Sentencia Penal 13/2026 Audiencia Nacional. Sala de Apelación, Rec. 8/2026 de 10 de abril del 2026

1.- PRIMERO. -

En primer lugar, la representación procesal de Jose Daniel, alega quebrantamiento de normas y garantías procesales que le han producido indefensión, indicando resumidamente que al haber sido acusado por el Fiscal por delito de adoctrinamiento terrorista a terceros ( Art. 575.1 CP) , y resultar haber sido finalmente condenado por autoadoctrinamiento terrorista ( Art. 575.2 CP) , se le ha impedido articular su defensa sobre tipo penal diferente, dado que tienen elementos distintos, en especial el subjetivo, vulnerando el principio acusatorio y sus derechos a la seguridad jurídica y a un proceso con todas las garantías y a su Defensa, impetrando, en consecuencia, la nulidad de la sentencia apelada, para retrotraer las actuaciones al momento de dictar sentencia respetando el indicado principio.

2.- La sentencia impugnada (FJ 1º), efectivamente condena por un delito de auto adoctrinamiento o adoctrinamiento pasivo ( Art. 575.2 CP) , haciendo un extenso estudio doctrinal y jurisprudencial de sus elementos constitutivos (puntos 1 a 3) aplicándolo (punto 4) a los Hechos del caso, a la par que expresamente excluye la aplicación del tipo penal consignado en el Art. 577.2 CP de adoctrinamiento terrorista o auto adoctrinamiento (Hecho probado TERCERO y punto 4 in fine y epígrafe c),que fue el interesado concretamente por la representante del Ministerio Fiscal, justificándolo en que se trata de tipos penales homogéneos.

3.- Iniciaremos el análisis de la queja del recurrente recordando la jurisprudencia existente en lo que hace a la doble perspectiva argüida referente a los íntimamente relacionados principio acusatorio y derechos a ser informado de la acusación y a poderse defender de ella.

4.- Sobre esa doble perspectiva combinada, que tras la s TJUE 9 de noviembre 2023, caso BK ,cada vez se ha ido matizando más, hay que comenzar recordando que, como indica el Tribunal Constitucionalimpone la exigencia de que el investigado/acusado tenga posibilidad de rechazar la acusación contra él formulada tras la celebración del necesario debate contradictorio en el que haya tenido oportunidad de conocer y rebatir los argumentos de la otra parte y presentar ante el Juez los propios, tanto los de carácter fáctico, como los de naturaleza jurídica ( s TC 53/1987, de 7 de mayo; 4/2002, de 14 de enero): "Nadie puede ser condenado si no se ha formulado contra él una acusación de la que haya tenido oportunidad de defenderse en forma contradictoria, estando, por ello, obligado el Juez o Tribunal a pronunciarse dentro de los términos del debate, tal y como han sido formulados por la Acusación y la Defensa, lo cual, a su vez, significa que en última instancia ha de existir siempre correlación entre la acusación y el fallo de la sentencia"( s TC 11/1992, de 27 de enero; 95/1995, de 19 de junio, 36/1996, de 11 de marzo, 4/2002, de 14 de enero; 228/2002,de 9 de diciembre; 35/2004, de 8 de marzo, 7/2005, de 4 de abril, 40/2004 de 22 de marzo y 183/2005 de 4de julio).

5.- Exigencia que también la jurisprudencia del Tribunal Supremo( s TS 86/2018, de 19 de febrero y 207/2018, de 3 de mayo) ha venido aplicando e interpretando en el sentido de que "impide que en la sentencia puedan introducirse sorpresivamente valoraciones jurídicas nuevas que, por tal motivo, la Defensa no haya tenido ocasión de rebatir. Juega ese derecho absolutamente cuando se trata de valoraciones jurídicas agravatorias en la medida en que desbordan los límites de la acusación frente a la que se articuló la defensa. Y puede operar también, aunque los puntos de vista jurídicos representen una atenuaciónfrente a los esgrimidos por las acusaciones, si esas atenuaciones se apartan de la línea acusatoria desplegada previamente; es decir si, ni siquiera implícitamente,estaban recogidas en los escritos de acusación. Sucede esto cuando el delito objeto de condena no es homogéneocon el delito objeto de acusación. Si en la sentencia se cambia la calificación articulada por la acusación en términos que van más allá de un simple prescindir de algunos elementos de la acusación,y que introducen perspectivas nuevas, se vulneraria el derecho a ser informado de la acusación pues, la Defensa no tuvo ocasión de rebatir esa nueva valoración jurídica" ( s TS 112/2024 de 6 de febrero).

6.- "L as exigencias del derecho de defensa y a ser informado de la acusaciónreclaman un mecanismo previo a la sentencia, para que la Defensa pueda conocer y argumentar frente a esa posible valoración jurídica nueva. Lo decisivo, tratándose del derecho a ser informado de la acusación, es, tal como expone la s TS 1187/2011, de 2 de noviembre , no el ajuste mimético de la sentencia con la acusación, sino consideraciones más de fondo que lleven a indagar si se ha producido un menoscabo de las posibilidades de defensapor no haberse explicitado la acusación. Las circunstancias de cada supuesto condicionarán la solución. Es preciso dilucidar en el caso concretosi en la situación analizada la variación del delito objeto de condena era previsible, lo que nos deriva a cierto casuismo.No bastan normalmente afirmaciones generales axiomáticas", continúa diciendo esta última resolución, mientras analiza el supuesto robo-hurto, homicidio doloso-homicidio culposo, lesiones-maltrato familiar, coacciones-agresión sexual, coacciones-detención ilegal, lesiones culposas-lesiones dolosas, ....

7.- Entre las recientes, la s TS 123/2025, de 13 de febrero, pese a que se acusó de delitos de agresión sexual violentos y se condenó por abuso sexual, no se apreció vulneración del principio acusatorio porque la Defensa pudo en el plenario contradecir los elementos discrepantes de violencia/intimidación y penetración inconcurrentes, no generándose ningún tipo de indefensión,habiéndose mantenido la identidad fáctica-respeto al relato fáctico de la acusación, sin inclusión de hechos no apreciados por aquella- y la jurídica-pues había homogeneidad del bien jurídico protegido y no hubo componente concreto distinto del que la Defensa no hubiese podido combatir-.

8.- Ya en el ámbito de los delitos de terrorismo,es paradigmática la s TS 107/2024, de 1 de febrero, en un caso en que, resumidamente, se acusaba al responsable como posible autor de un delito de integración en organización terrorista del Art. 572 CP o, alternativamente, de un delito de colaboración con organización terrorista del Art. 577.1 y 2 CP, resultando finalmente condenado por uno de enaltecimiento y justificación del terrorismo del Art. 578 CP, y en donde, más allá, por tanto, de la posibilidad de configurar una homogeneidad fáctica y jurídica descendente entre las conductas de colaboración, tras la interpretación que el TJUE realiza de las exigencias del Art. 6.4 de la Directiva 2012/13, debe comunicarse en todo caso al acusado la nueva calificación considerada por el Tribunal, y como eso no se hizo en el caso, el TS casa y revoca el pronunciamiento condenatorio.

