Sentencia Penal 6/2024 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Cuarta, Rec. 2/2015 de 21 de febrero del 2024

PRIMERO.- El artículo 655 LECrim, establece que, si la pena pedida por las partes acusadoras fuese de carácter correccional, al evacuar la representación del procesado el traslado de calificación podrá manifestar su conformidad absoluta con aquella que más gravemente hubiera calificado, si hubiere más de una, y con la pena que se le pida, expresándose además por el letrado defensor, si esto no obstante, conceptúa necesaria la continuación del juicio.

Sobre la base del indicado precepto, el Ministerio Fiscal, única parte acusadora, en sus conclusiones definitivas calificó los hechos como constitutivos de un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud, en cantidad de notoria importancia cometido en el seno de organización y mediante simulación de operaciones de comercio internacional, previstos en los artículos 368, 369.1.5ª, 369 bis y 370 del CP. con la concurrencia de la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas prevista en el art. 21.6 del Código Penal, en el que ha resultado debidamente acreditado la participación de los indicados acusados que han reconocido su participación en los hechos y la conformidad con las penas interesadas por el Ministerio Fiscal; por lo que interesó para cada uno de los acusados la pena de 3 años de prisión; sin que, por lo demás, ni el acusado Ministerio Fiscal ni los abogados de los acusados solicitaron la continuación del juicio.

Así las cosas, siendo la pena interesada por el Ministerio Fiscal en sus conclusiones definitivas, de carácter correccional y concurriendo el resto de requisitos establecidos en la LECrim, procede dictar sentencia de conformidad con lo recogido en los preceptos citados, estableciendo como hechos probados los indicados en el escrito de conclusiones definitivas presentado, una vez suscrito por los acusados y sus letrados, y ya recogidos en la presente resolución.

SEGUNDO.- Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud, en cantidad de notoria importancia cometido en el seno de organización y mediante simulación de operaciones de comercio internacional, previstos en los artículos 368, 369.1.5ª, 369 bis y 370 del CP, ostentado el acusado Victoriano, la jefatura de la organización criminal.

El artículo 368 CP, recoge una modalidad de delitos contra la salud pública, como es el tráfico de drogas (delito de peligro). Este precepto, norma penal en blanco, ha de ser integrado para determinar qué sustancias tienen la consideración de drogas tóxicas o estupefacientes, por las listas incorporadas a la Convención Única de las Naciones Unidas, ratificada por España por Instrumento de 3 de febrero de 1966, en las que la cocaína aparece incluida y resulta considerada dentro de las que son gravemente perniciosas para la salud. Dentro de las conductas o actividades que se consideran englobadas en el tipo objetivo de este delito por ir encaminadas a promover, favorecer o facilitar el consumo de drogas tóxicas, se encuentran tanto la venta o donación, como el transporte o la tenencia preordenada al tráfico, de modo que sólo el autoconsumo, queda excluido del ámbito de aplicación de este precepto. No cabe duda que las actividades descritas en el "f actum", dirigidas a la introducción en España, de una importante cantidad de cocaína en el seno de una organización criminal, de la cual el acusado Victoriano ostentaba la jefatura y simulando operaciones comerciales, integran los elementos del tipo penal descrito. Además, resulta aplicable el subtipo agravado de cantidad de notoria importancia, al sobrepasar con creces la sustancia incautada los 750 gramos establecidos por la jurisprudencia a raíz del Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la Sala 2ª del Tribunal Supremo de fecha 19 de octubre de 2001, plasmado por primera vez en STS 2027/2001, de 6 de noviembre.

La intervención de los acusados quedó exteriorizada en el concierto delictivo que protagonizaron para llevar a cabo las operaciones de narcotráfico recogidas en el relato de hechos probados.

