Sentencia Penal 70/2023 Audiencia Provincial Penal de Sevilla nº 7, Rec. 4335/2022 de 07 de febrero del 2023

A) Cuestiones previas:

Primero. Por la defensa de Celestino en relación a los dos primeros hechos objeto del escrito de calificación del Ministerio Fiscal por los que aquel es acusado, alega vulneración de derechos fundamentales al amparo del artículo 24 de la Constitución, en concreto vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, así como vulneración del principio de legalidad, del principio acusatorio y prescripción de los hechos.

En relación al hecho primero, que es calificado por el Ministerio Fiscal como un delito de falsificación de documento mercantil del artículo 392.1 en concurso medial con un delito de malversación del artículo 435.1 en relación con el artículo 432.1, relativo a la concesión, según el referido escrito de acusación, del importe de 78.895,65 € a favor de Real Federación Andaluza de Fútbol para el proyecto de iluminación del campo de fútbol "La Orden" de Huelva, fondos que procedían de la subvención otorgada por el CSD a la RFEF en cuantía de 6.051.883,47€, se afirma que la Federación Andaluza de Fútbol, de la cual el Sr. Celestino era su presidente, no es un órgano público sino privado, que no puede considerarse como poder adjudicador, y por consiguiente no son empleados públicos sus cargos, ni la Real Federación Andaluza está sometida a la Ley de Contratos del Sector Público, siendo suficiente para contratar la concurrencia de tres ofertas bajo los principios de publicidad y concurrencia. También alega que por parte de la Federación Andaluza no se realizó administración de caudales públicos, por lo que no existiría delito de malversación.

Que en todo caso considera que existiría un supuesto fraude de subvenciones, delito por el que no se ha formulado acusación. Tampoco existiría delito de falsedad, puesto que la misma estaría referida, según el escrito de calificación del Ministerio Público, a la presentación de presupuestos que no responderían a la realidad, y los presupuestos no pueden considerarse documentos mercantiles según jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo. Que todas estas cuestiones fueron planteadas con carácter previo al dictado del auto de juicio oral de fecha 28 de enero de 2022, no realizándose ninguna mención a las mismas ni a la fundabilidad de las acusaciones realizadas por el Ministerio Fiscal, limitándose el Instructor a aperturar el juicio oral por los mismos delitos de su escrito de acusación. Finalmente alega la prescripción de los referidos delitos.

Esta última alegación igualmente la extiende al segundo hecho, relativo al importe de las obras correspondientes al campo de fútbol playa ejecutado también en el campo de fútbol "La Orden" de Huelva, por importe de 63.139,18 € con fondos procedentes de recursos propios, hechos calificados como un delito de falsificación de documento mercantil en concurso medial con un delito de apropiación indebida, pues se tratarían de hechos cometidos en el 2012 cuando las Diligencias Previas se incoaron en 2019, no existiendo entre el primer hecho y el segundo más que una conexidad procesal. Además considera que existiría en relación a este segundo hecho vulneración del artículo 24 de la Constitución por infracción del principio acusatorio, ya que no se entiende la acusación formulada contra Celestino.

Solicita dicha parte el sobreseimiento respecto del primer hecho y respecto del segundo una sentencia absolutoria.

La defensa de Claudio, de Constancio y de Serafina, se reitera en los argumentos anteriores, considera nulo el auto de apertura referido, entendiendo que existiría error en la calificación jurídica realizada por el Ministerio Fiscal respecto del hecho primero, y que estarían prescritos los hechos segundo y tercero de su escrito, pues entre los tres hechos lo único que existiría es conexidad procesal.

Segundo. Procede desestimar la alegación de vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva realizada por ambas defensas aludiendo a la nulidad del auto de apertura, ya que la motivación insuficiente que pudiera tener dicha resolución carece absolutamente de trascendencia en esta fase de enjuiciamiento en la que nos encontramos, donde ambas partes han podido argumentar nuevamente las cuestiones planteadas.

La vulneración del principio de legalidad por la defectuosa calificación de los hechos que según las defensas ha realizado el Ministerio Fiscal, solamente debe ser valorada como cuestión previa en relación a la prescripción alegada, de modo que debe analizarse si el hecho primero puede ser encuadrado en el delito de malversación que tiene, de conformidad con el artículo 131.1 del Código Penal, un plazo de prescripción de 10 años en atención a la pena de inhabilitación absoluta de 6 a 10 años que lleva aparejado.

