Sentencia Penal 291/2023 Audiencia Provincial Penal de Madrid nº 26, Rec. 2782/2022 de 26 de abril del 2023

PRIMERO.- Por Procuradora en representación de Amalia se interpone recurso de apelación contra sentencia de 05.09.22 del Juez del JP 34 de Madrid (PA 416/2021), que absuelve a Juan Carlos de los hechos por los que lo fue acusado y devino sujeto a enjuiciamiento. Alega error en la valoración de las pruebas, por inaplicación del art. 468.2 del cp de quebrantamiento de condena. Que la sentencia absolutoria da mayor credibilidad al investigado que niega los hechos y al testimonio exculpatorio de su madre, que la lógica de la experiencia en este tipo de delitos hace que sea increíble el relato exculpatorio de Dª Paulina con finalidad de evitar un delito a su hijo, perdiendo por razón de parentesco objetividad su testimonio. Que Dª Paulina, madre del investigado con quien este vive ,se reconoce como la autora de las 6 llamadas que desde numero oculto recibió la ahora recurrente desde su teléfono, según información de la compañía telefónica, con duración de entre 0 segundos, 2 segundos y 4 segundos. Afirma que es ilógico que en llamadas tan mínimas se pueda tratar ningún tema como expuso la madre del investigado, por lo que el relato de ésta es increíble. Que el agente NUM004 que depuso en el plenario ,explicó que en su presencia la Sra. Amalia el día 27 de julio recibió una llamada diciendo "Yo te quiero, vuelve conmigo, te quiero", extremo que prueba que el denunciado intentó persuadir a la denunciante. Reconociendo el agente esa voz como la del denunciado quien según su declaración ya le conoce de más intervenciones y de forma espontánea el agente expuso que le denunciado incumplía la orden reiteradamente. Que el relato de la denunciante y de D. Justiniano, en lo esencial es coincidente. Alega asimismo error en la valoración de las pruebas, por inaplicación del art. 153.1 y 3 del CP de violencia de género. Que la sentencia absuelve al investigado por entender que no quedó probado que el Sr. Juan Carlos entró en la vivienda y en un momento determinado, para que la recurrente no saliera, le agarró del cuello. Que la declaración de la víctima, practicada normalmente en el acto del juicio oral con las necesarias garantías procesales, puede erigirse en prueba de cargo y que, en consecuencia, la convicción judicial sobre los hechos del caso puede basarse en ella, incluso cuando se trate del acusado. alega error en la apreciación de la prueba y en consecuencia lesión al derecho de la tutela judicial efectiva del art. 24.2 de la Constitución . Ilustrando sobre los elementos de la declaración de la víctima, afirma reunirlos. Interesa la revocación de la sentencia dictada por el Juzgado Penal, dictando otra más ajustada a derecho, declarando la culpabilidad del denunciado.

El Fiscal, por escrito de 17.10.22, impugna el recurso. Que la sentencia objeto de recurso es plenamente conforme a Derecho, tanto desde la perspectiva de la valoración de la prueba que tuvo lugar en el juicio oral como de la aplicación de los preceptos normativos y de la doctrina legal que los interpreta, por lo que debe ser confirmada con desestimación del recurso contra la misma formulado. En realidad, el recurrente simplemente trata de que la Sala acepte, sin inmediación de la prueba personal practicada, su valoración de la prueba, interesada como parte que es, sustituyendo el convencimiento del Juez de instancia, libremente formado al apreciar con inmediación la prueba personal y es que es doctrina jurisprudencial reiterada que cuando la cuestión debatida por la vía del recurso de apelación es la valoración de la prueba llevada a cabo por el juzgador de la instancia en uso de la facultad que le confiere el artículo 741 de la LECRim sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio oral, la observancia de los principios de inmediación, contradicción y oralidad a que esa actividad se somete, conducen a que, por regla general, deba reconocerse singular autoridad a la apreciación de las pruebas hecha por el Juez en cuya presencia se practicaron... Así las cosas, la valoración efectuada por el Juez de lo Penal, que, aprovechando las ventajas de la inmediación, es quien puede apreciar la consistencia, fiabilidad y autenticidad de las distintas pruebas personales ante el practicadas, debe ser respetada en apelación, no apreciándose en tales valoraciones elementos que demuestren error alguno, al no contarse en el plenario con una prueba de cargo, de contenido inequívocamente incriminatorio, que no enervando la presunción de inocencia del acusado, no ha permitido llegar a un juicio de certeza sobre la realidad de los hechos que se declaran probados considerando este Ministerio que la sentencia dictada es plenamente ajustada a derecho.

