabajo y a cualquier otro que sea frecuentado por ellos ...". A tenor de las determinaciones contenidas en los preceptos indicados, y a fin de preservar la integridad física de la perjudicada, procede fijar la prohibición de acercarse a menos de 500 metros a Dña. Celeste, a su domicilio y lugar de trabajo, así como de comunicarse con ella por cualquier medio o procedimiento, por un período de dos años.

TERCERO.-Procede partir de recordar que el recurso de apelación constituye un mecanismo que posibilita un nuevo examen de la causa y el control del Tribunal ad que sobre la determinación de los hechos probados y sobre la aplicación del derecho objetivo efectuadas en la primera instancia, manteniendo la Jurisprudencia que cuando la cuestión debatida en apelación es la valoración de la prueba llevada a cabo por el Juzgador de instancia en uso de las facultades que le confiere nuestro Ordenamiento Jurídico ( artículos 741 y 973 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y artículo 117.3 de la Constitución Española), y sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio oral, la observancia de los principios de inmediación, contradicción y oralidad a que esa actividad se somete conducen a que, por lo general, deba reconocerse singular autoridad a la apreciación de las pruebas hecha por el Juez a cuya presencia se practicaron, porque es dicho Juzgador a quo quien goza del privilegio de intervenir en la práctica de la prueba y de valorar correctamente su resultado, apreciando personal y directamente las pruebas ya sean las de la instrucción, las anticipadas, las preconstituídas, o las del artículo 730 de la Ley Procesal Penal, de lo que carece el Tribunal de apelación el cual, obligado a revisar la prueba en segunda instancia, debe respetar -en principio-, el uso que se haya hecho en la instancia de la facultad de apreciar en conciencia las pruebas practicadas siempre y cuando tal proceso valorativo se haya motivado y razonado adecuadamente en la sentencia ( SSTC 17/12/85; 23/6/86; 13/5/87; 2/7/90 entre otras).

Consecuencia de lo expuesto es que sólo cabe revisar la apreciación probatoria hecha por el/la Juez de instancia en los siguientes casos:

a) cuando aquélla apreciación no dependa sustancialmente de la percepción directa o inmediación que el Juez tuvo con exclusividad, es decir, cuando no dependa de la credibilidad de los testimonios o declaraciones oídos solamente por el Juzgador,

b) cuando con carácter previo al proceso valorativo no exista prueba objetiva de cargo válidamente practicada, en cuyo caso se vulnera el principio de presunción de inocencia,

c) cuando un ponderado y detenido examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del Juzgador de instancia de tal magnitud -razonamiento absurdo, ilógico, irracional o arbitrario- que haga necesaria, empleando criterios objetivos y no interpretaciones discutibles y subjetivas, una modificación de los hechos declarados probados en la sentencia ( STS 29/12/93 y STC 1/3/93). Labor de rectificación esta última que además, como ya indicamos, será más difícil cuanto más dependa la valoración probatoria a examinar de la percepción directa que se tiene en la instancia, pero no imposible cuando las pruebas valoradas se hayan practicado sin observancia de los principios constitucionales o de legalidad ordinaria. Es por ello por lo que si la prueba ha respetado los principios de constitucionalidad y legalidad ordinaria y su interpretación no llega a conclusiones notoriamente ilógicas o incongruentes por contrarias a las evidencias de su resultado, el Tribunal ad quem no debe alterar las apreciaciones llevadas a cabo por el Juzgador a quo en la valoración de la misma pues una cosa es el derecho a la presunción de inocencia y otra distinta el derecho al acierto del Juez cuando interpreta la norma y valora la prueba.

Respecto del visionado de la grabación del juicio oral, como recuerda la STC de 18 de mayo de 2009, el mismo no puede sustituir a la inmediación que supone el examen personal y directo de las personas que declaran, lo que implica la concurrencia espacio-temporal de quien declara y ante quien se declara, ya que la garantía constitucional estriba tanto en que quien juzga tenga ante sí a quien declara como en que el declarante pueda dirigirse a quien está llamado a valorar sus manifestaciones.

Forma parte del derecho fundamental del acusado a un proceso con todas las garantías ( art. 24.2 CE), que la valoración de las pruebas que consistan en un testimonio personal, que sólo pueda ser realizada por el órgano judicial ante el que se practiquen -sólo por el órgano judicial que asiste al testimonio- y siempre que además dicha práctica se realice en condiciones plenas de contradicción y publicidad. Esta exigencia de inmediación de la práctica de este tipo de pruebas respecto al órgano judicial que las valora perdería su finalidad de garantía de la defensa efectiva de las partes y de la corrección de la valoración si una instancia superior pudiera proceder a una nueva consideración de los testimonios vertidos en el juicio a partir de la fundamentación de la Sentencia recurrida o de la sola constancia documental que facilita el acta del mismo" ( SSTC 105/2005, de 9 de mayo, FJ 1; 111/2005, de 9 de mayo, FJ 1; 112/2005, FJ 2; 185/2005, de 4 de julio, FJ 2).

