Sentencia Penal 34/2023 A...o del 2023

Última revisión
04/05/2023

Sentencia Penal 34/2023 Audiencia Provincial Penal de Pontevedra nº 2, Rec. 809/2020 de 01 de marzo del 2023

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Orden: Penal

Fecha: 01 de Marzo de 2023

Tribunal: AP Pontevedra

Ponente: MARTA ELVIRA GARCIA MOSQUERA

Nº de sentencia: 34/2023

Núm. Cendoj: 36038370022023100022

Núm. Ecli: ES:APPO:2023:323

Núm. Roj: SAP PO 323:2023

Resumen:
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 2

PONTEVEDRA

SENTENCIA: 00034/2023

-

ROSALIA DE CASTRO NÚM. 5

Teléfono: 986.80.51.19

Correo electrónico: seccion2.ap.pontevedra@xustiza.gal

Equipo/usuario: LUI

Modelo: 213100

N.I.G.: 36008 41 2 2012 0000977

RP APELACION PROCTO. ABREVIADO 0000809 /2020

Juzgado procedencia: XDO. DO PENAL N.2 de PONTEVEDRA

Procedimiento de origen: PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000187 /2017

Delito: ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)

Recurrente: Fulgencio, MARITIMO RODEIRA , Estibaliz , Íñigo

Procurador/a: D/Dª SENEN SOTO SANTIAGO, SENEN SOTO SANTIAGO , JOSE PORTELA LEIROS , MARIA SANJUAN CARRIL

Abogado/a: D/Dª JOSE RAMON CUERVO GOMEZ, JOSE RAMON CUERVO GOMEZ , VIRGINIA BLANCO CORRAL , MARIA SALOME CANCELA ROMERO

Recurrido: MINISTERIO FISCAL

Procurador/a: D/Dª

Abogado/a: D/Dª

SENTENZA Nº 34/2023

==========================================================

ILMOS/AS SR./SRAS

Presidente:

D. JOSE JUAN BARREIRO PRADO

Magistrados/as:

DÑA. ROSA COLLAZO LUGO

DÑA. MARTA ELVIRA GARCÍA MOSQUERA

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Pontevedra, a un de marzo do dous mil vinte e tres.

Vistas pola Sección Segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra, formada polo Presidente, o Ilmo. Sr. Don José Juan Barreiro Prado, a Maxistrada Dona Rosa Collazo Lugo, e a Maxistrada suplente Dona Marta García Mosquera, as actuacións do recurso de apelación n.º 809/2020, seguidas como consecuencia do formulado contra a sentenza ditada polo Xulgado do Penal n.º 2 de Pontevedra no Procedemento Abreviado n.º 187/2017, sobre delito de estafa, e no que teñen sido parte, como apelantes Don Fulgencio e Marít imo Rodeira S.L., representados ambos polo Procurador Sr. Don Senén Soto Santiago e defendidos polo Letrado Sr. Don José Ramón Cuervo Gómez; Dona Estibaliz, representada polo Procurador Sr. Don José Portela Leirós e defendida pola Letrada Sra. Dona Virginia Blanco Corral, e Don Íñigo, representado pola Procuradora Sra. Dona María Sanjuán Carril e defendido pola Letrada Sra. Dona María Salomé Cancela Romero; e como apelado o Ministerio Fiscal. Ten sido Relatora Dona Marta García Mosquera, quen expresa o parecer da Sala, previa a oportuna deliberación e votación.

Antecedentes

PRIMEIRO.- Con data 28 de febreiro do dous mil vinte, o Xulgado do Penal n.º 2 de Pontevedra ditou Sentenza na que constan como feitos probados os seguintes:

"Probado y así se declara, que los acusados, los hermanos Fulgencio y Íñigo, ambos mayores de edad y cuyos antecedentes penales no constan, a lo largo de los años 2010-2012, bien directamente o a través de la mercantil MARÍTIMO RODEIRA S.L., de la que Fulgencio es su administrador societario y cuyo objeto social es la promoción, construcción y contratación de toda clase de edificios y obras, promoción, compraventa, adquisición de terrenos, edificios, solares y viviendas y demás actividades relacionadas con el sector de la construcción, se dedicaban a la venta de terrenos así como a la construcción de viviendas, así en los meses de octubre a julio de 2010 gestionaron la venta de la finca denominada DIRECCION000 o DIRECCION001 de la parroquia de DIRECCION002- Cangas do Morrazo, la cual constaba a nombre de Benita (suegra de Íñigo), respecto de la cual el procedimiento se encuentra archivado conforme al art. 383 de la LECRIM.

La citada finca fue objeto de segregación quedando como resultado dos fincas y la cesión de una parte al Ayuntamiento de Cangas, una parte de las fincas fue adquirida en primer lugar por contrato privado y después de la segregación por parte de Estibaliz, todas las gestiones respecto de la venta fueron realizadas por los acusados y ŽcondicionadoŽ a la construcción de una edificación por la mercantil MARÍTIMO RODEIRA gestionada por los acusados.

Mediante contrato privado otorgado por Benita, y como consecuencia de las gestiones realizadas por los acusados se procedió a la venta de la otra parte de la finca a Estibaliz el 18 de junio de 2010 por un importe de 12.000 euros y 3.000 euros que fueron abonados el 18 y 22 de junio de 2010 respectivamente.

Con posterioridad y como consecuencia de las desavenencias de los acusados en cuanto a la edificación que estaban realizando para Estibaliz, con la intención de obtener un beneficio patrimonial ilícito y de frustrar las legítimas expectativas a adquirir definitivamente la propiedad, ante los requerimientos para elevar a público el contrato privado, los acusados de común acuerdo procedieron a adquirir de Benita mediante escritura pública la parcela anteriormente vendida, a Marítimo Rodeira, representada por Fulgencio el 1 de febrero de 2012.

No consta que la titular registral transmitente de la finca doblemente vendida, Benita, hubiese obtenido lucro alguno de la operación gestionada por los acusados.

Desde la incoación de las diligencias previas el 27 de febrero de 2012 hasta la fecha de celebración del juicio oral, han transcurrido más de siete años, con períodos de inactividad prolongada en algunos casos por la actuación de los acusados y en otros, sin estar motivados por la complejidad de la causa ni imputables a la actuación de los acusados".

SEGUNDO.- Na devandita Sentenza, a decisión é do seguinte teor literal: "Que debo condenar y condeno a Fulgencio, como autor criminalmente responsable de un delito de estafa impropia del art. 251.2 y 3 del Código Penal, concurriendo la atenuante de dilaciones indebidas del art. 21.6.ª del Código Penal, a la pena de 1 año y 6 meses de prisión, con la accesoria legal de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y con imposición de las costas procesales por mitad.

Que debo condenar y condeno a Íñigo, como autor criminalmente responsable de un delito de estafa impropia del art. 251.2 y 3 del Código Penal, concurriendo la atenuante de dilaciones indebidas del art. 21.6.ª del Código Penal, a la pena de 1 año y 6 meses de prisión, con la accesoria legal de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y con imposición de las costas procesales por mitad.

En materia de responsabilidad civil: procede la declaración de la nulidad de la escritura de compraventa de la finca registral NUM000 del Registro de la Propiedad de Cangas de Morrazo y la elevación a público del documento privado otorgado por Dña. Estibaliz y Dña. Benita en fecha 18 de junio de 2010, supliendo judicialmente la intervención de la transmitente, Dña. Benita.

Y para el caso de que no pudiera materializarse dicha elevación a público del documento privado de compraventa por motivos registrales, se estima en dicho supuesto, la pretensión subsidiaria de abono de la indemnización a favor de Estibaliz, de la cantidad de 15.000 euros a cargo de los acusados conjunta y solidariamente, con los intereses legales devengados desde la fecha de su abono hasta su completo pago.

En concepto de daño moral por los perjuicios causados por la situación denunciada por los motivos referidos en el F. J. quinto de esta resolución, a favor de la perjudicada, la cantidad de 2.500 euros.

De dichas indemnizaciones responden conjunta y solidariamente los responsables penales, Fulgencio y Íñigo, y de forma subsidiaria la mercantil Marítimo Rodeira S.L.

No procede la condena como partícipe lucrativa del delito de Benita".

Por medio do Auto do Xulgado do Penal n.º 2 de Pontevedra de data 9 de marzo de 2020, procedeuse a emendar a anterior decisión, no sentido que segue: "Se añade al pronunciamiento del Fallo después del párrafo Žprocede la declaración de la nulidad de la escritura de compraventa de la finca registral NUM000 del Registro de la Propiedad de Cangas de MorrazoŽ, el siguiente párrafo: Žotorgada el 1 de febrero de 2012 ante la Notaría Ana Teresa Canoa Pérez con número 62 de protocoloŽ".

TERCEIRO.- Notificada ás partes constituídas a anterior sentenza formuláronse en tempo e forma recursos de apelación polas representacións procesuais dos acusados Fulgencio, Marítimo Rodeira S.L., e Íñigo e pola acusación particular exercida por Estibaliz, que foron admitidos, dándose traslado dos mesmos ás demais partes constituídas e ao Ministerio Fiscal.

CUARTO.- Os motivos que fundamentan os respectivos recursos son os que de seguido se expoñen.

I. A representación procesual de Fulgencio e Marítimo Rodeira S.L. basea o seu recurso de apelación nos seguintes motivos:

Primeiro motivo: Por infracción do principio acusatorio ao abeiro do art. 5.4 da Lei Orgánica do Poder Xudicial, e vencellado coas garantías do art. 24 da Constitución Española.

Segundo motivo: Por infracción, por aplicación indebida, do art. 248 do Código Penal.

Terceiro motivo: Por infracción, por aplicación indebida, do art. 251.2.º do Código Penal.

Cuarto motivo: Por falta de aplicación da eximente do art. 20.7.º do Código Penal.

Quinto motivo: Por non respectarse o principio de ultima ratio do Dereito penal.

II. A representación procesual de Íñigo funda o seu recurso nos seguintes motivos:

Primeiro motivo: nulidade de actuacións por vulneración do dereito de defensa de D. Íñigo.

Segundo motivo: por erro na valoración da proba.

Terceiro motivo: por infracción de normas do ordenamento xurídico, referida ao art. 251 do Código Penal, ao art. 21.6 e 66.1.2.ª do Código Penal, e aos arts. 238 e concordantes da Lei Orgánica do Poder Xudicial en relación co art. 24 da Constitución Española.

III. A representación procesual de Estibaliz impugna a sentenza polos seguintes motivos:

Primeiro motivo: por error de dereito por indebida aplicación da circunstancia atenuante de dilacións indebidas, contida no art. 22.6 CP.

Segundo motivo: Por erro na valoración da proba, con relación ao pronunciamento sobre a responsabilidade civil.

QUINTO.- Instruídas as partes dos recursos interpostos de contrario impugnaron a admisión dos mesmos. O Ministerio Fiscal, por escrito recibido o 9 de outubro do 2020, evacuando o trámite que se lle conferiu, interesou a desestimación dos recursos interpostos e a confirmación íntegra da sentenza recorrida.

SEXTO.- Remitidas as actuacións a esta Audiencia Provincial, e unha vez recibidas, formouse o correspondente Rolo, turnouse a ponencia e sinalouse día para deliberación e decisión.

SÉTIMO.- Na substantivación do presente recurso téñense observado as prescricións legais.

FEITOS PROBADOS

Acéptase o relato de feitos da sentenza recorrida, dándose aquí por reproducido.

Fundamentos

PRIMEIRO.- Ditada sentenza de instancia, na que resultan condenados Fulgencio e Íñigo dun delito de estafa impropia do art. 251.2 e 3 do Código Penal, do que foran acusados, declarando así mesmo a responsabilidade civil subsidiaria da mercantil Marítimo Rodeira S.L., interpuxéronse recursos se apelación por Fulgencio e Marítimo Rodeira S.L., Íñigo e Estibaliz.

O Ministerio Fiscal formulou oposición aos recursos interpostos.

SEGUNDO.- Recurso de Fulgencio e Marítimo Rodeira S.L.

O recurso, extenso e profuso, articúlase formalmente en cinco motivos que, sen prexuízo da súa síntese ou apreciación conxunta cando proceda, pasamos a resolver de forma correlativa. Advírtase que, dada a prolixidade das alegacións, con vistas á súa mellor comprensión, completa análise e axeitada resposta a todos os extremos formulados pola parte, óptase por subdividir este fundamento xurídico en apartados (respectivamente indicados con números romanos), dedicando o primeiro deles (I) en exclusiva ás manifestacións da parte contidas no seu primeiro motivo de apelación.

I. Alega como primeiro motivo infracción do principio acusatorio ao abeiro do art. 5.4 da Lei Orgánica do Poder Xudicial, e vencellado coas garantías do art. 24 da Constitución Española, sustentada nas seguintes consideracións:

1. Que a sentenza fai referencia a feitos non certos, non probados, e non mencionados nos escritos de acusación . En concreto: (1) que Fulgencio e Marítimo Rodeira, S.L. "se dedicaran a la venta de terrenos a lo largo de los años 2010-2012"; (2) que Fulgencio e Marítimo Rodeira, S.L. "gestionaron ambos la venta de una finca de Benita a Estibaliz y que dicha venta estuviere condicionada a la construcción de una edificación"; (3) que Fulgencio e Marítimo Rodeira, S.L. "gestionaron la venta de otra parcela a Estibaliz llevada a cabo el 18 de junio de 2010"; (4) que a escritura pública de dación en pago outorgada o 1 de febreiro do 2012 fora un "contrato simulado"; (5) que exista unha "posible responsabilidad civil derivada de un acta de 30 de enero del 2012 de abandono del contratista".

2. Que a sentenza chega a unha conclusión ilóxica e irracional por non ter examinado correctamente os elementos probatorios de descargo.

(1) Manifesta que non detalla a Sentenza cal foi a proba de signo acusatorio nin cal foi o raciocinio lóxico seguido para chegar á conclusión condenatoria:

(a) Afirma declaracións mendaces na fase de instrución e no xuízo de Estibaliz, Segundo e Torcuato;

(b) Sinala carencia de proba de cargo respecto da participación dos recorrentes no feito supostamente delitivo cometido o 01/02/2012, e máis en concreto que: (b.1.) non hai proba de que Marítimo Rodeira fose "xestionada por ambos acusados", é dicir, Fulgencio e Íñigo, pois este segundo non é socio nin administrador; (b.2.) non hai proba de que Fulgencio tivera intervención no outorgamento do contrato de venda en documento privado a Estibaliz da parcela o día 31 de marzo do 2010 nin, polo mesmo, coñecemento da súa existencia, pois Marítimo Rodeira contacta por vez primeira con Estibaliz en novembro do 2010, nin que tivera intervención no outorgamento do 5 de xullo do 2010 de elevación a público da venda anterior; (b.3.) non hai proba da intervención de Fulgencio no outorgamento do contrato de venda a Estibaliz doutra parcela levado a cabo en documento privado o 18 de xuño 2010 (e, polo tanto, que Fulgencio tivese coñecemento da súa existencia) (b.4.) non hai proba de que Fulgencio tivera esixido de Estibaliz, como condición das vendas anteriores, que a futura construción fose levada a cabo por Marítimo Rodeira S.L.; (b.5.) non hai proba de que Fulgencio e/ou Marítimo Rodeira S.L. tivesen percibido diñeiro (se tivesen lucrado) dos pagos realizados por Estibaliz os días 18 e 22 de xuño do 2010 en pago do prezo da parcela vendida o 18 de xuño 2010;

(2) Incorre en confusións evidentes: da por probado, cando non o foi (terceiro parágrafo dos feitos probados), que Íñigo e Fulgencio adquiriron de Benita en escritura pública o 1 de febreiro do 2012 a parcela anteriormente vendida a Marítimo Rodeira, S.L.

(3) Omisión de feitos probados que non recolle a sentenza e que constan acreditados (por proba documental): (a) Que o contrato de execución de obra foino mediante aceptación pola promotora ( Estibaliz) do presuposto emitido en xullo do 2010 polo contratista Íñigo, no que ningunha intervención tivo Fulgencio nin Marítimo Rodeira S.L.; (b) Que Íñigo subcontratou parte da execución da obra en setembro 2010 con Marítimo Rodeira, S.L., mercantil na que Íñigo nunca foi socio, nin administrador, nin apoderado, nin comisionista; (c) Que Marítimo Rodeira, S.L. foi subcontratada por Íñigo en novembro 2010, época na que coñece a Estibaliz (promotora); iniciou os traballos subcontratados, e outros fora de presuposto solicitados por Estibaliz, finalizando todos eles o 21 de xaneiro do 2012; (d) Que o importe total das obras realizadas por Marítimo Rodeira, S.L. ascende a 200.661,25 euros; (e, f) Que Marítimo Rodeira, S.L., o 21 de xaneiro do 2012 emitiu factura detallada por ese importe; do que xa percibira un total de 139.292,97 euros, dos cales, 45.000 euros foron entregados polo contratista Íñigo, e 94.292,97 euros pola promotora Estibaliz; deixando ambos solidariamente en débeda nesa data a Marítimo Rodeira a suma de 61.368,28 euros (non pagada a día de hoxe); (g) Que Íñigo, para redución parcial da débeda que tiña con Marítimo Rodeira procedeu á dación en pago do pleno dominio dunha parcela por valor de 9.000 euros, propiedade da súa nai política ( Benita); próxima, aínda que non lindeira (camiño público no medio) ao solar e edificación de Estibaliz; dación outorgada en escritura pública o 1 de febreiro do 2012. Unida a esa escritura consta: certificación do Catastro, segundo a cal, de dita parcela, "descoñécese o titular, por atoparse en investigación"; e advertencia da notaria autorizante de que a situación rexistral da parcela era unicamente a do Rexistro da Propiedade; (h) Que consta na causa o acto conciliatorio celebrado o 21/11/2017 no Xulgado de Primeira Instancia 3 de Cangas (n.º 165/2017) ao que foron chamados por Marítimo Rodeira os dous debedores solidarios: Estibaliz e Íñigo. Que en dito acto uniuse á acta un escrito asinado polo propio Íñigo, no que manifestou: (a) que foi el quen xestionou a venda da finca de Estibaliz en documento privado o día 31 de marzo do 2010, sen intervención ningunha nin de Marítimo Rodeira, nin do seu administrador, Fulgencio; (b) que foi el quen ofertou a Estibaliz a compra da outra parcela, compra que se levou a cabo en documento privado o 18 xuño 2010, sen intervención ningunha nin de Marítimo Rodeira, nin do seu administrador, Fulgencio e (c) que a fin de reducir a súa responsabilidade fronte a Marítimo Rodeira transmitiu a esta a propiedade dunha parcela, en cuxa transmisión Marítimo Rodeira e o seu administrador, Fulgencio, actuaron de boa fe, descoñecendo que o dominio da mesma xa fora transmitido a Estibaliz en documento privado o 18 de xuño 2010; (i) Que o 22 de marzo do 2018 o Xdo. Primeira Instancia n.º 3 de Cangas, no Procedemento Ordinario n.º 1/2018, ditou Decreto admitindo a trámite a demanda de reclamación dineraria formulada por Marítimo Rodeira contra a promotora Estibaliz e o contratista Íñigo, polo importe de 52.368,28 euros, resultante da diferencia entre os 61.368,28 euros debidos polo contrato de obra, menos os 9.000 euros do valor da finca transmitida pola nai política do contratista ( Íñigo) o 1 de febreiro do 2012, como pago parcial do crédito de 61.368,28 euros.

II. Entrando, pois, a dar resposta a este primeiro motivo de impugnación, polo que fai á alegación baseada no principio acusatorio en relación cos feitos reflectidos na sentenza e supostamente "non mencionados nos escritos de acusación", cómpre sinalar que os concretamente sinalados polo recorrente no ordinal 1 como (1), (2) e (3), si figuran nos escritos de acusación, tanto do Ministerio Público como da acusación particular. Respecto do feito numerado como (5) entendemos que, a máis de non ter sido incorporado ao relato fáctico, só é mencionado pola xulgadora como parte da argumentación explicativa da súa inferencia lóxica baseada na proba practicada, sobre os motivos que determinaron aos acusados a actuar como o fixeron, segundo a convicción á que chega a Xuíz (isto é, a intención de eludir posibles responsabilidades civís).

Algo distinto cabe dicir -se ben cos matices que de seguido se expoñen- en relación co feito indicado como número (4), referido a que a escritura pública de dación en pago outorgada o 1 de febreiro do 2012 fora un "contrato simulado".

Inicialmente, debe partirse de que tal feito non se consigna neses termos nos feitos probados, onde o que se reflicte é que os acusados, de común acordo, coa intención de obter un beneficio patrimonial ilícito e de frustrar as lexítimas expectativas de Estibaliz a adquirir definitivamente a propiedade, ante os requirimentos para elevar a público o contrato privado, " procederon a adquirir de Benita mediante escritura pública a parcela anteriormente vendida, a Marítimo Rodeira, representada por Fulgencio o 1 de febreiro de 2012 ".

Cómpre neste momento facer un inciso para aclarar que, partindo desta enunciación fáctica da Sentenza, no apartado 2.(2) das alegacións deste primeiro motivo, os recorrentes atribúen á Sentenza ter incorrido en confusións evidentes, ao dar por probado, cando non o foi, que Íñigo e Fulgencio adquiriron de Benita en escritura pública o 1 de febreiro do 2012 a parcela anteriormente vendida a Marítimo Rodeira, S.L. Pois ben, hai que precisar que non é iso o que cabe interpretar da dicción literal da pasaxe dos feitos probados que acabamos de reproducir. No seu caso, podería falarse dunha confusa redacción ou mellorable estrutura sintáctica da frase; pero o que realmente di é que os acusados procederon a adquirir " a Marítimo Rodeira" a parcela que fora anteriormente vendida. Xa que logo, estase a empregar a preposición "a" [ scil. Marítimo Rodeira] na acepción de "para"; acepción que recoñece o propio dicionario da Real Academia Española (en tanto que o texto está escrito en castelán).

Volvendo agora ao fío do discurso, estes feitos, que si foron postulados polas acusacións, son os que serven de base para a condena dos acusados por un delito de estafa impropia na súa modalidade de dobre venda ( art. 250.2.º do Código Penal), sendo este o concreto título de imputación polo que as partes acusadoras solicitaron a condena. Polo tanto, entendemos que os argumentos da ratio decidendi da resolución, referidos á figura do delito de estafa impropia por dobre venda, e o conseguinte pronunciamento de condena por esa específica modalidade delitiva respectan a congruencia coas acusacións, sen vulneración do art. 24 da Constitución Española.

Agora ben, observada de xeito máis pormenorizado a propia estrutura e contido da Sentenza, é certo que concorre unha infracción do principio acusatorio que, malia que non referida exactamente ao que a parte sinala, e (polo demais) cunha relevancia puramente formal (non substantiva), merece con todo ser corrixida nesta instancia.

Así, na fundamentación xurídica da Sentenza, aparece primeiramente unha digresión (na parte inicial do fundamento xurídico primeiro) sobre o eventual acomodo dos feitos á figura do contrato simulado. Podería pensarse que este particular fragmento da resolución, no que inicialmente falta calquera articulación directa cos concretos feitos aquí obxecto de debate, non tería máis valor que o dunha mera disquisición, propia dun pronunciamento obiter dictum. Mais é verdade que, no apartado de decisión, a Xulgadora fai expresa mención da condena aos respectivos acusados por " un delito de estafa impropia do art. 251.2 e 3 do Código Penal ". É dicir, menciona non só a modalidade de dobre venda ( art. 251.2.º do Código Penal), senón tamén a modalidade de outorgamento en prexuízo doutro dun contrato simulado ( art. 251.3.º do Código Penal).

A correlación, dende o punto de vista lóxico, entre o pronunciamento de condena polo delito do art. 251.3.º do Código Penal, e os feitos axuizados, é claro que non se establece a partir dos recollidos no relato de feitos probados, senón partindo de extremos fácticos que teñen sido introducidos na fundamentación da Sentenza. De xeito particular, e nun cabal entendemento dos termos da Sentenza, a decisión de condena polo art. 251.3.º do Código Penal só pode entenderse atendendo ás consideracións que a Xulgadora leva a cabo (insistimos, na fundamentación xurídica) en relación co documento privado de recoñecemento de débeda e dación de pago, de data 01/02/2012, no que interviñeron Benita (propietaria da finca e sogra de Íñigo), Íñigo (irmán de Fulgencio e contratista das obras pendentes de pagamento, subcontratadas a Marítimo Rodeira S. L.), e Marítimo Rodeira S.L., representada por Fulgencio (irmán de Íñigo, e administrador único da empresa, que fora subcontratada para realizar as obras); documento que consta por triplicado nos autos, nos folios 336, 337 e 348; e respecto do cal a Xuíz sinala que foi confeccionado motu proprio polos acusados Íñigo e Fulgencio, cunha " evidente finalidade defraudatoria". Entende a Sala que os feitos que a Xulgadora subsumiría no delito de outorgamento de contrato simulado serían estes, e non (tal e como parece entender o recorrente) aqueles outros consignados nos feitos probados e referidos á escritura pública desa mesma data (01/02/2012).

Con todo e con iso, ningún dos escritos de acusación postula a condena polo delito de estafa impropia na súa modalidade de outorgamento de contrato simulado, nin tampouco suscitan como obxecto do debate a simulación do documento privado de recoñecemento de débeda e dación de pago ao que se acaba de facer referencia.

Non obstante, é de sinalar que a cuestión analizada carece de relevancia substantiva no presente caso dende o punto de vista do respecto polo principio acusatorio e as garantías que comporta, que non se teñen visto substancialmente afectadas no suposto actual. Non descoñece a Sala a doutrina xurisprudencial que proscribe a integración, a través da fundamentación xurídica, de feitos nucleares que fundan a condena. Pero na análise que nos corresponde nesta instancia cabe sinalar: 1.º) que a cuestión relativa á simulación contractual non figura incorporada ao relato fáctico da Sentenza apelada; e 2.º) que a referencia que, na decisión da resolución se efectúa ao art. 251.3.º do Código Penal carece de calquera significación substantiva, en tanto que, acreditada a comisión do delito na modalidade de dobre venta, a eventual subsunción dos feitos así mesmo no apartado terceiro, nin comporta a aparición dunha situación de concurso de delitos (dado que ambos preceptos están en relación de concurso aparente de normas penais), nin no caso en particular ten sido valorada esa situación aos efectos de determinación concreta da pena a impoñer ( vid. fundamento de dereito cuarto da Sentenza).

En consecuencia, respectando o relato de feitos probados da Sentenza de instancia, e asumindo tamén que os mesmos son suficientes para o pronunciamento de condena dos acusados polo delito de estafa impropia do art. 251.2.º do Código Penal, non pode darse por concorrida a alegada vulneración do principio acusatorio.

Para chegar a esta conclusión partimos de que, mesmo se nun suposto similar, as acusacións tiveran postulado unha cualificación alternativa (ben polo art. 251.2.º, ou ben polo 252.3.º do Código Penal), o eventual pronunciamento, en similares termos que o presente, recollendo ambos preceptos na decisión de condena, podería entenderse como innecesario, dada a idéntica pena que corresponde a unha e outra modalidade delitiva.

En consecuencia, con independencia de que procede suprimir da redacción da parte dispositiva da Sentenza a referencia ao art. 251.3.º do Código Penal , non se estima vulnerado o principio acusatorio, toda vez que, como xa foi dito, os feitos probados taxativamente consignados, e a fundamentación xurídica correlativa, permiten estimar adecuada a dereito a decisión acadada.

Avanzando a outras cuestións do recurso, no mesmo motivo de impugnación que estamos a tratar, no apartado 2.(3) refírese novamente a parte á composición dos feitos probados da sentenza, pero neste caso para reivindicar aqueles que, no seu parecer, foron indebidamente omitidos. Ao respecto é de sinalar que corresponde á persoa que xulga, atendendo a aquilo postulado polas acusacións, a selección e declaración no relato fáctico da sentenza dos feitos que resulten relevantes para a subsunción xurídica, sendo suficiente con limitarse a facer mención a aqueles que sustentan a condena e que son resultado da proba practicada e directamente percibida polo órgano xudicial.

Como ten indicado o Tribunal Supremo (entre outras, STS 905/2021, de 24 de novembro), os feitos probados son a parte máis relevante da estrutura da sentenza, e reclaman, dende o rigor e a exactitude, a constatación de extremos relevantes como para permitir a adecuada subsunción da conduta no correspondente precepto substantivo, de forma que a relación de feitos, a súa cualificación xurídica e o decidido formen un todo congruente, sendo imprescindible a existencia dun relato de feitos que permita a súa comprensión non só pola persoa enxuizada, a quen afectan directamente, senón tamén polo tribunal que coñece da sentenza en vía de recurso, e tamén pola sociedade no seu conxunto.

Xa que logo, os aspectos accesorios ou non esenciais de cara á cualificación xurídica nin precisan nin deben ser incorporados ao relato fáctico da resolución. A determinación e concreción dos feitos probados, con restrición a aqueles que resulten relevantes para o proceso de decisión, deriva da necesidade de construír un relato aseverativo que poida servir de premisa fáctica dun siloxismo que poña en relación eses feitos coa descrición típica.

Atendendo ao anterior, non se aprecia no relato fáctico do presente caso a insuficiencia descritiva que a parte reclama. A sentenza de instancia recolle de xeito adecuado como feitos probados aqueles que, nunha valoración conxunta e completa da proba, a xulgadora considera como as únicas conclusións racionais, partindo das acusacións formuladas e do acontecido no xuízo oral.

Non lle é reprochable á resolución recorrida falta de claridade nin contradición; nin tampouco media a xuízo deste tribunal incongruencia por omisión no relato fáctico. Os concretos extremos que o recorrente bota en falta refírense todos eles á existencia da suposta débeda de Dona Estibaliz coa mercantil Marítimo Rodeira polas obras realizadas na parcela da súa propiedade, que terían quedado parcialmente non pagadas. Pero ese concreto feito -que non procede aquí discutir- resulta irrelevante en relación co título de imputación polo que foron condenados os recorrentes, motivo polo que non se observa o denunciado baleiro fáctico en relación con aquilo que os recorrentes consideran de esixible constancia. O feito de que subsistan reclamacións de cantidades (que haberán de ser resoltas na xurisdición civil) nin altera a ilicitude da operación de dobre venda nin pode alegarse, no sentido que suxire (aquí, de xeito implícito) a parte, como eventual causa de xustificación, na pretensión de facer pasar a adxudicación da finca a Marítimo Rodeira como pago parcial da cantidade debida (argumento que máis adiante articula de forma explícita como motivo cuarto do recurso, do que nos ocuparemos infra).

O respecto polo principio de inmediación obriga a manter a declaración de feitos probados feita pola xulgadora a quo se supera na alzada os controis de razoabilidade e a ausencia de erro patente e de arbitrariedade, sendo que no caso de autos o discurso da Xuíz é razoable, non reflicte erro, e a resolución, motivada de xeito suficiente, non presenta arbitrariedade. En consecuencia, procede confirmar que a descrición narrativa do relato sobre o que se asenta o pronunciamento do Xulgado é dabondo e idónea para acadar a súa conclusión condenatoria respecto da infracción castigada.

En estreito vencello coas anteriores impugnacións, denuncia o recorrente a través da articulación deste motivo unha suposta incongruencia omisiva da sentenza, aludindo a unha falta de exame de elementos de descargo propostos pola defensa. En canto a iso é de recordar que a xurisprudencia do TS describe o defecto procesual de referencia como aquel que se comete cando se omita toda resposta a algún dos puntos que tiveran sido obxecto de acusación ou de defensa. A doutrina xurisprudencial, plasmada entre outras na STS 573/2014, do 9 de xullo (FX 1.C) insiste en proclamar a necesidade de que concorran unha serie de requisitos para a constancia da efectiva presenza do vicio denunciado. Tales requisitos son:

a) unha verdadeira omisión, lagoa ou ausencia de pronunciamento sobre algún extremo, cometida polo xulgador e que non se poida suplir nin mesmo acudindo ao contido implícito da resolución;

b) que as pretensións ás que a omisión se refira teñan sido propostas, en tempo e forma axeitados, por calquera das partes; e

c) que as mesmas versen sobre cuestións xurídicas tales como a cualificación dos feitos, a aplicación de circunstancias modificadoras da responsabilidade criminal, a determinación da pena ou a responsabilidade civil consecuencia do ilícito axuizado, e non sobre a pretensión de que se dea resposta a determinados aspectos de simple contido fáctico.

Aplicando a anterior doutrina ao caso que nos ocupa, acontece que, ao ter cualificado o Xulgado os feitos como un delito de estafa impropia, na súa modalidade de dobre venda, motivando dabondo tal cualificación, é manifesto que se deu resposta, para excluíla sequera de forma tácita, á versión alternativa dos feitos que a parte postula. Máis é: alén diso, a propia lectura da sentenza (fundamento de dereito primeiro) permite concluír que a xulgadora tomou en conta no proceso de decisión todos os aspectos nucleares que o recorrente sinala como omitidos e que -no seu particular entendemento de parte- deberían ter derivado nunha solución absolutoria para os seus defendidos. En particular, a Xulgadora expón que a posterior transmisión da finca (a mesma finca que inicialmente fora vendida á Dona Estibaliz) por escritura pública de data 01/02/2012 a favor de Marítimo Rodeira S.L. (empresa contratista das obras encargadas por Estibaliz) trae causa do documento privado de recoñecemento de débeda de igual data (01/02/2012) subscrito pola titular rexistral das fincas (Dona Benita), o seu xenro (o acusado Íñigo) e Marítimo Rodeira S. L., representada polo acusado Fulgencio. A Sentenza valora precisamente este documento privado de débeda e os extremos nel consignados, se ben entende que hai que poñelo en relación coa acta de abandono da obra pola contratista, de data 30/01/2012, cuxo contido foi corroborado por diversas testemuñas no plenario, chegando a Xulgadora á conclusión, razoable e razoada, de que as desavinzas na execución das obras de construción foron a causa que determinou que os acusados confeccionaran o documento de recoñecemento de débeda e dación de pago no seu propio beneficio para eludir posibles responsabilidades civís derivadas da acta de abandono do contratista que un día antes emitira a promotora e a dirección facultativa da obra. E tamén fai referencia a Sentenza a ese extremo fáctico da débeda de Íñigo co seu irmán Fulgencio cando razoa sobre a exclusión de calquera responsabilidade como partícipe a título lucrativo de Dona Benita, sinalando que non se acredita nela tal condición " dado que supuestamente ofreció la finca ya vendida para el pago de la deuda de su yerno con su hermano por las obras de construcción de la vivienda unifamiliar de las que era promotora y propietaria Estibaliz" (fundamento xurídico primeiro, penúltimo parágrafo in fine). Tampouco descoñece a resolución impugnada a documental que acredita ter interposto a mercantil Marítimo Rodeira S.L. demanda de reclamación de cantidade contra Estibaliz e Íñigo; reclamación da que, porén, sinala que é promovida no ano 2017, xa concluída a instrución xudicial da presente causa.

Por conseguinte, non foron ignorados nin preteridos polo órgano xudicial os extremos fácticos salientados, senón oportunamente considerados, se ben nunha valoración discordante coa que os recorrentes postulan.

A anterior cuestión debe poñerse en relación coa análise da proba de cargo que fundou a condena, dando así resposta ao rebatemento da defensa sobre a suficiencia daquela, así como ás aseveracións de non ser certos ou/nin probados aqueles feitos sobre os que se asenta a decisión agora impugnada; pois, malia que se invoca no presente motivo de recurso a vulneración de dereitos fundamentais constitucionalmente recoñecidos, estase a cuestionar a valoración que da proba fixo o tribunal ante quen se practicou.

Así as cousas, é sabido que cando a cuestión debatida na apelación é a valoración da proba levada a cabo polo xulgador de instancia dentro das facultades que lle confire o ordenamento xurídico, e sobre a base da actividade desenvolvida no xuízo baixo os principios de inmediación, contradición e oralidade, debe recoñecerse singular autoridade á apreciación das probas feita polo Xuíz diante de quen se practicaron. De aí que, cando o tribunal de apelación revisa a proba na segunda instancia debe, nun principio, respectar a facultade de valoración en conciencia das probas practicadas que teña feito o tribunal a quo, sempre que tal proceso valorativo apareza motivado e razoado de xeito adecuado na sentenza.

No sentido manifestado pola STC 180/2021, do 25 de outubro (FX 3, con cita doutras anteriores), a necesaria imparcialidade obxectiva do tribunal de apelación require que este se limite a un exercicio de función de control e depuración da racionalidade da sentenza de instancia, sen efectuar valoracións que resulten substancialmente idénticas ás que serían propias dun xuízo de fondo sobre a responsabilidade penal. Pola súa banda, a STS 136/2022, do 17 de febreiro (FX 5) sostén que unha determinada valoración probatoria só pode ser tachada de irracional cando se empregan criterios de atribución de valor aos datos de proba que respondan a fórmulas epistémicas absurdas, a máximas de experiencia non identificables ou ao espido pensamento máxico, ignoto ou inexplicable; mais non cando o tribunal encargado da revisión identifica outras fórmulas de atribución de valor que produzan un resultado probatorio máis consistente ou convincente.

En palabras da STS 96/2021, de 4 de febreiro, (FX 1.2): " La jurisprudencia, en este sentido, es abundante y, por mencionar a alguna STS, acudiremos al resumen que encontramos en la 64/2016, de 8 de febrero de 2016 , que dice como sigue: `la misión de un tribunal de casación, cuando conoce de la impugnación por denuncia del derecho a la presunción de inocencia, no es la de decidir el relato fáctico, ni elegir la actividad probatoria a valorar, sino controlar la función jurisdiccional realizada por otro tribunal que ha percibido de forma inmediata la prueba y para ello ha de examinar la existencia de una actividad probatoria ilícita y regular, la suficiencia de esa actividad probatoria como prueba de cargo capaz de enervar el derecho que asiste al imputado, y comprobar la racionalidad de la motivación expresada en la sentencia, como obligación del tribunal y como explicación su función [sic.] realizadaŽ".

En resumo, non é función deste tribunal levar a cabo unha nova valoración da proba, suplantando as funcións valorativas do tribunal de instancia por outras propias.

No presente caso, a conclusión acadada pola sentenza impugnada e os argumentos expostos nos que se basea, poderá ser compartida ou non, pero non pode ser tachada de ilóxica nin irracional.

A sentenza, no seu fundamento de dereito primeiro, fai unha pormenorizada relación dos elementos probatorios que sustentan a condena e razoa de maneira suficiente a convicción acadada, tanto respecto da realidade histórica dos feitos que declara como probados, como verbo da conclusión condenatoria, con enervamento do dereito á presunción de inocencia que amparaba a cada un dos recorrentes. Esta Sala considera razoable que o Xulgado dea por probados os feitos que constitúen o substrato fáctico sobre o que se asenta o delito de estafa impropia na modalidade de dobre venda polo que condena, tras contar coa proba documental que reflicte, así como as declaracións testificais practicadas no plenario. En resumo: asumir como inconsistente a versión da defensa non resulta contrario ás regras da lóxica, que a xulgadora respecta.

Como xa foi sinalado, o feito de que puidesen existir débedas pendentes de pagamento por parte de Dona Estibaliz en favor de Marítimo Rodeira, non habilita para pretender seren (parcialmente) cobradas a través da venda penalmente ilícita, por existir unha primeira da mesma finca a favor de Dona Estibaliz, prexudicando os dereitos de adquisición desta última.

Segundo sinala o Auto do TS 320/2021, do 22 de abril, recollendo a doutrina xurisprudencial ao efecto, a vía de erro na apreciación da proba esixe, como requisitos, os seguintes: en primeiro lugar, ten que fundarse nunha verdadeira proba documental, quedando excluídas as probas persoais, aínda que estean documentadas na causa; en segundo lugar, que o documento sexa literosuficiente, é dicir, que polo seu propio contido, e sen ter que recorrer a outras probas nin a conxecturas ou complexas argumentacións, evidencie o erro cometido polo xulgador ao consignar algún elemento fáctico ou material da sentenza; en terceiro lugar, que sobre o mesmo extremo non existan outros elementos de proba, pois nese caso trátase dun problema de valoración sometido ás regras xerais que lle son aplicables; e por último, en cuarto lugar, que o dato ou elemento acreditado polo particular do documento designado polo recorrente teña virtualidade para modificar algún dos pronunciamentos da decisión, pois se afectara a elementos fácticos carentes de tal virtualidade o motivo non pode prosperar, pois o recurso se da contra a decisión e non contra os argumentos de feito ou de dereito que non teñen aptitude para modificalo.

No suposto sometido agora a análise, é preciso sinalar en primeiro lugar que, fronte ao afirmado pola parte nas súas alegacións, os documentos referidos no apartado 2.3., letras (h) e (i) deste primeiro motivo do recurso non figuran en ningún dos 792 folios dos que consta a causa remitida a esta Audiencia (aos que se engadiu, sen foliar, a documentación aportada pola acusación particular no acto do xuízo -parcialmente, xa contida nos folios 709 a 713), e que teñen sido revisados polo miúdo pola Sala. O único que consta nas actuacións (en relación coa reclamación de cantidade) é copia do escrito de data 31 de marzo de 2017, de solicitude de conciliación, presentado pola representación procesual de Marítimo Rodeira S.L. ante o Xulgado de Primeira Instancia de Cangas contra Estibaliz e Íñigo; documento que foi aportado (entre outros) xunto co escrito de defensa presentado no presente procedemento por Marítimo Rodeira S. L. (folios 349, 349 volto e 350).

Pero non consta na causa, como afirma o recorrente, o acto conciliatorio supostamente celebrado o 21/11/2017 no Xulgado de Primeira Instancia 3 de Cangas, nin tampouco o Decreto de 22 de marzo de 2018 do mesmo Xulgado admitindo a trámite a demanda de reclamación de diñeiro formulada por Marítimo Rodeira contra a promotora Estibaliz e o contratista Íñigo (documentación que, de ser o caso, debería ter sido aportada nun momento posterior ao da finalización da Instrución do presente procedemento, pois vai referida a feitos posteriores ao Auto de apertura do xuízo oral, de data 18 de outubro de 2016 -folio 272 e seguintes das actuacións).

Prescindido pois dos sinalados documentos, que non obran nas actuacións, os restantes elementos de proba documental enténdense xa valorados pola Xulgadora, e esta Sala ten que insistir en que os extremos fácticos que deles se derivan non son relevantes para a decisión sobre a condena polo delito de estafa do art. 251.2.º do Código Penal e carecen de virtualidade para modificar a decisión. Así, o presuposto emitido en xullo do 2010 polo contratista Íñigo (obrante ao folio 156); a factura do importe total das obras realizadas, xunto coa liquidación emitida por Marítimo Rodeira S.L. o 21/01/2012, da que se deriva a suma non pagada (folio 335), e a escritura pública de compravenda da finca como dación en pago parcial da débeda de Íñigo con Marítimo Rodeira (folios 248 e seguintes) non desvirtúan o feito penalmente típico, por máis que o recorrente insista no seu empeño de facer pasar a dobre venda ilícita como lexítimo exercicio do dereito de cobro por parte de Marítimo Rodeira e de Fulgencio (administrador único da mercantil).

Por último, no apartado 2.(1) deste primeiro motivo, alega o recorrente que a resolución non detalla cal foi a proba de signo acusatorio que levou á condena. Dentro dese apartado, imputa declaracións mendaces na fase de instrución e no acto de xuízo oral a Estibaliz, a Segundo (quen fora parella de Estibaliz), e a Torcuato (arquitecto técnico). En relación con esta cuestión, e sen prexuízo de que a parte nin especifica cales serían en concreto tales declaracións mendaces nin puntualiza en que medida serían relevantes para a decisión, hai que estar á consolidada doutrina xurisprudencial que impide unha valoración en segunda instancia de probas persoais, respecto das que se carece de inmediación.

Por outra banda, o apelante afirma carencia de proba de cargo en relación cos diversos aspectos xa sinalados supra (na previa exposición descritiva das alegacións do recurso) , referidos á implicación dos recorrentes nos feitos.

Ao respecto cómpre dicir que, prescindido daqueles extremos intranscendentes que tampouco foron consignados na resolución (como o feito de que Fulgencio e/ou Marítimo Rodeira S.L. se tivesen lucrado dos pagos realizados por Estibaliz os días 18 e 22 de xuño do 2010 en pago do prezo da parcela vendida o 18/06/2010), os restantes aspectos veñen referidos a conclusións acadadas pola Xulgadora en relación coa intervención dos acusados nos distintos momentos do devir dos acontecementos; e en particular, á implicación de ambos ( Íñigo e Fulgencio) na operación de adquisición mediante escritura pública por parte de Marítimo Rodeira o día 01/02/2012 da finca inicialmente vendida a Estibaliz, despois de entender que os dous irmáns actuaron de maneira acordada dende a primeira venda da finca a Dona Estibaliz (finca onde se levaron a cabo as obras), e polo tanto con pleno coñecemento de que a finca adquirida por Marítimo Rodeira xa fora alleada a Estibaliz mediante documento privado.

Trátase de inferencias lóxicas que, a xuízo desta Sala, obedecen á facultade de valoración da proba que corresponde ao órgano de axuizamento, e que respectan os estándares de racionalidade que lle son esixibles. En definitiva, consideramos que o proceso valorativo da proba efectuado polo tribunal a quo cobre o xuízo de revisión que nos corresponde.

En conclusión, o motivo só merece a parcial acollida que foi exposta, en relación coa supresión da referencia ao art. 251.3.º do Código Penal no apartado de decisión, debendo ser rexeitado en todo o demais.

III. Como segundo motivo do recurso de Fulgencio e Marítimo Rodeira S.L. alégase infracción, por aplicación indebida, do art. 248 do Código Penal .

Resumidamente, expón o recorrente que o delito de estafa (propia ou impropia) require da concorrencia do ánimo de lucro e dun engano bastante, non concorrendo estes elementos en Marítimo Rodeira nin no seu administrador, en tanto que eles non se atribuíron facultade de disposición do inmoble e actuaron de boa fe no acto do 1 de febreiro do 2012 ao adquirir a parcela como pago parcial dun crédito.

O motivo non merece ser acollido, en tanto que o título de imputación polo que se ditou sentenza condenatoria non foi o delito de estafa propia do art. 248 do Código Penal, senón o delito contemplado no art. 251.2º do Código Penal, constituído pola denominada estafa impropia de dobre venda, respecto da cal é doutrina unánime que non precisa da concorrencia do elemento nuclear do engano bastante (que si require, pola contra, o art. 248).

A propia incriminación expresa destas condutas de defraudación sancionadas no art. 251 do Código Penal e a súa designación como «estafas impropias» responde á súa configuración como figuras autónomas, que non esixen a concorrencia de todos e cada un dos elementos previstos no art. 248 relativos á estafa. Esta é a doutrina sentada xa na STS 1809/2000, do 24 de novembro (FX 4.C) e reiterada, entre outras en STS 203/2006, do 28 de febreiro (FX 5), que conclúe: "En definitiva, en estas figuras de estafa impropia del art. 251 CP el engaño aparece implícito en cada una de ellas, como ocurre en estos casos de doble venta, en los cuales ese engaño se encuentra en la segunda operación al ocultar que antes había realizado ya otra, mediante la cual se había despojado de su titularidad, aunque, como aquí ocurrió, esa titularidad constase formalmente en el Registro de la Propiedad al que no pudo tener acceso el documento privado con el que se realizó la primera compraventa". Máis recentemente STS 633/2021, do 14 de xullo (FX 3.3., e con remisión á STS 257/2012, do 30 de maio): " Respecto de estos supuestos, esta Sala ha expresado que el tipo penal tiene plena autonomía del delito de estafa común, de modo que no precisa de los elementos de ésta. El delito no requiere que el perjuicio del primer adquirente resulte de una maniobra engañosa que haya determinado el acto de disposición, sino que este daño derive de una conducta posterior realizada con un tercero. El tipo sólo exige que, habiendo sido efectuada la venta y antes de la definitiva transmisión, el bien se venda nuevamente a otro o se grave la cosa".

En consecuencia, desestímase o motivo.

IV. Como terceiro motivo do recurso de Fulgencio e Marítimo Rodeira S.L. alégase infracción, por aplicación indebida, do art. 251.2º do Código Penal .

Basicamente expoñen aquí os recorrentes que nin foi probado, nin concorren neles as condicións de autoría nin de posible cooperación necesaria no delito do art. 251.2º CP, en tanto que nin Fulgencio nin Marítimo Rodeira allearon a finca, e que actuaron de boa fe aceptando a parcela como dación en pago parcial, e non de mutuo acordo coa propietaria Benita nin co seu xenro Íñigo.

Trátase, xa que logo, de dúas cuestións que, se ben vinculadas, pódense desdobrar nas seguintes: por unha banda, as condicións de autoría respecto de Fulgencio (pois Marítimo Rodeira -mercantil á que el representa- é un mero responsable civil), e por outra banda, como segunda cuestión, a boa ou mala fe coa que actuou cando adquiriu a finca por escritura pública. Esta última, que apela ao desvalor subxectivo do actuar doloso de Fulgencio no momento de adquirir a finca previamente alleada a Estibaliz, será completada con ocasión do rebatemento do motivo cuarto do recurso, sen prexuízo das consideracións que agora proceden en relación (esencialmente) coa cuestión referida á afirmación da autoría no delito polo que foi condenado (autoría que, por descontado, require dolo no axente).

Como punto de partida convén recordar que, articulado o presente motivo de recurso pola vía de error iuris do art. 849.1.º da Lei de Axuizamento Criminal, e descartada, no anterior motivo primeiro, alteración algunha no relato fáctico da sentenza de instancia, temos que pasar por un escrupuloso respecto aos feitos probados da sentenza recorrida para darlle resposta.

Debe partirse asemade de que a parte recorrente non pon en dúbida nin a existencia nin a eficacia xurídica da documental da que deriva a concorrencia dunha dobre venda sobre o inmoble: dunha parte, o contrato privado de compravenda polo que a finca en debate foi inicialmente vendida a Dona Estibaliz, e doutra parte, a escritura pública en virtude da cal foi a mesma finca alleada a Marítimo Rodeira S.L.

En consecuencia, non son debatidos os extremos fácticos nos que se basea a subsunción dos feitos no delito de estafa impropia por dobre venda, contemplado no art. 251.2.º do Código Penal, fundamento da condena.

Como sinala a STS 46/2009, de 27 de xaneiro (FX 2), existindo un título traslativo, como é un contrato privado de compravenda, aínda que non exista a traditio real ou ficticia como modo de adquirir, ao concorrer un ius ad rem ou vocación próxima ao dereito real, a constitución posterior do gravame integra o tipo delitivo. Porque ese ius ad rem, obrigacional na súa orixe e real na súa finalidade, é un dereito que recae sobre cousas específicas e resulta incompatible con calquera outro que se lle contrapoña, e presenta ademais unha natureza sui generis que se aproxima máis ao dereito real que ao dereito obrigacional. Continúa a sentenza sinalando que " Por consiguiente, con la celebración del contrato de compraventa se pierde la facultad dispositiva sobre el bien, y al vendedor de un inmueble en contrato privado, aunque la venta no fuese seguida de tradición real o ficticia, le queda rigurosamente prohibido disponer de lo ya vendido, con la trascendencia punitiva prevista en el art. 531" (hai que aclarar que a Sentenza refírese ao art. 531 do Código Penal de 1973, precepto homólogo, naquel código, ao actual art. 251 do texto punitivo vixente). A sentenza reproduce a continuación o sinalado na STS 704/2001, do 30 de abril (FX 11): " Qué duda cabe que el titular de la propiedad comprometida en venta y no transmitida todavía definitivamente mantiene el derecho de propiedad. Sin embargo tiene prohibido gravar el inmueble con hipotecas defraudando de esa manera a los futuros propietarios. Tal prohibición se encontraba en el art. 531 del C.P. de 1973 y sigue vigente en el actual art. 251.2ª del C.P . Ello demuestra que el ejercicio del derecho de propiedad no opera sin más como causa de justificación y que, por regla general, no tendrá nunca los efectos de una causa de justificación cuando produzca daños a terceros. En esta materia rigen los principios generales de las causas de justificación, según los cuales el ejercicio de los derechos que ellas confieren no justifican las lesiones a los derechos de personas ajenas a la situación en la que tales derechos se reconocen".

Así as cousas, o que o recorrente cuestiona é que non se dan as condicións de autoría en Fulgencio respecto do delito polo que foi condenado. Non se comparte a discrepancia amosada pola parte, de que Fulgencio puidera descoñecer a existencia da previa venda a Estibaliz cando adquiriu a finca para Marítimo Rodeira. Basta con remitirnos aos feitos probados e á fundamentación da sentenza impugnada para comprender que son múltiples os indicios que sosteñen a inferencia de que tiña que coñecer a venda previa da finca en cuestión (a relación co seu irmán -xenro da dona da finca-, a realización por parte de Marítimo Rodeira das obras da vivenda de Estibaliz, o feito de que as dúas parcelas fosen consecuencia da segregación sobre a finca orixinal da que Estibaliz adquirira inicialmente a parcela onde construíu a vivenda e nas mesmas datas a finca obxecto de debate, a acta de abandono da obra por parte de Marítimo Rodeira por desavinzas na execución das obras de data inmediatamente anterior á operación de adquisición, etc.).

E respecto da imputación do delito a título de autor, é de sobra coñecido que a xurisprudencia constante do TS ven interpretando a coautoría (expresada no art. 28 do Código Penal como "realización conxunta" do feito) consonte á teoría do dominio funcional do feito, segundo a cal, para considerar coautores aos diversos intervenientes nun delito é suficiente con que concorra, como elemento subxectivo, a existencia dunha decisión conxunta, e, como elemento obxectivo, un dominio funcional do feito, coa aportación ao mesmo dunha acción esencial na fase executiva. En consecuencia, e malia que un sector minoritario da doutrina penal defende teorías máis restritivas (nomeadamente, a teoría da determinación obxectiva e positiva do feito, a través da realización da acción típica nuclear, defendida por Luzón Peña e Díaz e García Conlledo), o certo é que a doutrina maioritaria e a xurisprudencia consolidada consideran suficientes os requisitos anteditos para imputar o feito reciprocamente entre os que actúan baixo aquelas condicións.

Aínda que son innumerables as resolucións nas que así se establece, baste citar por todas a STS 672/2021, do 9 de setembro, FX 5 (con ulteriores referencias): " Según la teoría del dominio del hecho, son coautores los que realizan una parte necesaria en la ejecución del plan global aunque sus respectivas contribuciones no reproduzcan el acto típico, siempre que, aun no reproduciéndolo, tengan el dominio funcional del hecho, de suerte que sea éste, en un sentido muy preciso y literal, un hecho de todos que a todos pertenezca. Al respecto, se afirma que entre los coautores se produce un vínculo de solidaridad que conlleva la imputación recíproca de las distintas contribuciones parciales; esto es, cada coautor es responsable de la totalidad del suceso y no sólo de la parte asumida en la ejecución del plan conforme a un criterio de la distribución de funciones. Esta responsabilidad alcanza a lo que se ha denominado cooperadores no ejecutivos pero que contribuyen de manera objetiva esencial en lo causal pese a ser ajena al núcleo del tipo. La realización conjunta del hecho sólo requiere que los coautores sumen conscientemente sus actos en función de una finalidad objetiva común manifestada en la acción".

Xa que logo, a coautoría non é unha suma de autorías individuais, senón unha forma de responsabilidade pola totalidade do feito ( STS 592/2021, do 2 de xullo, FX 7), entendendo o TS que non pode ser só autor quen executa a acción típica, isto é, o que realiza a acción expresada polo feito reitor do tipo, senón tamén todos os que dominan en forma conxunta o feito (dominio funcional).

Aplicando a anterior doutrina ao caso agora en exame, resulta claro que cando Fulgencio, actuando en nome de Marítimo Rodeira, adquiriu de Benita en escritura pública a finca previamente vendida por contrato privado a Estibaliz, realizou unha aportación esencial para a consumación da dobre venda. E polo que fai ao acordo previo co seu irmán Íñigo, a Xuíz a quo contou con proba de cargo suficiente, aínda que fora indirecta ou indiciaria, para chegar a esa conclusión.

En atención ao exposto, o motivo non pode ter favorable acollida.

V. Os motivos cuarto e quinto deben ser resoltos de xeito conxunto, tendo en conta a identidade material das alegacións recollidas nun e noutro.

Así, como cuarto motivo alégase falta de aplicación da eximente do art. 20.7.º do Código Penal. Articúlase este motivo considerando que a venda de cousa allea efectuada por Benita a Marítimo Rodeira é un acto civilmente lícito consonte aos art. 1.871 a 1.875 do Código Civil e art. 907 e 909 do Código de Comercio. A transmisión de cousa allea feita a Marítimo Rodeira como dación en pago parcial da débeda tería sido un negocio xurídico válido. A dicir do recorrente, Marítimo Rodeira teríase resignado a tal dación en pago parcial " y en todo momento (...) desde su adquisición la cambia por el pago de 9.000 euros en dinero, que le adeuda quien se dice perjudicada en esta causa ( Estibaliz)".

Pola súa banda, como quinto motivo alégase, en resumo, que a cuestión que ten motivado a causa debería dirimirse na orde civil, por tratarse dun incumprimento contractual derivado da dobre venta.

Entrando a dar resposta a estes motivos, non pode prosperar o postulado pola parte, no sentido de pretender amparar na causa de xustificación prevista no art. 20.7.ª do Código Penal a suposta licitude no negocio xurídico da venda da finca a Marítimo Rodeira.

De entrada, é manifestamente errónea a afirmación efectuada polo recorrente na súa alegación quinta (cuarto motivo), segundo a cal " el Ordenamiento Jurídico Español reconoce la institución jurídica de la venta de cosa ajena en los arts. 1.871 a 1.875 del Código Civil y en los arts. 907 y 908 del Código de Comercio ". Non é certo. É o Código Civil da República de Colombia (e non o Código Civil español) o que regula, nos seus arts. 1.871, 1.874 e 1.875 a validez, eficacia e efectos da venda de cousa allea no ordenamento xurídico daquel país (por descontado, non aplicable no Reino de España). E tamén é o Código de Comercio da República de Colombia (e non o Código de Comercio español) o que dedica os seus arts. 907 e 908 á venda de cousa allea.

O certo é que Código Civil español non aborda o tema da validez ou invalidez da venda de cousa allea en xeral, se ben a maior parte da doutrina e a xurisprudencia actual defenden a validez deste contrato, considerando que a licitude civil da venda de cousa allea deriva da propia natureza meramente consensual do contrato de compravenda. Isto é: o contrato de compravenda só xera dereitos e obrigacións (dado que a propiedade non se transmite só polo contrato que serve de título, senón que é preciso engadirlle o modo ou tradición), polo que a venda de cousa allea sería valida, sempre que non exista engano por parte do vendedor, quen, a través do contrato queda constrinxido á adquisición da cousa para entregarlla ao comprador (coa conseguinte condena ao vendedor en caso de incumprimento por non logralo, substituíndo a obriga de entregar a cousa pola de indemnizar danos e prexuízos). Xa que logo, a validez deste tipo de venda (insistimos, non regulada como tal no noso ordenamento) ten como límite o suposto no que mediara engano por parte do vendedor (neste sentido, STS, Sala do Civil, 174/1997, do 7 de marzo, FX 1).

Por tanto, a licitude da venda de cousa allea non só depende de que ambas partes (vendedora e compradora) coñezan o carácter alleo da cousa vendida, senón tamén de que estipulen o contrato sen intención de causar dano ao dono; isto é: coa obriga de que o vendedor a adquira, e a faga adquirir a título derivativo ao comprador. En consecuencia, non resulta aplicable esta institución a aqueles casos onde o que existe é unha manobra insidiosa para prexudicar os dereitos de adquisición dun primeiro comprador.

Para comprender axeitadamente a cuestión, é preciso atender á doutrina da xurisprudencia civil en relación coa interpretación do art. 1473 do Código Civil español, que establece os criterios de preferencia adquisitiva na venda múltiple. Malia a aparente sinxeleza dos criterios de atribución dominical do art. 1473 do Código Civil, a súa formulación, de cara a determinar cal dos compradores en lide ten que ser preferido na súa adquisición, ten dado lugar a un extenso debate doutrinal e xurisprudencial, do que interesa agora destacar os fitos fundamentais con vistas a unha apropiada interpretación do delito de estafa impropia do art. 251.2.º do Código Penal.

Basicamente -e de xeito resumido, sen entrar nos detalles-, na xurisprudencia da Sala Civil do TS (recollida amplamente na STS, Sala Civil 928/2007, do 7 de setembro) teñen coexistido dúas liñas opostas de decisión en relación coa aplicabilidade do art. 1473 do Código Civil aos casos de segunda venda dun inmoble por quen, aparecendo como vendedor, xa non dispón do ben por telo alleado previamente a outro comprador, pero sen constancia diso no Rexistro.

A cuestión de fondo que latexa neste debate é precisamente a validez que cabe outorgar ao contrato polo que un suxeito vende a outro o inmoble previamente alleado a un primeiro comprador. E así, no panorama xurisprudencial a partir dos anos 90 do S. XX empezaron a distinguirse, con distintos efectos, os supostos de "dobre venda" (isto é, aqueles nos que o alleado nunca foi do vendedor, e aos que se aplicaría o previsto no art. 1473 do Código Civil), e aqueles outros denominados de "venda de cousa allea" (nos que o obxecto da venda -normalmente en escritura pública- é un inmoble que deixou de ser do vendedor por telo alleado previamente a outro comprador, aínda que sen constancia diso no Rexistro; supostos que quedarían excluídos do ámbito de aplicación do art. 1473 do Código Civil). Dada a identidade de efectos solutorios entre o citado precepto do Código Civil e as previsións do art. 34 da Lei Hipotecaria cando se trata do alleamento de bens inmobles, a interpretación estendíase así mesmo á denegación da protección da Lei Hipotecaria (que dirime a adquisición en virtude da prioridade rexistral) a ese segundo adquirente. Esta interpretación asentábase no entendemento de que nos casos de "venda de cousa allea" a adquisición do segundo comprador tería sido nula ou inexistente por falta de obxecto ou por falta de poder de disposición. Xa que logo, o ulterior adquirente nunca podería ter a consideración de terceiro protexido pola fe pública rexistral, en tanto tería adquirido a non domino.

Así as cousas, sería a Sentenza do Pleno da Sala Civil do TS de 5 de marzo do 2007 (Recurso núm. 5299/1999), ditada con propósito unificador da xurisprudencia sobre o art. 34 da Lei Hipotecaria, a que estableceu que non cabe xa soster que a segunda venda sexa nula ou inexistente por falta de obxecto ou de poder de disposición do transmitente, pois o que dito precepto purifica ou emenda é precisamente esa falta de poder de disposición, de tal xeito que o art. 34 da Lei Hipotecaria ampara as adquisicións a non domino.

Agora ben, descendendo ao noso caso concreto, hai que sinalar que o precepto contido no art. 1473 do Código Civil (único precepto no que a parte recorrente podería fundar a eventual aplicación da causa de xustificación alegada) limítase a dar unha solución sobre a adquisición definitiva do dominio ante a anomalía de dous ou máis vendas dunha mesma cousa polo seu propietario ( STS, Sala do Civil, Sección Pleno 928/2007, de 7 de setembro), pero non lexitima a venda dun ben que xa foi previamente alleado, cando o vendedor (e orixinario propietario) actúa con pleno coñecemento da situación litixiosa en que coloca ao primeiro comprador.

Como sinala a STS (Sala do Civil, Sección Pleno) 928/2007, de 7 de setembro (FX 2): " Lo que acaba sucediendo, así, es que un mismo concepto, `venta de cosa ajenaŽ, se aplica a dos figuras diferentes: una perfectamente compatible con nuestro sistema de compraventa consensual, en que el vendedor no propietario se obliga a procurar al comprador la entrega de la cosa para lograr el efecto traslativo, y otra anómala, que incluso puede llegar a constituir delito de estafa tipificado en el artículo 251.1º del Código penal , necesitada por ello de reglas específicas, en la que quien era propietario vende la cosa y luego se la vende a otro". (En igual sentido, as Sentenzas das Seccións Civís de: Audiencia Provincial de Ávila 206/2021, do 29 de xullo, FX 6; Audiencia Provincial de Málaga 360/2021, do 28 de maio, FX 4; Audiencia Provincial Santa Cruz de Tenerife 370/2019, do 1 de outubro, FX 7; entre outras).

En definitiva, chegados a este punto pode afirmarse que a suposta contradición entre o disposto no art. 1473 do Código Civil (xunto coa admisibilidade doutrinal e xurisprudencial da institución da venda de cousa allea), e o previsto no art. 251 do Código Penal é meramente aparente. Porque a norma civil limítase a dirimir un conflito entre adquirentes, servindo a efectos penais só para determinar quen sexa o prexudicado no delito de estafa impropia do art. 251.2.º do Código Penal (ben o primeiro adquirente, ou ben o segundo, dependendo que quen sexa o que en definitiva quede coa titularidade da cousa dobremente alleada), pero o devandito precepto civil non ten virtualidade para xustificar unha conduta penalmente ilícita. Máxime cando a propia xurisprudencia civil do TS entende que non goza da protección do art. 1473 do Código Civil o segundo comprador que sabía que prexudicaba a expectativa adquisitiva dun primeiro comprador carente de titularidade real sobre a cousa. Isto é: o art. 1473 do Código Civil esixe da boa fe, entendida como descoñecemento dunha titularidade obrigacional previa, para protexer ao segundo adquirente que toma posesión ou que mesmo inscribe no Rexistro (neste sentido, con citas doutras anteriores, STS, Sala do Civil, 932/2007, do 14 de setembro, FX 3).

Pola súa parte, no ámbito penal, a STS 107/2015, de 20 de febreiro, FX 3 (con cita de resolucións anteriores) dispón: " Como recuerda la STS 819/2009 , los requisitos exigidos para la sanción de la doble venta como delito son los siguientes: 1º. Que haya existido una primera enajenación. 2º. Que sobre la misma cosa antes enajenada haya existido una segunda enajenación `antes de la definitiva transmisión al adquirenteŽ, es decir, antes de que el primer adquirente se encuentre con relación a la cosa adquirida en una posición jurídica tal que el anterior titular ya no esté capacitado para realizar un nuevo acto de disposición en favor de otra persona. 3º. Perjuicio de otro, que puede ser el primer adquirente o el segundo, según quién sea el que en definitiva se quede con la titularidad de la cosa doblemente enajenada, para lo cual hay que tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 1.473 del Código Civil .(...)

Por consiguiente, con la celebración del contrato de compraventa se pierde la facultad dispositiva sobre el bien, y al vendedor de un inmueble en contrato privado, aunque la venta no fuese seguida de tradición real o ficticia, le queda rigurosamente prohibido disponer de lo ya vendido, con la trascendencia punitiva prevista ahora en el art. 251.2 del Código Penal . En definitiva, el primer contrato de compraventa realizado, aunque carezca de efectos reales, prohíbe al vendedor cualquier acto dispositivo posterior, bien fuera de enajenación o de gravamen, para así poder cumplir la obligación contraída de entregar la cosa en los términos convenidos (véanse SSTS de 3 de mayo de 2.002 , 28 de junio de 2.002 , 19 de noviembre de 2.002 , 5 de marzo de 2.004 , entre otras). Esta es la tesis acogida en el artículo 251.2 CP actual por el legislador. (...)

En la moderna jurisprudencia, la STS de 23 de marzo de 2012 recalca que `en la doble venta el dolo solo debe concurrir en la segunda venta, sin tener porqué preceder a la primeraŽ".

En conclusión: alleada a finca a Estibaliz por contrato privado de compravenda, xa non formaba parte das facultades dominicais a posibilidade de alleala novamente a Marítimo Rodeira.

O exposto conduce á inviabilidade dos motivos sinalados.

TERCEIRO.- Recurso de Íñigo

I. Este recorrente solicita en primeiro lugar a declaración da nulidade de actuacións por vulneración do dereito de defensa de D. Íñigo.

Baséase a petición no feito de que D. Íñigo estivo representado inicialmente na causa polo Letrado D. José Ramón Cuervo Gómez, quen tamén exercía (e de feito seguiu exercendo) a defensa letrada de D. Fulgencio e de Marítimo Rodeira; renunciando este Letrado á defensa de D. Íñigo en data 3 de maio do 2017, alegando conflito de intereses co outro acusado (Agustín) e a responsable civil Marítimo Rodeira, pero despois de ter presentado en nome de D. Íñigo escrito de cualificación provisional. O agora solicitado en apelación reitera o xa pedido no propio acto do xuízo pola nova representación letrada de D. Íñigo, de que se tivera por non presentado en nome do seu mandante escrito de defensa, e que no seu lugar se tiveran por negados todos os feitos obxecto de acusación.

O recurso non pode prosperar, pois, sen prexuízo das accións que a parte poida promover (por presunta deslealdade) contra quen fora o seu avogado, non hai motivo legal que ampare a alegada nulidade do proceso penal, toda vez que Íñigo contou en todo momento coa oportuna representación letrada.

II. Como segundo motivo alega o recorrente erro na valoración da proba. Entende que, da proba practicada no acto da vista oral só se tería acreditado que foi a titular da finca, Dona Benita, quen procedeu a outorgar escritura de compravenda a favor de Marítimo Rodeira S.L., sen intervención de Francisco. A Sala non pode compartir esta particular versión de parte, á vista dos elementos cos que contou a Xulgadora de instancia, e que permiten con razoable argumentación chegar á conclusión de que Íñigo non só interveu na operación de venda a Estibaliz das dúas fincas e conseguintes xestións de construción nunha delas de edificación por parte de Marítimo Rodeira (empresa da que seu irmán Fulgencio é administrador único), senón tamén na segunda venda da finca en debate a Marítimo Rodeira, con pleno coñecemento do previo alleamento daquela a Estibaliz, e sendo consecuentemente consciente do prexuízo que con iso se lle causaba á primeira compradora. En nada afectaría á concorrencia do delito de estafa impropia por dobre venda o feito de que Íñigo non tivera intención de obter persoalmente un beneficio patrimonial ilícito, pois o tipo penal polo que foi condenado non require ánimo de lucro.

De xeito complementario, e tendo en conta que os elementos probatorios que incriminan a Íñigo son os mesmos que determinan a coautoría do feito xunto co seu irmán Fulgencio, debemos remitirnos ás consideracións xa efectuadas nos precedentes fundamentos xurídicos desta resolución, para rexeitar o presente motivo de apelación.

III. No terceiro motivo, articulado pola vía de infracción de normas do ordenamento xurídico, sinala o recurso tres cuestións diversas.

A. En primeiro lugar, infracción do art. 251 do Código Penal, impugnando a invocación que se fai na sentenza do punto 3.º do devandito precepto, que non foi invocado polas acusacións, nin nos escritos de conclusións provisionais, nin no momento das conclusións definitivas.

Esta cuestión, que xa foi resolta con ocasión do recurso interposto por Fulgencio e Marítimo Rodeira S. L., merece ser acollida nos termos alí expostos (fundamento xurídico Segundo, apartado II).

B. En segundo lugar, infracción do art. 21.6 en relación co art. 66.1.2.ª, ambos do Código Penal. Entende a parte que a atenuante de dilacións indebidas debeu ser apreciada como moi cualificada, cos efectos penolóxicos conseguintes.

A Sala, que -como se dirá con ocasión da resolución do recurso interposto por Dona Estibaliz- coincide na procedencia da apreciación no presente caso da circunstancia atenuante de dilacións indebidas, non comparte porén a súa consideración como cualificada.

Atendendo á xurisprudencia do TS, a apreciación da atenuante de dilacións indebidas como moi cualificada require que concorran retrasos na tramitación da causa dunha intensidade verdadeiramente clamorosa ou super extraordinaria (por todas, STS 220/2018, do 9 de maio, FX 3). Como explicaba e compendiaba a STS 416/2013, do 26 de abril (FX 1.4) " En las sentencias de casación se suele aplicar la atenuante como muy cualificada en las causas que se celebran en un periodo que supera como cifra aproximada los ocho años de demora entre la imputación del acusado y la vista oral del juicio", se ben é preciso levar a cabo en cada caso unha valoración consonte as circunstancias concorrentes. A súa apreciación como moi cualificada, segundo a STS 692/2012, de 25 de setembro (FX 3) requirirá dunha paralización que poida ser considerada superior á extraordinaria (é dicir, manifestamente desmesurada por paralización do proceso durante varios anos), ou ben cando non sendo así, a dilación materialmente extraordinaria pero sen chegar a esa desmesura intolerable, veña acompañada dun plus de prexuízo para o acusado, superior ao propio que irroga a intranquilidade ou a incerteza da espera, como pode ser que a ansiedade que ocasiona esa demora xere no interesado unha conmoción anímica de relevancia debidamente contrastada; ou que durante ese extraordinario período de paralización o acusado o teña sufrido en prisión provisional, co natural impedimento de facer vida familiar, social ou profesional, ou outras similares que produzan un prexuízo engadido ao propio da mera demora e que deba ser compensado polos órganos xurisdicionais.

No presente caso, a tramitación da causa en termos de inversión temporal (incluída a retardación desta sentenza de apelación) dista moito de ser exemplar. Con todo, e malia que as dilacións merecen o cualificativo de extraordinarias, os lapsos temporais manexados neste caso non alcanzan a entidade obxectiva suficiente para xustificar a cualificación, tendo en conta que unha boa parte dos retrasos na tramitación deben ser imputados, ben aos propios acusados, ou ben á propia complexidade da causa (varias partes, varios acusados, citacións frustradas, coincidencia de sinalamentos, sucesivos cambios de letrado/a, etc.). Por outra parte, dadas as concretas circunstancias do condenado e da causa, tampouco pode entenderse acreditado que a duración do proceso lle teña ocasionado un prexuízo moi superior ao que de ordinario cabe atribuír á dilación extraordinaria necesaria para a atenuante simple. Non o recolle así o factum nin pode tampouco derivarse por integración do relato fáctico co argumentado nos fundamentos xurídicos, polo que, sen menosprezar a afección que o transcurso do tempo xerou no acusado, non resulta xustificada a redución do reproche punitivo que consigo leva a cualificación.

Desestímase, polo tanto, o motivo.

C. En terceiro lugar reitérase, agora pola vía de infracción dos arts. 238 e concordantes da Lei Orgánica do Poder Xudicial en relación co art. 24 da Constitución española, a pretendida indefensión de Íñigo, polas mesmas razóns que sustentan a inicial petición da parte de declaración de nulidade das actuacións.

O motivo non pode ser acollido, polos motivos que xa foron expostos.

CUARTO.- Recurso de Estibaliz

I. Alega en primeiro lugar esta recorrente erro de dereito por indebida aplicación da circunstancia atenuante de dilacións indebidas, contida no art. 22.6 CP.

O motivo non pode ser acollido.

A pesar do esforzo da parte recorrente por concretar de xeito minucioso as datas e fitos do procedemento, esta Sala non pode compartir que a demora e dilación da causa sexa imputable en exclusiva aos acusados. O transcurso de máis de sete anos dende a interposición da denuncia e ata a celebración do xuízo oral tampouco aparece xustificada pola complexidade da causa. Mesmo das propias alegacións da parte no seu recurso, advírtense demoras inxustificadas, como a referida á tardía advertencia por parte do Xulgado da carencia de avogado de Íñigo, que se produce o día 30/01/2018 (folio 460), despois de que o Letrado Ramón Cuervo renunciara á súa defensa, comunicando este extremo ao Xulgado en escrito que tivera entrada case oito meses atrás, o día 05/05/2017 (folio 375), obrigando a deixar sen efecto o sinalamento que fora acordado para o día 02/02/2018. En relación con esta cuestión cabe tomar en conta o recente pronunciamento do Tribunal Constitucional español na súa Sentenza 125/2022, de 10 de outubro, no que (reiterando o afirmado xa nas SSTC 54/2014, de 10 de abril e 142/2010, de 21 de decembro) sinala: "por más que los retrasos experimentados en el procedimiento hubiesen sido consecuencia de deficiencias estructurales u organizativas de los órganos judiciales o del abrumador trabajo que sobre ellos pesa, esta hipotética situación orgánica, si bien pudiera excluir de responsabilidad a las personas intervinientes en el procedimiento, de ningún modo altera el carácter injustificado del retraso. Y es que el elevado número de asuntos de que conozca el órgano jurisdiccional ante el que se tramitaba el pleito no legitima el retraso en resolver, ni todo ello limita el derecho fundamental de los ciudadanos para reaccionar frente a tal retraso, puesto que no es posible restringir el alcance y contenido de ese derecho (dado el lugar que la recta y eficaz administración de justicia ocupa en una sociedad democrática) en función de circunstancias ajenas a los afectados por las dilaciones. Por el contrario es exigible que jueces y tribunales cumplan su función jurisdiccional, garantizando la libertad, la justicia y la seguridad, con la rapidez que permita la duración normal de los procesos, lo que lleva implícita la necesidad de que el Estado provea la dotación a los órganos judiciales de los medios personales y materiales precisos para el correcto desarrollo de las funciones que el ordenamiento les encomienda".

A iso cabe engadir as sucesivas renuncias de diversos profesionais a asumir a defensa de Íñigo, xerando un retraso da causa que en modo algún se lle pode imputar a el (pois non foi o acusado quen renunciou á defensa, senón os propios profesionais).

En consecuencia, a circunstancia atenuante simple do art. 22.6º do Código Penal foi correctamente apreciada no caso pola Sentenza de instancia, debendo decaer o presente motivo de impugnación.

II. En segundo lugar, e con relación ao pronunciamento sobre a responsabilidade civil, alega erro na valoración da proba no que se refire ao pronunciamento de non terse acreditado suficientemente os danos causados na finca que foi ocupada materialmente para amoreamento de materiais na obra. Sinala que a parte, ao presentar as súas conclusión provisionais, aportou informe pericial de valoración das obras necesarias para limpeza, roza e retirada de escombros, proba que foi admitida no auto de admisión de probas de data 4 maio 2017. Que, xa que por erro xudicial do Xulgado, tal informe pericial non constaba unido a autos, como tampouco a restante documental aportada pola parte no seu escrito de acusación, fíxose un receso no xuízo oral para dar vista do mesmo ás partes. Que no devandito informe acredítanse os gastos necesarios de limpeza da finca.

Considera tamén que o importe de 2.500 euros en concepto de prexuízos causados pola imposibilidade de libre disposición da finca durante estes anos resulta manifestamente insuficiente, solicitando se acorde fixar a suma de 1.000 euros anuais en favor da prexudicada.

En relación con este motivo de impugnación hai que dicir que a falta de acreditación suficiente dos danos causados na finca é unha conclusión da xulgadora a quo na súa facultade de valoración da proba practicada. A máis diso, esta Sala considera que, sen prexuízo de que en si mesmos puideran dar lugar a responsabilidade civil, os importes que se reclaman para as obras necesarias de limpeza, roza e retirada de escombros da finca non constitúen propiamente danos que se deriven do delito de estafa impropia de dobre venda, polo que non deben ser obxecto de pronunciamento con ocasión da condena penal, de conformidade cos arts. 109 e seguintes do Código Penal.

Polo que fai ao importe da contía de indemnización por dano moral debe destacarse que as facultades de revisión en apelación limítanse aos supostos nos que se superara o solicitado, ou aqueles outros nos que se teñan fixado defectuosamente as bases para a súa determinación, por un apartamento moi relevante das ordinariamente dadas polos tribunais ou por erro notorio, arbitrariedade ou irrazoable desproporción da contía fixada.

Como sinala a STS 62/2018, do 5 de febreiro (FX 10): " En una primera aproximación la traducción económica de una reparación por daños morales es tarea reservada a la discrecionalidad del Tribunal de instancia y, por tanto, inatacable en casación. Se podrán discutir las bases pero no el monto concreto, que no solo no está sujeto a reglas aritméticas; sino que resulta de precisión exacta imposible cuando hablamos de daños morales ( STS 957/2007, de 28 de noviembre ). Cuando la cuantificación se ajusta a estándares habituales y parámetros que, sin ser exactos, se mueven en torno a pautas comúnmente compartidas y reconocibles, no será preciso un razonamiento, imposible, que justifique por qué se dan `xŽ euros y no una cantidad ligeramente superior, o ligeramente inferior".

En consecuencia, o discutible en apelación non é a contía puramente considerada, senón o razoamento dedutivo polo que o Tribunal chegou a esa contía. No presente caso, a cifra fixada de 2.500 euros é razoable, máis aló da imposibilidade de chegar a unha contía que se presente como a única correcta. A Xuíz de instancia ten atribuída a exclusiva competencia para decidir ese monto sempre que non abdique de moldes de razoabilidade. E aquí, motivada a fixación dos 2.500 euros por "non contar con outros datos obxectivos para valorar dito dano moral causado" debe terse ese concreto pronunciamento por axustado, dentro da imposibilidade dunha ecuación exacta ou unha motivación plenamente satisfactoria en canto a dar razón de cada céntimo ou explicar por que non se concedeu máis. A cuantificación nestes casos é impermeable a criterios regrados ou aritméticos incompatibles por definición coa natureza desde dano non patrimonial fronte ao que só cabe unha compensación económica.

Por todo o anterior, o motivo desestímase.

QUINTO.- De conformidade co previsto nos arts. 239 e 240 da Lei de Axuizamento Criminal, decláranse de oficio as custas do presente recurso.

Polo exposto, vistos os preceptos legais citados, e demais de xeral e pertinente aplicación, de conformidade co previsto no art. 117 de la Constitución, pola autoridade emanada do pobo,

Fallo

Estimar parcialmente os Recursos de Apelación interpostos por Fulgencio e Marítimo Rodeira S.L., e por Íñigo contra a sentenza de data 28 de febreiro do dous mil vinte, ditada polo Xulgado do Penal n.º 2 de Pontevedra no Procedemento Abreviado n.º 187/2017, e consecuentemente REVOGAR a mesma no sentido de deixar sen efecto no apartado de Decisión (" Fallo") a referencia ao art. 251.3.º do Código Penal, e CONFIRMAR a devandita resolución nos demais extremos, con imposición das penas que nela figuran.

Desestimar integramente o recurso de apelación presentado por Estibaliz contra a devandita sentenza.

Decláranse de oficio as custas da presente instancia.

Contra a presente resolución cabe interpoñer recurso de casación ante a Sala Segunda do Tribunal Supremo por infracción de lei, preparándoo ante esta Sala no prazo de cinco días a contar dende a última notificación desta Sentenza.

Unha vez firme, devólvanse os autos orixinais ao Xulgado do que proceden, con testemuña desta Sentenza para o seu coñecemento e cumprimento.

Así por esta nosa sentenza, da que se unirá certificación ao rolo, pronunciámolo, mandámolo e asinámolo.

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