Sentencia Penal 268/2024 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 32, Rec. 162/2024 de 27 de mayo del 2024

PRIMERO.- Se inicia el examen de los distintos recursos de apelación interpuestos por los recursos presentados por la representación procesal respectivamente de los hermanos Ricardo Y Yohan quienes bajo distintas representaciones procesales, tienen una misma fundamentación jurídica en su pretensión absolutoria, tras haber sido ambos condenados como responsables de un delito leve de amenazas a la pena de multa de 15 días a razón de una cuota diaria de tres euros.

Consideran ambos recurrentes la inexistencia de prueba de cargo suficiente para en enervar el principio de presunción de inocencia que debe amparar a todo denunciado, dado que al haber quedado acreditada la mala relación entre Esmeralda y los denunciados por asuntos familiares, se consideran que las declaraciones contradictorias sobre el mismo hecho debería haber concluido la libre absolución de los hermanos quienes en contradicción a lo expuesto por Esmeralda afirman fueron quienes llamaron a la policía, extremo que consideran de suma importancia dado que no habiendo amenazado a la Señora Esmeralda fueron quienes requirieron la presencia policial. Por lo que consideran ambas representaciones que no se debió de dar mayor credibilidad a la declaración de Esmeralda al existir una relación previa que desvirtúa la veracidad de la declaración de esta última. Por lo que ambas representaciones solicitan la libre absolución de ambos hermanos.

La representación procesal de Esmeralda centra su alegato contra la sentencia recurrida, en base a los siguientes motivos:

.-error en la apreciación de las pruebas. Considera la parte que la juzgadora de instancia efectúa un fallo arbitrario de las pruebas practicadas especialmente de la declaración de Esmeralda, la que en contradicción a lo expuesto en sentencia resultó ser coherente y persistente y vino corroborada por otro elemento probatorio como es la declaración de su hermana y el contrato de alquiler que Doña Mila concertó el 14 de febrero de 2019, dos semanas más tarde que ocurrieran los hechos y que la policía se personara en la vivienda luego que se dio cuenta que habían cambiado la cerradura de la misma.

.- parte la recurrente de lo dispuesto en la ley sobre el recurso de apelación contra sentencias penales absolutorias y solicita la nulidad de la sentencia dictada al incurrir en arbitrariedad, irracionalidad o error patente, dado que la sala no puede modificar el juicio valorativo del juzgador de instancia ni corregir sus conclusiones ni cifrar un nuevo relato de hechos probados sin haber practicado prueba personal, entiende que no ha quedado desvirtuada la presunción constitucional de inocencia de la que disfruta todo acusado y si la participación de Mila el día 28 de enero de 2019, cuando venía compartiendo la vivienda situada en el inmueble de la DIRECCION000 de Madrid con Esmeralda, siendo esta la que había suscrito el contrato de arrendamiento de dicha vivienda, en calidad de arrendataria, le cambió la cerradura de la puerta de entrada en la misma, impidiéndole acceder a su interior y obrando con ánimo de lucro se apoderó de muebles y efectos pertenecientes a Esmeralda, cuyo valor ascendía a 2780 € según tasación pericial y que se hallaban en el interior de la vivienda y en consecuencia Mila es autora de un delito de apropiación indebida y de un delito de coacciones. Máxime cuando esta última ha reconocido en su declaración, de fecha 18 de junio de 2019, que se ha quedado con pertenencias de Esmeralda, pues, en la citada declaración manifiesta haberse quedado con un sillón, mesillas, cómoda y barras de cortina que son algunos de los objetos que Esmeralda denunció como base de la apropiación indebida cometida por Mila y sus hijos además de reconocer que cambió la cerradura, por tanto la declaración de la propietaria del piso poco iba a aportar por la cerradura, ya se encontrará cambiada y no se correspondía con la primitiva de la casa. El cambio de contrato opera el día 14 de febrero de 2019, es decir más de 15 días más tarde de que ocurrieran los hechos, lo que significa que en el momento que lo hicieron no tenían título alguno para residir en la vivienda pues en ese momento la titular del contrato era Esmeralda, conviviendo con la denunciada en el domicilio hasta que le cambio la cerradura, aprovechando que Esmeralda iba a efectuar gestiones, tal como ratificó su hermana y ya no dejándola entrar en la vivienda y posteriormente presionar a la arrendadora para que le concertara un contrato de alquiler hasta que la arrendadora inició el pertinente procedimiento de desahucio y posterior lanzamiento pues únicamente le abonó unas pocas mensualidades, llevándose doña Mila todos los muebles tras el lanzamiento. Por tanto la declaración de la víctima cumple los requisitos que el Tribunal Supremo exige para en el bar la presunción de inocencia de Mila y en consecuencia considera que la absolución de la misma debe dar lugar a la nulidad de la resolución recurrida a fin de que se devuelva las actuaciones al órgano que dictó la citada resolución apelada.

