Sentencia Penal 488/2023 Audiencia Provincial Penal de Madrid nº 27, Rec. 2630/2022 de 28 de junio del 2023

PRIMERO: Se formula recurso de apelación por la representación en autos del acusado D. Marisol contra la sentencia de fecha 14 de junio de 2022 dictada por el Juzgado de lo Penal nº 5 de Alcalá de Henares. Como motivos de recurso se invocan la concurrencia de vulneración del derecho a la presunción de inocencia, y error en la valoración de la prueba.

El Ministerio Fiscal ha impugnado el recurso interesando la confirmación de la resolución objeto de impugnación.

SEGUNDO: Así, se invoca en primer término por la parte apelante la concurrencia de vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Al respecto cabe afirmar que el derecho a la presunción de inocencia, consagrado en nuestro sistema con rango de derecho fundamental en el art. 24 C.E., implica que toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley, según recoge el art. 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el art. 6.2 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y el art. 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Esto supone que es preciso que se haya practicado una mínima prueba de cargo, cuya iniciativa corresponde a la acusación, que sea suficiente para desvirtuar esa presunción inicial ( STS núm. 251/2004). En consecuencia, "el derecho fundamental a la presunción de inocencia no precisa de un comportamiento activo por parte de su titular, pues de aquellos Tratados Internaciones no resulta sólo la precisión de que la parte acusadora tenga la carga de la prueba, sino además, el que la presunción de inocencia es una verdad interina de inculpabilidad, que puede ser enervada cuando consta en la causa prueba de cargo, suficiente, producida regularmente, abarcando su verdadero espacio dos extremos fácticos: la existencia real del ilícito penal y la culpabilidad del acusado, como mínimo de intervención o participación en el hecho y no en el sentido normativo de reprochabilidad jurídico-penal" ( STS de 6/02 y 21/03/1995, y núm. 711/2000, de 19/04).

Procede, pues, analizar: A).- Que exista en las actuaciones prueba practicada como fundamento de la condena (prueba existente) ( SSTC núm. 31/1981, núm. 124/1983 y núm. 17/1984); B).- Que dicha prueba de cargo haya sido obtenida y aportada a las actuaciones con observancia de las garantías constitucionales y de las normas aplicables en cada caso y a cada medio de prueba (prueba lícita) ( SSTC núm. 150/1989, núm. 134/1991 y núm. 76/1993); y C).- Que esa prueba de cargo, lícitamente obtenida y aportada al proceso, pueda considerarse suficiente para justificar un pronunciamiento condenatorio (prueba suficiente) ( SSTC núm. 31/1981, núm. 217/1989 y núm. 117/1991). Además, esta suficiencia ha de exigirse con rigor ya que toda duda razonable en materia de prueba, ha de resolverse conforme al principio "in dubio pro reo" a favor del acusado ( STS núm. 97/2012, de 24/02, y más recientemente en las STS de 9 y 11/03/2020 y núm. 681/2019 de 28/01).

Debe volver a insistirse que no puede prescindirse de la ineludible necesidad de desplegar una prueba de cargo, razonablemente suficiente, para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado. Presunción que no solo constituye un derecho fundamental declarado en nuestra Constitución, sino que además es el "eje alrededor del cual giran las demás garantías procesales y en definitiva el funcionamiento de todo el procedimiento penal ( STS de 2/12/2003). Señala también el Tribunal Constitucional a este respecto ( STC núm. 137/1988 de 7/07) que la presunción de inocencia ocasiona un desplazamiento de la carga de la prueba a las partes acusadoras a quienes incumbe exclusivamente probar los hechos constitutivos de la pretensión penal, debiendo ser suficiente para generar en el Juzgador la evidencia de la existencia un hecho punible y de la responsabilidad penal que haya tenido en él el acusado, así como sustentarse la actividad probatoria en auténticos medios de prueba obtenidos con respeto a los derechos fundamentales y practicados en el juicio oral bajo los principios de igualdad, contradicción, inmediación y publicidad.

Para centrar la cuestión debe señalarse que el apelante ha sido condenado en la instancia como autor de un delito de amenazas leves en el ámbito familiar del artículo 171.4 del Código Penal, y ello en atención a unos hechos supuestamente ocurridos sobre las 14:30 horas del día 11 de julio de 2021 en la vía pública, en concreto en la CALLE001 de la localidad de Torrejón de Ardoz.

