Sentencia Penal 127/2024 Audiencia Provincial Penal de Pontevedra nº 2, Rec. 436/2024 de 10 de mayo del 2024

Primeiro.- Adolfo foi condenado na instancia como autor responsable dun delito de lesións, previsto e penado no artigo 147.1 do Código penal, do xeito que xa máis polo miúdo se reflectiu nos antecedentes de feito desta mesma sentenza, polo que agora acode en apelación perante esta segunda instancia. O fiscal e o acusador particular, Israel, opóñense a que acollamos este recurso.

Segundo.-Comeza Adolfo por alegar a nulidade da sentenza contra a que apela por mor da falla de imparcialidade da maxistrada xuíza autora da resolución. Deseguido copia a STS do 2 de febreiro de 2011 para, con base nela, realizar toda unha morea de comentarios verbo da actuación daquela no acto da vista oral co fin de subliñar que tomou parte activa nos interrogatorios dun xeito máis propio da acusación, formulando preguntas e comentarios que denotaban unha nidia vontade de condena, o que o privou dun xuízo xusto e coas debidas garantías. A esta alegación opóñense a acusación particular, exercida por Israel, e o fiscal, quen mesmo chega a afirmar que, como moito, se trataría dun xeito desconsiderado ou descortés para co avogado da defensa do acusado e respecto dalgunha das testemuñas e o perito médico que informou a pedimento do agora apelante, comportamento susceptible da presentación da hipotética queixa perante o Consello Xeral do Poder Xudicial pola suposta comisión da falta leve prevista no artigo 419.2 da Lei orgánica do poder xudicial, mais que nunca sería motivo da pretendida nulidade da sentenza da instancia.

Do que se trataría, pois, é de se a maxistrada xuíza da instancia, coa súa actuación durante o xuízo oral, puido perder a imparcialidade. Neste sentido, lembra a recente STS, Penal, Sección 1ª, do 24 de xaneiro de 2024 ( ROJ: STS 688/2024 - ECLI:ES:TS:2024:688) a obrigación de ser imparcial que, efectivamente e como non podía ser doutro xeito, a lei impón ao órgano xudicial decisorio da contenda e que pode resumirse en dúas regras: a primeira é que o xuíz non pode asumir procesualmente funcións de parte; e a segunda consiste en que non pode realizar actos nin manter coas partes relacións xurídicas ou conexións de feito que poidan poñer de manifesto ou exteriorizar unha previa toma de posición anímica ao seu favor ou en contra. Mais tamén é certo que carecería de sentido incluír entre as notas que definen o noso sistema procesual o silencio do órgano decisorio, a súa resignada abstención fronte ás incidencias que poidan xurdir ao longo da práctica de todos e cada un dos actos procesuais que integran o plenario.

A STS, Penal, Sección 1ª, do 18 de outubro de 2023 ( ROJ: STS 4363/2023 - ECLI:ES:TS:2023:4363) lembra, con cita da STS, Penal, Sección 1ª, do 20 de abril de 2023 ( ROJ: STS 1846/2023 - ECLI:ES:TS:2023:1846), o seguinte:

"Ha de recordarse que en un juicio oral de naturaleza criminal la labor presidencial no solo es muy relevante, sino que en ocasiones resulta muy compleja, como conocen perfectamente quienes han vivido prolongadamente esa experiencia; que el interrogatorio contradictorio en juicios difíciles como el ahora examinado puede llevar a situaciones muy tensas, que no resultan sencillas de controlar, y que en el ejercicio de su función los letrados pueden en ocasiones realizar preguntas capciosas o sugestivas, que la Presidencia debe legalmente impedir, lo que le obliga a intervenir. En consecuencia, no pueden aislarse las intervenciones presidenciales del conjunto del debate para analizarlas microscópicamente y fuera de contexto, ni evaluarse su imparcialidad en función del número de intervenciones que la Presidencia realice respectivamente en los interrogatorios de la defensa o en los de las acusaciones, pues como enseña la experiencia las pautas de los interrogatorios son diferentes de unos Letrados a otros, y la forma de responder muy distinta en unos y en otros testigos, por lo que la actuación de quien dirige el debate también puede ser diferente respecto de unos u otros.".

En definitiva, si bien es cierto que la imparcialidad del Tribunal y la tutela del derecho de defensa tienen una gran relevancia para garantizar un juicio con todas las garantías, también lo es que la Presidencia del Tribunal debe poder ejercitar su función de ordenación de los debates y tutela de los derechos de las partes con la libertad y autoridad necesaria para garantizar la buena marcha del juicio.

Es perfectamente entendible la necesidad de que el ejercicio de esas facultades no implique nunca la pérdida de la distancia que el Presidente del Tribunal ha de mantener respecto de la contiendainter partes, con el fin de preservar su imparcialidad. (...) La fijación de límites a esa excepcional facultad puesta al alcance, no solo del Presidente del tribunal, sino de cualquiera de los Magistrados que integran el órgano de enjuiciamiento, no es, desde luego, novedosa. De hecho, ha sido objeto de tratamiento -decíamos en la STS 459/2019, 14 de octubre - de copiosa jurisprudencia dictada por esta Sala y por el Tribunal Constitucional. En nuestra sentencia 28/2011, 26 de enero , apuntábamos que "... se impone, pues, la búsqueda de un equilibrio entre la actitud del Juez que con su actuación busca suplir las deficiencias de la acusación -lo que implicaría una visible quiebra de su estatuto de imparcialidad- y la de aquel que solo persigue aclarar algunos de los aspectos sobre los que ha versado la prueba (...) y que las preguntas de las partes no han logrado esclarecer suficientemente. Así, mientras que la primera de las actitudes descritas implicaría una inaceptable vulneración del principio acusatorio, en lo que tiene de inderogable escisión funcional entre las tareas de acusación y las labores decisorias, la segunda de ellas no tendría por qué merecer censura constitucional alguna. (...) Las facultades del Presidente han de ponerse al servicio del fin constitucional que les es propio, huyendo de cualquier gesto susceptible de ser interpretado como expresión de credulidad o incredulidad respecto de las respuestas del testigo o del perito".

Abundando no anterior, a STS, Penal, Sección 1ª, do 29 de xuño de 2023 ( ROJ: STS 3049/2023 - ECLI:ES:TS:2023:3049) razoa:

[...] se sostiene en el motivo que durante el desarrollo del juicio oral en las sesiones del 2 y 4-10-2018, el Presidente del Tribunal no mantuvo una posición imparcial sino que mantuvo una actitud activa en pro del éxito de la tesis acusatoria, llamando la atención a la defensa e interrumpiendo sus interrogatorios a los testigos y formulando preguntas al perito de la defensa durante más de cuatro minutos para desvirtuar su informe.

En este punto, como ya dijimos en SSTS 31/2011, de 2-2 ; 79/2014, de 18-2 ; 766/2014, de 12-11 , la Ley de Enjuiciamiento Criminal en una interpretación ajustada a los principios constitucionales, contempla una relativa pasividad del Tribunal encargado del enjuiciamiento. Ello no impide la dirección del plenario, ni que solicite al acusado o a algún testigo alguna aclaración sobre el contenido de sus declaraciones, como se desprende de lo dispuesto en el artículo 708 de la LECrim , que aunque solo se refiere al testigo, se ha extendido en la práctica común a los acusados y peritos, pues el fundamento de la facultad es el mismo ( SSTS 130/2019, de 12-3 ; 274/2018, de 7-6 ). No obstante, la jurisprudencia ha entendido que el Tribunal, para preservar su posición imparcial, debe hacer un uso moderado de esta facultad ( STS nº 538/2008, de 1 de setiembre ; STS nº 1333/2009, de 1 de diciembre ) que precisa que la jurisprudencia no entiende que el art. 708 LECrim , quebrante en sí la imparcialidad del juzgador, sino que para salvaguardar ese deber fundamental exige el uso moderado del art. 708, de modo que no exceda del debate procesal tal y como ha sido planteado por las partes, y que la utilización de la facultad judicial se limita a la función de aclarar el contenido del interrogatorio provocado por los letrados, lo cual excluye la formulación de preguntas de contenido incriminatorio que pudieran complementar la actuación de la acusación. El Tribunal Constitucional, en la STC nº 229/2003 y en la STC-334/2005 , entendió que el límite a esta actuación del Presidente del Tribunal venía establecido por la exigencia de que la formulación de preguntas no fuera una manifestación de una actividad inquisitiva encubierta, sustituyendo a la acusación, o una toma de partido a favor de las tesis de ésta.

Igualmente en STS 674/2013, de 13-7 , hemos recordado que la facultad del Presidente del Tribunal de formular preguntas a los testigos que comparecen en el acto del juicio oral -decíamos en nuestra STS 209/2008, 28 de abril - está expresamente aceptada por el art. 708 párrafo 2 de la LECrim . En él se dispone que "el Presidente, por sí o a excitación de cualquiera de los miembros del Tribunal, podrá dirigir a los testigos las preguntas que estime conducentes para depurar los hechos sobre los que declaren". Este precepto, limitado en su literalidad a las preguntas formuladas a los testigos -no a los peritos- encierra, sin embargo, las claves para resolver las quejas acerca de la quiebra de la imparcialidad que el recurrente atribuye a quien dirigía los debates. Los arts. 723 a 725 de la LECrim , en los que se define el régimen jurídico de la prueba pericial en el acto del juicio oral, no contienen una mención expresa a las facultades que el art. 708 reconoce al Presidente. Incluso, el inciso final del art. 724 parece sugerir la limitación del interrogatorio, con carácter exclusivo, a las preguntas y repreguntas que las partes les dirijan. No rige el mismo criterio cuando la ley procesal se ocupa de regular el informe pericial, no como prueba, sino como diligencia de investigación a practicar durante la fase de instrucción. En él se establece que "el Juez podrá, por su propia iniciativa o por reclamación de las partes presentes o de sus defensores, hacer a los peritos, cuando produzcan sus conclusiones, las preguntas que estime pertinentes y pedirles las aclaraciones necesarias".

Es más que probable que la necesidad de modular el significado del principio acusatorio en las distintas fases del procedimiento penal, explique esa diversidad de tratamiento. Sea como fuere, carecería de sentido incluir entre las notas definitorias de nuestro sistema el silencio del órgano decisorio, su resignada abstención, en el momento en el que el experto llamado a esclarecer sus dudas sobre una determinada ciencia está exponiendo su informe. Se impone, pues, la búsqueda de un equilibrio entre la actitud del Juez que con su actuación busca suplir las deficiencias de la acusación -lo que implicaría una visible quiebra de su estatuto de imparcialidad- y la de aquel que sólo persigue aclarar algunos de los aspectos sobre los que ha versado la prueba pericial y que las preguntas de las partes no han logrado esclarecer suficientemente. Así, mientras que la primera de las actitudes descritas implicaría una inaceptable vulneración del principio acusatorio, en lo que tiene de inderogable escisión funcional entre las tareas de acusación y las labores decisorias, la segunda de ellas no tendría por qué merecer censura constitucional alguna.

La jurisprudencia de esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse respecto del alcance de la facultad que, con carácter general, el art. 708.II otorga a la Presidencia del Tribunal. De hecho, no han faltado resoluciones que estiman vulnerado aquel principio por la actitud del Presidente del Tribunal que, al constatar que el acusado se acogía a su derecho a guardar silencio, formuló "... toda una batería de preguntas inequívocamente incriminatorias que el acusado respondió afirmativamente" ( STS 291/2005, 2 de marzo ). Idéntico criterio ha sido proclamado por esta Sala cuando el Presidente interrogó al acusado durante diez minutos formulándole más de sesenta preguntas, siendo irrelevante que en el transcurso de ese interrogatorio advirtiera al acusado que, pese a sus preguntas, aquél tenía derecho a guardar silencio ( STS 780/2006, 3 de julio ). También hemos abordado la erosión que, acerca de la exigida imparcialidad del órgano decisorio, pudo haber generado un único comentario hecho por la Presidenta del Tribunal, a raíz de la respuesta del acusado cuando fue interrogado acerca de si condenaba o no el terrorismo de ETA. Ante la negativa del imputado a responder a esa pregunta, quien dirigía los debates afirmó: "Ya sabía yo que no me iba a contestar a esta pregunta" a lo que el acusado respondió "Y yo que iba a hacerla" (cfr. STS 31/2011, 2 de febrero ).

No faltan otros precedentes que han puesto el acento en el significado procesal de esa iniciativa, perfectamente compatible con el exigido estatuto de imparcialidad del órgano decisorio. Así, la STS 1084/2006, 24 de octubre , tuvo oportunidad de precisar que "la doctrina reconoce que una cierta iniciativa probatoria del Juez penal no es incompatible con el principio acusatorio y con el derecho al Juez imparcial; y, a este respecto, se pone de manifiesto que, en el ámbito de nuestro entorno europeo, los ordenamientos jurídicos de los Estados que han suscrito los mismos tratados internacionales que España (Alemania, Italia, Francia, Portugal) admiten con distintos matices y amplitud la iniciativa del Juez penal en materia probatoria (244, II del CP Alemán, art. 507 del Código Procesal italiano, art. 340.1º del Código Procesal portugués, art. 310 del Código Procesal francés).

En el plano jurisprudencial, es indudable que esta Sala no ha marcado una línea totalmente definida sobre esta cuestión. En todo caso, se admite mayoritariamente la denominada "prueba sobre prueba", que es aquella "que no tiene la finalidad de probar hechos favorables o desfavorables sino de verificar su existencia en el proceso" (cfr. STS de 16 de junio de 2004 ), e incluso, en la STS de 31 de mayo de 1999 , al analizar la posibilidad de que el Tribunal formule preguntas a los testigos para clarificar los hechos sobre los que declaran, se afirma que tal iniciativa constituye "una facultad que, utilizada moderadamente, no afecta a la imparcialidad del presidente, ni en los juicios ordinarios ni en los juicios con jurado, y puede permitir aclarar algún aspecto del testimonio que haya resultado confuso". En esta misma línea, la STS de 28 de septiembre de 1994 declaró que "ha de recordarse que, conforme autoriza el art. 708, párrafo segundo, de la LECrim , el Presidente, por sí o a excitación de cualquiera de los miembros del Tribunal, podrá dirigir a los testigos las preguntas que estime conducentes para depurar los hechos sobre los que declaren. Es decir, no tratándose de incorporar nuevos presupuestos fácticos, sino de abundar en el esclarecimiento y precisión de los hechos nucleares objeto del debate, el Presidente, en afán de depurar los mismos, podrá efectuar preguntas, complementarias en cierto modo de las formuladas por las partes, al objeto de una mejor y más real configuración del acaecer histórico, sin que ello pueda interpretarse como una vulneración de la imparcialidad que ha de presidir al Tribunal ni atentado alguno al principio acusatorio que gobierna el proceso penal. El derecho a un proceso con todas las garantías permanece incólume. La fidelidad al principio acusatorio no puede exasperarse de tal modo que reduzca al Juzgador a un papel absolutamente pasivo, incapaz, en momentos en que tiene ante sí a cualificados -por conocedores directos- relatores de los hechos, de efectuar alguna pregunta clarificativa y dilucidante".

