Sentencia Penal 2/2024 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Segunda, Rec. 4/2021 de 08 de enero del 2024

PRIMERO. - La primera cuestión de análisis de la presente sentencia se ha de centrar en un previo recordatorio sobre las conformidades, al haberse producido una conformidad y reconocimiento de hechos por parte de casi todos los acusados, pero no de la totalidad, por lo que el juicio se ha desarrollado en términos de plenitud para los acusados no conformados y de limitado despliegue probatorio en cuanto al resto, en los términos fijados por el Ministerio Fiscal y las defensas de las partes.

Sobre las conformidades procede recordar lo que la Jurisprudencia menciona, en tal sentido la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 9 de marzo de 2006 (Pte. Berdugo Gómez de la Mantecas): " Ciertamente, la conformidad, dice la STS. 1774/2000 de 17.11 , para que surta efectos, ha de ser necesariamente "absoluta", es decir, no supeditada a condición, plazo o limitación de cosa alguna; "personalísima", o, dimanante de los propios acusados o ratificada por ellos personalmente y no por medio de mandatario, representante o intermediario; "voluntaria", esto es, consciente y libre; "formal", pues debe reunir las solemnidades requeridas por la ley, las cuales son de estricta observancia e insubsanables; "vinculante", tanto para el acusado o acusados como para las partes acusadoras, las cuales una vez formuladas, han de pasar tanto por la índole de la infracción como por la clase y extensión de la pena mutuamente aceptada; y, finalmente, "de doble garantía", pues se exige inexcusablemente anuencia de la defensa y subsiguiente ratificación del procesado o procesados -en la hipótesis contemplada en elartículo 655- o confesión de acusado o acusados y aceptación tanto de la pena como de la responsabilidad civil, más la consecutiva manifestación del defensor o defensores de no considerar necesaria la continuación del juicio - artículos 688 y ss. LECrim -.

En lo que respecta a su "naturaleza jurídica" es cuestión asaz controvertida, encontrando ciertos sectores doctrinales semejanza entre esta figura y el "allanamiento" propio del proceso civil, aunque sea preciso reconocer que en este rige el principio dispositivo, mientras que en el proceso penal prepondera el de legalidad, otras opiniones entienden que la debatida figura pugna con el principio conforme al cual nadie puede ser condenado sin ser previamente oído y defendido, aunque lo cierto es que si pudo defenderse y ser oído, renunciando a ello porque quiso, admitiendo y confesando su culpabilidad; finalmente se ha dicho que la conformidad no es un acto de prueba, sino un medio para poner fin al proceso, es decir una situación de crisis del mismo, mediante la cual se llega a la sentencia, sin previo juicio oral y público, y de modo acelerado, consecuente a la escasa gravedad de la pena solicitada por las acusaciones y el convenio o acuerdo habido entre acusadores y acusados, en el que han participado los defensores de estos últimos.

La conformidad del acusado supone que el hecho es "aceptado" como existente y no implica que se trate de una confesión, y por tanto, de una actividad probatoria, como sería el interrogatorio del acusado. Con independencia de que tal "aceptación" no corresponde siempre y en todo caso a la verdad histórica, lo cierto es que supone una declaración de voluntad que en primer y decisivo término, obtura "ea ipsa" la posibilidad de que la acusación produzca prueba de signo incriminatorio o de cargo, y por ello produce en la instancia una preclusión para el acusado de poder alegar en otro grado jurisdiccional la ausencia de aquella -que no ha podido producirse por imperativo legal, dada la conformidad- que es en definitiva el sustrato esencial sobre el que descansa , como reaccional que es, el derecho fundamental a la presunción de inocencia. Y en consecuencia, no cabe alegar en casación, tal vulneración cuando fue el acusado mismo quien impidió tal producción de prueba ( SSTS. 326/95 de 8.3 y 122/97 de 4.2 ).

En el caso presente parte de los acusados, en concreto doce, se han conformado y aceptado su precisa intervención en el entramado delictivo enjuiciado.

Acreditación de los hechos delictivos reconocidos, admitidos y conformados que no sólo han atendido al reconocimiento de hechos y conformidad por parte de los acusados al inicio de la vista oral, sino que ello se ha visto acompañado de prueba documental, prueba testifical desplegada en el juicio oral para reforzar la acusación (en los términos interesados por el Ministerio Fiscal y las defensas), los resultados de las entradas y registros, la localización de sustancias estupefacientes debidamente analizadas mediante dictámenes periciales que han sido ratificados y la ocupación de diverso material y efectos que robustecen la comisión delictiva atribuida.

En todo caso, la genérica declaración de conformidad de los acusados con el contenido del escrito de acusación del Ministerio Fiscal sólo a quien presta su conformidad compromete, sin que pueda entenderse como una declaración incriminatoria de un coimputado susceptible de ser valorada como prueba de cargo para enervar la presunción de inocencia de otro acusado que no prestó su conformidad.

SEGUNDO. - La defensa de D. Camilo, así como la de D. Severino plantearon en sus escritos de conclusiones, que se elevaron a definitivas en el acto del juicio, una serie de cuestiones sobre vulneración de derechos fundamentales, interesando la declaración de nulidad de determinadas resoluciones judiciales, de lo que se derivaría que las pruebas obtenidas a raíz de las mismas no pudieran surtir efecto.

Así, la primera de tales defensas planteó las siguientes cuestiones:

1º.- Vulneración del artículo 24.2 de la Constitución en relación con el artículo 18.3 del mismo texto legal y 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Se solicita la nulidad de las intervenciones telefónicas y de las pruebas reflejas según lo contenido en el artículo 11 de la L.O.P.J., que determina que las pruebas obtenidas directa o indirectamente con violación de derechos fundamentales no podrán surtir efecto.

2º.- Vulneración del artículo 24.2 de la Constitución en relación con el artículo 18.3 del mismo texto legal y 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; dada la instalación de un dispositivo de geolocalización y sonorización por Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) en los vehículos Mercedes, matrícula ....-TZJ y Fiat 500 con matrícula ....-VNQ, por falta de motivación de los autos que acuerdan dicha instalación, falta de un adecuado control judicial de la ejecución de la medida y vulneración del derecho a la presunción de inocencia, contemplada en el artículo 24.2 de la Constitución, por fundarse la petición fiscal en las pruebas ilícitamente obtenidas.

3º.- Vulneración del artículo 24.2 de la Constitución en relación con el artículo 24.1 del mismo texto legal, que recoge el derecho a un proceso con todas las garantías, por haber actuado el agente encubierto sin la debida autorización judicial.

4º.- Vulneración del artículo 24.2 de la Constitución en relación con el artículo 24.1 del mismo texto legal, que recoge el derecho a un proceso con todas las garantías, por haber actuado el agente encubierto amparado en una resolución debidamente motivada.

5º.- Vulneración del artículo 18.2 de la Constitución al acordarse la diligencia de entrada y registro en el domicilio de su representado, al no cumplirse el requisito de proporcionalidad.

6º.- En el acto del juicio, dicha defensa añadió una nueva petición, cual es la de la vulneración al derecho a un proceso con todas las garantías al haberse declarado impertinente la pregunta formulada por dicha defensa a varios testigos, funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, si se había utilizado información obtenida de EncroChat para iniciar la investigación sobre Camilo.

Por su parte, la defensa de D. Severino interesó se declare la nulidad de las intervenciones telefónicas, captación de sonidos ambientales y actuación de los agentes encubiertos por vulneración de derechos fundamentales, adhiriéndose, en este apartado, a las alegaciones formuladas por la defensa del anterior.

TERCERO. - De esta forma, la defensa de D. Camilo, y adhiriéndose a la misma la de D. Severino, en trámite de informe, comenzó alegando que el Decreto de la Fiscalía Especial Antidroga en las Diligencias de la Fiscalía 22/2020, de 30 de junio, por el que se autoriza la actuación de los agentes encubiertos " Largo" y " Gallina" vulnera los derechos fundamentales de su defendido. Alega que el inicio de dicha investigación fue totalmente prospectiva; en la misma no se cumplen los requisitos establecidos en el art. 282 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pues no existían indicios de la comisión de una actividad propia de la delincuencias organizada; de dicha autorización no se dio cuanta inmediatamente al Juez, la resolución no es fundada, pues no se valoró la necesidad de habilitar a un agente encubierto. Los únicos datos utilizados para dicha autorización son los que se desprendían del sumario 36/2019 del Juzgado Central de Instrucción núm. 2 con respecto a Gerardo, a los que se añadieron los que constaban en el Juzgado de Instrucción núm. 2 de Benidorm respecto de esa misma persona. Alegó que, aunque ni el Juzgado Central de Instrucción ni el Juzgado de Benidorm encontrasen causa suficiente para proceder frente a Gerardo en sus respectivas causas, la Brigada Central de Estupefacientes, recopilando los datos obrantes en dichas causas respecto de dicha persona, iniciaran una investigación frente a la misma, que ha de ser calificada como prospectiva.

Abordando las cuestiones debatidas por la citada defensa respecto de la denunciada nulidad del Decreto dictado por la Fiscalía, de fecha 30 de junio de 2020, y en primer lugar, sobre la ausencia de datos incriminatorios suficientes para poder adoptar la medida solicitada, hemos de constatar cómo la Fiscalía, en su Decreto, razona cómo, del oficio policial 4614/44/2020 De la B.C.E., Sección IV, se deprende que, establecido dispositivo de vigilancia, se verifico la celebración de una reunión con el ciudadano búlgaro Dionisio, actualmente fugado de la justicia, con la finalidad de organizar la importación de la sustancia estupefaciente. Además, se ha verificado la existencia de un entramado empresarial establecido por Gerardo y su esposa, también de ciudadanía búlgara, María Inmaculada, con fines aparentemente delictivos. Informan que se ha identificado a algunas de las personas del entorno de Gerardo, algunas de ellas vinculadas con el narcotráfico, destacando la relación que mantiene con la familia de Torcuato, concretamente con la esposa de este: Araceli. Torcuato dispone de al menos ocho empresas vinculadas todas ellas, a través de los órganos de coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con el tráfico internacional de cocaína, siendo así que el citado Decreto ha de ser integrado con el contenido del Oficio Policial que lo antecede y del que trae causa, tal y como el propio Decreto refiere en su contenido.

En este sentido, cabe recordar que la jurisprudencia viene admitiendo el posible complemento de la motivación del auto con el contenido de la solicitud policial. Por todas, cabe citar la STS 808/2022, de 7 de octubre, que recuerda que se viene reconociendo que la argumentación por remisión no es una técnica jurisdiccional modélica, pero es suficiente si la solicitud policial, o el informe del Ministerio Fiscal en el que solicita la intervención, contiene todos los elementos necesarios para llevar a cabo el juicio de proporcionalidad ( SSTC 72/2010, de 18 de octubre, y 492/2012, de 14 de junio y STS 248/2012, de 12 de abril, entre otras). En este mismo sentido, la STJUE (Sala Tercera) de 16 de febrero de 2023 (asunto C-349/21) estableció que "El artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002 , relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas), a la luz del artículo 47, párrafo segundo , de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea , debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una práctica nacional en virtud de la cual las resoluciones judiciales por las que se autoriza el uso de técnicas especiales de investigación en respuesta a una solicitud motivada y detallada de las autoridades penales se redactan en base a una plantilla preestablecida y carente de motivación individualizada, pero limitándose a indicar, además del período de validez de la autorización, que se cumplen los requisitos establecidos en la legislación a que dichas resoluciones hacen mención, a condición de que las razones precisas por las que el juez competente consideró que los requisitos legales se cumplían a la vista de los elementos fácticos y jurídicos del caso de autos puedan inferirse fácilmente y sin ambigüedad de una lectura cruzada de la resolución y de la solicitud de autorización, solicitud de autorización que, con posterioridad a la autorización concedida, habrá de ponerse a disposición de la persona frente a la cual se autorizó el uso de técnicas especiales de investigación ". En todo caso, el Decreto cuestionado recoge de los elementos fundamentales contenidos en el oficio policial, y que determinan la proporcionalidad de la medida de investigación interesada, sin que quepa hablar de una investigación prospectiva, y así, el oficio policial explica cómo, en el curso de una investigación llevada a cabo por el Juzgado Central de Instrucción núm. 2, y cuyo testimonio íntegro ha sido aportado a la presente causa, se detecta la existencia de una reunión en la ciudad de Albacete, en la que el investigado en dichas diligencias Dionisio va a mantener una reunión con quien podría ser un traficante de drogas radicado en la zona de Alicante o de Murcia, por lo que se establece un dispositivo de seguimiento de dicho encuentro. Producida dicha reunión, se identifica a la persona con la que Dionisio se reunió, que no resulta ser otro que Gerardo.

Es a partir de entonces que se realizan gestiones de índole policial, a fin de determinar la posible implicación de Gerardo en actividades de tráfico ilícito de estupefacientes, y así se constata que le constan tres antecedentes por tráfico de drogas (años 2006, 2010 y 2012), una detención por falsificación de moneda en el año 1998, y tres detenciones por reclamación judicial. En 2006 fue detenido, junto a otras diez personas, por su vinculación con la aprehensión de 5,5 toneladas de hachís, y en 2012 fue nuevamente detenido por estar vinculado con la aprehensión de 500 kilogramos de cocaína realizada en dos veleros que fueron abordados a unas 500 millas de las Islas Canarias, siendo condenado en ambos casos.

En conversación intervenida por el Juzgado Central de Instrucción nº 2 a Dionisio, este se refiere a la reunión mantenida con Gerardo, indicando que tiene muchos veleros y de la forma de utilizar los mismos para traficar con droga.

Asimismo, se tiene conocimiento de que Gerardo aparece relacionado con una serie de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, objeto de investigación por el Juzgado de Instrucción núm. 2 de Benidorm, en sus Diligencias Previas núm. 245/2019, cuyo testimonio también ha sido unido a los presentes autos, si bien la participación del citado en los hechos objeto de dicha instrucción fue finalmente descartada.

Se realiza una primera aproximación a las actividades empresariales de Gerardo y se aprecia que participa en empresas de actividades muy dispares, como el alquiler de medios de navegación, el transporte y comercio al por mayor de productos alimentarios, en establecimientos de bebidas, hostelería y de comidas

Se constata que mantiene relación con personas vinculadas al narcotráfico, como lo sería Torcuato, quien según informaciones policiales dispondría de al menos ocho empresas vinculadas con el tráfico internacional de cocaína, habiendo sido detenido en el año 2011 por su participación en la importación de un contenedor que ocultaba 418 kilogramos de cocaína, y en el año 2014, como responsable de la recepción de 16 kilogramos de cocaína en el puerto de Algeciras.

Se conoce que Gerardo utiliza varios terminales telefónicos, así como de un terminal "Cryptophone", que impide cualquier acceso no autorizado a las comunicaciones mediante el uso de un complejo algoritmo encriptado.

En el oficio se hace constar la información recibida por el Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, en la que se informa que Gerardo ha estado vinculado con la incautación de 500 kilogramos de cocaína en el año 2012 a bordo del velero " DIRECCION001", y que continuaría siendo una persona dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes, utilizando veleros para introducir cocaína desde Sudamérica a distintos puertos europeos.

Se indica que la Dirección General de la Lucha Contra el Crimen de Bulgaria informa que Gerardo es dueño de tres empresas en Bulgaria, a pesar de no constar ninguna entrada del mismo en dicho país desde el año 2010, y que el mismo participaría en actividades de organizaciones internacionales dedicadas al tráfico de grandes cantidades de estupefaciente, y que dispondría de un canal de tráfico de sustancias estupefacientes desde América del Sur a España.

Solicitada la colaboración a la Unidad de Agentes Encubiertos, por esta se emite una nota en la que se informa que Gerardo ha referido a un agente de dicha Unidad que dispone de siete veleros, posiblemente amarrados en las Islas Canarias, que se utilizan para transportar grandes cantidades de hachís desde Marruecos a Libia, aunque en alguna ocasión se utilizan para transportar cocaína desde Sudamérica a España.

Los datos y la información contenida en dicho oficio no son otra cosa que indicios, suficientes, racionales y fundados, sobre la presunta actividad ilícita de la persona a la que se pretende investigar, pues debemos recordar que los indicios que han de fundamentar una medida de investigación restrictiva de derechos fundamentales han de ser entendidos no como la misma constatación o expresión de la sospecha, sino como datos objetivos que por su naturaleza han de ser susceptibles de verificación posterior, de tal manera que permitan concebir sospechas que puedan considerarse razonablemente fundadas acerca de la existencia misma del hecho que se pretende investigar, así como de la relación que tiene con él la persona que va a resultar directamente afectada por la medida ( STS 616/2022, de 22 de junio, que cita STS635/2012, de 17 de julio). Como afirma expresamente la citada STS 616/2022, " han de ser objetivos "en un doble sentido. En primer lugar, en el de ser accesibles a terceros, sin lo que no serían susceptibles de control. Y, en segundo lugar, en el de que han de proporcionar una base real de la que pueda inferirse que se ha cometido o se va a cometer el delito sin que puedan consistir en valoraciones acerca de la persona" ( STC 184/2003, de 23 de octubre)

Sin perjuicio de partir del hecho de que no existe una definición concreta de la "investigación prospectiva", si cabe considerar la misma desde la óptica de la casuística empleada para la aplicación de tal defecto, y así se alude como tal a la concurrencia de investigaciones sin delito concreto, sin intervención de personas concretas, y a la dinámica de múltiples diligencias de investigación a fin de averiguar algo indeterminado; y desde este punto de vista, pese a los esfuerzos argumentativos de la defensa de D. Camilo, esta Sala considera que en el Decreto cuya nulidad se propugna (interpretado en relación con el oficio policial al que se remite) se recogen datos objetivos que, por su naturaleza, son susceptibles de verificación posterior y que permiten concebir sospechas que puedan considerarse razonablemente fundadas acerca de la existencia misma del hecho que se pretende investigar, y de la relación que tienen con él la persona que van a resultar directamente afectadas por la medida (según términos usados por la STS núm. 635/2012, de 17 de julio). Además, no puede realizarse una interpretación aislada de cada uno de los elementos indiciarios, sino un examen conjunto de la totalidad. Se trata de analizar la existencia de un conjunto objetivo de datos que conducen a una sospecha razonable, realizando sobre los mismos una ponderación no disgregada y fragmentada, sino global ( STS 822/2022, de 18 de octubre). Pues bien, desde una contemplación global de los indicios tenidos en cuenta por el auto autorizante, contenidos en la propia resolución y complementados con el oficio policial al que se remite, esta Sala considera que el mencionado Decreto no autoriza una investigación prospectiva, sino que concurrían indicios suficientes de que los acusados podrían estar participando en actividades de tráfico de drogas en el contexto de una posible estructura criminal.

Por otro lado, el Decreto tiene una motivación suficiente puesto que en los antecedentes de hecho se exponen los datos concretos que los agentes ponen de manifiesto para realizar la solicitud y en atención a los mismos y en aplicación de las disposiciones legales aplicables el Fiscal Jefe de la Fiscalía Especial Antidroga considera proporcional y adecuada la medida interesada y que en consecuencia se autoriza, por lo que no es exigible una mayor motivación al respecto, dado que a los Decretos dictados por la Fiscalía en sus investigaciones les es aplicable la doctrina constitucional que admite que la resolución judicial pueda considerarse suficientemente motivada si está integrada con la solicitud policial, a la que se remite.

Con ello, existen dos circunstancias que validan lo actuado, a saber:

1ª.- Acreditación previa de una investigación "ex ante" policial para justificar la petición al Fiscal de la Audiencia nacional para la medida del agente encubierto por su "necesidad" y "proporcionalidad".

2ª.- El decreto se dicta al comprobar la suficiencia de la investigación y la necesidad de la medida interesada.

Con la argumentación acerca de la suficiencia explicativa de los indicios se colige la proporcionalidad y necesariedad de la medida adoptada. El requisito de la suficiencia de la adopción de la medida está acreditado con la investigación ex ante.

Dicho esto, la Sala también rechaza los motivos de nulidad aducidos respecto del incumplimiento, en la medida acordada, de lo dispuesto en el artículo 282 bis de la L.E.Crim.

Ya hemos examinado los concretos indicios existentes respecto de Gerardo, en como los mismos le involucraban en actividades de tráfico de sustancias estupefacientes cometidos en el ámbito de la criminalidad organizada, mediante el uso de veleros, y su relación con las organizaciones proveedoras de Sudamérica y las distribuidoras sitas en Europa. Hay actividades llevadas a cabo por grupos organizados en que la investigación alcanzará a detectar solo a uno de ellos. Uno de los objetivos de la investigación será justamente identificar otras personas implicadas (lo que puede lograrse o no); y/o confirmar que en efecto los indicios de que se está ante una estructura organizada se confirman. Pero obviamente cuando se investiga por contarse con datos indicativos de esa realidad, que necesitados de confirmación pues son provisionales, pueden utilizarse los métodos previstos en las leyes para esas pesquisas que, por resultar más dificultosas, requieren medios especiales (entre ellos, el uso de agentes encubiertos). Lo exigible es que exista base indiciaria valorada en un juicio ex ante de esa realidad. Es indiferente que luego se confirme o no. La investigación basada en esas metodologías, habilitadas para casos especiales, será irregular cuando no exista esa, al menos, apariencia fundada de estar ante una organización criminal; incluso aunque luego se llegue a constatar que en efecto era una organización. Por el contrario, será válida y utilizable sin matiz alguno cuando se cuente con esos indicios fundados que luego se ven desvirtuados por la investigación desarrollada llegándose a la conclusión de que no existía estructura alguna, sino actuaciones individuales descoordinadas y desconectadas.

La certeza de la existencia de la organización o delincuencia organizada no puede asegurarse, o exigirse la prueba de su "certeza" y "seguridad", sino la probabilidad de su existencia, extiendo datos plenamente referenciados de que la presencia de la delincuencia organizada daba lugar a la adopción de la medida. El parámetro a tener en cuenta debe ser, pues, la existencia del bastanteo de los indicios derivados de la previa investigación policial. Y en este caso consta debidamente reseñada esta suficiencia de los indicios, tal cual se lleva a cabo la investigación y las informaciones recabadas.

Respecto de la intervención del Ministerio Fiscal en el Decreto habilitante de la actuación de los agentes encubiertos, debemos recordar la doctrina emanada del Tribunal Supremo, quien en su STS núm. 503/2021, de 10 de junio, , establece que sobre la figura del agente encubierto hay que recordar que la Convención de Naciones Unidas de 20 de diciembre de 1988 contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas insta a los Estados, en su art. 2.1, ya obligaba a los Estados a adoptar las medidas necesarias, incluidas las legislativas, para cumplir las obligaciones de la Convención en la persecución del tráfico de drogas; admitiendo al tiempo, la Convención de Naciones Unidas de 15 de noviembre de 2000 contra la delincuencia organizada trasnacional, en su art. 20, como técnica especial de investigación, las operaciones encubiertas, disponiendo al respecto que "los Estados adoptarán las medidas que sean necesarias para permitir el adecuado recurso a las operaciones encubiertas, por sus autoridades competentes en su territorio, con objeto de combatir eficazmente la delincuencia organizada".

En el plano europeo, el Convenio de asistencia judicial en materia penal de 29 de mayo de 2000, refiere a las investigaciones encubiertas como investigaciones de actividades delictivas por parte de agentes que actúan infiltrados o con una identidad falsa, investigación que habrá de realizarse conforme a la normativa interna del Estado en cuyo territorio se realice la investigación. El mismo Convenio, señala que los agentes encubiertos deberían tener una formación específica, y podría recurrirse a ellos en particular para que se infiltraran en una red delictiva con vistas a obtener información o a ayudar a identificar y detener a los miembros de esa red.