El Tribunal ha procedido al visionado de la grabación del plenario, y no podemos sino afirmar que ciertamente se practicaron pruebas de contenido incriminatorio aptas para enervar la presunción de inocencia del acusado y determinar su condena por un delito de amenazas leves en el ámbito familiar del artículo 171.4 del Código Penal. Así, recordemos que la condena del acusado se produce, según la relación de hechos probados, no por decirle a su ex pareja que la fuera a matar, ni por decirle en general alguna clase de expresión objetivamente amenazante. La condena se produce porque el acusado baja a la vía púbica y al ver a su ex pareja, coge una tapa metálica de una papelera de la calle y persigue con ella a la carrera a su ex pareja al tiempo que le grita, causando con ello que la misma, atemorizada, se refugie en un bar cercano.

Este hecho ha sido narrado así por la testigo denunciante, Dña. Silvia, y por la persona que la acompañaba ese día y que había hablado previamente con Marisol, el acusado, que es Dña. Antonieta. Ambas han expresado que el acusado estaba notablemente alterado, nervioso y probablemente bajo la influencia del previo consumo de alcohol y de alguna droga y que apareció en la calle semidesnudo, descalzo y fuera de sí, y que la ver a su ex pareja Silvia, cogió una tapa metálica de una papelera y salió a la carrera detrás de Silvia gritando. Es más, el acusado llevaba manchas evidentes de sangre en sus ripas, pues previamente, fruto de su estado de agitación y de alteración, había propinado un puñetazo a un cristal y se había causado relevantes heridas.

Estas declaraciones se encuentran además avaladas periféricamente por la testifical referencial del Agente del Cuerpo Nacional de Policía nº NUM002, el cual tras entrevistarse con el acusado y una persona joven que lo acompaña, que era la testigo Cecilia, contactó con la perjudicada, la cual aún estaba en la localidad de Torrejón de Ardoz si bien en otro punto, confirmándole la misma todos estos extremos.

En definitiva, se ha descrito un hecho y un contexto que son evidentemente aptos para estimar razonablemente que le hecho fue constitutivo de una amenaza leve por parte del acusado hacia su ex pareja.

Por ello, no cabe admitir que estemos en un contexto de ausencia de pruebas debidamente practicadas con arreglo a los principios de publicidad, oralidad, inmediación y contradicción, que es lo único que podría dar lugar a estimar este motivo de recurso, el cual por ello ha de ser rechazado, sin perjuicio del análisis que ahora efectuaremos sobre la posible concurrencia de error en la valoración de la prueba.

TERCERO: En segundo lugar, se articula como motivo de recurso la concurrencia de error en la valoración de la prueba, motivo que se centra particularmente en la consistencia que ha de otorgarse a las distintas declaraciones testificales vertidas en le plenario.

Al respecto, debe recordarse, ab initio, que el recurso de apelación constituye un mecanismo que posibilita un nuevo examen de la causa y el control por el Tribunal ad quem sobre la determinación de los Hechos Probados, y sobre la aplicación del derecho objetivo efectuadas en la primera instancia, manteniendo la doctrina que cuando la cuestión debatida en apelación es la valoración de la prueba llevada a cabo por el Juzgador de instancia en uso de las facultades que le confiere nuestro Ordenamiento Jurídico ( arts. 741 LECRIM., y art. 117.3 C.E.), y sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio oral, la observancia de los principios de inmediación, contradicción y oralidad a que esa actividad se somete conducen a que, por lo general, deba reconocerse singular autoridad a la apreciación de las pruebas hecha por el Juez a cuya presencia se practicaron, porque es dicho Juzgador a quo quien goza del privilegio de intervenir en la práctica de la prueba y de valorar correctamente su resultado, apreciando personal y directamente las pruebas ya sean las de la instrucción, las anticipadas, las preconstituídas, o las del art. 730 de la Ley Procesal Penal, de lo que carece el Tribunal de apelación, el cual, obligado a revisar la prueba en segunda instancia, debe respetar -en principio-, el uso que se haya hecho en la instancia de la facultad de apreciar en conciencia las pruebas practicadas, siempre y cuando tal proceso valorativo se haya motivado y razonado adecuadamente en la sentencia ( SSTC 17/12/1985, 23/06/1986, 13/05/1987 y 2/07/1990).

