Sentencia Penal 126/2024 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 32, Rec. 110/2024 de 04 de marzo del 2024

PRIMERO. - El recurrente se muestra disconforme con la sentencia dictada, partiendo de que, en primer lugar, Jesús, no solo fue Gerente del Mercado Municipal de Santa Eugenia, sino también Presidente de la Asociación; entre el 2014 y 2017 como gerente y hasta el 2020 como presidente, afirmando que a la denunciante no le molestó el contacto que tuvieron durante todo este tiempo denunciante y denunciado, en concreto, los correos electrónicos a los que hace referencia la sentencia y que estos deberían enmarcarse en la libertad de expresión y de crítica; y si bien se afirma en la sentencia que dichos comentarios en los correos van destinados a someterla un estado de inquietud en relación con la formulación y difusión de los comentarios personales con una frecuencia cíclica este estado de inquietud no se demostró.

Así, pues, destaca error en la valoración de la prueba por el juez a quo, al considerar que de la lectura de los citados correos no se deriva el delito de coacciones del artículo 173.2 del CPE por el que han sido calificados los hechos, pues, comenta en la denuncia la falta de respeto que sus socios tienen respecto a Jesús, que carece de titulación universitaria, que hace tiempo que no le ve, referencias personales sobre la forma de vestir o apreciaciones sobre si se ha hecho la cirugía estética o no, son apreciaciones que está muy lejos de poder ser consideradas como intentar alcanzar una finalidad prohibiendo lo que la ley permite con violencia, restringiendo la libertad de la denunciada dolosamente y a través de un hecho ilícito.

" Ni siquiera, estas expresiones se pueden encuadrar bajo el paraguas del insulto, pues no lo son, además de que el insultó, si lo fuera, se encuentra despenalizado desde el año 2015.

El art 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece que "Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras".

En este sentido, el Tribunal de Estrasburgo exige en todo caso que se ofrezcan razones suficientes y fundadas para poder justificar la restricción de este derecho, y así el TEDH, en el asunto Handyside c. Reino Unido, de 7 de diciembre de 1976 , (5493/72) entiende que el poder que el Estado tiene en base al artículo 10.2 del Convenio para restringir o limitar el derecho ha de ser proporcional a lo necesario para la protección de la moral en un estado democrático y debe estar previsto por la ley, moral en el presente caso que no se ha visto quebrantada como veremos en sucesivas líneas.

Ninguna de las expresiones vertidas en los emails entrañan si quiera un atisbo de violencia o de coacción, puesto que la expresión de que mi patrocinado "la iba a liar", en todo caso, en lugar de ser recortada y situada en un contexto diferente por S. Sª., debe de transcrita literalmente del correo electrónico a la sentencia de tal forma que en dicha sentencia rece la expresión "liarla institucionalmente".

A juicio de mi patrocinado, la apelada, ha sido denunciada ante la Oficina Municipal contra el fraude y la Corrupción en el año 2022, y todo ello, como no puede ser de otra forma con multitud de pruebas, o como mi patrocinado advierte a la apelada, de una forma poco ortodoxo pero no delictiva, "con mucha munición", advirtiéndola en sus quejas o derecho de petición que la iba a liar institucionalmente, es decir, que iba a acudir a cuantas instancia la Ley le permitiere, siendo éste el derecho de cualquier ciudadano, al menos a día de hoy.

Con mayor o menor grado de formalidad, mi patrocinado lo que ha hecho tal y como reconoce el Juzgador Ad Quo, es ejercer el derecho de petición, de defensa a incluso su libertad de expresión con expresiones y "muletillas" muy alejadas de poder considerarse un delito al no quebrantar ni mucho menos la libertad de la denunciada, quebranto que jamás la apelada podría alegar cuando se trata de aspectos formales y profesionales.

La libertad personal de la apelada no se ha visto en ningún momento coartada por el denunciado, ni tampoco la profesional, puesto que respecto a la profesional el denunciado ha utilizado los cauces legales a su alcance para ejercer sus derechos, ante la Comisión de Fraude o su derecho constitucional de petición por el cauce previsto para ello, los correos electrónicos que poseía a los efectos de hacer estas reclamaciones.

