Sentencia Penal 31/2024 Audiencia Provincial Penal de Madrid nº 26, Rec. 1754/2023 de 24 de enero del 2024

PRIMERO.- Por Procurador en representación del acusado Celso se interpone recurso de apelación contra sentencia de 04.11.22 del Juez del Juzgado de lo Penal 6 de Móstoles (JR 338/2022), que condena al ahora recurrente Celso como autor de un delito de quebrantamiento de medida cautelar previsto en el artículo 468.2 CP, sin concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Alega infracción del elemento subjetivo del art. 468 CP, del art. 14 CP, del art. 12 CP y del art. 5 CP. Que el ahora recurrente alegó que tiene trabajos de jardinería por la zona y no recuerda haber pasado por delante de la casa en la que hasta hacía unos días convivía con la denunciante, que es posible que no de forma consciente, por error, hubiera pasado. Que la denunciante refirió que fue su hijo quien le había avisado de que estaba pasando el vehículo del acusado y que al asomarse pudo ver la parte trasera de dicho vehículo. Que el hijo de la denunciante, Marino, manifestó que vio pasar el vehículo y que fue cuestión de un segundo. Afirma que no queda acreditado dolo ni voluntad de incumplimiento. Interesa se acuerde su libre absolución.

La Fiscal, por escrito de 24.03.23, impugna el recurso interpuesto. Que la sentencia número 392/2022, de 4 de noviembre del 2022, condena a Celso como autor penalmente responsable de un delito de quebrantamiento de medida cautelar, a la pena de 6 meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Que la citada resolución ha sido objeto de recurso de apelación por la representación procesal de Celso con base en los motivos que en el mismo se exponen. En síntesis, alega el recurrente que la sentencia recurrida ha vulnerado el principio de presunción de inocencia del artículo 24 de la CE, que ha habido un error en la valoración de la prueba. En contra de lo dispuesto por el recurrente, el Fiscal considera que la sentencia ha realizado una correcta valoración de las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, y una correcta subsunción de los hechos en el delito por el que se formula acusación. De la documental obrante resulta que el 3 de octubre del 2022 se dictó auto por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 3 de Navalcarnero, que estableció diversas prohibiciones para el ahora condenado. Consta que esta resolución fue debidamente notificada al penado y fue apercibido de las consecuencias de su incumplimiento. Por su parte, el encausado manifestó en el acto del plenario que era conocedor de las prohibiciones que sobre él pesaban, así como de su vigencia. En su declaración testifical, Marino y Pablo, manifestaron que vieron al encausado en el interior de su vehículo y cómo pasaba enfrente de la puerta de la vivienda de Alicia, protegida por la medida cautelar. Asimismo, doña Alicia declaró en el mismo sentido que los testigos anteriores. El encausado reconoció su vehículo y manifestó que era el único usuario del mismo. El Fiscal comparte la ponderación probatoria realizada por la Sentencia, en cuanto a la valoración de la declaración de los anteriores agentes como prueba de cargo suficiente, ofreciendo su testimonio plena credibilidad objetiva y subjetiva En definitiva, existe una auténtica prueba de cargo válidamente obtenida acerca de la existencia de los hechos, los elementos del delito, y de la participación del encausado, practicada en el juicio oral y por tanto válida para desvirtuar la presunción de inocencia. Por lo expuesto, el Fiscal se opone a la estimación del recurso de apelación interpuesto contra la citada sentencia, interesando la confirmación de la misma por considerarla ajustada a Derecho.

SEGUNDO.- El Juez del JP 6 de Móstoles, en su sentencia de 04.11.22 (JR 338/2022) considera:

PRIMERO.- ...Los hechos declarados probados resultan de la valoración en conciencia de la prueba practicada en el acto del juicio.