Consecuencia de lo expuesto, sólo cabe revisar la apreciación probatoria hecha por el Juez de instancia: a).- cuando aquélla apreciación no dependa sustancialmente de la percepción directa o inmediación que el Juez tuvo con exclusividad, es decir, cuando no dependa de la credibilidad de los testimonios o declaraciones oídos solamente por el Juzgador; b).- cuando con carácter previo al proceso valorativo no exista prueba objetiva de cargo válidamente practicada, en cuyo caso se vulnera el principio de presunción de inocencia; c).- cuando un ponderado y detenido examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del Juzgador de instancia de tal magnitud -razonamiento absurdo, ilógico, irracional o arbitrario-, que haga necesaria, empleando criterios objetivos y no interpretaciones discutibles y subjetivas, una modificación de los hechos declarados probados en la sentencia ( STS 29/12/1993 y STC 1/03/1993). Labor de rectificación esta que, además, como ya indicamos, será más difícil cuanto más dependa la valoración probatoria a examinar de la percepción directa que se tiene en la instancia, pero no imposible cuando las pruebas valoradas se hayan practicado sin observancia de los principios constitucionales o de legalidad ordinaria. Si la prueba ha respetado los principios de constitucionalidad y legalidad ordinaria y su interpretación no llega a conclusiones notoriamente ilógicas o incongruentes por contrarias a las evidencias de su resultado, el Tribunal ad quem no debe alterar las apreciaciones llevadas a cabo por el Juzgador a quo en la valoración de la misma.

Respecto del visionado de la grabación del juicio oral, como también recuerda la doctrina ( STC 18/05/2009), el mismo no puede sustituir a la inmediación que supone el examen personal y directo de las personas que declaran, lo que implica la concurrencia espacio-temporal de quien declara y ante quien se declara, ya que la garantía constitucional estriba tanto en que quien juzga tenga ante sí a quien declara, como en que el declarante pueda dirigirse a quien está llamado a valorar sus manifestaciones.

Debe recordarse, a mayor abundamiento, que se encuentra muy asentado el criterio doctrinal (por todas, la STS de 12/04/2016) que sostiene que la sentencia que fundamenta el fallo, y en concreto, la declaración de hechos probados, en pruebas de carácter personal, como son las declaraciones del propio acusado y de los testigos, no puede ser modificada por un Tribunal superior que no ha tenido ocasión de presenciar, con la insuperable ventaja de la inmediación, la práctica de esas pruebas y, por lo tanto, carece de la posibilidad de modificar la valoración que de esos elementos probatorios hizo el Juzgador sentenciador en el ejercicio de la soberana competencia que le atribuye el art. 741 LECRIM., para valorar en conciencia esas pruebas. Y del mismo modo, paralelamente, el pronunciamiento del Juzgador o Tribunal a quo sobre la credibilidad que le merezca la declaración de la víctima, o de otros que deponen ante él, es ajena al recurso por las mismas razones, pues dicho pronunciamiento depende muy especialmente de la percepción inmediata de las declaraciones de la que esta Sala carece (en el mismo sentido, STC núm. 46/2011, de 11/04; STEDH de 22/11/2011; STS de 26/01 y 1/02/2012). De suerte que, en uno y otro caso, el resultado valorativo de esas pruebas personales al que llegó el Juzgador o Tribunal de instancia únicamente podría ser invocado en vía de recurso "cuando el contenido de las pruebas de cargo y de descargo evidencien fehacientemente unas conclusiones irracionales, absurdas, meramente voluntaristas o arbitrarias" ( STS de 16/12/2010).

Este mismo criterio se expresa en otras muchas resoluciones, como la STS de 1/02/2012, en la que, con meridiana claridad, se afirma que ni el Tribunal Supremo ni ningún otro pueden legalmente exigir a los Jueces y Tribunales la forma y manera con que han de valorar las pruebas que se practican a su presencia, con inmediación, oralidad y contradicción, sobre todo cuando se trata de pruebas de carácter personal, porque en esa función el art. 741 LECRIM., consagra la absoluta y exclusiva soberanía del Juzgador de instancia y solo le requiere a que evalúe "en conciencia" esos elementos probatorios. Por eso mismo, los Tribunales superiores no están facultados para imponer requisitos en el ejercicio de esa función, sino solamente -como tantas veces se ha dicho por esta Sala- proponer pautas meramente orientativas para el ejercicio de esa actividad valorativa de las pruebas personales. Esta es la razón por la que, en todo caso, la credibilidad que los Jueces o Tribunales sentenciadores otorgan a quienes deponen ante ellos no pueda ser objeto de revisión, con la única excepción de que la valoración de esos testimonios de los perjudicados o de otros comparecientes se revela manifiestamente absurda, ilógica o arbitraria, atendido el contenido objetivo de las mismas, o que se constaten datos de suficiente entidad no valorados por el Tribunal a quo que evidencien la mendacidad del testimonio de la víctima, o fundamenten una duda racional y razonable de la veracidad de aquélla (STAP Madrid, Sección 16, núm. 336/2017, de 8/06).