Por Procuradora, en representación del investigado Juan Carlos se impugna el recurso. Que se encuentra conforme con los siguientes hechos probados de la sentencia recurrida. Que de contrario se afirma que se da más credibilidad a la declaración de la madre del denunciado cuando ésta tiene un interés en el asunto al ser el investigado su hijo. Sin embargo, la absolución del alegante procede porque no hay prueba de cargo suficiente que acredite los hechos, independientemente de la declaración de la madre. Cuando además el único testigo, Justiniano, que declaró en el plenario, a instancia de la parte contraria, es pareja de la denunciante y ha manifestado animadversión respecto a mi defendido. Refiere asimismo La multitud de contradicciones existentes entre la denunciante y el testigo tal y como refiere la sentencia recurrida. En tercer lugar, el PN NUM005 declara que estando con la víctima, ésta recibió una llamada en la que el interlocutor decía "te quiero, quiero volver contigo" y que Amalia identificó en ese momento como Juan Carlos. Sin embargo, como dice la sentencia recurrida, la voz solo fue identificada por la denunciante no existiendo prueba de que se tratase realmente de mi defendido. Que bien podían las acusaciones haber traído como testigos a la hermana y cuñado de Justiniano a fin de que ratificaran lo manifestado por éste, eliminando así cualquier atisbo de ánimo espurio en su declaración. Que igualmente debe reseñar, de un lado y respecto a la declaración del oficial del CNP NUM005 manifestando que estando con la víctima, ésta recibió una llamada en la que el interlocutor decía "te quiero, quiero volver contigo" y que Amalia identificó como Juan Carlos, carece de entidad suficiente a fin de afirmar que dicho varón fuera Juan Carlos más allá de la declaración de la víctima. Que se ha de afirmar la imposibilidad de sostener la existencia de prueba de cargo de entidad suficiente a fin de enervar el derecho a la presunción de inocencia de Juan Carlos, lo que ha de determinar, inexorablemente, su absolución. Interesa y se ratifique la sentencia (sic).

SEGUNDO.- El Juez a quo en su sentencia de 05.09.22, en su FD Segundo, considera: En el presente caso, el acusado Juan Carlos afirma que la noche del días 26 al 27 de julio de 2020 estaba durmiendo en casa de su madre y que no acudió al domicilio de Amalia, ni la agarró del cuello. Expone que Justiniano es la actual pareja de su expareja y ha tenido procedimientos penales con él.

Dicha declaración ha sido refrendada por su madre Paulina manifestando que su hijo estuvo en su casa, afirmando asimismo, en relación con las llamadas recibidas por Amalia desde el teléfono móvil de Paulina, que las mismas las realizó ella para preguntar por su nieta.

Por su parte Amalia declara que el día 26 de julio de 2020 Juan Carlos se presentó en su domicilio, llamó al timbre y un inquilino con el que compartía piso abrió. Juan Carlos entró, la dijo hija de puta, zorra y la agarró del brazo y la sujetó del cuello intentando meterla en el piso y ella empezó a gritar, saliendo en su ayuda el referido inquilino, lo que motivó que Juan Carlos se fuera.

Añade que a las 7 de la mañana estaba Juan Carlos tocando a la puerta otra y llamó a la policía, a la que manifestó que Juan Carlos ya no estaba allí y que se habría ido a casa de su madre. Por último declara que recibía llamadas de Juan Carlos con número oculto. Por último, expone que Justiniano era, en el momento de la denuncia, un amigo, siendo actualmente su pareja.

Ha declarado Justiniano quien manifiesta ser pareja de Amalia.

Declara que el 26 de julio era amigo de Amalia y que no vivía en la casa, que fue a visitar a Amalia para charlar. Que sobre las 23.30 horas un inquilino de la casa abrió la puerta y entró el acusado. Que Amalia y él estaban en el salón, que él se escapó por la ventana porque Amalia se lo dijo, que se olvidó todo, incluso el móvil. Añade que, posteriormente, llamó a su propio móvil y contestó el acusado diciéndole que no le iba a dar el móvil, por lo que llamó a la Policía.

