Sentencia Penal 483/2022 Audiencia Provincial Penal de Valencia/València nº 2, Rec. 1215/2022 de 13 de octubre del 2022

PRIMERO.- El primer motivo de impugnación consiste en vulneración del derecho de defensa, por lo que el recurrente solicita la nulidad del juicio, al haberse celebrado en ausencia, situación que le ha privado de la posibilidad de explicar su versión de los hechos e incluso de conformarse o solicitar medidas alternativas. En apoyo de esta pretensión, el recurrente alega que no se conocen los motivos de la ausencia del acusado y no puede asegurarse que fuera realmente él quien recogió la notificación del señalamiento para la vista.

Los requisitos para la celebración del juicio en ausencia están previstos en el art. 786 Lecr: "La ausencia injustificada del acusado que hubiera sido citado personalmente, o en el domicilio o en la persona a que se refiere el artículo 775, no será causa de suspensión del juicio oral si el Juez o Tribunal, a solicitud del Ministerio Fiscal o de la parte acusadora, y oída la defensa, estima que existen elementos suficientes para el enjuiciamiento, cuando la pena solicitada no exceda de dos años de privación de libertad o, si fuera de distinta naturaleza, cuando su duración no exceda de seis años."

En el caso que nos ocupa, consta la citación personal del acusado en el folio 318 de la causa, pues el oficio del Servicio Común de Notificaciones y Embargos de Paterna así lo hace constar, consignando el DNI de la persona receptora del acto de comunicación, que coincide con el número del documento de identidad del acusado. La diligencia de citación aparece firmada y la intervención de un funcionario público otorga fiabilidad al acto, especialmente consideran que el recurrente no alega circunstancia alguna por la que deba dudarse de lo que consta en el documento.

Por otra parte, el Juzgado de lo Penal no está obligado a suspender el juicio para indagar y averiguar la causa de la ausencia del acusado, pues en tal caso la previsión del 786 Lecr. quedaría inoperante en la práctica y tal decisión sería contraria al espíritu y finalidad de la norma. Lo cierto es que no consta ninguna causa que justificara la ausencia del acusado en el juicio y el recurso de apelación se limita a admitir que se ignoran los motivos de su incomparecencia.

Finalmente, la pena solicitada en el escrito de acusación no excede de dos años de prisión ni de seis años de pena de distinta naturaleza. Por lo que es claro que concurren los requisitos para celebrar el juicio en ausencia, de modo que el acusado no ha sufrido más indefensión que la que se ha provocado él mismo, al no comparecer en el juicio oral.

Un último apunte sobre esta cuestión. El Tribunal Constitucional ha subrayado que no toda incorrección o irregularidad en la conformación de la relación jurídica procesal alcanza relevancia constitucional, pues para que sea posible apreciar indefensión vulneradora del art. 24.1 CE es en todo caso necesario que la situación en que ésta haya podido producirse no se haya generado por una actitud voluntariamente consentida por el supuestamente afectado o atribuible a su propio desinterés, pasividad, malicia o falta de la necesaria diligencia ( SSTC 190/1997, de 10 de noviembre, FJ 3; 210/1999, de 29 de noviembre, FJ 2; 91/2000, de 30 de marzo, FJ 2; 104/2001, de 23 de abril, FJ 4; 104/2003, de 2 de junio, FJ 2 y 198/2003, de 10 de noviembre, FJ 4), no pudiendo, en consecuencia, aducirse la concurrencia de indefensión material, incluso en el caso de un proceso seguido inaudita parte, cuando de las actuaciones se colija que el denunciante no ha desplegado la diligencia apropiada en la defensa de sus derechos porque la ausencia del proceso a la que se liga dicha indefensión ha sido resultado de la pasividad, desinterés, negligencia, error técnico o impericia de las partes o profesionales que les representen o defiendan ( SSTC 78/1999, de 26 de abril, FJ 2; 82/2000, de 27 de marzo, FJ 4; 294/2000, de 11 de diciembre, FJ 2; 113/2001, de 7 de mayo, FJ 6, y 87/2003, de 19 de mayo, FJ 5).

SEGUNDO.- El segundo motivo de impugnación consiste en vulneración del derecho a la presunción de inocencia, puesto que no hay testigos directos de los hechos, no se puede afirmar que los documentos fueran redactados por el acusado y nadie es capaz de reconocerlo físicamente. Tampoco cabría considerar acreditada la venta en CÍTRICOS CAMAR, al no haberse acreditado la elaboración y redacción de los documentos DATA.