9.- El análisis de la posible homogeneidad-identidad fáctica y jurídica- entre los concretos hechos y tipos penales controvertidos (el acusado y el condenado), con independencia de que agraven o atenúen la pena figurada, no sólo supone que 1) -óptica penal- "el delito acusado deba contener el núcleo del tipo penal aplicado"y "una misma línea de tutela de valores jurídicos"- s TS 565/2019, de 19 noviembre-, sino también y además 2) -óptica procesal- "debe desprenderse del debate en el plenario que la Defensa comprendió toda la facticidad tenida en cuenta en la resolución, no identificándose asomo alguno de indefensión",pues si el cambio del título de imputación priva a la parte pasiva "de alguna posibilidad de defensa en tanto no era previsible de forma alguna la aparición de esa figura, habrá infracción del acusatorio"-más bien del derecho a conocer la acusación y poder defenderse de ella-, siempre que, en el caso de la homogeneidad descendente, la "nueva"o "diferente"línea de defensa impedida derive de algún tipo explícito de concreta indefensión.

10.- Como venimos adelantando, y por su parte, el TJUE,resolviendo una cuestión prejudicial referente al Art. 6 de la Directiva 2012/13, en su s 9 de noviembre de 2023, caso BKseñala que, para salvaguardar la equidad del procedimiento y permitir el ejercicio efectivo del derecho de defensa, la información sobre la acusación a proporcionar a la Defensa debe ser detallada e incluir la calificación jurídica del delito.

11.- "El Tribunal de Justicia admite que la información relativa a la acusación transmitida a la Defensa sea modificada con posterioridad, singularmente en lo que atañe a la calificación jurídica. No obstante, tales variaciones deben comunicarse a la Defensa en un momento en el que disponga aún de la oportunidad de reaccionar eficazmente, antes de la fase de deliberación ( Art. 6, apartado 4, de la Directiva 2012/13 ): "...cualquier modificación de la calificación jurídica de los hechos por el Órgano Jurisdiccional que conoce del fondo en un asunto penal puede tener una incidencia determinante en el ejercicio de los derechos de la Defensa y en la equidad del procedimiento, en el sentido del artículo 6, apartado 4, de la Directiva 2012/13 . Así sucede, por un lado, cuando el nuevo delito considerado se compone de elementos constitutivos nuevos,sobre los que el acusado aún no ha tenido la oportunidad de presentar sus alegaciones. En tal situación, es manifiestamente necesario, para salvaguardar la equidad del procedimiento, como exige el artículo 6, apartado 4, de la Directiva 2012/13 , que el Órgano Jurisdiccional penal que resuelva sobre el fondo informe con la debida antelaciónal acusado o a su Abogado de la nueva calificación considerada, en un momento que le permita preparar eficazmente su defensa,y le ofrezca la oportunidad de ejercer los derechos de la defensa de manera concreta y efectiva con respecto a ella".

12.- Y como añade la s TS112/2024 de 6 de febrero que seguimos: "Por otra parte, aun en el supuesto de que el nuevo delito considerado no incluya un nuevo elemento constitutivo en relación con el delito por el que se había optado previamente, de modo que el acusado haya tenido la oportunidad, durante el procedimiento, de presentar sus alegaciones sobre la totalidad de los elementos constitutivos de este nuevo delito,la nueva calificación del delito por el Órgano Jurisdiccional penal que resuelve sobre el fondo puede, no obstante, tener una incidencia nada desdeñable en el ejercicio de los derechos de la defensa. En efecto, no cabe excluir que la persona acusada a quien se informe de la nueva calificación considerada organice su defensa de otra manera". Prosigue: "Es preciso subrayar, además, que carece de toda pertinencia, en este contexto, la circunstancia de que la nueva calificación no pueda dar lugar a la aplicación de una pena más severa. En efecto, la equidad del procedimiento exige que el acusado pueda ejercer plenamente los derechos de la defensa. Pues bien, la mayor o menor gravedad de la pena impuestano guarda relación con la cuestión de si estos derechos han podido ejercerse".

13.- "De ello se sigue que cuando un órgano jurisdiccional que decida sobre el fondo en un asunto penal pretenda calificar nuevamente el delito debe informar con la debida antelación al acusado o a su Abogado de la nueva calificación considerada, en un momento y en condiciones tales que le permitan preparar eficazmente su defensa, y ofrecerle la oportunidad de ejercer los derechos de la defensa de manera concreta y efectiva con respecto a tal calificación, con la finalidad de salvaguardar la equidad del procedimiento, en el sentido del artículo 6, apartado 4, de la Directiva 2012/13 .".

14.- "La interpretación contenida en el apartado anterior se ve confirmada por los objetivos de la Directiva 2012/13 . En efecto, como se desprende de sus considerandos 3, 9 y 14, esta Directiva, mediante el establecimiento de normas mínimas comunes en lo que se refiere a la información sobre los derechos y la acusación que se habrá de proporcionar a las personas sospechosas o acusadas de haber cometido una infracción penal, tiene por objeto mejorar la confianza mutua entre los Estados miembros y, por tanto, facilitar el reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales en materia penal".

15.- "Pues bien, como ha señalado, en esencia, la Abogada General en los puntos 59 a 71 de sus conclusiones, la interpretación realizada en el apartado 47 de la presente sentencia, bajo la forma de una norma clara y de aplicación simple en lo que respecta a la obligación del Órgano Jurisdiccional que conoce del fondo de un asunto penal de informar a la persona acusada con la debida antelación cuando dicho órgano jurisdiccional pretende calificar nuevamente el delito, contribuye al respeto de los derechos de la defensa y a la equidad del procedimiento penal en los Estados miembros. Así, tal interpretación refuerza la confianza mutua entre esos Estados y, por tanto, facilita el reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales en materia penal, de conformidad con los objetivos perseguidos por dicha Directiva".

16.- Para que la Defensa conozca la calificación penal alternativa en un momento procesal que le permita adecuar su estrategia de defensa, al margen de la homogeneidad o no de los elementos constitutivos y la mayor o menor gravedad penológica de la nueva calificación penal, nuestro sistema procesal arbitra, por un lado, la posibilidad de que la Acusación formule en sus conclusiones definitivas calificaciones alternativas( Art. 653 LECrim) o que la Sala, si antes de deliberar y en el desarrollo del plenario lo ve claro -cuestión harto discutible- haga uso del planteamiento de la tesis( Art. 733 LECrim) . Ninguna de las dos opciones ocurrió en nuestro caso.