Por lo que al tipo cualificado de desplegar conductas de extrema gravedad, se refiere, establecen las SSTS 579/2007, de 26 de junio; 658/2007, de 3 de julio; y 1016/2007, de 3 de diciembre, que el artículo 370 CP prevé una serie de agravantes que cualifican, cada una de ellas, el mayor reproche que merecen determinadas conductas: de una parte, la utilización de menores o de disminuidos psíquicos; de otra, la condición de jefe, administrador o encargado de la organización, y de otra, cuando la conducta fuera de extrema gravedad, que concreta en el párrafo siguiente. Para estos tres supuestos: cuando la cantidad de las sustancias a que se refiere el artículo 368 CP excediere notablemente de la considera como de notoria importancia, o se hayan utilizado buques, embarcaciones o aeronaves como medio de transporte específico, se hayan llevado a cabo las conductas indicadas simulando operaciones de comercio internacional entre empresas, como es el caso, o se trate de redes internacionales dedicadas a este tipo de actividades, o cuando concurrieren tres o más de las circunstancias previstas en el artículo 369.1 CP prevé una pena agravada, que es la pena superior en uno o dos grados a la señalada en el artículo 368 CP.

TERCERO.- De los citados delitos responden en concepto de autores ( art. 28 CP), por su participación directa y concertada en los hechos, los acusados Victoriano (delito a) y Roque (delito b), con la concurrencia de la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas del artículo 21.6 CP. Sorprende un tanto al Tribunal la petición de esta atenuante nada menos que en su calidad de muy cualificada, cuando no se han puesto en conocimiento del Tribunal los periodos de paralización de la causa como es preceptivo, ello no obstante estar una causa iniciada en el 2012, que se recepción o y aceptó la competencia de la Audiencia Nacional por auto del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de fecha 9 de junio de 2014. Es cierto que, en la resolución que antecede sentencia nº 31/2023, de 7 de noviembre, se apreció la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada ( art. 21.6 CP) respecto de los allí enjuiciados; pero no lo es menos que el ahora acusado Victoriano, ha estado en situación de rebeldía procesal desde el pasado 24 de noviembre de 2014, fecha en la que se dictó el auto de procesamiento, decretándose en esa misma fecha la busca, detención e ingreso en prisión del mismo. Si viajó a su país por motivos personales, tuvo tiempo suficiente para solventar aquellos y regresar a nuestro país para ponerse a disposición de la justicia, y no tener que acudir al mecanismo de la extradición, a través del cual fue entregado por las autoridades judiciales colombianas en fecha 13 de noviembre de 2023 (es decir algo más de nueve años desde su marcha).

Otro tanto sucede con el otro acusado, Roque, el cual tampoco fue habido, debiendo decretarse el correspondiente auto de busca, detención e ingreso en prisión de fecha 20 de septiembre de 2022, siendo entregado en fecha 5 de diciembre de 2023, por las autoridades judiciales de los Países Bajos a través del mecanismo de cooperación jurisdiccional de la OEDE.

No obstante, el acuerdo de conformidad al que han llegado las partes, así como los principios acusatorios y de legalidad, aconsejan respetar tal petición llevada a cabo por el Ministerio Fiscal y la defensa.

Por otro lado, el juicio de autoría viene acreditado principalmente por el propio reconocimiento de los hechos llevado a cabo en el plenario por los acusados, el cual ha sido además corroborado por las declaraciones en el acto del juicio oral del Instructor del CNP con carnet profesional nº NUM008, que ratificó la totalidad de los atetados policiales obrantes en las actuaciones.

En sus declaraciones ambos acusados reconocieron ser consumidores habituales de sustancias estupefacientes (cocaína y marihuana) continuando en la actualidad con dicho consumo.

CUARTO.- A la vista de lo prevenido en los preceptos citados, en relación con el artículo 66.1.2ª CP, y en especial del acuerdo de conformidad alcanzado con el Ministerio Fiscal, procede imponer las siguientes penas:

A Victoriano, por el delito a) 4 años de prisión con igual plazo de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y multa de 1.480.782 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un mes de privación de libertad ( art. 53.1 y 3 CP).

Al acusado Roque, por el delito b) procede la imposición de una pena de tres años de prisión con igual plazo de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y multa de 1.480.782 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un mes de privación de libertad ( art. 53.1 y 3 CP).

La defensa en sede de informe oral, ha interesado la suspensión de la pena privativa de libertad del acusado Roque, al amparo del artículo 80.5 CP, al haberse cometido el hecho delictivo a causa de su dependencia de las sustancias tóxicas y estupefacientes, siendo así que dicho pronunciamiento deberá diferirse a la ejecución de la sentencia, al carecer en este momento el Tribunal de los datos necesarios para llevar a cabo aquél.

Respecto del otro acusado Victoriano , solicitó la modificación de la situación personal del acusado Victoriano, al haber cumplido ya las tres cuartas partes de la condena (3 años y 2 meses) y por aplicación el principio de igualdad del artículo 14 CE, ya que el resto de los acusados ya condenados por esta causa en sentencia nº 31/2023, de 7 de noviembre, se encuentran ya en libertad. No procede la modificación interesada, al no existir motivo suficiente para ello, ni quiebra alguna del principio de igualdad ( art. 14 CE) respecto de los otros acusados ya enjuiciados. Como indican las SSTC 82/2001, de 26 de marzo; 131/2003, de 15 de octubre, "la vulneración de la garantía de la igualdad requiere como presupuesto, la determinación de los términos a comparar, y, para afirmar conculcación de este principio, se exige que dichos términos de comparación sean absolutamente iguales, de tal modo que será grave desigualdad y discriminación el trato igual a los desiguales, de forma que no se produce agravio comparativo, ni se infringe por tanto el principio de igualdad, si no concurren en los términos de comparación los mismos presupuestos jurídicos, ni, aún cuando dándose los mismos presupuestos, el Juzgador haciendo uso de la discrecionalidad que le concede la Ley adapta la pena, individualizándola para cada reo, según las circunstancias concretas de cada uno respecto a la forma de realización de los hechos, participación en ellos (...)". En el mismo sentido, la STS 532/2003, de 19 de mayo, que indica que: "La aplicación de la ley requiere que las resoluciones que se contrastan hayan sido dictadas por el mismo órgano judicial, que hayan resuelto supuestos sustancialmente iguales y la ausencia de toda motivación que justifique el cambio de criterio". Ninguna vulneración del principio de igualdad se produce por tanto en el caso de autos, ya que ni las situaciones personales son las mismas. En primer lugar, como ya se indicó los ya enjuiciados y condenado en sentencia nº 31/2023, de 7 de noviembre, se encontraban todos ellos a disposición de las autoridades judiciales españolas, lo que posibilitó su citación para el acto del juicio oral, y el desarrollo del mismo sin incidencia alguna al respecto, lo que como explicado, no sucede lo mismo con el acusado Victoriano. Pero es que además, su participación en los hechos no es la misma, ya que como el mismo ha reconocido, ostentaba la jefatura de la organización criminal, cualidad que no se atribuyó a ninguno de los otros acusados.

En definitiva, la modificación de la situación personal de este acusado en este momento procesal resultaría precipitada y carente de sustento legal, sin perjuicio de que una vez en sede de ejecución se proceda a efectuar la correspondiente liquidación de condena, y una vez verificada aquella, a la vista del tiempo que reste de cumplimiento se pueda interesar aquella.

QUINTO.- Asimismo, tal y como ha interesado el Ministerio Fiscal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 374.1 CP, procede el comiso de los vehículos, saldos bancarios, dinero en efectivo, teléfonos móviles, equipos informáticos y demás efectos intervenidos, a los que se dará el destino previsto en la Ley 17/2003, de 29 de mayo, por la que se regula el Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados.

SEXTO.- En materia de costas procesales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 del Código Penal "se entienden impuestas por la Ley a los criminalmente responsables de todo delito o falta", comprendiendo los conceptos expresados en el artículo 124 del mismo texto legal sustantivo, que se imponen proporcionalmente.

En atención a lo expuesto y por la autoridad que nos confiere la Constitución Española.