Sentencia Penal 48/2023 Audiencia Provincial Penal de Madrid nº 15, Rec. 736/2022 de 24 de enero del 2023

PRIMERO. El recurso de apelación interpuesto por Dª. Purificacion tras unas consideraciones previas y solicita la nulidad por error en la apreciación de la prueba documental por omisión de hechos derivados de la misma que han sido objeto de debate, porque el poco tiempo desde que se envía el burofax a la recurrente hasta que se produce la venta evidencia es un ardid para quedarse con el precio; dejó de pagar la pensión de alimentos pese a ser propietario de varios inmuebles; que se considera vil, ingresó el cheque en una cuenta suya en lugar de la conjunta, se marcha a Bolivia y no le informa de la venta, al día de la fecha sigue sin rendir cuentas pese a las peticiones de esa parte, ni ha devuelto cantidad alguna, lo que evidencia contradicciones entre la sentencia y la acusación que formula lo que debe ser aclarado por el Juez.

Por otra parte, y en caso de no admitirse entiende que se ha omitido la valoración de los folios 131 y 100 de actuaciones que motivan el porqué de su actuaciones irse con su pareja a Bolivia, los folios 71,67, 317 y 161 que acreditarían el ardid alegado, los folios 273 y 370 a 373 en que se evidenciaría que explora un posible negocio de hostelería en Bolivia y al fracasar es por lo que vuelve a España, folio 75 así como 820 a 866 que se presentan una liquidaciones que no tiene soporte documental y no ofrece saldo alguno a su favor de su exmujer, o se refieren a otros vehículos, pagos de 2017 en que figura como único contribuyente y no se contabiliza ingreso alguno, , el folio 27 de la venta del taxi, folios 430 y ss, 438 y 439 no es una rendición veraz de cuentas, que sigue sin hacer ni devolver el dinero, con todo ello sigue manteniendo que hay omisiones y contradicciones importantes, con insuficiente motivación fáctica, absurda e ilógica por lo que sostiene su nulidad.

La sentencia se basa en la falta de liquidación del negocio jurídico, cuestión civil previa para ver si existía saldo o no a repartir pero entiende que sí existe dichas liquidaciones, folio 741 bis a 744, la segunda a los folios 65 y 75 y la tercera aportada con al documental de la defesa folio 75 y 820 a 857, al no valorarse individualmente no se resuelven todos los objetos de debate ni obtiene una resolución motivada

Si ello no es suficiente entiende que los hechos probados per se, serían constitutivos del delito que se imputa y realiza una sic "censura a la sentencia de instancia", por último alega que la venta de la licencia y el vehículo le han causado un perjuicio objetivable por lo que tendría que abonársele la mitad del precio con el que la adquirieron (74,750 euros) menos los gados que acredite, pues no debió venderlo sin su consentimiento, siendo claro el incumplimiento contractual.

El Ministerio Fiscal y el acusado impugnaron el recurso interpuesto.

SEGUNDO. La reforma operada por la Ley Orgánica 41/2015, de 5 de octubre, introdujo un número 2 al artículo 792 que dispone que " la sentencia de apelación no podrá condenar al encausado que resultó absuelto en primera instancia ni agravar la sentencia condenatoria que le hubiera sido impuesta por error en la apreciación de las pruebas en los términos previstos en el tercer párrafo del artículo 790.2. No obstante, la sentencia, absolutoria o condenatoria, podrá ser anulada y, en tal caso, se devolverán las actuaciones al órgano que dictó la resolución recurrida. La sentencia de apelación concretará si la nulidad ha de extenderse al juicio oral y si el principio de imparcialidad exige una nueva composición del órgano de primera instancia en orden al nuevo enjuiciamiento de la causa". El artículo 790.2 párrafo tercero, también nuevo añadido por la Ley Orgánica citada, dice "Cuando la acusación alegue error en la valoración de la prueba para pedir la anulación de la sentencia absolutoria o el agravamiento de la condenatoria, será preciso que se justifique la insuficiencia o la falta de racionalidad en la motivación fáctica, el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada".