17.- Siendo conscientes de las matizaciones y precisiones jurisprudenciales citadas, desde la perspectiva procesal de un racional análisis de la efectiva materialización del derecho de defensa, no obstante, pensamos que, en el caso concreto de nuestro supuesto, se debe desestimar este motivo de recurso.

18.- En efecto, entrando en el caso concreto enjuiciado observamos que entre el delito acusado (hetero adoctrinamiento) sancionado en el Art. 577.2 CP y el condenado (auto adoctrinamiento) recogido en el Art. 575.2 CP, al margen de la decisión del legislador de tipificarlo en preceptos diferentes y con distinta pena, no existe más que una sutil progresión delictiva,ya que ambos comparten los mismos elementos constitutivos del tipo (adoctrinar), incluido el elemento subjetivo -que es el que el recurrente entiende discrepante-, pues en los dos el adoctrinamiento debe ir dirigido al denominado jurisprudencialmente "pase a la acción",que es la contribución en favor de la organización terrorista y el núcleo del peligro que explica su antijuridicidad -y en el caso de los Hechos Probados se deduce que el recurrente pretende compartir los fines de la organización criminal, contribuyendo a ellos mediante la enseñanza de los aspectos violentos prohibidos de sus postulados con aptitud para hacerlo-.

19.- Ambos delitos castigan el riesgo que para las hipotéticas acciones terroristas de futuro genera el hecho de enseñar doctrina que el Pasado demuestra provoca e incita -siempre que sea apta para provocar la idea de cometer delitos terroristas-, conllevando a quien la asume -radicalización- a "pasar a la acción",difiriendo sólo en que uno lo hace sobre terceros y el otro respecto de uno mismo.

20.- Ambos preceptos combaten el mismo riesgo, tutelan el mismo bien jurídico -los dos suponen una contribución a los fines terroristas procurando posibles futuros activistas mediante la enseñanza a través de sus aparatos de propaganda de los postulados violentos de una determinada organización terrorista-, y sólo difieren en quién sea el sujeto sobre el que se vierten tales enseñanzas, residiendo la mayor venialidad de la conducta sancionada en el Art. 575.2 CP en que siempre es más sencillo adoctrinarse a uno mismo que a externos, de manera que aporta mayor riesgo hacerlo a otros que a uno mismo.

21.- Que, en consecuencia, suponen una simple progresión delictivase infiere del hecho de que para adoctrinar a otros es necesario que el sujeto que lo hace previamente se haya preparado y haya adquirido una serie de conocimientos profundizando, en este caso en el salafismo extremo, pues de otro modo no podría servir para conducir a otros en el proceso de radicalización hacía la asunción de comportamientos terroristas, de modo que el delito de adoctrinamiento a terceros absorbe el auto adoctrinamiento, conteniendo exactamente todos sus mismos elementos constitutivos.

22.- En nuestro caso, el recurrente, desde el año 2.023 hasta mayo de 2.024, ha manejado -se le han aprehendido- al menos 3.800 registros en su historial de Internet en sus dispositivos móviles con contenidos -algunos que superan los 5.5 Gb- aptos para despertar en personas proclives -y él lo es, entre las razones señaladas en la sentencia, porque su hermano Adolfo falleció en Siria combatiendo en las filas del DAESH y porque lo hacía a personas de creencias afines- la posibilidad de iniciar comportamientos violentos contra los "enemigos"que señala la propaganda de tal organización criminal terrorista -entre los cuales figura la sociedad occidental en medio de la cual convive a diario-.

23.- No hay duda de la peligrosidad y aptitud para imbuir violencia consecuencia de tanto material recopilado y redifundido por el acusado en tan corto espacio de tiempo: videos violentos -decapitaciones, ejecuciones de personas- del aparato propagandístico del DAESH en archive.org,muy alejados del discurso religioso; ensalzamiento de la actividad violenta radical de activistas y doctrinarios vinculados a tal organización terrorista; constante uso de perfiles virtuales abiertos al público en redes sociales de alta difusión y seguimiento ciudadano (Facebook, Tik Tok, Whatsapp, Snapchat, Azar, Telegram, Google, Android, Instagram...) manejando material apto para convencer y difundir postulados violentos -war media,cómo confeccionar el explosivo C-4, manual del perfecto terrorista, después del Estado Islámico...-; participación en Telegram en 46 chats, un grupo, diez canales con, entre otros, propaganda cruenta de degollamientos; uso de bots para hacer consultas en su Iphone a webs yihadistas del Estado Islámico; propaganda con cautivos en cárceles; ensalzamiento de muyahidines; nasheeds -o cánticos enardecedores-; mosaicos, propaganda del DAESH a través de su rama mediática oficial Amaq, con medidas de seguridad anti detección y técnicas anonimizadoras -skybird, VPN, bots, TOR...-, constantes cambios de denominación en sus cuentas en las redes sociales...., en tal cantidad y corto espacio de tiempo, que no es creíble que las descargara y difundiera "por casualidad"y "sin querer".

24.- La sentencia descarta el hetero adoctrinamiento en que -Hecho TERCERO y RJ PRIMERO.4-, aunque el acusado intentó instruir y alentó desde sus diversos perfiles en redes sociales a que terceras personas "se incorporasen a las ideas radicales y violentas del yihadismo del ..DAESH....con idea de favorecer sus detestables objetivos",poniéndoles a su disposición el numeroso material propagandístico y violento que describen los Hechos Probados, "no se ha constatado con los supuestos interlocutores se hubieran puesto en contacto con el acusado para manifestarles su adhesión a tan ilícita causa terrorista; de forma que la apertura de redes no resultaron eficaces para que aquéllos dieran un paso más de adhesión y de acción que los meramente contemplativos de los violentos vídeos y extremistas discursos y manuscritos que ponía en red".

25. - De modo que lo anterior tan sólo excluye el único extremo diferencial -el hetero adoctrinamiento- con el propio delito que sí ha quedado acreditado y castigado -el auto adoctrinamiento- que, en aplicación de la jurisprudencia descrita, en especial la derivada de la s TJUE 9 de noviembre de 2023, caso BK ,desde la óptica del respeto al derecho de defensa, al no contener elementos constitutivos sustanciales sobre los que su representación no se hubiese podido pronunciar de forma contradictoria en el plenario, y haberse todos descartado, no le ha generado ningún tipo de efectiva indefensión,al haberse mantenido la identidad fáctica-respeto al relato de la acusación, sobre el que no se ha incluido ningún hecho no apreciado por aquella- y la jurídica-pues había homogeneidad del bien jurídico protegido y no hubo componente concreto distinto del que la Defensa no hubiese podido combatir ( s TC 33/2003, de 13 de febrero FJ 4º)-. No hay modificación esencial, pero tampoco impedimento defensivo.

