Sentencia Penal 224/2024 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 32, Rec. 477/2024 de 23 de abril del 2024

PRIMERO: Solicita el recurrente que, "previa a la celebración de vista para la práctica del interrogatorio de los acusados, de don Eliseo y del médico forense así como la reproducción de la grabación de las dos sesiones del juicio, pruebas cuya práctica deja expresamente interesada y propuesta ante esta Ilustrísima Sala, acuerde dictar nueva sentencia por la que, estimando el recurso interpuesto contra el pronunciamiento absolutorio de ambos acusados del delito de lesiones del artículo 147.1 del Código Penal contenido en el párrafo primero de su fallo, lo anule y deje sin efecto y dicte nueva sentencia condenatoria de ambos acusados también por dicho delito, imponiéndoles la pena y la obligación del pago de la responsabilidad civil e intereses de demora y costas solicitadas por la acusación particular en el acto de la vista de juicio".

Sorprende la petición formulada por cuanto las contradicciones que contiene y, pese a que en el auto dictado en esta misma causa rechazando la petición de prueba y la celebración de vista por parte de este Tribunal se hicieron las consideraciones oportunas, se hará nuevamente en este caso para ahondar más en las peticiones formuladas.

El artículo 791.1 Lecrim no permite la repetición del juicio ante el Tribunal ad quem y mucho menos la repetición de parte del juicio y ello por los siguientes motivos:

-En primer lugar, un acusado que ha resultado absuelto no puede someterse a nuevo juicio a los puros efectos de ser condenado, repitiendo las pruebas ya practicadas en la instancia que no obtuvieron el resultado que pretendía la pretensión acusatoria, es decir, la condena del acusado.

-En segundo lugar, lo que no se permite es la repetición de parte del juicio en perjuicio del derecho de defensa de la otra parte y, por tanto, ofreciendo al Tribunal de apelación una visión parcial de la inmediación en prejuicio de la totalidad del acto del juicio oral.

Es cierto que el citado artículo 791.1 Lecrim permite la celebración de vista para reproducir lo grabado ante el Juzgado de lo Penal, diciendo textualmente o "reproducción de la grabada", considerándose innecesaria dicha vista dado que consta la grabación ha sido examinada por este Tribunal para resolver el recurso de apelación. Por otro lado, tampoco se ha considerado necesaria la celebración de vista para formar una convicción fundada habida cuenta que ya consta en el contenido del recurso de apelación los argumentos de las partes, expresados en el juicio oral y las impugnaciones, tanto del Ministerio Fiscal como de la defensa de los acusados.

Por otro lado, se solicita en el SUPLICO del recurso tanto la anulación como la revocación de la sentencia puesto que se dice que se anule y se deje sin efecto, al mismo tiempo que se dicte una nueva sentencia condenatoria para ambos acusados por el delito de lesiones del artículo 147.1 del Código Penal, lo cual es contradictorio porque o se anula por los motivos expuestos en algunos de los supuestos recogidos en los artículos 790 y 792 Lecrim o se revoca la sentencia y se dicta una nueva, acogiendo la pretensión de la acusación, lo que no cabe son las dos posibilidades al mismo tiempo -podrían ser subsidiariamente-.

Pretende el recurrente la revocación de la sentencia absolutoria dictada en base a pruebas personales, por lo que es preciso traer a colación la STC 167/2002 y la posterior jurisprudencia del TC. A ella se ha unido la modificación llevada a cabo por la Ley 41/2015 en los artículos 790 y 792 LECrim que recogen la imposibilidad de revocar sentencias absolutorias cuando la argumentación se basa en error en la valoración de las pruebas, salvo que el Juez a quo haya omitido valorar alguna prueba de especial relevancia para la causa, haya incurrido en insuficiencia o falta de racionalidad en la motivación o vaya en contra de las máximas de experiencia. La consecuencia solo puede ser la nulidad de la sentencia para que el Juez a quo dicte nueva sentencia. La consecuencia nunca puede ser la revocación de la dictada en la primera instancia penal cuyo fin sea la condena del acusado absuelto.

El artículo 790 dice, después de la reforma operada por la Ley 41/2015, lo siguiente: 1. La sentencia dictada por el Juez de lo Penal es apelable ante la Audiencia Provincial correspondiente, y la del Juez Central de lo penal, ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El recurso podrá ser interpuesto por cualquiera de las partes, dentro de los diez días siguientes a aquel en que se les hubiere notificado la sentencia. Durante este período se hallarán las actuaciones en la Oficina judicial a disposición de las partes, las cuales en el plazo de los tres días siguientes a la notificación de la sentencia podrán solicitar copia de los soportes en los que se hayan grabado las sesiones, con suspensión del plazo para la interposición del recurso. El cómputo del plazo se reanudará una vez hayan sido entregadas las copias solicitadas.

La parte que no hubiera apelado en el plazo señalado podrá adherirse a la apelación en el trámite de alegaciones previsto en el apartado 5, ejercitando las pretensiones y alegando los motivos que a su derecho convengan. En todo caso, este recurso quedará supeditado a que el apelante mantenga el suyo.

Las demás partes podrán impugnar la adhesión, en el plazo de dos días, una vez conferido el traslado previsto en el apartado 6.

2. El escrito de formalización del recurso se presentará ante el órgano que dictó la resolución que se impugne, y en él se expondrán, ordenadamente, las alegaciones sobre quebrantamiento de las normas y garantías procesales, error en la apreciación de las pruebas o infracción de normas del ordenamiento jurídico en las que se base la impugnación. El recurrente también habrá de fijar un domicilio para notificaciones en el lugar donde tenga su sede la Audiencia.

Si en el recurso se pidiera la declaración de nulidad del juicio por infracción de normas o garantías procesales que causaren la indefensión del recurrente, en términos tales que no pueda ser subsanada en la segunda instancia, se citarán las normas legales o constitucionales que se consideren infringidas y se expresarán las razones de la indefensión. Asimismo, deberá acreditarse haberse pedido la subsanación de la falta o infracción en la primera instancia, salvo en el caso de que se hubieren cometido en momento en el que fuere ya imposible la reclamación.

Cuando la acusación alegue error en la valoración de la prueba para pedir la anulación de la sentencia absolutoria o el agravamiento de la condenatoria, será preciso que se justifique la insuficiencia o la falta de racionalidad en la motivación fáctica, el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada.

3. En el mismo escrito de formalización podrá pedir el recurrente la práctica de las diligencias de prueba que no pudo proponer en la primera instancia, de las propuestas que le fueron indebidamente denegadas, siempre que hubiere formulado en su momento la oportuna protesta, y de las admitidas que no fueron practicadas por causas que no le sean imputables.

4. Recibido el escrito de formalización, el Juez, si reúne los requisitos exigidos, admitirá el recurso. En caso de apreciar la concurrencia de algún defecto subsanable, concederá al recurrente un plazo no superior a tres días para la subsanación.

5. Admitido el recurso, el Secretario judicial dará traslado del escrito de formalización a las demás partes por un plazo común de diez días. Dentro de este plazo habrán de presentarse los escritos de alegaciones de las demás partes, en los que podrá solicitarse la práctica de prueba en los términos establecidos en el apartado 3 y en los que se fijará un domicilio para notificaciones.

6. Presentados los escritos de alegaciones o precluido el plazo para hacerlo, el Secretario, en los dos días siguientes, dará traslado de cada uno de ellos a las demás partes y elevará a la Audiencia los autos originales con todos los escritos presentados".

Y el artículo 792 LECrim continúa diciendo lo siguiente: 1. La sentencia de apelación se dictará dentro de los cinco días siguientes a la vista oral, o dentro de los diez días siguientes a la recepción de las actuaciones por la Audiencia cuando no hubiere resultado procedente su celebración.