Analizando en primer lugar el testimonio de los testigos presenciales Marino y Pablo los mismos señalan como el acusado se encontraba en el coche y paso por la puerta de la vivienda hizo un ademan de parar un poco y continuó la marcha del vehículo estando así en la puerta de la vivienda y a menos de 500 metros del domicilio de la víctima, así lo presenció la víctima cuando se iba el coche y así fue comprobado por dos testigos que ven no solo el coche sino que ven también dentro del coche al acusado y así lo reconoce el propio acusado alegando que es jardinero y que quizás paso por un trabajo y manifestando "que no se acuerda pero es posible", reconoce ser su coche y su matrícula y reconoce que es él la única persona que conduce ese coche y alegando que paso por la calle quizás de forma automática. Lo que no le exonera de culpa sino por el contrario acredita que conoce a la perfección la zona y el domicilio por el que pasó, que conoce el domicilio y la zona y que aun así pasó por el domicilio de la víctima sin saber con qué intención. El acusado acude a la misma puerta del mismo domicilio de la víctima y se encuentra al hijo y amigo de la víctima estando a un distancia inferior a la permitida incumpliendo la orden de protección. Lo declarado por los testigos de manera coherente y coincidente ha sido recogido en los hechos probados, habiendo sido confirmado por el acusado que reconoce los hechos sabiendo que tenía una orden de alejamiento que estaba incumpliendo. Desconocemos lo motivos del acusado para acercarse al domicilio de la víctima y desconocemos qué pretendía hacer o si la estaba buscando o esperando o era una forma de hostigarla o presionarla. El acusado tenía vigente orden de alejamiento que le había sido notificado en forma y que le aleja de la víctima y de su domicilio sin que se acredite ninguna circunstancia de fuerza mayor y sabiendo que no podía acudir al domicilio de la víctima siendo este extremo importante y no sujeto a duda de ningún tipo.

Asimismo, se encuentra corroborada la versión de los testigos por otros datos objetivos, como la prueba documental. Finalmente, se produce una persistencia o ausencia de modificaciones sustanciales en las sucesivas declaraciones prestadas por los testigos en sede policial, judicial instructora y en el plenario, declaraciones prestadas sin ambigüedades, generalidades o vaguedades, habiendo concretado con precisión los hechos.

El acusado reconoce los hechos, pues reconoce que estaba a menos de 200 metros, que conocía la orden, conocía el lugar de domicilio de la víctima y conocía la distancia y no acreditándose fuerza mayor o estado de necesidad de ningún tipo.

SEGUNDO.- ...En el caso que nos ocupa concurren todos los elementos anteriormente enunciados al existir una medida de alejamiento y prohibición de aproximarse, en el que se acordaba prohibición de aproximarse a sus pareja y su domicilio a menos de 200 metros

TERCERO.- Procede partir de recordar que el recurso de apelación constituye un mecanismo que posibilita un nuevo examen de la causa y el control del Tribunal ad quem sobre la determinación de los hechos probados y sobre la aplicación del derecho objetivo efectuados en la primera instancia, manteniendo la Jurisprudencia que cuando la cuestión debatida en apelación es la valoración de la prueba llevada a cabo por el Juzgador de instancia en uso de las facultades que le confiere nuestro Ordenamiento Jurídico ( artículos 741 y 973 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y artículo 117.3 de la Constitución Española), y sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio oral, la observancia de los principios de inmediación, contradicción y oralidad a que esa actividad se somete conducen a que, por lo general, deba reconocerse singular autoridad a la apreciación de las pruebas hecha por el Juez a cuya presencia se practicaron, porque es dicho Juzgador a quo quien goza del privilegio de intervenir en la práctica de la prueba y de valorar correctamente su resultado, apreciando personal y directamente las pruebas, ya sean las de la instrucción, las anticipadas, las preconstituídas, o las del artículo 730 de la Ley Procesal Penal, de lo que carece el Tribunal de apelación, el cual, obligado a revisar la prueba en segunda instancia, debe respetar -en principio-, el uso que se haya hecho en la instancia de la facultad de apreciar en conciencia las pruebas practicadas siempre y cuando tal proceso valorativo se haya motivado y razonado adecuadamente en la sentencia ( SSTC 17/12/85; 23/6/86; 13/5/87; 2/7/90 entre otras).

Consecuencia de lo anterior es que sólo cabe revisar la apreciación probatoria hecha por el/la Juez de instancia:

a) cuando aquélla apreciación no dependa sustancialmente de la percepción directa o inmediación que el Juez tuvo con exclusividad, es decir, cuando no dependa de la credibilidad de los testimonios o declaraciones oídos solamente por el Juzgador;

b) cuando con carácter previo al proceso valorativo no exista prueba objetiva de cargo válidamente practicada, en cuyo caso se vulnera el principio de presunción de inocencia;

c) cuando un ponderado y detenido examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del Juzgador de instancia de tal magnitud -razonamiento absurdo, ilógico, irracional o arbitrario- que haga necesaria, empleando criterios objetivos y no interpretaciones discutibles y subjetivas, una modificación de los hechos declarados probados en la sentencia ( STS 29/12/93 y STC 1/3/93). Labor de rectificación esta última que además, como ya indicamos, será más difícil cuanto más dependa la valoración probatoria a examinar de la percepción directa que se tiene en la instancia, pero no imposible cuando las pruebas valoradas se hayan practicado sin observancia de los principios constitucionales o de legalidad ordinaria. Es por ello por lo que si la prueba ha respetado los principios de constitucionalidad y legalidad ordinaria y su interpretación no llega a conclusiones notoriamente ilógicas o incongruentes por contrarias a las evidencias de su resultado, el Tribunal ad quem no debe alterar las apreciaciones llevadas a cabo por el Juzgador a quo en la valoración de la misma pues una cosa es el derecho a la presunción de inocencia y otra distinta el derecho al acierto del Juez cuando interpreta la norma y valora la prueba.

Respecto del visionado de la grabación del juicio oral, como recuerda la STC de 18 de mayo de 2009, el mismo no puede sustituir a la inmediación que supone el examen personal y directo de las personas que declaran, lo que implica la concurrencia espacio-temporal de quien declara y ante quien se declara, ya que la garantía constitucional estriba tanto en que quien juzga tenga ante sí a quien declara como en que el declarante pueda dirigirse a quien está llamado a valorar sus manifestaciones.

CUARTO.- Asimismo es dable recordar, a propósito del delito de quebrantamiento, que el Título XX del Libro II del Código Penal, bajo la rúbrica genérica de "Delitos contra la Administración de Justicia", incluye en el Capítulo VIII (artículos 468 a 471), las diversas modalidades de quebrantamiento de condena. El bien jurídico protegido ( SAP 1ª Las Palmas 20.11.15), no es otro que el recto funcionamiento de la Administración de Justicia, y especialmente la efectividad y obligado acatamiento de las resoluciones que emanan de los Tribunales de Justicia ( artículos 118 CE y 17.2 LOPJ), concretadas en la imposición de determinadas penas y medidas cautelares de carácter personal dentro del proceso penal.

Se trata por tanto de proteger las funciones atribuidas constitucionalmente a los órganos jurisdiccionales, dando una respuesta penal adecuada a las infracciones que lesionan o quebrantan el contenido de las resoluciones que pueden ser dictadas en las diversas etapas o estadios del ejercicio de dicha función y, especialmente, en la etapa final del proceso penal, aun cuando es evidente que al propio tiempo se están tutelando de forma indirecta los intereses de la parte o partes en el proceso que se ven beneficiados o protegidos por la resolución judicial o medida cautelar quebrantada, particularmente en aquellos casos en los que dicha medida está enderezada principalmente a salvaguardar la vida, integridad personal o incolumidad de alguna de las víctimas de los delitos o faltas a los que se refiere el art. 57 CP en su redacción vigente.

También es dable recordar que el dolo típico del referido delito no requiere que el sujeto actúe movido por la persecución de ningún objetivo en particular o manifestando una especial actitud interna, esto es, ha de concurrir conciencia y voluntad del sujeto de quebrantar ( SAP, Barcelona, 8ª, 28-6-2002 y Guadalajara, 60/1996, de 9 de septiembre de 1996), sin que se requiera un dolo específico, sino el genérico consistente en la voluntad de burlar o hacer ineficaz la decisión judicial sustrayéndose al cumplimiento de la decisión judicial, y en la conciencia o representación de los elementos objetivos del tipo ( SAP, Guipúzcoa, 1ª, 115/2006, de 30 de marzo).

