Sentencia Penal 449/2023 Audiencia Provincial Penal de Madrid nº 26, Rec. 184/2023 de 07 de julio del 2023

PRIMERO.- Por Procuradora en representación del acusado Pedro Jesús se interpone recurso de apelación contra sentencia de 17.11.22 de la Juez del JP 36 de Madrid (PA 644/2021), que condena al acusado/ahora recurrente como autor de un delito de quebrantamiento de medida cautelar, concurriendo la circunstancia agravante de la responsabilidad criminal de reincidencia, prevista en el artículo 22.8ª del Código Penal. Alega infracción de precepto constitucional de presunción de inocencia, amparado en el art. 24.2 CE. Afirma que la testifical de los policías es inverosímil, incongruente y contradictoria. Que si no hay cargo, no puede haber descargo. Que la carga de la prueba le corresponde a la acusación y cuando no hay prueba de cargo contundente y acreditada. Que procede la aplicación del principio de in dubio pro reo. Que la sentencia condena en base a suposiciones y conjeturas, las cuales se derivan de la inverosimilitud de la testifical de los policías. Que la sentencia se contradice en diversos puntos y párrafos acerca del mismo asunto, la distancia a la que fue detenido el acusado frente a la mujer. Afirma Que no está acreditado el cumplimiento de la prohibición de acercamiento a la mujer. Que la narración de los policías no es creíble, no es verosímil,en contradictoria entre ambos y entre sí mismos, así como es incongruente. Afirma que la testifical de los policías carece de cualquier valor probatorio. Solo tiene suposiciones y conjeturas basadas en testificales incapaces de dar verosimilitud. Que el ahora recurrente no declaró y estaba en su derecho constitucional, el mismo no conlleva reconocimiento de ningún hecho delictivo ni una merma en la duda ante la falta de prueba. La carga de la prueba le corresponde a la acusación. Reitera que no hay prueba y no puede haber descarga. Que la mujer no testifica, lo cual hace más insostenible la testifical de los policías. Que el hecho de que el acusado tenga antecedentes no acredita nada respecto al hecho nuevo. Que no existe un nexo causal que una el supuesto de hecho con la consecuencia jurídica que extrae la sentencia. Afirma que procede la libre absolución del acusado con todos los pronunciamientos a su favor.

El/La Fiscal, por escrito de 23.01.23, impugna el recurso de apelación. Se opone al recurso e interesa la confirmación de la sentencia recurrida. Respecto del motivo del recurso, sólo cabe decir que trata el apelante de sustituir la valoración de la prueba efectuada por el Juez por la suya propia, pretendiendo con ello una distinta calificación de los hechos, sin que se objetivaren datos que permitan afirmar error en la valoración que efectúa el Juzgador. La Sentencia apelada detalla con precisión cual es la valoración que la prueba que le merece al Juez (sic), y desgrana el alcance de las pruebas practicadas, fundamentalmente la prueba documental de donde se desprende que el acusado era plenamente conocedor de la resolución judicial, su vigencia y las consecuencias de incumplirla, a lo que se une la declaración de los agentes actuantes quienes sorprendieron al acusado interactuando con la perjudicada por lo que se dan por reproducidos sus fundamentos jurídicos por estimarlos suficientes. Es constante la doctrina tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional en el sentido de "...la imposibilidad de sustituir la valoración realizada por los Tribunales (ante los que se practicó la prueba) aunque existan otras igualmente lógicas, cuando la conclusión a la que se llega por el Tribunal sentenciador, es igualmente lógica...."- STC de 4 de Junio de 2001, y del tribunal Supremo, entre otras muchas, 6/2003 de 9 de Enero, 220/2004 de 20 de Febrero 71 1/2005 de 8 de Junio, 866/2005 de 30 de Junio ó 474/2006 de 28 de Abril-. De acuerdo con el protagonismo que le comprende al Tribunal sentenciador en la valoración, motivación de la prueba y en la decisión adoptada, bien puede decirse que el Tribunal de apelación, el de Casación o incluso el Constitucional cuando controlan la motivación fáctica actúan como verdaderos Tribunales de legitimación de la decisión adoptada, en cuanto verifican la solidez y razonabilidad de las conclusiones, confirmándolas o rechazándolas dada las exigencias que se derivan de la naturaleza constitucional del derecho a la presunción de inocencia, y asimismo debemos recordar que la naturaleza del juicio de certeza incriminatorio que pudiera haberse alcanzado por el Tribunal sentenciador no es de naturaleza matemática ni absoluta, sino que se trata de un canon de certeza más allá de toda duda razonable. Interesa se conforme la sentencia recurrida por ser plenamente ajustada a Derecho.