La jurisprudencia es consolidada en cuanto a la interpretación y alcance del mismo, sirva por todas, la reciente sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 390/2022 de 21 Abr. 2022, Rec. 4252/2020, según la cual:

" 2.- Es bien consciente quien ahora recurre de la imposibilidad de obtener en este trance una sentencia que proporcione completa satisfacción a sus pretensiones, es decir, que concluya en la condena de todos y cada uno de los acusados, en los términos que aquélla interesó. Lo impiden las circunstancias, tantas veces destacadas por el T.E.D.H., el T.C. y por nosotros mismos, en recepción de su doctrina, de que este Tribunal no haya presenciado por sí las pruebas practicadas en el acto del juicio (inmediación), así como que no tengamos oportunidad de oír personalmente a los acusados con relación a la eventual comisión de los hechos que se les atribuyen. Ello no impide, sin embargo, ya se ha dicho, que las acusaciones reaccionen frente a sentencias de sentido absolutorio en aquellos casos en los que se advierta una completa falta de motivación ( artículo 120 de la Constitución española ) en la sentencia o una motivación solo aparente (sustentada en razonamientos irreconciliables con las reglas de la lógica, absurdos o llanamente arbitrarios). La exigencia de motivación de las resoluciones judiciales, como también tantas veces ha proclamado el Tribunal Constitucional, se integra, como una de sus facetas esenciales, en el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (artículo 24.2), del que resultan titulares todas las partes en el procedimiento, también las acusadoras.

Por eso, hemos tenido oportunidad de destacar, por todas en nuestra reciente sentencia número 970/2021, de 10 de diciembre: "El Tribunal Constitucional , desde sus primeras sentencias, declaró que el derecho a la tutela judicial efectiva no comprende el de obtener una decisión acorde con las pretensiones que se formulan, sino el derecho a que se dicte una resolución en derecho, siempre que se cumplan los requisitos procesales para ello ( STC 9/1981 de 31 marzo ). Y que la tutela efectiva supone que los recurrentes sean oídos y tengan derecho a una resolución fundada en derecho, ya sea favorable o adversa ( SSTC 13/1981 de 22 abril ; 276/2006 de 25 de septiembre y 64/2010 de 18 de octubre ). O, lo que es lo mismo, que sea consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento y no fruto de un error patente o de la arbitrariedad (por todas, STC 146/2005 de 6 de junio ).

Lo anterior conlleva la garantía de que el fundamento de la decisión sea la aplicación no arbitraria de las normas que se consideren adecuadas al caso. Tanto si la aplicación de la legalidad es fruto de un error patente, como si fuere arbitraria, manifiestamente irrazonada o irrazonable no podría considerarse fundada en Derecho, dado que la aplicación de la legalidad sería tan sólo una mera apariencia ( SSTC 147/1999 de 4 de agosto ; 25/2000 de 31 de enero ; 221/2001 de 31 de octubre ; 308/2006 de 23 de octubre ; 134/2008 de 27 de octubre y 191/2011 de 12 de diciembre , por todas).

En definitiva, el artículo. 24.1 CE impone a los órganos judiciales no sólo la obligación de ofrecer una respuesta motivada a las pretensiones deducidas, sino que, además, ésta ha de tener contenido jurídico y no resultar arbitraria ( SSTC 8/2005 de 17 de enero ; 13/2012 de 30 de enero y 27/2013 de 11 de febrero , etc.).