EL MINISTERIO FISCAL, a través de tres diferentes escritos impugna el recurso de apelación interpuestos tanto por Yohan como el de su hermano Ricardo y de Esmeralda, al entender no se ha producido el error en la valoración de la prueba conforme se destaca por los recurrentes pretendiendo las partes qué, el tribunal en segunda instancia sustituya la valoración de la prueba realizada por el juez a quo conforme a parámetros de racionalidad, lógica y coherencia por el propio de los recurrentes.

En cuanto al recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Esmeralda considera que el recurrente se limita a reiterar las alegaciones que ya expuso en el acto de vista sin añadir nada nuevo pretendiendo que su valoración de la prueba sea la correcta frente a los argumentos y fundamentos jurídicos expuestos en la sentencia, olvidando que es al juzgado al que compete tal misión por todo ello solicita la confirmación de la resolución recurrida por sus propios fundamentos.

SEGUNDO.- Como primera cuestión, analizaremos en primer lugar los recursos interpuestos contra el fallo condenatorio de la sentencia, al considerar la juzgadora de lo Penal prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia de Yohan y de su hermano Ricardo quienes a su juicio el día de autos, 28 de enero de 2019 tras requerir Esmeralda la presencia policial y mientras esperaban la llegada de la policía, ambos denunciados dijeron a Esmeralda que la iban a matar y que se iba a enterar. Lo que a su juicio constituye un delito leve de amenazas del artículo 171.7 del CPE, pues las expresiones se llevaron a cabo en un marco de conflictividad enquistado entre las partes y momentos antes de que llegara la policía donde los ánimos estaban exaltados, considerando además las expresiones proferidas contra Esmeralda de una violencia menor, no constando denuncias posteriores a hechos similares. Examina la juzgadora la calificación jurídica que los hechos le merecen y termina condenando a ambos hermanos por un delito leve de amenazas a una pena para cada uno de multa de 15 días a razón de tres euros diarios, teniendo cuenta las dilaciones indebidas que ha sufrido la causa.

A la vista de la prueba practicada en el acto del juicio oral examinada por la juzgadora en sentencia hemos de destacar que no nos hallamos ante una sentencia inmotivada, caprichosa, arbitraria y de modelo. Antes al contrario en la sentencia se explican de manera sucinta, pero clara y coherente, los motivos por los que se han declarado probados determinados hechos con trascendencia penal. Los motivos se basan precisamente en la práctica de pruebas en el acto del juicio oral. Por tanto existen pruebas, las mismas se justifican convenientemente en la sentencia y en consecuencia no se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia de ninguno de los dos denunciados Ricardo y Yohan.

En tal sentido nuestro Tribunal Supremo en Sentencias de 4 de octubre de 1999 y 26 de junio de 1998, entre otras, señala que para poder apreciar en el proceso penal una vulneración del principio a la presunción de inocencia se requiere que en la causa exista un vacío probatorio sobre los hechos que sean objeto del proceso, o sobre alguno de los elementos esenciales de los delitos enjuiciados, pese a lo cual se dicta una sentencia condenatoria. Si, por el contrario, se ha practicado en relación a tales hechos o elementos, actividad probatoria revestida de los requisitos propios de la prueba de cargo, con sometimiento a los principios de oralidad, contradicción e inmediación, no puede estimarse la violación constitucional basada en la presunción de inocencia, pues las pruebas así obtenidas son aptas para destruir dicha presunción, quedando sometidas a la libre y razonada valoración del Tribunal de Instancia, a quien , por ministerio de la ley, corresponde con exclusividad dicha función ( artículos 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 117.3 de la Constitución Española).