QUINTO.- A propósito del pretendido error que se invoca al amparo del art. 14.3 CP (f 137), debe entenderse que el mencionado tipo de error se configura, según la doctrina ( STS núm. 684/2014, de 21/10 y 21/03/2007), como el reverso de la conciencia de antijuridicidad y aparece cuando el autor del delito actúa en la creencia de estar actuando lícitamente.

Será vencible o invencible en la medida en que el autor haya podido evitarlo, en atención a las circunstancias y a las características y complejidad del hecho. Y queda excluido si el agente tiene normal conciencia de la antijuridicidad o, al menos, sospecha que su conducta integra un proceder contrario a Derecho, aun cuando no pueda precisar la sanción, o la respuesta concreta del ordenamiento a esa forma de actuar. Por lo tanto, basta con que el sujeto tenga conciencia de una alta probabilidad de antijuridicidad, sin que sea exigible la seguridad absoluta de que su proceder es ilícito; tampoco es exigible que conozca que su acción es típica.

Por ello no es aceptable la invocación del error en aquellas infracciones cuya ilicitud es notoriamente evidente, de forma que en atención a las circunstancias del autor y del hecho, pueda afirmarse que, en la esfera de conocimientos del profano conocía la ilicitud de su conducta ( STS núm. 1171/1997, de 29/09 y STS núm. 302/2003).

Y, por otra parte, no es suficiente con la mera alegación del error, sino que es preciso que su realidad resulte con claridad de las circunstancias del caso, empleándose para ello ( STS de 20/09/2005) criterios que se refieren básicamente a la posibilidad del autor de informarse sobre el Derecho ( STS 755/03, de 20.05), de forma que cuando dicha información, en todo caso, se presenta como de fácil acceso, no se trata ya en rigor de que el error sea vencible o invencible, sino de cuestionar su propia existencia. En este orden de cosas, para sancionar un acto delictivo el conocimiento de la ilicitud del hecho no tiene que ser preciso, en el sentido de conocer concretamente la gravedad con la que el comportamiento realizado es sancionado por la Ley, pues los ciudadanos no son ordinariamente expertos en las normas jurídicas sino legos en esta materia, por lo que lo que se requiere para la punición de una conducta antijurídica es lo que se ha denominado doctrinalmente el conocimiento paralelo en la esfera del profano sobre la ilicitud de la conducta que se realiza.

Sabido es que el desconocimiento o la falta de información sobre un hecho punible no puede quedar a la discreción de su autor, y no puede basarse la apreciación del error, según dispone la doctrina ( STS de 24/06/2004), y solamente en las declaraciones del propio sujeto, sino que precisa de otros elementos que les sirvan de apoyo y permitan sostener desde un punto de vista objetivo, la existencia del invocado error. El análisis debe efectuarse sobre el caso concreto, tomando en consideración las condiciones del sujeto en relación con las del que podría considerarse hombre medio, combinando así los criterios subjetivo y objetivo, y ha de partir necesariamente de la naturaleza del delito que se afirma cometido, pues no cabe invocar el error cuando el delito se comete mediante la ejecución de una conducta cuya ilicitud es de común conocimiento.

Es notorio que las resoluciones judiciales solo pueden ser modificadas o suprimidas por los mismos Jueces y Tribunales que las han dictado, y no por las personas afectadas por las mismas ( STS núm. 519/2004 de 28/04).

SEXTO.- Desde lo expuesto y recordado, el examen de las actuaciones permite considerar que el ahora recurrente, entre otros extremos, en el propio acto del juicio oral (grabación j.o.), manifestó no recordar muy bien si se acercó al domicilio de su expareja, que puede ser posible (sic). Preguntado si tenía conocimiento de la prohibición, manifestó que no leyó la orden de protección. Que nadie más conduce la la furgoneta. Que ha tenido que dejar trabajos por esto. Que pasa automáticamente por esa calle.