SEGUNDO.- La Juez del JP 36 de Madrid, en su sentencia de 17.11.22, considera: ...Sentado el marco normativo aplicable a la figura delictiva que, en el supuesto concreto, se imputa al acusado, de la valoración conjunta de la prueba obrante en autos, y practicada en el acto del juicio oral, cabe hacer las siguientes consideraciones:

En primer lugar, el acusado se ha acogido a su derecho a no declarar, no proporcionando por tal motivo una versión acerca de los hechos que se le imputan en el presente procedimiento, ni, por tanto, de las circunstancias en que fue hallado en compañía o cerca de Dña. Milagrosa por los agentes de la Policía Nacional. No obstante, el conocimiento por parte del acusado del auto dictado en fecha de 13 de junio de 2020 y de la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros a Dña. Milagrosa, así como de comunicarse con ella por cualquier medio o procedimiento, ha quedado plenamente demostrado con el testimonio del auto en cuestión, de su notificación al acusado, así como del requerimiento que al mismo se le hicieron a fin de que cumpliera tales prohibiciones -obrantes a los folios 61 y siguientes de las actuaciones). Y la vigencia de tales medidas cautelares a fecha de 17 de marzo de 2021 ha quedado demostrada con la certificación en tal sentido obrante en autos y efectuada por la Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Penal nº 36 de Madrid (folio 37).

En segundo lugar, la testigo Dña. Milagrosa, pareja sentimental del acusado, se ha acogido a la dispensa de la obligación de declarar, reconocida en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal . Por este motivo tampoco la citada testigo ha aclarado las circunstancias en que el acusado fue encontrado en su compañía por agentes de la Policía Nacional, no desvirtuando así el testimonio de los agentes que han depuesto en el acto de la vista.

En tercer lugar, el agente de la Policía Nacional núm. NUM000, ratificándose en el atestado de que dimanan las presentes actuaciones, ha expuesto que estaban realizando funciones propias de su cargo cuando escucharon a un mujer gritando que la estaban pegando; que se bajaron del coche y que la mujer les dijo que el chico que se estaba alejando de ella la estaba pegando; que fueron tras el chico y, tras conseguir darle alcance, lo identificaron y comprobaron que tenía una orden de alejamiento respecto a la mujer que había estado gritando que él la pegaba. El agente ha aclarado que interceptaron al acusado cuando "huía corriendo".

En el mismo sentido ha depuesto el agente de la Policía Nacional núm. NUM001, insistiendo en que, requeridos por una chica porque el acusado la estaba pegando, lo vieron huir corriendo a unos metros, interceptándolo a quince o veinte metros de distancia respecto a Dña. Milagrosa. Por más que la Defensa quiere resaltar la incoherencia de que el agente corriese mucho si el acusado fue interceptado a una distancia aproximada de veinte metros, tal discrepancia no es apreciada por esta Juzgadora, entendiéndose que dicha distancia es suficiente para que los agentes tuvieran que hacer cierto esfuerzo de correr para darle alcance. En todo caso, ni se puede exigir a los agentes que precisen la distancia exacta a la que fue detenido el acusado, entendiéndose en todo caso que, aunque fuera superior a veinte metros, es incuestionable que era superior a los 500 metros que marcaba el auto quebrantado y que huía de los agentes pese a que, según el último de los mencionados, le dieron el alto para que parase.

En definitiva, los argumentos esgrimidos permiten concluir que ha quedado plenamente demostrada la comisión por parte del acusado del delito de quebrantamiento de medida cautelar que el Ministerio Fiscal le imputa en el presente procedimiento, considerándose desvirtuado el principio de presunción de inocencia que inicialmente lo amparaba.