Este Letrado, en el plenario preguntó varias veces a la denunciante, y ahora apelada, como a la testigo propuesta, si en algún momento, se le había comunicado a mi patrocinado si los correos electrónicos a los que dirigía su derecho de petición eran el cauce o procedimiento para hacerlo, y ambas respondieron varias veces que no.No se le dijo jamás que ese no era el email donde enviar sus quejas, con lo que, como anterior gerente y presidente del mercado municipal de Santa Eugenia, como ciudadano denunció la situación del mismo de la que tenía conocimiento y a su juicio, incluso a juicio de nuestro Derecho, lo estaba haciendo adecuadamente por cuanto no recibió comunicación jamás en sentido contrario.

Es más, se podría acusar a la apelada de negligencia en su trabajo, y mi patrocinado no lo ha hecho, pues a raíz de la declaración de la misma en el plenario, también dijo de forma contundente que "le daba igual" lo que dijera el Sr Jesús, lo cual además de, a juicio de este Letrado, descuidar su trabajo y no contestar a mi patrocinado en un sentido o en otro sobre sus quejas fundadas, sostiene que su libertad personal, o lo que es lo mismo, el supuesto ataque a la voluntad de la víctima, limitando su libertad y repercusión en la libertad de la persona para el pacífico disfrute de sus derechos, tal y como reza la sentencia hoy impugnada, no existió pues según manifestaciones "le daba igual" lo que recibiera .

Resumiendo, las comunicaciones recibidas por la apelada son comunicaciones de mi patrocinado, ejerciendo su derecho de petición y libertad de expresión con expresiones y muletillas que, sean en mayor o en menor medida formales u ortodoxas, no constituyen delito alguno, por cuanto dichos correos electrónicos, tal y como se ha alegado a lo largo del presente recurso, al no poder encuadrar dichas comunicaciones en tipo penal alguno ni reunir los requisitos exigidos por el Tribunal Supremo para la coacción interesada".

Igualmente se muestra disconforme la representación procesal del denunciado con la indemnización concedida al afirmar no haberse acreditado trasunto económico ni daño alguno a pesar de los esfuerzos de la denunciante en manifestar que padecía ansiedad por los correos enviados en horario incluso no laboral, dado que un correo se envía a la hora que se puede enviar y no se espera contestación hasta que sea leído en horario laboral, quedando a la libre elección del destinatario abrirlo en horario laboral o en otro momento. No obstante, son enviados al correo profesional, el cual al ser municipal sólo puede ser abierto o debería ser abierto en dependencias municipales en horario laboral. De cualquier forma, no se ha acreditado daño alguno al no constar al informe psicológico acreditando dicha ansiedad.

Se afirma, cómo se mutila el artículo 116 del CP a su antojo por cuanto manifiesta que dicho artículo concreta que toda persona criminalmente responsable de un delito lo es también civilmente, siempre y cuando se deriven daños y perjuicios los que no pueden otorgarse de forma gratuita. Se otorgan unos daños morales no solicitados de adverso por lo que se trata de una incongruencia extra petita. Por lo que se produce una clara indefensión. Termina solicitando sentencia absolutoria.

SEGUNDO.- Como primera cuestión hemos de destacar que no nos hallamos ante una sentencia inmotivada, caprichosa, arbitraria y de modelo. Antes al contrario, en la sentencia se explica de manera sucinta, pero clara y coherente, los motivos por los que se han declarado probados determinados hechos con trascendencia penal. Los motivos se basan precisamente en la práctica de pruebas en el acto del juicio oral. Por tanto, existen pruebas, las mismas se justifican convenientemente en la sentencia y en consecuencia no se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia.

En tal sentido nuestro Tribunal Supremo en Sentencias de 4 de octubre de 1999 y 26 de junio de 1998, entre otras, señala que para poder apreciar en el proceso penal una vulneración del principio a la presunción de inocencia se requiere que en la causa exista un vacío probatorio sobre los hechos que sean objeto del proceso, o sobre alguno de los elementos esenciales de los delitos enjuiciados, pese a lo cual se dicta una sentencia condenatoria. Si, por el contrario, se ha practicado en relación a tales hechos o elementos, actividad probatoria revestida de los requisitos propios de la prueba de cargo, con sometimiento a los principios de oralidad, contradicción e inmediación, no puede estimarse la violación constitucional basada en la presunción de inocencia, pues las pruebas así obtenidas son aptas para destruir dicha presunción, quedando sometidas a la libre y razonada valoración del Tribunal de Instancia, a quien , por ministerio de la ley, corresponde con exclusividad dicha función ( artículos 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 117.3 de la Constitución Española).

