Sentencia Penal 74/2019 Audiencia Provincial Penal de Zaragoza nº 1, Rec. 119/2019 de 21 de febrero del 2019

PRIMERO.- Por la parte recurrente se solicita la declaración de nulidad de la sentencia de instancia y un nuevo examen de los hechos por otro órgano judicial ya que a su entender, el resultado del material probatorio obrante en autos y la propia argumentación de la Juzgadora de Instancia ponen de manifiesto que se incurrido en un evidente error en la apreciación de la prueba por parte de la Magistrada de instancia.

Como tantas veces hemos dicho, el recurso de apelación contra las sentencias dictadas en los procesos penales es un recurso amplio y pleno, en virtud del cual el órgano judicial "ad quem" puede examinar el objeto del proceso con igual amplitud y potestad con que lo hizo el juzgador "a quo", pero el acto del juicio oral tiene lugar ante éste último, que recibe con inmediación las pruebas y está en contacto directo con las personas intervinientes, y es por ello que, pese a aquella amplitud del recurso, en atención al principio de inmediación que informa el sistema oral en materia penal, ha de respetarse la apreciación que de la prueba haya realizado el Juez de instancia, al ser el que puede aprovechar al máximo, en la valoración de los hechos, las ventajas de la inmediación. Así pues, insistiendo en dicho planteamiento, para declarar la nulidad de la sentencia es necesario que por quien recurra se acredite que el juzgador ha incurrido en inexactitud o manifiesto error en la apreciación de la prueba, o que el relato fáctico sea oscuro, impreciso, dubitativo, ininteligible, incompleto, incongruente o contradictorio en sí mismo.

Pues bien, en el caso analizado, la Magistrada de instancia llega a la conclusión absolutoria contenida en el fallo tras haber valorado las pruebas practicadas en el acto de juicio, de entre las cuales, la única prueba incriminatoria es la declaración de la víctima, ya que ni su hijo Rafael ni la hermana del acusado corroboraron los hechos denunciados, no se presentaron grabaciones las numerosas llamadas que dijo haber recibido del acusado y tras haber escuchado a la denunciante, la Juzgadora llega a la conclusión de que dicha prueba, por sí sola, no constituye prueba de cargo suficiente que permita destruir el principio de presunción de inocencia, al contener contradicciones y haber modificado a lo largo del procedimiento la versión de los hechos expresada por ella.

Por tanto, ante el resultado de tales pruebas, que la Juzgadora apreció tras presenciar directamente su práctica, no cabe, en definitiva, cuestionar en esta instancia la valoración que se hizo de las mismas, sobre todo en razón de que, conforme al criterio reiterado de la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional, cualquier discrepancia que no responda a un manifiesto error de apreciación está vedada a éste órgano de apelación.

SEGUNDO.- Procediendo, pues, la desestimación del recurso interpuesto, las costas de esta segunda instancia deben ser declaradas de oficio.

VISTOS los preceptos legales de pertinente aplicación,

Fallo