2. La sentencia de apelación no podrá condenar al encausado que resultó absuelto en primera instancia ni agravar la sentencia condenatoria que le hubiera sido impuesta por error en la apreciación de las pruebas en los términos previstos en el tercer párrafo del artículo 790.2.

No obstante, la sentencia, absolutoria o condenatoria, podrá ser anulada y, en tal caso, se devolverán las actuaciones al órgano que dictó la resolución recurrida. La sentencia de apelación concretará si la nulidad ha de extenderse al juicio oral y si el principio de imparcialidad exige una nueva composición del órgano de primera instancia en orden al nuevo enjuiciamiento de la causa.

3. Cuando la sentencia apelada sea anulada por quebrantamiento de una forma esencial del procedimiento, el tribunal, sin entrar en el fondo del fallo, ordenará que se reponga el procedimiento al estado en que se encontraba en el momento de cometerse la falta, sin perjuicio de que conserven su validez todos aquellos actos cuyo contenido sería idéntico no obstante la falta cometida.

4. Contra la sentencia dictada en apelación solo cabrá recurso de casación en los supuestos previstos en el artículo 847, sin perjuicio de lo establecido respecto de la revisión de sentencias firmes, o en el artículo siguiente para la impugnación de sentencias firmes dictadas en ausencia del acusado. Cuando no se interponga recurso contra la sentencia dictada en apelación los autos se devolverán al juzgado a los efectos de la ejecución del fallo.

5. La sentencia se notificará a los ofendidos y perjudicados por el delito, aunque no se hayan mostrado parte en la causa".

Dichos artículos han venido a recoger la jurisprudencia del Tribunal Constitucional iniciada por la ya lejana STC 167/2002 que empezó limitando la revocación de las sentencias absolutorias dictadas en base a pruebas orales para, a continuación, la jurisprudencia del Alto Tribunal acabar por impedir, salvo supuestos muy excepcionales, la revocación de las sentencias absolutorias en base a la falta de inmediación del Tribunal ad quem.

En la STDEH de 24 de septiembre de 2019, caso Camacho c. España, el TEDH estima el recurso y considera que la Audiencia Provincial realizó una valoración ex novo, tanto objetiva como subjetiva, de los hechos declarados probados en primera instancia, sin que el demandante tuviera la posibilidad de ser oído para poder impugnar, tras un examen contradictorio, la nueva apreciación efectuada por la Audiencia Provincial.

De lo anterior se deduce que es muy difícil la revocación de sentencias absolutorias dictadas en base a pruebas personales en base a error en la valoración de las pruebas y ello porque al Tribunal ad quem le falta la inmediación propia del juicio oral que sí ha asistido al Juez encargado de su enjuiciamiento.

La jurisprudencia a la que alude el recurrente para solicitar la revocación de la sentencia recurrida es anterior a la reforma operada en los artículos 790 a 792 Lecrim por la ley 41/2015 que acogió la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con la revocación de las sentencias absolutorias dictadas por los Juzgados de instancia en base a pruebas orales practicadas en el juicio oral.

A este respecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 790.2, párrafo tercero, Lecrim, cuando la acusación alega error en la valoración de la prueba, para pedir la anulación de la sentencia absolutoria o el agravamiento de la condenatoria, será preciso que se justifique la insuficiencia o la falta de racionalidad en la motivación fáctica, el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada.

En esa cuestión es donde el recurrente basa su petición, bien de nulidad o bien de revocación de la sentencia recurrida, en una suerte de argumentación que intenta descalificar el contenido de la sentencia recurrida, sentencia que valora todas y cada una de las pruebas practicadas en el juicio oral para llegar a una conclusión absolutoria.

Este Tribunal, que ha visionado la grabación del juicio en varias ocasiones, solo puede llegar a la conclusión absolutoria, compartida con la Juez a quo y ello por los siguientes motivos:

-El perjudicado ha declarado que de repente notó un golpe grandísimo en la pierna izquierda de apoyo y perdió el conocimiento y se vio entre dos coches.