Y, en el presente caso el Juzgador de instancia ha contado con material probatorio suficiente para destruir tal presunción, puesto que ha tomado en consideración la declaración de la denunciante prestada en el acto del juicio oral así como la de la testigo doña Maite, superior jerárquica de la denunciante al ser la Directora General de Comercio, Hostelería y Consumo del Ayuntamiento de Madrid; declaración del propio denunciado reconociendo la remisión de correos que como documental se aportan así como los escritos remitidos por el denunciado a la denunciante de los que, deriva el juzgador cómo.- entre Octubre de 2022 y Mayo de 2023, el denunciado ha remitido a la denunciante correos electrónicos , a veces dirigidos a ella personalmente y otros a ella junto con otras personas , no ya poniendo de manifiesto sus críticas con respecto al desempeño de su función o a la situación del Mercado del que fue Gerente, o haciendo peticiones relacionadas con el Mercado o con datos, o incluso denunciándola ante organismos estatales o municipales, todo lo cual podría enmarcarse en la libertad de expresión, de crítica, en el derecho de petición o en el derecho de defensa, sino que, más allá de ello, le dice que tiene material contra ella; que no tiene titulación, plantea que los demás destinatarios de un correo van a ver una agresión por su parte y sus socios extremistas, le dice que bebe , que lleva pieles , que va a ser su pesadilla, que se la va a liar, le dice que le chantajea y que le tiene que pedir disculpas, que le coacciona, que la van a detener, que le gustaba más con bolsas porque la cirugía estética le quedaba fatal, todo lo cual no son críticas ni peticiones relacionadas con la función de la denunciante, sino una multiplicidad de referencias y comentarios personales que se difunden a otras personas, también destinatarios de la mayoría de los correos electrónicos , y que van destinados a la compulsión sobre la libertad de la denunciante y a someterla a un estado de inquietud en relación con la formulación y difusión de los antedichos comentarios personales , con una frecuencia cíclica ".

Las pruebas se han practicado, obviamente, con todas las garantías de oralidad, inmediación y sobre todo contradicción, propias del juicio oral.

La interpretación de la práctica de dichas pruebas ha sido correcta y además explicada en la propia resolución apelada. Por tanto, hay actividad probatoria y no precisamente mínima y además actividad probatoria más que suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia.

Alega el apelante error en la apreciación de la prueba. La construcción del recurso de apelación penal como una oportunidad de revisión plena sitúa al órgano judicial revisor en la misma posición en que se encontró el que decidió en primera instancia el valor material probatorio disponible para la fijación de los hechos que se declaran probados y para el tratamiento jurídico del caso.

Sin embargo, cuando la prueba tiene carácter personal, como ocurre en el caso de los testigos, importa mucho, para una correcta ponderación de su persuasividad, conocer la íntegra literalidad de lo manifestado y, además, percibir directamente el modo en que se expresa, puesto que el denominado lenguaje no verbal forma parte muy importante del mensaje comunicativo y es un factor especialmente relevante a tener en cuenta al formular el juicio de fiabilidad.

El juzgador en primera instancia dispone de esos conocimientos, en tanto que el órgano competente para resolver el recurso de apelación sólo conoce del resultado de la prueba practicada. Por ello, un elemental principio de prudencia (la pauta de la sana crítica aplicada al control de la valoración de la prueba en la segunda instancia) aconseja no apartarse del criterio del juzgador de primera instancia, salvo cuando el error de valoración sea patente.

No sucede así en este caso; la alegación del recurrente no pone de manifiesto sino su legítima discrepancia con la valoración de la prueba que ha realizado, de forma correcta y adecuada, el Juez cuya sentencia se impugna, bajo los principios de inmediación y de imparcialidad, pretendiendo sustituir su apreciación por la del titular del órgano que juzga en primera instancia.