En cuanto al derecho a la presunción de inocencia se, configura en tanto que regla de juicio y desde la perspectiva constitucional como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válidas, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito, y que de la misma quepa inferir razonablemente los hechos y la participación del acusado en los mismos ( SSTC 137/2005, 300/2005, 328/2006, 117/2007 y 111/2008).

Y es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional que, en la medida en que toda condena penal ha de asentarse en pruebas de cargo válidas, suficientes y concluyentes, tal suficiencia incriminatoria ha de ser racionalmente apreciada por el Juez y explicada en la sentencia, de forma que el déficit de motivación o los errores en la motivación o su incoherencia interna, puestos en relación con la valoración de la prueba y, por tanto, con la existencia de prueba de cargo, supondrían, de ser estimados, la quiebra del derecho a la presunción de inocencia ( SSTC 124/2001, 186/2005, 300/2005 y 111/2008).

A los efectos del recurso de apelación, debe verificarse si la prueba de cargo que el Tribunal utilizó para dictar la sentencia condenatoria fue obtenida con respeto a las garantías inherentes al proceso debido, y por tanto, y en primer lugar, si dicha prueba de cargo fue adquirida sin vulneraciones de derechos fundamentales; en segundo lugar, si fue introducida en el proceso y sometida a los principios que rigen el plenario, de contradicción, inmediación y publicidad; en tercer lugar, si se trata de una prueba suficiente desde las exigencias derivadas del derecho a la presunción de inocencia; y por último, si consta debidamente razonada en la motivación de la resolución, de modo que pueda verificarse el iter discursivo y comprobarse si la conclusión obtenida resulta razonable y por tanto ajena a cualquier viso de arbitrariedad ( SSTS 59/2009, de 29-1; y 89/2009, de 5-2).

El Tribunal Supremo ha declarado reiteradamente que, para valorar si se ha respetado el derecho a la presunción de inocencia, debe examinarse la estructura del razonamiento probatorio de la sentencia recurrida, centrándose en comprobar la observancia de las reglas de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicos por parte del Tribunal sentenciador ( SSTS 753/2007 de 2-10; 672/2007, de 19-7; y 131/2009, de 12-2).

La sentencia explica que "De las diligencias de investigación llevadas a cabo por la Guardia Civil consta que el acusado aparece como vendedor y que los documentos por él entregados presentan irregularidades, hasta el punto de que los datos de procedencia de la mercancía son mendaces y no han podido comprobarse. Ello se considera así, a la vista del atestado de la Guardia Civil que obra en las actuaciones, el cual fue ratificado en el plenario, y en el que constan las comprobaciones llevadas a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, concluyendo la falsedad de los documentos de trazabilidad agraria que se han mencionado en la declaración de hechos probados y que fueron presentados por el acusado para justificar el transporte y venta de los productos agrícolas; en concreto de naranjas, que vendió en el almacén CITRICOS CAMAR sito en la calle Borea nº 5, Polígono Industrial Los Vientos de la localidad de Náquera [...] los agentes de la Guardia Civil, tal como ratifican en el plenario, han intervenido hasta 72 Datas simulados, los agentes ratifican las comprobaciones realizadas por las que despues de efectuar averiguaciones para casar los datos que figuran en los 72 documentos de trazabilidad con los obrantes en el catastro y de contactar con los que aparecen como titulares de los terrenos y supuestos autorizantes del transporte de la mercancía que entregó al almacén comprueban que en la mayoría de los casos, bien las parcelas no existían, bien los propietarios de los parcelas que se hacen constar en los documentos de trazabilidad no eran correctos, faltaban letras en el DNI o el teléfono no era cierto. En otras ocasiones se comprueba que los titulares de las parcelas no corresponden con los propietarios reflejados en los documentos o que el campo a que corresponde no es de cítricos o bien no ha autorizado a su recogida. Al efecto la testigo Doña Emilia ha sostenido que su campo no era de cítricos por lo que no pudo autorizar al acusado para transportar y vender las naranjas. El primer testigo D. Juan Ignacio mantiene que no conocía al acusado pero que en todo caso la recogida se hacía a través de la Cooperativa de la Constancia de La Pobla Llarga, en ningún caso a través del acusado, al que como manifestó no conocía de nada y no había autorizado a hacer nada. El testigo D. Adolfo igualmente mantuvo que no conoce al acusado, no le consta haberlo autorizado a recoger la naranja y niega absolutamente que la firma obrante al documento del folio 84 sea la suya."

No obstante las alegaciones de la defensa "la venta en CITRICOS CAMAR ha quedado acreditada mediante la intervención de los funcionarios de la Guardia Civil, que inspeccionaron la documentación de la mercancía descargada en dicha empresa y se aporta con el atestado documento elaborado por el almacén de compras a proveedores con los kilos de mercancía entregados y el importe abonado, a nombre del acusado Jaime, que se corresponden con los datos de los Data aportados."

"Los testigos niegan por lo tanto ser supuestos firmantes de los documentos y el acusado no aporta datos de los propietarios que supuestamente le autorizaron a recoger y tansportar la mercancía. Es razonable concluir que efectivamente Jaime participó en la elaboración de los documentos falsos, bien sea realizándolos ella misma o bien a través de otras personas, pues aparece como vendedora de la mercancía para la que fueron entregados los DATA falsos, sin necesidad de informe pericial, pues es la persona que se beneficia de la mendacidad."

"A ello se añade que la existencia de prueba de cargo contra el acusado aconsejaba que ofreciera a esta Juzgadora alguna explicación, creíble y consistente, de descargo y que justificara el origen de la naranjas que sin duda alguna presentó al almacén para cobrar su precio y la veracidad del documento DATA que presentó para su transporte y entrega, cosa que no ha hecho ni en instrucción, donde se acogió al derecho a no declarar, ni en el plenario al que no acudió pese a haber sido citado en legal forma."

Examinados los argumentos de la sentencia, no puede decirse que sean contrarios a la lógica, a la ciencia ni a las máximas de experiencia. La investigación parte del análisis de los documentos de trazabilidad agraria que acreditan la venta de la mercancía a nombre del acusado, lo que evidentemente posee suficiente contenido inculpatorio para requerir una explicación o hipótesis alternativa que el acusado no ha dado en ningún momento. Cabe añadir que todos los datos que aparecen en las facturas de compra de la mercancía, como domicilio y DNI, se corresponden con los datos del acusado consignados en su declaración sumarial, por lo que no hay razón para dudar de que vendió la mercancía. Y si procedió a la venta de la mercancía, es obvio que utilizó documentos mendaces y que los propietarios de los terrenos nunca le van a reconocer o identificar, precisamente por la falsedad de los documentos presentados. Es indiferente si los documentos fueron materialmente redactados por el acusado o por otra persona concertada con él, ya que en ambos casos resulta autor de la falsedad. No es probable que ignorara el origen de la fruta que estaba vendiendo y, desde luego, no ha justificado tal cosa. Por consiguiente, el recurso de apelación no ha puesto de manifiesto ningún error de valoración probatoria tan patente y manifiesto que exija una modificación de la resultancia fáctica del proceso.

TERCERO.- Como tercer motivo de impugnación, el recurso de apelación contiene la solicitud de rebaja de la pena por la atenuante de dilaciones indebidas, que debe considerarse muy cualificada, conforme a los arts. 66.1.2 y 21.6 CP. En apoyo de esta pretensión, el recurrente alega que han transcurrido seis años desde los hechos hasta la celebración de la vista, y desde el auto de apertura del juicio oral hasta la vista han transcurrido más de tres años, sin justificación alguna. Afirma que en este lapso ha tenidos hijos, domicilio y trabajo, por lo que ha resultado perjudicado a causa de la dilación. En consecuencia, solicita una pena de prisión de nueve meses y tres semanas, y una multa de cuatro meses y dos semanas, a razón de tres euros diarios para el delito continuado de falsedad en documento mercantil. En cuanto al delito continuado de propiación indebida, solicita una pena de multa de dos meses y una semana a razón de tres euros diarios.

En relación a la cualificación de la atenuante, se requiere de una paralización que pueda ser considerada superior a la extraordinaria, o bien que ésta, dadas las concretas circunstancias del penado y de la causa, pueda acreditarse que ha ocasionado un perjuicio muy superior al ordinariamente atribuible a la dilación extraordinaria necesaria para la atenuante simple. En este sentido, el Tribunal Supremo señala que "La apreciación como "muy cualificada" de esta atenuante procederá siempre que la dilación supere objetivamente el concepto de "extraordinaria", es decir, manifiestamente desmesurada por paralización del proceso durante varios años. También, cuando no siendo así, la dilación materialmente extraordinaria pero sin llegar a esa desmesura intolerable, venga acompañada de un plus de perjuicio para el acusado, superior al propio que irroga la intranquilidad o la incertidumbre de la espera, como puede ser que la ansiedad que ocasiona esa demora genere en el interesado una conmoción anímica de relevancia debidamente contrastada; o que durante ese extraordinario período de paralización el acusado lo haya sufrido en situación de prisión provisional con el natural impedimento para hacer vida familiar, social y profesional, u otras similares que produzcan un perjuicio añadido al propio de la mera demora y que deba ser compensado por los órganos jurisdiccionales.".

Nuestra Jurisprudencia ha apreciado la atenuante con el carácter de muy cualificada en supuestos en los que se habían producido paralizaciones de notable consideración, por espacio de varios años. Así, en casos de transcurso de nueve años de duración del proceso penal ( SSTS 655/2003, de 8 de mayo, y 506/2002, de 21 de marzo); también se ha apreciado como muy cualificada en la STS 291/2003, de 3 de marzo, por hechos sucedidos en 1993 y juzgados en 2001. En STS 896/2008, de 12 de diciembre, por hechos ocurridos 15 años atrás. En STS 551/2008, de 29 de septiembre, ante la tardanza de 5 años y medio en sede de la Audiencia, pendiente de la celebración del juicio oral terminada la instrucción; y en la STS 630/2007, de 6 de julio, por la paralización indebida por tiempo de 4 años, en esas mismas condiciones. Finalmente, la STS 132/2008, de 12 de febrero, estimó la atenuante muy cualificada al tratarse de una causa iniciada en el año 1990.

La STS 703/2018, de 14 de enero de 2019, apreció la atenuante como muy cualificada considerando que la duración total del proceso había superado los nueve años y que a la escasa complejidad de la instrucción se sumaban determinadas circunstancias de la tramitación.

La STS 84/2020, de 27 de febrero, recuerda que el Tribunal Supremo ha aplicado la atenuante como muy cualificada en procesos por causas no complejas de duración entre ocho y doce años entre la incoación y la sentencia de instancia ( STS 1224/2009; STS 1356/2009; STS 66/2010; STS 238/2010; y STS 275/2010) reduciendo la pena en uno o dos grados según las circunstancias de cada caso.

Sin embargo, la STS 46/2020, de 11 de febrero, desestima la especial cualificación porque la dilación extraordinaria de ocho años de duración del proceso es tenida en cuenta por el Tribunal para apreciar la atenuante, sin que por el recurrente se pongan de relieve, además, paralizaciones del procedimiento, al margen de que obviamente han existido algunas, pero ninguna de ellas de una entidad suficiente para conceptuar de cualificada la dilación.

La STS 84/2020, de 27 de febrero, también rechaza apreciar la atenuante como muy cualificada, pues, aun reconociendo que la duración total del proceso superó los nueve años, se tiene en cuenta que no han existido periodos extensos de paralización injustificada y se valora la complejidad de la causa, puesta de manifiesto por el número de personas acusadas; por la concurrencia de varias investigaciones que dieron lugar a diversas causas cuyo desarrollo hubo de coordinarse; por las dificultades derivadas de la tramitación de los distintos recursos interpuestos por las defensas, que aunque lo hayan sido en ejercicio de su derecho implican la inversión de un tiempo en su tramitación, estudio y resolución; y por la misma complejidad de la tramitación procesal con 33 personas acusadas.

Llevados estos principios al caso que nos ocupa, es claro que la duración total del proceso no justifica la especial cualificación de la atenuante, pues seis años de duración del proceso, considerando además la paralización que produjo debido a la pandemia, constituye una dilación indebida para este asunto, pero no es tan desmesurada ni se acreditan perjuicios personales específicos.

El recurrente se queja de la paralización que se produjo desde la apertura del juicio oral hasta la celebración del juicio, más de tres años. Sin embargo, no fue una paralización total ni tampoco fue ajena al comportamiento del acusado. El 15- 2-2019 se dicta el auto de apertura de juicio oral, pero el acusado no fue hallado en el domicilio que indicó en su declaración, lo que motivó nuevas diligencias de averiguación de paradero y que no se pudiera efectuar la notificación hasta julio de 2020. Es natural que en el año 2020 las causas se desarrollaran con cierta lentitud debido a la pandemia, pero sí que se produjo una paralización significativa de aproximadamente un año. En noviembre de 2020 se solicitó la designación de un procurador de oficio y no se produjo hasta un año después, de modo que el escrito de defensa fue presentado en diciembre de 2021. A partir de ahí, se envió la causa al Juzgado de lo Penal, se admitieron las pruebas y se señaló el juicio para julio de 2022, sin que en ese lapso pueda apreciarse una paralización relevante.

Por lo demás, el auto de incoación de procedimiento abreviado es de abril de 2017, lo que motivó un recurso de apelación cuyo traslado al Ministerio Fiscal tardó otro año más. En total, sin perjuicio de que en algunos momentos el desarrollo de la causa ha sido lento, podemos señalar dos años, en dos períodos distintos, de paralización total del procedimiento.

Sin embargo, aunque la apreciación de la atenuante de dilaciones indebidas está justificada, porque indudablemente se produjeron, la duración total del proceso no es desmesurada y las paralizaciones no son tan prolongadas, como requeriría la atenuante muy cualificada, a falta de otros elementos personales que específicamente acrediten un perjuicio concreto.

CUARTO.- Finalmente, considerando que la parte apelante niega la comisión de los delitos que fundamentan la condena, alegando vulneración del derecho a la presunción de inocencia y solicitando la completa absolución, es necesario examinar los hechos que se declaran probados para comprobar si pueden soportar la calificación jurídica por dichos delitos. La voluntad impugnativa expresada implica revisar los elementos tenidos en cuenta para la declaración de culpabilidad.

Desde este punto de vista, los hechos probados no son subsumibles en el delito de apropiación indebida del art. 254.1 del Código Penal. La sentencia declara expresamente que se desconoce la procedencia de las naranjas vendidas por el acusado. En los fundamentos jurídicos (que no pueden suplir el relato de hechos probados en perjuicio del acusado) se dice que el acusado se apoderó de la mercancía, que no ha podido determinarse de qué campo o campos salió la fruta y que, en todo caso, el acusado no ha acreditado su procedencia lícita.

Como explica la STS 502/2021, de 9 de junio, recogiendo la jurisprudencia anterior, la nueva redacción del artículo 254, dada por LO 1/2015, sanciona toda clase de apropiaciones de cosa mueble ajena que no puedan ser subsumidas en el artículo 253 del Código Penal. Los elementos de tal delito, son: 1) un acto de apropiación, que lo será de incorporación al patrimonio del sujeto activo del delito, en modo alguno un acto de distracción; tampoco lo será el simple uso de una cosa mueble ajena, que le puede venir otorgado por cualquier título jurídico legítimo; 2) que el objeto sobre el que recaiga lo sea una cosa mueble ajena, que será interpretada conforme al Código Civil (arts. 335 y siguientes), de manera que lo será el dinero, efectos o valores o cualquier otra cosa mueble, conforme a una interpretación sistemática de este precepto con el anterior; 3) que el título por el cual el sujeto tenga la posesión de tal cosa mueble ajena no sea alguno de los que justifican la aplicación del art. 253 del Código Penal. Desde esta perspectiva, la LO 1/2015 engloba en la tipología del nuevo art. 254, conductas anteriores tales como la apropiación de cosa perdida o de dueño desconocido (art. 253), o la recepción indebida por error del transmitente de dinero o alguna otra cosa mueble, o niegue haberla recibido, o comprobado el error, no proceda a su devolución (art. 254).

En suma, el tipo comentado se configura así como un tipo residual o subsidiario ( art. 8.2 del Código Penal) respecto a la estricta apropiación indebida, ahora alojada en el art. 253 del Código Penal, de manera que cuando el título jurídico que justifica la posesión no puede entenderse englobado en su tipología, por lo demás, bastante abierta, conforme a la tradición jurisprudencial de "numerus apertus" en la descripción de los títulos que posibilitaban la apropiación indebida, se aplicará este nuevo delito -el art. 254- cuando el autor se apropiare de una cosa mueble que no le pertenezca.

Por consiguiente, para aplicar el art. 254 CP no basta con poseer un bien cuya procedencia se ignora, tal como se declara probado en la sentencia. Es preciso acreditar y la sentencia debe declarar que se trata de pertenencias ajenas, procediendo el autor después a incorporar indebidamente lo adquirido a su patrimonio. En este caso, la declaración de hechos probados no contiene expresión de ajenidad. Por el contrario, se ignora el origen de la mercancía. En los razonamientos jurídicos, la sentencia sugiere que pudiera tratarse de cosa perdida, pero esta hipótesis no pasa de ser una conjetura carente de cualquier apoyo probatorio. También se llega a decir que se trata de mercancía ajena, pero sin especificar por qué se llega a esta conclusión, por lo que tal afirmación también carece de apoyo probatorio. En cualquier caso, los fundamentos de la sentencia no pueden completar el factum de la sentencia en perjuicio del acusado, según reiterada jurisprudencia. En definitiva, a tenor de la declaración de hechos probados, la condena por este delito vulnera el derecho a la presunción de inocencia, por lo que el recurso de apelación debe ser parcialmente estimado.

QUINTO.- Las costas del recurso de apelación deberán declararse de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el art. 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.