Falta de recuerdo que en modo alguno es equiparable a una negación de los hechos. Y afirmación de que "no leyó" los papeles, que dispensa de cualquier consideración, siendo en todo caso y desde luego, a cualquier luz, incompatible con el meramente afirmado error. Por lo demás, obra al f 41 la notificación del auto de 03.10.22 y aun del requerimiento para que se abstuviera de cualquier infracción, ello con apercibimiento, siendo que, en todo caso, concluye la notificación en cuestión, dándose el acusado/ahora recurrente por notificado y por requerido.

La denunciante Alicia vino a manifestar que el 04 de octubre su hijo le llamó y dijo que llamara al 062, que Celso estaba allí, que el hijo estaba fuera con su amigo y el acusado bajaba por el lateral y pasó por delante de la vivienda. Que ella vio a la furgoneta girando ala izquierda. Que él tiene entrada y salida directa por la carretera.

El testigo Marino, manifestó que estaba con un amigo arreglando el coche y escuchó el motor de Celso, porque tenía roto el turbo, pasó por delante, y le vio; su amigo también, que se fue calle arriba y giró. Que vio al acusado concretamente y tiene un video que grabó. Preguntado si se detuvo manifestó que se detuvo un segundo (grabación j.o.).

El testigo Pablo manifestó que es amigo del hijo de la denunciante. Que tiene 21 años, que el 04.10 vio pasar la furgoneta con el acusado, que se detenía un instante en la puerta de la propiedad. Que vio al acusado; no sabría decir lo que duró.

Adveraron pues que el acusado pasó por delante del domicilio y aun que llegó a detenerse, no siendo sino al advertir la presencia del hijo de la denunciante y del amigo de aquél, que continuó su marcha. Ello, sin obviar que ya la distancia se cifró en 200 metros, atendiendo, es dable considerar, a la población y circunstancias que se alegaran (entre otras el trabajo que afirma realizar el ahora recurrente), y previa audiencia al mismo.

Incuestionada, la vigencia de las prohibiciones, impresiona preciso recordar que el delito objeto de acusación lo es de propia mano, así como que es deber del acusado la prueba de los hechos impeditivos y/o negativos ( ATS 13.06.03), siendo que ( STS 09.10.1999), que la carga de la prueba obliga a cada parte a probar aquello que expresamente alegue, ya que, de otro modo, se impondría a las acusaciones la carga indebida, y hasta imposible, de tener que probar además de los hechos positivos integrantes del tipo penal imputado, y de la participación del acusado, los hechos negativos de la no concurrencia de las distintas causas de exención de responsabilidad incluidas en el catálogo legal de las mismas, ya que la prueba de su existencia recae sobre el acusado, de acuerdo con los principios procesales "onus probandi" incumbit qui dicit non qui negat", lo que aquí no ha acaecido.

El acusado/ahora recurrente, en palabras de p.e. STS 14.07.10, procede a "analizar los elementos y a darles otra interpretación o bien a aislarlos del conjunto probatorio, extrayendo sus propias e interesadas conclusiones", siendo que sus alegaciones en absoluto empecen las conclusiones del Juez a quo, siendo que la pretensión del acusado/ahora recurrente no puede prosperar, no apreciándose ni, desde luego, acreditándose por el ahora recurrente (incumbit probatio qui dicit), error alguno en el proceso valorativo efectuado, desde la inmediación, por el Juez a quo, basado en los criterios del artículo 741 LECr, que procede ser respetado por las razones anteriormente expuestas, por ajustado al resultado de las pruebas practicadas en el plenario, considerando la concurrencia de prueba incriminatoria suficiente en orden a desvirtuar la presunción de inocencia del hoy recurrente. El afirmado error, amén de lo que de interesado y exculpatorio pudiera conllevar, y amén de no acreditado, es lo cierto que ni tan siquiera se atisba.

SÉPTIMO.- Se declaran de oficio las costas devengadas en esta alzada, vistos los arts. 240 LECr y concordantes.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,