En tal sentido debemos comenzar diciendo que el artículo 30.1 y 2 de la Ley del Deporte 10/1990 de 15 de octubre, vigente a la fecha de los hechos, establece que las federaciones deportivas españolas son entidades privadas, declaradas de utilidad pública con personalidad jurídica propia, las cuales además de sus propias atribuciones de promoción, práctica y desarrollo de las modalidades deportivas, ejercen por delegación funciones públicas de carácter administrativo actuando como agentes colaboradores de la Administración Pública. Asimismo el artículo 33 señala que bajo la coordinación del Consejo Superior de Deportes, organismo autónomo que ejerce directamente las competencias de la Administración General del Estado en materia de deporte, las federaciones deportivas españolas ejercerán el control de las subvenciones que se asignen a las asociaciones y entidades deportivas.

En idéntico sentido se pronuncia el artículo 19 de la Ley del Deporte de Andalucía 6/1998 de 14 de diciembre, así como el artículo 7 de los Estatutos de la Real Federación Andaluza de Fútbol, que señala que entre sus funciones está la de controlar y coordinar las ayudas de carácter público.

En virtud de lo anterior aunque la Federación Andaluza sea una entidad privada, estando su capital integrado en su mayoría con recursos propios, los fondos supuestamente detentados y sustraídos referidos en el hecho primero del escrito de acusación del Ministerio Fiscal tienen la consideración de caudales públicos, al proceder los mismos de la subvención pública otorgada por el Consejo Superior de Deportes a la Real Federación Española de Fútbol(REFF), consistente en el 1% de la recaudación de las apuestas deportivas, de la cual dicho Consejo, en Comisión Mixta con la Real Federación Española de Futbol (cuyo régimen jurídico era el previsto para órganos colegiados en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) acordó que de dicha subvención, la suma de 78.895,65 € se destinasen a obras en el campo de fútbol de La Orden de Huelva. Así resulta del Convenio de Colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la RFEF de 30 de noviembre de 2009, así como de la certificación expedida por los arquitectos de dicha Comisión Mmixta de fecha 29 de diciembre de 2009, donde consta la aludida subvención de 78.895,65 € para obras complementarias en dicho campo de fútbol, documentación aportada por el Ministerio Fiscal al comienzo del acto del juicio.

En tal sentido debemos destacar la doctrina reiterada del Tribunal Supremo que señala que existen dos criterios para la conformación como públicos de los caudales: el de la incorporación y el del destino, y en relación a este último, se considera suficiente para la conceptuación como fondos públicos que los mismos se encuentren destinados a satisfacer finalidades propias de los intereses colectivos que atañen a la administración, bastando pues que se hallen en el circuito público a efectos de una determinada finalidad ( S STS 608/2018 de 29 de noviembre, 1706/2003 de 17 de diciembre, 163/2004 de 16 de marzo).

De acuerdo con ello y tal como se refleja en el Convenio de Colaboración anteriormente citado se consideran finalidades a financiar por tratarse de intereses colectivos todo lo relativo a la construcción, mejora, conservación ampliación y remodelación de las instalaciones de titularidad pública o federativa, en las que se realicen actuaciones de fomento del fútbol no profesional y especialmente competiciones oficiales de fútbol no profesional organizadas directamente por la RFEF o por otras instituciones, señalándose expresamente que la contratación de estas obras se llevará a cabo por las entidades correspondientes respetando los principios básicos de publicidad y concurrencia. En el mismo sentido la Ley General de Subvenciones en su artículo 31.3 establece que cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas para el contrato menor en la Ley de Contratos del Sector Público (40.000 € en la fecha de los hechos) el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores con carácter previo, siendo así que la elección entre las ofertas presentadas se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse cuando la elección no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

Que además fuere en su caso exigible de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público un pliego de condiciones administrativas por tratarse las Federaciones Española y Andaluza de entidades cuya gestión pudiera estar en gran parte controlada por el Consejo Superior de Deportes, no es un tema que sea necesario ventilar para dar adecuada contestación a las presentes Cuestiones Previas, máxime cuando no se formula acusación por un delito de prevaricación, pues claramente la actuación de los acusados que ostentaban cargos en la Federación Andaluza, ejercían funciones públicas en relación a los fondos objeto de la subvención.

