Sentencia Penal 38/2024 Audiencia Provincial Penal de Madrid nº 30, Rec. 24/2024 de 22 de enero del 2024

PRIMERO.- Se recurre una sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de Instrucción en cuya virtud se condena a Victoriano como autor de un delito leve de lesiones del artículo 147,2 del Código Penal.

Contra dicha sentencia interpone condenado recurso de apelación, alegando un motivo reconducible a error en la apreciación de la prueba por entender que no quedaron acreditados en el acto del juicio los hechos en que se funda su condena, ello se argumenta por un lado en que su acción no sería idónea para causar las lesiones y no concurriría animus laedendi y de otro en que habría de apreciarse legítima defensa. También se impugna el importe fijado en concepto de responsabilidad civil

Por otra parte se interesa la condena del otro denunciante /denunciado como autor de un delito leve de lesiones o maltrato de obra.

SEGUNDO.- En relación con la pretensión absolutoria de los apelantes, señala el Tribunal Supremo en Sentencias de 4 de octubre de 1999 y 26 de junio de 1998, entre otras, señala que para poder apreciar en el proceso penal una vulneración del principio a la presunción de inocencia se requiere que en la causa exista un vacío probatorio sobre los hechos que sean objeto del proceso, o sobre alguno de los elementos esenciales de los delitos enjuiciados, pese a lo cual se dicta una sentencia condenatoria. Si, por el contrario, se ha practicado en relación a tales hechos o elementos, actividad probatoria revestida de los requisitos propios de la prueba de cargo, con sometimiento a los principios de oralidad, contradicción e inmediación, no puede estimarse la violación constitucional basada en la presunción de inocencia, pues las pruebas así obtenidas son aptas para destruir dicha presunción, quedando sometidas a la libre y razonada valoración del Tribunal de Instancia, a quien , por ministerio de la ley, corresponde con exclusividad dicha función ( artículos 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 117.3 de la Constitución Española).

Por otra parte, y en cuanto a las facultades revisoras del tribunal que conoce del recurso, ha señalado en sentencias como las de 8 de mayo de 2014 y 1507/2005 de 9 de diciembre que: "El único límite a esa función revisora lo constituye la inmediación en la percepción de la actividad probatoria, es decir, la percepción sensorial de la prueba practicada en el juicio oral. Lo que el testigo dice y que es oído por el tribunal, y cómo lo dice, esto es, las circunstancias que rodean a la expresión de unos hechos. Esa limitación es común a todos los órganos de revisión de la prueba, salvo que se reitere ante ellos la prueba de carácter personal, y a ella se refieren los arts. 741 y 717 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal . El primero cuando exige que la actividad probatoria a valorar sea la practicada "en el juicio". El segundo cuando exige una valoración racional de la prueba testifical. Ambos artículos delimitan claramente el ámbito de la valoración de la prueba diferenciando lo que es percepción sensorial, que sólo puede efectuar el órgano jurisdiccional presente en el juicio, de la valoración racional, que puede ser realizada tanto por el tribunal enjuiciador como el que desarrolla funciones de control".

Respecto de las lesiones causadas a Jose Pedro se argumenta que es difícil imaginar un "eritema" sin contacto físico y el propio Sr. Jose Pedro dijo en Juicio que tal contacto no se dio. Y en lo que respecta al escozor en los ojos (única secuela que la Sentencia recoge), el informe forense de 07/09/2022 en el que la propia Sentencia se funda, dice literalmente "el informado refiere escozor en ambos ojos". Aun si se consideraran causadas por la acción del Sr. Victoriano las lesiones y secuelas, no habría concurrido el necesario "ánimus laedendi" sino tan solo "ánimus defendi". Inexistencia de dolo que no se refiere a la acción de rociar con spray al Sr. Jose Pedro, evidentemente voluntaria, sino a la intención de causar daño con ello.

El spray se encuentra debidamente homologado y , como se describe en los datos y características informadas por el "CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Efectos inmediatos. Incapacita a cualquier agresor Durante 15/20 minutos" y "EFECTOS QUE PRODUCE: Irritación inmediata de los ojos, de la piel y mucosas. Lagrimeo y Fotofobia (Dilatación total de la pupila). Irritación pulmonar e intestinal. Tos y nauseas. Depresión SNC (Sistema Nervioso Central)" (pag. 3), y del que asegura el fabricante (pag. 2) que "Algo importantísimo es la garantía de que estos efectos solo duran entre 15 y 20 minutos y no deja secuelas o lesiones", añadiendo (pag. 5) que "Los efectos pueden ser muy diversos dependiendo del sujeto. Pero podemos asegurar que el agresor no tendrá efectos secundarios en su cuerpo pasados 45 minutos".