CUARTO.-Desde lo expuesto y recordado, el examen de las actuaciones permite considerar que el acusado no compareció optando por colocarse en voluntaria situación de indiferencia defensiva, ello sin alegarse, ni aportarse principio de prueba, ni acreditarse causa justificada de fuerza mayor que se lo impidiera.

Basta la lectura de los tres folios que integran el acta de información de derechos (f 42), siendo por lo demás expresamente apercibido de la posibilidad de celebración del juicio en ausencia en los términos previstos por el Legislador en el párrafo segundo del art. 786.1 LECr (f 44). Por lo demás, y además, impresiona preciso recordar que la conjunción empleada lo es la disyuntiva, que no la copulativa.

El investigado/ ahora recurrente Jairo no quiso declarar en sede policial asistido de abogado (f 10), tampoco quiso declarar en fase de instrucción en el JVM 4 de Madrid (f 45), optando por no comparecer -se reitera- al acto del plenario, siendo que su inasistencia y su silencio, que a los efectos tanto darían, devienen en susceptible de ser valorados en el contexto del acervo probatorio, pues es sabido, que el silencio, cual la negativa a declarar, que tanto daría, lo es ( STS 2ª 04.10.16). En línea con la referida STS 04.10.16, en STS 20.04.22 se recuerda que la persona acusada puede optar, en el ejercicio de los derechos a la no autoincriminación, a no contestar a todas o alguna de las preguntas que se le formulen, a no ofrecer ninguna explicación o a ofrecer una explicación no corroborada. Ni el silencio, tal como se previene en el artículo 7 de la Directiva 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el derecho a la presunción de inocencia, ni la explicación no convincente pueden convertirse en elementos de prueba decisivos sobre los que fundar la decisión sobre la participación en el hecho de la persona acusada. Pero ello no supone que el tribunal, respetando las reglas de prueba, teniendo en cuenta la importancia de los intereses en conflicto y preservando el derecho de defensa -vid. Considerandos 22 a 28 de la Directiva 2016/343-, no pueda decantar de la falta de explicación razonable elementos argumentales de tipo presuntivo que, sin adquirir un prohibido valor probatorio determinante o decisivo, sirvan para reforzar la conclusividad de las inferencias basadas en los datos de prueba aportados por las acusaciones. Aprovechamiento que no es, por tanto, probatorio sino argumental y que responde a un estándar de racionalidad social incuestionable: si la conclusividad de la inferencia resultante de la actividad probatoria desarrollada por la acusación solo podría verse, en términos cognitivos, afectada si la persona acusada, pudiendo, ofreciera una explicación razonable y verificable que la neutralizara o, al menos, introdujera una duda razonable, su ausencia puede reforzar la solidez del hecho-consecuencia. Dicho de otro modo, la ausencia de la más mínima corroboración de la hipótesis alternativa de no participación, cuando esta solo puede ofrecerla la persona acusada, puede reforzar la solidez de la inferencia basada en los resultados probatorios consecuentes al cumplimiento satisfactorio por parte de las acusaciones de la carga de prueba que les incumbe. En resumen, el silencio de la persona acusada o la explicación inverosímil ofrecida por esta no pueden aprovecharse para suplir la insuficiencia probatoria de la hipótesis acusatoria. Pero ni lo uno ni lo otro resulta inocuo para argumentar, de contrario, sobre la solidez de los resultados inferenciales que arroja la prueba de la acusación. Como se afirma en la Decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso Zschüschev c. Bélgica, de 2 de mayo de 2017, reiterando la doctrina Murray [ STEDH, caso Murray contra Reino Unido, de 8 de febrero de 1996], "El Convenio no prohíbe que se tenga en cuenta el silencio de un acusado para declararlo culpable, a menos que su condena se base exclusiva o principalmente en su silencio (...), lo que claramente no es el caso. Los tribunales nacionales establecieron de forma convincente un conjunto de pruebas que corroboraban la culpabilidad del demandante y su negativa a dar explicaciones sobre el origen del dinero, cuando la situación exigía una explicación por su parte, solo sirvió para reforzar esas pruebas (...). De tal modo, teniendo en cuenta el peso de las pruebas contra el demandante, las conclusiones extraídas de su negativa a dar una explicación convincente sobre el origen del dinero responden al sentido común y no pueden considerarse injustas o irrazonables. (...) Ni comportan el efecto de desplazar la carga de la prueba de la acusación a la defensa, en contra del principio de presunción de inocencia garantizado por el artículo 6.§.2 del Convenio", vid. SSTC 24/97, 26/2010, 9/2011; SSTS 474/2016 de 2 de junio, 447/2019 de 3 de octubre, 298/2020, de 11 de junio, 724/2020, de 2 de febrero, 299/2021, de 8 de abril.

También es sabido que incumbit probatio qui dicit, así como que sobre el acusado pesa el deber de probar los hechos negativos e/o impeditivos ( ATS 13.06.03). Ya la STS 09.10.1999 recuerda que la carga de la prueba obliga a cada parte a probar aquello que expresamente alegue.

Frente a tal voluntaria indiferencia, el relato de la denunciante en fase de instrucción (f 64), lo fue en relación con el acto del plenario (grabación j.o.), en lo esencial, reiterado, persistente y sólido, siendo que vino a reiterar en el plenario que el 29.03.22 el acusado era su pareja, que estaban discutiendo y él empezó a agredirla, que la empujó en la calle, que la pegó estando embarazada, hasta que llegó gente y que cuando vio a la Policía se escondió. Que era en un parque. Que le dio patadas, golpes en la espalda, que fue empujaba al suelo, que la tiraba del pelo, que le propinó un puñetazo en la boca, que se la rompió. Que la Policía le encontró estando escondido. Que un vecino llamó a la PN. Que recibió atención médica por el labio. Que estaba embarazada de 8 meses. Que eran las 03:00 h. Que no conoce al vecino que llamara a la PN.

Ya en el parte del SAMUR referido a la denunciante se informa que la misma manifestó agresión por parte de su pareja, refirió puñetazo en la boca, y que refiere agresiones en otros momentos. Mañana acudirá con un familiar para interponer denuncia... (f 20). Consta asimismo informe médico forense (f 73).

El PN NUM000 vino a manifestar que se recibió una llamada de una vecina que escuchaba veces diciendo Déjame. Que en el parque estaban el agresor, y una chica embarazada, llorando, sangrando por la boca, que decía que le había pegado su pareja, resultando que le detuvieron esa misma noche. Les decía que el acusado/ahora recurrente hurtó en un Carrefour, y le echaba la culpa a ella de la detención por el hurto. Que ella les decía que estaba por ahí, y resultó que estaba a 30 metros, tumbado boca arriba en la yerba e intentó salir corriendo, zafarse y se resistió (informándose ya al f 2 que hallándose escondido, emprendió un forcejeo con los PPNN NUM001 y NUM000, resistiéndose activamente a la detención, soltando manotazos y patadas siendo necesaria su reducción, llegando a precisar asistencia sanitaria los dos referidas agentes). Que él sólo decía En serio, Celeste? De verdad, Celeste? Ella les dijo que la empujó, la tiró al suelo, le propinó patadas y puñetazos. Que estaba sangrando por la boca y embarazada.

Para en el supuesto de considerarse la existencia de testimonios contradictorios y/o relatos enfrentados ( STS 2ª 26.10.01), es sabido que los mismos no necesariamente suponen ni conllevan su neutralización, debiendo ser valorados en el órgano de instancia en lo referido a su veracidad y credibilidad bajo los principios de contradicción y de inmediación, lo que así ha acaecido en el caso que nos ocupa.

Las diligencias de prueba lo fueron de naturaleza personal, siendo sabido que los dictámenes periciales, en cuanto que se trata de pruebas personales, no pierden dicho carácter por el hecho de aparecer documentadas en las actuaciones (obrando informe de la médica forense de NUM002 (f 52).

El acusado/ahora recurrente no viene sino a relatar su propia valoración de las pruebas llevadas a efecto. En palabras de p.e. STS 14.07.10, se limita en su consideración de los elementos, a darles otra interpretación o bien a aislarlos del conjunto probatorio, extrayendo sus propias e interesadas conclusiones.

La Juez de instancia, en el ejercicio de su función jurisdiccional, valora y expone, su pronunciamiento, con razonada argumentación, basada en los criterios del artículo 741 LECr, bastando la lectura de la sentencia que se recurre, para concluir que las alegaciones/afirmaciones que se efectúan no justifican ni, desde luego, acreditan, en los términos legal y jurisprudencialmente exigibles, el dictado de decisión distinta, siendo que la adoptada por la Juez a quo, procede ser respetada por las razones anteriormente expuestas, atendido el resultado de las pruebas practicadas en el plenario, sin que se haya acreditado, ni aun se atisbe, que las conclusiones alcanzadas sean arbitrarias ni irrazonables, aunque sean discrepantes con las vertidas por el acusado/ahora recurrente. Deberá, en consecuencia, estarse a lo que se acordará.

QUINTO.-Se declaran de oficio las costas devengadas en esta alzada, vistos los arts. 240 LECr y concordantes.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,