Sentencia Penal 378/2023 Audiencia Provincial Penal de Madrid nº 2, Rec. 1323/2022 de 05 de octubre del 2023

PRIMERO.- Delimitación de la controversia

1. Con objeto de facilitar el desarrollo de la argumentación, vamos a comenzar exponiendo las posiciones de las partes, delimitando así el objeto de controversia.

2. El Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado imputan a los acusados un delito de frustración de la ejecución tipificado en el artículo 257.1.2º del Código Penal, con el matiz de que el Ministerio Fiscal interesa también la aplicación de los subtipos agravados del apartado 3 y 4 de aquel precepto, por razón de la naturaleza tributaria de la deuda y del importe de la ejecución frustrada.

3. En síntesis, las acusaciones relatan que el 18 de diciembre de 2012, con el fin de perjudicar los derechos de la Agencia Tributaria (elemento subjetivo), los acusados enajenaron de forma concertada un inmueble (acto de disposición patrimonial) que impidió la eficacia de un procedimiento ejecutivo tributario de previsible iniciación para el cobro de una deuda vencida y exigible en aquella fecha, relativa al IVA correspondiente a los ejercicios 2009 a 2011.

4. Frente a dicha pretensión, las defensas no discuten la existencia del acto de disposición patrimonial, pero rechazan que existiese cualquier tipo de intencionalidad de perjudicar los intereses de la Hacienda Pública. Además alegan que la incoación del procedimiento administrativo fue posterior a la venta, que tampoco era previsible su apertura al tiempo del otorgamiento de la escritura de venta, por cuanto la deuda tributaria que se reclamó era una cuestión de calificación, y que, como consecuencia de la venta, la mercantil adquirió un crédito frente a una persona, el Sr. Donato, con una solvencia económica conocida.

5. Delimitada la controversia en estos términos, como se puede inferir de lo expuesto, la misma tiene un carácter netamente jurídico. Los hechos declarados probados, abstracción hecha del relativo a la intencionalidad de los acusados, no son objeto de discusión, con la única salvaguarda de que son las defensas las que han introducido en el debate contradictorio determinados aspectos fácticos como la fecha de incoación del procedimiento inspector y la situación tributaria en la que se encontraba previamente el acusado Sr. Donato como persona física (hecho probado cuarto). Por este motivo, para simplificar la exposición, abordaremos la calificación jurídica y la motivación fáctica de forma conjunta, centrando nuestro esfuerzo de motivación en el juicio de subsunción.

SEGUNDO.- Calificación jurídica y motivación fáctica

6. El artículo 257.1.2º del Código Penal castiga a " quien con el mismo fin (perjudicar a los acreedores) realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, judicial, extrajudicial o administrativo, iniciado o de previsible iniciación".

7. Este tipo penal, tradicionalmente configurado como una modalidad de alzamiento de bienes, recibe su actual denominación de frustración de la ejecución tras la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, sin modificar su contenido.

8. Para su comisión, en primer lugar, es preciso un acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones. Este elemento no es controvertido y viene determinado por la venta del inmueble de CALLE000 en los términos declarados probados (hecho probado segundo). Así resulta acreditado a través de la escritura pública de compraventa otorgada ante el Notario D. José Miguel García Lombardía, que obra incorporada en el CD unido al folio 83 de las actuaciones, cuyo contenido se resume en el informe sobre la posible existencia de delitos de frustración AdB 005 (folios 28 y 29).

9. En segundo lugar, como resultado de dicho acto es necesario que se dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio. El legislador ha querido que la naturaleza del procedimiento no sea relevante, puesto que el procedimiento puede ser judicial, extrajudicial o administrativo; y lo mismo ocurre con el origen de la deuda, que puede tener naturaleza pública o privada. Así el artículo 257.3 del mismo dispone que " lo dispuesto en el presente artículo será de aplicación cualquiera que sea la naturaleza u origen de la obligación o deuda cuya satisfacción o pago se intente eludir, incluidos los derechos económicos de los trabajadores, y con independencia de que el acreedor sea un particular o cualquier persona jurídica, pública o privada". Tampoco es necesario que el procedimiento esté incoado al tiempo de realizar el acto dispositivo, sino que basta que sea de previsible iniciación.

10. En este punto las partes asumen un relato común de hechos probados si excluimos, como hemos hecho, lo que no dejan de ser expresiones que predeterminan el fallo, como la previsibilidad del procedimiento o la ineficacia del embargo. Dicho con otras palabras, las partes realizan una distinta lectura jurídica de los hechos.

Dejamos constancia de que el hecho probado primero (relativo a las liquidaciones de IVA presentadas en los años 2009 a 2011), queda acreditado en el expediente tributario obrante en autos (folios 5 y siguientes); y que el hecho probado tercero (relativo a las actuaciones de inspección, el motivo que dio a las citadas actuaciones, el acta de conformidad, el embargo del bien y la posterior presentación de una tercería de dominio), queda acreditado también a través de los datos que ofrece el expediente de la Agencia Tributaria (folios 5 y siguientes), la comunicación de la Dependencia Regional de Recaudación de la Agencia Tributaria de fecha 13 de junio de 2019 y escrito posterior del Sr. Donato de fecha 3 de julio de 2019 interponiendo la tercería de dominio (folios 350 a 352), y el escrito digitalizado de solicitud de rectificación de fecha 24 de enero de 2012. Consta en autos que la tercería fue desestimada en sede administrativa mediante acuerdo de fecha 6 de febrero de 2020. Tras ello, el 28 de febrero de 2020 se presentó una demanda de tercería de dominio en sede judicial.

11. La primera premisa es que la venta de un bien embargado, en abstracto, no es por sí misma delictiva. La existencia de un procedimiento ejecutivo, incluso ya iniciado, no constituye una especie de prohibición de disposición. Basta acudir al Código Civil y verificar el contenido del artículo 1459 para verificar que no estamos ante una de las prohibiciones de disposición. La clave viene determinada por la contraprestación. Como señala la STS 457/2023, de 14 de junio, ningún alzamiento de bienes se produce cuando la transmisión del bien embargado o futuramente embargado se realice a cambio de un precio equivalente, y ello por cuanto en aquel caso ninguna merma se habrá producido en el patrimonio de la sociedad. Dicho con otras palabras, aunque, en términos objetivos, se puede afirmar que el cambio de titularidad va a impedir la subasta del inmueble, de ningún modo se producirá la lesión del bien jurídico que protege el artículo 257.1.2º del Código Penal, que no es otro que garantizar la eficacia de los mecanismos institucionalizados con los que el ordenamiento jurídico tutela el crédito, cuando se recibe una prestación equivalente.

12. En orden a justificar la ineficacia del embargo, se ha argumentado por las defensas que el inmueble ya estaba embargado en el procedimiento judicial iniciado en el año 2011 a favor de la Agencia Tributaria, por una deuda notablemente superior, lo que de facto hubiese provocado que ninguna persona se hubiese interesado por el bien en una subasta. Pero, este razonamiento, sin dejar de ser cierto, soslaya que si no hubiesen presentado postores, la Agencia Tributaria se podría haber adjudicado el bien.

13. También para combatir aquella ineficacia, se ha invocado que, como consecuencia de la compraventa, la mercantil Pioninin, S.L adquirió un crédito frente a una persona del patrimonio y solvencia notoriamente conocida como es el Sr. Donato, crédito que la mercantil hizo constar en su balance.

14. Efectivamente, la solvencia económica del acusado Sr. Donato es de dominio público y así se refleja en el informe pericial de la defensa de fecha 1 de agosto de 2023 (folio 10), en el que se cuantifica su participación en la cotizada Arcelor Mittal en más de 400 millones de euros en la fecha de otorgamiento de la escritura. Nada que objetar a este primer postulado.

15. Entendemos que el aplazamiento de pago tampoco sería determinante de aquella lesión. Las defensas lo han justificado, por cuanto el Sr. Donato tenía su patrimonio inmobiliario y bancario embargado a causa de la imputación por los once delitos fiscales que durante once años supusieron un calvario y por los cuales fue finalmente absuelto, lo que de facto le privaba de liquidez, y ello a pesar de haber intentado sustituir aquellos embargos por otros sobre las acciones de las que era titular. Y fue esta falta de liquidez la que impidió al acusado abonar el pago del precio en el plazo fijado.