TERCERO.- Procede recordar que el recurso de apelación constituye un mecanismo que posibilita un nuevo examen de la causa y el control del Tribunal ad quem sobre la determinación de los hechos probados y sobre la aplicación del derecho objetivo efectuados en la primera instancia, manteniendo la Jurisprudencia que cuando la cuestión debatida en apelación es la valoración de la prueba llevada a cabo por el Juzgador de instancia en uso de las facultades que le confiere nuestro Ordenamiento Jurídico ( artículos 741 y 973 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y artículo 117.3 de la Constitución Española), y sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio oral, la observancia de los principios de inmediación, contradicción y oralidad a que esa actividad se somete conducen a que, por lo general, deba reconocerse singular autoridad a la apreciación de las pruebas hecha por el Juez a cuya presencia se practicaron, porque es dicho Juzgador a quo quien goza del privilegio de intervenir en la práctica de la prueba y de valorar correctamente su resultado, apreciando personal y directamente las pruebas, ya sean las de la instrucción, las anticipadas, las reconstituidas, o las del artículo 730 de la Ley Procesal Penal, de lo que carece el Tribunal de apelación, el cual, obligado a revisar la prueba en segunda instancia, debe respetar -en principio-, el uso que se haya hecho en la instancia de la facultad de apreciar en conciencia las pruebas practicadas siempre y cuando tal proceso valorativo se haya motivado y razonado adecuadamente en la sentencia ( SSTC 17/12/85; 23/6/86; 13/5/87; 2/7/90 entre otras).

Consecuencia de lo anterior es que sólo cabe revisar la apreciación probatoria hecha por el/la Juez de instancia:

a) cuando aquélla apreciación no dependa sustancialmente de la percepción directa o inmediación que el Juez tuvo con exclusividad, es decir, cuando no dependa de la credibilidad de los testimonios o declaraciones oídos solamente por el Juzgador;

b) cuando con carácter previo al proceso valorativo no exista prueba objetiva de cargo válidamente practicada, en cuyo caso se vulnera el principio de presunción de inocencia;

c) cuando un ponderado y detenido examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del Juzgador de instancia de tal magnitud -razonamiento absurdo, ilógico, irracional o arbitrario-, que haga necesaria, empleando criterios objetivos y no interpretaciones discutibles y subjetivas, una modificación de los hechos declarados probados en la sentencia ( STS 29/12/93 y STC 1/3/93). Labor de rectificación esta última que además, como ya indicamos, será más difícil cuanto más dependa la valoración probatoria a examinar de la percepción directa que se tiene en la instancia, pero no imposible cuando las pruebas valoradas se hayan practicado sin observancia de los principios constitucionales o de legalidad ordinaria. Es por ello por lo que si la prueba ha respetado los principios de constitucionalidad y legalidad ordinaria y su interpretación no llega a conclusiones notoriamente ilógicas o incongruentes por contrarias a las evidencias de su resultado, el Tribunal ad quem no debe alterar las apreciaciones llevadas a cabo por el Juzgador a quo en la valoración de la misma pues una cosa es el derecho a la presunción de inocencia y otra distinta el derecho al acierto del Juez cuando interpreta la norma y valora la prueba.

Respecto del visionado de la grabación del juicio oral, como recuerda la STC de 18 de mayo de 2009, el mismo no puede sustituir a la inmediación que supone el examen personal y directo de las personas que declaran, lo que implica la concurrencia espacio-temporal de quien declara y ante quien se declara, ya que la garantía constitucional estriba tanto en que quien juzga tenga ante sí a quien declara como en que el declarante pueda dirigirse a quien está llamado a valorar sus manifestaciones.

CUARTO.- Asimismo es dable recordar, a propósito del delito de quebrantamiento, que el Título XX del Libro II del Código Penal, bajo la rúbrica genérica de "Delitos contra la Administración de Justicia", incluye en el Capítulo VIII (artículos 468 a 471), las diversas modalidades de quebrantamiento de condena. El bien jurídico protegido ( SAP 1ª Las Palmas 20.11.15), no es otro que el recto funcionamiento de la Administración de Justicia, y especialmente la efectividad y obligado acatamiento de las resoluciones que emanan de los Tribunales de Justicia ( artículos 118 CE y 17.2 LOPJ), concretadas en la imposición de determinadas penas y medidas cautelares de carácter personal dentro del proceso penal.

Se trata por tanto de proteger las funciones atribuidas constitucionalmente a los órganos jurisdiccionales, dando una respuesta penal adecuada a las infracciones que lesionan o quebrantan el contenido de las resoluciones que pueden ser dictadas en las diversas etapas o estadios del ejercicio de dicha función y, especialmente, en la etapa final del proceso penal, aun cuando es evidente que al propio tiempo se están tutelando de forma indirecta los intereses de la parte o partes en el proceso que se ven beneficiados o protegidos por la resolución judicial o medida cautelar quebrantada, particularmente en aquellos casos en los que dicha medida está enderezada principalmente a salvaguardar la vida, integridad personal o incolumidad de alguna de las víctimas de los delitos o faltas a los que se refiere el art. 57 CP en su redacción vigente.

También es dable recordar que el dolo típico del referido delito no requiere que el sujeto actúe movido por la persecución de ningún objetivo en particular o manifestando una especial actitud interna, esto es, ha de concurrir conciencia y voluntad del sujeto de quebrantar ( SAP, Barcelona, 8ª, 28-6-2002 y Guadalajara, 60/1996, de 9 de septiembre de 1996), sin que se requiera un dolo específico, sino el genérico consistente en la voluntad de burlar o hacer ineficaz la decisión judicial sustrayéndose al cumplimiento de la decisión judicial, y en la conciencia o representación de los elementos objetivos del tipo ( SAP, Guipúzcoa, 1ª, 115/2006, de 30 de marzo).

Tan solo, a mayor abundamiento, ya p.e. la SAP 1ª Alicante 19.09.16 recuerda que la STS de 29 de enero de 2009 (corrigiendo su criterio anterior establecido en STS 26.09.05), recoge la doctrina jurisprudencial del Alto Tribunal en relación con el consentimiento de la persona en cuyo favor se acuerda el alejamiento a los efectos de valorar la existencia de un quebrantamiento por quien le pesa la prohibición de aproximación. Dicha sentencia declara al respecto que "Por otro lado, en cuanto al fondo del asunto, esto es, en cuanto a la relevancia que pudiera tener el consentimiento de la esposa para la exclusión de este delito del art. 468 CP en los casos de medida cautelar (o pena), contra el marido consistente en prohibición de alejamiento, el asunto fue tratado en una reunión de pleno no jurisdiccional, celebrada el 25 de noviembre del 2008, en la cual, se acordó que "el consentimiento de la mujer no excluye la punibilidad a efectos del art. 468 CP "; todo ello en base a la idea clave de la irrelevancia en derecho penal del perdón de la persona ofendida por la infracción criminal, principio que sólo tiene su excepción en los llamados delitos privados, que es cuando expresamente la ley penal así lo prevé ". SSTS de 28 de enero del 2010, 2 de julio del 2014, 9 de diciembre de 2015. En igual orden de cosas p.e. la SAP 29ª Madrid 01.09.16 señala cómo tal consentimiento resulta irrelevante para el delito de quebrantamiento de medida como declara el Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de fecha 25 de noviembre de 2008, que recoge expresamente que el consentimiento de la mujer no excluye la punibilidad a efectos del art. 468 CP, lo cual será aplicable tanto si hay condena como si hay medida cautelar adoptada judicialmente. La STS 539/2014, de 2 de julio, recuerda que ya las SSTS 268/2010 de 26.2 y 39/2009, de 29 enero, declararon que la vigencia del bien jurídico protegido no queda enervada o empañada por el consentimiento de la mujer, ya que es el principio de autoridad el que se ofende con el delito de quebrantamiento de medida. Cierto que tal medida se acuerda por razones de seguridad en beneficio de la mujer, para la protección de su vida e integridad corporal -que tampoco son bienes jurídicos disponibles por parte de aquélla- pero en cualquier caso no es el bien jurídico que directamente protege el precepto. Viniendo a añadir la STS 539/2014 que "el acuerdo entre el acusado y la víctima no puede ser bastante para dejar sin efecto el cumplimiento de la sentencia condenatoria. El cumplimiento de una pena impuesta por un Tribunal como consecuencia de la comisión de un delito público no puede quedar al arbitrio del condenado o de la víctima, ni siquiera en los casos en los que determinadas penas o medidas impuestas en la sentencia, se orientan a la protección de aquella ( SSTS. 172/2009 de 24.2; 95/2010 de 12.2)".

También es dable recordar que el dolo típico del delito que ahora nos ocupa no requiere que el sujeto actúe movido por la persecución de ningún objetivo en particular o manifestando una especial actitud interna, esto es, ha de concurrir conciencia y voluntad del sujeto de quebrantar ( SAP, Barcelona, 8ª, 28-6-2002 y Guadalajara, 60/1996, de 9 de septiembre de 1996), sin que se requiera un dolo específico, sino el genérico consistente en la voluntad de burlar o hacer ineficaz la decisión judicial sustrayéndose al cumplimiento de la decisión judicial, y en la conciencia o representación de los elementos objetivos del tipo ( SAP, Guipúzcoa, 1ª, 115/2006, de 30 de marzo).

QUINTO.- Desde lo expuesto y recordado, el examen de lo actuado ha de llevar a considerar que la pretensión del acusado/ahora recurrente no puede prosperar, no apreciándose error alguno en el proceso valorativo efectuado, desde la inmediación, por la Juez a quo, que procede ser respetado por las razones anteriormente expuestas, sin que las afirmaciones del ahora recurrente justifiquen en los términos legal y jurisprudencialmente exigibles, el dictado de resolución distinta a la adoptada.

La irrelevancia de las motivos que presiden el actuar del sujeto que incumple la orden de protección se trata expresamente por el TS en su sentencia de la Sala segunda, Sección Pleno, Sentencia 664/2018 de 17 Dic. 2018, Rec. 504/2017 dictada para unificación de doctrina sobre esta cuestión, que sienta la siguiente doctrina "para apreciar el dolo en el delito de quebrantamiento del artículo 468.2 CP , a falta de otra explícita mención en el tipo, bastará con acreditar el conocimiento de la vigencia de la medida o pena que pesa sobre el acusado y de que se produce su vulneración mediante cualquier comunicación con la víctima o el acercamiento a ella más allá de los límites espaciales fijados. Incluir las razones que determinan la actuación del sujeto como elemento subjetivo del tipo, exige que el precepto así lo consigne. Fuera de tales supuestos tal posibilidad queda descartada" ( SAP Málaga 09.03.20).

En el presente caso el acusado no quiso declarar ni en sede policial (f 23), ni en fase de instrucción, f 80 ni en fase de plenario, que principió sin planteamiento de cuestiones previas, si bien mostró (grabación j.o.), su voluntad y deseo de hacer uso de su personal derecho a la última palabra, siendo interrumpido en su tal voluntario ejercicio, y reiteradamente, por su abogado (grabación j.o.), hasta su cese, siendo dable recordar con p.e. SAP 2ª Santa Cruz de Tenerife, de 09.10.07, que en relación específica con el derecho a la última palabra, el proceso penal ofrece al acusado el "derecho a la última palabra", por sí mismo, no como una mera formalidad, sino por razones conectadas con el derecho a la defensa que tiene todo acusado al que se brinda la oportunidad final para confesar los hechos, ratificar o rectificar sus propias declaraciones o las de sus coimputados o testigos, o incluso discrepar de su defensa o completarla de alguna manera, siendo que la razón de todo ello no es sino el principio de que nadie pueda ser condenado sin ser oído, audiencia personal que, aun cuando mínima, ha de separarse como garantía de la asistencia letrada, dándole todo el valor que por sí misma le corresponde, de modo que la viva voz del acusado es un elemento personalísimo y esencial para su defensa en juicio. El derecho a la última palabra constituye así una nueva garantía del derecho de defensa que entronca con el principio constitucional de contradicción y que posee un contenido y cometido propio bien definido. Se trata de una regla del proceso que, enmarcada dentro del derecho de defensa, no se confunde con éste, por cuanto no sólo constituye una garantía añadida a la defensa Letrada, al tratarse de la posibilidad procesal de autodefensa del acusado ( STC 91/2000 EDJ 2000/3822), sino que debe igualmente diferenciarse del derecho a ser oído mediante la posibilidad de interrogación o confesión cuya realización se habrá ya realizado al inicio del juicio. El interrogatorio permite al acusado hacer las manifestaciones que estime pertinentes en defensa de sus intereses. Pero en ese momento desconoce cuál va a ser el comportamiento de los demás coimputados que declaren a continuación, de los testigos de cargo y de descargo, y el resultado de las pericias practicadas. Incluso desconoce cuál va a ser la vía argumental de las acusaciones y las defensas en sus respectivos alegatos, por lo que su postura inicial puede verse reafirmada o, por el contrario, necesitada de actualización y matización. El acusado ha de tener la oportunidad de contradecir o someter a contraste todo el proceso probatorio, añadiendo todo aquello que estime pertinente para su mejor defensa, por lo que ha de tener la oportunidad de ser el último en intervenir en el proceso, de modo que esta facultad se encuadra dentro del derecho de defensa que, en estas circunstancias, ha de realizarse de manera personal y directa por el interesado. Este necesario deslinde entre la autodefensa que significa el derecho a la última palabra y otras posibles manifestaciones o proyecciones del derecho de defensa, como por ejemplo el trámite del informe oral de defensa ( STC 33/2003 EDJ 2003/2735), provoca que pueda haberse tenido defensa efectiva y realizarse la prueba de confesión e interrogatorio, sin que nada de ello pueda suplir la quiebra del derecho adicional a la última palabra, como derecho de presencia y defensa personal. Defensa personal ésta que deberá realizarse según la configuración que de la misma realicen las concretas leyes procesales.

Se trata, por lo tanto, de que lo último que oiga el Juzgador, antes de dictar sentencia y tras la celebración del juicio oral, sean precisamente las manifestaciones del propio acusado, que en ese momento asume personalmente su defensa. Por ello su propia naturaleza impide que esas manifestaciones sean sometidas a debate por los interesados, pues si fuera así, es claro que lo dicho por el acusado dejaría de ser la última palabra para convertirse en una más de sus declaraciones ante el Tribunal. Es precisamente la palabra utilizada en el momento final de las sesiones del plenario la que mejor expresa y garantiza el derecho de defensa, en cuanto que constituye una especie de resumen o compendio de todo lo que ha sucedido en el debate, público y contradictorio, que constituye la esencia del juicio oral. El acusado conoce mejor que nadie todas las vicisitudes, que pueden influir en la mejor calificación y enjuiciamiento de los hechos que constituyen la base de la acusación.

En relación al mismo al f 8 los agentes intervinientes informan que salieron corriendo tras el acusado "dándole alcance a los pocos metros" (f 8).

Tampoco quiso declarar la denunciante ( art 265 LECr), informando los agentes que acudieron al lugar que fueron requeridos por la misma gritándoles Me ha pegado, Se escapa por ahí, corriendo, indicando a los agentes -informan éstos- la dirección en la cual el ahora recurrente huía del lugar (ff 8), así como que les manifiesta que tiene prohibición de acercarse a ella y a su domicilio (f 9). Posteriormente, consta que no procedió a formalizar la denuncia en sede policial (f 16); manifestando la referida Milagrosa que tras pensarlo mejor no se personaría (f 75, grabación j.o.), no quiso declarar ni en fase de instrucción ni de plenario.

El PN NUM000 vino a manifestar que se ratifica en el atestado (en el que se ratificó ya en fase de instrucción, f 126), que el 27.03.21 pasaban por la calle y oyeron unos gritos Me están pegando y vieron un revuelo de gente. Bajaron del coche y una chica les dijo Me ha agredido, se va por ahí (14:37 grabación j.o.). A unos 20 metros o por ahí, él estaba corriendo.

El PN NUM001, quien se ratificó en fase de instrucción (f 124), manifestó que el acusado/ahora recurrente se encontraría a unos 15/20 metros cuando le interceptaron. Que ella decía Me ha pegado, huye por allí. Él salía corriendo en cuanto vio la presencia policial. Que se le dio el alto e hizo caso omiso (14:42 grabación j.o.).

Incuestionada lo fue la certificación referida a la vigencia de las medidas cautelares, y aun al tiempo de la certificación, el 09.07.21, siendo las medidas de 13.06.20.

Ambos optaron por colocarse en voluntaria situación de indiferencia defensiva y/o acusatoria, siendo sabido, o debiendo serlo, que el silencio, aun parcial, es susceptible de ser valorado en el contexto del acervo probatorio.

A propósito del relato de lso agentes que en relación al delito de quebrantamiento fueron testigos presenciales, ya p.e. la STS 10.10.2005 recuerda que las declaraciones de Autoridades y funcionarios de la Policía Judicial tendrán el valor de declaraciones testificales, apreciables como éstas según las reglas del criterio racional. Que estos funcionarios llevan a cabo sus declaraciones de forma imparcial y profesional, en el sentido de que no existe razón alguna para dudar de su veracidad, cuando realizan sus cometidos profesionales, teniendo las manifestaciones que prestan un alto poder convictivo, en cuanto no existe elemento subjetivo alguno para dudar de su veracidad, precisamente en función de la profesionalidad que caracteriza su cometido profesional, la formación con la que cuentan y la inserción de la Policía Judicial en un Estado Social y Democrático de Derecho, como es el nuestro, todo ello de conformidad con los artículos 104 y 126 CE, máxime cuando no nos encontramos con supuestos en los que la Policía está involucrada en los hechos como víctima o como sujeto activo.

Es asimismo sabido que el silencio es susceptible de ser valorado en el contexto del acervo probatorio y que incumbit probatio qui dicit, siendo deber del acusado la prueba de los hechos negativos e/o impeditivos ( ATS 13.06.03); el Tribunal Supremo, en p.e. STS 09.10.99, recuerda que la carga de la prueba obliga a cada parte a probar aquello que expresamente alegue, por lo que, así como sobre la acusación recae el onus de probar el hecho ilícito imputado y la participación en él del acusado, éste viene obligado, una vez admitida o se estime como probada la alegación de la acusación, a probar aquellos hechos impeditivos de la responsabilidad que para él se deriven de lo imputado y probado, hechos impeditivos que es insuficiente invocar sino que debe acreditar probatoriamente el que los alegue, pues no están cubiertos por la presunción de inocencia, ya que de otro modo se impondría a las acusaciones la carga indebida, y hasta imposible, de tener que probar además de los hechos positivos integrantes del tipo penal imputado, y de la participación del acusado, los hechos negativos de la no concurrencia de las distintas causas de exención de responsabilidad incluidas en el catálogo legal de las mismas, ya que la prueba de su existencia recae sobre el acusado, de acuerdo con los principios procesales "onus probandi" incumbit qui decit non qui negat".

Aun para en el supuesto de que se consideraran relatos enfrentados (del acusado y de la perjudicada de un lado, y de los PPNN actuantes de otro), es sabido ( STS 2ª 26.10.01), que si bien no suponen ni conllevan necesariamente su neutralización, deben ser objeto de valoración y consideración, lo que así ha acaecido en la sentencia objeto de recurso.

En el referido contexto, las afirmaciones del acusado/ahora recurrente en modo alguno justifican en los términos legal y jurisprudencialmente exigibles, el dictado de decisión distinta a la adoptada en la instancia, habiéndolo sido en sentencia razonada y razonable, sin que se aprecie, ni aun atisbe, error alguno en el proceso valorativo efectuado por la Juez a quo, que procede ser respetado por las razones anteriormente expuestas, por razonable y ajustado al resultado de las pruebas practicadas en el plenario, considerando la concurrencia de prueba incriminatoria suficiente, debiendo estarse a lo que se acordará.

SEXTO.- Se declaran de oficio las costas causadas en esta alzada en virtud de lo dispuesto en el artículo 240 de la LECr.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,