Añade dicha Sentencia que la competencia de la Fiscalía es evidente para acordar la medida del agente encubierto, por cuanto:

a.- El art. 5.2 E.O. M.F. establece que "Igualmente, y para el esclarecimiento de los hechos denunciados o que aparezcan en los atestados de los que conozca, puede llevar a cabo u ordenar aquellas diligencias para las que esté legitimado según la Ley de Enjuiciamiento Criminal , las cuales no podrán suponer la adopción de medidas cautelares o limitativas de derechos. No obstante, podrá ordenar el Fiscal la detención preventiva".

b.- El art. 282 bis L.E.Crim. le faculta de forma alternativa con el Juez para autorizar la designación de agente encubierto "A los fines previstos en el artículo anterior y cuando se trate de investigaciones que afecten a actividades propias de la delincuencia organizada, el Juez de Instrucción competente o el Ministerio Fiscal dando cuenta inmediata al Juez, podrán autorizar a funcionarios de la Policía Judicial, mediante resolución fundada y teniendo en cuenta su necesidad a los fines de la investigación, a actuar bajo identidad supuesta y a adquirir y transportar los objetos, efectos e instrumentos del delito y diferir la incautación de los mismos".

c.- Se trata del inicio de una investigación por delito de tráfico de drogas cuya competencia inicial podía corresponder con las de la Audiencia Nacional en materia de tráfico de drogas, y conforme a ello, no cabría la mínima duda sobre la legitimidad de la medida.

d.- El art. 282 L.E.Crim. no establece ningún orden de prelación entre la Fiscalía y el Juez de Instrucción al tiempo de solicitar por la Policía Judicial el nombramiento de un agente encubierto. De ahí que la actuación del Fiscal de la Audiencia Nacional, ejerciendo las funciones que le atribuye el legislador, art. 282. bis LECrim, no revista tacha alguna de legalidad constitucional ni ordinaria, ni por tanto reste validez a la investigación practicada.

e.- La judicialización de las diligencias de investigación no tiene que producirse tan pronto se aprecie la existencia de indicios de delito, sino que el límite se encuentra en la necesidad de adoptar medidas que afecten a los derechos fundamentales. De ahí que siendo la única adoptada por la Fiscalía la autorización para la designación de agente encubierto no quepa tampoco objetarse tacha alguna a la instrucción bajo su dirección realizada.

Por otra parte, esta misma Sentencia añade que la metodología a seguir en estos casos "no excluye la posibilidad del contacto previo agente-sospechoso". Y ello no desnaturaliza la corrección del proceder de la fiscalía y los agentes.

Así, la STS Sala 575/2013 de 28 Jun. 2013, Rec. 11276/2012 se pronuncia en el sentido de recoger que:

"La existencia de un contacto previo entre el recurrente y el agente encubierto, enmarcados en una relación derivada de las labores de prevención y captación de información propias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en modo alguno conlleva una infracción de alcance constitucional... Carecería de sentido, con el fin de sostener la validez de la diligencia de prueba, la exigencia de que la autorización del agente encubierto se produzca a ciegas, con exclusión de cualquier contacto previo entre la persona que va a infiltrarse en la organización y quienes aparecen como miembros sospechosos de una red delictiva.

Es contrario a elementales máximas de experiencia concebir la infiltración en un grupo criminal como la respuesta a una invitación formal a un tercero que, de forma inesperada, curiosea entre los preparativos de una gran operación delictiva. La autorización judicial, por sí sola, no abre ninguna puerta al entramado delictivo que quiere ser objeto de investigación. Antes al contrario, la cerraría de forma irreversible. De ahí que esa resolución tiene que producirse en el momento adecuado que, como es lógico, no tiene por qué ser ajeno a una relación previa que contribuya a asentar los lazos de confianza".

Con ello, ese contacto previo no excluye la validez de la petición policial de autorización posterior, y, por consecuencia, no se invalida el proceder de la actuación policial del agente encubierto que no viene viciada por el encuentro previo, sino que sirve de base para la adopción de la medida en la misma posición que la exigente y suficiente investigación previa policial como paso previo a instar por oficio la medida de injerencia en el secreto de las comunicaciones mediante el dictado del auto de intervención telefónica.

CUARTO. - Se alega, en segundo lugar, la nulidad del auto de fecha 1 de septiembre de 2020, por el que se acuerda la intervención de las comunicaciones de Gerardo, aduciendo la inexistencia de soporte indiciario alguno que justifique dicha intervención. Además, se estima que dicha intervención debía haber sido solicitada del Juzgado de Instrucción núm. 2 de Benidorm, que era quien estaba investigando a Gerardo.

La STS 935/2022, de 01/12/2022 dispone que "es conveniente reproducir la doctrina de esta Sala Segunda , recogida, entre otras, en SSTS. 373/2017, de 24-05; 720/2017, de 6-11; 2/2018, de 9-1; 86/2018, de 19-2; 714/2018, de 16- 1- 2019; 84/2021, de 3-2; 228/2022, de 10-3, en el sentido de que el secreto de las comunicaciones telefónicas constituye un derecho fundamental que está garantizado en el art. 18.3 CE, mientras que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 12; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 17; el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertadas Fundamentales, art. 8; y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 7, constituyen parámetros para la interpretación de los derechos fundamentales y libertades reconocidos en nuestra Constitución Española conforme a lo dispuesto en su art. 10. 2º, garantizan de modo expreso el derecho a no ser objeto de injerencias en la vida privada y en la correspondencia, nociones que incluyen el secreto de las comunicaciones telefónicas, según una reiterada doctrina jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El derecho al secreto de las comunicaciones puede considerarse una plasmación singular de la dignidad de la persona y del libre desarrollo de su personalidad, que constituyen el fundamento del orden político y de la paz social ( STC núm. 281/2006, de 9 de octubre y STS núm. 766/2008, de 27 de noviembre), por lo que trasciende de mera garantía de la libertad individual, para constituirse en medio necesario para ejercer otros derechos fundamentales. Por ello la protección constitucional del secreto de las comunicaciones abarca todos los medios de comunicación conocidos en el momento de aprobarse la norma fundamental, y también los que han ido apareciendo o puedan aparecer en el futuro, no teniendo limitaciones derivadas de los diferentes sistemas técnicos que puedan emplearse ( SSTS núm. 367/2001, de 22 de marzo y núm. 1377/1999, de 8 de febrero).

El derecho al secreto es independiente del contenido de la comunicación, debiendo respetarse, aunque lo comunicado no se integre en el ámbito de la privacidad ( SSTC núm. 70/2002, de 3 de abril, y núm. 114/1984, de 29 de noviembre).

Pero, sin embargo, este derecho no es absoluto, ya que en toda sociedad democrática existen determinados valores que pueden justificar, con las debidas garantías, su limitación ( art. 8º del Convenio Europeo). Entre estos valores se encuentra la prevención del delito, que constituye un interés constitucionalmente legítimo y que incluye la investigación y el castigo de los hechos delictivos cometidos, orientándose su punición por fines de prevención general y especial. El propio art 18.3 C.E. prevé la limitación del derecho al secreto de las comunicaciones mediante resolución judicial ( STS núm. 246/1995, de 20 de febrero, entre otras muchas).

En nuestro ordenamiento la principal garantía para la validez constitucional de una intervención telefónica es, por disposición constitucional expresa, la exclusividad jurisdiccional de su autorización, lo que acentúa el papel del Juez Instructor como Juez de garantías, ya que lejos de actuar en esta materia con criterio inquisitivo impulsando de oficio la investigación contra un determinado imputado, la Constitución Española le sitúa en el reforzado y trascendental papel de máxima e imparcial garantía jurisdiccional de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

De esta manera en la investigación, impulsada por quienes tienen reconocida legal y constitucionalmente la facultad de ejercer la acusación, no se puede, en ningún caso ni con ningún pretexto, adoptar medidas que puedan afectar a dichos derechos constitucionales, sin la intervención imparcial del Juez, que en el ejercicio de esta función constitucional, que tiene atribuida con carácter exclusivo, alcanza su máxima significación de supremo garante de los derechos fundamentales ( STS núm. 248/2012, de 12 de abril).

En cualquier caso, para la validez constitucional de la medida de intervención telefónica se exige la concurrencia de los siguientes elementos: a) resolución judicial, b) suficientemente motivada, c) dictada por Juez competente, d) en el ámbito de un procedimiento jurisdiccional, e) con una finalidad específica que justifique su excepcionalidad, temporalidad y proporcionalidad, y f) judicialmente controlada en su desarrollo y práctica.

Elementos que constituyen los presupuestos legales y materiales de la resolución judicial habilitante de una injerencia en los derechos fundamentales, y que también se concretan en la doctrina jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (caso Klass y otros, sentencia de 6 de septiembre de 1978; caso Schenk, sentencia de 12 de julio de 1988; casos Kruslin y Huvig, sentencias ambas de 24 de abril de 1990; caso Ludwig, sentencia de 15 de junio de 1992; caso Halford, sentencia de 25 de junio de 1997; caso Kopp, sentencia de 25 de marzo de 1998; caso Valenzuela Contreras, sentencia de 30 de julio de 1998; caso Lambert, sentencia de 24 de agosto de 1998 ; caso Prado Bugallo, sentencia de 18 de febrero de 2003 , etc.).

En relación con el requisito de la motivación es doctrina reiterada de esta Sala y del Tribunal Constitucional que constituye una exigencia inexcusable por la necesidad de justificar el presupuesto legal habilitante de la intervención ( STC 253/2006, de 11 de septiembre), pero también que en el momento inicial del procedimiento en el que ordinariamente se acuerda la intervención telefónica no resulta exigible una justificación fáctica exhaustiva, pues se trata de una medida adoptada, precisamente, para profundizar en una investigación no acabada ( Sentencias Sala Segunda Tribunal Supremo núm. 1240/98, de 27 de noviembre, núm. 1018/1999, de 30 de septiembre, núm. 1060/2003, de 21 de julio, núm. 248/2012, de 12 de abril y núm. 492/2012, de 14 de junio, entre otras), por lo que únicamente pueden conocerse unos iniciales elementos indiciarios.

Es por ello por lo que tanto el Tribunal Constitucional como esta misma Sala (SSTC 123/1997, de 1 de julio, 165/2005, de 20 de junio , 261/2005, de 24 de octubre, 26/2006, de 30 de enero, 146/2006, de 8 de mayo y 72/2010, de 18 de octubre, entre otras, y SSTS de 6 de mayo de 1997, 14 de abril y 27 de noviembre de 1998, 19 de mayo del 2000, 11 de mayo de 2001, 3 de febrero y 16 de diciembre de 2004, 13 y 20 de junio de 2006, 9 de abril de 2007, 248/2012, de 12 de abril y 492/2012, de 14 de junio, entre otras) han estimado suficiente que la motivación fáctica de este tipo de resoluciones se fundamente en la remisión a los correspondientes antecedentes obrantes en las actuaciones y concretamente a los elementos fácticos que consten en la correspondiente solicitud policial, o en el informe o dictamen del Ministerio Fiscal, cuando se ha solicitado y emitido ( STS 248/2012, de 12 de abril).

La motivación por remisión no es una técnica jurisdiccional modélica, pues la autorización judicial debería ser autosuficiente ( STS núm. 636/2012, de 13 de julio). Pero la doctrina constitucional admite que la resolución judicial pueda considerarse suficientemente motivada sí, integrada con la solicitud policial, a la que se remite, o con el informe o dictamen del Ministerio Fiscal en el que solicita la intervención ( STS núm. 248/2012, de 12 de abril), contiene todos los elementos necesarios para llevar a cabo el juicio de proporcionalidad (doctrina jurisprudencial ya citada, por todas, STC 72/2010, de 18 de octubre). Resultando en ocasiones redundante que el Juzgado se dedique a copiar y reproducir literalmente la totalidad de lo narrado extensamente en el oficio o dictamen policial que obra unido a las mismas actuaciones, siendo más coherente que extraiga del mismo los indicios especialmente relevantes ( STS núm. 722/2012, de 2 de octubre).

En la motivación de los autos de intervención de comunicaciones deben ser superadas las meras hipótesis subjetivas o la simple plasmación de la suposición o, incluso, de la convicción de la existencia de un delito o de la intervención en él de una determinada persona, pues de reputar suficiente tal forma de proceder, resultaría que la invasión de la esfera de intimidad protegida por un derecho fundamental vendría a depender, en la práctica, exclusivamente de la voluntad del investigador, sin exigencia de justificación objetiva de ninguna clase, lo que no es admisible en un sistema de derechos y libertades efectivos, amparados en un razonable control sobre el ejercicio de los poderes públicos ( Sentencias de esta Sala 1363/2011, de 15 de diciembre y núm. 635/2012, de 17 de julio).

Los indicios que deben servir de base a una intervención telefónica han de ser entendidos, pues, no como la misma constatación o expresión de la sospecha, sino como datos objetivos, que por su naturaleza han de ser susceptibles de verificación posterior, que permitan concebir sospechas que puedan considerarse razonablemente fundadas acerca de la existencia misma del hecho que se pretende investigar, y de la relación que tiene con él la persona que va a resultar directamente afectada por la medida ( STS núm. 635/2012, de 17 de julio).

Han de ser objetivos en un doble sentido. En primer lugar, en el de ser accesibles a terceros, sin lo que no serían susceptibles de control. Y, en segundo lugar, en el de que han de proporcionar una base real de la que pueda inferirse que se ha cometido o se va a cometer el delito sin que puedan consistir en valoraciones acerca de la persona ( STC 184/2003, de 23 de octubre).

Y su contenido ha de ser de tal naturaleza que permitan suponer que alguien intenta cometer, está cometiendo o ha cometido una infracción grave o en buenas razones o fuertes presunciones de que las infracciones están a punto de cometerse ( Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 6 de septiembre de 1978, caso Klass, y de 15 de junio de 1992, caso Ludí) o, en los términos en los que se expresa el art. 579 LECrim, en "indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia importante de la causa" ( art. 579.1 LECrim) o "indicios de responsabilidad criminal" ( art. 579.3 LECrim) "( STC 167/2002, de 18 de septiembre).

En definitiva, el control posterior sobre la decisión que acordó la medida debe revelar que el Juez tenía a su alcance datos objetivos acerca de la existencia del delito y de la participación del sospechoso, así como acerca de la utilidad de la intervención telefónica, de forma que quede de manifiesto que aquella era necesaria y que estaba justificada ( STS núm. 635/2012, de 17 de julio)".

La STS 855/2022, de 28/10/2022, con cita de la STS 455/2020, de 15 de septiembre, recuerda que: "El artículo 18.3 de la Constitución Española constituye uno de los pilares de nuestro sistema constitucional. El derecho al secreto de las comunicaciones se integra en la primera de las esferas de exclusión que cada ciudadano proclama frente a terceros y, lo que es más importante, frente a los poderes públicos. La posibilidad de que el caudal comunicativo surgido entre el investigado y las personas que con él contactan quede sometido a la escucha de un tercero -por más que se trate de un agente de la autoridad debidamente habilitado por autorización judicial-, convierte aquella diligencia en un verdadero instrumento de control de los poderes públicos frente a una de las más singulares manifestaciones de la privacidad.

La jurisprudencia de esta Sala y del Tribunal Constitucional, ante la insuficiencia de la regulación contenida en el derogado artículo 579 de la LECrim, desarrolló una doctrina jurisprudencial que fue precisando los requisitos y presupuestos que debían seguirse en la restricción de este derecho fundamental y, en buena medida, esa doctrina ha sido incorporada a nuestra legislación en la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de Octubre, ya vigente cuando se autorizó la injerencia que se impugna en este recurso.

De su extensa regulación solo haremos mención de los aspectos que aquí interesan. Así en el artículo 588 bis a) se regulan los principios rectores de toda intervención en las comunicaciones señalando, entre otros principios, que toda intervención debe estar sujeta, entre otros, al principio de especialidad, que "exige que una medida esté relacionada con la investigación de un delito concreto". Añade el citado precepto que "no podrán autorizarse medidas de investigación tecnológica que tengan por objeto prevenir o descubrir delitos o despejar sospechas sin base objetiva".

Por otro lado, el artículo 588 bis c, exige que la injerencia se adopte mediante auto judicial motivado e incluso refiere el contenido exigible a ese esfuerzo argumentativo que se predica de toda restricción de derechos fundamentales.

La doctrina del Tribunal Constitucional venía declarando desde hace muchos años que la Constitución Española prohíbe las investigaciones meramente prospectivas, porque el derecho al secreto de las comunicaciones no puede ser limitado para satisfacer la necesidad genérica de prevenir o descubrir delitos o para despejar las sospechas sin base objetiva. De conformidad con la STC 167/2002, de 18 de septiembre, "las sospechas han de fundarse en datos fácticos o indicios que permitan suponer que alguien intenta cometer, está cometiendo o ha cometido una infracción grave o en buenas razones o fuertes presunciones de que las infracciones están a punto de cometerse ( Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 6 de septiembre de 1978 -caso Klass - y de 15 de junio de 1992 -caso Ludí-) o, en los términos en los que se expresa el art. 579 LECrim, en "indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia importante de la causa".

Como recuerda la reciente STS 423/2019, de 10 de septiembre, en los autos que restringen derechos fundamentales, el tipo de juicio requerido cuando aparece cuestionada por vía de recurso la existencia de los presupuestos habilitantes de la medida limitativa y la corrección jurídica de su autorización ha de operar con rigor intelectual con una perspectiva ex ante, o lo que es lo mismo, prescindiendo metódicamente del resultado realmente obtenido como consecuencia de la actuación policial en cuyo contexto se inscribe la medida cuestionada. Porque este resultado, sin duda persuasivo en una aproximación extrajurídica e ingenua, no es el metro con el que se ha de medir la adecuación normativa de la injerencia. De otro modo, lo que coloquialmente se designa como éxito policial sería el único y máximo exponente de la regularidad de toda clase de intervenciones; cuando, es obvio, que tal regularidad depende exclusivamente de que éstas se ajusten con fidelidad a la Constitución Española y a la legalidad que la desarrolla. Lo contrario, es decir, la justificación ex post, sólo por el resultado, de cualquier medio o forma de actuación policial o judicial, equivaldría a la pura y simple derogación del artículo 11.1 LOPJ e, incluso, de una parte, si no todo, del artículo 24 CE, ( STS. 926/2007 de 13 de noviembre). Esa obligada disociación del resultado finalmente obtenido de sus antecedentes, para analizar la adecuación de éstos, considerados en sí mismos, al paradigma constitucional y legal de pertinencia en razón a la necesidad justificada, es, precisamente, lo que tiñe de dificultad la actividad de control jurisdiccional y, con frecuencia, hace difícil también la aceptación pública de eventuales declaraciones de nulidad.

Los indicios que deben servir de base a una intervención telefónica han de ser entendidos, no como la misma constatación o expresión de la sospecha, sino como datos objetivos, que por su naturaleza han de ser susceptibles de verificación posterior, que permitan concebir sospechas que puedan considerarse razonablemente fundadas acerca de la existencia misma del hecho que se pretende investigar, y de la relación que tiene con él la persona que va a resultar directamente afectada por la medida ( STS núm. 635/2012, de 17 de julio). Es preciso que traslade al juez las razones de las sospechas, identificando las diligencias practicadas y los datos objetivos relevantes alcanzados como resultado de las mismas, pues precisamente esos elementos son los que deben ser valorados por el Juez para decidir acerca de la consistencia de los indicios y de la necesidad y proporcionalidad de la restricción del derecho fundamental que le es solicitada. En este sentido en la STC nº. 197/2009, se decía que "el Tribunal ha considerado insuficiente la mera afirmación de la existencia de una investigación previa, sin especificar en qué consiste, ni cuál ha sido su resultado por muy provisional que éste pueda ser".

Ahora bien, el análisis de la información que sirva de base a la autorización judicial no puede hacerse de forma desagregada. Como recuerda la STS 646/2014, de 8 de octubre, "la legitimidad constitucional de la interferencia de las comunicaciones no puede obtenerse a partir de un análisis artificialmente dividido de las distintas operaciones a las que se alude en la petición de la Guardia Civil. Ya hemos dicho en otros precedentes -cfr. SSTS 555/2014 de 10 de julio y 527/2009, 27 de mayo - que el análisis descompuesto y fraccionado de diferentes indicios puede conducir a conclusiones inaceptables desde el punto de vista del razonamiento impugnativo. En efecto, el grado de aceptación de las exigencias constitucionales impuestas por el art. 24.2 de la CE, no puede obtenerse a partir de una regla valorativa de naturaleza secuencial, en la que el todo se descompone hasta ser convertido en un mosaico inconexo de indicios. La cadena lógica a la hora de valorar las hipótesis iniciales no puede descomponerse en tantos eslabones como indicios, procediendo después a una glosa crítica de cada uno de ellos sin ponerlo en relación con los restantes".

Otro de los requisitos sobre los que la jurisprudencia se ha pronunciado con reiteración y que hemos mencionado anteriormente es la exigencia de motivación en la resolución judicial que autorice la intervención, exigencia que ha sido incorporada a la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el artículo 588 bis c), estableciendo incluso el contenido de ese especial esfuerzo de argumentación que se exige al Juez. El auto judicial debe expresar o exteriorizar las razones fácticas y jurídicas que apoyan la necesidad de tal intervención, esto es, cuáles son los indicios que existen acerca de la presunta comisión de un hecho delictivo grave por una determinada persona, así como concretar con precisión los datos imprescindibles que determinen la extensión de la medida.

A su vez, la STS nº. 422/2020, de 23 de julio, observa que: "En nuestro ordenamiento la principal garantía para la validez constitucional de una intervención telefónica es, por disposición constitucional expresa, la exclusividad jurisdiccional de su autorización, lo que acentúa el papel del Juez Instructor como Juez de garantías, ya que lejos de actuar en esta materia con criterio inquisitivo impulsando de oficio la investigación contra un determinado imputado, la Constitución Española le sitúa en el reforzado y trascendental papel de máxima e imparcial garantía jurisdiccional de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

De esta manera en la investigación, impulsada por quienes tienen reconocida legal y constitucionalmente la facultad de ejercer la acusación, no se puede, en ningún caso ni con ningún pretexto, adoptar medidas que puedan afectar a dichos derechos constitucionales, sin la intervención imparcial del Juez, que en el ejercicio de esta función constitucional, que tiene atribuida con carácter exclusivo, alcanza su máxima significación de supremo garante de los derechos fundamentales ( STS 248/2012, de 12 de abril).

El control posterior sobre la decisión que acordó la medida debe revelar que el juez tenía a su alcance datos objetivos acerca de la existencia del delito y de la participación del sospechoso, así como acerca de la utilidad de la intervención telefónica, de forma que quede de manifiesto que aquella era necesaria y que estaba justificada ( STS 635/2012, de 17 de julio).

La STS nº. 121/2020, de 12 de marzo precisa: "Las comunicaciones telefónicas, aunque quizá en el momento actual hayan perdido alguna importancia, continúan constituyendo un medio ampliamente utilizado por sus usuarios para el traslado e intercambio de información relativa a muy variados temas. Precisamente en atención al caudal de información que se intercambia a través de esta clase de comunicaciones, es razonable recurrir a su empleo en la investigación criminal, especialmente cuando los hechos que se pretenden investigar presentan una suficiente gravedad, bien por la pena con la que están conminados, bien por su trascendencia social. La experiencia demuestra que la interceptación y escucha de las comunicaciones telefónicas ha proporcionado datos decisivos en numerosas ocasiones.

Pero a través de las líneas telefónicas, ordinariamente, también circulan datos relacionados con las esferas privadas de las personas, e incluso, relativas a los reductos más íntimos de su privacidad. En cualquier caso, y sea cual sea su contenido, se trata de expresiones de su intimidad, personal o profesional, que, legítimamente, desean compartir solamente con el interlocutor y que pretenden, también legítimamente, mantener fuera del conocimiento y posible control de terceros, especialmente de los poderes públicos.

El respeto al derecho a la intimidad, como ocurre con otros derechos fundamentales, es irrenunciable en un sistema que sea respetuoso con la dignidad de la persona. Permite a su titular la creación de un ámbito reservado, cuya existencia siempre es reconocible en su núcleo duro, y que puede ser más o menos ampliado según las reglas imperantes en su ámbito cultural; y, consiguientemente, le autoriza a excluir determinadas materias del conocimiento de terceros y, muy especialmente, como se acaba de decir, de los poderes públicos. El derecho al secreto de las comunicaciones telefónicas, como una manifestación concreta de aquel derecho, autoriza a su titular a mantener en secreto sus comunicaciones con sus interlocutores, excluyendo a cualquier tercero. Y, como elemento instrumental de protección de la intimidad en ese ámbito concreto, protege no solo el contenido de lo comunicado, sino el mismo hecho de la comunicación. Dicho de otra forma, la protección del derecho al secreto de las comunicaciones no depende de la naturaleza íntima del contenido de lo comunicado. Por ello, su limitación o restricción resulta de gran trascendencia en una sociedad libre. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la STEDH de 24 abril 1990, Caso Kruslin contra Francia, ya declaró que "33. Las escuchas y los demás procedimientos para interceptar las conversaciones telefónicas son un grave ataque a la vida privada...".