En el presente caso las manifestaciones vertidas por el denunciado anteriormente referidas, a través de los correos electrónicos los que obran unidos a la causa conforme declara la víctima y la testigo que depuso en el acto del juicio oral y a la que antes hemos hecho referencia determina sin duda alguna que la conducta del denunciado constituye un delito leve de coacciones previsto y penado en el artículo 172.3 del código Penal, al constituir esa conducta intimidatoria encaminada a conseguir los objetivos deseados por el denunciado que pasaban porque se disculpara la denunciante con el denunciado y se le permitiese de nuevo el acceso al mercado de Santa Eugenia, que acudiera a una reunión o conforme expresa seguirá siendo su pesadilla " o que doña Belen dimita de su puesto como subdirectora general de Comercio y Mercados del Ayuntamiento de Madrid.

Los citados comportamientos van dirigidos a restringir la libertad a la denunciante, los que califica el juzgador de tal frecuencia repetitiva que restringe la libertad de la señora a quien consta le produjo un estado de ansiedad por el que tuvo y tiene que estar medicada. El comportamiento del denunciado excede las normas y los usos de la convivencia social y del orden jurídico y no puede ampararse en un derecho de crítica o de libertad de expresión para someter a la denunciante, conforme expone con acertado criterio en el fundamento de derecho primero el juzgador en sentencia. La multiplicidad de referencias y comentarios personales que se difunden incluso a otras personas de carácter despectivo y que van destinados claramente a la compulsión sobre la libertad de la denunciante y/o a someterla a un estado de inquietud en relación con la formulación y difusión de los antedichos comentarios personales además de vulnerar su paz y sosiego con la conducta repetitiva y reincidente mostrada, lo que ocasionó la denuncia de la señora y el poner los hechos inmediatamente en conocimiento de la policía y autoridad judicial.

Las alegaciones vertidas por el condenado van a ser íntegramente desestimadas, al entender que los hechos encajan perfectamente en el delito leve de coacciones del artículo 172.3 del CP, por el que han sido calificados los hechos, al bastar en este caso que existan al agente ( hoy denunciado) una intención genérica de constreñir o doblegar la voluntad ajena (dolo tendencial). Así la STS 595/2012 12 de julio, refiere como sin que se requiera una intención maliciosa de coaccionar basta el dolo genérico de constreñir la voluntad ajena, imponiéndole lo que no quería efectuar, intención dirigida a restringir la libertad ajena para someterla a deseos o criterios propios.

La noción jurídico penal de coacción leve, se nutre por un lado de los elementos constitutivos de toda coacción, si bien, el constreñimiento o presión que se ejerce sobre el sujeto pasivo es de menor intensidad y gravedad. Al igual que sucede con las amenazas. La jurisprudencia del Tribunal Supremo viene señalando desde antiguo y de forma inconcusa, los criterios para deslindar la gravedad y la levedad de las coacciones, conservando sus postulados plena vigencia para la exégesis de la nueva estructura típica. La diferencia no es cualitativa sino cuantitativa. Hay que situar a la mayor o menor intensidad e gravedad de la violencia o intimidación empleada. Y en el presente caso se considera que es leve.

Igualmente debe desestimarse el motivo relativo a la impugnación de concesión de indemnización por responsabilidad civil. Al afirmar la defensa del denunciado no haber sido pedida por la parte. Cuando tal alegación no se ajusta a la realidad, a la vista de lo impugnado por el recurrente y porque la propia sentencia en los antecedentes de hechos probados recoge como la representación procesal de Belen solicitó la condena de Jesús por delito leve de coacciones a pena de multa de 3 meses con cuota diaria de 2 € y a que le indemnizase con 600 € y pago de costas. Por tanto, la indemnización concedida, además de estar dentro de la reclamación realizada, se ajusta a lo establecido en el artículo 116 del código Penal, a la vista del razonamiento expuesto en el fundamento de derecho de la sentencia dictada al que nos remitimos. Toda comisión de un acto delictivo obliga a reparar el daño causado. Dicha obligación legal de resarcimiento al perjudicado puede adoptar tres formas distintas (restitución, reparación del daño e indemnización por perjuicios materiales y morales). En el presente caso se trata de un perjuicio material y moral que se regula a partir del artículo 113 del código Penal, resultando en este caso la indemnización más simbólica que restitutiva, mediante el pago de 300 € para resarcir a la perjudicada por el daño causado a la vista del comportamiento que ha tenido que soportar la denunciante del denunciado.

TERCERO .- No procede hacer pronunciamiento alguno de las costas de esta alzada.

VISTOS los preceptos legales citados, y los demás de general y pertinente aplicación, en nombre de su Majestad El Rey y por la autoridad que el Pueblo Español me confiere: