Sentencia Penal 271/2023 Audiencia Provincial Penal de Murcia nº 3, Rec. 60/2023 de 16 de octubre del 2023

PRIMERO. La sentencia apelada condena al ahora recurrente como autor de un delito de malos tratos en el ámbito de la violencia sobre la mujer, cometido en el domicilio común, del artículo 153, apartados primero y tercero, del Código Penal.

La resolución apelada llega a la convicción sobre los hechos que declara probados atendiendo fundamentalmente a la declaración de la víctima, respecto de la cual realiza un análisis detallado y exhaustivo. Concluye que tal declaración es suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia porque no concurren motivos de incredulidad subjetiva que pongan de relieve un posible móvil espurio, de resentimiento, venganza o enemistad; porque el testimonio es verosímil al estar afianzado por corroboraciones periféricas de carácter objetivo; y porque concurre a lo largo del procedimiento una persistencia en la incriminación, sin ambigüedades ni contradicciones.

SEGUNDO. El recurso denuncia, por un lado, vulneración del derecho de a un proceso con todas las garantías y a utilizar los medios de prueba pertinentes, por inadmisión de pruebas; por otro lado, error en la valoración de las pruebas; y, en último lugar, indebida inaplicación de la atenuante de dilaciones indebidas del artículo 21. 6ª del Código Penal.

Al recurso se opone el ministerio fiscal y la acusación particular.

TERCERO. Como primer motivo del recurso, se denuncia la vulneración del derecho de defensa, por inadmisión de pruebas. El letrado del acusado, al inicio del juicio, reprodujo la petición de prueba que había realizado con motivo del anterior juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal número 2 de Cartagena, cuya sentencia fue declarada nula en apelación por esta misma sección, precisamente por inadmisión de determinadas pruebas. Como veremos, las pruebas que en la referida sentencia 222/2022, de 31 de mayo, dijimos que habían sido indebidamente admitidas, se han practicado. Y, en cuanto a las demás, hemos de remitirnos a lo que dijimos en la sentencia citada, en la que ratificamos la decisión del juzgador de no admitirlas. En concreto, ratificamos la decisión de inadmisión de "la testifical de los policías locales de Los Alcázares que estuvieron en el lugar de los hechos", el "oficio dirigido al Servicio Murciano de Salud para que certifique el tratamiento médico y psiquiátrico, así como los días que doña Dolores ha estado ingresada en hospitales de dicha entidad o asistida en centros de salud mental de la Región de Murcia", el "oficio al Ayuntamiento de Los Alcázares para que remitiese informe sobre todas las llamadas que el Sr. Ángel Jesús había realizado desde 2017 hasta la actualidad, tanto a la Policía Local como al teléfono 112, pidiendo el auxilio policial para intentar frenar las agresiones físicas y la agresividad verbal de doña Dolores sobre él; y para que remitiese copia del informe policial emitido por los agentes de la Policía Local de ese ayuntamiento el día 6 de febrero de 2022, sobre las 20:00 horas", así como la "pericial consistente en que la Clínica Médico-Forense de Cartagena informase sobre la situación física y psicológica de doña Dolores, previa revisión de los informes médicos, y su incidencia en la capacidad volitiva de la misma para diferenciar los hechos reales de los inventados". Igualmente, se consideró procedente la inadmisión de la "comparecencia del médico forense para informar sobre su dictamen de 7 de febrero de 2022" y de la "documental relativa a la boda de la hija del denunciante y el pago de la misma (en enero de 2022), y anteriores denuncias".

Pues bien, como se ha avanzado, las mismas razones que condujeron a considerar tales pruebas como debidamente rechazadas en la sentencia de 31 de mayo de 2022 concurren ahora; todas las pruebas se consideraron improcedentes porque el recurrente "no la solicitó en su momento procesal oportuno". Decíamos en la sentencia que "en el procedimiento por juicio rápido las diligencias de prueba en que esté interesada la defensa se incorporan al plenario por dos vías, mediante solicitud en el escrito de defensa, conforme al art. 800, siempre de la LECrim, o en el propio juicio, por el cauce del art. 786.2, en este último caso si se pueden practicar en el acto". Seguíamos diciendo que "el primer cauce no fue empleado eficazmente en el supuesto de autos" porque las pruebas no fueron solicitadas en el escrito de defensa, sino después, de forma extemporánea y sin cobertura legal, sin que antes de la apertura del juicio oral se hubiera solicitado la conversión de las diligencias urgentes en diligencias previas. "Y la segunda opción era inviable, porque no podía practicarse en el juicio". Y, en cuanto a la opción esgrimida en el recurso, de que el juicio podía suspenderse para llevar a efecto aquellas pruebas por la vía del artículo 788.2 al que remite el artículo 746, igualmente se rechazaba "porque éste es de aplicación a las pruebas que se han pedido oportunamente y se han admitido por pertinente, y no un conducto para salvar los errores de la defensa, que no las propuso en tiempo". En definitiva, "la causa determinante de la denegación es imputable exclusivamente a la parte, lo que descarta cualquier atisbo de indefensión". Tal razonamiento, inicialmente expuesto respecto de la testifical de los policías locales, se hizo extensiva a todas las demás pruebas inadmitidas, añadiendo, respecto de la comparecencia del médico forense, que su informe no había sido impugnado.

Cierto que en la aludida sentencia se dejó al recurrente la posibilidad (como no podía ser de otro modo) de proponer prueba al inicio del nuevo juicio, conforme al artículo 786.2 del Código Penal. Pero siempre con las condiciones que dicho artículo establece; a saber, que puedan practicarse en el acto, sin que sea admisible, como dijimos, la suspensión del juicio para su práctica. Y, evidentemente, todas las pruebas que ahora pretende el recurrente no podían practicarse en el acto del juicio (ni la declaración testifical de los policías, que no estaban allí, ni la remisión de oficios y elaboración de informes).

Por último, en cuanto a las pruebas que dijimos que debían admitirse, se han practicado. Así, se practicó la declaración testifical de doña María Antonieta, de don Ovidio y de don Pelayo. En cuanto al informe de las actuaciones de la Policía Local de Los Alcázares, como ya dijimos, obra unido a las actuaciones (acontecimiento 15), de modo que la defensa pudo acceder al mismo (además, carece de relevancia a los efectos del presente procedimiento). Toda la documental aportada por el recurrente fue admitida (sin perjuicio de su valor probatorio, que ya dijimos en la sentencia de 31 de mayo de 2022 que no parecía que aportara "nada al esclarecimiento del incidente"). Y, por último, se dio traslado a la defensa del historial clínico de doña Dolores relativo a sus lesiones de rodilla en el acto del juicio. En cuanto a esta última prueba, al advertir que no se había dado traslado con anterioridad al juicio, se le facilitó a los letrados de las partes y al Ministerio Fiscal al inicio del mismo; y la magistrada a quo preguntó reiteradamente al Sr. Letrado del acusado si con su lectura en el acto se consideraba suficientemente ilustrado o si, por el contrario, necesitaba mayor tiempo para su estudio. Como se aprecia en la grabación, el letrado -ahora recurrente- de manera reiterada manifestó que no existía ningún problema y que se consideraba suficientemente ilustrado y preparado, de modo que ninguna indefensión puede considerarse que se le ha causado, cuando fue el mismo letrado el que, lejos de pedir la interrupción o aplazamiento del juicio, se mostró instruido como para celebrarlo. De hecho, resulta contrario a las reglas de la buena fe procesal que, tras efectuar dicha manifestación expresa (y reiterada) en el juicio, ahora se interponga recurso alegando indefensión por no habérsele dado traslado con anterioridad, dado que la magistrada, con buen criterio, le dio la opción de pedir un mayor tiempo para el estudio de la documental recibida.

En definitiva, las pruebas que se consideraron pertinentes en la sentencia de 31 de mayo de 2022 se han practicado. Y las que se rechazaron en dicha sentencia siguen siendo improcedentes porque, propuestas por la vía del artículo 786.2 de la LECRim, no podían practicarse en el acto del juicio.

CUARTO. El recurso, en segundo lugar, considera que la sentencia impugnada incurre en error en la valoración de las pruebas. Al respecto, como recuerda la STSJRM de 3 de noviembre de 2022, cuando la línea impugnativa del motivo es puramente probatoria conviene tener presente, como necesario punto de partida, cuál es el ámbito de actuación del tribunal de apelación cuando ha de resolver una impugnación por error probatorio contra sentencia condenatoria. Dice la STS 555/2019, de 13 de noviembre, con cita de las SSTS 162/2019, de 26 de marzo, y 216/2019, de 24 de abril, que la apelación constituye una segunda instancia no plena, alejada de un nuevo enjuiciamiento, de suerte que el órgano de apelación solo puede rectificar el relato histórico de la sentencia impugnada cuando un ponderado y detenido examen de las actuaciones ponga de relieve un claro error del juzgador que haga necesaria su modificación, con el único límite determinado por la inmediación en la percepción de la actividad probatoria.

De acuerdo con los mismos precedentes citados, «el tribunal de apelación puede valorar si la narración descriptiva contiene apreciaciones inexactas que conlleven inferencias erróneas; puede apreciar la existencia de errores de valoración evidentes y de importancia, de significación suficiente para modificar el fallo; puede apreciar la falta de valoración de algunas pruebas cuya apreciación conlleve una conclusión probatoria diferente y, en general, puede hacer un análisis crítico de la valoración probatoria, dejando al margen aquellos aspectos del juicio que dependen sustancialmente de la inmediación». Su función «no consiste en reevaluar la prueba, sino en revisar críticamente la valoración realizada por el tribunal de instancia», sin que pueda sustituir ésta por la propia, salvo si aprecia en la primera un error basado en parámetros objetivos y no en simples apreciaciones subjetivas sobre el peso o valor de determinadas pruebas.

Se trata, en definitiva, como se ha dicho en acertada síntesis, de llevar a cabo un juicio sobre el juicio del tribunal a quo. Pero sin que la pretendida falta de racionalidad en la valoración, infractora de la tutela judicial efectiva, sea identificable con la personal discrepancia del recurrente que postula su particular valoración de las pruebas en función de su lógico interés.

CUARTO. Dentro del anterior marco revisorio, entiende esta sala que los motivos suscitados en el recurso no pueden tener favorable acogida. Ninguno de los argumentos esgrimidos, ni siquiera globalmente ponderados, revelan una solución arbitraria, un razonamiento irracional o ilógico, o un error patente del tribunal de primera instancia, ni tampoco ha omitido analizar alguna prueba que posibilitase una conclusión probatoria diferente.

La juzgadora de instancia considera acreditado que el día 5 de febrero de 2022, encontrándose el acusado con su pareja en el domicilio familiar, tras una discusión entre ambos, la agarró del pelo y le golpeó en la cara, sufriendo aquélla como consecuencia lesiones consistentes en inflamación en región malar izquierda, excoriaciones en ambos laterales del cuello e inflamación en rodilla izquierda. Para ello, tras detallar con precisión el contenido de las pruebas personales practicadas (declaración del acusado, de la víctima y de los testigos), concluye que la declaración de la víctima resulta verosímil y suficiente para considerar acreditados los hechos declarados probados. Realiza una valoración extensa de tal declaración, y considera que en la misma concurren todos los parámetros que permiten considerarla creíble; ausencia de incredibilidad subjetiva, corroboraciones periféricas de carácter objetivo y persistencia en la incriminación.

El recurrente pretende sustituir la valoración probatoria precisa, objetiva e imparcial de la magistrada a quo por la suya propia, interesada, haciendo referencia a motivos espurios no debidamente acreditados, y a contradicciones que no son tales.

En la sentencia recurrida se razona debidamente sobre la ausencia de incredibilidad subjetiva. El letrado del acusado hizo referencia a un supuesto acuerdo económico entre el acusado y doña Dolores, con base en las manifestaciones del primero; sin embargo, dicha circunstancia -negada por doña Dolores- en absoluto ha quedado acreditada. Como se expone, también, en la sentencia, las partes no tenían relación matrimonial, de modo que no existe régimen económico matrimonial que haya de disolverse, ni hijos en común, de modo que no se aprecia qué interés podría tener doña Dolores en perjudicar al acusado.

También se hace referencia en la sentencia a diversas corroboraciones periféricas de carácter objetivo, tales como el reconocimiento de la discusión por parte del acusado (de cierta intensidad, puesto que provocó la presencia de la policía local); la declaración de Valeriano que relató haber oído gritar, a través del teléfono, a don Ángel Jesús, el día de los hechos; la asistencia de doña Dolores al CAVI de San Javier desde el 23 de julio de 2019 y desde el 18 de enero de 2022; la testifical de doña María Antonieta que relató que doña Dolores, en una ocasión anterior, llegó llorando al restaurante La Ponderosa afirmando que había discutido con Ángel Jesús, y ella le recomendó que fuera a la policía (de modo que hubo de relatar un episodio de cierta intensidad). Y, por último, como dato especialmente relevante, el parte médico e informe forense correspondiente, que objetivan unas lesiones plenamente compatibles con la agresión descrita, tales como rasguños a ambos lados de la cara, parte anterior del cuello e inflamación de rodilla. En cuanto a esta última lesión (la inflamación de rodilla), doña Dolores en ningún momento ha afirmado que su lesión de rodilla fuera causada en la agresión del día 5 de febrero de 2022, sino agravada; en ningún caso se niega por doña Dolores que padeciera una lesión anterior de rodilla, sino que relató una agravación de un estado patológico previo. Y, desde luego, no es objeto del presente juicio si dicho estado patológico previo tiene, o no, un origen traumático ni como fue causado. Lo que se discute, y ha de considerarse probado, es que el acusado propinó a doña Dolores un golpe en la rodilla, que agravó la dolencia que ya padecía.

Por último, tal y como se razona en la sentencia recurrida, el relato ofrecido por doña Dolores (que se considera preciso y detallado) se ha mantenido persistente en lo sustancial a lo largo de todo el procedimiento. Los hechos esenciales, objeto del juicio, se han mantenido inalterados a lo largo de todo el procedimiento; la llegada de Ángel Jesús a la vivienda, la discusión (por la cena) y la agresión, consistente en haberla agarrado del cuello, haberle tirado del pelo, haberle golpeado en la rodilla, cuando ella estaba en el suelo. Por la defensa se pretenden invocar contradicciones (sobre hechos periféricos, no esenciales) que realmente no son tales. Tal y como reprochó la propia víctima al letrado de la defensa, el Sr. letrado trató en diversas ocasiones de confundir a la víctima. Así, pretendió buscar una contradicción indicando que en la denuncia había afirmado que el acusado la había tirado por las escaleras en el domicilio en el que actualmente conviven, y no es así, puesto que como puede verse en el atestado, lo que afirmó es que " en una ocasión él la tiró por una escalera", como episodio desconectado del de 5 de febrero de 2022, que es objeto del juicio. Y en el juicio la recurrente explicó debidamente que el episodio en el que la tiró por las escaleras fue en una ocasión anterior en Los Alcázares. Tampoco es una contradicción relevante, a los efectos que nos ocupa, la discrepancia entre víctima y acusado acerca de si la relación empezó en 2018 o 2019 (máxime cuando doña Dolores comenzó afirmando que no recordaba bien). Por otro lado, se refiere el recurrente a posibles contradicciones entre lo declarado por doña Dolores en el primer juicio cuya sentencia fue anulada y lo declarado en el segundo juicio. Sin embargo, tales supuestas contradicciones (que, de nuevo, tal y como se describen en el recurso, no recaen sobre elementos esenciales, sino periféricos) no fueron debidamente introducidas en el plenario; el letrado en ningún momento preguntó a doña Dolores sobre dichas aparentes contradicciones para que pudiera explicarlas, de modo que hubieran podido incorporarse, por esa vía, al acervo probatorio y quedar sometidas a contradicción. Se introducen, sorpresivamente, por vía de informe, sin posibilidad de que doña Dolores las explique y sin que, por ello, pudieran ser sometidas a contradicción y valoradas por las demás partes en sus respectivos informes. Ciertamente, podría ser discutible si pueden valorarse las declaraciones prestadas en el juicio nulo; pero lo que es indudable es que, para que tales declaraciones puedan formar parte del acervo probatorio, es imprescindible que se introduzcan en el plenario (de modo similar a como exige el artículo 714 para las declaraciones prestadas en fase de instrucción).

Es absolutamente indiferente a los efectos que nos ocupan, si en una ocasión anterior doña Dolores pudiera haber agredido a don Ángel Jesús (episodio no denunciado y negado por doña Dolores).

Por otro lado, ningún testigo confirmó esos supuestos episodios de "autolesiones" a los que se refiere el recurrente, como argumento para socavar la credibilidad de doña Dolores. Nada tiene que ver una autolesión con la circunstancia de que en una ocasión anterior, doña Dolores llegara al restaurante La Ponderosa totalmente abatida porque afirmaba haber tenido una fuerte discusión con don Ángel Jesús, y que, en ese estado de ansiedad, se dejara caer al suelo y se quedara llorando (tal y como declararon María Antonieta y Ovidio). Discusión que, como hemos dicho, hubo de tener tintes delictivos, si una de las personas que estaba presente ( María Antonieta) le recomendó denunciar los hechos.

El recurrente afirma que se ha pretendido convertir la testifical de don Valeriano (yerno de doña Dolores) en testigo directo, pese a que es un mero testigo de referencia. En absoluto sucede así en la sentencia, que atribuye a tal declaración testifical el mero valor de elemento objetivo corroborador del testimonio -creíble- de la víctima, porque relató que había oído gritos del acusado, el día de los hechos, a través de una llamada telefónica. Realmente, la relevancia de dicha testifical es bastante limitada, y no viene más que a confirmar lo que el propio acusado reconoció, al admitir que tuvo lugar una discusión entre ambos. Por otro lado, no se advierte contradicción entre el hecho de que el acusado pagara algunas facturas de la boda de la hija de doña Dolores con el hecho de que ésta pudiera haberle entregado, también, dinero. También es absolutamente indiferente que doña Dolores esté conviviendo o no con otras personas en la vivienda que era el domicilio común.

QUINTO. Como último motivo del recurso, se reclama la apreciación de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas del artículo 21. 6ª del Código Penal.

Al respecto, debe decirse que por la defensa no se hizo referencia a tales supuestas dilaciones con motivo de su escrito de defensa, ni al formular sus conclusiones definitivas, de modo que no se ha permitido a las demás partes formular alegación en contrario. Además, y como consecuencia de lo anterior, no se concretaron las paralizaciones que, a juicio del recurrente, habrían supuesto una dilación extraordinaria en la tramitación del procedimiento en dichos momentos procesales.

Pero, en cualquier caso, el examen de las actuaciones conduce a rechazar la concurrencia de la atenuante, porque no se advierte la existencia de plazos prolongados de inactividad judicial. El día 7 de febrero de 2022 se incoó el procedimiento de diligencias urgentes, celebrándose el oportuno juicio y dictándose sentencia en fecha 16 de marzo de 2022. Interpuesto recurso de apelación el día 30 de marzo de 2022, y tras la oportuna tramitación, se dictó sentencia de apelación de 31 de mayo de 2022. Recibidas las actuaciones en el Juzgado de lo Penal, por providencia de 6 de marzo de 2023 se señaló el juicio para el día 12 de abril de 2023; y suspendido el juicio por no haberse podido citar a todos los testigos, se volvió a señalar para el día 24 de mayo de 2023, dictándose sentencia en fecha 30 de mayo de 2023.

Es cierto que entre la incoación del procedimiento de diligencias urgentes (el 7 de febrero de 2022) y la sentencia que ahora se recurre, han transcurrido quince meses. Pero no puede desconocerse que, en ese plazo, se ha celebrado un juicio, resuelto un recurso de apelación, recabado documentación y efectuado dos nuevos señalamientos de juicio. De modo que no puede considerarse que la dilación (desde luego rechazable) revista intensidad suficiente como para la apreciación de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas.

Pero es que, además, la apreciación de la circunstancia atenuante carecería de toda relevancia a efectos penológicos, toda vez que la concurrencia de una circunstancia atenuante, como la pretendida por la defensa, obligaría a imponer la pena en su mitad inferior ( artículo 66.1.1ª del Código Penal); y en nuestro caso, se ha impuesto la pena mínima, de conformidad con el artículo 153.1 y 3 del Código Penal.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,