Sentencia Penal 299/2024 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 32, Rec. 571/2024 de 03 de junio del 2024

PRIMERO.- Varios son los argumentos que el apelante esgrime para impugnar la sentencia de instancia. Que se ha vulnerado el derecho fundamental a un proceso judicial con todas las garantías legales, entre ellas a un juez imparcial y sin predeterminación del fallo. Que se ha incurrido en error en la valoración de la prueba, y pide su absolución. Que debe ser apreciada la atenuante muy cualifica de dilaciones indebidas, con reducción de la pena en dos grados, por lo que la pena más alta seria de dos meses de retirada de conducir y una pena de dos meses multa con cuota diaria de 2 euros.

SEGUNDO.-Sostiene el apelante que la juez de instancia fue parcial al intervenir en el interrogatorio de los testigos y el acusado, que tenia predeterminado el fallo de la sentencia.

De acuerdo con la doctrina de Tribunal Constitucional la presunción de inocencia ocasiona un desplazamiento de la carga de la prueba a las partes acusadoras a quienes incumbe exclusivamente probar los hechos constitutivos de la pretensión penal, debiendo ser suficiente para generar en el Juzgador la evidencia de la existencia un hecho punible y de la responsabilidad penal que haya tenido en él el acusado, que la actividad probatoria debe sustentarse en auténticos medios de prueba obtenidos con respeto a los derechos fundamentales y practicados en el juicio oral bajo los principios de igualdad, contradicción, inmediación y publicidad, exceptuándose los supuestos de prueba preconstituida y anticipada siempre que se observe el de un cumplimiento de determinados requisitos materiales (imposibilidad de reproducción en el juicio oral), subjetivos (intervención del juez de instrucción), objetivos (contradicción con la intervención de letrado) y formales (introducción en el juicio través de la lectura de los documentos).

El Tribunal Supremo ha dicho, sobre la interpretación que debe darse a la facultad que otorga el artículo 708 párrafo segundo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de dirigir a los testigos la preguntas que estime conducentes para depurar los hechos sobre los que declaren lo siguiente.

En su sentencia nº 780/2006, de 3 de julio de 2005: "Ciertamente, el art. 708 LE Criminal en relación a los testigos permite que el Presidente del Tribunal pueda dirigirle al testigo algunas preguntas"....que estime conducente para depurar los hechos sobre los que declaren....". La práctica judicial o usus fori ha extendido esta posibilidad también a los imputados, así como que las preguntas/aclaraciones las pueda efectuar también el Ponente de la sentencia, de acuerdo con el Presidente del Tribunal - STS 1742/94 de 29 de septiembre- . En todo caso, es doctrina consolidada tanto en sede científica como jurisprudencial que debe efectuarse un uso moderado de esta posibilidad, y sólo para solicitar aclaraciones".

La sentencia del Tribunal Supremo núm. 1156/2009, de 25 de noviembre de 2009 dijo "El art. 708 Lecrim autoriza a la formulación de preguntas a los testigos por parte del presidente del tribunal; un uso que también se ha hecho extensible a los imputados, conforme a una jurisprudencia consolidada ( SSTS 1742/1994, de 29 de octubre y 780/2006, de 7 de julio);si bien asimismo hay consenso en que se trata de una clase de iniciativa de cuya utilización podrían derivarse consecuencias perjudiciales para la necesaria imparcialidad del juzgador, de ahí que sólo debería acudirse a ella para solicitar eventuales aclaraciones, preferentemente pro reo, y evitando con el mayor cuidado que el recurso a ese medio llegue a convertirse en una intolerable subrogación en el papel de la acusación".

En su sentencia núm. 1333/2009, de 14 de diciembre añadió: "En general, y por concretar, la doctrina de esta Sala en lo referente a la facultad de iniciativa probatoria del Tribunal, debe atenerse a cuatro criterios:

a) Debe ceñirse al objeto de la causa penal.

b) Debe efectuarse en relación a las propias pruebas propuestas por las partes.

c) Debe tener una finalidad aclaratoria y no directamente inquisitiva. Así lo exige expresamente el art. 708, deben pues de tratarse de preguntas complementarias.

d) Deben respetarse los datos de contradicción y defensa de todas las partes, aunque ello pueda suponer -en nuestra opinión- la posibilidad de dar de nuevo, la palabra al defensor". Y la sentencia del Tribunal Supremo núm. 1286/2009 de 17 de diciembre de 2009, remitiéndose a la de 11 de diciembre de 2.006, dijo que era el descubrimiento de la verdad material, una de las metas de la justicia penal (ex arts. 701-6º, 713 y 726 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) , lo que permitía, vía el segundo párrafo del art. 708 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que después del interrogatorio de las partes, el Presidente (del Tribunal), por sí o a excitación de cualquiera de los miembros del Tribunal, pueda dirigir a los testigos las preguntas que estime conducentes para depurar los hechos sobre los que declaren".