26.- Respecto de esta última óptica, refiriéndonos a lo que la s TS 112/2024, de 6 de febrero matiza, al considerar que la Defensa debe conocer la acusación implícita descendente -en casos como el presente, como ocurriría también si la acusación por organización criminal deviene en condena por grupo criminal, o la de robo en hurto- para que pueda, en su caso, "organizar la defensa de otra manera",en línea con lo igualmente indicado en el FJ 45 y 46 de la s TJUE 9 de noviembre de 2023, caso BK ,remitirnos a la nuestra, expuesta -FJ 1-30-, con cita de normativa de Derecho comparado -FJ 9- en la s 32/2025 Sala Apelación Audiencia Nacional, de 8 de octubre de 2025, que exigía -FJ 24- para ese caso interpretaciones que huyesen del formalismo literal y la abstracción para analizar en el caso si se ha generado o no "efectiva indefensión" - en la línea siempre exigida por el TC, como muestra en su s TC 95/2020, de 20 de julio- exigiendo la oportuna "trascendencia material" que en este supuesto no concurre, pues, además de que en el núcleo principal de la prueba de cargo el Tribunal examina y valora lo mismo para sendos delitos -la ingente documentación intervenida al recurrente en sus dispositivos-, la Defensa recurrente no formula ni exterioriza en su recurso concretas alternativas líneas de Defensa reales y autónomas que hubiera desplegado -al margen de las atenuantes ex postsin relación con el delito concreto esgrimidas para crear el siguiente motivo de recurso-, y su incidencia material en su derecho de defensa o en el de a la tutela judicial efectiva, que, en consecuencia, no se han visto vulnerados.

El motivo se desestima.

27.- SEGUNDO-En segundo lugar, el recurrente alega indebida inaplicación de preceptos legales (21.4 y 7 CP y 579 bis 3 y 4 CP) esto es, no aplicación de la atenuante de confesión tardíao la de arrepentimiento en terrorismo,al considerar que en el Plenario el recurrente reconoció abiertamente su autoadoctrinamiento, achacándolo a "su curiosidad, situación de calle, abuso de las drogas y haber sido contactado por la Policía por el hecho de ser su hermano persona fallecida en Siria combatiendo por el DAESH"a la vez que mostró su arrepentimiento renunciando a relacionarse en el futuro con esa organización criminal, razón por la que solicita se le aplique como muy cualificada la atenuación que recoge el Art. 21.4 y 7 CP, y si no , la del Art. 579 bis 3 y 4 CP.

28.- Reprocha a este motivo la representación del Ministerio Fiscal en su escrito de impugnación que, además de sorpresiva y novedosa, la alegación, que quedó indebatida, es incierta, pues el acusado "en ningún momento reconoció los hechos por los que se le acusaba"y sí negó "la esencia de la conducta imputable".

29.- Visionada la grabación de su declaración en el Plenario, efectivamente, bastaría para desechar el motivo de recurso entender que no fue la actitud en el mismo allí ni de reconocimiento de los hechos ni de arrepentimiento por los mismos (a menudo manifiesta no saber en una clara actitud evasiva aseverando haber descargado archivos sin querer -"me sale"-),por lo que su alegación extemporánea y novedosa se entiende exclusivamente como una manera no basada en la realidad de querer reformular la inexistencia de alternativa defensiva real y autónomadenunciada ahora respecto de su actitud para combatir la inexistente indefensión indicada al descartar el motivo precedente.

30.- Pero es que además, y en cualquier caso, hay que recordar que para la aplicación de las atenuantes alegadas (ex Arts. 21.4 y 7 y 579 bis 3 y 4 CP) no bastaría con manifestar en juicio una contrición que las mismas no exigen, pues su fundamento reductor de la pena es más objetivo y conlleva siempre una colaboración eficaz, sustancial y de peso, hecha al margen y que vaya más allá de lo que ya se sabe y tiene por probado en autos, que en este caso el acusado no ha llevado a cabo, de manera que reporte alguna ventaja de economía o reducción de la actividad procesal a remunerar penológicamente -como habría ocurrido si hubiese operado, por ejemplo, algún grado de conformidad-,tal y como se desprende de las s TS 708/2014, de 10-11; 167/2017, de 5-4; 44/2023, de 30-1; 1157/2024, de 18-12: "la razón de la atenuante de confesión no está en el factor subjetivo de pesar y contrición, sino en el dato objetivo de la realización de actos de colaboración a la investigación del delito".

31.- No siendo, en consecuencia, la extemporánea confesión alegada "veraz en lo sustancial",no caben aplicaciones atenuatorias analógicas por falta de fundamento, pues como indica la s TS 83/2026, de 5 de febrero, las atenuantes de análoga significación "no pueden alcanzar nunca al supuesto de que falten los requisitos básicos para ser estimada una concreta atenuante, porque eso equivaldría a crear atenuantes incompletas o a permitir la infracción de la norma",de manera que habiéndose acogido por la jurisprudencia ( s TS. 10.3.2004) como circunstancia analógica de confesión la realización de actos de colaboración con los fines de la Justicia cuando ya se ha iniciado la investigación de los hechos con el acusado ( s TS. 20.10.97, 30.11.96, 17.9.99) -confesión tardía-, no puede sin embargo hacerse en aquellas, como la aquí enjuiciada que, además de ser inveraces, no sólo no buscan colaborar y ayudar a la Justicia -lo que constituye el fundamento de política criminal que justificaría la atenuante analógica ex post factoaducida- , sino antes bien, como en el caso, confundirla y engañarla, lo que poco tiene de eficaz, serio y relevante en el esclarecimiento de "la intervención de otros individuos en los hechos enjuiciados ( s TS. 14.5.2001 , 24.7.2002 )"debiendo ser desestimada, por inveraz, al no poder contemplarse en supuestos en que sea "tendenciosa, equivoca y falsa, exigiéndose que no oculte elementos relevantes y que no añada falsamente otros diferentes, de manera que se ofrezca una versión irreal".

32.- Jurisprudencia extensible a la figura atenuatoria del Art. 579 bis 3 y 4 CP alegado, pues ni obra "abandono voluntario de sus actividades delictivas",más bien, como decimos, de su declaración evasiva y no reconocedora de culpa se desprende que ni hay "confesión de los hechos en que ha participado, ni colaboración activa para impedir la producción del delito",ni actuación positiva alguna que coadyuvase "eficazmente a la obtención de pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables, o para impedir la actuación o el desarrollo"de la organización terrorista DAESH, ni el hecho enjuiciado es "de objetiva menor gravedad , ni el medio empleado ni el resultado obtenido es"banal, pues como decimos, 3.800 registros en su historial de Internet en sus dispositivos móviles con contenidos aptos para convencer del pase a la acción terrorista, generan un riesgo nada despreciable que no cabe banalizar ni premiar con reducciones penológicas.