Por otra parte esta Sala ha reconocido que el derecho a la tutela judicial efectiva puede ser invocado por las acusaciones cuando su pretensión punitiva no obtiene respuesta alguna del Tribunal de instancia o bien la misma es arbitraria, irrazonable o absurda, vulnerándose de esta forma lo recogido en los artículos 24.1, 9.3 y 120.3, todos ellos CE , en su vertiente de derecho a obtener una respuesta razonable con proscripción de toda arbitrariedad de los poderes públicos ( STS 178/2011 de 23 de febrero o STS 631/2014 de 29 de septiembre ). La supuesta falta de racionalidad en la valoración, infractora de la tutela judicial efectiva, no es identificable con la personal discrepancia del acusador recurrente que postula su particular valoración de las pruebas en función de su lógico interés. Cuando se vulnera la tutela judicial efectiva lo que corresponde es dictar una nueva resolución ajustada a cánones racionales y no arbitrarios ( SSTS 178/2011 de 23 de febrero y 631/2014 de 29 de septiembre )".

3.- Sentado lo anterior, también este Tribunal ha tenido oportunidad de discurrir acerca de los diferentes estándares de exigencia en la motivación que resultan predicables cuando nos enfrentamos a una sentencia de sentido condenatorio con relación a aquellos otros casos en los que el pronunciamiento es de naturaleza absolutoria. En síntesis, en el primer caso, la existencia misma del derecho fundamental a la presunción de inocencia, demanda la necesidad de extremar aquellas exigencias, en tanto la condena se opone a la presunción interina de inocencia que debe resultar desvirtuada. Presunción obstativa que no concurre, antes al contrario, cuando el desenlace del procedimiento resulta en una absolución. Con detalle lo explica, por ejemplo, nuestra sentencia número 110/2022, de 10 de febrero , observando: "Las sentencias absolutorias, en relación con la constatación de la inexistencia de arbitrariedad o error patente, precisan de una motivación distinta de la que exige un pronunciamiento condenatorio, pues en estas últimas es imprescindible que el razonamiento sobre la prueba conduzca como conclusión a la superación de la presunción de inocencia. Como se decía en la STS nº 1547/2005, de 7 de diciembre , la necesidad de motivar las sentencias se refiere también a las absolutorias. "De un lado porque la obligación constitucional de motivar las sentencias contenida en los artículos 24.2 y 120.3 de la Constitución , así como en las Leyes que los desarrollan, no excluye las sentencias absolutorias. De otro, porque la tutela judicial efectiva también corresponde a las acusaciones en cuanto al derecho a una resolución fundada. Y de otro, porque la interdicción de la arbitrariedad afecta a todas las decisiones del poder judicial, tanto a las condenatorias como a las absolutorias, y la inexistencia de tal arbitrariedad puede (debe) ponerse de manifiesto a través de una suficiente fundamentación de la decisión.

Sin embargo, no puede dejarse de lado que las sentencias absolutorias no necesitan motivar la valoración de pruebas que enerven una presunción existente a favor del acusado, contraria a su culpabilidad. Antes al contrario, cuentan con dicha presunción, de modo que en principio, para considerar suficientemente justificada una absolución debería bastar con la expresión de la duda acerca de si los hechos ocurrieron como sostiene la acusación. O, si se quiere, para ser más exactos, de una forma que resulte comprendida en el relato acusatorio. Pues de no ser así, no sería posible la condena por esos hechos.

Esta idea ha sido expresada en otras ocasiones por la Sala Segunda. Así, se decía en la STS núm. 2051/2002, de 11 de diciembre , que "las sentencias absolutorias también han de cumplir con la exigencia constitucional y legal de ser motivadas ( art. 120.3 CE, 248.3º de la LOPJ y 142 de la LECrim ), aunque no se puede requerir la misma especie de motivación para razonar y fundar un juicio de culpabilidad que para razonar y fundar lo contrario. El juicio de no culpabilidad o de inocencia es suficiente, por regla general, cuando se funda en la falta de convicción del Tribunal sobre el hecho o la participación del acusado. Como se dijo en la S. 186/1998 recordada por la 1045/1998 de 23 de septiembre y la 1258/2001, de 21 de junio, "la necesidad de razonar la certeza incriminatoria a que haya llegado el Tribunal es una consecuencia no sólo del deber de motivación sino del derecho a la presunción de inocencia. No existiendo en la parte acusadora el derecho a que se declare la culpabilidad del acusado, su pretensión encuentra respuesta suficientemente razonada si el Tribunal se limita a decir que no considera probado que el acusado participase en el hecho que se relata, porque esto sólo significa que la duda inicial no ha sido sustituida por la necesaria certeza. Y es claro que basta la subsistencia de la duda para que no sea posible la emisión de un juicio de culpabilidad y sea forzosa, en consecuencia, la absolución".