Por su parte, la Exposición de Motivos de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal resulta sumamente elocuente al respecto al decir que "los Magistrados deben permanecer durante la discusión pasivos, retraídos, neutrales, a semejanza de los Jueces de los antiguos torneos, limitándose a dirigir con ánimo sereno los debates", y desde luego, sin descender a la "arena del combate".

Por tanto, en uso del art. 708 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pueden los jueces o el presidente del Tribunal dirigir a los testigos preguntas conducentes a una mayor aclaración de los hechos, para verificar una correcta interpretación de las palabras con las que hayan depuesto los testigos, con la finalidad de subsumir adecuadamente los hechos en la norma.

En la Sentencia apelada se condena al acusado, ahora apelante, como autor de un delito contra la seguridad vial por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas. La parte recurrente en esencia impugna dicha resolución, niega que exista prueba de cargo de suficiente entidad para considerar autor del delito al acusado. Aduce que bebió después del accidente, nunca antes, y ese consumo ulterior a la conducción y relevante accidente por él provocado (colisionó contra tres vehículos que se encontraban correctamente estacionados en la vía pública), determinó la elevada tasa de alcohol que le fue apreciada: 0,95 mg. de alcohol por litro de aire espirado a las 06:29 horas y 0.96 mg de alcohol por litro de aire espirado en la segunda prueba. Sostiene que la juez no fue imparcial porque partió de la presunción de culpabilidad del acusado y solo tuvo en cuenta las pruebas que corroboraron esa idea predeterminada. Reseña como muestras de esa falta de imparcialidad de la juez "a quo" que dijera a Ashley "yo le voy a refrescar la memoria", y diera lectura a la declaración que prestó en fase de instrucción; También en el hecho de que solo al testigo Gael le advirtió de que si faltaba a la verdad podría cometer un delito de falso testimonio.

Visionado el acto del juicio oral, grabado en soporte informático, la Sala debe rechazar la alegada parcialidad de la juez de instancia. Ello porque las preguntas que la juez de instancia formuló a la citada testigo, después de dar lectura a su declaración durante la instrucción, aunque excesivas cuantitativamente, no tienen otra finalidad que aclarar algunos extremos y obtener una explicación sobre el olvido o falta de memoria de la testigo, pero no se realizaron contra reo.

Y que únicamente advirtiera a Gael de las posibles consecuencias para su persona en caso de que faltara a la verdad -a diferencia del resto de testigos, a los que únicamente preguntó si juraban o prometían decir la verdad-, tiene un sencilla explicación: Gael y Williams son amigos, así lo admitieron ambos en el plenario, y viajaban juntos a bordo del vehículo que provocó el accidente. El resto de testigos (Guardias Civiles, Policías Municipales, Ashley y Joaquin) no conocían de nada al acusado hasta el día de los hechos.

Por tanto, ha de rechazarse la alegación primera del recurso.

TERCERO.-La prueba testifical de cargo ha resultado clara y concluyente para apoyar la condena de Williams.

La línea de defensa de Williams ha consistido en admitir que fue el causante del accidente, que por los nervios de la situación que creó (colisionó contra tres vehículos estacionados y el suyo quedó destrozado), abandonó el vehículo en la calle, salió huyendo a su casa y fue allí donde se puso a beber y a beber, lo que justificó el resultado de la prueba de alcoholemia.

Pero su alegato, manifestación de su legítimo derecho a la defensa, es inasumible.

La prueba practicada pone de relieve, sin el menor atisbo de duda, que Williams, junto a los amigos con los que había estado pasando la noche en las fiestas de Rivas-Vaciamadrid -entre los que se encontraba Gael- ingirió una gran cantidad de bebidas alcohólicas y, tras ello y pese al estado en que se encontraba, condujo el vehículo de su padre para dirigirse a domicilio. Lo hizo con sus facultades volitivas e intelectivas gravemente afectadas por los efectos del alcohol. Precisamente por esta afectación, condujo a gran velocidad, pese a tratarse de una zona ascendente y con badenes (como dijo Ashley); por la falta de control del coche que conducía -no por cansancio tras una jornada laboral, pues venían de fiesta- colisionó con tres vehículos perfectamente estacionados en la vía pública, pues no existía obstáculo alguno ni razón que justificara esa colisión múltiple; precisamente por el estado alcohólico en el que se encontraba y para no afrontar las consciencias de ello, tras colisionar, trató de abandonar el lugar con su vehículo, lo que le resultó imposible pues, como declararon Ashley y su hijo Joaquin, el coche del acusado estaba "reventado", había saltado por los aires un amortiguador y la rueda delantera la llevaba colgando, "en el estado en el que estaba el coche, ninguna persona en su juicio hubiera intentado irse así", y, tras no poder irse en el coche, huyó a su casa a la carera.