Confirma esta línea interpretativa la doctrina proclamada por la STS 1216/2006, 11 de diciembre , conforme a la cual, el descubrimiento de la verdad material, que es una de las metas de la justicia penal (ex arts. 701-6 º, 713 y 726 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ), permite, en el segundo párrafo del art. 708 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, después del interrogatorio de las partes, el Presidente del Tribunal pueda dirigir a los testigos las preguntas que estime conducentes para depurar los hechos sobre los que declaren.

Terceiro.-A que pretendemos recta e imparcial interpretación e aplicación ao presente caso da anterior conteste e reiterada doutrina xurisprudencial determínanos a rexeitar o devandito motivo de apelación relativo á suposta perda de imparcialidade da maxistrada xuíza a quo.

Seguindo a mesma orde do apelante no seu recurso para a relación das actuacións da maxistrada xuíza que, segundo el, denotarían a súa falla de imparcialidade, e respectando as transcricións que realiza do sucedido, é mester deixar constancia do seguinte:

a) Cando as partes acabaron de interrogar a médica forense, e antes de que declarase o perito médico solicitado pola defensa, a maxistrada xuíza dirixiuse a aquela nos seguintes termos:

"Como complemento a su informe, ojee éste de aquí por favor (le muestra el informe del perito de la defensa). La pregunta se la voy a explicar: Alguien con este diagnóstico, con éstas, lo que pone ahí, es imposible que le haya causado las lesiones que tiene la otra parte, porque la defensa dice que es imposible que le hiciera eso. Lo que refiere el "acusado" es que le dieron con un teléfono en la cabeza, se cayó para atrás, cayó al suelo y se hizo eso. Una persona con esos diagnósticos es imposible que hiciera eso?" Tras contestar la forense, la juzgadora concluye la despide diciendo: "Muy bien, perfecto, gracias, ya puede irse, buenos días." (1 hora, 16 mts y 20 segundos de la grabación).

Esta intervención da maxistrada xuíza, quen, contrariamente, ao que se alega, non tiña por que permanecer pasiva e mesmo ausente cando a médica forense declarou na vista, non supón un abandono da súa imparcialidade, nin moito menos a asunción do rol da acusación. Só lle demandou á médica forense o seu parecer sobre outra pericial médica autoría de Adriano, posterior á súa e achegada pola defensa do acusado cando xa as actuacións estaban no Xulgado do Penal (acontecemento número 48 do expediente xudicial electrónico -EXE-), e a aclaración de se as doenzas do acusado lle impedían ou non actuar do xeito que se lle imputaba, isto é, causarlle lesións ao denunciante, pois o amentado facultativo concluía que as doenzas do acusado non lle permitían provocar as lesións. Non se pode pretender que as partes -fiscal, acusación particular e defensa- sexan as únicas que poidan preguntar e demandar explicacións da médica forense e, porén, non poida facer outro tanto, con maior ou menor fortuna e acerto, quen logo ten que pronunciar a sentenza. E o feito de que a maxistrada xuíza despedise a medica forense con muy bien, perfecto, graciasnon deixa de amosarse como a máis banal, fútil e elemental norma de cortesía, allea a toda fundada e obxectiva suposta falla de imparcialidade.

b) No relativo a Andy -fillo do acusado- cando ía ser chamado para declarar, no recurso transcríbese o seguinte diálogo entre a xulgadora (J) e o letrado da defensa (L), minuto 54,34:

J: "¿Continuamos con el hijo pese al falso testimonio?"

L: "El hijo fue la primera persona que llegó allí señoría."

J: "También la madre. Advierto, comunico, informo. ¿Cuántos años tiene la criatura?"

L: "Señoría no viene a mentir, viene a contar lo que vio."

J: "Perfecto. Yo solo digo que es una criatura para que la meta aquí."

L: "No viene a mentir."

J: "Hombre, si usted supiera que viene a mentir incurriría en un delito por proponer testigos falsos".

L: "Es que no viene a mentir, viene a contar lo que vio señoría."

J: "Bien, perfecto, está en su derecho."

Máis que meter presión á defensa para que renunciase á referida testemuñal, como se afirma no recurso, o que semella que se tira do anterior é unha constante advertencia por parte da maxistrada xuíza das consecuencias do falso testemuño ( artigo 458 do Código penal) e mesmo da presentación a sabendas de testemuñas falsas ( artigo 461 do mesmo texto legal). Á marxe dunha máis oportuna, afortunada ou axeitada forma de conducirse de quen preside un xuízo oral, abofé que o anterior non supón a perda da necesaria imparcialidade que si que determinaría a radical nulidade da sentenza da instancia.

Outro tanto é mester dicir da expresión utilizada pola maxistrada xuíza de que o acusado expuso a su hijo menor de edad, proponiéndolo como testigo.Das sete acepcións con que no DRAE conta a palabra exponerquizais o máis acaído neste contexto sería interpretar que a maxistrada xuíza quixo referirse a que, solicitándose e insistíndose na testemuñal do menor Andy, se colocaba a este nunha situación, á parte de incómoda e nada desexable por o acusado ser o seu pai, de padecer dano ou prexuízo. Velaí, se cadra, que os referidos comentarios da autora da resolución contra a que se apela puidesen orixinar certas suspicacias na defensa do acusado, ningunha necesariamente compartible para os pretendidos efectos de que a maxistrada xuíza perdeu a súa imparcialidade mediante a si sempre proscrita asunción colaborativa coas teses da acusación. E tampouco albiscamos falta de imparcialidade no feito de que a maxistrada xuíza interrompese de entrada o interrogatorio da defensa á testemuña Andy para corrixilo no sentido de que o avogado non o tratase de ti, que non o atuase, ao tratarse dun acto formal en Sala e non dunha conversa entre amiguitos,tal e como expresou a maxistrada xuíza.

c) A circunstancia de que, a preguntas do letrado da defensa de se se ratificaba no informe, Adriano contestase que imaxinaba que sería o seu informe e solicitaba se podía velo, e a maxistrada xuíza retrucase Me imagino que habrá aportado el informe del perito; pues ya está, es que si no ha presentado este informe, ya sería un problema grave suyo,á marxe doutro tipo de posibles consideracións como as apuntadas anteriormente, tampouco suporía a perda da imparcialidade que predica a defensa. Se cadra, o pleonasmo así empregado puido evitarse, mais non subliñaba máis que a evidente suposición dunha hipotética falla de achegamento ás actuacións do informe documental do amentado perito.

d) Que a maxistrada xuíza se adiantase á contestación da testemuña da acusación Jairo para que, en lugar de especificar a cantos metros de distancia estaba do lugar dos feitos, os representase na mesma sala de vistas onde se encontraba, co resultado que se transcribe no mesmo recurso de apelación, non se pode ter máis que por un intento por parte daquela de asegurarse da fiabilidade do que se declaraba. Así o demostra que, deseguido, e ante a insistente alusión do avogado da defensa aos metros, a maxistrada xuíza interviñese do seguinte xeito:

"7 metros lo dice usted letrado, no hay 7 metros de aquí a allí. Es que todo es relativo, por eso digo dejemos los 7 metros. ¿Desde su chalet al lugar de los hechos había esta visión? que es lo que interesa. Nos da igual si son 7 metros que 58. ¿Tenía esta visión desde su chalet? ¿Hay esta visión al lugar del accidente?

Isto era o que realmente lle interesaba a quen logo ía pronunciar a sentenza, e ren máis, polo que de tal xeito de actuar tampouco se colixe que a maxistrada xuíza adoptase, suplise ou complementase as teses das acusacións, a pedimento das cales declarou a amentada testemuña.

e) Jessica, dona do acusado, cando rematou de declarar ás preguntas das partes, foi interrogada pola maxistrada xuíza (J) como se reflicte no recurso:

J: "Dice que le dio un manotazo en el teléfono. ¿Y que más hizo?

Jessica: "A continuación, agarrarle."

J: "En eseintre, puede explicarme como es posible que no le haya caído el teléfono y a su marido le hayan caído las gafas? En que punto?"

Jessica: "No sé decirle la verdad. Digo que no le cayó el teléfono porque hay un vídeo y se ve que el teléfono al girar para atrás sigue grabando, pero no me consta que haya caído el teléfono. Yo las gafas sí, pero..."

J: "¿Cómo pueden caer las gafas de una persona que no se le toca en la cara y que no se le hace nada? ¿Cómo se las vio caer?"

Jessica: "No yo vi que las gafas estaban rotas, pero en el momento en el que yo salí del jardín a incorporarme donde estaban ellos, yo vi caer las gafas, pero tampoco puedo decirle como salieron volando las gafas, no lo sé."

J: "Pero usted me dice que las vio caer, ¿ahora ya me dice que las vio en el suelo rotas? ¿En que quedamos? Usted está aquí como testigo para decir lo que vio, no lo que supone que pasó."

Jessica: "No, no, no, no, no."

J: "A ver, usted describió un manotazo en la mano y después lo agarró. Explíqueme físicamente cómo es posible que le caigan en algún momento las gafas en ese iter que usted describe."

Jessica: "Pues no le sé decir, la verdad, yo vi que las gafas se iban, pero no sé decirle."

J: "Además por encima volaban, no es que cayeran para abajo."

Tampouco por ningures enxergamos que a maxistrada xuíza realizase, como se alega, un interrogatorio propio dunha acusación que determinase a súa perda de imparcialidade para logo pronunciar a sentenza. Case sempre o sucedido se pode mellorar e o presente caso é unha boa mostra. Pero unha cousa é o acerto ou non nas formas de comportarse e outra ben distinta que estas logo poidan afectar o sosego e obxectividade da decisión que se vaia tomar.

f) Entre a testemuña Yoshua e a maxistrada xuíza (J) tamén se produciu o seguinte diálogo que se reflicte no recurso:

J: "Mire, usted está conforme con ejecutar esa Sentencia judicial que les obliga a retranquear?"

Yoshua: "Yo no tengo nada que ver, yo estaba, vivo en casa de mi cuñado. Es de mi cuñado la casa."

J: "Su cuñado está a favor del retranqueo o no?"

Yoshua: "No, no, está a favor de seguir peleando."

E semella que o agora recorrente se arroga a función de considerar irrelevante e impertinente o preguntado pola maxistrada xuíza para investigar o realmente sucedido. Mais, fose como fose, e vista a máis que evidente testemuñal de referencia, abofé que do anterior non se tira o pretendido polo apelante, isto é, a nulidade da sentenza pola suposta falla de imparcialidade da súa autora.

Concluímos así con que as intervencións da maxistrada xuíza denunciadas polo apelante non superaron as facultades que lle recoñecía o artigo 708 da Lei de axuizamento criminal, que mesmo lle impoñían o deber de procurar a verdade material do realmente sucedido. De ningunha daquelas intervencións se tira, á marxe do xa dito verbo doutro tipo de consideracións, que á maxistrada xuíza a guiase unha finalidade distinta da investigación da verdade material. Descartamos así todo pretendido nesgo de parcialidade que o recorrente pretende radicar nas pautas de dirección do xuízo ou interrogatorios cuestionados.

Cuarto.-O erro na avaliación das probas é outro dos motivos de apelación, aínda que deseguido se mestura coa vulneración da presunción de inocencia.

Unha vez máis (por todas, as nosas SAP, Penal, Sección 2ª, do 5 de novembro de 2021 - ROJ: SAP PO 2483/2021 - ECLI:ES:APPO:2021:2483- e SAP, Penal, Sección 2ª, do 16 de febreiro de 2021 - ROJ: SAP PO 374/2021 - ECLI:ES:APPO:2021:374-) debemos lembrar que resulta incompatible a manida mestura de alegacións do tipo das que se reflicten no recurso de apelación. Así, xúntanse a infracción da presunción de inocencia que inicialmente amparaba o acusado e o erro por parte da maxistrada xuíza da instancia na valoración da proba. A pretendida vulneración do artigo 24 da Constitución española -presunción de inocencia- suporía a inexistencia de probas de cargo contra a persoa acusada. O erro na valoración das probas xusto parte da nidia admisión da súa existencia, mais viciadas dunha interpretación equivocada, da cal se discrepa. Dito doutro xeito, a proba non se pode entender inexistente para os efectos da invocación da presunción de inocencia e, simultaneamente, existente para a crítica de que se errou na súa avaliación. A proba ou existe ou non existe, e ren máis.

O dereito á presunción de inocencia recoñecido no artigo 24.2 da Constitución española implica que toda persoa acusada dun delito deba ser considerada inocente ata que se demostre a súa culpabilidade conforme a lei e, xa que logo, despois dun proceso xusto ( artigo 11 da Declaración Universal dos Dereitos Humanos; artigo 6.2 do Convenio para a Protección dos Dereitos Humanos e das Liberdades Fundamentais; e artigo 14.2 do Pacto Internacional de Dereitos Civís e Políticos). Isto supón que se desenvolva unha actividade probatoria de cargo consonte as previsións constitucionais e legais, e polo tanto válida, cuxo contido incriminatorio, racionalmente valorado de acordo coas regras da lóxica, as máximas de experiencia e os coñecementos científicos, sexa suficiente para desvirtuar aquela presunción inicial. Esta valoración debe permitir ao tribunal acadar unha certeza obxectiva, en canto que asumible pola xeneralidade, sobre a realidade dos feitos ocorridos e a participación do acusado, de xeito que, con base nela, poida declaralos probados, excluíndo a existencia de dúbidas que poidan cualificarse como razoables. E o control que debe facer o tribunal da segunda instancia debe orientarse a verificar estes particulares: validez e suficiencia da proba e racionalidade na súa avaliación.

Como se reflicte na recente STS, Penal, Sección 1ª, do 7 de marzo de 2024 ( ROJ: STS 1263/2024 - ECLI:ES:TS:2024:1263), cando se denuncia a vulneración do dereito á presunción de inocencia, debe verificarse se a proba de cargo con base na cal o tribunal sentenciador pronunciou a sentenza condenatoria se obtivo respectando as garantías inherentes do proceso debido e, xa que logo, se se cumpriron os seguintes requisitos:

- En primer lugar, debe analizar el "juicio sobre la prueba", es decir, si existió prueba de cargo, entendiendo por tal aquélla que haya sido obtenida, con respeto al canon de legalidad constitucional exigible, y que además, haya sido introducida en el plenario de acuerdo con el canon de legalidad ordinaria y sometida a los principios que rigen de contradicción, inmediación, publicidad e igualdad.

- En segundo lugar, se ha de verificar "el juicio sobre la suficiencia", es decir, si constatada la existencia de prueba de cargo, ésta es de tal consistencia que tiene virtualidad de provocar el decaimiento de la presunción de inocencia.

- En tercer lugar, debemos verificar "el juicio sobre la motivación y su razonabilidad", es decir, si el Tribunal cumplió con el deber de motivación, o sea, si explicitó los razonamientos para justificar el efectivo decaimiento de la presunción de inocencia. Bien entendido, como establece la STS. 1507/2005 de 9.12 , "El único límite a esa función revisora lo constituye la inmediación en la percepción de la actividad probatoria, es decir, la percepción sensorial de la prueba practicada en el juicio oral. Lo que el testigo dice y que es oído por el tribunal, y cómo lo dice, esto es, las circunstancias que rodean a la expresión de unos hechos. Esa limitación es común a todos los órganos de revisión de la prueba, salvo que se reitere ante ellos la prueba de carácter personal, y a ella se refieren los arts. 741 y 717 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal . El primero cuando exige que la actividad probatoria a valorar sea la practicada "en el juicio". El segundo cuando exige una valoración racional de la prueba testifical. Ambos artículos delimitan claramente el ámbito de la valoración de la prueba diferenciando lo que es percepción sensorial, que sólo puede efectuar el órgano jurisdiccional presente en el juicio, de la valoración racional, que puede ser realizada tanto por el tribunal enjuiciador como el que desarrolla funciones de control".

E, a teor da que pretendemos tamén recta e imparcial interpretación da anterior conteste e reiterada doutrina xurisprudencial, abofé que no presente caso se practicou proba de cargo de máis que suficiente contido incriminatorio como para poder ter por alzada válida e eficazmente a presunción de inocencia, e na avaliación que en conciencia realizou dela a maxistrada xuíza, a teor do artigo 741 da Lei de axuizamento criminal, non albiscamos o máis mínimo erro que ter que corrixir nesta alzada.

Así, por amosarnos totalmente de acordo co que, dun xeito amplo e profuso, se reflicte no fundamento de dereito primeiro da sentenza contra a que se apela, resumimos o ocorrido da seguinte forma:

O propio acusado e agora apelante, Adolfo, efectivamente negou que agredise a Israel e presentouse el mesmo como vítima da lea que mantiveron.

O denunciante, Israel, declarou que estaba co tractor executando unha orde de derrubamento que teñen todos os da urbanización cando o acusado se puxo a gravalo co seu teléfono; el díxolle que deixase de gravalo e, ao non facer caso, baixou do tractor, dirixiuse a el e deulle un golpe coa man no teléfono; entón o acusado bateulle co teléfono na cabeza e o denunciante caeu cara a atrás, golpeouse co muro e caeu ao chan; tamén lle deu losqueadas coa man e patadas, unha á altura do nocello; logo apareceron veciños, entre eles, a muller e o fillo do acusado; Jairo non apareceu por alí, chamouno logo por teléfono; e aclarou que estivo uns cinco días cunha estribeira sen ir por alí.

A dona do acusado, Jessica, declarou que viu como o seu marido gravaba a Israel e este lle dicía que non o fixese; que este foi cara ao seu esposo e lle bateu coa man no teléfono, foi cando a testemuña chamou por un veciño para que acudise, e presentáronse Yoshua, Eugenio e o seu fillo Andy; que Israel estaba pegado ao muro e tiña o seu marido agarrado contra el; e que as lentes do seu marido voaron.

Eugenio declarou que viu os dous rifar e que os separou; e que estaban enganchados, contra o muro Israel, pero que non viu ningunha agresión.

Andy, fillo do acusado, manifestou que o veciño baixou do tractor e foi cara ao seu pai para agarralo do pescozo; que Israel se botaba cara a atrás, cara ao muro, que os cóbados lle daban contra este, que el mesmo se pechaba contra o muro.

Yoshua declarou que fora Israel quen se dirixira a Adolfo agarrándoo polo peito, sen referir nada verbo do suposto golpe coa man no teléfono deste último, e ameazándoo con romperlle o teléfono móbil; que Israel estaba pegado ao muro e tiña a Adolfo agarrado polo peito e este sostiña o móbil coa man en alto; que un tiraba para atrás e outro para diante.

Barbara viu como Israel foi cara a Adolfo e o agarrou polo pescozo, e xa foi o seu marido a separalos; e que o que estaba pegado ao muro era Adolfo e non Israel.