16. Como hemos indicado, la clave es la contraprestación. La defensa ha aportado la pericial de Gustavo, quien ha declarado que no se produjo insolvencia (...) se cambió un inmueble gravado por la sociedad por un crédito libre de cargas de una persona con un patrimonio ingente (...) 5 millones de crédito (...) Ese crédito era muy superior (...) No hubo ningún tipo de ocultación (...) Se incluyó en las cuentas anuales que son públicas.

17. Sin embargo, en contra de lo que se ha esgrimido por el letrado de la mercantil acusada en el trámite de informe, tienen razón las acusaciones y los peritos de hacienda cuando han manifestado que el crédito, que inicialmente se recoge en las cuentas anuales a partir del año 2012, desaparece sin explicación del balance a partir del año 2017. Así lo hemos constatado tras analizar la documentación tributaria aportada por la Abogacía del Estado. En las declaraciones del impuesto de sociedades de la mercantil acusada (modelo 200), correspondiente a los ejercicios 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 (folios 159, 168, 176, 185 y 196), en el activo del balance aparece anotada la cantidad de 5.720.000 euros, dentro del apartado relativo a deudores comerciales y otras deudas a cobrar, en concepto de clientes por ventas y prestaciones de servicios, cantidad que se corresponde con el importe de la venta y que no aparecía en la declaración del año 2011 (folio 150). Sin embargo, sin explicación, dicha cantidad desaparece en la declaración correlativa de los años 2017, 2018, 2019 y 2020 (folios 204, 212, 221 y 231). Y la situación es idéntica en el balance de las cuentas anuales depositadas, donde desaparece del activo a partir del año 2017 (folios 243, 270, 285 reverso y 302). El importe que aparece en el activo del año 2018 (folio 302), al que se refiere la defensa nada tiene que ver, por cuanto aparece recogido como inversiones financieras a corto plazo.

18. Es el turno de analizar si aquel proceso de ejecución estaba iniciado al tiempo de la venta o era de previsible iniciación. ¿Qué es previsible? Si acudimos al Diccionario de la Real Academia de la Lengua, previsible es un adjetivo que proviene del verbo prever, que en sus distintas acepciones significa " ver con anticipación, conocer, conjeturar por algunas señales o indicios lo que ha de suceder o disponer o preparar medios contra futuras contingencias". En el ámbito del derecho penal, el concepto es ampliamente utilizado por la doctrina en el ámbito de los delitos imprudentes, para apreciar la infracción del deber objetivo de cuidado. Para ello es preciso situarse en la posición de un ciudadano medio, al que habrá que sumar los conocimientos específicos propios de unas personas como los acusados.

19. La respuesta está ligada lógicamente con la naturaleza de la deuda objeto de autos, tributaria, lo que merece una serie de precisiones. El impuesto sobre el valor añadido está regulado en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre. Su artículo 1, relativo a la naturaleza del impuesto, configura el IVA como un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo y grava, en la forma y condiciones previstas en esta Ley, las siguientes operaciones: a) Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por empresarios o profesionales.

20. Los inspectores de la Agencia Tributaria con núm. NUM003 y NUM004 han declarado que la deuda era líquida, vencida y exigible cuando se devenga el IVA (...) y que la deuda era previsible desde el momento en que se rectifica el impuesto de sociedades (...), afirmaciones que la Sala considera que deben ser matizadas. Lógicamente, el impuesto se devenga cuando se realiza el hecho imponible en los términos que dispone el artículo 57 del texto legal. El pago del impuesto producto de reducir el IVA soportado del IVA repercutido es exigible cuando finaliza el plazo voluntario para su abono; pero la liquidez de la cuota no abonada que se reclame en un proceso ejecutivo no tiene lugar hasta que se inicie el eventual proceso de comprobación o inspección y se liquide la correspondiente cantidad que debió ser ingresada. En este caso la cantidad finalmente liquidada superó el millón de euros, incluyendo la sanción, la pérdida de reducción de la sanción de IVA y los intereses de demora del aplazamiento. Teniendo en cuenta estas coordenadas tributarias, no es correcto afirmar, como realizan las acusaciones, que la cuota reclamada en el proceso de ejecución era líquida en el momento del otorgamiento de la escritura.

