Sentencia Penal 293/2022 del Audiencia Provincial Penal de Santa Cruz de Tenerife nº 2, Rec. 1042/2022 de 25 de noviembre del 2022

PRIMERO.- La representación procesal de Doña Rebeca recurre la sentencia de fecha 16 de septiembre de 2022 dictada por el Juzgado de lo Penal nº 3 de Santa Cruz de Tenerife, en su P.A. n.º 243/2020 por la que se le condena como autora de dos delitos de malos tratos en el ámbito de la violencia doméstica del art. 153.2 y 3 y de dos delitos leves de amenazas del art. 171.7 del C.P. .

Los motivos sobre los que se articula el recurso de apelación ahora resuelto, formulado al amparo de lo dispuesto en el artículo 790.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se refieren a la infracción del principio de presunción de inocencia consagrado en el art. 24 de la C.E. y error en la valoración de la prueba, interesando la revocación de la sentencia impugnada dictando otra en su lugar por la que se absuelva a la encausada.

SEGUNDO.- 1.- En primer lugar con respecto a los motivos de impugnación referidos la pare apelante sostiene, en síntesis, que no se ha practicado prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia de la encausada señalando que ésta mantuvo en el juicio oral su declaración en fase de instrucción manifestando que se trató de una discusión familiar muy acalorada pero que en ningún momento agredió a nadie y menos a su marido y su hija, y que la juzgadora sólo ha contando con la testifical del perjudicado marido de la acusada, en quien concurren móviles espurios por los trámites de divorcio y además no fue reconocido por el médico forense, no concurriendo datos corroboradores de su testimonios , pues la hija menor se acogió a la dispensa del art. 416 LECRIM, el agente de la Guardia Civil que declaró en el juicio oral no estuvo presente en el momento que sucedieron los hechos, los demás agentes y el denunciante Narciso no comparecieron al acto del juicio oral, ni se pudo reproducir la grabación propuesta por la acusación por problemas técnicos.

2.- Con relación a la valoración de la prueba, es de aplicación el principio de libre valoración de la misma recogido en el artículo 741 de la L.E.Cr., según el cual corresponde al Juez o Tribunal de instancia valorar el significado de los distintos elementos de prueba y establecer su trascendencia en orden a la fundamentación del fallo contenido en la sentencia, pues dicho Juzgador se encuentra en una mejor situación para evaluar el resultado del material probatorio, dado que las pruebas se practican en su presencia, y con cumplimiento de las garantías procesales (inmediación, contradicción, publicidad y oralidad).

La declaración de hechos probados hecha por el juez de instancia no debe ser sustituida o modificada en la apelación ( STS entre muchas, la núm. 272/1998, de 28 de Febrero ), salvo que se aprecie manifiesto y patente error en la apreciación de la prueba; que el relato fáctico sea incompleto, incongruente o contradictorio; o que sea desvirtuado por nuevos elementos de prueba practicados en la segunda instancia ( STS de 5-2-94 y 11-2-94 ).

La valoración conjunta de la prueba practicada, como se acaba de decir, es una potestad exclusiva del órgano judicial de la instancia en la forma antes señalada ( Sentencias del Tribunal Constitucional números 120/1994 , 138/1992 y 76/1990 ). El órgano de apelación, privado de la inmediación imprescindible para una adecuada valoración de las pruebas personales, carece de fundamento objetivo para alterar la fuerza de convicción que han merecido al Juzgador de instancia unas declaraciones que sólo él, ha podido "ver con sus ojos y oír con sus oídos", en expresión de las sentencias del Tribunal Supremo de 30 de enero y 2 de febrero de 1989 . Por ello, cuando la valoración de la prueba esté fundada en la inmediación, debe prevalecer, salvo que se aprecie un evidente error; pues sólo el órgano de primera instancia ha dispuesto de una percepción sensorial, completa y directa, de todos los factores concomitantes que condicionan la fuerza de convicción de una declaración, incluido el comportamiento mismo de quien la presta, respecto a su firmeza, titubeos, expresión facial, gestos, etcétera ( Sentencias del TS de 5 de junio de 1993 , 21 de julio y 18 de octubre de 1994 ).

Existe una doctrina ya muy consolidada del Tribunal Constitucional, que parte de la sentencia 167/2002, de 18 de septiembre , y que ha sido reafirmada entre otras en las más recientes SS.130/2005 y 136/2005, de 23 de mayo , y 186/2005, de 4 de julio , según la cual el derecho fundamental del acusado a un proceso con todas las garantías que reconoce el art. 24.2 de la Constitución , "exige que la valoración de las pruebas que consistan en un testimonio personal sólo pueda ser realizada por el órgano judicial ante el que se practiquen -sólo por el órgano judicial que asiste al testimonio- y siempre que, además, dicha práctica se realice en condiciones plenas de contradicción y publicidad".

De ello se deduce la doctrina, expuesta recientemente en SSTC 199 , 202 , 203 y 208/2005, de 18 de julio , con cita de la 116/2005, de 9 de mayo , que a su vez recoge lo que se ha dicho en numerosas otras, desde la citada STC 167/2002, de 18 de septiembre , que el respeto a los principios de publicidad, inmediación y contradicción, contenidos en el derecho a un proceso con todas las garantías, impone inexorablemente que toda condena se fundamente en una actividad probatoria que el órgano judicial haya examinado directa y personalmente y en un debate público en el que se respete la posibilidad de contradicción.

3.- Con relación al principio constitucional que se dice vulnerado -presunción de inocencia- reconocido en el artículo 24 CE implica que toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley, y, por lo tanto, después de un proceso justo, ( artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ; artículo 6.2 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales , y artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ). Como regla de tratamiento, la presunción de inocencia impide tener por culpable a quien no ha sido así declarado tras un previo juicio justo (por todas, STC 153/2009, de 25 de junio , FJ 5) y, como regla de juicio en el ámbito de la jurisdicción ordinaria, se configura como derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida más allá de toda duda razonable (entre muchas, últimamente, STC 78/2013, de 8 de abril , FJ 2) ( STC 185/2014 ). Todo ello supone que se haya desarrollado una actividad probatoria de cargo con arreglo a las previsiones constitucionales y legales, y por lo tanto válida, cuyo contenido incriminatorio, racionalmente valorado de acuerdo con las reglas de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicos, sea suficiente para desvirtuar aquella presunción inicial, permitiendo al Tribunal alcanzar una certeza objetiva, en tanto que asumible por la generalidad, sobre la realidad de los hechos ocurridos y la participación del acusado, de manera que con base en la misma pueda declararlos probados, excluyendo sobre los mismos la existencia de dudas que puedan calificarse como razonables. El control casacional se orienta a verificar estos extremos, validez y suficiencia de la prueba y racionalidad en su valoración.

Como señala la Sentencia del Tribunal Supremo 602/2013 de 5 de julio, la doctrina del Tribunal Constitucional ha delimitado el contenido de la garantía de presunción de inocencia señalando como elementos del mismo: 1º) que exista una mínima actividad probatoria ; 2º) la exigencia de validez en los medios de prueba que justifican la conclusión probatoria ratificando la imputación de la acusación. Así pues la convicción del Juzgador debe atenerse al método legalmente establecido para obtenerla, lo que ocurre si los medios de prueba pueden ser considerados válidos y el debate se somete a las condiciones de contradicción, igualdad y publicidad; 3º) que de la misma quepa inferir razonablemente los hechos y la participación del acusado en los mismos. Y eso en relación a los elementos esenciales del delito, tanto objetivos como subjetivos, y, entre ellos, a la participación del acusado; 4º) la motivación del iter que ha conducido de las pruebas al relato de hechos probados de signo incriminatorio; 5º) a falta de prueba directa, la prueba de cargo sobre la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos del delito puede ser indiciaria , siempre que se parta de hechos plenamente probados y que los hechos constitutivos de delito se deduzcan de esos indicios a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano.

4.- En este caso, la juzgadora a quo afirma en la sentencia impugnada que se ha practicado prueba de cargo bastante que permite enervar el principio de presunción de inocencia de la acusada, llegando a la convicción sobre los hechos declarados probadosy que fundamenta el fallo condenatorio sobre la base de la declaración del perjudicado don Cosme. Razona la juzgadora a quo que la declaración del denunciante perjudicado tiene validez como prueba de cargo realizando una valoración probatoria de dicho testimonio a la luz de la doctrina del T.S. sobre esta materia, y en concreto, se afirma que el perjudicado don Cosme, marido de la acusada, no tiene motivos para perjudicar a su esposa, que su testimonio se vio avalado por la declaración del agente de la Policía Nacional que depuso en el plenario y que manifestó aquello que el día de los hechos le habían relatado los perjudicados, coincidiendo con lo que el marido de la acusada refirió en el acto del juicio oral, y por los partes de lesiones e informes forenses de los perjudicados que obrantes a los folios 30 a 32 y 62 de los autos; y finalmente la juzgadora señala que no apreció contradicciones entre las distintas declaraciones del perjudicado durante la tramitación de la causa coincidiendo sus manifestaciones en lo esencial.

Es copiosa la doctrina que declara la aptitud de la prueba testifical para desvirtuar el aludido principio de presunción de inocencia, a la cual se equiparan las declaraciones de la víctima del ilícito por el que recae la condena, siempre que no existan razones de resentimiento, odio, venganza, deseo de beneficio económico o de otro tipo, contradicciones en la incriminación o razones objetivas que hagan dudar de su veracidad ( Ss.T.S. 22-12-2003, 2-12-2003, 17-11-2003, 29-9-2003, 3-4-2001, 5-4-2001, 28-1-1997, 27-2-1997, Ss.T.C. 28-2-1994, 3-10-1994, 31-1-2000). Doctrina cuya aplicación requiere persistencia en la acusación y verosimilitud de las manifestaciones de la persona ofendida, cual concurre cuando su versión se ve abonada por la existencia de corroboraciones periféricas de carácter objetivo que le otorgan credibilidad, como puntualizan las Ss.T.S. 14-5-2001, 25-4-2001, 5-2-1997, 6-2-1997, 3-4-1996, 23-5-1996, 15-10-1996, 26-10-1996, 30- 10-1996, 20-12-1996 y 27-12-1996. En definitiva, tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo , han reconocido reiteradamente que las declaraciones de la víctima o perjudicado son hábiles para desvirtuar la presunción de inocencia. Aunque cuando es la única prueba, ello exigirá una cuidada y prudente ponderación de su credibilidad en relación con todos los factores objetivos y subjetivos que concurran en la causa.

Y de otra parte, ya hemos dicho que el principio de libre valoración de la prueba corresponde efectuarlo a los Jueces y Tribunales por imperativo del art. 117.3 de la C.E. , y art. 741 de la L.E.Crim ., de tal forma que dicha valoración queda sometida a la libre y razonada apreciación, que efectúa quien recibió personalmente los testimonios, observó las aptitudes y respuestas de los testigos, por lo que la credibilidad o fiabilidad al mismo le corresponde, al darse allí el principio de inmediación, y cuyo criterio no debe ser modificado salvo que existan datos inequívocos que demuestren un error evidente, o bien resulte ilógica, irracional o arbitraria la valoración de la prueba ( SS. T.S. 13/04/2004 , y 22/12/2004 entre otras), como apreciamos en este caso. Se recoge en la sentencia apelada que la acusada negó que agrediera a su esposo e hija manifestando que fueron ellos los que forcejearon con aquélla, y en el examen de las actuaciones se constata que existen un parte de lesiones unido a los folios 39 y 40, según el cual la acusada presentaba hematomas en extremidades superiores e inferiores. Por su parte, el testigo denunciante don Cosme declaró que la acusada acudió a su domicilio con actitud agresiva que éste le recriminó que se llevara comida sin avisar, ella le gritaba y la discusión fue a más y ella le golpeó y empujó al declarante y a su hija, y que además les amenazó. No obstante, pese a lo expuesto en la sentencia apelada, el perjudicado no fue reconocido por el médico forense habiendo renunciado a ello en su declaración sumarial ( folio 53), y no presentaba signos de traumatismo externos en la exploración realizada por el facultativo que le asistió el 16 de febrero de 2020 ( folio 88), refiriendo tan solo síntomas subjetivos no constatables como dolor ocular, lo que a su vez resulta contradictorio con las lesiones descritas en el relato de hechos probados de la sentencia apelada en la que se declara probado que la acusada le propinó un puñetazo en el ojo con el puño cerrado al Sr- Cosme, " causándole lesiones consistentes en dos hematomas en el muslo derecho, dos hematomas en el antebrazo izquierdo y un hematoma en brazo derecho", lesiones a su vez no compatibles por su localización con el mecanismo de producción referido por el lesionado. Además no se oyó en el juicio oral a ningún testigo que corroborara el testimonio del perjudicado Sr. Cosme sobre la agresión sufrida y las amenazas proferidas por la acusada contra aquél y su hija, así su hija Violeta se acogió a la dispensa del art. 416 LECRIM, la grabación de audio aportada por la acusación en relación a lo acontecido el día de autos no pudo ser oida en el juicio oral, y el agente de la Guardia Civil -que no funcionario del Cuerpo Nacional de Policía como señala la sentencia apelada- con TIP nº NUM002 que depuso en el juicio oral, tan solo manifestó lo que los perjudicados le refirieron cuando acudió al domicilio familiar donde fue comisionado por una supuesta reyerta familiar y añadió que no recordaba que los perjudicados presentaran lesiones. Y hemos de advertir que se hallaban identificados en la causa los testigos don Narciso y doña Natividad cuya declaración testifical fue propuesta por el Ministerio Fiscal y admitida como medio de prueba para su práctica en el juicio oral, y que no comparecieron al acto de la vista, ni fueron oídos por la juzgadora a quo, y los cuales, según se desprende del atestado policial y la instrucción, estaban presentes en el domicilio familiar en el momento que sucedieron los hechos enjuiciados y presenciaron, al menos parcialmente, los mismos.

Es cierto que tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo admiten la eficacia probatoria de la prueba testifical de referencia en determinadas circunstancias. La LECRIM. expresamente admite el testimonio de referencia (art. 710 ), sin más requisitos y salvedad que los indicados en este artículo y en el art. 813. Según doctrina jurisprudencial reiterada, es razonable que se reconozca valor probatorio al testimonio de referencia ya que no siempre se puede obtener la prueba original y directa (que en muchos casos puede devenir imposible), y estando el proceso penal ordenado sobre el principio de búsqueda de la verdad material, es preciso que no se pierdan datos o elementos probatorios que puedan ser de interés para que el órgano sentenciador se forme su convicción sobre los hechos enjuiciados. Tal y como se dice en la sentencia del Tribunal Constitucional núm. 217/89, de 21 de diciembre, "la problemática que plantea la prueba de referencia es, como en cualquier otra prueba, el relativo a su veracidad y credibilidad". Ahora bien, una vez sentada la admisibilidad de la prueba testifical de referencia, tanto el T.C. como el T.S. no dudan en atribuir a dicha prueba (siguiendo la doctrina marcada por el T.E.D.H.) un carácter claramente residual o subsidiario, en el sentido de que el testimonio indirecto o de referencia no puede llegar a desplazar o sustituir a la prueba testifical directa sin motivo legítimo que lo justifique. Tal y como se dice en la sentencia del T.C. núm. 155/02, de 22-07, el T.E.D.H. viene mostrando "una postura de especial prudencia en relación con la idoneidad de las declaraciones de referencia como elemento probatorio suficiente para fundamentar una condena penal, en la medida en que significan siempre una limitación de la posibilidad plena de defensa contradictoria.". En dicha sentencia se indica que tal doctrina ha sido ratificada por el propio T.C. en numerosas sentencias, en las que se ha llegado a calificar dicho medio probatorio como "poco recomendable". Lo que se razona de la forma siguiente (con cita de la STC. núm. 209/01 ): "En efecto, de un lado, incorporar al proceso declaraciones testificales a través de testimonios de referencia implica la elusión de la garantía constitucional de inmediación de la prueba al impedir que el Juez que ha de dictar Sentencia presencie la declaración del testigo directo, privándole de la percepción y captación directa de elementos que pueden ser relevantes en orden a la valoración de su credibilidad ( STC 97/1999, de 31 de mayo; en sentido similar, SSTC 217/1989, de 21 de diciembre, de 14 de marco, 4; 35/1995, de 6 de febrero; y 7/1999, de 8 de febrero). De otro, supone soslayar el derecho que asiste al acusado de interrogar al testigo directo y someter a contradicción su testimonio, que integra el derecho al proceso con todas las garantías del art. 24.2 CE (específicamente STC 131/1997, de 15 de; en sentido similar, SSTC 7/1999, de 8 de febrero; y 97/1999, de 31 de mayo) y que se encuentra reconocido expresamente en el párrafo 3 del art. 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos como una garantía específica del derecho al proceso equitativo del art. 6.1 del mismo ( STEDH de 19 de diciembre de 1990 , caso Delta)". En consecuencia, se ha dicho por el T.C. que la declaración del testigo de referencia no puede, con carácter general, sustituir el testimonio del testigo directo o principal; y que, dado el carácter excepcional de aquel, la admisión del mismo para que pueda erigirse en prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, se encuentra subordinada a que su utilización en el proceso resulte poco menos que "inevitable y necesaria". La necesidad de respetar las exigencias de inmediación y contradicción "impone inexcusablemente que el recurso al testimonio de referencia quede limitado a aquellas situaciones excepcionales de imposibilidad real y efectiva de obtener la declaración del testigo directo o principal" (según expresión no pocas veces repetida por el T.C.: sentencias números 79/94, de 14-03, 62/02, de 11-03, 155/02, de 22-07, o en la más reciente núm. 117/07, de 21-05 ).

En este caso, ante las declaraciones o versiones contradictorias de la acusada y del testigo perjudicado Sr. Cosme, habiéndose acogido la hija de ambos a la dispensa del art. 416 LECrim., no presentando el denunciante Sr. Cosme lesiones objetivables, ni existiendo otras pruebas o datos objetivos al no haber sido reproducida en el juicio oral la grabación propuesta por la acusación, parecía razonable y conveniente haber oído a los testigos presenciales que habían sido identificados lo que no se hizo, entendiendo la Sala que ante tales circunstancias el acervo probatorio existente en este supuesto resulta insuficiente para determinar cómo se desarrollaron los hechos, quien inició la supuesta agresión denunciada por el Sr. Cosme y su hija, y en su caso, si la conducta de la acusada respondía a una reacción defensiva frente a un ataque previo.

En atención a todo lo expuesto, el recurso de apelación ha de ser estimado, revocando la sentencia apelada y absolviendo a la encausada de los delitos por los que resultó condenada con todos los pronunciamientos favorables.

TERCERO.- Conforme a lo establecido en el artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no procede imponer las costas de esta segunda instancia al apelante, declarándolas de oficio.

Vistos los preceptos legales invocados, y demás de pertinente aplicación al caso, en atención a todo lo expuesto