Al igual que ocurre con otros derechos, no es absoluto, y puede ser restringido temporalmente en función de la necesidad de proteger intereses que, en el caso, sean considerados prevalentes en una sociedad democrática. Así resulta del artículo 8.1 CE, cuando proclama que "toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia", nociones que incluyen el secreto de las comunicaciones telefónicas, según una reiterada doctrina jurisprudencial del TEDH. Añade el Convenio, en el artículo 8.2, que "no podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho (respeto a la vida privada y familiar, domicilio y correspondencia) sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás". El carácter necesario de la medida depende de la existencia de indicios de la comisión de un delito grave, que requiera por lo tanto una intervención del Estado, y de la inexistencia de posibilidades reales, en el caso, de desarrollar la investigación a través de medios menos gravosos.

Ante la existencia de una clase de delincuencia que se organiza en ocasiones de forma tal que puede dificultar seriamente la acción de la Justicia, e incluso puede llegar a cuestionar la propia supervivencia de aspectos esenciales del sistema democrático, se impone la búsqueda de equilibrios entre la salvaguarda de la privacidad (y de otros derechos) frente a la fuerte conveniencia de obtener estándares aceptables de seguridad, entendida ésta como orientada fundamentalmente a garantizar el ejercicio pacífico y normalizado de los derechos, especialmente, los fundamentales. Pero ello no excluye la exigencia de una justificación suficiente en cada caso, demostrativa, en primer lugar, de la existencia de una finalidad constitucionalmente legítima; en segundo lugar, de la proporcionalidad del medio elegido; y en tercer lugar, del carácter necesario de la medida, el cual debe referirse, de un lado, a la existencia de indicios que justifiquen en el caso concreto la intervención de los poderes públicos responsables de la persecución de los delitos, y, de otro, a la imposibilidad real o gran dificultad de continuar la investigación por otros medios menos traumáticos.

La Constitución Española atribuye al Juez la responsabilidad de acordar la restricción del derecho al secreto de las comunicaciones telefónicas y exige que lo haga a través de una resolución suficientemente fundada. Tanto en el aspecto fáctico, respecto a los indicios de comisión de un delito y de la participación del sospechoso en él, como en relación a su necesidad en el caso. Al tiempo se exige que la restricción sea proporcional al fin perseguido, y que se contraiga a hechos concretos suficientemente identificados.

Como hemos reiterado en numerosas ocasiones, uno de los elementos imprescindibles para justificar las escuchas telefónicas es la existencia de indicios objetivos de la existencia del delito y de la participación del sospechoso. En la precisión de lo que deba entenderse por indicio, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la de esta Sala han señalado que la sospecha acerca de la comisión del delito o de la participación del sospechoso no puede ser considerada un indicio, por más contundente que sea su expresión, ni tampoco, consecuentemente, puede serlo la afirmación de la existencia del delito y de la participación; o de su posibilidad o probabilidad. Por el contrario, lo que se exige son datos o elementos, que, desde una perspectiva objetiva justifiquen la sospecha. Es decir, que para cualesquiera sean indicativos de la comisión de un delito.

Y ha exigido que se trate de datos objetivos, accesibles por terceros, verificables, seriamente sugestivos de la comisión del delito y de la participación del sospechoso, y que estén al alcance del Juez en el momento previo a su decisión, de modo que éste los conozca y los pueda valorar; y que se expresen de tal forma en su resolución que aquella valoración pueda luego ser controlada, en su racionalidad, por otro Tribunal.

En consecuencia, no es suficiente que quien solicita la medida comunique, sobre la base de sus noticias o informaciones, que sabe o cree saber que el sospechoso ha cometido, está cometiendo, o va a cometer un delito; o que ha practicado una investigación y que exponga a continuación sus conclusiones. Por el contrario, es preciso que traslade al juez las razones de tal afirmación, o el contenido de aquella indagación, identificando las diligencias practicadas y los datos objetivos relevantes alcanzados como su resultado, pues precisamente esos elementos son los que deben ser valorados por el Juez para decidir acerca de la consistencia de los indicios y, en consecuencia, de la necesidad y proporcionalidad de la restricción del derecho fundamental que le es solicitada. En este sentido en la STC nº. 197/2009, se decía que "el Tribunal ha considerado insuficiente la mera afirmación de la existencia de una investigación previa, sin especificar en qué consiste, ni cuál ha sido su resultado por muy provisional que éste pueda ser".

En definitiva, en el derecho español, el juez, en el cumplimiento de su función de protección del derecho fundamental, no puede operar exclusivamente sobre el valor que otorgue o la confianza que le proporcione la sospecha policial en sí misma considerada, sino sobre el significado razonable de los datos objetivos que se le aportan, valorados como indicios, obtenidos por la policía en el intento inicial de verificación de la consistencia de sus sospechas. Ello no supone que haya de prescindirse absolutamente de la experiencia policial, ni tampoco que sea necesario proceder en ese momento a comprobar la realidad de lo afirmado por la policía, pero sí implica que, necesariamente, haya de ser sometida en cada caso a la crítica racional por parte del Juez, en relación con los datos objetivos disponibles.

Por otro lado, para valorar la consistencia de los indicios no puede tenerse en cuenta como un dato relevante el éxito obtenido en la investigación, pues tal valoración ha de referirse al momento en el que se adopta la resolución judicial. Por razones obvias, el derecho al secreto de las comunicaciones desaparecería en la práctica si solamente se anularan las intervenciones que no han dado resultado.

Profundizando en la cuestión relativa a la necesaria consistencia de los indicios delictivos sobre los que debe asentarse la injerencia en el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, no estorba recordar las reflexiones que efectuaba al respecto nuestra reciente sentencia número 405/2022, de 25 de abril: "Para que tales restricciones puedan hacerse efectivas es preciso que, a partir de la necesaria habilitación legal, existan datos que en cada caso concreto pongan de manifiesto que la medida restrictiva del derecho es proporcional al fin pretendido, que este fin es legítimo y que es necesaria en función de las circunstancias de la investigación y del hecho investigado. Ello implica una valoración sobre la gravedad del delito, sobre los indicios de su existencia y de la intervención del sospechoso, y sobre la necesidad de la medida".

Para el Tribunal Constitucional los indicios idóneos para fundamentar la injerencia en el derecho fundamental son algo más que simples sospechas, pero también algo menos que los indicios racionales que se exigen para el procesamiento. Esto es, "sospechas fundadas" en alguna clase de datos objetivos, que han de serlo en un doble sentido: en el de ser accesibles a terceros, sin lo que no serían susceptibles de control; y en el de que han de proporcionar una base real de la que pueda inferirse que se ha cometido o que se va a cometer el delito, sin que puedan consistir en valoraciones acerca de la persona. Han de excluirse las investigaciones meramente prospectivas, pues el secreto de las comunicaciones no puede ser desvelado para satisfacer la necesidad genérica de prevenir o descubrir delitos o para despejar las sospechas sin base objetiva que surjan de los encargados de la investigación, ya que de otro modo se desvanecería la garantía constitucional; exclusión que se extiende igualmente a las hipótesis subjetivas y a las meras suposiciones y conjeturas, pues si el secreto pudiera alzarse sobre la base de esas hipótesis, quedaría materialmente vacío de contenido ( SSTC 49/1999; 166/1999; 171/1999; 299/2000; 14/2001; 138/200 1; 202/2001; 167/2002; 261/2005; 136/2006; 253/20 06; 148/2009; 197/2009; 5/2010 y 26/2010).

Matiza el Tribunal Constitucional que el hecho en que el presunto delito pueda consistir no puede servir como fuente de conocimiento de su existencia; la fuente del conocimiento y el hecho conocido no pueden ser la misma cosa ( SSTC 299/2000; 167/2002 y 197/2009). Sin que, además, la carencia fundamental de la expresión de los elementos objetivos indiciarios y la ausencia de los datos indispensables pueda ser justificada a posteriori por el éxito de la investigación misma ( SSTC 138/2001 y 167/2002).

El auto tachado de nulidad fundamenta la adopción de la medida limitativa de los derechos fundamentales en los datos que se desprenden del oficio policial mediante el que se solicita la misma, y así en dicho oficio se hace constar cómo se ha detectado que la persona que es objeto de unas Diligencias de Investigación de la Fiscalía Especial Antidroga, Gerardo, sospechoso de ser el máximo responsable de una gran organización de tráfico internacional de sustancias estupefacientes, para lo que dispondría de una infraestructura de personas y de medios (embarcaciones) se disponía a viajar desde Málaga a las Islas Canarias, por lo que se procede a realizar un dispositivo de seguimiento sobre la misma, resultando que se le observa ponerse en contacto con otro ciudadano búlgaro, de nombre Juan Antonio, dirigiéndose ambos al puerto deportivo La Marina, de Lanzarote, embarcando en un velero de nombre " DIRECCION000", velero que había sido remolcado por Salvamento Marítimo, al encontrarse a la deriva a unas siete millas de la costa de Lanzarote, procedente, según su tripulación, de Altea, previo paso por Cádiz. Según la documentación tanto el capital como los dos tripulantes del velero eran ciudadanos búlgaros. Ante la sospecha de que dicha embarcación podría estar utilizándose para transportar sustancia estupefaciente, los funcionarios policiales deciden instalar un dispositivo de seguimiento y geolocalización en el velero, por el procedimiento de urgencia, que sería ratificado por el Juzgado Central de Instrucción núm. 6, en funciones de guardia.

El 29/08/2020 el " DIRECCION000" zarpa, dirigiéndose a las costas marroquíes, en ruta utilizada para el transporte de sustancias estupefacientes, mientras que Gerardo y Juan Antonio regresan a la península, concretamente a Alicante.

Las actividades de la organización liderada por Gerardo aparecen contrastadas por informes del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

A la vista de lo expuesto, este Tribunal entiende que, en este caso se trata de una medida dirigida al fin constitucionalmente legítimo de represión de esta clase delitos: el bien jurídico de la salud de las personas (o seguridad jurídica de la sociedad), y de que se dan las demás exigencias manifestadas por el TC., para prevalecer sobre el secreto de las comunicaciones ( STC 49/1999).

El propio TC ( STC 85/1994), de hecho y siguiendo la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), manifestada en no pocas sentencias (STEDH 1978/1, STEDH 1984/1, STEDH 1998/31, ya citadas), ha señalado que una medida restrictiva del secreto de las comunicaciones que, como la solicitada, persigue un fin constitucionalmente legítimo cumplirá con el requisito de la proporcionalidad si se adopta en el curso de una investigación por un hecho constitutivo de infracción penal grave, como es el caso, o dicho de otro modo, si se trata de avanzar en la investigación de un delito grave (la citada STC 166/1999), ya que entonces podemos afirmar la adecuada ponderación entre el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones (privado) y la necesidad (pública) de perseguir los delitos. En el presente caso nos encontramos ante la investigación de una organización de carácter internacional, dedicada a la introducción en Europa de importantes cantidades de sustancia estupefaciente, mediante el uso de veleros, por lo que dicha actividad puede considerarse como constitutiva de un grave delito.

Desde este punto de vista tampoco hay duda de que la medida es idónea. Y ello, de un lado, en el sentido tanto de ofrecer datos concretos en orden a favorecer la investigación del delito, contra las personas que están siendo investigadas, es decir, que es útil y apta para lograr los fines que con ella se pretenden; la represión de los delitos contra la salud pública que se han cometido y que incluso pueden estar cometiéndose, y acabar con la organización criminal que hay detrás de ellos. Y, de otro lado, en el sentido de que es útil y apta para lograr el fin general de represión de los delitos indicados cuando, como es el caso dada la propia naturaleza del delito en cuestión, no puede dudarse de que estamos ante un grupo organizado en el que algunos de los sujetos investigados tiene un papel prominente, siendo procedente la intervención telefónica puesto que no se trata de descubrir de manera general e indiscriminada atoas delictivos de los que no se tienen indicios, ni mucho menos, sino que éstos existen, concretamente de la realidad del delito objeto de investigación que, dado el carácter de organización criminal, existente, permite presumir que otros de esta naturaleza puede ser cometido en breve, siendo esencia, de igual manera, trata de determinar la identidad de otros implicados que pudiera haber, identificados o aún por identificar, así como para tener permanentemente localizados a los sujetos cuya intervención de teléfonos se solicita.

Además, la intervención solicitada se presenta como excepcional y necesaria, ya que no se ve cómo puede proseguir la investigación de los hechos si no es de este modo, dada la investigación que había en curso (con un importante y efectivo trabajo de campo ya realizado por la fuerza actuante -seguimientos, fotografías, estudios de actividades, etc.-), y ello a los efectos de constatar que, efectivamente, el citado, junto con los otros y/u otros aún por identificar, forma parte de una organización dedicada al tráfico y distribución de grandes cantidades de sustancias ilegales, siendo procedente determinar, no sólo la autoría de éste y los otros identificados en los hechos investigados, sino, y sobre todo, la existencia e identidad de otras personas que, en grado superior o similar, estarían implicados en esta ilícita actividad, así como trata de desarticular la referida organización a niveles superiores (con la detención de los sujetos referidos), no viéndose posible otra vía para ello que la consiguiente intervención.

Y la solicitud se cursa al Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional por cuanto el objeto de las actuaciones seguidas por el Juzgado de Instrucción de Benidorm, tal y como conta en la presente causa, a la que se ha incorporado testimonio de las mismas, no era la organización y las actividades en las que pudiera estar inmerso Gerardo mediante el transporte de sustancias estupefacientes en veleros, sino que, y así se hizo contra mediante nota informativa emitida por la Unidad de Asuntos Internos del C.N.P., la investigación llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción de Benidorm se centraba en la actuación de una serie de funcionarios policiales, con los que Gerardo tuvo alguna relación, meramente circunstancial, por lo que dicha línea de investigación cesó, descartándose la participación del mismo en los hechos allí investigados, por lo que el hecho de haberse interesado la medida a los juzgados Centrales de Instrucción fue procesalmente correcto, dadas las normas de competencia contempladas en el art. 65.1 d) de la LOPJ.

Las resoluciones judiciales de autorización de intervención contienen, por lo expuesto, una motivación detallada acerca del cumplimiento de los principios de especialidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad de dicha medida, razonando la existencia de indicios suficientes de delitos graves, como serían el tráfico ilícito de sustancias estupefaciente, así como la necesidad de adoptar esta medida para poder esclarecer los hechos e identificar a sus autores, al poder efectuar un seguimiento de los desplazamientos de los investigados en los vehículos usados para su actividad ilícita. Se cumplen así los principios y garantías previstas en los art. 588 bis y 588 quinquies b de la Ley de

Enjuiciamiento Criminal.

QUINTO. - Se alega, igualmente, la nulidad por falta de motivación de los autos que autorizan la monitorización de los vehículos, ya que no se aportan datos indiciarios suficientes para acordar dicha intervención, ni se contrastaron los datos que hasta esa fecha se tenían.

Asimismo, se denunció la falta absoluta de cautelas para evitar la vulneración de la confidencialidad entre abogado y cliente. No se estableció ningún mecanismo dirigido a que no se interceptara conversación alguna que D. Camilo pudiera mantener con sus clientes, ajenos al entramado que era objeto de investigación.

Por otra parte, la defensa del citado alegó que el plazo establecido en las resoluciones impugnadas, de dos meses, era claramente desproporcionado.

En cuarto lugar, vino a indicar que el auto solo autorizaba la intervención de las comunicaciones orales directas, no las indirectas, como las telefónicas. De forma que el auto solo autorizaba la grabación de las comunicaciones dentro del vehículo, no las que se producen en el exterior del mismo. Las grabaciones se produjeron de forma indiscriminada, de forma que la identificación de los interlocutores se realizaba con posterioridad a la grabación.

La medida de instalación de dispositivos de geolocalización y sonorización de los vehículos utilizados por D. Camilo se produce en virtud de oficio núm. 6734/44/2020 de la Sección IV de la Brigada Central de Estupefacientes. En el mismo se indica que las investigaciones hasta la fecha llevadas a cabo determinan la existencia de una organización dedicada al tráfico de todo tipo de sustancia estupefaciente, principalmente de marihuana, hachís y cocaína, al frente de la cual se encontraría Lázaro, y que en el segundo escalón de la organización se encontraría, entre otros, Camilo, por lo que se había procedido a realizar una vigilancia y seguimiento de sus actividades, resultando así que el día 08/10/2020, sobre las 11 h., observan cómo se reúne, en el aparcamiento del supermercado Lidl de Parla con otra de las personas objeto de investigación, Jose Enrique, estando en el mismo unos 15 minutos, hasta que se despiden y cada uno abandona el lugar en su vehículo. Sobre las 12:30 h. observan cómo Camilo a regresa a las proximidades del supermercado, y tras dar varias vueltas por el polígono, entra en el establecimiento, tras lo que regresa a su casa, siendo seguido por un vehículo marca Volvo matrícula NUM075, introduciéndose los dos vehículos en el garaje del primero, en el que el vehículo Volvo permanece algo menos que cinco minutos, saliendo a continuación.

Los investigadores deducen, junto con otros datos de la investigación, que la reunión con Jose Enrique tenía por objeto que Camilo le entregase el dinero producto de una venta de droga, y que la reunión mantenida en el garaje de su casa con la persona que se encontraba en el Volvo se trata de una transacción de cocaína.

El día 14/10/2020 se observa a Camilo dirigirse, con su vehículo Mercedes C220 ....-TZJ a la localidad de Fuentidueña del Tajo, a donde llega sobre las 10:30 h., introduciéndose en el establecimiento "Restaurante Cafetería Juan", saliendo del mismo unos 20 minutos después, para introducirse en su vehículo, en donde continua durante unos minutos.

Los funcionarios aprecian la presencia de un vehículo Mini .... RZX estacionado junto a la gasolinera sita al lado del Restaurante, del que se apea una persona, para dirigirse hacia el Restaurante, siendo a la puerta del mismo saludado por Camilo, introduciéndose los dos en la cafetería, en la que están por unos diez minutos, saliendo de la misma, llevando la persona con la que se encontraba una bolsa de color azul, dirigiéndose cada uno a su vehículo.

Posteriormente, sobra las 17:30 horas, mantiene una reunión en un establecimiento de la localidad de Griñón con cuatro personas, manteniendo estas una actitud vigilante.

Asimismo, en dicho oficio se informa que el día 22/10/2020, se había producido una reunión en Tordesillas entre los investigados Lázaro, Norberto, Severino y el ciudadano búlgaro Fulgencio, con unas personas que procedían de Galicia, y que al regreso se había captado la siguiente conversación entre ellos:

Lázaro: En esta organización mía hermano, tenemos un abogado también de la mafia, nuestro

Fulgencio: ¿El que?

Lázaro: Que aquí en nuestro curro, tenemos un abogado nuestro tambien, de mafioso si lo necesitas me llamas

Fulgencio: Ojala que no, ¿cómo se llama?

Lázaro: Camilo el mafias, como nosotros, ha estado doce años en la cárcel. Cuando nos cogen a los chavales, él va a donde nuestros chavales y dice "ehh no hables ehh.."

Norberto: Se hizo abogado en la cárcel

Lázaro: y va a la cárcel y te dice "ehh no hables.. sí hablas ya sabes lo que te va a pasar, si no hablas recibes tu dinero tus cosas todo bien" y luego va a ver al Fiscal, y ve la investigación y habla con el Fiscal. No que es buen chico.. que ha pasado este problema tal... y el Fiscal luego soluciona con él las cosas. Mira lo pillaron el otro día a un chico suyo con la marihuana, y fue.. ¿y con quien estaba hablando con la policía o con el Fiscal?

Quico: Camilo con la policía y luego con la jueza directamente

Lázaro: Ósea que...

Quico: Un máquina

Lázaro: Y luego vende "perico" para mi también, y tiene paquetes en Madrid, es un abogado que vende coca también

Fulgencio: ¿Un abogado?

Lázaro: Un abogado (se ríe), ¿Sabes porque estaba en la cárcel? Por política de nazis, es nazi.. nacional socialista. Le metieron en la cárcel porque es de estos que hacen "mitins" y van cien personas a matar a alguien o a quemar un cajero o a ... hacía apología del nazismo. Doce años en el talego, eh Lázaro..

Norberto: Si..

Lázaro: Doce años sin ganar un pavo, tu te crees?

Norberto: Pues ahora esta ganando todo lo que no ha ganado

Lázaro: No pero que se toma en serio lo del abogado eh?

Norberto: Hombre, hermano, es su vida, ahora es su vida de verdad

Lázaro: Y luego es un hijo puta, tengo un juicio tío

Norberto: Tengo un juicio, estoy en plaza Castilla ... (imitan al abogado)

Lázaro: Ha ido Jose Enrique a cobrar o no?

Norberto: A donde él?

Lázaro: Tenía que ir a recoger la pasta esta tarde de él si

Norberto: Pero tiene el número de teléfono tiene algo, le llamo ahora mismo y se lo digo. El tío ya se habrá despertado le hemos dejado dormir suficiente. Tiene el teléfono de Camilo o ha quedado con Camilo o como has hecho tu

Lázaro: Pues no, le he dicho que hoy por la tarde tiene que darle la pasta pero no lo sé, no.. el Camilo se hace mas el orejas..

Y continúa la conversación en los siguientes términos:

Lázaro: Mira, ya me está llamando ... Abogado ... eres un mal abogado (se mofan), qué dices? ... ja ja ja ja

Norberto: Que llame a " DIRECCION004" Chili también

Lázaro recibe llamada del abogado Camilo:

Lázaro: ¿Que tal?.. a ver hermano que te interrumpo por dos cosas la primera, la pasta para mandarte a Jose Enrique cuando puedas para que vaya ya a pagar a la gente. Cuando me digas tú, cuando me digas tu... ¿Te lo mando ya mismo? Vale, Norberto ¿puedes mandarlo ya mismo?

Norberto llama a Jose Enrique por teléfono en ese mismo instante, la voz de Jose Enrique es inaudible

Norberto: Jose Enrique te puedes ir a ver a.. a ver a...al abogado. ¿vale Jose Enrique? Jose Enrique tienes q irte para la Lidl para ver a... para ver a Camilo. Vale al Lidl .. ya tira para alla le voy a decir ahora que te haga una perdida y asi ya tienes contacto con el y le llamas y cierras trato... Me interesa a lo mejor que los cojas para que luego los vayais a entregar directamente, ahora te digo.... Si estamos hablando con el-ahora mismo.. si.. vale tio, venga chao.. ok chao

Mientras Lázaro continúa hablando con Camilo, el abogado

Lázaro: Al Lidl dile que al Lidl, dale por favor el dinero revisado hermano, he tenido un problema con Vale, faltando material como siempre.. veinticinco .. pero que tenemos fotos y se lo he dicho, le he dicho que esta muy mal, hermano lo hace muy mal tio se pringa por nada, se pringa por nada, gana 1000 euros de la peor manera que los puede ganar, pidelos tio, pidelos.. no no pasa nada, el curro que se le podra dar pues se le pasaran cien mil filtros..si es que hay que darle algo porque si no... es que se te quitan las ganas.. pues ya se lo he dicho le digo es que se te quitan las ganas te comes nuestro beneficio. Ya tio pero lo esta cogiendo de.. (ininteligible) le va a traer problemas este, este, esta mentalidad...tarde o temprano tio, tarde o temprano.. no porque sabes lo que pasa que los quinientos plantean que nosotros lo tenemos a ganar otros muchos miles, nos quedamos como jodidos, que somos tontos aqui nosotros...me ha dicho mi colega que el agujero casi llega al otro lado, de lado a lado.. si tio... el boquete.. pero no es culpa de el, es culpa de Jose Enrique, Jose Enrique tenia que haber revisado antes de entregar el cacharro a mi gente..bueno te queria comentar otra cosa.. ehm lo que la caja que me has dicho de Leopoldo, tu colega tiene el BL? porque dicen que el BL no se lo han dado a nadie, el booking, porque el dueno le quiere dar el booking a mi colega, solo a mi colega, nadie tiene el booking ni el no hombre ese ni nadie, dice preguntale a tu colega si alguien tiene el BL, preguntale y si eso miramos tio que..todo lo que sea ganar algo no?.

Norberto a que hora se ve con Jose Enrique? Ya, va pa Ila. Dile que llame el a " DIRECCION004" para que ya coordine con el

Lázaro: Llama tu a " DIRECCION004" que ya esta de camino para alla, vale el ya esta de camino

Norberto: No no se va vestir y ya va el para alla

Lázaro: Venga hermano, un abrazo un abrazo

Lázaro cuelga el telefono con el abogado y continua hablando con los ocupantes del vehículo.

Lázaro: El abogado vende paquetes de cocaina tio, quieres comprar libertad.. hablas con el, quieres comprar carcel tambien hablas con el, ademas que el Camilo es un personaje aqui tienes la cara A.. eh.. (se rie) a mi es que me hace mucha gracia ese tio. Vino la hermana de un chico, que la hermana del chico le pillaron en el aeropuerto, os lo contamos ¿no?

Quico: Si, si

Lázaro: Y como la Policia se equivoco en las pegatinas y el dia que lo cogieron, el (el abogado) rompio la cadena de custodia y le soltaron, y el mismo dia que soltaron al chaval...

Y los funcionarios policiales detectan cómo, en base a dicha conversación, Jose Enrique se reúne con Camilo, subiendo éste al vehículo de aquel, interceptándose la siguiente conversación entre ambos:

Camilo: ¿Que dice my friends?

Jose Enrique: Como va eso mi nino.

Camilo: ¿Eh?

Jose Enrique: ¿Como vas?

Camilo: Bien tio, dabuti.

Jose Enrique: Todo bien, ya te has recuperado y esas cosas.

Camilo: Si, ya, gracias a dios, aunque te deja secuelas eh.

Jose Enrique: Esto, ¿cuanto me das?

Camilo: Eh... veintisiete y medio, pero porque no me acuerdo lo que me dijo si veintisiete y medio o veintiocho, ¿sabes? No me acuerdo y digo...

Jose Enrique: Bueno tu me das veintisiete y medio, ¿no?

Camilo: Exacto, yo te doy veintisiete, pero dile que ha sido por eso, porque me lo ha dado el chaval asi contado y no le he dicho nada, lo he contado yo otra vez porque yo paso filtro y digo veintisiete y medio, a lo mejor lo dije yo o no lo dije yo, digo bueno...

Jose Enrique: Si, si, estas en la duda.

Camilo: Como tenia prisa, diselo si no manana te doy los otros quinientos sin problema, ¿vale? ¿Ok?

Jose Enrique: Vale, vale ,vale.

Camilo: Que nada que lo que pasa Jose Enrique tio, que te deja secuelillas, eh.

Jose Enrique: Si no, te deja un poco matadete, ¿no? A lo mejor, ¿no?

Y se termina informando cómo el día 28/10/2020, se produce una reunión entre Camilo y Lázaro, en una cafetería del Centro Comercial Parque Sur, la cual dura tres horas.

Por todo ello, el equipo policial interesó del Juzgado Central que, una vez agotadas las tradicionales de investigación, por tratarse de un delito muy grave, por devenir imprescindible para continuar avanzando en la investigación, y al objeto de lograr la identificación y localización de todos los integrantes de la organización, para conseguir desarticular la misma, así como lograr las pruebas necesarias que permitan su detención y puesta a disposición judicial.

El contenido de dicho oficio y los indicios que de la información aportada al Juzgado son suficientemente expresivos de la existencia de indicios, racionales y fundados, basados en datos objetivos, sobre la presunta participación del investigado en los hechos objeto de investigación, así como del uso que realizaba de los dos vehículos cuya sonorización se interesaba para realizar en los mismos las reuniones con otros miembros de la organización que estaba siendo objeto de investigación.

El art. 588 quater a) regula la grabación de las de las comunicaciones orales directas que se mantengan por el investigado, en la vía pública o en otro espacio abierto, en su domicilio o en cualesquiera otros lugares cerrados.

El precepto no establece límites en cuanto al lugar en que se desarrollen las conversaciones, cuya captación o grabación pueda autorizar el juez, pero la concreta extensión de la medida, en cada caso, deberá justificarse conforme a los principios rectores del art. 588 bis a). Y en aquellos que se invada gravemente su intimidad, deberán siempre resultar proporcionados a la mayor gravedad de la conducta delictiva que se investiga, y, al mismo tiempo, condicionados por la excepcionalidad y necesidad, es decir, que no puede avanzarse en la investigación sin el recurso a la medida, lo que deberá reflejarse en la resolución judicial.

Pues bien, el auto habilitante, y que aquí se ha puesto en entredicho justifica suficientemente, a juicio de esta Sala, la limitación de la intimidad y de la inviolabilidad domiciliaria, al señalar en su fundamento quinto: se accede a las peticiones interesadas por el equipo policial actuante al ser de interés para la investigación que se estaba llevando a cabo, no existiendo otras fuentes de prueba menos gravosas cumpliéndose de este modo con los principios de excepcionalidad y necesidad. Y finalmente en cuanto a la proporcionalidad, ha de valorarse si el sacrificio de los derechos fundamentales de los investigados debe ceder frente al interés público en la persecución, averiguación y castigo del hecho delictivo. En el caso de autos, de la instrucción resulta que estamos ante la comisión de un delito de especial gravedad cuyo bien jurídico protegido es la salud y orden público, siendo la medida que se adopta proporcional, necesaria e imprescindible, a pesar de que con ello se ven afectados derechos fundamentales, en cuanto la intimidad, derecho este último proclamado en nuestra Constitución, si bien, no está reconocido de una manera tan absoluta que pueda constituir medio para la ocultación de hechos delictivos.

Cumple el auto asimismo los presupuestos establecidos en el art. 588 quater b.

El apartado 1 de este precepto establece que la utilización de los dispositivos de escucha y grabación ha de estar vinculada a comunicaciones que puedan tener lugar en uno o varios encuentros concretos del investigado con otras personas y sobre cuya previsibilidad haya indicios puestos de manifiesto por la investigación, añadiendo el apartado 2 que solo podrá autorizarse cuando concurran los requisitos siguientes:

a) Que los hechos que estén siendo investigados sean constitutivos de alguno de los siguientes delitos:

1º Delitos dolosos castigados con pena con límite máximo de, al menos, tres años de prisión.

2º Delitos cometidos en el seno de un grupo u organización criminal. 3º Delitos de terrorismo.

b) Que pueda racionalmente preverse que la utilización de los dispositivos aportará datos esenciales y de relevancia probatoria para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de su autor.

Esta diligencia de investigación tecnológica, pues, únicamente puede ser autorizada para la captación y grabación de uno o varios encuentros concretos que pueda tener el investigado con otras personas, haciendo depender el precepto de la concreción de la existencia de indicios que hagan previsible el encuentro. Se trata de no permitir la colocación general e indiscriminada de micrófonos y cámaras sin que exista un fundamento que justifique cada caso. Así como en el supuesto de las interceptaciones telefónicas se permite captar todas las comunicaciones para después seleccionar las que puedan resultar relevantes para la investigación, en este caso, se trata de autorizar únicamente la captación y grabación de las conversaciones relevantes y no del resto.

Ahora bien, el hecho de que la utilización de dispositivos electrónicos para la captación y grabación de conversaciones orales directas requiera la determinación de los "encuentros concretos" (588 quater b) sobre los que va a recaer, que deberán especificarse en la resolución judicial habilitante, no impide que pueda adoptarse dentro de un determinado plazo temporal, aunque sólo para la captación de determinadas conversaciones concretas, que serían las únicas que podrían grabarse en ese tiempo, de modo que una vez grabadas finalizaría la ejecución de la medida. Es decir, es posible la instalación de dispositivos de grabación permanentes que se activen para "encuentros concretos", pero no de dispositivos de captación del sonido, y mucho menos de imagen, permanentemente activados. Lo que se está autorizando es la grabación de determinados encuentros, aunque tengan lugar en un determinado periodo sin que sea preciso estar pidiendo autorización para cada encuentro.

Todas esas exigencias se verifican en el reiterado auto puesto en entredicho. A juicio de la Sala, el mismo contiene los datos que concretan y hacen previsible el encuentro (concreción locativa, subjetiva y temporal) así como los necesarios para justificar que la utilización de los dispositivos aportará datos esenciales y de relevancia probatoria, impidiendo que pueda calificarse de genérico o de que se trata de una captación o grabación de conversaciones o imágenes indiscriminada.

Respecto a la duración de la medida, el legislador exige que esté determinada por la existencia de indicios que precisen la previsibilidad de los encuentros, independientemente del lapso temporal a lo largo del cual vayan a tener lugar. Aunque se desconozca el momento exacto del encuentro, será concreto si indiciariamente puede preverse su existencia, lo que es indudable tratándose de una investigación sobre un grupo de personas que constituirían una organización criminal. Es cierto que el Capítulo VI no contiene entre sus previsiones la fijación de un límite de duración, a diferencia de lo que sucede con la intervención de las comunicaciones (art. 588 ter g). El silencio del legislador no puede interpretarase como un olvido. Por el contrario, define una regla especial que conduce a la restricción del plazo general fijado para la interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas y que se obtiene a partir de la propia naturaleza excepcional de la diligencia de investigación que estamos examinando. Se trata, en fin, de reforzar la idea de que la autorización de la captación de las conversaciones o de las imágenes del investigado, solo adquiere significado cuando se pone en relación con encuentros previsibles y de cuya programada realidad hayan llegado a tener conocimiento los investigadores. No se puede aspirar a recolectar encuentros con la expectativa de que, alguno de ellos, previo filtrado, podrá ofrecer una información de interés para la investigación, si bien resulta evidente que el juez de instrucción, que ha sido informado acerca de la previsible realidad de unos encuentros de los que se va a desprender información de interés para los investigadores, puede fijar un plazo máximo de vigencia de la medida; pero este plazo solo se extiende y justifica como garantía añadida al anticipado conocimiento de un contacto preciso, previsible y de cuya existencia próxima pueden aportarse relevantes indicios.

En el caso que nos ocupa, el auto autorizante especifica e individualiza las personas que son objeto de la medida, y que se centran en aquellas que estaban siendo objeto de investigación; no se autoriza la grabación indiscriminada de todas las conversaciones que se produzcan o se pudieran producir, y por ello, la unidad policial actuante desplegó a sus efectivos en labores de vigilancia de los objetivos a investigar y tan solo cuando apreciaban la existencia de una reunión entre las personas investigadas daban cuanta a su superior, quien, previa valoración de las circunstancias concurrentes, accionaba el mecanismo de grabación, y se autorizaba la permanencia de los dispositivos de grabación por un periodo proporcional a la complejidad de la instrucción que se estaba llevando a efecto, de dos meses, adoptándose un adecuado control judicial, pues la citada Unidad Policial debía dar cuanta de los resultados de la investigación durante le ejecución de la medida.

Se alegan otras cuestiones como el hecho de que la grabación captase conversaciones de personas que, dirigiéndose a la persona investigada, se encontraban fuera del habitáculo del automóvil, si bien ello es indiferente a los efectos que nos ocupan, por cuando la conversación es escuchada y se dirige a quien se encuentra dentro del vehículo, lo que se comprende dentro del ámbito autorizado judicialmente, y, por último, se alega que no se adoptó ninguna precaución para evitar la grabación de conversaciones que invadieran el ámbito de confidencialidad que ha de respectarse entre abogado y cliente, alegación que ha de ser desatendida, puesto que en ningún caso se estaba investigando a D. Camilo en su condición de abogado, sino como presunto miembro de una organización criminal, en el marco de la cual se dedicaría a la distribución de sustancias estupefacientes, sin que en ningún caso se pretendiese, ni se llegase a realizar intromisión alguna en su labor profesional, por cuanto, y como queda expuesto, todas las conversaciones se grababan cuando existía la constancia de que el interlocutor estaba, o podía estar, participando en las actividades ilícitas investigadas.

SEXTO. - Por último, las indicadas defensas alegaron la vulneración al derecho a un proceso con todas las garantías al haberse declarado impertinente la pregunta formulada por dicha defensa a varios testigos, funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, si se había utilizado información obtenida de EncroChat para iniciar la investigación sobre Camilo. Tal motivo debe, igualmente, decaer. El artículo 709 de la LECrim dispone que el Presidente del Tribunal no permitirá que el testigo conteste a preguntas o repreguntas capciosas, sugestivas o impertinentes. Se trata de una norma destinada a evitar abusos en la práctica de la prueba testifical que, es claro, debe orientarse a la búsqueda de la verdad. Pero no es lícito pretender tergiversar su resultado a través de esa clase de interrogatorio.

Según la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, las preguntas son impertinentes cuando se refieren a cuestiones que quedan fuera del proceso. ( SSTS 169/2005, 470/2003, entre otras). Para declarar la pertinencia de las preguntas formuladas es imprescindible que valorar su necesidad y relevancia y su causalidad con el fallo. ( STS 1125/2005). De esta manera, lo importante es determinar si la negativa a responder privó a la defensa del ejercicio de facultades inherentes a tal condición ( STS 2612/2001). De esta forma, la introducción de teorías especulativas en el interrogatorio de los testigos policías, acerca de si la investigación sobre el acusado se inició en base a su posible uso del sistema de encriptamiento "EncroChat" no puede entenderse como un interrogatorio destinado a conocer la verdad de lo que se pretende, y ello por cuanto los testigos declararon con nitidez y claridad el motivo por el que dicho acusado pasó a formar parte del grupo de personas investigadas, que no es otro que el contenido de las conversaciones intervenidas y transcritas anteriormente, así como el hecho de haberle sido observado en reuniones con otros miembros de la organización, sin que en todo el curso de la investigación y de la causa se haya hecho mención alguna a ese sistema de encriptamiento de las comunicaciones telefónicas..

SÉPTIMO. - Examen de la prueba practicada.

El Tribunal ha llegado a la convicción plena de cómo acaecieron los hechos que ha considerado probados, examinando las pruebas practicadas en los términos que contempla el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para tener por enervado el derecho a la presunción de inocencia del artículo 24 de la Constitución Española, en base a las siguientes pruebas practicadas en el acto del juicio:

A) Interrogatorio de los acusados:

1º.- Lázaro

Reconoce los hechos formulados contra el mismo en el escrito de acusación como ciertos, y conoce las consecuencias de dicho reconocimiento.

Reconoce ser el máximo dirigente de la organización, dedicada a importar y a distribuir distintos tipos de droga, cocaína y hachís principalmente.

Norberto es su mano derecha, siendo él quien toma las decisiones.

Severino forma parte de su organización

Los tres inmuebles en los que se intervino droga y dinero son de la organización que dirige

Camilo formaba parte de la organización que él dirigía.

Recuerda el viaje a Tordesillas, y los fines del mismo coinciden con lo relatado en el escrito de acusación.

Querían presentar a los lancheros gallegos a Norberto y a Severino, que eran quienes se harían cargo de la droga una vez en la península.

Severino y Norberto son los encargados de la recogida y el almacenamiento de la droga.

Camilo vendía cocaína para su organización. Encargó a Jose Enrique para que fuera a recoger un dinero que le debía Camilo, por la venta de droga.

Es cierto que entre él y Norberto encargaron la fabricación de unos documentos de identidad falsos.

Es cierto que concertó con unos suministradores colombianos el envío de un contenedor con 200 kilogramos de cocaína. Que los suministradores no colocaron la sustancia en la forma pactada, no la colocaron junto a la puerta sino en el centro del contenedor y no en mochilas, sino en cajas.

Camilo era el intermediario para negociar con las personas que se iban a encargar de extraer la droga.

En la conversación que mantiene con Camilo a la vuelta de Tordesillas hablan de este contenedor.

Ante las dificultades de extraer la droga, decide hacerlo de otra manera, por lo que envía a Severino y a Daniel a Valencia.

El único que conocía la situación del contenedor era Camilo, el teléfono que a él le encuentran en casa es de él, era el que entre ambos utilizaban para conocer la situación del contenedor.

Encargó entre otros a Severino a que hiciesen todo lo posible para rescatar el contenedor que se encontraba en una empresa del polígono industrial de Madrid.

Camilo le informó que había tenido una reunión con unos guardias civiles en Tres Cantos. Sabían que unos agentes les querían robar, por lo que habla con Camilo para decirle que estaban detrás suya un grupo de policías, por lo que él decide quedar con ellos, para mostrarles su preocupación. Camilo le dijo que no se preocupase, que no había nada.

El vehículo G63 no es de su propiedad, lo tenía para proceder a su venta, como intermediario.

En su domicilio tenía dos pistolas de su propiedad, no tenía licencia ni guía, las tenía por protección.

La droga y el dinero intervenidos eran de su organización.

Federico no formaba parte de su organización.

Esta tremendamente arrepentido y pide perdón.

2º) Norberto

Reconoce los hechos formulados contra el mismo en el escrito de acusación como ciertos, y conoce las consecuencias de dicho reconocimiento.

Recibía las órdenes de su hermano Lázaro, quien era el máximo responsable de la organización.

Severino llevaba tiempo en la organización.

Jose Enrique era su persona de confianza

Él dirigía a los distribuidores de la droga.

Son ciertos todos los encuentros y entregas de droga que se describen en el escrito de acusación

Él no tenía relación con Camilo, pues este se relacionaba con su hermano Lázaro. Camilo formaba parte de la organización.

Una vez recogió dinero de Camilo, correspondiente a unas minutas.

Cuando a la vuelta de Tordesillas mando a Jose Enrique a recoger un dinero de Camilo, era dinero procedente de la venta de droga. Lázaro lo sabía, pero 90% era de una venta de droga.

Hacía recogidas de dinero procedente de la venta de la droga, en ocasiones le acompañaba Amador y en otras Severino.

Recuerda haber recogido 100.000euros en el polígono Cobo Calleja, de los que 99.000 le entregó a Severino.

Entregó 12.000 euros a unos guardias civiles de Algeciras, como ayuda a un guardia que estaba mal. Pactaron entregar 50.000 más si se pactaba el paso de un camión.

El trato con los guardias era un tema suyo exclusivamente.

Encargó la confección de unos documentos falsos.

Respecto del contenedor, él no se deslazó a Valencia, mandaron a Severino y a Daniel. Ellos, si sabían algo, se lo decían a Lázaro y a Camilo. Lo de Camilo lo sabe por su hermano.

No pensaron asaltar al camionero, sino ofrecerle una cantidad de dinero.

Las sustancias y dinero intervenidos en los pisos de la organización eran de la misma.

Aconsejó a Severino ( Quico) a que no entrase al puerto de Valencia para rescatar el contenedor, dado que no tenía experiencia, de forma que contrataron a una persona ajena a la organización para realizar dicha labor, que era Daniel.

Al no poderse rescatar la mercancía en Puerto, tanto Severino como Daniel realizaron vigilancia de la nave de Pinto para ver como poder hacerse con la misma.

3º) Ricardo

Reconoce los hechos formulados contra el mismo en el escrito de acusación como ciertos, y conoce las consecuencias de dicho reconocimiento.

Él solo recogió una cantidad de dinero, iba con Jose Enrique, lo contó y lo guardó para luego dárselo a Jose Enrique.

Había una caleta en el vehículo Audi A3 y lo guardaron allí.

4º.- Jose Enrique

Reconoce los hechos formulados contra el mismo en el escrito de acusación como ciertos, y conoce las consecuencias de dicho reconocimiento.

Su papel dentro de la organización era la de recibir y distribuir la droga.

Las entregas de droga que se refieren en el escrito de acusación son ciertas.

Él era la persona de confianza de Norberto

Respecto del contenedor, sí que estuvo observando la nave de Pinto en donde se encontraba.

Una parte del dinero que le entregó Ricardo se la entregó a Severino.

Anotaba siempre todo y alguna anotación con respecto a Camilo pudo hacer, pero no sabe si se trataba de entregas de droga.

Los pases se realizaban en lugares que no estuviesen a la vista.

5º.- Jesús Manuel

Reconoce los hechos formulados contra el mismo en el escrito de acusación como ciertos, y conoce las consecuencias de dicho reconocimiento.

Estaba encargado de la custodia y distribución de la droga de la organización.

Era intermediario en las transacciones, coordinador de las ventas.

Coordinaba y dirigías a Carlos Francisco y a Amador.

En las viviendas de la organización era donde se custodiaba la droga y se guardaba el dinero procedente de su venta.

En los papeles que allí se intervinieron había anotaciones hechas por él y sus subordinados, sobre entrega de droga y dinero.

Exhibido el f. 487 (ac. 350) del atestado, en donde obran anotaciones en las que pone "abogado" se refieren a Camilo. Recuerda una transacción de droga hecha con Camilo. La anotación no se corresponde a su letra, pero se trata de una entrega de placas de cocaína a Camilo

No conocía a Severino.

Lázaro nunca le dijo estar enfadado con Camilo.

Las transacciones con Camilo las hacía Carlos Francisco, era sustancia de la organización de Lázaro.

Se declara culpable y se arrepiente de lo sucedido.

6º.- Carlos Francisco.

Reconoce los hechos formulados contra el mismo en el escrito de acusación como ciertos, y conoce las consecuencias de dicho reconocimiento.

Son ciertas todas y cada una de las entregas de droga que se relatan en el escrito de acusación.

En los pisos custodiaban la droga y el dinero.

Él daba cuenta a Jesús Manuel, exclusivamente

Conoce a Camilo de hacer las oposiciones de bombero y de temas deportivos

Reconoce haber entregado cocaína Camilo, por encargo de Jesús Manuel.

Las anotaciones antes exhibidas las ha realizado él, y obedecen a entregas de drogas a Camilo.

7º.- Amador.

Reconoce los hechos formulados contra el mismo en el escrito de acusación como ciertos, y conoce las consecuencias de dicho reconocimiento.

De su actividad daba cuenta a su jefe directo, Jesús Manuel.

Solo conoce a Jesús Manuel y a Carlos Francisco

Las anotaciones encontradas las hacían los tres.

Ha sido consumidor de cocaína y de hachís, y se encuentra en tratamiento.

8º) Diego

Reconoce los hechos formulados contra el mismo en el escrito de acusación como ciertos, y conoce las consecuencias de dicho reconocimiento.

No formaba parte de la organización

Le contrata Lázaro para rescatar la droga del contenedor de Valencia

Conocía a Severino de antes, al realizar deporte.

En esa misión él hacía lo que le decía Severino, quien recibía las instrucciones de Lázaro.

Al final no se pudo hacer nada, porque el contendor por lo visto había desaparecido. No llegaron a entrar al puerto.

Él hacía lo que le decía Severino, y este le dijo que se tenían que ir.

Estuvieron en las proximidades de la nave de Totto, en Pinto, estaban Jose Enrique, Norberto, Severino y él. Tenían pensado ofrecer dinero al conductor.

9º) Federico

Reconoce los hechos formulados contra el mismo en el escrito de acusación como ciertos, y conoce las consecuencias de dicho reconocimiento.

Reconoce que pasó por la empresa, y que en ella había un contenedor con droga, pero no pensaba participar en el rescate de la sustancia.

Se limitó a acompañar a Severino, que es amigo suyo.

Severino es amigo suyo de toda la vida. Le comenta que hay un contenedor con droga.

El motivo por el que acude a ese lugar es porque Severino le comenta que en el contenedor había droga, y era para ver si estaba ese contenedor.

Descubre que hay un Ferrari a su nombre después de su detención.

10º.- Hermenegildo

Reconoce los hechos formulados contra el mismo en el escrito de acusación como ciertos, y conoce las consecuencias de dicho reconocimiento.

Recibió 12.000 euros de Norberto para permitir que pasase un camión por droga por el puerto de Algeciras. La operación no cuajó.

No se habló de fechas, solo de hacerlo, y de nada más.

11º.- Laureano

Reconoce los hechos formulados contra el mismo en el escrito de acusación como ciertos, y conoce las consecuencias de dicho reconocimiento.

No recuerda qué cantidad de dinero recibió.

No había nada concreto, el dinero era para no perder el contacto, por si acaso el día de mañana querían intentar algo.

12º.- Romeo

Reconoce los hechos formulados contra el mismo en el escrito de acusación como ciertos, y conoce las consecuencias de dicho reconocimiento.

Cobró 5000 euros o 4000 euros por cada documento. Se los encargó Norberto, quien contacto con él a través de un amigo común.

13º.- Severino

A preguntas de su Letrado manifestó que trabaja en los controles de acceso de establecimientos nocturnos, el dinero encontrado en su casa, 50.000 euros, eran los ahorros suyos y de su mujer.

Nunca ha vendido droga, ni se ha dedicado a nada relacionado con esto. Que es drogadicto, consume cocaína y se encuentra en tratamiento.

Conoce a Lázaro pues son amigos de toda la vida, al igual que a Norberto.

A él le dicen que vaya a Valencia a ver un contenedor, y que ignoraba qué había dentro de ese contenedor.

No llegó al puerto de Valencia. Volvieron a Madrid, a Pinto, con el fin de ver a ese contenedor, e insiste en que no sabía que había en su interior.

Nunca ha recibido dinero de los otros acusados.

A Jose Enrique solo le vio una vez, con Lázaro y Norberto.

Le dijeron que los acompañase a Tordesillas, una vez allí llegaron a un Restaurante, ellos entraron y él se quedó fuera.

14º.- Camilo

A Lázaro le conoció en el ámbito deportivo, después de un tiempo, sobre el año 2019 apareció de nuevo en su vida a través de un cliente suyo, para interesarse por él.

A Norberto le conoce puntualmente, y a Jesús Manuel porque le solicitó la defensa de su exmujer.

A Jose Enrique no le conocía de nada. Respecto a su reunión con Jose Enrique, en ese momento representaba a una persona de nombre Julián, y sus familiares le entregaban el peculio y ropa para que se lo entregase a su cliente. Fue en el Lidl de Parla.

El Volvo que se introdujo detrás de él en su garaje es de su vecina del piso NUM038.

Respecto a la conversación que mantienen en el vehículo a la vuelta de Tordesillas, todo lo que se dice allí es incierto.

Es cierto que Lázaro le llamó para que le entregase una cantidad de dinero. Ese dinero eran 30.000 euros que Lázaro le había solicitado que recogiese de una persona, y procedían de la venta de un vehículo. A Jose Enrique le entrega 27.500 o 28.000 euros, porque no sabía en concreto qué cantidad debía retirar.

No sabe el nombre del cliente de Lázaro que le entregó el dinero.

La reunión con Lázaro en Parque Sur no tenía objeto alguno. Solo tomar un café con él.

Es cierta la llamada en la que Norberto le reclama que le devuelva su pasta. Se trata de una fianza que pagaron para dos fianzas de dos internos. Se dieron cuenta de que les habían dado 3.000 euros de más, y ese era el dinero que le tenía que devolver.

Jesús Manuel le llamó porque estaba constituyendo una sociedad de seguridad, y quería que les gestionase licencias.

A Carlos Francisco le conoce porque estaba haciendo la empresa con Jesús Manuel, y tienen un nexo deportivo.

Nunca recibió paquete alguno de droga ni de dinero de estas personas.

Tuvo una cita con Carlos Francisco en su garaje, y lo que se escucha es una máquina de limpieza del parking, no el ruido de apertura de una caleta. En esa cita él entregó a Carlos Francisco péptidos, un fármaco recuperador muscular.

Ha estado en la CALLE001, con Carmelo, y fueron a ver a un amigo común que estaba pasando un cáncer.

Con Alfonso mantuvo una conversación referida a una clienta de este, que pretendía darles lecciones. Alfonso se quejaba de las pocas causas que le entraban en delitos contra la salud pública.

Unas personas fueron detenidas en un barco con tres toneladas de hachís. Le contratan como abogado, y a los pocos meses le dicen que en un doble fondo se habían dejado 1.000 kilos. Hablan con la fiscalía, pero a esta no le interesa, y por ello se dirige a la EDOA Almería, quien les da la condición de que lo firmen los clientes, él consigue la confesión formada, y queda en Plaza de Castilla con un agente del EDOA, para que se lo transmita a los de Almería.

Más adelante le dicen que si él estaba vendiendo a sus clientes. Él se pone nervioso y busca una solución. Además, un agente le dijo que está siendo investigado en la investigación que se llevaba respecto de Lázaro . El agente era un funcionario, un policía, del que no conoce su nombre.

Concierta una reunión con el EDOA de Tres Cantos a través de un tercero. Quedaron en un restaurante de Tres Cantos. Quería saber si estaba siendo investigado, y les comentó los rumores sobre colaboración que pesaban sobre él.

La llamada a Lázaro, tras esa reunión, se debe a que le reprocha el que le estén investigando por él. Le mintió y se lo quiso quitar de encima. No le vio nunca más, cortó su relación con él.

Cuando a la vuelta de Tordesillas hablan de un BL, se debe a que Lázaro le había preguntado si conocía algún abogado especialista en mercantil, ya que le había retenido una mercancía.

Las anotaciones que aparecen en el registro de la vivienda de la CALLE000, con el nombre de Camilo, no pueden referirse al declarante, sino a otra persona.

El dinero que se encuentra en su domicilio, y guardado de esa manera, era debido a que había habido un robo en otro domicilio diez días antes.

En el video lo que se ve es arrojar una esponja al maletero.

Los acusados que le han incriminado lo hacen por resentimiento, por ánimo de venganza para con él, o por miedo a Lázaro y a su hermano.

B) Prueba testifical.

-El funcionario del Cuerpo Nacional de Policía número de carnet profesional NUM076, Jefe de Grupo 44 de la Brigada Central de Estupefacientes.

Es el instructor y coordinación de las investigaciones llevadas a cabo en la presente causa. A preguntas tanto del Ministerio Fiscal como de las defensas de los acusados vino a ratificar el contenido de los oficios policiales y de los atestados obrantes en autos, especificando los detalles por los que fue interrogado.

- La funcionaria del Cuerpo Nacional de Policía número de carnet profesional NUM077 ratifica el contenido del atestado en el que participó como Secretaria, así como del contenido de los informes de vigilancias y seguimientos en los que, también participó.

- Los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía número de carnet profesional NUM078, NUM079, NUM080, NUM081, NUM082, NUM083, NUM084, NUM085, NUM086, NUM087 y NUM088 ratificaron los informes de vigilancias y seguimientos realizados y que constan en autos.

- El agente encubierto " Largo" declaró que realizó labores propias de policía judicial mediante determinadas averiguaciones sobre el objetivo que se pretendía, probablemente mantuvo alguno contacto con Gerardo, se acercó a su bar y se conocieron. Gerardo fue quien realizaba las proposiciones. Ratifica las notas internas que obran en autos sobre su actuación.

- Los agentes de la Guardia Civil con T.I.P. NUM089 y NUM090, declararon sobre una reunión con Camilo, a raíz de la causa 74/79 del Juzgado Central de Instrucción núm. 4, lo presos querían colaborar porque había droga que se había quedado en un doble fondo en el barco. También que a raíz de esa información podían estar siendo investigados. En la reunión no se ofreció ningún dato concreto de interés.

- Sixto, declaró ser amigo de Camilo, y que en una conversación que mantuvo con él este le transmitió que tenía miedo debido a que se iba diciendo que era un chivato. Él ya había oído eso en los gimnasios. Hablaron más veces de esto. Yo le dije que era Lázaro quien decía esto.

- Jose Daniel, la conversación que mantuvo con Camilo el día 17 de noviembre de 2020 se debe a que se le rompió el teléfono, y por eso se lo dijo.

- Luis Carlos, es cliente de Camilo, quien le lleva dos procedimientos penales en la actualidad. En la conversación del día 30 de noviembre de 2020 el interlocutor es él. Hablaron como abogado y cliente, respecto a una reunión que él había tenido con la acusación. Hablaron de información sensible sobre su caso por teléfono.

C) Prueba pericial.

En la misma, ratificaron sus informes la Jefa del Servicio de Laboratorio de Estupefacientes, los funcionarios del Cuerpo Nacional de policía con número de carnet profesional NUM091, NUM092 y NUM093.

Asimismo, se ratificaron los peritos Arturo y Baltasar.

Por su parte, también ratificó su informe pericial el funcionario del Cuerpo Nacional de policía con número de carnet profesional NUM094

E) La prueba documental obrante en las actuaciones.

OCTAVO. - Calificación jurídica de los hechos declarados probados.

Los hechos declarados probados con constitutivos de:

A. Un delito de pertenencia a organización criminal, previsto y penal en el artículo 570 bis.

B. Un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, tratándose de sustancia que causa grave daño a la salud (cocaína), en cantidades de notoria importancia y extrema gravedad, cometidos por personas pertenecientes a organización criminal, previsto y penado en los artículos 368, 369,5, 369 bis y 370, 2º y 3º C.P., a penar conjuntamente con el anterior, según lo dispuesto en el art. 570 quáter, 2,2 y 8,4 C.P.

C. Un delito contra la salud pública, tráfico de drogas, tratándose de sustancia que causan grave daño a la salud (cocaína), en cantidad de notoria importancia y extrema gravedad, en grado de tentativa, previsto y penado en los artículos 368, 369,5, y 370,3º en relación con el 16,1 y 62 C.P.

D. Un delito de tenencia ilícita de armas de fuego de los artículos 564 (arma corta reglamentada) y 565 C.P.

E. Un delito de cohecho pasivo del artículo 419.

F. Un delito de cohecho activo de los artículos 424,1 y 2 C.P.

G. Un delito continuado de falsificación de documentos de identidad de los artículos 392 y 390,1,1º, 2º y 3º, en relación con el 74 del C.P. Y dos delitos de falsificación de documentos de identidad de los artículos 392 y 390,1,1º, 2º y 3º C.P.

NOVENO. - Examen de la prueba practicada.

Tras el estudio por el Tribunal de la prueba practicada se ha llegado a la convicción plena de los hechos probados, examinando las pruebas practicadas en los términos que contempla el art. 741 L.E.Crim., para tener por enervada la presunción de inocencia que establece el art. 24 CE respecto a las acciones que, a continuación, se analizarán y respecto a los acusados sobre la base a los argumentos que se recogen más adelante. Debemos recordar que la invocación al derecho constitucional de la presunción de inocencia tan sólo comporta la obligación del órgano jurisdiccional de comprobar la existencia de prueba de cargo suficiente, obtenida con corrección y sin violentar derechos fundamentales, practicada en el acto del juicio oral con las adecuadas condiciones de publicidad, inmediación y contradicción, prueba que puede tener carácter directo o indiciario, limitándose en este caso la verificación a los hechos base en que la inferencia se funda y a la corrección lógica del proceso deductivo (vid., por todas, SSTS 18 de octubre de 1994 , 3 de febrero y 18 de octubre de 1995, 19 de enero y 13 de julio de 1996 y 25 de enero 2.001). Y este derecho se vulnera, como es sobradamente conocido, cuando se condena a alguna persona sin pruebas o valiéndose de pruebas obtenidas ilegalmente.

Por lo demás, el principio de presunción de inocencia implica las siguientes consecuencias: a) que inicialmente debe presumirse la inocencia de toda persona acusada, en tanto tal presunción-de naturaleza iuris tantum- no haya sido desvirtuada; b) que, en principio, únicamente pueden servir para desvirtuar dicha presunción las pruebas practicadas en el juicio oral, con las debidas garantías legales y constitucionales, bajo los principios de inmediación, oralidad, publicidad y contradicción- art. 120.1 y 24 CE.; c) que corresponde a las partes acusadoras la carga de la prueba -el acusado no tiene que probar su inocencia-; d) que la valoración de las pruebas es competencia propia y exclusiva del órgano jurisdiccional, y e) que el juzgador deberá motivar suficientemente la sentencia- art. 120.3 CE .

Por parte de los acusados Lázaro, Norberto, Ricardo, Jose Enrique, Jesús Manuel, Carlos Francisco, Amador, Diego, Hermenegildo, Laureano y Romeo declararon en acto del juicio oral, reconociendo expresamente los hechos que se les imputa por el Ministerio Fiscal en su escrito de calificación y en la parte y los aspectos que les concernían, habiendo mostrado sus respectivas defensas su acuerdo con las penas que solicitaba el Ministerio Fiscal para ellos, por lo que ha de dictarse una sentencia de carácter condenatorio en los términos señalados por el Ministerio Fiscal al elevar su escrito de calificación provisional a definitivo.

Procede, por ello, examinar las pruebas que llevan al Tribunal a considerar la participación den los hechos de los acusados que proclamaron en el acto del juicio su inocencia, cuales son Severino y Camilo.

Participación de Severino.

El mismo es detectado el día 22 de septiembre de 2.020, día en que Jose Enrique acude a arla para recoger a Ricardo, acudiendo ambos al Ensanche de Vallecas, en donde se reúnen con Norberto y otras tres personas, entre las que se encontraba Severino, quien abandona el local en el que estaban junto con Jose Enrique y Norberto

El día 24 de septiembre de 2.020, se detecta otra reunión entre Severino; Jose Enrique y Norberto en un establecimiento que frecuentan, de la calle Talamanca del Jarama de Madrid.

Nuevamente, el día 25 de septiembre se observa una nueva reunión entre las mismas personas, y en el mismo local, y que entre Severino y Jose Enrique transportan unas bolsas al barrio de Moratalaz.

En conversación intervenida entre Jose Enrique y Lázaro, el primero le dice a Lázaro: "" acabo de terminar eso, ¿qué quieres que haga con las pelas?... pues tú verás si las cuento yo... o se las quieres dar a Birras y las cuento con él..." . Y ello en referencia a un dinero procedente de la venta de droga, aludiendo al " Birras" para referirse a Severino, pues así era conocido entre ellos.

El 21 de octubre de 2020, Lázaro, acompañado de Norberto, de Severino y del ciudadano búlgaro Fulgencio viajan a la localidad de Tordesillas. Al comprobarse esta circunstancia, se activa de dispositivo de sonorización del vehículo que ocupaban, Citroën C5 .... VZS.

Una vez los cuatro se encuentran en el vehículo, Lázaro presenta a Fulgencio a Severino y a Norberto, finalizada las pertinentes presentaciones comienzan a planificar la ruta que van a realizar, Lázaro dice al conductor: "...a Galicia hermano, dirección Galicia, al norte...".

Comienza el viaje y Lázaro informa a Severino y a Norberto que Fulgencio es la persona que dispone de los contactos con una persona a la que se refiere como "el chico", que es el que tiene la logística para introducir una importante cantidad de sustancia estupefaciente en Galicia, que quiere que se " pongan cara" para que no haya malos entendidos el día que se realice la operación: "...él, Fulgencio, es el que me ha presen... el que nos va a presentar al chaval este que tiene. las lanchas. Entonces ya ahí vosotros le vais a conocer, y cuando haya que hacer el curro, la entrega, ellos ...todo el tema de logística. Para recoger la merca y todo, o sea que ya van a saber, se van a ver las caras y el día del encuentro no van a ver una cara..."

Lázaro se muestra satisfecho por llevar a su hermano Norberto y a Severino para que conozcan a la organización gallega, y "les pongan las caras", de cara a la recogida de la sustancia estupefaciente que la organización gallega se proponía transportar, y comenta a Fulgencio: " cuando venga la merca aquí,

los que la van a recoger son ellos, o sea, el hermano con su equipo. va a venir este equipo, y saben que ellos vienen con un camión, o vienen con otro, con más gente que conoce..."

Durante este viaje, estando Severino dentro del vehículo y, por lo tanto, escuchando las conversaciones que entre los ocupantes se mantienen, Lázaro hace explícitas referencias a su actividad ilegal como traficante de drogas.

Una vez en Tordesillas, los funcionarios que realizan la vigilancia del encuentro observan cómo Severino entra dentro del restaurante con el resto de personas, y lo hace, frente a su declaración en el sentido de que no entró en el local, por cuanto y como ha quedado anteriormente acreditado el motivo del viaje no era otro que el que las personas encargadas de entregarles la droga una vez que esta se encontrase en la península, tenían que conocer las caras de aquellos que la iban a recogen, que no serían otros que Norberto y Severino.

Es a la vuelta de Tordesillas que Lázaro sigue explicando a Fulgencio los pormenores de la organización que dirige, entre ellos la labora del abogado Camilo, conversación esta anteriormente transcrita y en la que participa activamente Severino, aportillando y afirmando las explicaciones que Lázaro ofrece al ciudadano Búlgaro, demostrando con ello el conocimiento que tiene de los integrantes de la organización del papel que en la misma ocuparía cada uno.

El día 26 de octubre de 2.020 Severino vuelve a reunirse con Norberto y hablan de ir a ver a un camionero.

El día 27 de octubre de 2020, Severino se reúne con Anselmo, y en la conversación menciona su conocimiento de las actividades de Lázaro y de Norberto:

Alejando: Norberto ... porque Norberto en verdad al final es muy bueno ¿Sabes? Pero...

Severino: Su hermano es peor

Anselmo: Si, pero claro, me refiero...

Severino: Su hermano me ha llamado a mí y vamos. Dice; estamos a la espera. Digo no te preocupes.

Severino: Es una máquina, no te vas a encontrar a gente así jamás. Es un ... y quiere trabajar todo el mundo con él, albanos, rusos, búlgaros ... ¿Por qué? Con él y con su hermano, porque son tíos de palabra. Nunca te abandonan. Jamás.

Anselmo: Pero esta gente... esta gente tiene que tener mucho dinero, el Norberto y sus hermanos, si es que hablan de toneladas de cocaína. tienen que ganar mucho dinero.

Severino: Pero no es toda suya. Pero bueno da igual, mueven... pueden moverla, ¿Por qué? Porque tienen el contacto allí, la entrada aquí, la Guardia Civil.

Anselmo: Claro, eso vale dinero.

Severino: Escúchame, ellos, Norberto le ves así pero porque el gusta estar. ser así

Severino: Pero le hermano, el hermano está con el teléfono, y el hermano está todos los días moviendo para ver si salen curros guapos, pero te estoy hablando de dos, tres toneladas... El hermano solo está para que veas lo que son las cosas, con las encro ... con la SKY. El hermano tiene unos contactos que ni te crees. Que para que veas lo que son las cosas, mi amigo, amigo, amigo, es su hermano.

Severino: Claro. Yo soy amigo de los dos porque yo los conozco de toda la vida, pero le que se ha criado conmigo, es Lázaro.

Anselmo: Pero de que le conocías, ¿del barrio?

Severino: Claro

En conversación grabada el día 27 de otubre de 2020, entre Jose Enrique y Norberto, este le dice al primero que van a ir a dejar "el dinero" a casa de Quico, en alusión a Severino, y hablan de de dárselo sin levantar sospechas, de forma que Jose Enrique espere con la "caleta" del vehículo en donde se esconde el dinero, abierta, que Severino se pare con su vehículo en paralelo y se le entregue el dinero en ese momento.

Ese mismo día se produce la entrega del dinero, que es grabada por el sistema de sonorización instalado en el vehículo Audi A3 .... PBQ.

El día 20 de noviembre de 2020 se detecta una reunión entre Camilo, Norberto y Severino, observándose como el primero entrega un paquete que había recogido de una mochila del maletero de su vehículo, a Severino

El día 21 de noviembre de 2020 se produce una nueva reunión entre Jose Enrique y Severino, y en la conversación que entre ellos mantienen, el primero explica las características de la calta que ha realizado en el vehículo, llegando a abrir la misma para enseñársela, si bien le dice que ya no funciona como antes, y le explica el proceso de construcción de la caleta. Severino se interesa por su cabida, y pregunta "¿cuánto cabe ahí? ... de blanco?" En referencia a cocaína, y Jose Enrique le responde que unos quince en cada sitio, a lo que Severino le pregunta: "y de choco?, refiriéndose al hachís, y Jose Enrique le responde que cuarenta o cincuenta kilos, depende de cómo venga el chocolate.

Acto seguido llega al lugar donde se encuentran Norberto, quien les informa que ayer recibió una llamada de su hermano Lázaro, jefe de la organización, al cual se refiere como " Gustavo", y les dice que su hermano ha recibido una llamada de la organización en Nador para pedirle un barco para realizar una operación: "le han llamado los de Nador, que por favor, que si tiene un barco para sacar mercancía". Norberto muestra su enfado, ya que cuando les dijo que tenían un barco disponible no le prestaron atención, diciendo que preferían realizar la operación utilizando un camión: " cuando yo te digo que tengo barco pasáis del rollo... tenemos el camión, el trailer, tenemos todo, y... y.". Norberto prosigue informándoles que la persona a la que le han regalado los pasaportes falsificados, está trabajando con Guardias Civiles corruptos que pueden facilitar el acceso del camión cargado con el hachís a través del puerto de Algeciras sin que pase ningún tipo de control: "el hombre este de los teléfonos, al que le hemos regalado el pasaporte... están los guardias ahí joder".

Resulta de todo punto evidente que este tipo de información no se realiza a una persona ajena a la organización, lo que implica el necesario conocimiento y participación de Severino en las actividades ilícitas de la misma, su complicidad y su conocimiento de dichas actividades.

El día 2 de diciembre de 2020 Jose Enrique y Ricardo recogen un dinero procedente de la venta de droga, 100.000 euros, del cual Jose Enrique coge una parte para entrega a Severino, como se recoge en la grabación efectuada en el vehículo Audi A3 .... PBQ en la que Jose Enrique le dice a Norberto: "me he quitado ya esto, se lo doy a Birras, es que si no tengo que venir mañana, tronco" , para que, una vez que Norberto se apea del vehículo, Jose Enrique llamar a Severino a fin de comunicarle que va a su encuentro para entregarle el dinero "...oye, estoy bajando por aquí, por la Avenida, baja y te doy eso, ¿no?". Tras ello, Severino se encuentra con Jose Enrique, y Jose Enrique le dice: " Te traigo los Reyes Magos, mira ... noventa y nueve tienes".

En una conversación que mantiene Jose Enrique con Norberto, en fecha 16 de diciembre de 2020, Norberto informa a Jose Enrique del contenido de una conversación que acaba de mantener con su hermano Lázaro. Jose Enrique pregunta: "¿Qué dice tu hermano?", Norberto responde que le ha transmitido que "ha hecho un curro para Italia, pero como claro, no nos ha comentado nada, que...pero como claro, no nos ha comentado nada,", en referencia a una importación de cocaína para Italia, que no les ha dicho. Jose Enrique le pregunta si en esa importación había metido algo para él: "...no ha metido nada para...", Norberto responde: "..tú vas en todo Jose Enrique...uno tuyo y uno de Quico...", en referencia a que en todas las operaciones que los hermanos Eusebio ( Lázaro y Norberto) preparan, participan tanto Jose Enrique como Severino.

En conversación intervenida en fecha 28 de diciembre de 2020, estando Norberto junto a Severino en el vehículo BMW .... VWQ, Norberto informa a Severino que ha llevado un vehículo a un taller para que le hicieran un habitáculo "caleta" para trasportar sustancia estupefaciente: " le he hecho el hueco al coche".

El día 3 de febrero de 2021, se encuentran en el vehículo Audi A· .... PBQ Jose Enrique, Norberto y Severino, y en un momento dado Lázaro llama por teléfono a Severino, quien contesta la llamada y tras pasar el teléfono a Norberto y que este se lo devolviese, le dice a Lázaro: " cuando eso me dices para bajar pabajo, a Valencia ..., que cuando eso me avises, a lo de Valencia--- Vale, pues sin problema, yo te llamo y te digo "comngratulations", ya está todo... pos claro, eso ya lo tengo claro yo ... Vamos, aunque lo escondas y lo encubras lo sé en mi interior ... venga voy a llamar a este hombre y te cuento ahora lo que dice."

El día 5 de febrero de 2021, Norberto, Severino y Jose Enrique se disponen a recoger cien mil euros en el Polígono Industrial de Cobo Calleja de Fuenlabrada procedente de la venta de marihuana. Norberto y Severino hablan con Jose Enrique para que les acompañe a recoger el dinero en el vehículo con habitáculo "caleta" para guardar el dinero, comentando Norberto a Severino: "Así vamos los tres, yo os hago la cobertura. Y estando tu y Jose Enrique, de puta madre". Acto seguido comenta que va a viajar a Málaga al día siguiente y así ya tiene dinero para pagar a los Guardia Civiles con los que se va a reunir : "que guay, tío, cogemos el dinero y yo me voy mañana... Ya....me voy tranquilo".

Instante después Severino recibe un mensaje en su teléfono móvil que lee a Norberto sobre el lugar donde tienen que recibir el dinero: "Cobo Calleja, calle Valtuille número uno, restaurante "el Alma de Damasco". El Código es 180280 que en teoría es el total".

El día 5 de febrero de 2021, Norberto llama a Severino y le dice que entre en el bar, recoja la bolsa con el dinero y se lo lleva a Jose Enrique, que estará en su vehículo estacionado delante de un camión, Severino lo hace y regresa con el dinero al vehículo de Jose Enrique, donde Severino le informa: "creo que van 100 eh, me ha dicho 100 el "Tintas" , me ha dicho 100". Severino llama a Norberto, Jose Enrique le pide que le informe que el dinero se lo han entregado en billetes de cincuenta: "' todo en 50, dile que todo en 50". Una vez Severino contacta con Norberto, que se encontraba en las inmediaciones del establecimiento donde se ha producido al entrega de dinero, acuerdan en dirigirse a casa de Lázaro para contar el dinero.

Ese mismo día, se interviene una conversación entre Lázaro, Norberto y Severino, en la que se lamentan de lo mucho que van a tardar en retirar la cocaína del contenedor a su llegada a Valencia, ya que la cocaína no viene almacenada en "mochilas", que viene oculta dentro de las cajas, por lo que el tiempo para recuperar la totalidad de la mercancía es muy superior. Norberto comenta: "...Panamá tendría que haber puesto mochilas... eso escondido ahí... entonces, si hay 225, lo que haya ahí, y está puesto así, tú sabes que si te pones en tiempo, el tiempo pasa que vuela, Quico".