Establecido todo lo anterior, como ya hemos señalado previamente, la crítica que se efectúa por la parte recurrente a la valoración de la prueba se centra en las supuestas contradicciones existentes entre las diferentes manifestaciones de las testigos Silvia y Antonieta. De entra debe indicarse que la mención a si el acusado amenazó de muerte o no a su ex pareja Silvia, es irrelevante, y lo es porque tal manifestación no formó parte del relato de hechos de los escritos de acusación, ni tampoco ha sido tenida en cuenta en el relato de hechos probados.

Dicho esto, no apreciamos en lo esencial variaciones relevantes en el relato de las dos testigos, ni internamente entre las diferentes ocasiones que las mismas han prestado declaración, ni entre las declaraciones de una y otra. El relato sustancial es el mismo. Acuden ambas a la zona del inmueble donde han logrado averiguar que se encuentra el acusado Marisol, y van porque les han llegado mensajes a lo largo de la noche anterior del acusado manifestando que se iba a suicidar. Ante ello, y en lógica preocupación logran averiguar que el acusado está junto con su amiga Cecilia en un piso en la zona de la CALLE001 de Torrejón de Ardoz. Ambas narran que acuden allí y que es Antonieta quien habla con el acusado en el portal, manteniéndose apartada en otro lugar cercano Silvia. No se ha discutido que el acusado bajó a la calle a hablar con Antonieta semidesnudo, descalzo, en alto estado de agresividad, alterado y con evidentes señales de haber tomado alcohol y drogas, de hecho, le fue apreciada la correspondiente atenuante analógica por ello en la sentencia de instancia. Y coinciden las testigos en que, en un momento dado, sale a la calle el acusado, ensangrentado porque previamente le había dado un puñetazo a un cristal fruto de su estado, y ve a Silvia, y ante ello, coge la tapa metálica de una papelera y levantándola, echa a correr hacia Silvia, todo ello en presencia de Antonieta, mientras profiere gritos. Eso hace que Silvia, juntamente con Antonieta, se metan en un bar que existe próximo, no entrando al interior el acusado. Esta secuencia de hechos, que es la nuclear y sustancial y la que se recoge en la relación de hechos probados, ha sido prestada así, de manera clara y coherente por las dos testigos y ha sido además corroborada por el Agente del Cuerpo Nacional de Policía nº NUM002. Hemos visto en el plenario manifestar al Agente esa misma versión, que le fue manifestado en caliente por la testigo denunciante Silvia con la cual se entrevistó en otro punto de la localidad.

Lo único que se opone a este relato es la versión del acusado, que niega haber perseguido con una tapa metálica a su ex pareja y la de la testigo Cecilia, la cual reconoce que el acusado golpeó en la calle un cubo de basura y que la tapa salió volando, si bien niega que el acusado persiguiera a su ex pareja. No obstante, el mero hecho de que el acusado niegue los hechos y que una testigo que no es ajena a las partes, diga que ella no presenció esa persecución amenazante, no son causa per se para que se dicte una sentencia absolutoria. La Juzgadora de instancia, que es quien tiene la facultad soberana de valorar la prueba pues solo ella gozó de la precisa inmediación, ha razonado en la sentencia por qué el testimonio de Cecilia no le ofrece credibilidad, pues no presenció la totalidad del incidente, y por qué, por el contrario, estima que particularmente la declaración de Antonieta es contundente de cara a fundar su pronunciamiento.

Este Tribunal, respetando la legítima discrepancia de la parte apelante con la valoración de la prueba, no estima que los argumentos de la Juez a quo sean irracionales, ilógicos o arbitrario, o que sean fruto, como se indica en el cuerpo del recurso, de una suerte de voluntarismo tendente a dictar una condena, sino que son plenamente razonables y por ello han de ser respectados en esta instancia.

Debe por ello desestimarse este segundo motivo de recurso y con ello confirmarse íntegramente la sentencia dictada.

CUARTO: En relación a las costas procesales de esta alzada, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 240.1 Lecrim se declaran de oficio al no apreciarse mala fe ni temeridad en la parte recurrente.

Vistos los citados preceptos y demás de general y pertinente aplicación,