Añade que, a raíz de tal contestación, se presentó en la casa junto con su hermana y su cuñado. Que tras llamar, Amalia abrió la puerta y le dijo a Juan Carlos que le entregara el móvil, negándose Juan Carlos hasta que finalmente se lo entregó, comenzando Juan Carlos a romper cosas, momento en el que cogió a Amalia del cuello del cuello. Expone que Juan Carlos estaba en camiseta y calzoncillos. Por último, reconoce que existen denuncias cruzadas con el acusado.

Ha prestado declaración el Oficial de PN NUM005.

Declara que el 27 de julio de 2020 acuden al domicilio de Amalia y el acusado no estaba, Amalia les cuenta que otro habitante del piso le facilitó la entrada en la casa a Juan Carlos, y éste la agredió y un inquilino la defendió, añadiendo que al ir a trabajar vio otra vez a Juan Carlos.

Declara que estando con la víctima, ésta recibió una llamada en la que el interlocutor decía "te quiero, quiero volver contigo" y que Amalia identificó en ese momento como Juan Carlos. Expone que fueron a la casa de la madre de Juan Carlos y allí le detuvieron. Manifiesta que el acusado era conocido de otras actuaciones.

TERCERO.-Pues bien, a la vista del acervo probatorio proporcionado por las acusaciones y en aplicación de la doctrina expuesta en el fundamento de derecho primero de la presente resolución, negados los hechos por el acusado y ratificada su versión de los hechos por su madre, las contradicciones en la declaración de Amalia y el testigo Justiniano en cuanto a lo que habría acaecido -pues Amalia relata un episodio concreto sencillo y acotado en el tiempo al declarar que Juan Carlos llegó, llamó, entró y la agarró del cuello, mientras que Justiniano relata un episodio mucho más complejo, con una huida de la casa, una conversación telefónica con el acusado y un regreso con sus familiares que en ningún momento refiere Amalia-, la animadversión entre Juan Carlos y Justiniano manifestado por la existencia de denuncias cruzadas y la ausencia de lesiones en Amalia por el presunto agarrón del cuello -cfr. informe médico forense al folio 51 y en el que no es posible establecer la compatibilidad de las lesiones con los mecanismos causales ya que no se objetivan lesiones-lleva a negar credibilidad y verosimilitud a la declaración de la víctima y del testigo.

A lo expuesto se ha de añadir que bien podían las acusaciones haber traído como testigos a la hermana y cuñado de Justiniano a fin de que ratificaran lo manifestado por éste, eliminando así cualquier atisbo de ánimo espurio en su declaración.

Igualmente debe reseñarse, de un lado y respecto a la declaración del oficial del CNP NUM005 manifestando que estando con la víctima, ésta recibió una llamada en la que el interlocutor decía "te quiero,quiero volver contigo" y que Amalia identificó como Juan Carlos, carece de entidad suficiente a fin de afirmar que dicho varón fuera Juan Carlos más allá de la declaración de la víctima y que, como ha quedado expuesto, adolece de falta de credibilidad y verosimilitud, no pudiendo desconocerse que, manifestado por el agente conocer al acusado de otras intervenciones y dado el peculiar tono de voz y manera de hablar que se aprecia en su declaración, bien podría haberle identificado como el varón que hablóa Amalia, lo que no acontece; y, de otro y en relación con el hecho de que las llamadas recibidas por Amalia desde el teléfono de la madre del acusado fueran de escasa o nula duración y realizadas a horas intempestivas, dicho extremo, significativo sin duda, carece de entidad incriminatoria más allá de constituir una mera sospecha -y no prueba de naturaleza incriminatoria de entidad suficiente a fin de enervar el derecho a la presunción de inocencia del acusado-sobre el hecho de que fuera el acusado y no su madre -como ésta declara-quien realizara las llamadas.

En suma, por las razones expuestas, se ha de afirmar la imposibilidad de sostener la existencia de prueba de cargo de entidad suficiente a fin de enervar el derecho a la presunción de inocencia de Juan Carlos, lo que ha de determinar, inexorablemente, su absolución.

TERCERO.- A propósito del pronunciamiento absolutorio ya la sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 18 de septiembre de 2002 establece en el último párrafo de su Fundamento Jurídico Primero que: "En casos de apelación de sentencias absolutorias, cuando aquélla se funda en la apreciación de la prueba, si en la apelación no se practican nuevas pruebas, no puede el Tribunal ad quem revisar la valoración de las practicadas en primera instancia, cuando por la índole de las mismas es exigible la inmediación y la contradicción".