Esta conversación acredita, sin ningún género de dudas, que, en contra de lo declarado por Severino en el acto del juicio, tenía pleno conocimiento del contenido del contenedor que se le encargaría rescatar, y que conocía con total precisión las dificultades que la organización a la que pertenecía tenía para extraer la cocaína.

De esta forma, Norberto le sigue diciendo a Severino: "...si tú te tienes que ir cogiendo uno a uno y hay que quitar cajas, poner cajas, quince minutos, esto es lo de que apostamos, que apostamos, ¡lo han conseguido! No van a conseguir una polla". Prosigue hablando que su hermano Lázaro le ha propuesto que metan más gente para retirar la cocaína, algo que Norberto no valora ya que no hay espacio físico en el contenedor para que puedan trabajar más de dos personas: "encima Lázaro me dice yo les he dicho que metan más gente. Pero si es que no pueden meter más gente, yo he entrado a los contenedores y tu entras y está la caja aquí, un metro y la caja. O sea entran dos tíos así de pie, de pie me refiero...como entren tres tíos ya no hay donde poner las cajas en el suelo, es un moviéndote, van a sacar 3 kilos ". Norberto se queja de la poca eficiencia que tendrán y de los pocos kilos de cocaína que serán capaces de extraer con ese método.

La conversación prosigue, y Norberto informa que Lázaro va a enviar a un profesional al puerto de Valencia para retirar la cocaína: " van a mandar unprofesional que tienen", Severino puntualiza " Diego", Norberto afirma: "le van apagar bien y encima Lázaro le va a dar un cacharro al Diego encima del pago, y le van a dar 30 billetes el Lázaro cuando acaben le va dar uno al Diego y otroal notario ", en referencia a que Lázaro les va a dar 30 mil euros como pago para retirar la cocaína y un kilogramo de cocaína a cada uno , "un cacharro".

De esta conversación se acredita el conocimiento que Severino tenía respecto de la cocaína introducida en el contenedor, así como del especialista que la organización pretendía contrata, Diego, y al que Severino acompañaría con el pleno conocimiento de que su labor no era otra que coordinar y dirigir la extracción del cargamento de cocaína que se encontraba en el interior del contenedor.

Y tanto es así, que cuando prosigue la conversación, Severino y Norberto se quejan de la manera de trabajar de los de Panamá, no entienden como los operarios de introducir la mercancía la han ocultado tanto y que de esa manera van a tardar demasiado tiempo en extraerlo " y el jefe de allá que le haya tocado de turno la ha metido así y le ha dicho vamos. son los listos de ahí". Norberto le cuenta a Severino que hacen el trabajo de cualquier manera con tal de cobrar, que como la cocaína allí es muy barata que no se toman las cosas con la seriedad que requiere: "...los de Panamá la mercancía les valdrá dos duros les valdrá 2000 dólares o alguna mierda de esas...".

El día 6 de febrero de 2021, Severino y Jose Enrique mantienen una conversación, en la que el primero comenta con el segundo lo acontecido con el contenedor de Valencia. Severino le cuenta la problemática que están teniendo con la extracción de la cocaína, los operarios de Panamá han ocultado al droga en el interior de las cajas en vez de en mochilas lo cual ralentiza enormemente la retirada de la cocaína en el puerto de Valencia : "lo han puesto en cajas los hijos de puta, o sea qué quiere decir, que ahora pa sacarlo tardas el triple", con el problema añadido de que al venir en la parte media del contenedor, solo pueden acceder dos personas al interior por problemas de espacio: " no pueden entrar más de dos personas a sacarlo". Jose Enrique le da la razón y le habla sobre la incomodidad de transportar cajas en vez de mochilas: " en cajas niño, es que aparte son súper incómodas de coger... porque la mochila, aunque te pese...". La conversación prosigue, y Severino le cuenta a Jose Enrique que está a la espera de viajar a Valencia y de la intención de alquilar un coche " nada, yo estoy esperando a que me llamen, alquilaré un coche ese día."

El día 10 de febrero de 2021, Jose Enrique le da instrucciones a Severino de cómo debe enfocar el viaje que se dispone a realizar a Valencia: " En Valencia no te compliques la vida, eh", Severino acepta el consejo y comenta: ".no, que va. No si yo les voy a. si yo les voy a dar cuentas por que no hable con los valencianos directos, que no nos salten..". Jose Enrique le dice que: "...la verdad que tu no corres ningún riesgo, eh, los riesgos hay que evitarlos lo máximo posible...", Severino está de acuerdo y comenta: "... que riesgo vas a correr, si no tocas nada y estás a kilómetros", en referencia a que su papel para recuperar el alijo consistirá en actuar como correa transmisora entre el jefe de la organización, Lázaro y las personas encargadas de extraer la mercancía ilícita del contenedor.

Ese mismo día, Jose Enrique habla con Federico, a quien refiere que Norberto ha preferido enviar a Severino a rescatar la mercancía del contendor que a él: ". .. y si se tiene que ir Quico, pues que se vaya. Si eso me hubiese tocado hacerlo a mí, ¡eh!.", " pero mira... por ahí, chapo... chapo Norberto, ¿por qué?... porque le quiere enseñar también. Y que se sepa que empieza... ¿sabes?, moverse y a saber cómo se debe de hacer las cosas ". Y continua diciendo: "porque él no va a coger nada, ni va. ¡niño!..con to lo que he cogío yo, mama mía... Yo, un trabajo de esos...amos... que te haces el viaje, controlar a éste, que le dejas ahí"

En reunión que mantienen Lázaro, Norberto y Jose Enrique en el interior del vehículo Citroën C5 .... VZS, Lázaro se queja de la actitud de Severino al considerar que se ha acomodado dentro de la organización, alabando el valor de Diego que va a ser una de las personas que van a entrar al puerto para retirar la cocaína: " Si mañana, no tengo yo al señor Diego que tiene los huevos gordos, para entrar al puerto, Quico no entraría al puerto. Porque le conozco, porque sé que se echaría para atrás, le superaría la situación ".

El día 11 de febrero de 2021 se localiza el vehículo de Severino, matrícula ....-LKG en la Avda. de los Reyes Católicos de la localidad valenciana de Alfafar.

Entre tanto, Jose Enrique, siguiendo órdenes de Norberto y Lázaro, se desplaza a la sede de la empresa "TOTTO", destinataria del contenedor en la que se oculta la cocaína, sita en la calle Coto de Doñana 14 de Pinto. Ante las dudas que les están surgiendo de poder retirar la cocaína en el puerto de Valencia, los responsables de la organización comienzan a plantearse la alternativa de asaltar el camión a la llegada en destino. Jose Enrique llama a Norberto para informarle de las características de la empresa. Le comenta que la empresa en principio está cerrada, comenta que va a dar una vuelta para intentar ver algo.

Ante la imposibilidad de rescatar la mercancía del contenedor en el puerto de Valencia, Norberto da la orden a Severino de que regresen a Madrid, creyendo que el contenedor se encuentra viajando de Valencia a la sede de la empresa TOTTO, en Pinto, hablando Norberto con Severino para que se den prisa en regresar, antes de que el camión llegue a la localidad madrileña de Pinto.

Una vez allí, se reúnen y Severino explica a Norberto y a Jose Enrique lo acontecido durante el viaje a Valencia, Severino les informa que Lázaro ( Casposo) les ha ordenado que estén a las doce en el puerto, comenta que él apareció a la hora ordenada, que "el chaval", en referencia a Diego apareció en el puerto a las doce y cuarto, comentando posteriormente: " es que el camión había salido a las once y veinte de ahí..."

La conversación prosigue, en la misma también comienza a intervenir Diego, el cual comenta las vicisitudes de su viaje a Valencia con el colombiano con el que iba a rescatar la cocaína. Les comenta el despliegue que ha montado a la salida del puerto de Valencia para detectar la salida del camión: "...Hemos estado, mira... uno en la puerta de... he puesto... al del C3 en la puerta de... en la misma puerta del ése, al otro en la rotonda y yo me he ido al puente de la autopista a mirar las matrículas tú", comenta que llegado el momento uno de ellos le dijo que se marchaba sin avenirse a ningún tipo de razones.

Norberto confirma que el contenedor viene por carretera y que ha salido a las doce y pico, Severino dice: "..pues nosotros ni lo hemos visto...en las vías de servicio, me paraba despacito, bum, miraba... si hubiera una caja naranja...". Norberto confirma: " Es de Japan Lloyd (Hapag-Lloyd)", Severino afirma y dice que durante el trayecto han visto dos contenedores de esta compañía, pero que la letra de comienzo de la matrícula del camión no coincide con el que transporta el contenedor que oculta la cocaína: "pero una matrícula era NUM039, no sé qué y la otra era NUM040 no sé qué...y ésta es NUM041, no sé qué, no sé qué, que es NUM042, si me la he aprendido de memoria. Era raro, porque digo joder... cómo que ha ido la... sí, sí, ha salido hace una hora... digo, pero cómo que ha salido hace una hora ."

Después de opinar cada uno sobre cómo podría rescatarse la mercancía, Lázaro les informa de que el contenedor no saldrá hasta el día 15, ordenando Norberto a Daniel que regrese a Valencia, mientras que aconseja a Severino que se vaya a casa a descansar, para estar en condiciones de regresar a Valencia si hace falta.

El día 12 de febrero de 20212, Severino habla con Jose Enrique y le dice que "el colombiano", en referencia al notario de la organización colombiana enviado a España, le llamó para anunciarle que ya se encuentra en Valencia, que él le ha contestado: " espérate por ahí". Jose Enrique pregunta si el contenedor " la lata" no sale hasta el día quince, Severino le contesta que la responsabilidad de rescatar la cocaína vuelve a ser nuevamente de "los valencianos": " eso es cosa de los valencianos, no hay otra". Jose Enrique está de acuerdo y está a la espera de lo que disponga el jefe de la organización: " pero ahora que eso está allí, pues bueno, a ver, que mueva Lázaro, a ver que. que quiere hacer, y hasta a donde y como...".

Severino muestra a Jose Enrique su preocupación por el retraso: " el tema de que venga aquí, el quince o el dieciséis es que pueden ya estar vigilando la nave, los guardias". Jose Enrique comenta respecto al rescate que pretendían hacer el día anterior y que pueden hacer cuando el camionero inicie el viaje definitivo desde Valencia a Madrid : "...es pillar al camionero solo, ¿sabes? Este llevaba al pipa ( Norberto), digo pues ya está, si llevas la pipa ya no hay que estar a hostias con él. En el momento que lo encañones, el tío... se va a quedar quieto... si no mientras que uno le encañona el otro le está dando de hostias, yo qué sé".

Más adelante, Severino propone a Jose Enrique ir de nuevo a Pinto, a controlar la nave a la que debería llegar el camión, si bien más tarde haría ducha vigilancia junto a Federico, amigo suyo.

Participación de Camilo.

Conforme a las vigilancias y seguimientos policiales realizados, así como de la intervención de las conversaciones y del resultado de los registros practicados, existen pruebas suficientes para considerar a Camilo como integrante de la organización criminal liderada por Lázaro.

Así, el día 8 de octubre de 2020, y mientras los funcionarios del Grupo 44 de la B.C.E. con núm. De carnet profesional NUM076 y NUM080 se encontraban vigilando a Jose Enrique observan que este se dirige la parking del establecimiento "Lidl" sito en la Avda. Cerro Rubal de Parla, en donde se encuentra con Camilo (quien era objeto de otra investigación por parte de los Grupos 42 y 43 de la B.C.E. de forma conjunta con el EDOA de la Guardia Civil de Madrid). El encuentro dura unos 15 minutos, tras lo cual Camilo regresa a su domicilio, sito en la CALLE012 núm. NUM038 de Parla, conduciendo un vehículo Smat.

A las 12:30 h., Camilo sale de su domicilio, conduciendo un Mercedes ....-TZJ y tras dar varias vueltas por el polígono ubicado a la entrada de Parla, por las calle aledañas al Lidl, y tras ello se introduce en ese establecimiento, tras lo que regresa a su domicilio, siendo seguido por un vehículo marca Volvo NUM075, introduciéndose ambos vehículos en el garaje del domicilio de Camilo, saliendo del mismo el vehículo Volvo transcurridos unos 5 minutos.

El vehículo Volvo ....-TZJ es propiedad del ciudadano argentino Bienvenido, quien tiene su domicilio en la AVENIDA003 nº NUM095 de Madrid.

El objeto de este breve encuentro en el interior del garaje del domicilio de Camilo no fue otro que realizar una transacción de cocaína entre Camilo h el conductor del vehículo Volvo. La explicación dada por el acusado, al referir que el Volvo pertenece a una vecina suya, no se sostiene, pues y como se acredita, el titular del vehículo reside en otro domicilio, habiendo accedido al garaje porque previamente Camilo le franqueó la entrada y permanecido en el mismo el tiempo imprescindible para realizar la transacción de forma segura y clandestina, al salir del mismo apenas pasados cinco minutos.

El 22 de octubre de 2020 es el día en el que los acusados Lázaro, Norberto, Severino y el ciudadano búlgaro Fulgencio viajan a Tordesillas a fin de encontrase con miembros de una organización gallega con la que planearían el tráfico de un alijo de hachís, y es a la vuelta de dicho viaje cuando Lázaro describe, con total claridad, el papel de Camilo dentro de la organización. La transcripción de dicha conversación ya se ha reflejado más arriba, en donde Lázaro dice que:

- "tenemos un abogado también, de mafioso"

- y dice que se llama " Camilo el mafias ... cuando nos cogen a los chavales, él va a donde nuestros chavales y dice: ehh no hables ehh..." "y va a la cárcel y te dice "ehh no hables ... si hablas ya sabes lo que te va a pasar, si no hablas recibes tu dinero, tus cosas, todo bien"

- "Mira, lo pillaron el otro día a un chico suyo con la marihuana, y fue..."

- "Y luego, vende "perico" para mí también, y tiene paquetes en Madrid, es un abogado que vende coca también"

- Pero ahora está ganando todo lo que no ha ganado

Y no solo refieren estos datos sobre. Su actividad dentro de la organización, en una conversación que no puede estar dirigida por motivos de rencor, o de venganza, como Camilo refirió en el acto del juicio respecto de las declaraciones de los acusados que le implicaban como autor de los hechos, sino que existe un dato plenamente objetivo y que. Demuestra la implicación de Camilo en la distribución y venta de la cocaína de la organización, y así, Lázaro pregunta a Norberto si ha ido Jose Enrique a cobrar el dinero de una entrega de cocaína que ha realizado Camilo; Lázaro pregunta: "¿Ha ido Jose Enrique a cobrar o no?", Norberto pregunta: "... a¿ dónde él?", Lázaro contesta: "...tenía quería recoger al pasta esta tarde de él si. le he dicho que hoy por la tarde tiene que darle al pasta pero no lo sé, no...el Camilo se hace más el orejas.".

Instantes después Lázaro recibe del abogado, Camilo, Lázaro la ordena: " a ver hermano que te interrumpo por dos cosas la primera, la pasta para mandarte a Jose Enrique cuando puedas para que vaya ya a pagar a la gente. Cuando me digas tú, cuando me digas tú. ¿Te lo mando ya mismo? Vale", en ese momento Lázaro se dirige a su hermano Norberto y dice: "... Norberto ¿puedes mandarlo ya mismo?", en referencia a que llame a Jose Enrique para que vaya al encuentro de Camilo para recibir el dinero de la entrega de la cocaína. Cumpliendo lo ordenado por su hermano, Norberto llama a Jose Enrique para que vaya al establecimiento Lidl de Parla a recoger el dinero que le va a entregar Camilo, y que luego lo tiene que entregar a Lázaro: " Jose Enrique te puedes ir a ver a. a ver a...al abogado. ¿vale Jose Enrique? Jose Enrique tienes q irte para la Lidl para ver a. para ver a Camilo. Vale al Lidl ...ya tira para allá le voy a decir ahora que te haga una perdida y así ya tienes contacto con él y le llamas y cierras trato. Me interesa a lo mejor que los cojas para que luego los vayáis a entregar directamente, ahora te digo.... Si estamos hablando con él ahora mismo. Lázaro. vale tío, venga chao. ok chao".

La conversación entre Lázaro y Camilo prosigue, Lázaro el pide a Camilo que el entregue el dinero perfectamente contado a Jose Enrique, para que luego no haya problemas: " dale por favor el dinero revisado hermano...", informando acto seguido que ha tenido un problema con " VALE", en referencia a Jesús Manuel, el cual ha retirado veinticinco gramos de uno de los kilogramos que Jose Enrique a entregado para ser transportados a Galicia, Lázaro muestra gran enfado con Jesús Manuel, comentando que si necesita dinero que debería pedirlo, culpa a Jose Enrique por no haber comprobado el peso de los paquetes antes de entregarlos: " me ha dicho mi colega que el agujero casi llega al otro lado, de lado a lado. sí tío. el boquete. pero no es culpa de él, es culpa de Jose Enrique, Jose Enrique tenía que haber revisado antes de entregar el cacharro a mi gente".

Lázaro y Camilo hablan de una reserva paras un contenedor, al que se refieren cono la "caja", del BL (refiriéndose al Bill of Lading del contenedor.

Lázaro da instrucciones a Camilo sobre la forma de ponerse en contacto con Jose Enrique, a través de la aplicación "Silent", siendo el nickname utilizado por este "Elena123".

Una vez cortada la comunicación, Lázaro se dirige al resto de ocupantes del vehículo, y les dice:

"El abogado vende paquetes de cocaína tío, quieres comprar libertad. hablas con él quieres comprar cárcel también hablas con él. Además que el Camilo es un personaje aquí tienes al cara A.. eh. (se ríe) a mí es que me hace mucha gracia ese tío..."

Y como dijimos antes, esta conversación tiene su constatación, por cuanto ese mismo día los funcionarios policiales NUM076 y NUM077 establecieron un dispositivo de vigilancia sobre Jose Enrique, y el dispositivo de sonorización colocado en su vehículo Audi NUM096 graba una conversación telefónica entre Jose Enrique Y Camilo, en la que Jose Enrique le dice a Camilo que ya está en el lugar acordado, y Camilo le responde que llega en cinco minutos.

A las 17:45 h. Camilo llega al lugar y se sube al vehículo de Jose Enrique, y en la conversación que mantienen Jose Enrique pregunta: "¿cuánto me das?", Camilo contesta que le entrega 27.500 euros: " veintisiete y medio, pero porque no me acuerdo lo que me dijo si veintisiete y medio o veintiocho, ¿sabes? No me acuerdo y digo...", informando a Jose Enrique que "el chico" el dio el dinero así, y él lo contó, pero que no recuerda la cantidad que tenía que entregar, en cualquier caso, si faltan quinientos euros él mañana se los entrega sin ningún tipo de problema.

Dicha cantidad procede de la venta de droga realizada por Camilo en sus funciones de distribuidos de la organización a la que pertenece, quedándose con la correspondiente comisión, y así se acredita por la conversación que Lázaro mantiene en el vehículo con sus acompañantes y por teléfono con Camilo, al que exige que le pague cuanto antes, exigencia que Camilo cumplimenta inmediatamente, entregando el dinero a Jose Enrique, quien era la persona que habitualmente se dedicaba a este tipo de recogidas, tal y como él mismo reconoció.

El día 28 de octubre de 2020, Camilo mantiene una reunión de más de dos horas con Lázaro en una cafetería del Centro Comercial Parque Sur, lo que denota el nivel de confianza existente entre ambos.

El día 20 de noviembre de 2020, Camilo recibe una llamada de Norberto, en la que éste le exige que le devuelva su pasta, contestándole Camilo que lo dará, que este tranquilo, quedando en la pista de atletismo Juan de la Cierva, de Getafe, para ello. Sobre las 20:00 llega al lugar Norberto, acompañado de Severino, en donde ya se encontraba Camilo, observándose por los funcionaros policiales que Camilo saca un paquete del bolsillo de una mochila que había en el maletero de su vehículo, se dirige al vehículo Mercedes en el que se encontraba Severino, y le entrega el paquete, quien lo deja en el suelo del asiento trasero del coche. El citado paquete contenía el dinero fruto de la venta realizada por Camilo de cocaína de la organización liderada por Lázaro.

Camilo recibe una información de que estaba siendo investigado por su relación con Lázaro, por lo que concierta una reunión con miembros de la Guardia Civil de Tres Cantos, ofreciendo previamente información sobre un alijo de droga oculto en una embarcación intervenida previamente por el EDOA de Almería. Dicha reunión tiene lugar el día 3 de diciembre de 2020, en un restaurante de Tres Cantos y en la misma Camilo intentó enterarse sobre si estaba siendo objeto de investigación policial, sin que los agentes con los que se reunió le dieran respuesta sobre ese particular.

Tras la reunión, Camilo se pone en contacto con Lázaro, y le dice que al día siguiente saldrían de dudas sobre si era objeto de seguimiento (le dice que se sabrá "si tiene cola")

En conversación intervenida el día 13 de enero de 2021 entre Jose Enrique y Norberto, el primer cometa haber recibido una llamada de Camilo, quien le ha comentado que un tal " Casimiro", quien se. Encuentra en prisión, necesita dinero y ropa, revelándose así el papel de Camilo como correa de transmisión entre los miembros de la organización que se. Encuentran en prisión y la propia organización.

El día 27 de enero de 20212, se produce un encuentro previamente concertado entre Carlos Francisco y Camilo, en el parking del Lidl de Parla, lugar en donde habitualmente este último queda con los otros miembros de la organización. Camilo dirige a Carlos Francisco hasta el garaje de su domicilio, en donde ambos entran, cada uno en su vehículo (de similar forma que anteriormente hizo con el vehículo Volvo). Activada en ese momento la sonorización del Fiat 500 conducido por Camilo, y estando en el garaje, se escucha cómo Carlos Francisco acciona el mecanismo hidráulico de apertura de la caleta instalada en su vehículo, entregándole Carlos Francisco cocaína, para que Camilo proceda a su distribución para la venta. Cinco minutos después de haber entrado en el garaje, Carlos Francisco abandona el mismo a bordo del vehículo Smart.

Cinco minutos después, Camilo sale del garaje, conducido el Fiat 500, y después de ir hasta Illescas, regresa a Parla, introduciéndose en la estación de servicio de "Repsol" de la calle Londres, estacionando en un lavadero, en donde saca del interior de la parte trasera de su vehículo un paquete rectangular, para acto seguido arrojarlo al interior del maletero. Dicho paquete tiene el mismo aspecto que los paquetes de cocaína intervenidos en las viviendas de la organización, custodiadas, entre otros, por Carlos Francisco, llegando este Tribunal a la convicción de que se trata del paquete de cocaína que previamente le había entregado Carlos Francisco en el garaje de su domicilio, sin que la prueba pericial practicada a instancias de la defensa del acusado sea lo suficientemente determinante como para llegar a la conclusión de que se trataba de una esponja, pues dicho informe se encuentra suscrito por una licenciada en derecho y perito en documentos copia y grafística, y lo único que se acredita es que el objeto que se arroja al maletero es compatible con el tamaño y color de una esponja, como también lo serías, caso de haberse realizado, con un paquete de cocaína de los intervenidos en las presentes actuaciones.

En el registro de su domicilio se incautaron 14.900 euros ocultos en el interior de unos taburetes de cuero blanco; otros 800 euros ocultos en la parte posterior de un sofá, más 4.660 euros en su cartera, 2.900 euros en el interior de una mochila, y otros 4.950 euros debajo de un sofá de la habitación, así como tres teléfonos móviles.

Asimismo, en el registro efectuado en la vivienda sita CALLE000 NUM030, NUM056, donde se intervinieron aproximadamente cien kilos de cocaína, se halló una anotación manuscrita sobre las salidas de cocaína de la vivienda, ,en la que se puede leer:

- "27/01- 3 PLAS- ABOGADO (1 SE LA GUARDA EL EN PAGO DEUDA)",

- "30/01- 3 PLACAS ABOGADO"

- "04/02- 3 PLACAS ABOGADO".

Las placas intervenidas en la CALLE000, a las que se refiere la anotación, son de un peso aproximado de cuatrocientos gramos y un tamaño similar al del objeto que Camilo arroja al interior del maletero de su vehículo, y que se produce el mismo día 27 de enero, en que aparece reflejada la entrega de tres placas a "Abogado", y que una se la queda en pago de deuda, siendo esta la que se quedó Camilo y que fue observada por los funcionarios policiales, grabándose cuando la arroja al interior del maletero.

Estas anotaciones de entrega de droga, como las encontradas en poder de Jose Enrique, bajo el nombre de " Camilo" se refieren, sin duda alguna ara este Tribunal, a la persona de Camilo, único abogado y única persona que se llama Camilo que ha tenido relación, durante os meses que duró la investigación, con el resto de los miembros de la organización.

Además de las pruebas anteriormente citadas, por si ya suficientes para enervar la presunción de inocencia, ya que acreditan con suficiencia la participación de ambos encausados en la comisión de los hechos enjuiciados, debemos también conceder la validez que tiene las declaraciones inculpatorias de los otros acusados, y así, respecto al valor probatorio de las declaraciones de los coimputados, por todas la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 15 de julio de 2016 (Pte. Llarena Conde), señala al respecto, "4. (...) La Jurisprudencia de esta Sala ha establecido con reiteración (SSTS 60/2012 , de 8.2 , 84/2010, de 18.2 o 1290/2009, de 23.12 entre otras) que las declaraciones de coimputados son pruebas de cargo válidas para enervar la presunción de inocencia, pues se trata de declaraciones emitidas por quienes han tenido un conocimiento extraprocesal de los hechos imputados, sin que su participación en ellos suponga necesariamente la invalidez de su testimonio. Sin embargo, tanto el Tribunal Constitucional, como esta misma Sala, han llamado la atención acerca de la especial cautela que debe presidir la valoración de tales declaraciones a causa de la posición que el coimputado ocupa en el proceso, en el que no comparece en calidad de testigo, obligado como tal a decir la verdad y conminado con la pena correspondiente al delito de falso testimonio, sino que lo hace como acusado, por lo que está asistido del derecho a no declarar en su contra y no reconocerse culpable y exento en cuanto tal de cualquier tipo de responsabilidad que pueda derivarse de un relato mendaz. Superar las reticencias que se derivan de esta posición procesal exige de unas pautas de valoración de la credibilidad de su testimonio particularmente rigurosas, que se han centrado en la comprobación de inexistencia de motivos espurios que pudieran privar de credibilidad a tales declaraciones y la concurrencia de otros elementos probatorios que permitan corroborar mínimamente la versión que así se sostiene ( STC 115/98 , 118/2004, de 12.7 o 190/2003, de 27.10 ).

En todo caso, la inexistencia de motivos espurios en el coimputado que declara en contra de otro y la corroboración externa de determinados extremos de su relato, no son sino elementos que ayudan a la valoración y verificación de la información aportada por el declarante, que deben ser sopesados en cada caso concreto mediante el juicio analítico del Tribunal. De este modo, la constatación de un enfrentamiento entre las partes no puede excluir por sí misma la consideración de la declaración como prueba de cargo, sino que se constituye como un elemento que potencia el rigor con el que habrá de evaluarse su verosimilitud desde otros parámetros; más aún cuando el motivo espurio que hace nacer las precauciones en el momento de evaluar la credibilidad de la prueba personal, no es sino el enfrentamiento que constituye el objeto de enjuiciamiento, pues en esos casos, lo que es el objeto de acreditación, no pude operar como elemento incontestable de desautorización del medio de prueba.

De este modo, la Jurisprudencia ha ido otorgando un valor creciente a las pautas objetivas de valoración de la credibilidad de la declaración del coimputado. La Sentencia del Tribunal Constitucional STC 125/2009, de 18.5 expresamente recogía: "Como recuerda la reciente STC 57/2009, de 9.3 , este Tribunal ha reiterado que las declaraciones de los coimputados carecen de consistencia plena como prueba de cargo cuando, siendo únicas, no resulta mínimamente corroboradas por otros datos externos. Por último, también se ha destacado que la declaración de un coimputado no puede entenderse corroborada, a estos efectos, por la declaración de otro coimputado ( SSTC 153/97 , de 29.9 , 72/2001, de 26.3 , 147/2004, de 13.9 , 10/2007, de 15.1 , 91/2008, de 21.7 )". Del mismo modo, nuestra STS 763/2013, de 14 de octubre (RJ 2013, 7332) (con cita de las SSTS 679/2013, de 25 de septiembre (RJ 2013, 7324) , 558/2013, de 1 de julio (RJ 2013 , 6734) , 248/2012, de 12 de abril (RJ 2012 , 8195) y 1168/2010, de 28 de diciembre (RJ 2011, 1432) , entre otras) expresaba que la declaración del coimputado como prueba de cargo hábil para desvirtuar la presunción de inocencia - cuando sea prueba única- podía concretarse en las siguientes reglas:

a) La declaración incriminatoria de un coimputado es prueba legítima desde la perspectiva constitucional.

b) La declaración incriminatoria de un coimputado es prueba insuficiente, como prueba única, y no constituye por sí sola actividad probatoria de cargo bastante para enervar la presunción de inocencia.

c) La aptitud como prueba de cargo suficiente de la declaración de un coimputado se adquiere a partir de que su contenido quede mínimamente corroborado.

d) Se considera corroboración mínima la existencia de hechos, datos o circunstancias externos que avalen de manera genérica la veracidad de la declaración y la intervención en el hecho concernido.

e) La valoración de la existencia de corroboración del hecho concreto ha de realizarse caso por caso.

f) La declaración de un coimputado no se corrobora suficientemente con la de otro coimputado.

La convicción de esta Sala de que tanto Camilo como Severino formaban parte de la organización criminal enjuiciada, participando activamente en las actividades de tráficos de sustancias estupefacientes a la que dicha organización se dedicaba, y lucrándose por ello, se extrae, principalmente, del contenido de las conversaciones intervenidas, tanto ambientales como telefónicas y a las que hemos hechos referencia, del resultado de las vigilancias y seguimientos efectuados, de las declaraciones testificales practicadas, pruebas todas ellas que concuerdan y corroboran las manifestaciones efectuadas por los coacusados, ya que, y pesar del esfuerzo realizado por la defensa de Camilo en intentar demostrar lo contrario, no hay enemistad acreditada alguna que pudiesen apuntar hacia móviles espurios.

DÉCIMO. - Como hemos adelantado, los hechos declarados probados son constitutivos de:

- Un delito de pertenencia a organización criminal del artículo 570 bis, del que son criminalmente responsables, en concepto de autores, Lázaro, como jefe de la organización, Norberto, Severino, Jose Enrique, Jesús Manuel, Carlos Francisco, Amador y Camilo.

- Un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, tratándose de sustancia que causa grave daño a la salud (cocaína), en cantidades de notoria importancia y extrema gravedad, cometidos por personas pertenecientes a organización criminal, de los artículos 368, 369,5, 369 bis y 370, 2º y 3º C.P., a penar conjuntamente con el anterior, según lo dispuesto en el art. 570 quáter, 2,2 y 8,4 C.P. del que son criminalmente responsables, en concepto de autores, Lázaro, como jefe de la organización, y Norberto, Severino, Jose Enrique, Jesús Manuel, Carlos Francisco, Amador y Camilo.

Del mismo es igualmente criminalmente responsable, Ricardo, sin pertenencia a organización criminal y en concepto de cómplice del artículo 29 C.P.

Siendo criminalmente responsable de este delito, en grado de tentativa, y sin pertenencia a organización criminal, Diego.

- Un delito de tenencia ilícita de armas de fuego de los artículos 564 (arma corta reglamentada) y 565 C.P., del que aparece como criminalmente responsable, en concepto de autor, Lázaro

- Un delito de cohecho pasivo del artículo 419, del que son criminalmente responsables, en concepto de autores Hermenegildo y Laureano

- Un delito de cohecho activo de los artículos 424,1 y 2 C.P., del que es criminalmente responsable, en concepto de autor, Norberto

- Un delito continuado de falsificación de documentos de identidad de los artículos 392 y 390,1,1º, 2º y 3º, en relación con el 74 del C.P., del que es criminalmente responsable, en concepto de autor, Romeo

- Dos delitos de falsificación de documentos de identidad de los artículos 392 y 390,1,1º, 2º y 3º C.P., siendo criminalmente responsables de cada uno de ellos, respectivamente, Lázaro y Norberto.

Todos los nombrados tuvieron una participación directa, material y voluntaria en la ejecución de los delitos que nos ocupan, concurriendo en ellos las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal de las que igualmente trataremos más adelante.

Se ha hecho referencia al delito contra la salud pública, en su modalidad de promoción, favorecimiento, facilitación y tráfico de cocaína, a los que sería aplicable el subtipo agravado de cantidad de notoria importancia, al sobrepasar con creces las sustancias incautadas los 750 gramos establecidos para la cocaína por la jurisprudencia, a raíz del Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la Sala 2ª del Tribunal Supremo de fecha 19-10-2001 , plasmado por primera vez en la S.T.S. de 6-11-2001 .

Respecto a la autoría en esta modalidad delictiva, la S.T.S. nº 752/13, de 16-10-2013, recuerda que es voluntad del legislador incluir en el círculo de sujetos activos del delito a título de autoría a todos cuantos intervengan, cualquiera que sea el rol que asumen, pues la suma de todas las actividades permite la realización de operaciones complejas (como las enjuiciadas). Añade la S.T.S. nº 719/13, de 9-10-2013, que la jurisprudencia declara con reiteración que las conductas tendentes al aprovisionamiento de una gran cantidad de droga para su posterior difusión a terceros, integran ya la autoría, pues este delito contiene un concepto expansivo de autor, consecuencia de la redacción tan abierta de sus verbos nucleares (promover, favorecer, facilitar), no tipificándose como acto de promoción, favorecimiento o facilitación del consumo ilegal de tóxicos, solamente los actos de producción y cultivo, sino cualquiera de tráfico o cualquier otro modo de lograr el favorecimiento de aquel consumo.

En este punto, y respecto de los dos acusados que niegan su participación en los hechos, hemos de reiterar que las pruebas practicadas demuestran la realización, activa y voluntaria, de actos destinados a la actividad a la que se dedicaba la organización, que no era otra que la de la distribución y venta de sustancias estupefacientes, y en concreto de cocaína.

Sobre el concepto de organización criminal, la S.T.S. nº 165/13, de 26-3-2013, dice que hay que partir de que el concepto de organización es relativamente indeterminado (como ocurre con otros tantos conceptos jurídicos) y, en general, su apreciación requiere: 1) Una pluralidad de personas (actualmente 3 o más: artículo 570 bis 1.2 º del Código Penal). 2) Una cierta organización interna y estructura. 3) Una distribución de cometidos o roles. 4) Un fin al que todos coadyuvan. 5) Una dotación de medios idóneos instrumentales aptos. Y 6) Una cierta estabilidad o vocación de permanencia, aunque sea para alguna operación concreta y no se exija una estabilidad indeterminada en el tiempo.

En el caso que nos ocupa, Lázaro se encuentra en la cúspide de la organización criminal. Como máximo responsable de la misma y mostrando su voluntad inequívoca de materializar la compra y distribución de importantes cantidades de droga, lleva a cabo una serie de acciones encaminadas a establecer las bases para la futura operación de compra y distribución de la sustancia.

Denota su condición de líder, el delegar las actividades más comprometidas y expuestas de distribución, transporte y entrega de la sustancia al resto de miembros, pero beneficiándose de las ganancias obtenidas y manteniendo un tren de vida al alcance de muy pocas personas.

Norberto es el más estrecho colaborador de su hermano Lázaro. Dirige y participa de forma activa en las operaciones de tráfico de drogas. Su papel dentro de la organización es la de ser hombre de confianza de su hermano Lázaro y encargado de controlar y supervisar las funciones que el resto de miembros del entramado desarrollan. Sirve como nexo de unión entre la cúspide de la organización ( Lázaro) y personas intermedias, asumiendo un rol principal en todas las actividades de campo. Siempre interviene en las operaciones de mayor importancia para la organización, estando presente en las mismas, pero sin involucrarse directamente en su ejecución para evitar riesgos, llevando a cabo las acciones que conllevan mayor riesgo el resto de miembros de la organización que se encuentra debajo de él.

Jose Enrique y Severino son las personas que ocupan el segundo escalón de la organización, tras los hermanos Eusebio, siendo hombres de absoluta confianza, encargados de ultimar y ejecutar las directrices sobre el terreno marcadas por el responsable. Así, han mantenido permanente contactos con las personas que disponen de la sustancia estupefaciente, participan en el intento de rescate de la sustancia estupefaciente, conducen vehículos con compartimentos para ocultar la droga o el dinero procedente de su venta y se encuentran presentes en las reuniones que los hermanos Eusebio realizan para ultimar tratos con otras organizaciones.

Jesús Manuel es uno de los principales distribuidores de la organización de Lázaro. Participa activamente en las actividades de tráfico de drogas, siendo plenamente consciente de ello. Jesús Manuel constituye un activo vital para la organización, siendo pieza clave de la misma, puesto que gestiona y coordina los canales de salida de la droga, teniendo capacidad para dar salida en un corto periodo de tiempo a las grandes partidas de cocaína que importa la organización. Es el máximo responsable del control de las viviendas empleadas para ocultar la cocaína y el dinero.

Camilo ocupa un status especial, dada su condición de abogado. Intermedia entre la organización y los miembros de la misma que han sido detenidos, ocupándose de que guarden silencio frente a las autoridades, y también distribuye cantidades de droga de la organización entre personas de su confianza, tras lo cual aporta el precio de la venta de la sustancia vendida.

Carlos Francisco y Amador se encuentran en el escalón más bajo de la organización, encargándose de transportar y entregar a cocaína a los clientes y de recibir el dinero como pago de la transacción efectuada. Acuden a las diferentes viviendas a surtirse de la cocaína para luego distribuirla y a los lugares concertados con los compradores para entregarla. De igual manera, acuden a las caletas para ocultar el dinero obtenido. Están bajo las órdenes de Jesús Manuel, y surten a los distribuidores de la organización, como a Camilo.

Esta organización ha actuado con carácter específico, estructurado y sin solución de continuidad en el tiempo, con el ánimo de consumar delitos contra la salud pública. Este acuerdo concertado entre todo el grupo de personas que lo forman para cometer el delito, no es ni transitorio ni casual ni para una operación. Ha quedado acreditado que desde hace tiempo venían desarrollando las labores de forma conjunta, de hecho, la circunstancia de participar en este tipo de ilícitos penales se basa siempre en la "confianza" que se ha venido ganando de operaciones anteriores realizadas por todos ellos en el seno de la organización que integran. Además, cabe señalar, que el "modus operandi" (mediante vehículos preparados con compartimientos ocultos) a través del cual se realiza la recogida y traslado de droga, es una inversión realizada para poder realizar los transportes de sustancia estupefaciente de la manera más discreta y continuada posible, ya que resulta realmente complicado localizar los referidos habitáculos.

De igual forma, la red de viviendas de las que dispone la organización para guardar y ocultar la cocaína, requiere no solo de un importante sustento económico sino de una red logística que no se crea de un día para otro. No se trata de una unión fortuita para la comisión de un solo delito concreto sino de la unión de diez personas para cometer concertadamente delitos contra la salud pública, integrándose en un entramado estable y estructurado de carácter permanente.

Y así, la S.T.S. nº 500/16, de 9-6-2016, establece que el tipo penal de participación en grupo criminal del artículo 570 ter del Código Penal , se configura como figura residual respecto de la organización criminal del artículo precedente 570 bis; de manera que aun cuando ambos delitos precisen de una unión o agrupación de más de dos personas con la finalidad de cometer delitos, el carácter estable o su funcionamiento por tiempo indefinido, es un elemento exclusivamente propio de la organización criminal; como lo es también el reparto concertado y coordinado de tareas entre sus miembros. Como especifican las S.T., nº 505/16, de 9-6-2016 , y nº 523/16, de 16-6-2016 , la organización y el grupo criminal tienen en común la unión o agrupación de más de dos personas y la finalidad de cometer delitos concertadamente; pero mientras que la organización criminal requiere, además, la estabilidad o constitución por tiempo indefinido y que se repartan las tareas o funciones de manera concertada y coordinada (necesariamente ambos requisitos conjuntamente: estabilidad y reparto de tareas), el grupo criminal puede apreciarse cuando no concurra ninguno de estos dos requisitos, o cuando concurra uno solo, requisitos que concurren, sin duda alguna, en el presente caso.

El delito contra la salud pública se caracteriza por la existencia de un elemento de actividad consistente, como expresa el artículo 368 del Código Penal , en la ejecución de actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo que promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas y, sin cerrar esa lista de actividades tendenciales al ilícito consumo de las referidas sustancias, sanciona la tenencia o posesión con la misma finalidad. Se trata, en definitiva, de un delito de peligro o de riesgo abstracto o concreto que, por atacar a la salud colectiva y pública, se consuma con la simple amenaza que potencialmente supone, aunque sustancial y materialmente no se llegase a producir la realidad del daño ni se realizara ningún acto concreto de comercio ilícito.

En cuanto al elemento objetivo del delito de tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, ha de comenzar por señalarse que nuestro sistema jurídico no ofrece un concepto jurídico penal de droga y sigue un criterio enumerativo por remisión a los Convenios Internacionales Suscritos por España y publicados en el Boletín Oficial del Estado; utilizando el sistema de listas o la determinación por Orden Ministerial del Departamento de Sanidad y consumo que califica una concreta sustancia de psicotrópica o estupefaciente, STS 378/2006, de 31 de marzo. Por ello la norma del artículo 368 del Código Penal ha de integrarse por remisión a estas disposiciones extrapenales, sin que pueda considerarse típica, sin quebranto del principio de legalidad, los comportamientos en aquella norma penal definidos por el mero hecho de que la sustancia se considere tóxica, STS 713/2013 .

La determinación de la naturaleza de la sustancia intervenida de ordinario se realiza mediante una prueba pericial. En este caso así ha sido tal y como se ha analizado en los hechos probados de la presente resolución que por lo que aquí nos interesa se da por reproducido.

La notoria importancia de las cantidades de droga dedicadas al tráfico por parte de dicha organización es evidente, pues supera en mucho los 750 gramos de cocaína.

En cuanto al tipo cualificado de desplegar conductas de extrema gravedad , establecen las S.T.S. de 26-6 , 3-7 y 3-12-2007 que el artículo 370 del Código Penal prevé una serie de agravantes que cualifican, cada una de ellas, el mayor reproche que merecen determinadas conductas: de una parte, la utilización de menores o de disminuidos psíquicos; de otra, la condición de jefe, administrador o encargado de la organización, y de otra, cuando la conducta fuera de extrema gravedad, que concreta en el párrafo siguiente. Para estos tres supuestos, el Código prevé una pena agravada, que es la pena superior en uno o dos grados a la señalada en el artículo 368.

La problemática que suscitaba la redacción del artículo 370 del Código Penal en su texto original quedó resuelta tras la reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 15/2003 (básicamente mantenida en la reforma operada por Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio , y no modificada en la última reforma por Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo ), puesto que ahora el artículo 370.3 º ofrece una definición auténtica de lo que debe entenderse por conductas de extrema gravedad en materia de tráfico de drogas, al especificar como tales los casos en que la cantidad de las sustancias a que se refiere el artículo 368 excediere notablemente de la considerada como de notoria importancia, se hayan utilizado buques, embarcaciones o aeronaves como medio de transporte específico, se hayan llevado a cabo las conductas indicadas simulando operaciones de comercio internacional entre empresas, se trate de redes internacionales dedicadas a este tipo de actividades o cuando concurrieren tres o más de las circunstancias previstas en el artículo 369.1 del Código Penal.

En referencia a la extrema gravedad, nuestro Tribunal Supremo, en SSTS como la 343/2004, de 12 / 03 y 1954/2000, de 01/02, señaló que "la extrema gravedad prevista en el subtipo hiper-agravado del art. 370 del C. Penal , se construye no solamente sobre el aspecto meramente cuantitativo de la droga ocupada". Es un dato de experiencia -siguen apuntando aquellas sentencias- que "en estos casos la existencia de una organización viene a ser un presupuesto casi imprescindible. Otro dato sería el uso o empleo de medios especialmente idóneos y complejos para este tráfico y, por tanto, dada la naturaleza clandestina de la red la especial complejidad tendente a su opacidad, ocultación y a burlar su persecución".

La defensa de Severino interesó, con carácter subsidiario que, de apreciarse la autoría del delito contra la salud pública, fuera este en grado de tentativa.

La jurisprudencia ha venido manteniendo un criterio general opuesto al reconocimiento de las formas imperfectas de este tipo de delitos, ya que el tráfico de estupefacientes se configura estructuralmente como delito de peligro abstracto y consumación anticipada, cuya punibilidad se asienta en la situación de eventual peligro que nace de las conductas descritas en la figura penal. La consumación delictiva reiteramos que se sitúa en cualquiera de las acciones típicas descritas en el artículo 368 del Código Penal, como la posesión o el transporte de droga con finalidad de tráfico, en los que el momento consumativo se anticipa, adelantando la barrera penal hasta comportamientos previos a los que propiamente serían actos de tráfico. El tráfico real o efectivo se sitúa más allá del área de la consumación, y la obtención de lucro es ajena al tipo. Por ello, el delito en general sólo admite formas consumadas, y así se excluye la aplicación del artículo 16.1 del Código Penal cuando el autor no ha conseguido la finalidad perseguida. En tales casos, se ha dicho que el alcance de metas que van más allá de la mera tenencia no condiciona la consumación, sino que pertenece a la fase de agotamiento.

El delito que nos ocupa se consuma siempre que exista un pacto o convenio entre los implicados para llevar a efecto la operación, en cuanto que la droga -en virtud del acuerdo- quedó sujeta a la voluntad de los destinatarios, siendo indiferente que no se hubiera materializado una detentación física del producto, si es patente su preordenación al tráfico. El tráfico existe desde el momento en que una de las partes pone en marcha los mecanismos de transporte de droga que el receptor habría previamente convenido, ya que puede considerarse a disposición del destinatario final y todos sus intermediarios, pues a ellos está abocada.

Y en el presente caso, como ha quedado expuesto, la actividad de Severino se centra en la realización de aquellas acciones que el líder de la organización, Lázaro, le encomendaba, todas ellas dirigidas a favorecer las actividades de tráfico de drogas a la que la organización se dedicaba, no siendo necesario para que el delito se consume que al acusado se le sorprenda con droga en su poder, o que se lograse o no rescatar la partida de cocaína del contenedor, por cuando la acción típica ya se había consumado.

En cuanto a los delitos de cohecho y de falsedad documental, al haber sido admitidos y reconocidos por sus autores, no procede hacer mayores precisiones que las ya realizadas en el apartado de los hechos probado.

UNDÉCIMO. - Concurre, en los acusados Lázaro, Norberto, Ricardo, Jose Enrique, Jesús Manuel, Carlos Francisco, Amador, Diego, Hermenegildo, Laureano y Romeo la la circunstancia atenuante analógica de confesión tardía del artículo 21. 7ª en relación con el artículo 21. 4ª, C.P.

Las defensas de todas las defensas de los acusados que reconocieron los hechos y se conformaron con la calificación del Ministerio Fiscal, salvo la de Diego y la de Romeo, interesaron se apreciase dicha atenuante como muy cualificada.

Sobre esta materia, nuestro Tribunal Supremo entre otras, en STS nº 455/2018, de 10 de octubre de 2.018, Pte. Palomo del Arco, Andrés, Fundamento de Derecho Primero. 2, destaca que, "(...) Es retirada jurisprudencia (vd., por todas, STS 225/2018, de 16 de mayo ) que la atenuante de confesión, requiere un primer elemento integrante, el cronológico, consistente en que el reconocimiento de los hechos se verifique antes de que el inculpado conozca que es investigado procesal o judicialmente por los mismos. En el concepto de procedimiento judicial se incluye la actuación policial, que no basta con que se haya abierto, como se decía en la regulación anterior, para impedir el efecto atenuatorio a la confesión, sino que la misma tendrá la virtualidad si aún no se había dirigido el procedimiento contra el culpable, lo que ha de entenderse en el sentido de que su identidad aún no se conociera. La razón de ser del requisito es que la confesión prestada, cuando ya la Autoridad conoce el delito y la intervención en el mismo del inculpado, carece de valor auxiliar a la investigación. También exige la veracidad sustancial de las manifestaciones del confesante, sólo puede verse favorecido con la atenuante la declaración sincera, ajustada a la realidad, sin desfiguraciones o falacias que perturben la investigación, rechazándose la atenuante cuando se ofrece una versión distinta de la luego comprobada y reflejada en el "factum", introduciendo elementos distorsionantes de lo realmente acaecido.

Sin ese requisito cronológico, se ha estimado como analógica, en consideraciones de política criminal, orientadas a impulsar la colaboración con la justicia, pero en todo caso debe seguir exigiéndose una cooperación eficaz, seria y relevante aportando a la investigación datos "especialmente significativos para esclarecer la intervención de otros individuos en los hechos enjuiciados, que la confesión sea veraz, aunque no es necesario que coincida en todo, no puede apreciarse atenuación alguna cuando es tendenciosa, equivoca y falsa, exigiéndose que no oculta elementos relevantes y que no añade falsamente otros diferentes, de manera que se ofrezca una versión irreal que demuestre la intención del acusado de eludir sus responsabilidades. Y en autos, dado el estado de la investigación, cuando el recurrente declara, nada nuevo aporta. Su ulterior silencio, por más que sea explicable, tampoco es congruente con esa colaboración que afirma".

Por lo tanto, la aplicación de una atenuante por analogía debe inferirse del fundamento de la atenuante que se utilice como referencia, para reconocer efectos atenuatorios a aquellos supuestos en los que concurra la misma «ratio» atenuatoria ( STS 28-6-1999). En las atenuantes «ex post facto» el fundamento de la atenuación se encuentra básicamente en consideraciones de política criminal, orientadas a impulsar la colaboración con la Justicia en el concreto supuesto del art. 21.4º del Código Penal. Consecuentemente, no existe ningún problema para admitir la atenuante que se postula siempre y cuando concurran en los hechos los presupuestos que lo permiten, basados, como se dijo, en fundamentos de política criminal cuando un actuar posterior al hecho realizado por el culpable de un hecho delictivo reveladores de un comportamiento activo que suponga un reconocimiento de la vigencia de la norma infringida y permita la realización de la justicia, pero en ningún caso puede apreciarse dicha atenuante como muy cualificada, pues nos encontramos ante unas confesiones realzadas al inicio del plenario, confesiones que nada aportan frente a los indicios que ya existían y que ya se había declarado, sin que hayan sido relevantes para la determinación de las resultas del juicio. En su virtud, y conforme a la petición formulada por el Ministerio Fiscal, dicha atenuante deberá ser aplicada como simple.

Por su parte, la defensa de Amador y la de Severino, este de forma subsidiaria, interesaron se apreciase la atenuante prevista en el artículo 21.2 del Código Penal, esto es la de actuar el culpable a causa de su grave adicción a las sustancias mencionadas en el número 2.º del artículo anterior (consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos).

La atenuante del artículo 21.2 del Código Penal, se configura por la incidencia de la adicción en la motivación de la conducta criminal, en cuanto esta se realiza a causa de aquella. Es decir, el beneficio de la atenuación sólo tiene aplicación cuando exista una relación entre el delito cometido y la carencia de drogas que padece el sujeto. Esta adicción grave debe condicionar su conocimiento de la ilicitud (conciencia) o su capacidad de actuar conforme a ese conocimiento (voluntad).

La circunstancia atenuante del artículo 21.2 del Código Penal es apreciable cuando el culpable actúe a causa de su grave adicción a las sustancias anteriormente mencionadas, de modo que, al margen de la intoxicación o del síndrome de abstinencia y sin considerar las alteraciones de la adicción en la capacidad intelectiva o volitiva del sujeto , la atenuante se configura por la incidencia de la adicción en la motivación de la conducta criminal en cuanto realizada "a causa" de aquélla ( SSTS 4 de diciembre de 2000 y 29 de mayo de 2003). Se trataría así con esta atenuación de dar respuesta penal a lo que criminológicamente se ha denominado " delincuencia funcional" ( STS 23 de febrero de 1999 ). Lo básico es la relevancia motivacional de la adicción, a diferencia del artículo 20.2 del Código Penal, y su correlativa atenuante, artículo 21.1 del Código Penal, en que el acento se pone más bien en la afectación a las facultades anímicas.

Nuestra jurisprudencia ha declarado que lo característico de la drogadicción, a efectos penales, es que incida como un elemento desencadenante del delito, de tal manera que el sujeto activo actúe impulsado por la dependencia de los hábitos de consumo y cometa el hecho, bien para procurarse dinero suficiente para satisfacer sus necesidades de ingestión inmediata o trafique con drogas con objeto de alcanzar posibilidades de consumo a corto plazo y al mismo tiempo conseguir beneficios económicos que le permitan seguir con sus costumbres e inclinaciones. Esta compulsión que busca salida a través de la comisión de diversos hechos delictivos, es la que merece la atención del legislador y de los tribunales, valorando minuciosamente las circunstancias concurrentes en el autor y en el hecho punible.

Es asimismo doctrina reiterada que el consumo de sustancias estupefacientes, aunque sea habitual, no permite por sí solo la aplicación de una atenuación. No puede solicitarse la modificación de la responsabilidad criminal por el simple hábito de consumo de drogas en una u otra escala, porque la exclusión total o parcial, o la simple atenuación de la responsabilidad de los toxicómanos, debe resolverse en función de la imputabilidad o de la evidencia de la influencia de la droga en las facultades intelectivas y volitivas del sujeto. En consecuencia, los supuestos de adicción a las drogas que puedan ser calificados como menos graves o leves no constituyen atenuación, ya que la adicción grave es el supuesto límite para la atenuación de la pena por la dependencia de drogas.

Con todo ello podemos sintetizar que para poder apreciarse la drogadicción, es imprescindible que conste acreditada la concreta e individualizada situación del sujeto en el momento comisivo, tanto en lo concerniente a la adicción a las drogas tóxicas o sustancias estupefacientes, como a la intensidad de la dependencia y a la singularizada alteración que sufriera en el momento de los hechos, con la influencia que por ello tuviera en las facultades intelectivas y volitivas, sin que la simple y genérica expresión narradora de que el acusado era adicto a las drogas, sin mayores especificaciones y detalles pueda autorizar o configurar la circunstancia atenuante de la responsabilidad criminal en ninguna de sus variadas manifestaciones ( SSTS 16 de octubre de 2000 ; 6 de febrero de 2001; 6 de marzo de 2001; 25 de abril de 2001; 19 de septiembre de 2002; 16 de julio de 2002; o 259/2017, de 6 de abril , entre muchas).

En el presente caso hemos de convenir que las defensas de los acusados que han interesado se aprecie dicha circunstancia atenuante tan solo han acreditado que sus clientes eran consumidores de sustancias estupefacientes, sin que los informes presentados y la prueba practicada haya sido suficientemente acreditativa de que los mismos actuasen movidos por su dependencia, por lo que, y al margen de que no existió prueba suficiente de la afectación de las facultades intelectivas y volitivas de los acusados, lo que ya de por si descarta la apreciación de la drogadicción como circunstancia atenuante, también hay que mencionar la ausencia de relación de funcionalidad entre el consumo de drogas y el delito imputado, el cual fue cometido totalmente al margen de la dependencia o hábitos de consumo del acusado, no siendo estas condiciones desencadenantes de la comisión del delito. La propia mecánica comisiva de los hechos, mediante la integración en una organización estructurada y con reparto de funciones hace difícil que la propia organización, y sus líderes, confiasen las importantes funciones que los mismos tenían en su seno a personas con las facultades intelectivas y volitivas alteradas por su dependencia.

En tal sentido, la STS de 23 de abril de 2004 señala que para la aplicación del art. 21.2 CP " no basta que se acredite el padecimiento por el recurrente de una grave adicción a las sustancias estupefacientes, sino que a ello debe añadirse el carácter motivacional o funcional de tal adicción en relación al delito cometido. Para apreciar la atenuación es necesario, por tanto, además de la adicción una relación de conexidad o lazo de causalidad entre tal efecto y el delito perpetrado (...).

Lo básico en el juego de la atenuante, es la relevancia motivacional de la adicción, a diferencia de la hipótesis del art. 20.2 CP y su correlativa eximente incompleta (21.1.º CP), en que el acento se sitúa en la afectación morbosa de las facultades anímicas".

No se debe aplicar esta atenuante alegando solo que el autor del delito es consumidor habitual de drogas.

Debe alegarse y probarse por la defensa, ya que es su carga de la prueba, al igual que la de la responsabilidad penal por el hecho del Fiscal, la afectación a la conciencia y voluntad del consumo.

Señala el Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 265/2015 de 29 de abril de 2015 que:

"Es asimismo doctrina reiterada de esta Sala que el consumo de sustancias estupefacientes, aunque sea habitual, no permite por sí solo la aplicación de una atenuación.

No se puede, pues, solicitar la modificación de la responsabilidad criminal por el simple hábito de consumo de drogas ni basta con ser drogadicto en una u otra escala, de uno u otro orden para pretender la aplicación de circunstancias atenuantes. Los supuestos de adicción a las drogas que puedan ser calificados como menos graves o leves, no constituyen atenuación ya que la adicción grave es el supuesto límite para la atenuación de la pena por la dependencia a las drogas, como se deduce de la expresión literal de la propia norma legal. Por todo ello, en el caso enjuiciado, en el que el recurrente captó a un familiar para que se desplazase a América para importar una cantidad relevante de cocaína, debe rechazarse la aplicación de la atenuante".

También, el Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Auto 25/2019 de 5 de diciembre de 2018 señala que:

"La existencia de una grave adicción al consumo de sustancias estupefacientes o droga, siendo preciso señalar que la simple condición de consumidor no basta (vid., STS 200/2017, de 27 de marzo ), sino que es necesario que el sujeto despliegue la actividad delictiva como un medio para obtener los ingresos necesarios para subvenir a su compulsiva e imperiosa necesidad de consumir, propia de la grave adicción (vid., en este sentido la STS 412/2017, de 7 de junio ).

Es preciso también acreditar la correspondiente merma en las facultades del sujeto, pues, en definitiva, lo que conforma y alienta la atenuante no es, en sí, el consumo de sustancia estupefaciente, sino la imposibilidad o la dificultad de aquél de adaptar su conducta a los dictados de la Ley, por déficit en las facultades volitivas, cognitivas e intelectivas (vid., SSTS 708/2014, de 6 de noviembre y 895/2016, de 30 de noviembre ).

En tal sentido, hemos declarado que el mero consumo o la mera adicción a esas sustancias no implica, por sí mismo, atenuación alguna. Para ello sería necesario que la adicción pudiera considerarse grave y que se acreditara algún efecto causal en relación con el delito cometido o bien que quedara probada la existencia de alguna perturbación mental relevante a consecuencia de la adicción ( SSTS 877/2005, de 4 de julio ; 1101/2005, de 30 de septiembre ; 1321/2005, de 9 de noviembre ; 912/2006, de 29 de septiembre ; 1071/2006, de 8 de noviembre ; 444/2008, de 2 de julio ). En definitiva, no basta con ser drogadicto, cuando no alcanza una gravedad que le compele a la conducta delictiva, para pretender la aplicación de circunstancias atenuantes, porque la exclusión total o parcial o la simple atenuación de estos toxicómanos ha de resolverse en función de la imputabilidad, o sea de la incidencia de la ingestión de la droga en sus facultades intelectivas y volitivas del sujeto y esa afectación de la capacidad de culpabilidad del acusado ha de constar suficientemente probada ( SSTS 1167/2004, de 22 de octubre ; 842/2005, de 28 de junio ; 223/2007, de 20 de marzo ; 524/2008, de 23 de julio ; 16/2009, de 27 de enero )".

En el acusado Jesús Manuel concurre la agravante de reincidencia del artículo 22,8 C.P., que se compensará racionalmente con la atenuante anteriormente expuesta ( art. 66,1, 7ª C.P.)

DÉCIMO PRIMERO. - La pena y su graduación

En el ámbito penológico, debe recordarse el Auto del Tribunal Supremo de fecha 15/04/2004: " La individualización judicial de la pena, actuando el arbitrio judicial en función de los presupuestos que lo regulan, ha sido denominada "la tercera función autónoma del Juez, representando el cenit de su actuación". El Juez, tras la valoración de la prueba y la subsunción del hecho probado en las normas penales, declara qué calidad y cantidad de pena impone dentro del marco legal ejercitando una función jurisdiccional en la que ha de observar, obviamente, la legalidad que dispone la interdicción de la arbitrariedad ( art. 9.3 CE (RCL 1978, 2836) ) y el deber de motivar las resoluciones judiciales ( art. 120.3 CE (RCL 1978, 2836) ), además de los preceptos penales específicos que la regulan.

A través de la necesaria motivación no sólo se va a satisfacer la necesaria tutela judicial efectiva, explicando las razones que lleva al Tribunal sentenciador a la imposición de una concreta penalidad, sino que va a permitir que esta Sala en virtud de la impugnación sobre el ejercicio de la individualización, pueda comprobar la lógica y la racionalidad de ese apartado de la función jurisdiccional. Además, a través de la motivación, el propio Tribunal de instancia podrá comprobar, a manera de autocontrol jurisdiccional, si la penalidad concretamente impuesta responde a los presupuestos legales por su acomodación a la culpabilidad del autor y a las necesidades de prevención general y especial, pues la exteriorización de la decisión, a través de la motivación, permite la comprobación de la concurrencia de los presupuestos de la individualización judicial STS 2-12-2003 ).

Los límites de la discrecionalidad judicial para la imposición de la pena son la exigencia de motivación, (explicando la razón de la decisión adoptada), y la exigencia de no arbitrariedad, (respetando algunos condicionamientos, como la gravedad del hecho en función de los medios, modos o formas de ejecución, y demás circunstancias concurrentes), y en tal sentido se viene pronunciando la Sala 2ª del T.S., (Sentencias, por ejemplo, de 12.06.1998 y de 11.05.1999).

La comisión del delito contra la salud pública, en relación con sustancias que causan grave daño a la salud (cocaína), en cantidad de notoria importancia y en el seno de una organización criminal, previsto en los artículos 368 , 369.1.5 º y 369 bis del Código Penal, inicialmente y en abstracto, dichas penas se sitúan en la privación de libertad, con una horquilla punitiva que discurre desde los 9 años hasta los 12 años, así como en la multa del tanto al cuádruplo del valor de la droga intervenida.

Por lo que se refiere a los acusados no conformes con la calificación Fiscal, Severino y Camilo, en los que no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, conforme a lo dispuesto en el art. 66.6º del Código Penal, dada la gravedad del hecho enjuiciado, la persistencia temporal en la comisión del mismo, entendemos adecuada la imposición más grave de la pena en su mitad inferior, es decir, diez años, así como multa del doble del valor de la droga incautada.

Los acusados Lázaro, Norberto, Ricardo, Jose Enrique, Jesús Manuel, Carlos Francisco, Amador, Diego, Hermenegildo, Laureano y Romeo han mostrado su conformidad con las penas interesadas por el Ministerio Fiscal, por lo que, procede la imposición de las penas interesadas por éste y conformadas con los acusados.

1º.-A Lázaro, por el delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, tratándose de sustancia que causa grave daño a la salud (cocaína), en cantidades de notoria importancia y extrema gravedad, cometidos por personas pertenecientes a organización criminal, en condición de jefe de la misma, de los artículos 368, 369,5, 369 bis y 370, 2º y 3º C.P., a penar conjuntamente con el anterior, según lo dispuesto en el art. 570 quáter, 2,2 y 8,4 C.P., y con la atenuante analógica de confesión tardía, la pena de DOCE años y UN día de prisión y multa de treinta y nueve millones veintidós mil trescientos sesenta euros (39.022.360 €).

Por el delito de tenencia ilícita de armas de fuego de los arts. 564 y 565 del Código Penal, con la concurrencia de la circunstancia atenuante analógica de confesión tardía, a la penade SEIS meses y UN día de prisión.

Por el delito continuado de falsificación de documentos de identidad, previsto y penado en los artículos 392 y 390. 1 1º, 2º y 3º en relación con el art. 74 del Código Penal, la pena de SEIS MESES y UN DIA de prisión y multa de SEIS MESES con una cuota diaria de DIEZ EUROS.

Accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

2º.- A Norberto por el delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, tratándose de sustancia que causa grave daño a la salud (cocaína), en cantidades de notoria importancia y extrema gravedad, cometidos por personas pertenecientes a organización criminal, de los artículos 368, 369,5, 369 bis y 370, 2º y 3º C.P., a penar conjuntamente con el anterior, según lo dispuesto en el art. 570 quáter, 2,2 y 8,4 C.P., y con la atenuante analógica de confesión tardía, la pena de DIEZ años de prisión y multa de treinta y nueve millones veintidós mil trescientos sesenta euros (39.022.360 €)

Por el delito de cohecho activo, del artículo 421.1º y 2º del Código Penal, a la pena de TRES AÑOS y UN DIA de prisión, multa de DOCE MESES,. Con una cuota diaria de CINCUENTA EUROS.

Por el delito continuado de falsificación de documentos de identidad, previsto y penado en los artículos 392 y 390. 1 1º, 2º y 3º en relación con el art. 74 del Código Penal, la pena de SEIS MESES y UN DIA de prisión y multa de SEIS MESES con una cuota diaria de DIEZ EUROS.

Accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

3º.- A Norberto, como cómplice del delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, tratándose de sustancia que causa grave daño a la salud (cocaína), en cantidades de notoria importancia, de los artículos 368, 369,5, y 369 bis C.P., y con la atenuante analógica de confesión tardía, la pena de UN año y SEIS meses de prisión y multa de noventa mil euros (90.000 €), con responsabilidad personal subsidiaria de TRES meses de privación de libertad en caso de impago.

Accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

4º.- A Severino, por el delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, tratándose de sustancia que causa grave daño a la salud (cocaína), en cantidades de notoria importancia, cometidos por personas pertenecientes a organización criminal, de los artículos 368, 369,5, 369 bis y 370, 2º y 3º C.P., a penar conjuntamente con el anterior, según lo dispuesto en el art. 570 quáter, 2,2 y 8,4 C.P., sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a, la pena de DIEZ años de prisión y multa de treinta y nueve millones veintidós mil trescientos sesenta euros (39.022.360 €)

Accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

5º.- A Camilo, , por el delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, tratándose de sustancia que causa grave daño a la salud (cocaína), en cantidades de notoria importancia, cometidos por personas pertenecientes a organización criminal, de los artículos 368, 369,5, 369 bis y 370, 2º y 3º C.P., a penar conjuntamente con el anterior, según lo dispuesto en el art. 570 quáter, 2,2 y 8,4 C.P., sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a, la pena de DIEZ años de prisión y multa de treinta y nueve millones veintidós mil trescientos sesenta euros (39.022.360 €)

Accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

6º.- A Jose Enrique, por el delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, tratándose de sustancia que causa grave daño a la salud (cocaína), en cantidades de notoria importancia y extrema gravedad, cometidos por personas pertenecientes a organización criminal, de los artículos 368, 369,5, 369 bis y 370, 2º y 3º C.P., a penar conjuntamente con el anterior, según lo dispuesto en el art. 570 quáter, 2,2 y 8,4 C.P., y con la atenuante analógica de confesión tardía, la pena de NUEVE años y UN día de prisión y multa de treinta y diecinueve millones quinientos once mil ciento ochenta euros (19.511.180

€).

Accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

7º.- A Jesús Manuel, por el delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, tratándose de sustancia que causa grave daño a la salud (cocaína), en cantidades de notoria importancia y extrema gravedad, cometidos por personas pertenecientes a organización criminal, de los artículos 368, 369,5, 369 bis y 370, 2º y 3º C.P., a penar conjuntamente con el anterior, según lo dispuesto en el art. 570 quáter, 2,2 y 8,4 C.P., y con la atenuante analógica de confesión tardía, la pena de NUEVE años y UN día de prisión y multa de treinta y diecinueve millones quinientos once mil ciento ochenta euros (19.511.180 €).

Accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y específicamente, la inhabilitación especial para el ejercicio de la actividad de seguridad privada durante el tiempo de la condena.

8º.- A Carlos Francisco, por el delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, tratándose de sustancia que causa grave daño a la salud (cocaína), en cantidades de notoria importancia y extrema gravedad, cometidos por personas pertenecientes a organización criminal, de los artículos 368, 369,5, 369 bis y 370, 2º y 3º C.P., a penar conjuntamente con el anterior, según lo dispuesto en el art. 570 quáter, 2,2 y 8,4 C.P., y con la atenuante analógica de confesión tardía, la pena de NUEVE años y UN día de prisión y multa de treinta y diecinueve millones quinientos once mil ciento ochenta euros (19.511.180 €).

Accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y, específicamente la inhabilitación especial para el ejercicio de la actividad de seguridad privada durante el tiempo de la condena.

9º.- A Amador, por el delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, tratándose de sustancia que causa grave daño a la salud (cocaína), en cantidades de notoria importancia y extrema gravedad, cometidos por personas pertenecientes a organización criminal, de los artículos 368, 369,5, 369 bis y 370, 2º y 3º C.P., a penar conjuntamente con el anterior, según lo dispuesto en el art. 570 quáter, 2,2 y 8,4 C.P., y con la atenuante analógica de confesión tardía, la pena de NUEVE años y UN día de prisión y multa de treinta y diecinueve millones quinientos once mil ciento ochenta euros (19.511.180 €).

Accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y, específicamente la inhabilitación especial para el ejercicio de la actividad de seguridad privada durante el tiempo de la condena.

10º.- A Diego, por el delito contra la salud pública, tráfico de drogas, tratándose de sustancia que causan grave daño a la salud (cocaína), en cantidad de notoria importancia y extrema gravedad, en grado de TENTATIVA, de los artículos 368, 369,5, y 370,3º en relación con el 16,1 y 62 C.P., con la atenuante analógica de confesión tardía, la pena de DOS años de prisión y multa de nueve millones setecientos cincuenta y cinco mil quinientos noventa euros (9.755.590 €), con tres meses de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

Accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

11º.- A Hermenegildo, por el delito de cohecho pasivo, del artículo 419 del Código Penal, con la concurrencia de la circunstancia atenuante de confesión tardía, a la pena de TRES AÑOS y UN DIA de prisión, multa de DOCE MESES con una cuota diaria de DIEZ EUROS, con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas, e inhabilitación especial para su empleo de la Guardia Civil y para el derecho de sufragio pasivo por tiempo de NUEVE AÑOS.

Accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

12º.- A Laureano, por el delito de cohecho pasivo, del artículo 419 del Código Penal, con la concurrencia de la circunstancia atenuante de confesión tardía, a la pena de TRES AÑOS y UN DIA de prisión, multa de DOCE MESES con una cuota diaria de DIEZ EUROS, con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas, e inhabilitación especial para su empleo de la Guardia Civil y para el derecho de sufragio pasivo por tiempo de NUEVE AÑOS.

Accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

13º.- A Romeo, por el delito continuado de falsificación de documentos de identidad, previsto y penado en los artículos 392 y 390. 1 1º, 2º y 3º en relación con el art. 74 del Código Penal, la pena de DOS AÑOS de prisión y multa de NUEVE MESES con una cuota diaria de CINCO EUROS, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas.

Accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

DÉCIMO SEGUDO. -Comiso de la droga y de los efectos intervenidos.

Como recoge el artículo 127 del Código Penal, toda pena que se imponga por un delito doloso llevará consigo la pérdida de los efectos que de él provengan y de los instrumentos con que se haya ejecutado, así como de las ganancias provenientes del delito.

En el caso de autos, por aplicación asimismo del artículo 374 del Código Penal, se decretará el comiso y destrucción de la sustancia intervenida, destrucción que en todo o en su mayor parte ya se ha producido, con autorización judicial, como consta en la causa.

También acordaremos el comiso de los vehículos, el dinero y los efectos intervenidos a los acusados, a los que se dará el destino previsto en la Ley 17/2003, reguladora del Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados.

Tales vehículos, dinero y efectos, por su extensión, sólo se relacionarán en la parte dispositiva de esta resolución, aunque antes debemos efectuar dos precisiones, que respecto del dinero incautado, especificaremos las cifras establecidas por el Ministerio Fiscal en su escrito de conclusiones provisionales, elevadas a definitivas en este concreto extremo, para adecuar las cuantías decomisadas al contenido del relato fáctico, y que respecto del Mercedes-Benz AMG G63 matrícula HTBE ...., deberá ser devuelto a su propietaria AUTOLINE INH. LUKAS BRESCHAK E.K.

DÉCIMO TERCERO. - Las costas procesales vienen impuestas legalmente a todo responsable de delito, como preceptúa el artículo 123 del Código Penal y art. 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En el caso de autos, se impondrá a cada uno de los trece acusados condenados por la comisión de los delitos de tráfico de drogas cometidos una treceava parte de las costas procesales devengadas.

En atención a lo expuesto, por la autoridad que nos confiere la Constitución Española, y vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.