Cuando el Ministerio Fiscal le ha dicho que puntualizara algo más este hecho, ha manifestado que recibió un rodillazo en el muslo izquierdo, que vio que probablemente se lo propinara Esteban que iba detrás de él, pero perdió el conocimiento y no recordaba más. Es cierto que se ha señalado el lugar del muslo izquierdo -parte externa- en que recibió el golpe y ha insistido en que debía ser un rodillazo propio de artes marciales, pero no ha sabido precisar ni en qué lugar de la sala o el exterior le fue propinado, ni cómo lo llevaban ni cómo se produjo el hecho puesto que esa ausencia de datos la ha basado fundamentalmente en que perdió el conocimiento.

Sin embargo, cuando salen sus compañeros, estos no lo ven desmayado, si bien su amigo dice que no lo vi inconsciente, aunque sí blanco, medio desmayado y hablaba. Es más, le dijo que entrara a por la chaqueta al local porque allí tenía las llaves del coche, con lo cual es difícil que estuviera desmayado. Su amiga tampoco lo observó desmayado, aunque ha dicho que ella se movió de un lado para otro en vista de la situación.

Es cierto que la declaración ha ido modificándose y adaptándose a las preguntas que se le realizaban, pero esencialmente el recurrente no ha podido determinar ni el lugar físico entre la entrada y la calle en que supuestamente se le propinó la patada a la que alude ni en qué situación se encontraba Esteban para darle esa patada que califica propia de artes marciales.

También ha manifestado que, mientras Esteban lo sujetaba por detrás porque lo sacaba en volandas, Evelio le agredía por delante, sin que hayan quedado acreditadas estas lesiones, ni se ha determinado en qué consistieron, si en puñetazos o en golpes de otro tipo.

-Ni Marcos ni Pura, acompañantes del recurrente, han dicho que vieran la patada. Han dejado traslucir que efectivamente ocurrió un golpe, pero a la hora de determinar y concretar cómo fue ese golpe, dónde se realizó y demás datos han acabado concluyendo que no vieron el rodillazo.

-Los acusados han negado que propinaran cualquier golpe de esta naturaleza que causara al perjudicado la fractura del fémur.

-La camarera del local ha dicho que Pura intentó coger varias veces una botella y que, en vista de que no le hacía caso para que se retirara de lugar donde estaban las botellas, llamó a Esteban que se encontraba muy cerca y agarró al recurrente por la espalda y lo sacó a la calle.

Es cierto que entre sacar a la calle al recurrente y que éste presentara la fractura de fémur transcurrió un corto espacio de temporal, pero también es cierto que no se sabe lo que ocurrió exactamente en ese corto espacio de tiempo puesto que el rodillazo al que hace referencia Eliseo no ha quedado acreditado, ni siquiera por su propia declaración, como tampoco por la declaración de sus dos acompañantes.

Por otro lado, Eliseo ha reiterado que Esteban fue con un elevado grado de certeza quien le propinó el rodillazo en la parte exterior del muslo izquierdo que le causó la lesión y también ha dicho que éste estaba situado detrás de él, mientras que Evelio iba adelante.

El médico forense ha insistido que la lesión se debió producir de delante hacia atrás porque el vértice de la fractura del fémur estaba colocado hacia atrás. Es cierto que, a reiteradas preguntas de las partes, ha dicho que la fractura se pudo desplazar en el camino recorrido, pero ello no es más que una mera hipótesis frente a la aseveración, clara y rotunda, de que la agresión tuvo que venir de delante hacia atrás para producir una lesión del fémur con el vértice hacia atrás.

En este caso, el único que iba situado delante del recurrente era Evelio a quien el recurrente no identifica como el autor del rodillazo, sino a Esteban que iba detrás.