Esto es, la relación con dichos caudales tanto por parte del acusado Celestino, Presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol, como del acusado Claudio, Vicepresidente de dicha Federación y Delegado Provincial de Huelva, venía determinada por las funciones públicas que por delegación de la Administración debía desarrollar la Federación Andaluza, pues de acuerdo con la ley y los estatutos, debían asumir, lo mismo que la Federación Española, el control, coordinación y seguimiento de la referida ayuda pública. De esta forma ambos acusados tuvieron efectiva disposición y control sobre dichos fondos: Celestino como Presidente de la Real Federación Andaluza, que recibió el pago de la subvención, y que a su vez ordenó el pago con dichos fondos de las obras subvencionadas, y Claudio, Vicepresidente de dicha Federación, quien recibió en última instancia dicho importe en su condición de Delegado Provincial y aplicó el mismo a las obras ejecutadas. Es esta efectiva disposición de los referidos fondos públicos, lo que determinaría en el supuesto enjuiciado, y en la perspectiva jurídico penal que nos interesa, que ambos acusados tienen la consideración de funcionarios públicos .

Como ha destacado reiteradamente la jurisprudencia ( SSTS 442/2022 de 5 de mayo 421/2014 de 16 de mayo entre otras), el concepto de funcionario público para el derecho penal es más amplio que el que resulta del ordenamiento administrativo, pues mientras que para éste los funcionarios son personas incorporadas a la Administración Pública por una relación de servicios profesionales y retribuidos, regulada por el Derecho administrativo, por el contrario, el concepto penal de funcionario público no exige las notas de incorporación ni permanencia, sino fundamentalmente " la participación en lafunción pública" ( STS de 4 de diciembre de 2002 ), a la que debe accederse por cualquiera de las tres vías de designación que recoge el precepto. A este respecto el artículo 24 del Código Penal establece que tiene la consideración de funcionario público todo el que por disposición inmediata de la ley, como ocurre en el presente supuesto, o por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas

De esta forma, de acuerdo con la doctrina jurisprudencial, el delito de malversación de caudales públicos tiene como presupuestos: a) La cualidad de autoridad o funcionario público del agente, concepto suministrado por el CP, bastando a efectos penales con la participación legitima en una función pública; b) una facultad decisoria pública o una detentación material de los caudales públicos o efectos, ya sea de derecho o de hecho, con tal, en el primer caso, de que, en aplicación de sus facultades, tenga el funcionario una efectiva disponibilidad material; c) los caudales públicos han de gozar de la consideración de públicos, carácter que les es reconocido por su pertenencia a los bienes propios de la Administración, adscripción producida a partir de la recepción de aquellos por funcionario legitimado, sin que precise su efectiva incorporación al erario público; y d) sustraer o consentir que otro sustraiga dichos caudales, lo que significa apropiación sin ánimo de reintegro, apartando los bienes propios de su destino o desviándolos del mismo. Al hilo de lo anterior debe igualmente destacarse, tal y como expone la STS 222/2022 de 9 de marzo, que la exigencia de que los fondos indebidamente dispuestos se encontraran "a cargo del sujeto activo por razón de sus funciones", debe entenderse no en el sentido de que el funcionario público tuviera la competencia, exclusiva y excluyente, de disponer de los fondos, sin intervención posterior administrativa alguna, sino que la actuación desplegada por aquél para apropiarse de ellos o distraerlos de forma indebida recayese sobre fondos concernidos por su actuaciónprofesional, teniendo así respecto de ellos el funcionario una cierta capacidad decisoria, aunque no necesariamente definitiva o inapelable, ya fuera física o jurídica.

En virtud de lo anteriormente expuesto consideramos que los hechos del primer apartado del escrito de calificación del Ministerio Fiscal podrían incardinarse en un delito de malversación de caudales públicos, siendo a juicio de dicha acusación, la suma malversada de 6500 €, cantidad a la que ascendería el importe de los cinco parabalones que se dicen facturados en exceso pero que no llegarían a instalarse, delito que al tener un plazo prescriptivo de 10 años, no habría prescrito, pues la ayuda se concedió a la Real Federación Andaluza de Fútbol el 11 de diciembre de 2009 y las presentes Diligencias se incoaron el 16 de enero de 2019.

Distinta suerte no obstante debe correr el segundo y el tercer hecho recogido en el referido escrito de acusación, calificados el segundo como delito de falsificación de documento mercantil del artículo 392.1 en concurso medial con un delito de apropiación indebida del artículo 252, y el tercero como un delito de apropiación indebida, tipos penales todos ellos con penas no superiores a los tres años. Al no existir entre estos hechos y el hecho primero una unidad íntimamente cohesionada de modo material, tratándose de una conexidad procesal que responde estrictamente a criterios de oportunidad, pudiendo haber sido objeto de procedimientos independientes sin afectar al entendimiento y continencia de la causa, los mismos, es decir el segundo y tercer hecho, a tenor del artículo 131.1 del Código Penal estarían prescritos, lo que determina la consiguiente absolución de Serafina pues solo fue acusada por el tercero, así como de Celestino, de Claudio y de Constancio en relación a tales hechos.

Así se pronuncia entre otras la STS 634/2018 de 12 de diciembre, que señala que no sería de aplicación el segundo párrafo del Acuerdo de Pleno no Jurisdiccional del Tribunal Supremo de 26 de octubre de 2010 en casos de conexidad meramente procesal, en los que no existe obstáculo para apreciar separadamente la prescripción de los delitos que se enjuician en un único proceso ( STS 630/2002, de 16 de abril ), y ello a diferencia de los casos de conexidad natural a los que se refiere el referido Acuerdo, en los que hay que considerarlo todo como una unidad, al tratarse de un proyecto único en varias direcciones y por consiguiente, no puede aplicarse la prescripción por separado, de forma que mientras el delito más grave no prescriba tampoco podrá prescribir el delito con el que está conectado ( SSTS 758/1999, de 12 de mayo , 544/2007, de 18 de marzo , 2040/2003, 9 de diciembre , 590/2004, de 6 de mayo 1182/2006, de 12 de mayo , 964/2008, de 23 de diciembre ).

Segundo. Expuesto cuanto antecede, una vez analizada la prueba practicada, debemos ceñirnos como no puede ser de otro modo en virtud del principio acusatorio a la calificación jurídica realizada por el Ministerio Fiscal , quien no formula acusación por la decisión de los acusados de contratar a la entidad Invergabe SL para la realización de las obras en el campo de fútbol , vulnerando los principios y procedimiento de contratación a los que pudieran estar obligados, sociedad ésta administrada por el acusado Claudio, a la sazón Vicepresidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol y Delegado Provincial de Huelva, sino por la sustracción concertada entre los acusados de 6500 € correspondientes a cinco postes parabalones que se facturaron por dicha mercantil, y que a juicio del Ministerio Público, no se ejecutaron en las referidas instalaciones deportivas cuando se realizaron las obras en 2009, así como por la falsedad de los dos presupuestos correspondientes a las mercantiles Rosalmar y Obras Almazara que obraban en el expediente justificativo del uso de la subvención, confeccionados según la acusación pública por los acusados para cubrir la exigencia de la concurrencia, cuando dichas sociedades carecían de actividad en el año 2009 y no presentaron dichos documentos .

Respecto de la malversación, debemos concluir de entrada que no se ha demostrado que se haya producido sustracción de fondos públicos, por lo que huelga cualquier disquisición de las defensas en virtud del principio de tipicidad, pues la única prueba que se ha presentado al respecto es la testifical realizada por los agentes de la Guardia Civil que realizaron los atestados y que inspeccionaron el campo de fútbol en 2018, es decir tras haber transcurrido nueve años desde la finalización de las obras, los cuales afirmaron que solamente había ocho parabalones, es decir que no estaban los 13 facturados, y que si se hubiesen ejecutado y se hubiesen quitado por alguna circunstancia, existirían vestigios de ello ya que los postes parabalones estaban colocados sobre bases de hormigón. Además afirmó concretamente el agente NUM003 que hablaron con el Secretario de la Delegación de Huelva y que les dijo que los parabalones que había era los que se habían puesto desde el principio. Es claro que no constituye prueba suficiente el testimonio de los agentes en relación a la inspección por ellos realizada, pues por aplicación de los principios, de la lógica, la razón y la experiencia, que no existiesen a la fecha de la visita en 2018 vestigios de haber sido retirados, no es necesariamente indicativo de que no se hubiesen instalado, ya que habiendo transcurrido tantos años existió tiempo suficiente para que de haber sido eliminados por algún motivo, robo o alguna otra circunstancia, no quedase huella ni de los mismos ni de las bases de hormigón. Tampoco hemos podido contar con el testimonio del referido Secretario de la Delegación onubense, Benigno, desgraciadamente fallecido, y no se ha practicado ninguna otra prueba que pudiera corroborar la falta de ejecución de dichos postes parabalones.

Por el contrario se ha contado con el testimonio Bernardino, miembro de la Federación Andaluza de Fútbol, quien realizó la visita de inspección previa a la recepción de las obras acompañado del acusado Claudio, en su condición de administrador de la entidad Invergabe, quien manifestó que aunque no lo recordaba bien a día de hoy, y además en aquella fecha tenía mucho trabajo por su condición de arquitecto, en esa visita tuvo que comprobar la ejecución de las unidades de obra. Que recuerda que como era de día y se habían instalado torretas de iluminación le indicó a Claudio que se encendieran, que recuerda que había obras menores, relativa a los vestuarios y otras que a su entender no requerían de proyecto independiente. Que los postes parabalones se encontraban situados detrás de la portería, siendo posible que de alguno se le hubiese podido pasar su examen, pero era difícil que de los cinco, siendo su convicción que tuvo que comprobar la ejecución de las distintas unidades de obra. En similar sentido Balbino, Vicepresidente Económico de la Federación Andaluza manifestó que para que se emitieran las facturas, las obras debían estar terminadas y supervisadas por el técnico de la Federación. Que como así se había hecho, el testigo remitió la documentación a la Real Federación Española para que pagasen las facturas, y efectivamente se abonaron, pues no tuvieron constancia alguna de protesta por parte del contratista.

En virtud de lo expuesto, existiendo duda razonable de que existiese efectivamente esa facturación engordada a la que alude el Ministerio Fiscal por por haberse incluido cinco unidades de postes parabalones que no se ejecutaron realmente, procede necesariamente la absolución de los acusados por el referido delito de malversación.

Respecto del delito de falsedad en documento mercantil del artículo 392.1 en relación con el artículo 390.1.1º y 2º del Código Penal en virtud de la alegada falsedad de los presupuestos de las empresas constructoras Rosalmar y Almazara, cuya concurrencia se habría simulado por los acusados para que la entidad Invergabe, administrada por Claudio, resultase adjudicataria de las obras, se ha de destacar la falta de claridad del Ministerio Fiscal, puesta de manifiesto en su informe, sobre la consideración que a su juicio tienen tales documentos, pues a pesar de que mantiene su calificación como delito de falsedad en documento mercantil, afirmó que los mismos podrían considerarse como documentos privados, dejando la decisión sobre el carácter de dichos documentos al Tribunal, manteniendo además que había apreciado en su calificación un delito de falsedad en documento mercantil porque aunque los presupuestos se considerasen documentos privados se trataría de un todo unitario para conseguir la falsedad de la factura.

No podemos estar de acuerdo ni con la consideración de que las facturas son falsas, ni con la consideración de que los presupuestos de tales empresas son documentos privados. Las facturas de Invergarbe son documentos auténticos, genuinos, emitidos por los responsables de dicha entidad, no habiéndose demostrado que las partidas que en las mismas se contienen sean irreales o ficticias, sobre todo teniendo en cuenta que la única unidad de obra que se ha discutido, no se ha conseguido acreditar que no se hubiese ejecutado. La simulación de los presupuestos de las referidas empresas no afecta pues a la realidad de las facturas de Invergabe.

Por otro lado en cuanto a la naturaleza documental de los referidos documentos, cuando la jurisprudencia ha hecho referencia en algunas resoluciones a que los presupuestos junto a otros documentos, como tickets, albaranes o recibos pueden ser considerado como documentos privados, y por consiguiente alcanzarían su protección penal mediante el tipo del artículo 395, se refiere siempre a supuestos que carecen de " idoneidad lesiva colectiva ", lo que no ocurre en el presente caso como así lo señala Tribunal Supremo en su Sentencia de Pleno 232/2022 de 14 de marzo de 2022, que afirma que entre los documentos cuyo falseamiento sí podría comprometer el bien jurídico protegido en el artículo 392 del Código Penal estarían aquellos contratos sometidos a condiciones normativas de forma, o de supervisión, o algún tipo de intervención pública, y documentos que, bajo la apariencia de corresponder al giro mercantil de una empresa, tengan como finalidad la comisión de delitos contra bienes colectivos, como delitos contra la hacienda pública, la seguridad social, fraude de subvenciones etc., es decir con " potencialidad significativa para lesionar laseguridad del tráfico mercantil en un sentido colectivo"; esto es conductas falsarias que recaerían sobre documentos que, por el grado de confianza que generan para terceros, pueden afectar potencialmente al valor de la seguridad, en su dimensión colectiva del tráfico jurídico mercantil, siendo preciso tomar el bien jurídico como elemento rector tanto para la interpretación de los elementos del tipo como para la medición del antijuridicidad exigida. En el mismo sentido se pronuncia la STS 904/22 de 17 de noviembre.

En el presente caso no se trata de meros presupuestos emitidos entre particulares, aunque con la condición de comerciantes, pues la eficacia de los mismos y la confianza que generan en el expediente del que forman parte, destinado a obtener el efectivo pago de una subvención, afecta a la seguridad del tráfico jurídico en su más amplio sentido. Por consiguiente no son documentos privados.

Que dichos documentos son falsos, por haber sido simulados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 390.1.2º resulta acreditado por la testifical de los representantes legales de dichas empresas, Obras Almazara y Rosalmar, concretamente de Eulogio y Evaristo respectivamente, quienes niegan que presentaran a la Delegación onubense los citados presupuestos para la realización de obras en el referido campo de fútbol, pues carecían de actividad en las fechas de los mismos, octubre de 2009, y además carecían de capacidad para la realización de las obras que en ellos se recogían. Por otra parte Fausto, actual Secretario General de la Federación Andaluza, manifestó que en la fecha de los hechos (2009) había una gran autonomía por parte de las Delegaciones Provinciales. Asimismo Balbino, quien manifestó haber sido Vicepresidente Económico de la Federación hasta 2015, manifestó que en 2009 cada Delegación tenía su propia contabilidad, tesorero y su cuenta bancaria y bastante autonomía de gestión, y normalmente se delegaba por parte de la Federación en el Delegado Provincial la elección entre los presupuestos presentados y se elegía la mejor oferta.

En virtud de lo anterior no existe ninguna duda que la simulación de dichos documentos se realizó a instancias del acusado Claudio, que en su persona reunía la doble condición de Delegado Provincial y de administrador de la empresa de construcción Invergabe, quien además de facto disponía respecto de la Federación y de la Delegación de capacidad de gestión suficiente para realizar por si mismo la elección de la empresa adjudicataria; era pues la persona a quien le beneficiaba la presentación de dichos presupuestos simulados, pues su intención era la auto- contratación de su empresa, como así se hizo.

No se ha acreditado que Constancio, el hijo del anterior, con independencia de las funciones gerenciales que de hecho pudiera realizar en la citada empresa, pues no en vano firmó el contrato de ejecución de obra por parte de Invergabe y el acta de recepción, tuviera alguna participación en la simulación de dichos presupuestos pues no se ha acreditado que el mismo tuviera ninguna relación interna,al margen de su padre, con la Delegación de Huelva ni con la Federación Andaluza.

Tampoco se ha llegado a acreditar la connivencia de Celestino con Claudio para la simulación de dichos presupuestos ni para la adjudicación de dichas obras a la empresa del primero, pues al margen de la amistad y confianza existente entre ambos derivada exclusivamente de los cargos que ostentaban en la Federación y de los años que llevaban ejerciéndolos, no se ha acreditado la participación del primero, no siendo su firma la que figura en el contrato de ejecución de obra con la entidad Invergarbe, afirmando por el contrario Claudio que la firma correspondiente al promotor, esto es a la Federación Andaluza, aunque en el contrato dice comparecer su Presidente, Celestino, se parece mucho a su firma, siendo también su firma la que figura en el presupuesto aportado en nombre de su empresa.

Por consiguiente del citado delito de falsedad documental del artículo 392.1 en relación con el artículo 390.1.2 sería autor criminalmente responsable Claudio. No obstante lo anterior como quiera que el referido delito está castigado con pena de prisión de seis meses a tres años, desvanecido el concurso con el delito de malversación, su plazo prescriptivo en virtud del artículo 131.1 del Código Penal a la fecha vigente de los hechos sería de tres años, por lo que dicho delito habría prescrito sobradamente a la fecha de incoación de las Diligencias Previas (16 de enero de 2019).

Por lo expuesto, procede la absolución de Celestino, Constancio y asimismo por prescripción del delito de falsedad, de Claudio.

Tercero. Las costas de conformidad con el artículo 123 del Código Penal se devengarán de oficio.

Vistos los artículos de general y pertinente aplicación