En consecuencia, el criterio unánime del Pleno del Tribunal Constitucional es que, en las pruebas que exigen la inmediación y la contradicción para su valoración, no puede el Tribunal de Apelación sustituir el criterio del Juez a quo, ya que carece en tales casos de las condiciones exigidas por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH).

Reiteran los argumentos de la anterior resolución las sentencias 170/2002 de 30 de septiembre y 200/2002 de 28 de octubre, que obligan a respetar la valoración probatoria realizada por el Juez a quo sobre las pruebas que requieren haber sido presenciadas directamente por el órgano judicial ante el que se practicaron, salvo, claro está, los supuestos de valoraciones irrazonables o arbitrarias, consecuencia del principio de tutela judicial efectiva que traería como consecuencia necesaria la anulación de la sentencia, pero no sustituir directamente la valoración por otra, así como en la posterior de 20 de diciembre de 2005.

En la sentencia del Pleno de dicho Tribunal de 11 de marzo de 2008 fue reiterada la misma interpretación, "el problema constitucional de la garantía de inmediación se ha planteado en nuestra doctrina jurisdiccional como un "límite" para la revisión de la valoración de la prueba por el órgano llamado a decidir el recurso de apelación ( SSTC 197/2002, de 28 de octubre, FJ 2; 192/2004, de 2 de noviembre, FJ 2) derivado "del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías, en particular del principio de inmediación que rige el proceso penal" ( STC 192/2004, FJ 2). Así, la STC 167/2002, perfilando tal límite, concluye que "en casos de apelación de sentencias absolutorias, cuando aquélla se funda en la apreciación de la prueba, si en la apelación no se practican nuevas pruebas, no puede el Tribunal ad quem revisar la valoración de las practicadas en la primera instancia, cuando por la índole de las mismas es exigible la inmediación y la contradicción" (FJ 1). La ratio de la decisión que adoptamos en nuestra STC 167/2002 de que "ha resultado vulnerado el derecho a un proceso con todas las garantías" es, por tanto, que la Audiencia Provincial había procedido "a revisar y corregir la valoración y ponderación que el Juzgado de lo Penal había efectuado de las declaraciones de los recurrentes en amparo, sin respetar los principios de inmediación y contradicción" (FJ 11). A la misma conclusión y por la misma razón se llega en numerosas Sentencias posteriores: "la revocación en segunda instancia de una sentencia penal absolutoria y su sustitución por otra condenatoria, tras realizar una nueva valoración y ponderación de los testimonios de acusados y testigos en la que se fundamenta la modificación del relato de hechos probados y la condena, requiere que esta nueva valoración de estos medios de prueba se efectúe con un examen directo y personal de los acusados y testigos, en un debate público en el que se respete la posibilidad de contradicción ( SSTC 197/2002, de 28 de octubre, FJ 4; 198/2002, de 28 de octubre, FJ 2; 200/2002, de 28 de octubre, FJ 6; 212/2002, de 11 de noviembre, FJ 3; 230/2002, de 9 de diciembre, FJ 8; 41/2003, de 27 de febrero, FJ 5; 68/2003, de 9 de abril, FJ 3; 118/2003, de 16 de junio, FJ 4; 189/2003, de 27 de octubre, FJ 4; 209/2003, de 1 de diciembre, FJ 3; 4/2004, de 16 de enero, FJ 5; 10/2004, de 9 de febrero, FJ 7; 12/2004, de 9 de febrero, FJ 4; 28/2004, de 4 de marzo, FJ 6; 40/2004, de 22 de marzo, FJ 5; y 50/2004, de 30 de marzo, FJ 2, entre otras)" ( STC 31/2005, de 14 de febrero, FJ 2).

Así, "la Constitución veda ex art. 24.2 que un Juez o Tribunal de lo penal sustente una condena sobre su propia apreciación de lo sucedido a partir de su valoración de testimonios a los que no ha asistido, esto es, sin inmediación en pruebas cuya valoración requiere la garantía de inmediación" ( STC 112/2005, de 9 de mayo, FJ 9); así, "forma parte del derecho fundamental del acusado a un proceso con todas las garantías ( art. 24.2 CE), que la valoración de las pruebas que consistan en un testimonio personal sólo pueda ser realizada por el órgano judicial ante el que se practiquen -sólo por el órgano judicial que asiste al testimonio- y siempre que además dicha práctica se realice en condiciones plenas de contradicción y publicidad. Esta exigencia de inmediación de la práctica de este tipo de pruebas respecto al órgano judicial que las valora perdería su finalidad de garantía de la defensa efectiva de las partes y de la corrección de la valoración si una instancia superior pudiera proceder a una nueva consideración de los testimonios vertidos en el juicio a partir de la fundamentación de la Sentencia recurrida o de la sola constancia documental que facilita el acta del mismo" ( SSTC 105/2005, de 9 de mayo, FJ 1; 111/2005, de 9 de mayo, FJ 1; 112/2005, FJ 2; 185/2005, de 4 de julio, FJ 2).

Idéntico criterio es aplicado en sentencias como la de 28 de abril de 2009 según la cual "En relación con el derecho a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia ( art. 24.2 CE) en supuestos de condena en segunda instancia, es jurisprudencia ya reiterada de este Tribunal, iniciada en la STC 167/2002, de 18 de septiembre (FFJJ 9 a 11) y seguida en numerosas Sentencias posteriores (entre las últimas, SSTC 115/2008, de 29 de septiembre, y 49/2009, de 23 de febrero), que el respeto a los principios de publicidad, inmediación y contradicción, contenidos en el derecho a un proceso con todas las garantías, impone inexorablemente que toda condena se fundamente en una actividad probatoria que el órgano judicial haya examinado directa y personalmente y en un debate público en el que se respete la posibilidad de contradicción. Por ello, se ha apreciado la vulneración de este derecho fundamental en los supuestos en los que, tras ser dictada una sentencia penal absolutoria en primera instancia, la misma es revocada en apelación y dictada una sentencia condenatoria justificada en una diferente valoración de pruebas, como las declaraciones de los acusados o declaraciones testificales, que, por su carácter personal, no podían ser valoradas de nuevo sin su examen directo en un debate público en el que se respete la posibilidad de contradicción.

Más en concreto, y por lo que se refiere a la rectificación de conclusiones derivadas de pruebas de carácter personal, también ha reiterado el Tribunal Constitucional que concurre la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías cuando, en la segunda instancia, y sobre la base de indicios que provienen inequívocamente de una valoración de pruebas personales, se corrigen las conclusiones del órgano de primera instancia, sin examinar directa y personalmente dichas pruebas (por todas, STC 49/2009, de 23 de febrero, FJ 2)".

Como recoge (y recuerda p.e. SAP 26ª Madrid, recaída en RSV 2413/2018), la STS 31-1-18, pte Palomo del Arco "la doctrina del TEDH que restringe la posibilidad de pronunciamientos condenatorios o peyorativos ex novo en apelación o casación, reitera a su vez que la revisión de los elementos subjetivos del delito es una cuestión de hecho y no una cuestión de calificación jurídica y, por ello, exige inmediación en la práctica probatoria y audiencia del acusado ( SSTEDH de 22 de noviembre de 2011, caso Almenara Alvárez c. España; 22 de noviembre de 2011, caso Lacadena Calero c. España; 13 de diciembre de 2011, caso Valbuena Redondo c. España ; 20 marzo 2012, caso Serrano Contreras c. España ; 27 de noviembre de 2012, caso Román Zurdo c. España; 12 de noviembre de 2013, caso Porcel Terribas y otros c España; 29 de marzo de 2016, caso Gómez Olmeda c. España; o 13 de junio de 2017, caso Atutxa c. España ); y donde la misma consideración intangible que el relato de hechos probados debe ser predicada de las afirmaciones fácticas, o mejor, elementos de naturaleza factual ( STEDH Almenara Álvarez c España, de 25 de octubre de 2011 , § 49), contenidos en la fundamentación de la resolución", la Sala en vía de recurso no puede modificar la sentencia absolutoria en sentido condenatorio para el acusado, que se ha basado en prueba personal, sin inmediación, y no salva este obstáculo el hecho de que la vista oral haya sido grabada".

Lo anterior, sin obviar, el tenor del art. 792.2 primer párrafo LECr ("La sentencia de apelación no podrá condenar al encausado que resultó absuelto en primera instancia ni agravar la sentencia condenatoria que le hubiera sido impuesta por error en la apreciación de las pruebas en los términos previstos en el tercer párrafo del artículo 790.2), siendo así que en la sentencia de instancia se valoran por el Juez a quo las, en esencia, enfrentadas versiones.

Igualmente, en modo pacífico por reiterado, la jurisprudencia (así STS 27.12.1999), ha establecido la doctrina sobre los requisitos de la declaración de la víctima como prueba de cargo única, apta y bastante para enervar el derecho fundamental a la presunción de inocencia ( art. 24 C.E.), estableciendo que "esta Sala viene recogiendo una reiterada doctrina sobre la eficacia probatoria de la declaración de víctima cuando constituye la única prueba de cargo. Así, entre otras muchas, en las sentencias de 20 de octubre de 1999, 9 de octubre de 1999, 1 de octubre de 1999, 22 de abril de 1999 y 13 de febrero de 1999, se expresa que aunque, en principio, la declaración de la víctima puede ser hábil para desvirtuar la presunción constitucional de inocencia, atendiendo a que el marco de clandestinidad en que se producen determinados delitos, significadamente contra la libertad sexual, impide en ocasiones disponer de otras pruebas, ha de resaltarse que para fundamentar una sentencia condenatoria en dicha única prueba es necesario que el Tribunal valore expresamente la comprobación de la concurrencia de las siguientes notas o requisitos:

1. Ausencia de incredibilidad subjetiva, derivada de las relaciones acusador/acusado, que pudieran conducir a la deducción de la existencia de un móvil de resentimiento, enemistad, venganza, enfrentamiento u otro interés de cualquier índole que prive a la declaración de la aptitud necesaria para generar certidumbre.

2. Verosimilitud, es decir, constatación de la concurrencia de corroboraciones periféricas de carácter objetivo, que avalen lo que constituye una declaración de parte, en cuanto que la víctima puede personarse como parte acusadora particular o perjudicada civilmente en el proceso ( arts. 109 y 110 LECr).

3. Persistencia en la incriminación: ésta debe ser prolongada en el tiempo, plural, sin ambigüedades ni contradicciones, pues constituyendo la única prueba enfrentada a la negativa del acusado, que proclama su inocencia, prácticamente la única posibilidad de evitar la indefensión de éste es permitirle que cuestione eficazmente dicha declaración, poniendo de relieve aquellas contradicciones que señalen su inveracidad (SSRS 28 de septiembre de 1988, 26 de mayo y 5 de junio de 1992, 8 de noviembre de 1994, 27 de abril y 11 de octubre de 1995, 3 y 15 de abril de l996).

Mas también que la tal declaración y y los tales requisitos proceden ser interpretados a la luz de, entre otras, STS 13.06.18 que recuerda, entre otros extremos, que "...ello, sin embargo, no quiere decir que la credibilidad de las víctimas sea distinta del resto de los testigos, en cuanto al valor de su declaración, y otorgar una especie de presunción de veracidad...". Asimismo la STS 22.04.21, citando STS 467/2020 de 21.09.20, entre otras, recuerda que la idoneidad probatoria de la declaración de la víctima ha de pasar el filtro, en cada caso concreto, de la valoración del Tribunal sentenciador. Su alto valor incriminatorio no significa que con dicha declaración quede automáticamente desvirtuada la presunción de inocencia, en el sentido de que se invierta la carga de la prueba, dándose ya por probada la acusación. Por su parte la STS 2ª de 21.05.10, nº 3536/2010, que, entre otros extremos, señala: "...existe cierta tendencia a postular para la declaración de la que aparece procesalmente como víctima un plus de credibilidad. Es decir, la aplicación de un estándar de prueba menos exigente. Pero sucede que el derecho a la presunción de inocencia es de carácter absoluto, lo que significa que, cualquiera que sea la imputación, debe estar bien acreditada en todos sus elementos centrales, para que resulte justificada una sentencia condenatoria. Y el supuesto argumento -de frecuente presencia, sobre todo implícita- de la necesidad de evitar la impunidad de acciones producidas sin la concurrencia de testigos, privilegiando para ello alguna clase de prueba, no se sostiene. Pues nuestro sistema punitivo conoce una sola forma de dar respuesta constitucionalmente válida a los actos penalmente relevantes: la fundada en el respeto de la presunción de inocencia como regla de juicio. Y ésta exige que cualquier condena tenga como soporte una convicción de culpabilidad más allá de toda duda razonable, racionalmente formada y argumentada de manera convincente a partir de datos probatorios bien adquiridos.

Tal es el contexto en el que hay que tratar del valor que cabe dar a los indicadores jurisprudenciales de verosimilitud, ausencia de incredibilidad subjetiva y persistencia en la incriminación, de los que la sala de instancia hace uso en la sentencia, en la apreciación de la testifical de cargo.

Estas pautas, tomadas a veces indebidamente con cierto automatismo, cual si se tratase de criterios de prueba legal, tienen sólo un valor muy relativo. En efecto, su incumplimiento podrá servir -en negativo- para desestimar el testimonio en sí mismo inverosímil, el autocontradictorio y el dictado por móviles espurios. Pero es obvio que el relato de una situación imaginaria, bien construido y hábilmente expuesto, podría perfectamente ser presentado como veraz y pasar por tal, después de haber sido mantenido sin alteración en los distintos momentos del trámite. Y se sabe asimismo por experiencia (clínica y también judicial) que hay personas que atribuyen a otro la realización de una conducta punible nunca ejecutada por él, sin propósito de perjudicarle, sólo como consecuencia de un error de percepción, debido al padecimiento de algún tipo de trastorno o por otras razones, no necesariamente conscientes. Y, además, podría darse igualmente la circunstancia de que alguien, aun odiando, dijera realmente la verdad al imputar la realización de una conducta punible.

En consecuencia, el contenido de una testifical que supere ese triple filtro no debe ser tenido como válidamente inculpatorio. Lo único que cabe sostener es que un testimonio que no lo hiciera tendría que ser desestimado a limine como medio de prueba; mientras que, en el caso contrario, resultará en principio atendible, y, por tanto, cabrá pasar, en un segundo momento, a confrontar sus aportaciones con las de otra procedencia, para confirmar la calidad de los datos.

El principio de presunción de inocencia da derecho a no ser condenado sin prueba de cargo válida, que -salvo los casos excepcionales constitucionalmente admitidos- es la obtenida en el juicio, que haya sido racional y explícitamente valorada, de forma motivada, en la sentencia, y se refiera a los elementos nucleares del delito (por todas, STC 17/2002, de 28 de enero y STS 213/2002, de 14 de febrero). Por otra parte, cuando se trata de la prueba habitualmente denotada como indiciara, para que resulte atendible la conclusión incriminatoria, según jurisprudencia asimismo muy conocida (por todas, STC de 21 de mayo de 1994 y STS de 2 de febrero de 1998), es preciso que los hechos indicadores o hechos- base sean varios, estén bien probatoriamente acreditados, mediante prueba de la llamada directa, y viertan sobre el hecho principal u objeto de imputación; y que la inferencia que, realizada a partir de aquéllos conduce a este último, sea racional, fundada a en máximas de experiencia fiables, y cuente con motivación suficiente...".

CUARTO.- Desde lo recordado y expuesto, el examen de las actuaciones remitidas/digitalizadas permite considerar que los relatos de la denunciante y de su actual pareja de un lado y del acusado y la madre de éste, de otro, es claro que son enfrentados ( STS 2ª 26.10.01), siendo que los relatos enfrentados y/o testimonios contradictorios si bien no suponen ni conllevan necesariamente su neutralización, deben ser objeto de valoración y consideración, lo que así ha acaecido en la sentencia objeto de recurso.

Cumple señalar que el PN NUM005 declaró que la denunciante refirió un compañero de piso (referido ya al f 3, f 61), no propuesto ni oído para en el acto del plenario, indicando que fue quien abrió la puerta al acusado (12:55 grabación j.o.). Que le conocen, que además de la mujer estaba un tal Justiniano (12:56 grabación j.o.).

Las diligencias de prueba para en relación con los hechos objeto de enjuiciamiento fueron pruebas esencialmente personales, siendo que las alegaciones de la ahora recurrente no justifican, en los términos legal y jurisprudencialmente exigibles, apreciar error en el proceso valorativo efectuado por el Juez a quo, que procede ser respetado por las razones anteriormente expuestas, atendido el resultado de las pruebas practicadas en el plenario, dado que las conclusiones alcanzadas no son arbitrarias ni irrazonables, debiendo estarse a lo que se acordará.

QUINTO.- Se declaran de oficio las costas causadas en esta alzada, vistos los arts. 240 de la LECr y concordantes.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,