El motivo se desestima.

33. - TERCERO- COSTAS:Al no haberse apreciado en los motivos de impugnación del recurrente ni temeridad ni mala fe ( s TS 286/2019 de 30 de mayo) en esta segunda instancia, se deben declarar de oficio las costas de esta apelación.

Vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación:

1.- PRIMERO. -

En primer lugar, la representación procesal de Jose Daniel, alega quebrantamiento de normas y garantías procesales que le han producido indefensión, indicando resumidamente que al haber sido acusado por el Fiscal por delito de adoctrinamiento terrorista a terceros ( Art. 575.1 CP) , y resultar haber sido finalmente condenado por autoadoctrinamiento terrorista ( Art. 575.2 CP) , se le ha impedido articular su defensa sobre tipo penal diferente, dado que tienen elementos distintos, en especial el subjetivo, vulnerando el principio acusatorio y sus derechos a la seguridad jurídica y a un proceso con todas las garantías y a su Defensa, impetrando, en consecuencia, la nulidad de la sentencia apelada, para retrotraer las actuaciones al momento de dictar sentencia respetando el indicado principio.

2.- La sentencia impugnada (FJ 1º), efectivamente condena por un delito de auto adoctrinamiento o adoctrinamiento pasivo ( Art. 575.2 CP) , haciendo un extenso estudio doctrinal y jurisprudencial de sus elementos constitutivos (puntos 1 a 3) aplicándolo (punto 4) a los Hechos del caso, a la par que expresamente excluye la aplicación del tipo penal consignado en el Art. 577.2 CP de adoctrinamiento terrorista o auto adoctrinamiento (Hecho probado TERCERO y punto 4 in fine y epígrafe c),que fue el interesado concretamente por la representante del Ministerio Fiscal, justificándolo en que se trata de tipos penales homogéneos.

3.- Iniciaremos el análisis de la queja del recurrente recordando la jurisprudencia existente en lo que hace a la doble perspectiva argüida referente a los íntimamente relacionados principio acusatorio y derechos a ser informado de la acusación y a poderse defender de ella.

4.- Sobre esa doble perspectiva combinada, que tras la s TJUE 9 de noviembre 2023, caso BK ,cada vez se ha ido matizando más, hay que comenzar recordando que, como indica el Tribunal Constitucionalimpone la exigencia de que el investigado/acusado tenga posibilidad de rechazar la acusación contra él formulada tras la celebración del necesario debate contradictorio en el que haya tenido oportunidad de conocer y rebatir los argumentos de la otra parte y presentar ante el Juez los propios, tanto los de carácter fáctico, como los de naturaleza jurídica ( s TC 53/1987, de 7 de mayo; 4/2002, de 14 de enero): "Nadie puede ser condenado si no se ha formulado contra él una acusación de la que haya tenido oportunidad de defenderse en forma contradictoria, estando, por ello, obligado el Juez o Tribunal a pronunciarse dentro de los términos del debate, tal y como han sido formulados por la Acusación y la Defensa, lo cual, a su vez, significa que en última instancia ha de existir siempre correlación entre la acusación y el fallo de la sentencia"( s TC 11/1992, de 27 de enero; 95/1995, de 19 de junio, 36/1996, de 11 de marzo, 4/2002, de 14 de enero; 228/2002,de 9 de diciembre; 35/2004, de 8 de marzo, 7/2005, de 4 de abril, 40/2004 de 22 de marzo y 183/2005 de 4de julio).

5.- Exigencia que también la jurisprudencia del Tribunal Supremo( s TS 86/2018, de 19 de febrero y 207/2018, de 3 de mayo) ha venido aplicando e interpretando en el sentido de que "impide que en la sentencia puedan introducirse sorpresivamente valoraciones jurídicas nuevas que, por tal motivo, la Defensa no haya tenido ocasión de rebatir. Juega ese derecho absolutamente cuando se trata de valoraciones jurídicas agravatorias en la medida en que desbordan los límites de la acusación frente a la que se articuló la defensa. Y puede operar también, aunque los puntos de vista jurídicos representen una atenuaciónfrente a los esgrimidos por las acusaciones, si esas atenuaciones se apartan de la línea acusatoria desplegada previamente; es decir si, ni siquiera implícitamente,estaban recogidas en los escritos de acusación. Sucede esto cuando el delito objeto de condena no es homogéneocon el delito objeto de acusación. Si en la sentencia se cambia la calificación articulada por la acusación en términos que van más allá de un simple prescindir de algunos elementos de la acusación,y que introducen perspectivas nuevas, se vulneraria el derecho a ser informado de la acusación pues, la Defensa no tuvo ocasión de rebatir esa nueva valoración jurídica" ( s TS 112/2024 de 6 de febrero).

6.- "L as exigencias del derecho de defensa y a ser informado de la acusaciónreclaman un mecanismo previo a la sentencia, para que la Defensa pueda conocer y argumentar frente a esa posible valoración jurídica nueva. Lo decisivo, tratándose del derecho a ser informado de la acusación, es, tal como expone la s TS 1187/2011, de 2 de noviembre , no el ajuste mimético de la sentencia con la acusación, sino consideraciones más de fondo que lleven a indagar si se ha producido un menoscabo de las posibilidades de defensapor no haberse explicitado la acusación. Las circunstancias de cada supuesto condicionarán la solución. Es preciso dilucidar en el caso concretosi en la situación analizada la variación del delito objeto de condena era previsible, lo que nos deriva a cierto casuismo.No bastan normalmente afirmaciones generales axiomáticas", continúa diciendo esta última resolución, mientras analiza el supuesto robo-hurto, homicidio doloso-homicidio culposo, lesiones-maltrato familiar, coacciones-agresión sexual, coacciones-detención ilegal, lesiones culposas-lesiones dolosas, ....

7.- Entre las recientes, la s TS 123/2025, de 13 de febrero, pese a que se acusó de delitos de agresión sexual violentos y se condenó por abuso sexual, no se apreció vulneración del principio acusatorio porque la Defensa pudo en el plenario contradecir los elementos discrepantes de violencia/intimidación y penetración inconcurrentes, no generándose ningún tipo de indefensión,habiéndose mantenido la identidad fáctica-respeto al relato fáctico de la acusación, sin inclusión de hechos no apreciados por aquella- y la jurídica-pues había homogeneidad del bien jurídico protegido y no hubo componente concreto distinto del que la Defensa no hubiese podido combatir-.