21. Aclarado lo anterior, es importante distinguir las distintas situaciones que pueden producirse. Así, la Sala considera que hay distintos grados de previsibilidad. Si un ciudadano medio incumple sus obligaciones tributarias no presentando la declaración correspondiente, lógicamente va a prever que Hacienda le va a reclamar la cuota tributaria no declarada. En un plano de menor previsibilidad, quien presenta la declaración falseando los datos a través de la emisión de facturas falsas que incremente ficticiamente el nivel de los gastos realizados asume un alto riesgo (y ha de prever) de que la Agencia Tributaria le abra un procedimiento sancionador. Cuestión diferente será cuando una persona presenta una declaración y por desconocimiento o error no liquida correctamente el impuesto. En estos casos, faltará el dolo de la conducta del obligado tributario.

22. En el presente caso, los inspectores de la Agencia Tributaria que han depuesto como testigos-peritos en el acto de la vista han declarado que el proceso de inspección se inició a raíz de una rectificación de la empresa del valor del inmueble en el impuesto de sociedades, al incluir los gastos de las obras de rehabilitación, incluido el IVA soportado, como mayor valor del inmovilizado, lo que impedía fiscalmente haberse deducido aquellos importes en el IVA. Lo declarado aparece ya en los informes del expediente tributario. Como hemos hecho constar en los hechos probados, con fecha 15 de febrero de 2012, el obligado tributario presenta una serie de declaraciones complementarias sustitutivas de las presentadas en su día por el impuesto sobre Sociedades ejercicios 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, en la que se declaran las nuevas cuentas anuales de esos ejercicios, y en el libro diario, a 31 de diciembre de cada ejercicio, todas la cuentas de gasto, incluido el importe del IVA soportado, se traspasan a la cuenta Construcciones en curso, convirtiendo una cuenta de gasto en una incremento del inmovilizado. Al incluirse el IVA soportado como mayor valor del inmovilizado, el acusado debería haber regularizado las liquidaciones de IVA al mismo tiempo. Los peritos han explicado que la regularización del IVA sí tenía factura fiscal, porque debían devolver lo indebidamente deducido, y que la deuda era previsible desde el momento en que se rectifica el impuesto de sociedades.

23. Aplicando lo expuesto, la previsibilidad pasa por determinar qué tipo de infracción es: ¿Es una ilegalidad normativa, es un criterio de interpretación de la Agencia Tributaria o de la Dirección General de Tributos o es una cuestión innata a la naturaleza del impuesto? Las acusaciones han pasado de puntillas en esta cuestión hasta el punto que ha sido una de las defensas la que interpelado al respecto a los peritos de la Agencia Tributaria, quienes han declarado que se trababa de una cuestión de calificación, sin mayor detalle. Examinada la documental al amparo del artículo 726 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la conclusión no cambia. El único precepto tributario que se invoca como infringido lo hemos localizado en el acta del IVA 2009 a 2011, que está incorporado al CD obrante en autos. Se trata del artículo 99.2 de la Ley 37/1992 cuando dispone que " las deducciones deberán efectuarse en función del destino previsible de los bienes y servicios adquiridos, sin perjuicio de su rectificación posterior si aquél fuese alterado". Nada se dice sobre el encaje normativo de la modificación del impuesto de sociedades ni del cómputo del gasto como mayor valor del inmovilizado. Aunque corresponde al tribunal la carga de conocer las normas de cualquier rama del ordenamiento jurídico, no cabe duda de que tratándose de normas penales en blanco, con una complejidad como la que nos ocupa, corresponde a las acusaciones a través de la prueba pericial justificar fundadamente la naturaleza de la infracción, y lo cierto es que esto no ha sucedido. Con ello no estamos cuestionando que la infracción no existiese, sino que no se ha abordado su naturaleza en orden a justificar la previsibilidad del expediente. El hecho de que el procedimiento de inspección finalizase con un acta de conformidad no resulta concluyente ni para inducir una mala fe ni la previsibilidad del procedimiento tramitado. Se trata de una facultad del contribuyente, de renunciar a interponer los correspondientes recursos.