Y también en la STS núm. 1232/2004, de 27 de octubre , se puede leer que "de otra parte, su exigencia [la de motivar] será, obviamente, distinta si la sentencia es condenatoria o absolutoria. En este supuesto, la motivación debe satisfacer la exigencia derivada de la interdicción de la arbitrariedad ( art. 9.3 de la Constitución ), en tanto que el órgano jurisdiccional debe señalar que en el ejercicio de su función no ha actuado de manera injustificada, sorprendente y absurda, en definitiva, arbitraria. En la sentencia condenatoria la motivación, además de este contenido, debe expresar las razones por los que entiende que el derecho fundamental a la presunción de inocencia ha sido enervado por una actividad probatoria tenida por prueba de cargo. En otras palabras, la motivación de la sentencia absolutoria se satisface en cuanto expresa una duda sobre los hechos de la acusación, porque la consecuencia de esa duda es la no enervación del derecho a la presunción de inocencia".

Estas afirmaciones, como entonces se advertía, deben ser, sin embargo, matizadas -como enfatiza la STS. 1005/2006 de 11.10-. Hay que tener en cuenta que, aunque la absolución se justifica con la duda, la proscripción de la arbitrariedad exige que ésta sea razonable. No, por lo tanto, cualquier clase de duda. Por ello, para entender suficientemente motivada una sentencia absolutoria es preciso que de la misma se desprenda con claridad el carácter racional o razonable de la duda sobre los hechos o sobre la participación del acusado".

En definitiva, nos corresponde ahora determinar si la sentencia impugnada permite conocer, primeramente a las propias partes; a este mismo órgano jurisdiccional también a los efectos de que pueda desarrollar cumplidamente su función fiscalizadora; y, en último término, a la comunidad toda, cuáles son las razones que determinaron la absolución de los acusados, en qué consisten las dudas razonables que pudieran albergarse respecto a las conductas que la acusación les atribuye. Todo en el bien entendido de que ello no pasa por efectuar una nueva valoración de la totalidad del material probatorio desarrollado en el juicio, contrastando la que la recurrente propone con la efectuada por el Tribunal provincial a fin de determinar cuál resulta, de entre ellas, la preferible o, a nuestro juicio, más acertada. No nos compete aquí testar la irrefutable capacidad de convicción de las razones que sustentan lo resuelto, frente a cualesquiera otras valoraciones alternativas, sino identificar la existencia de aquellas razones y comprobar que las mismas se sujetan a las reglas de la lógica, se distancian de la decisión meramente arbitraria o apodíctica.

Recuerda, por ejemplo, a este respecto, nuestro reciente auto número 278/2022, de 3 de marzo: "También ha advertido esta Sala que no se puede reconvertir el recurso a la tutela judicial efectiva en un motivo casacional de presunción de inocencia invertida, que coloque a este derecho fundamental al servicio de las acusaciones, públicas o privadas, en perjuicio de los ciudadanos acusados para quienes se ha establecido constitucionalmente como cimiento básico de todo nuestro sistema penal de justicia ( STS 14-7-16 )".

