Sentencia Penal 432/2022 Audiencia Provincial Penal de Sevilla nº 3, Rec. 3765/2022 de 10 de octubre del 2022

PRIMERO.- Contra la sentencia dictada en primera instancia, que condena a Leon y a Dionisio por el delito de de robo con con violencia de los artículos 237 y 242.1 y 3 CP, definido y circunstanciado, por sus representaciones procesales se interponen sendos recursos de apelación invocando como primer motivo error en la valoración de prueba. Mantienen las partes recurrentes en ambos recurso( por lo que se diga valdrá para los dos) que no existe prueba suficiente para fundamentar una resolución de condena en los hechos denunciados por lo que los acusados Leon y a Dionisio deben ser absueltos.

No obstante, en el caso presente, la decisión ha de ser la contraria, pues, sí considera este Tribunal que hay indicios suficientes en número y calidad, para considerar probada la autoría de los acusados en el apoderamiento de los objetos relacionados en los probados de los que lograron disponer

SEGUNDO.- El Juzgado expone la valoración de la prueba de modo correcto "En este caso la acusación que sostiene el ministerio fiscal se basa en los siguientes indicios:

-Los asaltantes sustrajeron el teléfono móvil propiedad de Claudia y cual tenía como número de IMEI NUM000: por aquí comenzó la investigación según consta al folio 8 de la causa solicitando oficios, a través de autoridad judicial, para las operadoras de telefonía y poder conocer el tráfico completo y localización con abonados del número referido desde las 22:30 horas del día 22 de julio de 2018, hasta la fecha de emisión del mandamiento. Dicha actividad instructora dio como lugar conocer que dicho número antes citado se asoció al número de abonado NUM002 desde el día 22 de julio de 2018 a las 21:43:25 horas, hasta la fecha de tramitación delmandamiento, es decir menos de 24 horas desde que se produce el atraco, siendo el titular de dicha línea Balbino, persona a la que le constaban reseñas policiales, según consta al folio 52 de la causa por robos con violencia o intimidación. Dicho señor se comunica en fechas próximas al robo de manera muy frecuente con dos abonados de diferentes líneas llamados Dionisio y Bienvenido.

-La línea de teléfono NUM003 perteneciente a Dionisio establece hasta 27 comunicaciones con el teléfono sustraído en manos de Balbino, constando que dicha línea desde las 21:47:08 horas del día 21 de julio de 2018 hasta las 02:18:10 del día 22 de julio de 2018, no da señal en ninguna antena, es decir dentro de la franja horaria en la que se produce el atraco con arma de fuego, aproximadamente a las 23 horas del día 21 de julio de 2018.

- Dionisio coincide con la descripción, incompleta que aportan las víctimas y las características físicas de este de tratarse de varón de acento sevillano de entre 20-30 años y aproximadamente 175 cm de estatura, teniendo Dionisio 32 años y midiendo 1,78 m y constándole a Dionisio numerosos antecedentes por robos con violencia o intimidación.

- Leon es propietario de la línea telefónica NUM004 y el día 21 de julio de 2018 realiza hasta 9 llamadas al teléfono de Dionisio, siendo la 1ª al poco de producirse el atraco, el día 22 de julio de 2018 al mediodía. Leon es propietario de un vehículo marca Hyunday, modelo coupé, gris metalizado, es decir la misma marca, modelo y color que el vehículo en el que según los testigos huyeron los autores del atraco.

El vehículo propiedad de Leon realizó según la base dedatos de la dirección general de tráfico, los siguientes movimientos el día del atraco: a las 18:57 horas el vehículo sale de la zona del domicilio de Leon como dirigiéndose hacia montequinto Sevilla por la A-376; a las 19:40 horas vuelve a Sevilla, incorporándose a la SE-30 desde Bellavista entrando en Sevilla por la avenida de la paz, zona esta última de Dos Hermanas-Montequinto en la que reside Dionisio. Desde las 21:51 horas que entra el vehículo en Sevilla no se tiene movimientos hasta que sale de la ciudad a las 23:06, incorporándose a la SE- 30 por la avenida montesierra. Por último el vehículo sale de la SE-30 a las 23:08 dirección Dos Hermanas-Montequinto, volviendo a entrar nuevamente en la SE-30 las 23:59 horas.

-Las características físicas aportadas por las víctimas coinciden con las de Leon midiendo este 1,63 m, habiendo manifestado las víctimas que el atracador medía 1,65 m y por el posicionamiento de su teléfono móvil se le ubica a las 23:04:35 horas, es decir apenas unos minutos después de que la la víctima llamara al 091, bajo la cobertura de la antena ubicada en el polígono calonge, que se encuentra muy próximo a la calle Santa María del campo, lugar donde se produjo el atraco.