Jairo declarou que era veciño da urbanización e ese día estaba na súa casa a teletraballar; que ao escoitar berros asomouse á fiestra e viu a Israel rifar con Adolfo; que foi este quen lle deu unha puñada ao outro; viu dun xeito ben nidio como erguía a man e o alcanzaba na cabeza; como estaba en roupa interior, foise vestir para saír e cando chegou xa rematara todo e había máis veciños no lugar, polo que marchou, se ben logo chamou por teléfono a Israel para interesarse por como estaba.

E foi precisa e fundamentalmente este último testemuño o que a maxistrada xuíza considerou máis contundente, obxectivo e imparcial, para, en unión do dato obxectivo das indiscutidas lesións que presentaba Israel, compatibles coa súa versión dos feitos segundo a médica forense, ter por probados os feitos que motivaron a condena do agora apelante, Adolfo, como autor responsable dun delito de lesións previsto e penado no seu tipo básico no artigo 147.1 do Código penal. Máis aínda, á mesma maxistrada xuíza non lle mereceu ningún crédito o informe pericial achegado pola defensa, xa que, como xa se reflectiu polos comentarios que del fixo a médica forense, as doenzas do acusado, se ben lle xeraban dor, non o incapacitaban para actuar como lle imputaban, e como así mesmo o deduciu a propia maxistrada xuíza ao comprobar a linguaxe xestual (espaventos) do agora apelante cando perante ela declarou, que se poden comprobar na gravación informática da vista oral.

Por maior abastanza, quedaron acreditadas totalmente as lesións padecidas por Israel que se reflicten nos feitos probados da sentenza contra a que se apela, nos cales consta que para a súa curación se precisou de tratamento médico -o que xa imposibilitaba toda consideración dun hipotético delito leve de lesións- consistente na inmobilización e redución ortopédica e inmobilización do ombreiro mediante estribeira. Tardou en curar dez días de prexuízo básico e cinco de prexuízo moderado, e quedoulle como secuela unha agravación da xa existente artrose do ombreiro dereito no grao de moi leve.

As demais consideracións que realiza o recorrente, se ben son desculpables e comprensibles dende o punto de vista das teses da defensa, frontalmente chocan coa obxectiva e imparcial interpretación dos devanditos medios probatorios, cun resultado, iso si, adverso aos intereses da defensa, pero non por isto xa necesariamente impregnados dun erro na súa avaliación que abofé que por ningures albiscamos.

Quinto.-A infracción dun precepto legal, en concreto, do artigo 66.1.6ª do Código penal pola súa incorrecta aplicación, é outro dos motivos de apelación, que a mesma sorte negativa que os anteriores merece correr.

O fiscal solicitou dous anos de prisión. A acusación particular, oito meses de multa cunha cota diaria de 30 €. E a maxistrada xuíza, podendo impoñer a pena na extensión que estimase máis axeitada, en atención ás circunstancias persoais do delincuente e á maior ou menor gravidade do feito ( artigo 66.1.6ª do Código penal), fixouna non na de prisión solicitada polo fiscal, senón na de multa na mesma extensión que a pedida pola acusación particular -oito meses- e cunha cota diaria inferior -dez euros en lugar de trinta-. Xa que logo, superouse en tan só dous meses o mínimo legal da pena de multa, que, en todo caso, se sitúa dentro da metade inferior da prevista no artigo 147.1 do Código penal.

Sexto.-A infracción dun precepto legal, neste caso, do artigo 114 do Código penal, é o último dos motivos de apelación, xa que se alega neste sentido que o prexudicado, Israel, foi, coa súa acción de dirixirse ao propio apelante, Adolfo, para golpealo, ou no teléfono móbil ou na man, quen comezou o incidente, polo que, de corresponderlle algunha indemnización, se debía reducir, cando menos, nun 75%.

E este motivo tampouco merece acollerse porque todo comezou, como así se declarou probado na instancia, cando Israel manexaba un tractor e o agora apelante estaba a gravalo co seu teléfono móbil, e xurdiu así a lea coas xa aludidas consecuencias. Canon da pretendida moderación sería a maior ou menor incidencia do comportamento da vítima na produción do dano e non se trata dunha cuestión de compensación de culpas con ben difícil encaixe nos supostos, como o presente, de delitos dolosos, senón que, máis limitadamente, o campo do artigo 114 do Código penal se situaría naqueles supostos en que a contribución da vítima, non sendo causal nin por tanto situarse no resultado, pode ter algunha relevancia na materia indemnizatoria en virtude da facultade de discrecionalidade que en relación coa responsabilidade civil outorga este artigo aos tribunais (así, e por todas, a recente STS, Penal, Sección 1ª, do 24 de xaneiro de 2024 - ROJ: STS 688/2024 - ECLI:ES:TS:2024:688-).

Sétimo.-Declaramos de oficio as custas ocasionadas nesta segunda instancia.

Tras seren vistos os artigos de xeral e pertinente aplicación,