Y, en el presente caso, la Juzgadora de instancia ha contado con material probatorio suficiente para destruir tal presunción, puesto que ha tomado en consideración tanto la declaración de Esmeralda como la de su hermana Rosario quien estaba presente el día de los hechos, al existir un conflicto entre las partes por la vivienda en cuestión, conflicto que ha dado lugar a la absolución de Mila por delito de apropiación indebida. Absolución contra la que se interpone recurso por parte de la representación procesal de Esmeralda que será objeto de examen en el fundamento tercero de la presente resolución.

El análisis del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de ambos hermanos, hijos a su vez Mila por el delito leve de amenazas, por el que han sido condenados, concluye que las pruebas fueron practicadas, obviamente, con todas las garantías de oralidad, inmediación y sobre todo contradicción, propias del juicio oral. La interpretación de la práctica de dichas pruebas ha sido correcta y además explicada en la propia resolución apelada. Por tanto hay actividad probatoria y no precisamente mínima y además actividad probatoria más que suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia.

Alegan ambos apelantes error en la apreciación de la prueba. Sin embargo, aunque el recurso de apelación penal como una oportunidad de revisión plena sitúa al órgano judicial revisor en la misma posición en que se encontró el que decidió la primera instancia cuando la prueba tiene carácter personal,como ocurre en el caso de los testigos, importa mucho, para una correcta ponderación de su persuasividad, conocer la íntegra literalidad de lo manifestado y, además, percibir directamente el modo en que se expresa, puesto que el denominado lenguaje no verbal forma parte muy importante del mensaje comunicativo y es un factor especialmente relevante a tener en cuenta al formular el juicio de fiabilidad.

El juzgador en primera instancia dispone de esos conocimientos, en tanto que el órgano competente para resolver el recurso de apelación sólo conoce del resultado de la prueba practicada. Por ello, un elemental principio de prudencia (la pauta de la sana crítica aplicada al control de la valoración de la prueba en la segunda instancia) aconseja no apartarse del criterio del juzgador de primera instancia, salvo cuando el error de valoración sea patente.

No sucede así en este caso; la alegación de ambos recurrentes no pone de manifiesto sino su legítima discrepancia con la valoración de la prueba que ha realizado, de forma correcta y adecuada, la Juez cuya sentencia se impugna, bajo los principios de inmediación y de imparcialidad, pretendiendo sustituir su apreciación por la del titular del órgano que juzga en primera instancia. Conforme ha podido comprobar este tribunal a través de la escucha y visionado del DVD incorporado actuaciones con la grabación del acto del juicio oral, de inestimable valor probatorio, y ello es así porque lejos de no existir prueba de cargo suficiente como alega la parte recurrente para dictado de la sentencia condenatoria, entendemos que la prueba justifica la condena de ambos hermanos dado que la declaración de Esmeralda vino corroborada por la declaración de su hermana Rosario conforme destaca la juzgadora en sentencia y dado que las expresiones denunciadas como vertidas por los acusados se llevaron a cabo en un marco de conflictividad entre las partes y momentos antes de que llegara la policía donde los ánimos estaban exaltados se considera que la valoración realizada por la juzgadora sobre la prueba personal realizada respecto de la declaración de Esmeralda y de su hermana Rosario, ha constituido prueba de cargo suficiente para condenar a ambos por las amenazas denunciadas como vertidas. Debiendo este tribunal mantener la sentencia impugnada al no haberse vulnerado el principio de presunción de inocencia de ambos denunciados al haberse practicado prueba de cargo y haberse motivado la apreciación de la prueba por la Juez de manera lógica, prudente y ponderada, procediendo confirmar la sentencia condenatoria apelada en todos sus extremos al estar vedado a este tribunal la valoración de prueba personal en la segunda instancia, cuando el razonamiento expuesto no vulnera el derecho de presunción de inocencia al estar fundamentada la condena en prueba personal y estar razonada la condena y ser razonable la conclusión condenatoria alcanzada por el delito leve de amenazas cometido por ambos recurrentes. En cuanto al delito leve de Amenazas del art. 171.7 del CP, imputado a los acusados, razona la juzgadora que la denuncia formulada por Rosario, en este procedimiento contra los acusados por Amenazas, fue enjuiciada en el Juzgado de Instrucción n° 29 de Madrid, con resultado de absolución para los mismos (folios 130 a 132). En su denuncia Esmeralda afirmó que los acusados le dijeron el día de los hechos "que tuviera cuidado ella y su familia" (folio 3). En sus declaraciones sumariales dijo que la amenazaron de muerte (folios 14 y 15). Por su parte Rosario afirmó que los acusados amenazaron a su hermana, diciéndole "que se iban a enterar". El delito de Amenazas es un delito de peligro o de simple actividad y no de resultado que se caracteriza por un ataque al sosiego personal en el normal desarrollo de la vida, realizado por un sujeto animado del propósito de atemorizar a la víctima privándola de su tranquilidad, mediante el anuncio serio y real de causarle un mal que constituya delito, cuya consecución dependa exclusivamente de la voluntad de ese sujeto. Entiende, por tanto, que la acción de los acusados no tiene la intensidad de violencia necesaria para considerarlo delito grave ya que entre los caracteres esenciales de las amenazas se encuentra el de ser eminentemente circunstancial, debiendo valorarse la ocasión en la que se profiere la amenaza, las personas intervinientes, los actos anteriores, simultáneos y sobre todo posteriores al hecho material de la misma (entre otras, STS 259/2006 de 6 de marzo).