Desde luego que la elevadísima tasa de alcohol detectada en el acusado no pudo deberse a la ingesta tras el accidente, cuando llegó a la casa de sus padres, donde se ocultó y parapetó hasta que sus progenitores le aconsejaron que abriera a la policía, lo que finalmente hizo. Los agentes tardaron un máximo de media hora en llegar al domicilio donde se encontraba el acusado (dijo Joaquin que la policía llego "súper rápido"). Por tanto, no tuvo tiempo material para ingerir una cantidad tal de alcohol que arrojara la prueba de alcoholemia -en una primera prueba practicada a las 06:29 horas-, 0, 95 mgs. de alcohol por litro de aire espirado y -en la segunda, a las 06:42 horas-, 0.96 mgs de alcohol por litro de aire espirado; pues es sabido que el alcohol comienza a detectarse en la sangre a los 5 minutos de haberlo ingerido y alcanza su máximo entre la media hora y la hora y media siguiente. A partir de ese momento después de dejar de tomar alcohol, comienza a desaparecer lentamente de la sangre hasta ser eliminado por completo. Es decir, en las primeras horas presenta una fase ascendente. Tras los 30-90 minutos se estabiliza y, tras ello, el alcohol comienza a bajar lentamente en una fase descendente el alcohol puede empezar a detectarse en la sangre a los 5 minutos de haberlo ingerido y alcanza su máximo nivel entre los 30 y 90 minutos siguientes. Los padres del acusado, que podrían haber prestado declaración sobre este hipotético consumo de alcohol en el domicilio, ni siquiera han sido propuestos como testigos.

Por tanto, solo cabe confirmar la condena de Williams como autor del delito contra la seguridad vial por el que ha resultado condenado en la instancia, que castiga, en todo caso,al que conduzca con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro.

CUARTO.-La juez "a quo" ha apreciado la atenuante simple de dilaciones indebidas.

La Sala ha examinado la causa y apreciado los siguientes periodos de paralización, por causa no imputable al acusado: desde el 18-12-2017 (se dicta providencia teniendo por personado al letrado del acusado) hasta el 20-09-2018 (mediante providencia se acuerda efectuar ofrecimiento de acciones a los perjudicados); desde el 01-03-2019 (se resuelve recurso de reforma frente a la providencia de 20 de septiembre de 2028), hasta el 02-12-2019 (se dicta Auto de Transformación en Abreviado); desde el 13-11-2020 (llega la causa la órgano de enjuiciamiento) hasta el 26-06-2023 (se dicta auto de admisión de pruebas); desde el 26-06-2023 (se señala para juicio oral el 05-09-2023, que se suspende por incomparecencia de varios testigos, y se señala nuevamente y celebra el 16-01-2024.

No son estos coincidentes plenamente con los reseñados por la juez "a quo" pues la causa no estuvo paralizada desde el 02/12/19 hasta la celebración del juicio oral el 16/01/2024 porque, entre otras actuaciones menos relevantes: el 4 de marzo de 2020 presentó escrito de calificación provisional el Ministerio Fiscal, el 30 de abril de 2020 se dictó auto de apertura de juicio oral, mediante providencia de 28 de septiembre de 2020 se acordó dar traslado de las actuaciones al acusado; el 9 de octubre de 2020 presento escrito de calificación la defensa de Williams y el 9 de octubre de 2020 se acordó la remisión de la causa al órgano de enjuiciamiento.

En cualquier caso, no cabe apreciar la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada.

El Tribunal Supremo, en su reciente sentencia 22-02-2024, nº 165/2024, rec. 1289/2022h ha establecido lo siguiente:

"A la hora de interpretar la atenuante de dilaciones indebidas, el Tribunal Supremo ha destacado que son dos los aspectos que han de tenerse en cuenta. De un lado, la existencia de un "plazo razonable", referido en el artículo 6 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que reconoce a toda persona el "derecho a que la causa sea oída dentro de un plazo razonable" y, por otro lado, la existencia de dilaciones indebidas, que es el concepto que ofrece nuestra Constitución en su artículo 24.2. La Jurisprudencia ha destacado que siendo dos conceptos confluyentes en el propósito de que cualquier persona sometida a proceso pueda obtener un pronunciamiento definitivo de manera rápida, difieren sin embargo en sus parámetros interpretativos, pues las "dilaciones indebidas" son una suerte de prohibición de retrasos en la tramitación que han de evaluarse con el análisis pormenorizado de la causa, en función de la existencia de lapsos temporales muertos en la secuencia de tales actos procesales, mientras que el "plazo razonable" es un concepto mucho más amplio, que significa el derecho de todo justiciable a que su causa sea vista en un tiempo prudencial, que ha de tener como índices referenciales la complejidad de la misma y los avatares procesales respecto de otras causas de semejante naturaleza, así como los medios disponibles en la Administración de Justicia ( SSTS 81/2010, de 15 de febrero o 416/2013, de 26 de abril). En todo caso, ambas lesionan el derecho fundamental del acusado -cuando no hayan sido provocadas por él mismo- a que su causa sea conocida y resuelta en un tiempo prudencial ( STS 1589/2005, de 20 de diciembre), tanto considerando que las circunstancias personales, familiares y sociales del acusado cambian durante procesos temporales singularmente dilatados, por lo que la pena no puede cumplir las funciones de ejemplaridad y rehabilitación como lo harían en el momento en que la acción evidenció la necesidad de resocialización ( STS 1515/2002, de 16 de septiembre), como por infringir la demora un padecimiento natural al acusado que debe computarse en la pena estatal que se imponga, para lograr mantener la proporcionalidad entre la gravedad de la sanción impuesta y el mal causado por su acción ( STS 932/2008, de 10 de diciembre).

Complementariamente, nuestra jurisprudencia destaca que la circunstancia atenuante puede y debe estimarse como cualificada cuando los elementos que configuran la razón atenuatoria concurran de manera relevante e intensa en la hipótesis concernida, esto es, superando en mucho lo que sería la normal exigencia para que la atenuación se considere estimable con carácter genérico ( STS 668/2008, de 22 de octubre). Y dado que la atenuante ordinaria precisa que las dilaciones sean extraordinarias o "fuera de toda normalidad", la atenuación cualificada exige una desmesura que se identifique como fuera de lo corriente, bien proyectada en una duración que es radicalmente inasumible por los justiciables en todo caso, bien haciendo referencia a paralizaciones que no se aciertan a entender, resultan excepcionales o -como hemos indicado gráficamente en alguna ocasión- superextraordinarias ( STS 251/2012, de 20 de marzo).

Como recordábamos en nuestra Sentencia 388/2016, de 6 de mayo, nuestra Jurisprudencia ha apreciado la atenuante con el carácter de muy cualificada en supuestos en los que se habían producido paralizaciones de notable consideración. Así en la STS 551/2008, de 29 de septiembre (EDJ 2008/178470), ante la tardanza de 5 años y medio en sede de la Audiencia, pendiente de la celebración del juicio oral terminada la instrucción y en la STS 630/2007, de 6 de julio (EDJ 2007/127519), por la paralización indebida por tiempo de 4 años, en esas mismas condiciones.

Y la misma sentencia, con cita de la STS 416/2013, de 26 de abril (EDJ 2013/63075), respecto a la duración total del proceso, compendiábamos que en las sentencias de casación se suele aplicar la atenuante como muy cualificada en las causas que se celebran en un periodo que supera como cifra aproximada los ocho años de demora entre la imputación del acusado y la vista oral del juicio. Así, por ejemplo, se apreció la atenuante como muy cualificada en la STS 291/2003, de 3 de marzo (EDJ 2003/25326), por ocho años de duración del proceso; en la Sentencia 655/2003, de 8 de mayo, por 9 años de tramitación; en la Sentencia 506/2002, de 21 de marzo, nuevamente ante 9 años de duración; en la Sentencia 39/2007, de 15 de enero, por un plazo que alcanzó un total de 10 años; o de 15 años en la Sentencia 896/2008, de 12 de diciembre; o incluso en la STS 132/2008, de 12 de febrero (EDJ 2008/35283), que estimó la atenuante muy cualificada al tratarse de una causa iniciada en el lejano año 1990. Unos plazos que son de referencia relativa, en la medida en que esta duración venga más o menos justificada por las circunstancias concretas de la investigación y enjuiciamiento.

Ninguno de los parámetros concurre en el caso para apreciar la atenuante como muy cualificado, si como simple. Desde el inicio del proceso hasta el dictado de sentencia en primera instancia han transcurrido seis años, con periodos de total paralización que no superan los tres años, momento a partir del cual esta Sección aprecia la atenuante como muy cualificada.

Manteniendo la pena impuesta en la instancia por cuanto la elevada tasa de alcohol detectada en el acusado ha sido el motivo por el cual se ha apartado del mínimo absoluto, estando la impuesta dentro de la mitad inferior, como prescribe el artículo 66.1. 1ª del Código Penal.

QUINTO.- Por todo lo expuesto, ha de desestimarse el recurso de apelación con declaración de oficio de las costas de la segunda instancia por no apreciarse temeridad ni mala fe.