Sentencia Penal Nº 90/2009, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 1, Rec 23/2009 de 06 de Febrero de 2009

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL

SECCIÓN PRIMERA

ALICANTE

PLZ. DEL AYUNTAMIENTO, nº 4-2ª planta

Tfno: 965.93.59.39-40

Fax: 965.93.59.51

NIG: 03014-37-1-2009-0000554

Procedimiento: Rollo apelación Abreviado Violencia de Género Nº 000023/2009- -

Dimana del Juicio Oral - 000654/2007

Del JUZGADO DE LO PENAL NUMERO 1 DE BENIDORM

Instructor Nº 5 DE BENIDORM

D. Urg 455/07

Apelante Luz

MINISTERIO FISCAL

Abogado Mª BELEN MURO GONZALEZ

Apelado/s Herminio

Abogado MANUEL LOPEZ-ASTILLEROS Y MACHADO

Procurador ROSARIO MARCOS FILIU

SENTENCIA Nº 90/09

ILTMOS. SRES.:

D. VICENTE MAGRO SERVET

D. ALBERTO FACORRO ALONSO

D. ANTONIO GIL MARTÍNEZ

En la ciudad de Alicante, a Seis de febrero de 2009.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de ALICANTE, integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, ha visto el presente recurso de apelación en ambos efectos, interpuesto contra la Sentencia nº 90/09, de fecha 5 de Diciembre de 2007 pronunciada por el/la Ilmo./a. Magistrado/a-Juez del JUZGADO DE LO PENAL NUMERO 1 DE BENIDORM en el Juicio Oral - 000654/2007, habiendo actuado como parte apelante Luz

MINISTERIO FISCAL, representado por el Procurador Sr./a. y dirigido por el Letrado Sr./a. MURO GONZALEZ, Mª BELEN, y como parte apelada Herminio , representado por el Procurador Sr./a. MARCOS FILIU, ROSARIO y dirigido por el Letrado Sr./a. LOPEZ-ASTILLEROS Y MACHADO, MANUEL.

Antecedentes

Primero.- Son HECHOS PROBADOS de la Sentencia apelada, los del tenor literal siguiente: En aras a la brevedad se dan por reproducidos los hechos probados de la Sentencia de instancia.

Segundo.- El FALLO de dicha Sentencia recurrida literalmente dice: "Y debo absolver y absuelvo Herminio de toda responsabilidad criminal por el delito de malos tratos en el ámbito familiar y el de robo con fuerza del que venía siendo acusado, con todos los pronunciamientos favorables, declarando de oficio las costas procésales.".

Tercero.- Contra dicha Sentencia, se formalizó ante el Organismo decisor, por la representación procesal de Luz

MINISTERIO FISCAL el presente recurso de apelación.

Cuarto.- Del escrito de formalización del recurso de apelación se dio traslado a las demás partes y cumplido este trámite fueron elevados los autos originales con los escritos presentados a este Tribunal de Apelación , y una vez examinados se señaló para la deliberación y votación de la sentencia el día 4/2/09 .

Quinto.- En la sustanciación de ambas instancias del presente proceso se han observado todas las prescripciones legales procedentes.

VISTO, siendo ponente el Ilmo. Sr. magistrado D. VICENTE MAGRO SERVET

SE ACEPTA el Antecedente de HECHOS PROBADOS de la Sentencia apelada.

Fundamentos

Primero.- Se dicta Sentencia absolutoria por el Juzgador penal por entender que no ha quedado acreditado al decir del juez penal el hecho de maltrato, ni el robo por el que venía siendo acusado señalando (FD 1º) que el denunciado ha negado los hechos y no existe prueba objetiva que acredite la realidad de los extremos que se reiteran en el recurso deducido. Respecto a las extracciones de dinero se hace constar la circunstancia de la autorización concedida para la realización de la extracción que se cita y los motivos que constan, así como la razonable explicación que consta sobre el iter de los acontecimientos surgidos en el escrito de impugnación del recurso de apelación. Además, esta versión de la autorización y extracción de la primera suma es corroborada, al decir de la juez penal, por un testigo, sin que se aprecie elemento alguno que permita hacer dudar de la veracidad de la declaración. Ello se colige además con documental aportada que corrobora la versión del denunciado en relación a las extracciones, por lo que sin ser obligación del denunciado acreditar su inocencia sí que es cierto que desvirtúa las alegaciones del recurrente y eleva la duda de la veracidad de lo denunciado en este extremo; más aún, cuando la juez penal está privilegiada por la inmediación de la prueba practicada y es cierto que en esta alzada no se aprecia error valorativo alguno , sino, más al contrario, corrección en el proceso deductivo llevado a cabo por la juez penal en torno al hecho de quedar justificadas las extracciones y el posible motivo de la previa entrega de dinero y la exigencia de su devolución. Además, como bien señala, de las cintas de visionado de la CAM no parece desprenderse que fuera el acusado el que llevó a cabo la extracción que se denuncia; se reconoce la primera extracción por las razones que se apuntan en la sentencia y en el escrito de impugnación del recurso, pero no así las denunciadas, sin que se acredite que las hizo el acusado.

Respecto a las declaraciones de la víctima señala que incurre en contradicciones y que el ánimo de resentimiento es percibido por la juez, lo que le hace dudar de la veracidad de su declaración , sin que del informe forense la juez derive la existencia de lesiones propiciadas por la conducta del acusado. En tal sentido , la juez penal elabora un examen de las circunstancias que deben ser tenidas en cuenta para atender a la veracidad de la declaración de la víctima. Además, de la propia declaración de la víctima la juez penal incluso deriva la inocencia del acusado en base a que la conducta del mismo cuando se encuentran no fue ilícita. Por otro lado, también la juez resta credibilidad a las declaraciones relativas a que no le había autorizado a realizar la extracción que sí que reconoce el acusado argumentando con acierto la falta de credibilidad de la declaración inculpatoria de la denunciante que no tiene un soporte probatorio concreto y que hace derivar en la absolución por ambos hechos que han sido objeto de acusación.

Segundo.- Comienza su alegato el apelante por discrepar de la valoración de la prueba efectuada por el Juez de instancia, que califica de errónea, por parecerle que la prueba practicada demuestra la culpabilidad del denunciado. La recurrente sostiene un relato de hecho incriminatorio sobre lo ocurrido, pero como sostiene la parte que impugna el recurso las cuestiones de matiz que se plantean no permiten desvirtuar la alegada conclusión absolutoria a la que llega la juez penal. La recurrente sostiene en su alegato que la tarjeta le fue sustraída por el acusado, pero la conclusión a la que llega no tiene un soporte probatorio que se exige para enervar la presunción de inocencia, lejos de lo cual la recurrente sostiene un iter presuntivo acerca de las razones que le hacen concluir que la tarjeta le fue sustraída por el acusado. Respecto de la agresión relata las lesiones que presentaba la recurrente , pero la juez ya ha hecho mención en su Sentencia a que no se acredite en ningún momento el nexo causal que determina que estas se hayan producido por la actuación con dolo del acusado. Respecto de las extracciones alegadas se insiste en que el relato de hechos de la recurrente supone una distinta valoración de la misma, pero no se refleja en prueba más allá de los hechos que entienden que se han producido, argumentando la juez , de la forma que se ha expuesto, que no se acredita tal relato en la medida que se exige para enervar la presunción de inocencia. Al mismo tiempo se trata de desvirtuar la declaración testifical , pero nótese que es la acusación la que debe aportar las pruebas que evidencien la culpabilidad e insistimos en que ello no se ha producido. Por las mismas razones apuntadas debe desestimarse el escrito de impugnación de la fiscalía tanto en cuanto al hecho del maltrato, que no consta acreditado, como con respecto al de la ilegítima sustracción , ya que no consta que las extracciones no autorizadas las efectuara el denunciado y no es posible sostener la imputación en pruebas presuntivas cuando el acusado ha justificado debidamente, pese al distinto parecer de la recurrente, una de las extracciones, sin que consta que este llevó a cabo la restante.

Además, el contenido del recurso incide en una posible vulneración de la doctrina en torno a la valoración de la declaración de la víctima, pese a lo cual los límites del TC en esta materia son contundentes. Y lo son tanto que recientemente el TC ha dictado la Sentencia15/2007, de 12 de febrero de 2007 en un caso de violencia psíquica habitual en la que se muestra el máximo rigor en la asunción de otros medios correlativos a la declaración de la víctima al no poder en la alzada alterar la valoración efectuada por el juez penal para optar por otros medios con preterición de la valoración efectuada por el juez penal. Por ello, el recurso formulado en el que se insiste en cuestiones valorativas de la prueba al comparar la declaración de la víctima con otros medios tiene el límite establecido por la doctrina sentada por el TC desde la STC 167/2000 .

Así las cosas, en la Sentencia del TC de 12-2-2007 se recoge un caso en el que una Audiencia Provincial había revocado una condena absolutoria dictada por un Juzgado de lo penal y valorado en mayor medida otras pruebas que entendía servían como pruebas objetivas que corroboraban la aparente realidad de los hechos denunciados. Sin embargo , el TC señala que al revocar la Audiencia Provincial una Sentencia absolutoria dictada por un Juzgado de lo penal por delito de violencia psíquica habitual surge la cuestión de si la Sala que revoca la absolución ha podido vulnerar la doctrina del TC desde la STC 167/2000, en virtud de la cual no es posible que en virtud de un recurso de apelación se pueda entrar a modificar la valoración de la prueba llevada a cabo por el juez penal que goza del privilegio de la inmediación sin que este, a su vez, pueda ser disfrutado por la Sala.

Así, en los casos de Sentencias absolutorias en materia de violencia de género puede ocurrir que el Juzgador penal no asuma o acepte la credibilidad de la declaración de la víctima y esta valoración estricta de la declaración de la misma que efectúa el Juzgador penal no puede ser revisada en la segunda instancia por poder apreciar esta que existan elementos objetivos que le permitan llegar a entender que corrobora la existencia de un delito de violencia de género.

Recordemos que la resolución de la cuestión suscitada requiere traer a colación la doctrina sentada por el Pleno del Tribunal en la reciente STC 167/2002, de 18 de septiembre (FFJJ 9 , 10 y 11 ) sobre la exigencia de respetar, en cuanto integra el contenido del derecho a un proceso con todas las garantías, los principios de inmediación y contradicción en la valoración de la prueba en la segunda instancia penal.

En la misma línea podemos recordar la STC 200/2002 de 28 de Octubre que recuerda la del propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos , que ha declarado más recientemente en su Sentencia de 27 de junio de 2000 (caso Constantinescu contra Rumania, § 54 y 55, 58 y 59) que cuando la instancia de apelación está llamada a conocer de un asunto en sus aspectos de hecho y de Derecho y a estudiar en su conjunto la cuestión de la culpabilidad o inocencia de acusado, no puede, por motivos de equidad del proceso, decidir esas cuestiones sin la apreciación de los testimonios presentados en persona por el propio acusado que sostiene que no ha cometido la acción considerada infracción penal ,

La propia Sentencia refleja la estimación del amparo al señalar que "De modo que en la segunda instancia, y estimando el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal por error en la valoración de la prueba contra la Sentencia del Juzgado de lo Penal, la audiencia Provincial, modificó el relato de hechos probados de la Sentencia de instancia, sobre la base de una nueva valoración de la prueba testifical practicada en el acto del juicio, ponderando, de un lado, las declaraciones del acusado y del testigo de la defensa , que negaron la afectación en las facultades de conducción del recurrente en amparo por la ingesta de bebidas alcohólicas, y, de otro, las de los policías actuantes, que afirmaron aquella afectación, y condenó al ahora demandante de amparo como autor de un delito tipificado en el art. 379 del Código penal. Al haberse procedido a condenar en la segunda instancia al recurrente en amparo, modificando los hechos probados de la Sentencia absolutoria de instancia , sobre la base de una nueva valoración de la prueba testifical en relación a un dato fáctico , cual era la afectación de las facultades de conducción del demandante de amparo por la ingesta de bebidas alcohólicas, resulta de aplicación al presente caso la doctrina establecida por el Pleno de este Tribunal en la ya mencionada STC 167/2002, de 18 de septiembre, ya reseñada en el fundamento jurídico 4 de esta Sentencia. Y según dicha doctrina ha de concluirse que, dado el carácter personal de las pruebas en las que se sustenta la acreditación de los hechos, de los que se deduce el discutido elemento normativo del tipo del art. 379 del Código penal, el respeto por la Audiencia Provincial de los principios de inmediación y contradicción , que forman parte del Derecho a un proceso con todas las garantías, impedía que valorase por sí misma pruebas practicadas sin observancia de esos principios ante ella, y corrigiese con su propia valoración la del órgano a quo, lo que conduce a la estimación en este extremo de la demanda de amparo."

En la misma línea, la S.T.C. 198/2002, de 28 de octubre de 2002 se mantiene en la base de postular las dificultades de combatir la inmediación del juez " a quo" con valoración distinta en el órgano " ad quem" con vulneración, entiende el TC de los principios de inmediación y contradicción. Por ello, en los casos de Sentencias absolutorias lo que debe analizarse es si existe craso error en la valoración que hace la juez de la prueba practicada en el plenario , no pudiendo sustituirse meramente la valoración que pueda hacer el recurrente, por su percepción personal de cómo ocurrieron los hechos por la del juez en este caso , ya que si no hay patente error no puede la Sala modificar la valoración que compete en esencia a la juez y a su percepción privilegiada por la inmediación.

Además, el Tribunal Supremo ha señalado en Sentencia de fecha 6 de Marzo de 2003 que:

"No puede esta Sala sustituir la falta de convicción condenatoria del Tribunal de instancia y revisar el juicio valorativo de éste a virtud de unas pruebas testificales de las que solo se nos ofrece una síntesis pero que ni hemos presenciado ni, por ello, estamos en disposición de evaluar en todo su contenido, y, en este sentido conviene recordar que las recientes SS.TC 167/2002, de 18 Sep., 170/2002, de 30 Sep. , 199/2002, de 28 Oct. y 212/2002, de 11 Nov. 2002, han modificado la doctrina anterior del TC para reconocer que también en la Resolución del recurso de apelación las Audiencias Provinciales deben respetar la valoración probatoria íntimamente vinculada a los principios de contradicción e inmediación , dado que el recurso de apelación penal español, como sucede con la casación, no permite la repetición de las pruebas personales practicadas en la instancia."

Ahora bien , en el caso que nos ocupa de la Sentencia TC 15/2007 la situación es distinta en principio, ya que el tribunal "ad quem" señalaba que concurrían elementos objetivos y que "aunque la Sala no percibió con inmediación las declaraciones del acusado y de la testigo, la negada en la Sentencia credibilidad de ésta última no la sustenta la Juzgadora de instancia en la inmediación con la que pudo percibir su declaración, sino en la ausencia de datos objetivos corroboradores de la realidad de su relato incriminatorio, datos éstos que la Sala estima concurrentes y que resultan de elementos probatorios ajenos a las meras declaraciones personales cuya valoración no precisa, en consecuencia de la inmediación".

Sin embargo, el TC en el FD 3º recoge que incluso cuando la credibilidad del testimonio se pondera por el órgano judicial ad quem a partir de la concurrencia de elementos objetivos, tal como acontece en el caso sometido a enjuiciamiento , será necesaria la garantía de inmediación si con ello se revisa la valoración de tal prueba efectuada en primera instancia. Ello es así porque de la consideración crítica sobre los argumentos utilizados por el órgano a quo para concluir que el testimonio no ofrecía el grado de credibilidad necesario para fundar la condena , no se infiere directamente la veracidad del mismo , sino que para ello es preciso efectuar una valoración específicamente dirigida a afirmar o negar dicha credibilidad, y esta segunda fase del enjuiciamiento habrá de verse necesariamente apoyada sobre elementos de juicio necesitados de la inmediación; máxime cuando la asunción de la verosimilitud del testimonio de la parte acusadora conlleva per se la negación de la credibilidad de lo manifestado por el acusado.

Por ello, se insiste por el TC que el rigor es máximo en estos casos cuando se revoca una Sentencia absolutoria sin haber practicado con inmediación la prueba impidiendo al órgano ad quem revisar la prueba practicada y entender que existen elementos objetivos que corroboren la existencia del delito de violencia de género al asumirlos por encima de la valoración que de la declaración de la víctima ha realizado el juez penal, ya que al hacer primar aquellos sobre esta valoración esta vulnerando la tesis del TC mantenida desde la STC 167/2000 . Con ello, se aprecia que el rigor es máximo y las posibilidades de revocación por un tribunal de apelación de una Sentencia absolutoria son mínimas por no decir absolutas, salvo que exista craso error jurídico de apreciación. Ante ello, el T.C. opta en esta Sentencia por declarar la nulidad de la Sentencia condenatoria de la Audiencia al revocar una absolución y dictar Sentencia condenatoria , en virtud de lo cual en esta alzada y ante el recurso planteado es obligatorio seguir la doctrina sentada por el TC ante la claridad y contundencia de la Sentencia 15/2007 . Es por ello, por lo que debe desestimarse el recurso deducido y confirmar la Sentencia de instancia.

Tercero.- Declaramos de oficio las costas de esta apelación (arts 239 y 240 Lecrim).

VISTOS los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación al presente supuesto.

Fallo

F A L L A M O S: Que DESESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por la representación de Luz y la adhesión del Ministerio Fiscal, debemos confirmar la Sentencia dictada por el juzgado de lo Penal nº 1 de Benidorm, en el Juicio Oral 654/07, de que dimana este Rollo y declarando de oficio las costas de esta apelación.

Notifíquese esta Sentencia conforme a lo establecido en el artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, haciendo constar que contra la misma no cabe recurso alguno. Y devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, interesándose acuse de recibo , acompañados de Certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de efectividad de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de Apelación.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia en el día de su fecha y en audiencia pública celebrada en la sección primera de la Audiencia Provincial de Alicante. Certifico.