Las expresiones de los acusados se llevaron a cabo en un marco de conflictividad enquistado entre las partes y momentos antes de que llegara la Policía, donde los ánimos estaban exaltados, considerando además las expresiones proferidas contra Esmeralda de una violencia menor, no constando denuncias posteriores a los hechos similares. Por todo ello declara a los acusados autores del delito leve que se les imputa, al concurrir en su conducta los elementos del ilícito, a saber: le anunciaron causarle un mal que constituía delito, futuro, injusto, determinado y posible. La ocasión en que se produjo la amenaza fue en el exterior de la vivienda. El dolo específico radicó en ejercer presión sobre la víctima. Por todo ello se impondrá a cada uno la pena de multa de quince días, en relación con el art. 66.1 del CP , a razón de una cuota diaria de 3€ (se ignoran sus medios de vida), con aplicación del art. 53 del CP , en caso de impago".

Por lo expuesto ambos recursos se desestiman.

TERCERO.- En cuanto al recurso interpuesto por la representación procesal de Esmeralda, interesando la nulidad de la sentencia dictada por entender erróneo el fallo absolutorio de Mila respecto del delito de apropiación indebida y de coacciones por el que se formuló acusación.

Pues bien, de lo hasta ahora expuesto una primera conclusión resulta evidente, esto es, que sólo podrá dejarse sin efecto la apreciación de las pruebas personales practicadas en la instancia, cuando el razonamiento probatorio alcanzado por el juzgador -a quo- bien vulnere el derecho a la tutela judicial efectiva, bien resulte absurda la conclusión allí alcanzada, o bien, sea irracional o incongruente el fallo con relación a los hechos allí declarados probados, o bien si se prefiere y según los casos, el fallo dictado fuese arbitrario, ( STC 82/2001 y SSTS 434/2003, 530/2003, 614/2003, 401/2003, y, 12/2004, entre otras).

En suma el Tribunal en segunda instancia no puede sustituir la percepción del Juez de lo Penal sobre la prueba, al gozar el mismo de la innegable ventaja de la inmediación, pero sí puede analizar la argumentación de la sentencia apelada por si en la misma se apreciara un razonamiento absurdo, arbitrario, no fundamentado o ilógico. Aun así lo que radicalmente impide el Tribunal Constitucional, es que el Tribunal de apelación modificando el relato de hechos probados sin haber practicado prueba alguna en la segunda instancia, dicte una nueva sentencia esta vez condenatoria. Al Tribunal ad quem le está vetada tal posibilidad y en tal sentido se expresan de manera clara Sentencias del Tribunal Constitucional de 26 de Febrero de 2007, 15 de Enero de 2007, de 3 de Julio de 2006, que remite a otras de 5 de Abril de 2006 y 27 de Octubre de 2003, del mismo Alto Tribunal.

A juicio de este tribunal, el razonamiento expuesto por la juzgadora, para absolver a Mila , igualmente debe ser respetado, al estar plenamente justificada la absolución en la práctica de las pruebas que cita y examina la juzgadora en sentencia desde su privilegiada inmediación basada en el artículo 741 de la LECRIM.