24. Queda por analizar el elemento subjetivo. El tipo penal exige que la conducta se desarrolle con la intención de perjudicar las legítimas expectativas de los acreedores, elemento que puede ligarse con la previsibilidad del procedimiento, por cuanto si se acreditase que los acusados actuaron de forma orquestada para defraudar los derechos de la Hacienda pública podríamos inferir que pudieron prever que las cosas se habían hecho mal tributariamente y que el procedimiento tributario era inminente.

25. Aunque doctrinalmente es controvertido, el Tribunal Supremo se ha pronunciado a favor de considerar que no es necesario que efectivamente se produzca dicho perjuicio, o dicho con otras palabras, no es preciso que el acto de disposición o generador se traduzca en una situación de insolvencia real o aparente como sí se exige en el tipo básico de alzamiento previsto en numeral primero, y ello por cuanto se trata de una figura delictiva que tiene como bien jurídico principal la eficacia de los mecanismos institucionalizados con los que el ordenamiento jurídica tutela el crédito. Basta que exista una intencionalidad de perjudicar a los acreedores ( STS 457/2023, de 14 de junio).

26. La intencionalidad forma parte de la mente del sujeto, por lo que la forma más sencilla de probarla es mediante un reconocimiento de los hechos por los acusados. En este caso, el reconocimiento no se ha producido:

i. El acusado Sr. Donato se ha acogido a su derecho a no declarar.

ii. Su sobrino, el acusado Sr. Eloy, ha negado que la venta fuese fraudulenta y así ha explicado que estuvo en una reunión donde había varias personas presentes para valorar la situación tributaria de su tío y, comoquiera que este se iba a mudarse a vivir de Somosaguas a Zurbano, el asesor fiscal les aconsejó que tenían que comprar la vivienda. Para evitar que fuese una auto-contratación, se le pidió si tenía inconveniente en actuar en representación de la sociedad, sin recibir nada de la operación.

iii. El testigo Genaro ha reconocido su informe de reestructuración y ha explicado que se le contrató como economista/Abogado con posterioridad a la venta para liderar y coordinar un equipo que revisara y regularizaran la situación tributaria de las empresas del acusado, quien quería tener posibilidad de hacer frente al pago de las actas de conformidad.

iv. El testigo Gonzalo, abogado de un despacho profesional que asesoraba fiscalmente al acusado en los años 2011-2013, ha declarado que la compraventa se realizó con la finalidad de que la titularidad jurídica recayese en la persona que tenía el uso y disfrute del mismo, pero no recuerda la reunión donde supuestamente se aconsejó la venta.

27. La vía alternativa para probar aquella intencionalidad es mediante un juicio de inferencia a partir de los hechos anteriores, coetáneos y posteriores a la ejecución de la transmisión, plasmados en los hechos probados segundo y cuarto. Ya adelantamos que consideramos que no se ha acreditado que los acusados actuaron con la intención de perjudicar los intereses de la Agencia Tributaria.

28. Comenzamos con los hechos anteriores, el acusado Sr. Donato tenía embargado parte de su ingente patrimonio en el marco del proceso penal por delitos contra la hacienda pública que se seguía contra su persona (acreditado documentalmente mediante copia de la querella obrante a los folios 334 a 343, auto de admisión de la querella de fecha 11 de julio de 2011 obrante al folio 343 y auto de medida cautelares de fecha 21 de julio de 2011 obrante a los folios 344 y siguientes), hasta el punto que el bien en cuestión, la finca de la CALLE000, se encontraba ya embargada por la Agencia Tributaria al tiempo que se otorgó la escritura pública de venta

29. Este dato sobre la traba precedente es especialmente relevante para abonar la tesis exculpatoria, por cuanto la transmisión del bien al acusado Sr. Donato se realizó con la carga y así consta en la escritura pública otorgada. Sin perjuicio de lo que diremos posteriormente, no tiene ninguna lógica tratar de realizar un alzamiento con un bien que ya está embargado judicialmente y que se transmite al administrador de la sociedad.