-En el registro del domicilio de Leon realizado el 9 de enero de 2019, se encontró un pasamontañas de color negro.

Por todo lo expuesto hemos de llegar a una conclusión de carácter condenatorio, pues se logra desvirtuar la presunción de inocencia dado que los indicios cumplen los parámetros antes expuestos. Así:

1) Los hechos base (o indicios) han de estar plenamente probados: nuestro caso se acredita suficientemente a través de las pruebas testificales vertidas en el acto del plenario en cuanto a la participación de cada individuo,

sus descripciones físicas, aunque sea parciales, que fueron corroboradas por los 3 testigos presenciales que declararon en el acto del plenario. Todo lo relativo a la propiedad de los números de teléfono se acredita merced a la prueba documental obrante en autos, al igual que ocurre con la geo localización tanto del teléfono de cada individuo como del vehículo propiedad de Leon. Respecto de este último, el acusado reconoció ser propietario del mismo si bien manifestó en el acto del plenario que lo había vendido, sin aportar en su descargo ningún elemento corroborador de esta manifestación.

Ambos acusados por último reconocieron haber tenido trato y ser conocidos, si bien en su lógica declaración exculpatoria, manifestaban que tan sólo habían tenido relaciones, y de ahí el contacto telefónico, para consumir drogas,

2) los hechos constitutivos del delito deben deducirse precisamente de estos hechos base completamente probados: lo cual acontece en el presente caso a través de las pruebas testificales y documentales ya comentadas,

3) para que se pueda comprobar la razonabilidad de la inferencia es preciso en primer lugar, que el órgano judicial exteriorice los hechos que están acreditados, o indicios, y sobre todo que explique el razonamiento o engarce lógico entre los hechos base y los hechos consecuencia: este engarce lógico se encuentra en la propia narración de los hechos que se efectuó anteriormente. Es decir las casualidades pueden existir, pero es demasiada casualidad la relación de tráfico de llamadas entre los dos acusados el día de los hechos; la relación y tráfico de llamadas entre el acusado Dionisio y el receptador del teléfono de manera inmediata a la comisión del atraco; la identificación del vehículo el día del atraco marca, color y modelo que coincide con aquel propiedad de Leon, la geo localización del vehículo en lugarespróximos al atraco y en minutos posteriores a este, y la geo localización del propio Leon también en lugares próximos al atraco y en minutos posteriores a este.

4) y finalmente, que este razonamiento esté asentado en las reglas del criterio humano o en las reglas de la experiencia común o, en palabras de la STC 169/1989, de 16 de octubre (FJ 2), en una comprensión razonable de la realidad normalmente vivida y apreciada conforme a criterios colectivos vigentes: lo cual entiende el juzgador que se da en el presente caso evidentemente analizando toda la prueba en conjunto. Dicho con otras palabras, de la lectura del atestado no se extrae un relato ilógico, asentado en conjeturas, sino todo lo contrario, atestiguado y además ratificado por el instructor y el otro agente de Policía Nacional que realizaron la investigación, en el acto del plenario, de manera que con sus respuestas aumentaron la convicción de la acusación y finalmente tras el lógico periodo de reflexión, la convicción judicial...." y por ello llega a conclusión lógica, esto es, que existe un delito de robo con intimidacion, al concurrir todos y cada uno de los elementos que legal y jurisprudencialmente se vienen exigiendo para entender que concurre dicha infracción penal y que son los siguientes: ( Ánimo de lucro o propósito por parte de los acusados de aumentar su patrimonio a costa del ajeno. Apoderamiento de cosa mueble. Ajeneidad de la cosa. Intimidación en las personas) y que los autores de la sustracción son los acusados porque hay indicios suficientes 8 todos los expuestos por el juzgado y ausencia de respuestas coherentes y convincentes por los acusados para desvirtuar los indicios.

Asimismo, y, sobre todo, no proporciona una versión coherente sobre la relación de tráfico de llamadas entre los dos acusados el día de los hechos, la relación y tráfico de llamadas entre el acusado Dionisio y el receptador del teléfono de manera inmediata a la comisión del atraco; la identificación del vehículo el día del atraco marca, color y modelo que coincide con aquel propiedad de Leon, la geolocalización del vehículo en lugares próximos al atraco y en minutos posteriores a este, y la geolocalización del propio Leon también en lugares próximos al atraco y en minutos posteriores a este.

TERCERO.-La prueba practicada en el plenario, con las debidas garantías de audiencia, publicidad, oralidad, contradicción, inmediación y asistencia letrada, permiten razonablemente alcanzar la conclusión de que los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de un delito de robo con fuerza ( artículos 237, 242.1 y 3 del CP) del que habrán de responder los acusados como autores del citado ilícito penal.

Para desvirtuar el principio de presunción de inocencia, en cuanto verdadero derecho fundamental basado en una previsión normativa de rango superior ( artículo 24.2 CE), de acuerdo a una abundante jurisprudencia que ha desarrollado su alcance y contenido, se exige una triple comprobación: 1) Que exista en las actuaciones prueba practicada como fundamento de la condena (prueba existente); 2) Que dicha prueba de cargo haya sido obtenida y aportada a las actuaciones con observancia de las garantías constitucionales y de las normas aplicables en cada caso y en cada medio de prueba (prueba lícita); 3) Que esa prueba de cargo, lícitamente obtenida y aportada al proceso pueda considerarse suficiente para justificar un pronunciamiento condenatorio (prueba suficiente) y esta suficiencia ha de exigirse con rigor ya que toda duda razonable en materia de prueba ha de resolverse conforme al principio "in dubio pro reo" en favor del acusado.

Entrando en la valoración de los hechos y su calificación, el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que el juez dictará sentencia apreciando según su conciencia las pruebas practicadas en el juicio, las razones expuestas por la acusación y la defensa y lo manifestado por el acusado, por lo que el proceso íntimo de formación de la convicción del juzgador se compone de todas las evidencias que lleguen a sus sentidos y no solamente de la declaración.

La prueba de cargo que ha de ser aportada por la acusación, puede ser directa o indiciaria. Por tanto, la comisión de un delito también puede acreditarse a través de la llamada prueba indiciaria, a la que se han venido refiriendo de forma constante la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina del Tribunal Constitucional. En este sentido, señala la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de fecha 31 de enero de 2005: "Y respecto a la prueba indiciaria, esa misma Sentencia 135/2003, de 30 de junio, del Tribunal Constitucional, declara que desde la STC 174/1985, de 17 de diciembre, hemos sostenido que, a falta de prueba directa, la prueba de cargo puede ser indiciaria, siempre que se cumplan los siguientes requisitos, que permiten distinguirla de las simples sospechas: a) que parta de hechos plenamente probados y b) que los hechos constitutivos de delito se deduzcan de esos indicios a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano, explicitado en la sentencia condenatoria ( SSTC 174/1985 y 175/1985, ambas de 17 de diciembre; 24/1997, de 11 de febrero; 189/1998, de 28 de septiembre; 220/1998, de 16 de noviembre; 44/2000, de 14 de febrero; 124/2001, de 4 de junio; 17/2002, de 28 de enero). Igualmente tiene declarado esta Sala del Tribunal Supremo (cfr. sentencias 4 de enero, 5 de febrero, 8 y 15 de marzo, 10 y 15 de abril y 11 de septiembre de 1991, 507/96, de 13 de julio, 628/96, de 27 de septiembre, 819/96, de 31 de octubre, 901/96, de 19 de noviembre, 12/97, de 17 de enero y 41/97, de 21 de enero, y de 18 de enero de 1999, entre otras muchas) que el derecho a la presunción de inocencia no se opone a que la convicción judicial en un proceso penal pueda formarse sobre la base de una prueba indiciaria, si bien esta actividad probatoria debe reunir una serie de exigencias para ser considerada como prueba de cargo suficiente para desvirtuar tal presunción constitucional. Se coincide en resaltar como requisitos que debe satisfacer la prueba indiciaria los siguientes: que los indicios, que han de ser plurales y de naturaleza inequívocamente acusatoria, estén absolutamente acreditados, que de ellos fluya de manera natural, conforme a la lógica de las reglas de la experiencia humana, las consecuencias de la participación del recurrente en el hecho delictivo del que fue acusado y que el órgano judicial ha de explicitar el razonamiento en virtud del cual, partiendo de esos indicios probados, ha llegado a la convicción de que el acusado realizó la conducta tipificada como delito".

Pues bien, en nuestro caso no existe una prueba directa de la que se pueda extraer que los acusados fueron los autores del delito de robo con intimidación por los que hoy se solicita la condena, pero existen indicios racionales, plurales y contrastados que han servido para elaborar una tesis acusatoria razonable. Ahora hay que ver si tales indicios, que contemplados en su conjunto apuntan a la autoría de los acusados de forma general, pueden servirnos para calificar, demostrar y condenar por el delito de robo a ambos acusados.

CUARTO.- Pues bien, analizada la sentencia y los motivos del recurso, consideramos que la valoración de la prueba indiciaria que contiene la sentencia recurrida no incurre en una infracción de las reglas de la lógica, de la experiencia o de la sana crítica. Se debe concluir que, no habiéndose practicado ninguna otra actividad probatoria, se estiman acertados los razonamientos que sobre éste extremo se contienen en la sentencia que revisamos y que la convicción que alcanza el Juzgador de que los acusados acusados fueron los autores del delito deriva de un proceso deductivo lógico, coherente y racional.

Tales pruebas de cargo, practicadas con todas las garantías de contradicción, oralidad, inmediación y publicidad,( hemos escuchado la grabación del Acta del juicio oral) reúnen todos los requisitos legales para fundamentar la condena de los acusados recurrentes. La doctrina del Tribunal Constitucional sobre la materia queda resumida -por infinidad de ellas- en su sentencia 10/2007, de 15 de enero:

"Desde la STC 31/1981, de 28 de julio , FJ 3, este Tribunal tiene declarado que para poder desvirtuar la presunción de inocencia es preciso una mínima actividad probatoria, producida con las garantías procesales, que pueda entenderse de cargo y de la que deducir, por tanto, la culpabilidad del procesado. En el mismo orden de consideraciones hay que recordar que también constituye doctrina constitucional reiterada la afirmación de que sólo pueden considerarse verdaderas pruebas aptas para desvirtuar el derecho a la presunción de inocencia y fundar la declaración de culpabilidad las practicadas en el acto del juicio que se desarrolla ante el Juez o Tribunal que ha de dictar Sentencia, de modo oral, contradictorio y con inmediación, de suerte que la convicción del juzgador sobre los hechos enjuiciados se alcance en contacto directo con los medios de prueba aportados por las partes ( SSTC 217/1989, de 21 de diciembre, FJ 2 ; 161/1990, de 19 de octubre, FJ 2 ; 303/1993, de 25 de octubre, FJ 3 ; 200/1996, de 3 de diciembre, FJ 2 ; 40/1997, de 27 de febrero, FJ 2 ; 2/2002, de 14 de enero, FJ 6 , y 12/2002, de 28 de enero , FJ 4).

Por lo expuesto, convenimos que la conclusión a que llegó el Juzgado que atañe al presupuesto de la inmediación, en cuanto a la valoración de prueba no puede considerarse contraria a las reglas de la lógica o la razón, antes al contrario, basada en prueba validamente apreciada, practicada en tiempo oportuno y que se constituye en fundamento condenatorio.

QUINTO.- Los acusados niegan su participación en los hechos por los argumentos que expusieron en los informes y reproducen en los recursos, de igual contenido.

Como señala la S 9 Jun. 1999 (núm. 918/1999) no se trata, con la apreciación de este último indicio --o contraindicio-- de valorar contra el acusado sus propias manifestaciones exculpatorias, ni de invertir la carga de la prueba, sino de constatar que existiendo prueba directa de los elementos objetivos del tipo delictivo, y una prueba indiciaria constitucionalmente válida, suficiente y convincente, acerca de la participación en el hecho de los acusados, a dicha prueba no se le contrapone una explicación racional y mínimamente verosímil, sino que por el contrario las manifestaciones de los acusados por su incredibilidad, no solamente no desvirtúan sino que refuerzan la convicción racionalmente deducida de la prueba practicada.

Como señaló el TEDH, en su sentencia Murray contra el Reino Unido, de 8 Feb. 1996, cuando existen pruebas de cargo suficientemente serias de la realización de un acto delictivo, la ausencia de una explicación alternativa por parte del acusado, explicación "reclamada" por la prueba de cargo y que solamente éste se encuentra en condiciones de proporcionar, puede permitir obtener la conclusión, por un simple razonamiento de sentido común, de que no existe explicación alternativa alguna.

En definitiva, que los acusados perpetraron el robo se deduce de la prueba testifical y documental practicada relacionada con la prueba indiciaria valorada en la sentencia y la ausencia de declaración creíble y justificada que pudiera contrarrestar los indicios.

No aprecia vulneración del principio de presunción de inocencia, pues la prueba indiciaria, en los términos expuestos, es suficiente para desvirtuar el principio que se invoca en el recurso.

SEXTO.- Respecto del "in dubio pro reo", que se deduce alegado por los apelantes en sus recursos, debemos manifestar que este principio tiene un carácter eminentemente procesal, utilizable en el ámbito de la crítica de la prueba e instrumental en orden a resolver los conflictos en los que el Tribunal no puede llegar a una convicción firme sobre lo probado, casos en los que la duda surgida y permanentemente debe ser resuelta a favor del reo. Pero ni es principio invocable como base de un recurso, ni es aplicable a los supuestos en que, como es el de autos, el Juzgado de la instancia en cumplimiento de lo prevenido en el art. 741 L.E.Cr., llega a una convicción en conciencia y sin expresar dudas sobre lo que considera probado, pues en tal caso falta el dubio sobre el que pueda jugar la consecuencia que tal principio estipula. En el presente caso, no hay duda de la participación de los acusados y en consecuencia no debe prosperar la tesis del recurso sobre vulneración del principio invocado.

Por las razones expuestas se desestima el recurso de apelación y se confirma la sentencia declarándose de oficio las costas de esta alzada.

VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,