8.- Ya en el ámbito de los delitos de terrorismo,es paradigmática la s TS 107/2024, de 1 de febrero, en un caso en que, resumidamente, se acusaba al responsable como posible autor de un delito de integración en organización terrorista del Art. 572 CP o, alternativamente, de un delito de colaboración con organización terrorista del Art. 577.1 y 2 CP, resultando finalmente condenado por uno de enaltecimiento y justificación del terrorismo del Art. 578 CP, y en donde, más allá, por tanto, de la posibilidad de configurar una homogeneidad fáctica y jurídica descendente entre las conductas de colaboración, tras la interpretación que el TJUE realiza de las exigencias del Art. 6.4 de la Directiva 2012/13, debe comunicarse en todo caso al acusado la nueva calificación considerada por el Tribunal, y como eso no se hizo en el caso, el TS casa y revoca el pronunciamiento condenatorio.

9.- El análisis de la posible homogeneidad-identidad fáctica y jurídica- entre los concretos hechos y tipos penales controvertidos (el acusado y el condenado), con independencia de que agraven o atenúen la pena figurada, no sólo supone que 1) -óptica penal- "el delito acusado deba contener el núcleo del tipo penal aplicado"y "una misma línea de tutela de valores jurídicos"- s TS 565/2019, de 19 noviembre-, sino también y además 2) -óptica procesal- "debe desprenderse del debate en el plenario que la Defensa comprendió toda la facticidad tenida en cuenta en la resolución, no identificándose asomo alguno de indefensión",pues si el cambio del título de imputación priva a la parte pasiva "de alguna posibilidad de defensa en tanto no era previsible de forma alguna la aparición de esa figura, habrá infracción del acusatorio"-más bien del derecho a conocer la acusación y poder defenderse de ella-, siempre que, en el caso de la homogeneidad descendente, la "nueva"o "diferente"línea de defensa impedida derive de algún tipo explícito de concreta indefensión.

10.- Como venimos adelantando, y por su parte, el TJUE,resolviendo una cuestión prejudicial referente al Art. 6 de la Directiva 2012/13, en su s 9 de noviembre de 2023, caso BKseñala que, para salvaguardar la equidad del procedimiento y permitir el ejercicio efectivo del derecho de defensa, la información sobre la acusación a proporcionar a la Defensa debe ser detallada e incluir la calificación jurídica del delito.

11.- "El Tribunal de Justicia admite que la información relativa a la acusación transmitida a la Defensa sea modificada con posterioridad, singularmente en lo que atañe a la calificación jurídica. No obstante, tales variaciones deben comunicarse a la Defensa en un momento en el que disponga aún de la oportunidad de reaccionar eficazmente, antes de la fase de deliberación ( Art. 6, apartado 4, de la Directiva 2012/13 ): "...cualquier modificación de la calificación jurídica de los hechos por el Órgano Jurisdiccional que conoce del fondo en un asunto penal puede tener una incidencia determinante en el ejercicio de los derechos de la Defensa y en la equidad del procedimiento, en el sentido del artículo 6, apartado 4, de la Directiva 2012/13 . Así sucede, por un lado, cuando el nuevo delito considerado se compone de elementos constitutivos nuevos,sobre los que el acusado aún no ha tenido la oportunidad de presentar sus alegaciones. En tal situación, es manifiestamente necesario, para salvaguardar la equidad del procedimiento, como exige el artículo 6, apartado 4, de la Directiva 2012/13 , que el Órgano Jurisdiccional penal que resuelva sobre el fondo informe con la debida antelaciónal acusado o a su Abogado de la nueva calificación considerada, en un momento que le permita preparar eficazmente su defensa,y le ofrezca la oportunidad de ejercer los derechos de la defensa de manera concreta y efectiva con respecto a ella".

12.- Y como añade la s TS112/2024 de 6 de febrero que seguimos: "Por otra parte, aun en el supuesto de que el nuevo delito considerado no incluya un nuevo elemento constitutivo en relación con el delito por el que se había optado previamente, de modo que el acusado haya tenido la oportunidad, durante el procedimiento, de presentar sus alegaciones sobre la totalidad de los elementos constitutivos de este nuevo delito,la nueva calificación del delito por el Órgano Jurisdiccional penal que resuelve sobre el fondo puede, no obstante, tener una incidencia nada desdeñable en el ejercicio de los derechos de la defensa. En efecto, no cabe excluir que la persona acusada a quien se informe de la nueva calificación considerada organice su defensa de otra manera". Prosigue: "Es preciso subrayar, además, que carece de toda pertinencia, en este contexto, la circunstancia de que la nueva calificación no pueda dar lugar a la aplicación de una pena más severa. En efecto, la equidad del procedimiento exige que el acusado pueda ejercer plenamente los derechos de la defensa. Pues bien, la mayor o menor gravedad de la pena impuestano guarda relación con la cuestión de si estos derechos han podido ejercerse".

13.- "De ello se sigue que cuando un órgano jurisdiccional que decida sobre el fondo en un asunto penal pretenda calificar nuevamente el delito debe informar con la debida antelación al acusado o a su Abogado de la nueva calificación considerada, en un momento y en condiciones tales que le permitan preparar eficazmente su defensa, y ofrecerle la oportunidad de ejercer los derechos de la defensa de manera concreta y efectiva con respecto a tal calificación, con la finalidad de salvaguardar la equidad del procedimiento, en el sentido del artículo 6, apartado 4, de la Directiva 2012/13 .".

14.- "La interpretación contenida en el apartado anterior se ve confirmada por los objetivos de la Directiva 2012/13 . En efecto, como se desprende de sus considerandos 3, 9 y 14, esta Directiva, mediante el establecimiento de normas mínimas comunes en lo que se refiere a la información sobre los derechos y la acusación que se habrá de proporcionar a las personas sospechosas o acusadas de haber cometido una infracción penal, tiene por objeto mejorar la confianza mutua entre los Estados miembros y, por tanto, facilitar el reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales en materia penal".

15.- "Pues bien, como ha señalado, en esencia, la Abogada General en los puntos 59 a 71 de sus conclusiones, la interpretación realizada en el apartado 47 de la presente sentencia, bajo la forma de una norma clara y de aplicación simple en lo que respecta a la obligación del Órgano Jurisdiccional que conoce del fondo de un asunto penal de informar a la persona acusada con la debida antelación cuando dicho órgano jurisdiccional pretende calificar nuevamente el delito, contribuye al respeto de los derechos de la defensa y a la equidad del procedimiento penal en los Estados miembros. Así, tal interpretación refuerza la confianza mutua entre esos Estados y, por tanto, facilita el reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales en materia penal, de conformidad con los objetivos perseguidos por dicha Directiva".

16.- Para que la Defensa conozca la calificación penal alternativa en un momento procesal que le permita adecuar su estrategia de defensa, al margen de la homogeneidad o no de los elementos constitutivos y la mayor o menor gravedad penológica de la nueva calificación penal, nuestro sistema procesal arbitra, por un lado, la posibilidad de que la Acusación formule en sus conclusiones definitivas calificaciones alternativas( Art. 653 LECrim) o que la Sala, si antes de deliberar y en el desarrollo del plenario lo ve claro -cuestión harto discutible- haga uso del planteamiento de la tesis( Art. 733 LECrim) . Ninguna de las dos opciones ocurrió en nuestro caso.

17.- Siendo conscientes de las matizaciones y precisiones jurisprudenciales citadas, desde la perspectiva procesal de un racional análisis de la efectiva materialización del derecho de defensa, no obstante, pensamos que, en el caso concreto de nuestro supuesto, se debe desestimar este motivo de recurso.

18.- En efecto, entrando en el caso concreto enjuiciado observamos que entre el delito acusado (hetero adoctrinamiento) sancionado en el Art. 577.2 CP y el condenado (auto adoctrinamiento) recogido en el Art. 575.2 CP, al margen de la decisión del legislador de tipificarlo en preceptos diferentes y con distinta pena, no existe más que una sutil progresión delictiva,ya que ambos comparten los mismos elementos constitutivos del tipo (adoctrinar), incluido el elemento subjetivo -que es el que el recurrente entiende discrepante-, pues en los dos el adoctrinamiento debe ir dirigido al denominado jurisprudencialmente "pase a la acción",que es la contribución en favor de la organización terrorista y el núcleo del peligro que explica su antijuridicidad -y en el caso de los Hechos Probados se deduce que el recurrente pretende compartir los fines de la organización criminal, contribuyendo a ellos mediante la enseñanza de los aspectos violentos prohibidos de sus postulados con aptitud para hacerlo-.

19.- Ambos delitos castigan el riesgo que para las hipotéticas acciones terroristas de futuro genera el hecho de enseñar doctrina que el Pasado demuestra provoca e incita -siempre que sea apta para provocar la idea de cometer delitos terroristas-, conllevando a quien la asume -radicalización- a "pasar a la acción",difiriendo sólo en que uno lo hace sobre terceros y el otro respecto de uno mismo.

20.- Ambos preceptos combaten el mismo riesgo, tutelan el mismo bien jurídico -los dos suponen una contribución a los fines terroristas procurando posibles futuros activistas mediante la enseñanza a través de sus aparatos de propaganda de los postulados violentos de una determinada organización terrorista-, y sólo difieren en quién sea el sujeto sobre el que se vierten tales enseñanzas, residiendo la mayor venialidad de la conducta sancionada en el Art. 575.2 CP en que siempre es más sencillo adoctrinarse a uno mismo que a externos, de manera que aporta mayor riesgo hacerlo a otros que a uno mismo.

21.- Que, en consecuencia, suponen una simple progresión delictivase infiere del hecho de que para adoctrinar a otros es necesario que el sujeto que lo hace previamente se haya preparado y haya adquirido una serie de conocimientos profundizando, en este caso en el salafismo extremo, pues de otro modo no podría servir para conducir a otros en el proceso de radicalización hacía la asunción de comportamientos terroristas, de modo que el delito de adoctrinamiento a terceros absorbe el auto adoctrinamiento, conteniendo exactamente todos sus mismos elementos constitutivos.

22.- En nuestro caso, el recurrente, desde el año 2.023 hasta mayo de 2.024, ha manejado -se le han aprehendido- al menos 3.800 registros en su historial de Internet en sus dispositivos móviles con contenidos -algunos que superan los 5.5 Gb- aptos para despertar en personas proclives -y él lo es, entre las razones señaladas en la sentencia, porque su hermano Adolfo falleció en Siria combatiendo en las filas del DAESH y porque lo hacía a personas de creencias afines- la posibilidad de iniciar comportamientos violentos contra los "enemigos"que señala la propaganda de tal organización criminal terrorista -entre los cuales figura la sociedad occidental en medio de la cual convive a diario-.

23.- No hay duda de la peligrosidad y aptitud para imbuir violencia consecuencia de tanto material recopilado y redifundido por el acusado en tan corto espacio de tiempo: videos violentos -decapitaciones, ejecuciones de personas- del aparato propagandístico del DAESH en archive.org,muy alejados del discurso religioso; ensalzamiento de la actividad violenta radical de activistas y doctrinarios vinculados a tal organización terrorista; constante uso de perfiles virtuales abiertos al público en redes sociales de alta difusión y seguimiento ciudadano (Facebook, Tik Tok, Whatsapp, Snapchat, Azar, Telegram, Google, Android, Instagram...) manejando material apto para convencer y difundir postulados violentos -war media,cómo confeccionar el explosivo C-4, manual del perfecto terrorista, después del Estado Islámico...-; participación en Telegram en 46 chats, un grupo, diez canales con, entre otros, propaganda cruenta de degollamientos; uso de bots para hacer consultas en su Iphone a webs yihadistas del Estado Islámico; propaganda con cautivos en cárceles; ensalzamiento de muyahidines; nasheeds -o cánticos enardecedores-; mosaicos, propaganda del DAESH a través de su rama mediática oficial Amaq, con medidas de seguridad anti detección y técnicas anonimizadoras -skybird, VPN, bots, TOR...-, constantes cambios de denominación en sus cuentas en las redes sociales...., en tal cantidad y corto espacio de tiempo, que no es creíble que las descargara y difundiera "por casualidad"y "sin querer".

24.- La sentencia descarta el hetero adoctrinamiento en que -Hecho TERCERO y RJ PRIMERO.4-, aunque el acusado intentó instruir y alentó desde sus diversos perfiles en redes sociales a que terceras personas "se incorporasen a las ideas radicales y violentas del yihadismo del ..DAESH....con idea de favorecer sus detestables objetivos",poniéndoles a su disposición el numeroso material propagandístico y violento que describen los Hechos Probados, "no se ha constatado con los supuestos interlocutores se hubieran puesto en contacto con el acusado para manifestarles su adhesión a tan ilícita causa terrorista; de forma que la apertura de redes no resultaron eficaces para que aquéllos dieran un paso más de adhesión y de acción que los meramente contemplativos de los violentos vídeos y extremistas discursos y manuscritos que ponía en red".

25. - De modo que lo anterior tan sólo excluye el único extremo diferencial -el hetero adoctrinamiento- con el propio delito que sí ha quedado acreditado y castigado -el auto adoctrinamiento- que, en aplicación de la jurisprudencia descrita, en especial la derivada de la s TJUE 9 de noviembre de 2023, caso BK ,desde la óptica del respeto al derecho de defensa, al no contener elementos constitutivos sustanciales sobre los que su representación no se hubiese podido pronunciar de forma contradictoria en el plenario, y haberse todos descartado, no le ha generado ningún tipo de efectiva indefensión,al haberse mantenido la identidad fáctica-respeto al relato de la acusación, sobre el que no se ha incluido ningún hecho no apreciado por aquella- y la jurídica-pues había homogeneidad del bien jurídico protegido y no hubo componente concreto distinto del que la Defensa no hubiese podido combatir ( s TC 33/2003, de 13 de febrero FJ 4º)-. No hay modificación esencial, pero tampoco impedimento defensivo.