30. Como hechos coetáneos, la venta se realizó a favor del administrador y socio mayoritario de la sociedad vendedora y en escritura pública. Sobre las consecuencias de esta formalidad, se ha hablado mucho en el acto de la vista. Las acusaciones han esgrimido que la transmisión no se inscribió en el Registro de la Propiedad, pero esto lejos de ser una anormalidad es una consecuencia de que el pago estuviese aplazado. Ningún registrador va a inscribir una escritura sin constar el abono del precio. En cambio, la formalidad pública es relevante, por cuanto, como han tratado de defender de forma difusa las defensas, ello permitía a la Agencia Tributaria tomar conocimiento de la transmisión.

31. Así resulta no sólo en los tributos cedidos a la gestión de las Comunidades Autónomas, sobre la base del artículo 48 del Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre, del Consejo de Gobierno , por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el estado, sino también en el ámbito nacional del Convenio suscrito por la Agencia Tributaria y el Consejo General del Notariado el 19 de junio de 2007 para el suministro de información contenida en el índice informatizado único, con fundamento en los artículos 93.4 c y 94.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y el art. 17.2 y 3 de Ley del Notariado, en la redacción dada por la Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal. Fiel reflejo de ello, es que la Comunidad de Madrid reclamó el pago del impuesto de transmisiones patrimoniales por la venta del inmueble en el marco de un expediente en el que se discutió la procedencia del devengo del impuesto derivado la naturaleza de las obras ejecutadas (folios 556 y siguientes).

32. Sin abandonar el capítulo de los actos coetáneos, también se ha discutido sobre el precio. El inmueble se vendió por poco más 5,5 millones de euros, cuando en el balance de la sociedad del 2011 aparece contabilizado en más de 20 millones de euros. La descompensación es objetiva y no admite discusión, pero las defensas han atenuado el indicio con el argumento de que la Comunidad de Madrid liquidó el impuesto de transmisiones patrimoniales sin cuestionar el valor de la operación. El testigo Sr. Genaro ha explicado que la Comunidad de Madrid admitió el valor de compraventa e interpretó que determinadas obras no se podían imputar a mayor valor del inmueble.

33. Como hechos posteriores, el precio aplazado se anota en los balances de la mercantil Pioninin, SL hasta el año 2016 y el acusado Sr. Donato abona el impuesto de transmisiones patrimoniales reclamado por la Comunidad de Madrid el día 2 de julio de 2018. Asimismo, durante el año 2022 el acusado salda el importe de la deuda tributaria reclamada en cuanto logra que se alcen los embargos al resultar absuelto por la acusación relacionada con el IRPF (pago ulterior acreditado mediante informe de la Subdirección General de procedimientos especiales de fecha 21 de julio de 2023 sobre el pago de deuda, unido mediante diligencia de ordenación de fecha 24 de julio de 2023, obrante en el rollo de procedimiento abreviado de esta Sección).

34. Ponderando todos estos hechos, la Sala reconoce que la eliminación del crédito del balance en el año 2017, que no se ha explicado, y el descuento del valor en el precio generan una sombra de simulación sobre la venta; pero insuficiente para inferir, fuera de toda duda razonable, que la venta fue orquestada para perjudicar los intereses de la Agencia Tributaria, cuando el bien se transmitió de forma no opaca en escritura pública y se encontraba embargado para responder de una deuda notablemente superior junto a otra pluralidad de bienes por la Agencia Tributaria, carga que fue transmitida al acusado Sr. Donato, persona con mayor solvencia y quien intentó refinanciar su deuda.

35. Por consiguiente, no siendo los hechos declarados probados constitutivos de delito, al no acreditarse sin ningún género de duda la previsibilidad del procedimiento administrativo y la intencionalidad fraudulenta, no procede hacer mención alguna a los fundamentos de participación, circunstancias modificativas de la responsabilidad, penalidad y responsabilidad civil.

TERCERO.- Costas procesales

36. El artículo 239 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal preceptúa que " en los autos o sentencias que pongan término a la causa o a cualquiera de los incidentes deberá resolverse sobre el pago de las costas procesales". En cuanto a las costas, el artículo 123 del Código penal