En sentencia se recoge la prueba practicada en el acto del juicio oral

" Mila dijo en la vista que compartía vivienda con Esmeralda hasta que esta le dijo que se iba porque no podía pagar, pero negó que se hubiera quedado con mueble alguno de Esmeralda salvo el sillón del salón, las mesillas, cómoda, barra de cortinas y una reja, que se quedaron en la casa y que los puede retirar cuando quiera, añadiendo que alguno de los efectos del listado aportado por ésta a la causa ya se los había llevado y que otros como el calentador son de la dueña del piso. Que tampoco cambió la cerradura cuando aquella le dijo que se iba de la vivienda. Que después fue ella la que hizo otro contrato de arrendamiento con la dueña de la vivienda (folio 133).

Esmeralda, relató que compartía vivienda con Mila en la DIRECCION000 de Madrid, de la que era arrendataria (folio 157), cambiándole la cerradura de la puerta de entrada el día de los hechos, no pudiendo entrar, apoderándose de muebles y efectos pertenecientes a ella, que se hallaban en el interior de la vivienda"

De la prueba practicada la juzgadora infiere que en los contratos de alquiler de la vivienda de autos, aportados por Mila y por Esmeralda, ni en el de la denunciante Esmeralda, ni en el de la acusada Mila hay una relación de bienes u objetos con los que se alquilaba la vivienda, por lo que no se sabe cuáles pertenecían a la casa y cuáles a la denunciante.

En referencia a los muebles que según la denunciante se apropió Mila y que se encontraban en la vivienda solo hizo mención en la denuncia inicial a que "tenía sus cosas dentro del domicilio", añadiendo en su declaración judicial "que eran efectos personales, bienes muebles y demás efectos", sin concretar los mismos hasta su comparecencia de 23 de mayo de 2019 en que aportó un listado manuscrito que el perito judicial tasó en 2.780€ (folios 70 a 72).

Tampoco aportó documento alguno que acreditara la preexistencia de esos bienes. Por lo que se ignora, en realidad si efectivamente los enseres que dijo la denunciante eran suyos, lo son en realidad, si alguno ya se lo había llevado o si alguno pertenecía a la vivienda arrendada.

Por lo que en base a la prueba relativa al delito de apropiación indebida razona: "A lo reseñado respecto a los muebles que reclama la Sra. Esmeralda hay que decir que respecto a la imputación de Mila, por un delito de Apropiación indebida del art. 253.1, en relación con el 249.1, del CP , el Tribunal Supremo, viene manteniendo que la estructura típica del delito de Apropiación indebida parte de la concurrencia de los siguientes elementos: La concurrencia como elemento esencial el que el agente hubiese recibido la cosa mueble, en virtud de uno de los títulos a que expresamente alude el art. 252 o por uno de los comprendidos en su genérica e innominada fórmula de "por otro título que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos". Por otra parte también ha de tenerse en cuenta la doctrina jurisprudencial respecto a que la consumación del delito se produce cuando el sujeto activo realiza sobre la cosa poseída un acto de disposición, trasformando la lícita posesión en ilícita propiedad, no bastando para la consumación del delito los llamados usos ilícitos no dominicales o las apropiaciones de uso, a que lo decisivo consiste en el "ius disponendi" y no en el "ius utendi"; como tampoco basta la desviación temporal de destino, ya que a diferencia de algunas legislaciones extranjeras, en las que la desviación del destino se equipara al "adueñamiento", ello no acontece así en la nuestra. En este sentido en el delito de Apropiación Indebida ha de producirse un doble resultado, de enriquecimiento respecto del sujeto activo y de empobrecimiento patrimonial del agraviado, siendo preciso un ánimo de lucro en el primero que preside e impulsa toda la acción, ánimo que se traduce en la intención de incorporar la cosa al patrimonio propio.

En este caso y en aplicación de la anterior doctrina, no ha quedado constancia ni documental, ni testifical de que a la acusada se le hubiera hecho entrega de los bienes de Esmeralda, en virtud de uno de los títulos a que expresamente alude el art. 253.1 del CP , o por uno de los comprendidos en su genérica e innominada fórmula de "por otro título que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos", entre otros extremos porque no ha quedado acreditado cuáles eran esos muebles y enseres.