Respecto de la concurrencia de la circunstancia eximente de la responsabilidad criminal de legítima defensa, ex art. 20.4º del CP, se argumenta que el empujón contra el rincón y la posterior agresión que el Sr. Victoriano afirmó haber sufrido, evidencian la intención defensiva. Se alude a que la propia sentencia declara probado que tras una discusión "D. Jose Pedro se encaró a Victoriano y le acorraló contra la pared lo que motivó que éste sacara un spray de pimienta personal y le rociara". En su F.J. 1º insiste en ello: "se considera que la actitud de Jose Pedro debió tener un plus de agresividad, siendo creíble que insultara y acorralara contra la pared a Victoriano, lo que motivó que éste al verse en peligro de ser agredido sacara el spray y decidiera usarlo". Si el Sr. Victoriano, como dice la Sentencia, fue acorralado, es lógico que al sentirse acorralado intentara defenderse de lo que cualquiera podía prever como inminente agresión física ("al verse en peligro de ser agredido sacara el spray y decidiera usarlo"), el medio que empleó el Sr. Victoriano era el más adecuado y menos lesivo que podía utilizar para repeler la agresión en curso (acorralamiento) y evitar una previsiblemente mayor. Se trataba de un spray de defensa personal homologado que según sus datos e instrucciones no causaba ninguna lesión ni secuela. Pese a ello, en sede de la pena a imponer, en el marco de punitivo de 1 a 3 meses de multa impone dos meses, sin mayor explicación que su prudente arbitrio (F.J. 2º), en lugar de la mínima.

Siendo estas las alegaciones del escrito de recurso, lo primero que cabe señalar es que la única pericial practicada respecto de las lesiones es el informe del médico forense, donde claramente establece las lesiones y las secuelas. La relación causal entre la lesión y la acción es clara, siendo perfectamente compatible la existencia de un eritema con la acción del spray, pues eritema equivale a enrojecimiento o inflamación.

El animus laedendi se infiere del control de la fuente de riesgo que sin duda viene constituido por la fuente de riesgo y su aptitud para causar daños, Con independencia de que se exprese en las instrucciones de uso, ello no puede tener un valor absoluto cuando va destinado a impactar con la mucosa ocular del destinatario, no pudiendo preverse con exactitud los efectos a causar, con lo que los mismos sería abarcados por el dolo eventual del agente.

En lo que se refiere a la concurrencia de legítima defensa del art 20,4ª CP , se indica en al STS que "el único requisito que puede justificar la eximente incompleta, es el de la necesidad racional del medio empleado en la defensa, pero tanto la falta de provocación como la agresión ilegítima no admiten grados ya que de ellos solamente cabe predicar que concurren o no concurren" De los hechos declarados probados se desprende que existió lo que podría estimarse una agresión ilegítima, pues por una cuestión menor como cerrar las ventanas del edifico no se justifica arrinconar al apelado. Tampoco parece que ese hecho desencadenante pueda considerarse una provocación. Ahora bien, la reacción defensiva se excedió en relación con el peligro constituido por la actitud violenta del oponente (consistente meramente en arrinconar). El spray no era inocuo, sino con potenciales efectos irritantes, lo cual es un exceso que hace que no pueda concurrir la eximente completa ni aun de modo incompleto, mas sí por vía analógica del ar.t 21,7ª CP. Ello ha de tener trascendencia en la individualización de la pena, que estimamos proporciona que se sitúe en su mitad inferior y fijarla en un mes y quince días de multa, atendiendo a los días de curación que precisó el lesionado.

En tal sentido se ha de estimar parcialmente el recurso.

En relación con la responsabilidad civil, se alega falta de motivación y vulneración por la sentencia recurrida de lo dispuesto en los arts. 142 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el art. 115 del Cód. Penal y los arts. 24 y 120.3 de la Constitución Española, así como art. 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por cuanto se establece una cuantía indemnizatoria que se aparta de los parámetros ordinarios sin precisar, menos aún motivar, cuáles son las bases que determinan el cálculo de la misma. La Sentencia recurrida establece en su Fundamento de Derecho tercero que: "Al haber formulado reclamación por las lesiones, Victoriano deberá indemnizar a Jose Pedro en la cantidad de dos mil euros por las lesiones, a razón de 100 euros por cada uno de los 20 días impeditivos que tardó en curar según el informe de sanidad del Médico Forense de fecha 7 de septiembre de 2022. Existiendo asimismo una secuela derivada de las lesiones sufridas valorada en un punto, debe adicionarse a la cantidad anterior, la suma de seiscientos euros. Lo que hace un total por lesiones y secuelas de dos mil seiscientos (2.600 €) euros", lo que vuelve a recoger en su Fallo, sin mayor argumentación, menos aún justificación en cuanto a la cantidad objeto de condena.

En esta materia, señala la STS 589/17 de 19 de julio que " Respecto de la cuantía de la indemnización tiene señalado esta Sala (STS 107/2017, de 21-2 ) que con carácter general corresponde su fijación al Tribunal de instancia ( STS nº 418/2013, de 16-5 , entre otras), de manera que no es, por lo general, revisable en casación, pues, al no establecer el Código Penal criterios legales para señalar su cuantía, no cabe apreciar en su determinación infracción de ley sustantiva ( STS nº 262/2016, de 4-4 ). En esa misma sentencia 107/2007 se enumeran los supuestos en los que sería posible rectificar la determinación de la cuantía de la indemnización fijada en la sentencia de instancia, entre los que cabe señalar: 1º) cuando se rebase o exceda de lo solicitado por las partes acusadoras; 2º) cuando se fijen defectuosamente las bases correspondientes; 3º) cuando quede patente una evidente discordancia entre las bases y la cantidad señalada como indemnización; 4º) cuando se establezcan indemnizaciones que se aparten de modo muy relevante de las señaladas ordinariamente por los Tribunales en supuestos análogos; 5º) en supuestos de error notorio, arbitrariedad o irrazonable desproporción de la cuantía fijada; 6º) en los supuestos de aplicación necesaria del Baremo, cuando se aprecia una defectuosa interpretación del mismo; y 7º) en los supuestos dolosos, o imprudentes ajenos a la circulación, en los que el Baremo solo es orientativo, cuando el Tribunal señale expresamente que establece las indemnizaciones conforme al baremo y sin embargo lo aplique defectuosamente "

En el prenote caso se ha hecho una correcta aplicación de las bases, como son los días de curación y la secuela, añadiendo a la cantidad contemplada e le Baremo de Tráfico (que no es vinculante para los delitos dolosos, pero puede ser orientativo) un porcentaje que eleva las cantidades correspondientes. Ello no resulta desmesurado ni contraviene los criterios usualmente contemplados a tal efecto. Por estas razones se ha de confirmar el pronunciamiento.

TERCERO.- En relación con la pretensión condenatoria de Jose Pedro, se argumenta que la Sentencia recurrida no recoge la agresión física sufrida por el Sr. Victoriano como consecuencia de que, tras ser rociado con el spray, D. Jose Pedro empujó al Sr. Victoriano, lo que dio lugar a que se golpeara contra la barandilla y se causara las lesiones en el brazo que constan en el Informe Forense (folio 17), consistentes en "contusión con escoriación en región postero-lateral externa de antebrazo derecho", que fueron objeto de acusación en Juicio tanto por la defensa del Sr. Victoriano como por el Ministerio Fiscal. La Sentencia descarta la realidad de la mencionada acción agresiva con el único fundamento de que "resulta prácticamente imposible que tras ser rociado con el spray de pimienta, altamente irritante tanto para los ojos como para las vías respiratorias, Jose Pedro fuera hacia él y le empujara nuevamente, puesto que en esa situación la irritación sería tal que difícilmente podría ver algo, considerando que si el empujón se hubiera producido no tendría carácter doloso debido al estado en el que se encontraba tras ser rociado con el spray". Sin embargo tal razonamiento, aparentemente no exento de lógica, olvida un hecho muy relevante y es la posibilidad de que el Spray lo llegara con la dirección, distancia y/o fuerza como para producir el efecto que la Sentencia le supone y del que no existe prueba y, lo que es mas importante, olvida que el Sr. Jose Pedro, como se vió en Juicio, lleva gafas, lo cual obviamente anula el efecto directo de la acción del spray sobre los ojos, de forma que la agresión (empujón) que sufrió el Sr. Victoriano si ofrece la verosimilitud que se le niega.

Tratándose de recurrir un pronunciamiento absolutorio, en la sentencia de esta Sección 530/18 de 24 de julio (Rollo 1057/18) se hace un estudio sobre el estado de la cuestión en esta materia. Transcribimos lo en ella expuesto.

"Respecto a la posibilidad de revisión en apelación de una sentencia absolutoria , como exponen las recientes sentencias del TS de 13 de octubre de 2016 , 24 de julio de 2015 o 28 de mayo de 2015, la doctrina del Tribunal Constitucional ha ido evolucionando desde la STC 167/2002 , así como la de la Sala Penal TS y siguiendo ambas en este aspecto al TEDH ( desde la sentencia del caso Ekbatani vs Suecia de 28 de Mayo 1988 , citando las más recientes SSTEDH caso Marcos Barrios contra España, de 21 de septiembre de 2010 y García Hernández contra España, de 16 de noviembre de 2010 ; de 25 de octubre de 2011 , caso Almenara Alvárez contra España; de 22 de noviembre de 2011 , caso Lacadena Calero contra España; de 13 de diciembre de 2011 caso Valbuena Redondo contra España; de 20 de marzo de 2012 Caso Serrano Contreras contra España ó 27 de noviembre de 2012 caso Vilanova Goterris y Llop García contra España ), han establecido severas restricciones a la posibilidad de rectificar en vía de recurso los aspectos fácticos de sentencias absolutorias para consignar un nuevo relato de hechos probados al que unir un pronunciamiento condenatorio contra quien había resultado absuelto en la instancia. Esta jurisprudencia exigía desde el derecho a un proceso con todas las garantías, que, cuando las cuestiones a resolver afecten a los hechos, tanto objetivos como subjetivos, y sea necesaria para su resolución la valoración de pruebas personales, es precisa la práctica de éstas ante el Tribunal que resuelve el recurso; en consecuencia desde la perspectiva del derecho de defensa, es preciso dar al acusado absuelto en la instancia la posibilidad de ser oído directamente por dicho Tribunal, en tanto que es el primero que en vía penal dicta una sentencia condenatoria contra aquél.

En ese sentido, ya se decía en la STS 691/2014 de 23 de octubre Jurisprudencia citadaSTS, Sala de lo Penal, Sección 1ª, 23-10-2014 (rec. 91/2014) que cuando el Tribunal de instancia haya establecido los hechos probados, tanto objetivos como subjetivos sobre la base, en todo o en parte de pruebas personales, la rectificación de cualquiera de aquellos, para construir un nuevo relato fáctico que dé lugar al dictado de una sentencia condenatoria, requiere una audiencia pública en la que sea oído el acusado. Las SSTC 154/2011 Jurisprudencia citadaSTC, Sala Segunda, 17-10-2011 ( STC 154/2011) ; 49/2009 Jurisprudencia citadaSTC, Sala Primera, 23-02-2009 ( STC 49/2009) ; 30/2010 Jurisprudencia citadaSTC, Sala Segunda, 17-05-2010 ( STC 30/2010) ó 46/2011 Jurisprudencia citadaSTC, Sala Segunda, 11-04-2011 ( STC 46/2011) , entre otras, insisten en que el Tribunal que va a conocer vía recurso de la sentencia absolutoria dictada por otro, debe oír personal y directamente al absuelto en la instancia en un debate público en el que se respete la contradicción, estableciendo como única excepción que se trate de una exclusiva cuestión jurídica que respetando escrupulosamente los hechos probados no precise de una revaloración de las pruebas ni de las personales strictu sensu ni de otras en las que la audiencia del concernido aparezca como necesaria. Es decir que no sea preciso revalorar los elementos objetivos y subjetivos del delito, porque la cuestión debatida es meramente de subsunción jurídica de unos hechos aceptados. En tal sentido, SSTS 1423/2011 Jurisprudencia citadaSTS, Sala de lo Penal, Sección 1ª, 29-12-2011 (rec. 781/2011) , 142/2011 Jurisprudencia citadaSTS, Sala de lo Penal, Sección 1ª, 11-03-2011 (rec. 2145/2010) , 309/2012 de 12 de abril Jurisprudencia citadaSTS, Sala de lo Penal, Sección 1ª, 12-04-2012 (rec. 1321/2011) ; 757/2012 de 11 de octubre Jurisprudencia citadaSTS, Sala de lo Penal, Sección 1ª, 11-10-2012 (rec. 2476/2011) ; 1020/2012 de 30 de diciembre ; 157/2013 de 22 de febrero Jurisprudencia citadaSTS, Sala de lo Penal, Sección 1ª, 22-02-2013 (rec. 567/2012) y 325/2013 de 2 de abril Jurisprudencia citadaSTS, Sala de lo Penal, Sección 1ª, 02-04-2013 (rec. 1148/2012) .

Estas limitaciones han sido introducidas en el art. 792 LecrLegislación citadaLECRIM art. 792 . Según la redacción dada por la reforma operada mediante Ley 41/2015, de 5 de octubre, de agilización de la justicia penal y fortalecimiento de las garantías procesales, el cual establece: "2. La sentencia de apelación no podrá condenar al encausado que resultó absuelto en primera instancia ni agravar la sentencia condenatoria que le hubiera sido impuesta por error en la apreciación de las pruebas en los términos previstos en el tercer párrafo del artículo 790.2. No obstante, la sentencia, absolutoria o condenatoria, podrá ser anulada y, en tal caso, se devolverán las actuaciones al órgano que dictó la resolución recurrida. La sentencia de apelación concretará si la nulidad ha de extenderse al juicio oral y si el principio de imparcialidad exige una nueva composición del órgano de primera instancia en orden al nuevo enjuiciamiento de la causa. 3. Cuando la sentencia apelada sea anulada por quebrantamiento de una forma esencial del procedimiento, el tribunal, sin entrar en el fondo del fallo, ordenará que se reponga el procedimiento al estado en que se encontraba en el momento de cometerse la falta, sin perjuicio de que conserven su validez todos aquellos actos cuyo contenido sería idéntico no obstante la falta cometida".

Dicho precepto ha de interpretarse en el sentido de que el ámbito que queda reservado al Tribunal de apelación para poder condenar al apelante absuelto -o agravar la condena impuesta- no es el propio de la valoración probatoria. Pierde la apelación su sentido amplio de "nuevo juicio" que desde una posición maximalista se le había atribuido, aunque ya se había visto más que matizado por la jurisprudencia del TEDH, desarrollada luego por nuestro Tribunal Constitucional y por el Tribunal Supremo.

Tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se consolida normativamente esta doctrina jurisprudencial, de modo que tan sólo podrá entrar a revisarse la sentencia apelada cuando si cuanto se invoca es una verdadera infracción de precepto legal, lo que exige un escrupuloso respeto por parte del tribunal de apelación al principio de intangibilidad de los hechos probados, limitando de este modo el examen revisor a cuestiones como la tipicidad.

Queda a salvo, para los supuestos de palmaria infracción de las normas del ordenamiento jurídico, la vía de la anulación de la sentencia absolutoria , para lo cual ha de tenerse presente, primero, que la anulación ha de ser solicitada en el recurso tal como se impone en el artículo 240, párrafo final, de la Ley Orgánica del Poder JudicialLegislación citadaLOPJ art. 240 , y, la segunda, su carácter tasado ( artículo 238 L.O.P.JLegislación citadaLOPJ art. 238 .) y excepcional ( STS 39/2015, de 29 de mayo ). Así, el art. 790.2 LecrLegislación citadaLECRIM art. 790.2 ., al que se remite el art. 792.2 de la misma leyLegislación citadaLECRIM art. 792.2 , dispone que "cuando la acusación alegue error en la valoración de la prueba para pedir la anulación de la sentencia absolutoria o el agravamiento de la condenatoria, será preciso que se justifique la insuficiencia o la falta de racionalidad en la motivación fáctica, el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada".

El recurso no puede prosperar, porque basándose en error en la valoración de la prueba, no se cumplen las exigencias del art. 792Legislación citadaLECRIM art. 792 y 790.2 LecrLegislación citadaLECRIM art. 790.2 ., puesto que por tal motivo le está impedido a este órgano revocar una sentencia absolutoria, de manera que la única vía es la anulación de la sentencia con devolución al juzgador y tal nulidad no ha sido solicitada por los recurrentes.

En el presente caso se pretende una alteración de los hechos declarados probados que conducen a un pronunciamiento absolutorio, puesto que no se trata de una mera cuestión jurídica de calificación de los hechos declarados probados, sino que se pretende la alteración de estos, en contra de lo señalado en la sentencia apelada, mediante la valoración de la prueba de carácter personal practicada en el juicio, sin lo cual no podría altear el pronunciamiento absolutorio.

Por otra parte, la argumentación contenida en la sentencia no es ilógica o irrazonable, ni se aparta de las máximas de experiencia, pues entra dentro de ello que como consecuencia de los efectos del spray no tuviera capacidad el acusado para empujar de modo efectivo y con dominio del hecho a otro acusado y provocarle las lesiones aludidas. Es por ello que tampoco puede prosperar la pretensión declaratoria de nulidad.

Por todo lo expuesto, procede la desestimación del recuro interpuesto

CUARTO.- De conformidad con el artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se declaran las costas de oficio.

VISTOS los preceptos legales citados, y los demás de general y pertinente aplicación