Para argumentar que fue éste quien propinó el rodillazo al perjudicado, el recurso lleva a cabo una elaboración muy compleja de cómo pudieron ocurrir los hechos, a saber, en una especie de pierna torcida sobre el muslo del recurrente se intenta probar la patada de atrás hacia adelante hasta causarle una fractura del fémur que solamente puede ser realizada por una patada de delante hacia atrás. La sola complejidad de esta argumentación desvirtúa su propio contenido dado que ni el perjudicado ni sus acompañantes han explicado en el acto del juicio oral que se produjera una patada de esta naturaleza de atrás hacia adelante en un giro de la pierna del agresor hacia delante y teniendo efectos de delante hacia atrás.

Es cierto, como ya se ha dicho antes, que las lesiones las sufre Eliseo en muy corto espacio -apenas 6 metros-y en escaso tiempo -desde que es sacado de la sala hasta que acude el SAMUR-. El acusado, Esteban, dice que lo dejó apoyado en el capó de un coche y, cuando se giró, se estaba deslizándose hasta sentarse en el suelo.

A continuación, el propio recurrente, cuando su amigo sacó la chaqueta del interior de la sala, junto con Pura, llamaron al SAMUR, por lo cual debió transcurrir muy poco tiempo entre la expulsión de la sala y la lesión consistente en la fractura del fémur. Sin embargo, estos espacios y tiempos tan cortos que se adivinan en el desarrollo de los hechos no permite por sí solo atribuir la comisión de los mismos a los acusados puesto que concurrían otras circunstancias como el hecho de que en el año 1996, Eliseo había sufrido un accidente de tráfico que le causaba un grado de incapacidad del 30% en la cadera izquierda, en el mismo lateral de la fractura del fémur, y además presentaba un grado de alcoholemia de 0,84 miligramos por litro de aire espirado o lo que es igual 1, 68 gramos de alcohol por litro de sangre. Es decir, un grado de alcoholemia elevado, pese a que sus compañeros y él mismo dijeran en el acto del juicio oral que consumieron lo habitual, grado de alcoholemia que bien pudo causar una pérdida de equilibrio, existiendo también el bordillo al lado del vehículo donde fue depositado por el acusado.

El Policía Municipal que ha depuesto en el acto del juicio oral ha dicho que el perjudicado les dijo que la pierna se la había roto al ser arrastrarlo hacia el exterior del local a una velocidad superior a la que él podía soportar, hipótesis que no ha sido admitido por el médico forense como causante de la lesión.

En cualquier caso, son hipótesis admisibles, tan válidas como las esgrimidas en el recurso de apelación, lo que no permite considerar los hechos acreditados más allá de toda duda razonable y, por tanto, se debe aplicar el principio in dubio pro reo ante una duda más que razonable acerca de cómo ocurrieron los hechos y la responsabilidad en la causación de las lesiones por parte de los acusados.

De lo anterior se deduce que el razonamiento contenido en la sentencia no es irracional ni adolece de insuficiencia en la motivación fáctica como tampoco se aparta de manera manifiesta de las máximas de experiencia de la lógica o de la sana crítica y contiene, además, un razonamiento referido a todas y cada una de las pruebas practicadas en el juicio oral.

Por ello tratándose de una sentencia absolutoria y considerando que el razonamiento contenido en la misma es acorde con dichas máximas de experiencia, tal y como se ha razonado anteriormente, procede confirmar la sentencia recurrida en todos sus términos, al considerar que los argumentos recogidos en el recurso de apelación no excluyen otras posibilidades acerca de cómo ocurrieron los hechos y, por tanto, se ha de aplicar la regla de valoración contenida en el principio in dubio pro reo ya que, lo mismo que el recurrente establece una hipótesis, se pueden establecer otras, igualmente razonables y lógicas, por lo que los hechos no se consideran acreditados más allá de toda duda razonable.

Por todo lo anterior se desestima el recurso de apelación y se confirma la sentencia recurrida en todos sus términos.

SEGUNDO: No apreciándose temeridad o mala fe en la interposición del recurso de apelación, procede declarar de oficio las costas de esta alzada.