De la prueba practicada no ha quedado probado que a la acusada se le entregaran los enseres en virtud de depósito, comisión, administración o cualquier otro título que contenga una precisión de la finalidad con que se entrega y que tenía la obligación de entregarlos o devolverlos a la denunciante, ya que a la anemia probatoria documental de cuáles y cuántos eran se une que de la lista por fin aportada por Esmeralda, tampoco acreditó la propiedad de ninguno de ellos. En este caso lo que habría realizado Mila sobre los muebles que reconoció se habían quedado en la vivienda y que eran propiedad de Esmeralda, sería un uis utendi, no bastando para la consumación del delito los llamados usos ilícitos no dominicales o las apropiaciones de uso, ya que lo decisivo consiste en el "ius disponendi", lo que no ocurrió en el caso de autos, ya que no consta que la acusada hubiera realizado un acto de disposición sobre los mismos. Por todo lo razonado procede su absolución por no ser la conducta desplegada por la acusada constitutiva en si misma del delito que se le imputa. En lo referente al delito de Coacciones del art. 172.1 del CP , del que también viene imputada, hay que decir que solo se cuenta con las versiones contradictorias de las partes, no habiendo visto nadie que la acusara cambiara la cerradura, además de que no se propuso a la dueña de la vivienda Rosa, la cual era la única que podía decir si las llaves de la vivienda que ella tuviera coincidían o no con las de la cerradura de la casa el día de autos. Por todo ello en aplicación del principio in dubio pro reo procede su absolución".

A la vista de las consideraciones realizadas en el fundamento jurídico segundo de la sentencia dictada, considera este Tribunal razonable la conclusión absolutoria a la que llega la sentencia recurrida y ello por los siguientes motivos. En primer lugar la Juez de Instancia no dicta una sentencia absolutoria de modelo o tipo, sino una resolución motivada. Analiza la Juez las pruebas practicadas en el acto del juicio oral y las conclusiones a que dichas pruebas le conducen y llega a la convicción de que no existe prueba que acredite los elementos esenciales de los delitos imputados. No es una resolución arbitraria ni caprichosa, sino fundamentada y justificada, en contradicción a lo expuesto por la recurrente. La juzgadora analiza al detalle la prueba desde el punto de vista de su libre valoración entendiendo este tribunal que el razonamiento de la Juez no sólo se explica, sino que, a la vista de su exposición, es perfectamente lógico.

La argumentación de la sentencia apelada se basa, en no resultarle creíble a la juzgadora la declaración de las denunciantes detallando las razones que llevan absolver a la denunciada del delito de apropiación indebida y de coacciones. Queda pues extramuros del control de apelación la valoración del juicio de la prueba, por pertenecer tal función al juez sentenciador en virtud de la inmediación que dispuso y de acuerdo con el artículo 741 de la LECRIM, "sólo en casos de déficit en la fundamentación o de conclusiones arbitrarias, el control de apelación incluiría el control de la valoración, en garantía, precisamente de la interdicción de toda arbitrariedad a la que se refiere el artículo 9-3ª de la Constitución ( STS 585 11 de 27 de diciembre de 2001 ).

No es misión ni cometido de este tribunal ni decidir ni elegir, sino controlar el razonamiento con el que el juzgador a quo justifica su decisión. Por ello, queda fuera, s del ámbito del recurso verificado el canon de cumplimiento de la motivación fáctica y la razonabilidad de sus conclusiones alcanzadas en la instancia, la posibilidad de que esta Sala pueda sustituir la valoración que hizo el tribunal de instancia, ya que esa misión le corresponde a este tribunal en virtud del artículo 741 de la LECRIM antes citado y de la inmediación que dispuso que no puede servir de coartada para eximirse de la obligación de motivar.

Por tal razón debemos respetar la valoración realizada al ser conforme al principio de libre valoración de la prueba al estar fundamentada de forma detallada la razonas que le llevan a absolver a la denunciada de los delitos por los que se le acusaba. Es por ello que incluso el Ministerio Fiscal garante del principio de legalidad y que incluso solicitó sentencia condenatoria solicita en esta segunda instancia la confirmación de la resolución recurrida. Es por lo expuesto por lo que no incurre la resolución dictada en causa de nulidad alguna y, en consecuencia, procede la desestimación del recurso.

CUARTO.- No procede hacer pronunciamiento alguno de las costas de esta alzada.

VISTOSlos preceptos legales citados, y los demás de general y pertinente aplicación, en nombre de su Majestad El Rey y por la autoridad que el Pueblo Español me confiere: