Sentencia Penal 105/2023 Audiencia Provincial Penal de Murcia nº 3, Rec. 57/2022 de 30 de marzo del 2023

PRIMERO: En el momento actual procede recordar la previsión legal introducida con ocasión de la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales (publicada el 6 de octubre de 2015 y que entró en vigor el 6 de diciembre de 2015), que en materia como la suscitada establece en el artículo 790.2. Párrafo tercero: Cuando la acusación alegue error en la valoración de la prueba para pedir la anulación de la sentencia absolutoria o el agravamiento de la condenatoria, será preciso que se justifique la insuficiencia o la falta de racionalidad en la motivación fáctica, el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada.

Estableciendo en el artículo 792.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: La sentencia de apelación no podrá condenar al encausado que resultó absuelto en primera instancia ni agravar la sentencia condenatoria que le hubiera sido impuesta por error en la apreciación de las pruebas en los términos previstos en el tercer párrafo del artículo 790.2.

No obstante, la sentencia, absolutoria o condenatoria, podrá ser anulada y, en tal caso, se devolverán las actuaciones al órgano que dictó la resolución recurrida. La sentencia de apelación concretará si la nulidad ha de extenderse al juicio oral y si el principio de imparcialidad exige una nueva composición del órgano de primera instancia en orden al nuevo enjuiciamiento de la causa.

Lo expuesto configura un nuevo y preciso marco legal en orden a las sentencias absolutorias de instancia, respecto a las que se formule una solicitud de revocación por una censura en la valoración probatoria, que legalmente ya no pueden dar lugar, en ningún caso, a una pretensión de condena en la alzada, sino a la anulación de la sentencia y eventual nueva celebración del juicio oral, que es lo que se interesa.

Es por ello que, ante el alegato impugnatorio de la parte apelante, con relación a la valoración probatoria efectuado en la instancia, procede reflejar lo recogido en el Fundamento de Derecho Segundo de la sentencia recurrida: En el caso de autos, el resultado de la prueba practicada en el acto del juicio no permite establecer con la claridad y certeza que exige el enjuiciamiento penal la participación de Marcelino en los delitos de lesiones y de amenazas, constitutivos de violencia de género, de que viene acusado.

Así, dijo Candida en el acto del juicio que en la mañana del día 25 de marzo de 2.022, el acusado se levantó malhumorado y, después de marcharse al colegio la hija mayor del matrimonio, iniciaron ambos una discusión, en el curso de la cual empezó a insultar a la denunciante con las expresiones que constan en la denuncia inicial de esta causa y, con la intención de menoscabar la integridad física de la misma, la agarró por los brazos e intentó golpearla en la cara.

Por su parte, Marcelino dijo en el mismo acto que no se levantó de mal humor, ni insultó a su hija mayor, que fue a despertarle, pero sí reconoce que mantuvo una discusión con Candida, pero sólo de manera verbal, negando absolutamente que la cogiera por los brazos e intentara golpearla en la cara; antes al contrario, fue su esposa quien le causó a él un arañazo en la cara cerca del ojo, y no obstante haber sido aconsejado por su Abogado en el sentido de que acudiera a un centro médico y obtuviera un informe de lesiones, no quiso hacerlo, porque ya se le había borrado ese arañazo y, además, no tenía intención alguna de denunciar a su esposa por el bien de sus hijos. También negó el acusado que amenazara de muerte a su esposa, si realmente llamaba a la Policía, como le dijo que haría.

Partiendo de tan contradictorias e irreconciliables versiones sobre los hechos enjuiciados, expuestas por sus protagonistas, se trata de determinar si el resultado de la prueba practicada en el acto del juicio permite acoger la versión ofrecida por Candida, que es la que recogen los escritos de acusación; siempre sin olvidar que la declaración de la víctima, cuando es la única prueba de cargo, exige una cuidada y prudente valoración por el Tribunal sentenciador, ponderando su credibilidad en relación con todos los factores subjetivos y objetivos que concurren en la causa; ponderación que debe hacerse por el Juzgador, sin limitarse a trasladar, sin más, al hecho probado las declaraciones de la víctima, sino contrastando su contenido con los elementos probatorios concurrentes para confirmar su verosimilitud y credibilidad, obteniendo una conclusión razonable sobre la realidad de lo acontecido en ejercicio de la valoración en conciencia de la prueba practicada ( artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ), con las ventajas de la inmediación, por cuanto ve y oye directamente al testigo, percibiendo lo que dice y cómo lo dice, y tiene la posibilidad de valorar en su exacta dimensión sus gestos, palabras concretas y actitudes adoptadas en sus afirmaciones. Para ello las notas necesarias que el testimonio de la víctima debe reunir para dotarla de plena credibilidad como prueba de cargo, son las siguientes ( Sentencias del Tribunal Supremo de 19 de febrero de 2000 , 28 de octubre de 2002 y 19 de febrero de 2003 , entre otras):

a) Ausencia de incredibilidad subjetiva derivada de las previas relaciones acusado-víctima que pongan de relieve un posible móvil espurio, de resentimiento, venganza o enemistad, que pueda enturbiar la sinceridad del testimonio, generando un estado de incertidumbre incompatible con la formación de una convicción inculpatoria asentada sobre bases firmes. Y aunque todo denunciante tiene por regla general interés en la condena del denunciado, no por ello se elimina en forma categórica el valor de sus afirmaciones ( Sentencia de 11 de mayo de 1994 ).

b) Verosimilitud del testimonio que ha de estar rodeado de algunas corroboraciones periféricas de carácter objetivo obrantes en el proceso; lo que supone que el propio hecho de la existencia del delito esté apoyado en algún dato añadido a la pura manifestación subjetiva de la víctima. Exigencia que habrá de ponderarse adecuadamente en delitos que no dejan huellas o vestigios materiales de su perpetración ( artículo 330 Ley de Enjuiciamiento Criminal ).

c) Persistencia en la incriminación que debe ser prolongada en el tiempo, reiteradamente expresada, y expuesta sin ambigüedades ni contradicciones. Esto significa que la declaración ha de ser: concreta y precisa narrando los hechos con las particularidades y detalles que cualquier persona en sus mismas circunstancias sería capaz de relatar; coherente y sin contradicciones, manteniendo el relato la necesaria conexión lógica entre sus distintas partes; y persistente en un sentido material y no meramente formal, es decir, constante en lo sustancial de las diversas declaraciones.

Pues bien, no puede mantenerse que en las manifestaciones de Candida concurran las referidas notas; así, si bien pudiera afirmarse que concurra la nota del apartado c), persistencia en la incriminación y ausencia de contradicciones en los diferentes relatos ofrecidos por la víctima a lo largo del procedimiento, llama la atención que nada dijera la denunciante, ni en un primer momento en el Puesto de la Guardia Civil de DIRECCION000, ni, posteriormente, al declarar ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Lorca, sobre el arañazo que ella le causó al acusado cerca del ojo. Sólo se habló de este dato en el acto del juicio, una vez que ya había declarado Marcelino ante el Juzgado instructor en fecha 28 de marzo, porque anteriormente, tanto ante la Guardia Civil como en su primera comparecencia judicial (en fecha 26 de marzo), el acusado se acogió a su derecho a no declarar. Se trata de un extremo importante que Candida decidió silenciar en sus dos primeras manifestaciones en la causa, y sólo habló de ese arañazo en el acto del juicio, una vez que fue puesto de manifiesto por el acusado, en el sentido de que le causó ese arañazo cuando intentaba defenderse de la agresión del acusado, en lo que insistió en el acto del juicio. No existe prueba suficiente sobre el contexto en que se produjo ese arañazo cerca del ojo, ni la intencionalidad en su causación, si al intentar la denunciante defenderse frente a la agresión del acusado, como ésta mantiene, o con la intención de la misma de agredir al acusado, como éste dijo en el acto del juicio. Esta situación de parte de la víctima no puede por menos que restar la exigida credibilidad a su testimonio, al constatarse que omitió detalles de los hechos de relevancia y sólo habló de ellos cuando fueron puestos de manifiesto por el acusado.

Por otro lado, tampoco puede afirmarse que el testimonio de Candida venga apoyado en corroboraciones periféricas de carácter subjetivo añadidas a la pura manifestación subjetiva de aquella, para otorgar a la misma verosimilitud, pues las lesiones de las que fue asistida la víctima en el Servicio de Urgencias de Atención Primaria de DIRECCION000, sobre las 14:30 horas del día 25 de marzo de 2.022, no son hábiles a esos efectos, porque consta con claridad en el parte médico expedido con motivo de la asistencia médica recibida que Candida no presentaba "lesión objetiva externa alguna". No obstante, sí constata el referido parte médico que la víctima presentaba crisis de ansiedad, que pudiera deberse a múltiples motivos, teniendo en cuenta que la relación de pareja entre Candida y Marcelino se encontraba muy deteriorada, pues incluso dormían en habitaciones separadas de la vivienda desde varios meses antes (octubre de 2.021); una fuerte discusión es susceptible de desencadenar una crisis de ansiedad, y no necesariamente una agresión, respecto de la que no existe indicio físico alguno en el cuerpo de la víctima que permita pensar que llegara a tener lugar, pues en el mismo parte puede leerse: "refiere dolor hemicara derecha y brazos y piernas". No cabe duda de que si el facultativo hace constar esa expresión en el parte médico es porque no aprecia en la examinada signo externo alguno de lesión, como seguidamente se hace constar en el parte médico. El dolor en hemicara derecha y brazos y piernas es solo referido por la víctima, y en modo alguno pudo ser objetivado; pues de haberlo sido, se habría hecho constar así en el documento referido.

Pero es que, además, llama la atención que ese dolor, siempre por referencia de la perjudicada, se localice en hemicara derecha, cuando se dice en la denuncia, y consta en ambos escritos de acusación, que el acusado intentó golpear a su pareja en la cara, lo que implícitamente viene a significar que intentó golpearla, pero no la golpeó; de manera que, si no recibió golpe alguno en la cara, no se entiende que la denunciante refiriera dolor en hemicara; de no haber sido un mero intento, sí tendría sentido ese dolor que el parte expresa que la denunciante refiere.

Y, además, consta en el mismo documento que otra parte del cuerpo donde Candida refería que sentía dolor era en los brazos, lo que sería coherente con lo manifestado por la denunciante, en el sentido de que fue agarrada por el acusado por los brazos; pero en ningún momento dijo que fuera golpeada en las piernas y, en cambio, el parte médico dice que la denunciante refería también dolor en las piernas, lo que no encuentra apoyo alguno en las manifestaciones de Candida, que en ningún momento dijo que la agresión del acusado alcanzara a sus piernas.

En conclusión, el contenido del parte sobre la asistencia médica recibida por la perjudica en modo alguno viene a apoyar de manera objetiva el testimonio de la misma, pues, además de no describir lesión externa alguna, contiene referencias, por manifestaciones de Candida ante el facultativo que la examinó, sobre dolor en ciertas partes de su cuerpo, que no se corresponde con la versión de los hechos ofrecida por la misma.

Todo ello, sin olvidar que, tras la aparente sinceridad en las manifestaciones de la denunciante, prima la finalidad de poner término al matrimonio entre ambos, en cuanto que se estaba preparando toda la documentación para iniciar la tramitación del divorcio entre ambos; lo cual no viene a significar que se afirme que se trata de un denuncia, la inicial de esta causa, instrumental respecto de la finalidad última del divorcio, pero sí que la intención última de la denunciante es lograr la disolución del matrimonio, sin que pueda comprenderse cómo, si realmente viene siendo maltratada física y psicológicamente de manera reiterada, como relató en su declaración ante el Juzgado de Instrucción de 26 de marzo de 2.022, nunca haya formulado denuncia alguna, ni haya recibido tampoco asistencia médica de ningún tipo a raíz de alguna de las agresiones que refiere.

Considerando dicha valoración probatoria, el control de la alzada requiere en primer lugar determinar si en el análisis de la prueba se ha omitido alguna relevante, y se aprecia que no, por cuanto se han significado las declaraciones que podían aclarar extremos esenciales, así como la documentación médica aportada.

Lo que viene a censurar la parte recurrente es que determinados medios de prueba no se valoren en términos que, según su tesis, realzarían la versión de la denunciante, y que no habrían sido mencionados por el Juzgador de instancia, como que tanto la denunciante como el denunciado admitan que en el año 2012 hubo un episodio que dio lugar a una denuncia, a una orden de protección y a una condena; o que no se considere que complementario al parte médico de asistencia existe un informe al juzgado por malos tratos (cuyo tenor reforzaría la versión de la denunciante).

El episodio del año 2012 no refuerza la versión de la denunciante respecto a hechos denunciados y referidos a diez años después, por lo que su "ausencia" valorativa no entraña un debilitamiento del juicio valorativo recogido en la sentencia de instancia.

La existencia del informe adjunto al parte médico de asistencia procede del mismo servicio de asistencia del Servicio Murciano de Salud, y tampoco viene a introducir extremos de refuerzo relevante de la versión de la denunciante, ni desvirtúan los extremos objetivos que la información médica brinda, dado que desde el punto de vista médico no se aprecian vestigios lesivos en el cuerpo de la denunciante, y que el dolor lo refiera en hemicara, brazos y piernas (según el parte médico de asistencia) no altera la valoración judicial de instancia, dada la ausencia de signos externos en la piel (ni en la cara, ni en los brazos, ni en las piernas) y aunque se señalaba por la denunciante haber tenido contactos físicos en brazos (al agarrarla) y en la cara, no refería impactos o contactos en las piernas (no obstante referir dolor al médico en esa zona corporal).

Por otra parte, en orden al valor de las manifestaciones de la denunciante, frente a las manifestaciones del acusado (quien niega los hechos que se le atribuyen, salvo la existencia de una discusión verbal con su mujer, a raíz de la cual se marchó de su domicilio, y señalar que su mujer sí le produjo un pequeño arañazo en la cara), señala el Juzgador de instancia las debilidades que presenta el testimonio de la denunciante, no en su persistencia, sino en la ausencia de corroboraciones verificables y objetivas, además de poder responder la denuncia a la voluntad de adoptarse medidas que favoreciesen la ruptura matrimonial a través de un procedimiento rápido y simple como sería el derivado de la violencia de género.

Ante esta última indicación la parte recurrente alega que el proceso de recopilación de la documentación para dar lugar al proceso civil paralelo al penal se origina a raíz del auto que acordaba medidas de protección, no con anterioridad, por lo que esa prevención del Juzgador de instancia sería injustificada.

Al margen de poder responder el proceso civil de disolución matrimonial a la previa denuncia penal (actuaciones en paralelo en el Juzgado competente en materia de violencia de género), lo que sí es evidente es que había un deterioro muy importante de la relación afectiva/matrimonial, realidad que, en todo caso, no refuerza, pero tampoco debilita, el testimonio de la denunciante, que debe ser valorado en el contexto global de toda la prueba desplegada.

En consecuencia, las dudas surgidas en el análisis del Juez a quo sobre esos soportes probatorios, aunque puedan ser matizables, resultan razonables y fundados en orden a originarle una prevención sobre la capacidad convictiva del testimonio único de la denunciante para enervar la presunción de inocencia, al no verse corroborado en términos objetivables con el parte médico asistencial y existir factores valorativos que no reforzarían el testimonio de la mujer, tal y como se han significado en la sentencia de instancia.

Es por ello que ese juicio valorativo tiene también su proyección en las supuestas amenazas que la denunciante refiere haber sufrido de su pareja, al no verse reforzada esa manifestaciones con ningún dato corroborador, por cuanto, incluso en lo que se alega como "clima de dominación", existirían discrepancias de matiz en orden a las razones de la limitación de las relaciones sociales (según la denunciante, por afán de dominación, según el acusado, por razones económicas), y en cuanto a las restricciones económicas y de control de él sobre ella, tampoco se ha aportado dato alguno que refuerce lo expresado por la denunciante.

En definitiva, frente a las conclusiones del Juez a quo podrá sostenerse un criterio divergente, por sustentarse legítimas posturas frente a las judicialmente acogidas, pero lo que no cabe es apreciar injustificadas, extravagantes, irreflexivas o absurdas las valoraciones reflejadas judicialmente, que aparecen fundadas desde el punto de vista de su razonabilidad y racionalidad, especialmente en orden a generarle una duda fundada sobre la fuerza persuasiva inexcusable que debe alcanzarse con el testimonio único para enervar la presunción de inocencia.

Todo lo cual lleva a la desestimación del recurso de apelación interpuesto.

SEGUNDO: Se declaran de oficio las costas de esta alzada, en atención a los artículos 239 y 240.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al no apreciarse temeridad o mala fe procesal en la formulación del recurso de apelación, sino utilización de las vías legalmente previstas en el ordenamiento jurídico para mostrar la disensión frente a una previa resolución judicial.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.