TERCERO.- 1.- Perimetrado así el "campo de juego", determinados los límites operativos de esta clase de impugnaciones frente a sentencias de sentido absolutorio, creemos encontrarnos ahora en mejor disposición para abordar las quejas que la recurrente enarbola. Con una sola última precisión: la racionalidad de lo resuelto no puede fiscalizarse a partir de fragmentos, más o menos descontextualizados, de la resolución que se impugna. Ha de resultar del conjunto de la misma, de la interrelación que se obtiene de sus diferentes argumentos y permite conocer con completud la "ratio decidendi" sobre la que se sustenta."

Partiendo de ello no se evidencia insuficiencia o la falta de racionalidad en la motivación fáctica , al contrario la sentencia realiza una exhaustiva y pormenorizada valoración de la misma, tanto de las declaraciones prestadas en el juicio, como de la extensa documental obrante a la que específicamente se refiere en el Fundamento de Derecho primero de la misma en el que se consignan todos y cada uno de los documentos valorados, incluidos los folios que según la recurrente omite como los folios 67, 71,75, 820 a 866, entre otros muchos, (por tanto no existe omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia) insistimos dada la exhaustividad de la misma, cuestión distinta es la valoración que de dicha documental se realiza, no se cuestiona el contrato y la posterior venta, pero desde luego no ha quedado acreditado de modo alguno que, de la venta realizada por el acusado (aun existiendo, si lo hubiera, incumplimiento contractual que es una cuestión civil que no conlleva necesariamente la existencia de un delito), supusiera que existió un superávit del que se apropió, básico para determinar la apropiación indebida, pues si no existe el mismo no puede haber delito.

No se ha acreditado de modo alguno, pese a la insistencia de la recurrente, que el acusado creara un negocio en Bolivia, (supone la recurrente de hostelería) con el dinero obtenido de la venta, pero es más, se ha acreditado y de forma documental que se pagó una deuda con la consejería de Transportes, la deuda con el padre del acusado en cuantía de 38.834Ž82 euros, que obviamente se deben detraer del precio obtenido, y fue reconocido por la recurrente, facturas de combustible, póliza de seguro, tasas del Ayuntamiento, nóminas y finiquitos del trabajador D. Mariano, entre otros. No se ha realizado una liquidación del negocio del autotaxi, se han aportado diversas facturas y gastos por las que el acusado alega no existe apropiación indebida y es que no hubo beneficio, correspondiendo a la parte acusadora acreditar el delito que imputa y ante la falta de dicha liquidación de carácter complejo, no puede determinarse qué cuantía quedó de beneficio (si lo hubo) y por tanto que le correspondería cobrar a la misma.

Coincidimos de nuevo con el Juez a quo que el hecho de trasladarse a vivir a Bolivia o que fuera condenado por impago de pensiones no tiene relevancia para el delito de apropiación indebida que se le imputa, la venta del taxi y su licencia por un precio inferior, lo que es un dato objetivo, y que se quedara para sí dicho dinero.

Tampoco existe el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia, al contrario, tras el examen de la prueba practicada y la jurisprudencia aplicable al caso llegamos a la misma conclusión, sin perjuicio, de la legítima discrepancia de la recurrente, (que da su propia interpretación a la documental y en su caso si obvia documentos esenciales como es el préstamo concedido por el padre del acusado), es cierto que hay indicios que son los que han llevado a la celebración del juicio, la propia venta reconocida, el precio inferior a aquel por el que se compró (si bien no se puede obviar que el valor de las licencias de taxi fluctúan y que pese a la pericial de nuevo no remitimos a la motivación de la sentencia, el valor de un objeto no tiene por qué coincidir con el precio), pero no es prueba bastante ante la existencia de diversos gastos de la apropiación indebida, habiéndose motivado y apreciado la prueba por el Juez de manera lógica y ponderada, procede confirmar la sentencia apelada en todos sus extremos, desestimando el recurso y declarando de oficio las costas de esta alzada.

Por todo ello y no existiendo motivos para considerar inmotivada, arbitraria o caprichosa la sentencia impugnada, no habiéndose vulnerado el principio de presunción de inocencia al haberse practicado prueba de cargo y