26.- Respecto de esta última óptica, refiriéndonos a lo que la s TS 112/2024, de 6 de febrero matiza, al considerar que la Defensa debe conocer la acusación implícita descendente -en casos como el presente, como ocurriría también si la acusación por organización criminal deviene en condena por grupo criminal, o la de robo en hurto- para que pueda, en su caso, "organizar la defensa de otra manera",en línea con lo igualmente indicado en el FJ 45 y 46 de la s TJUE 9 de noviembre de 2023, caso BK ,remitirnos a la nuestra, expuesta -FJ 1-30-, con cita de normativa de Derecho comparado -FJ 9- en la s 32/2025 Sala Apelación Audiencia Nacional, de 8 de octubre de 2025, que exigía -FJ 24- para ese caso interpretaciones que huyesen del formalismo literal y la abstracción para analizar en el caso si se ha generado o no "efectiva indefensión" - en la línea siempre exigida por el TC, como muestra en su s TC 95/2020, de 20 de julio- exigiendo la oportuna "trascendencia material" que en este supuesto no concurre, pues, además de que en el núcleo principal de la prueba de cargo el Tribunal examina y valora lo mismo para sendos delitos -la ingente documentación intervenida al recurrente en sus dispositivos-, la Defensa recurrente no formula ni exterioriza en su recurso concretas alternativas líneas de Defensa reales y autónomas que hubiera desplegado -al margen de las atenuantes ex postsin relación con el delito concreto esgrimidas para crear el siguiente motivo de recurso-, y su incidencia material en su derecho de defensa o en el de a la tutela judicial efectiva, que, en consecuencia, no se han visto vulnerados.

El motivo se desestima.

27.- SEGUNDO-En segundo lugar, el recurrente alega indebida inaplicación de preceptos legales (21.4 y 7 CP y 579 bis 3 y 4 CP) esto es, no aplicación de la atenuante de confesión tardíao la de arrepentimiento en terrorismo,al considerar que en el Plenario el recurrente reconoció abiertamente su autoadoctrinamiento, achacándolo a "su curiosidad, situación de calle, abuso de las drogas y haber sido contactado por la Policía por el hecho de ser su hermano persona fallecida en Siria combatiendo por el DAESH"a la vez que mostró su arrepentimiento renunciando a relacionarse en el futuro con esa organización criminal, razón por la que solicita se le aplique como muy cualificada la atenuación que recoge el Art. 21.4 y 7 CP, y si no , la del Art. 579 bis 3 y 4 CP.

28.- Reprocha a este motivo la representación del Ministerio Fiscal en su escrito de impugnación que, además de sorpresiva y novedosa, la alegación, que quedó indebatida, es incierta, pues el acusado "en ningún momento reconoció los hechos por los que se le acusaba"y sí negó "la esencia de la conducta imputable".

29.- Visionada la grabación de su declaración en el Plenario, efectivamente, bastaría para desechar el motivo de recurso entender que no fue la actitud en el mismo allí ni de reconocimiento de los hechos ni de arrepentimiento por los mismos (a menudo manifiesta no saber en una clara actitud evasiva aseverando haber descargado archivos sin querer -"me sale"-),por lo que su alegación extemporánea y novedosa se entiende exclusivamente como una manera no basada en la realidad de querer reformular la inexistencia de alternativa defensiva real y autónomadenunciada ahora respecto de su actitud para combatir la inexistente indefensión indicada al descartar el motivo precedente.

30.- Pero es que además, y en cualquier caso, hay que recordar que para la aplicación de las atenuantes alegadas (ex Arts. 21.4 y 7 y 579 bis 3 y 4 CP) no bastaría con manifestar en juicio una contrición que las mismas no exigen, pues su fundamento reductor de la pena es más objetivo y conlleva siempre una colaboración eficaz, sustancial y de peso, hecha al margen y que vaya más allá de lo que ya se sabe y tiene por probado en autos, que en este caso el acusado no ha llevado a cabo, de manera que reporte alguna ventaja de economía o reducción de la actividad procesal a remunerar penológicamente -como habría ocurrido si hubiese operado, por ejemplo, algún grado de conformidad-,tal y como se desprende de las s TS 708/2014, de 10-11; 167/2017, de 5-4; 44/2023, de 30-1; 1157/2024, de 18-12: "la razón de la atenuante de confesión no está en el factor subjetivo de pesar y contrición, sino en el dato objetivo de la realización de actos de colaboración a la investigación del delito".

31.- No siendo, en consecuencia, la extemporánea confesión alegada "veraz en lo sustancial",no caben aplicaciones atenuatorias analógicas por falta de fundamento, pues como indica la s TS 83/2026, de 5 de febrero, las atenuantes de análoga significación "no pueden alcanzar nunca al supuesto de que falten los requisitos básicos para ser estimada una concreta atenuante, porque eso equivaldría a crear atenuantes incompletas o a permitir la infracción de la norma",de manera que habiéndose acogido por la jurisprudencia ( s TS. 10.3.2004) como circunstancia analógica de confesión la realización de actos de colaboración con los fines de la Justicia cuando ya se ha iniciado la investigación de los hechos con el acusado ( s TS. 20.10.97, 30.11.96, 17.9.99) -confesión tardía-, no puede sin embargo hacerse en aquellas, como la aquí enjuiciada que, además de ser inveraces, no sólo no buscan colaborar y ayudar a la Justicia -lo que constituye el fundamento de política criminal que justificaría la atenuante analógica ex post factoaducida- , sino antes bien, como en el caso, confundirla y engañarla, lo que poco tiene de eficaz, serio y relevante en el esclarecimiento de "la intervención de otros individuos en los hechos enjuiciados ( s TS. 14.5.2001 , 24.7.2002 )"debiendo ser desestimada, por inveraz, al no poder contemplarse en supuestos en que sea "tendenciosa, equivoca y falsa, exigiéndose que no oculte elementos relevantes y que no añada falsamente otros diferentes, de manera que se ofrezca una versión irreal".

32.- Jurisprudencia extensible a la figura atenuatoria del Art. 579 bis 3 y 4 CP alegado, pues ni obra "abandono voluntario de sus actividades delictivas",más bien, como decimos, de su declaración evasiva y no reconocedora de culpa se desprende que ni hay "confesión de los hechos en que ha participado, ni colaboración activa para impedir la producción del delito",ni actuación positiva alguna que coadyuvase "eficazmente a la obtención de pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables, o para impedir la actuación o el desarrollo"de la organización terrorista DAESH, ni el hecho enjuiciado es "de objetiva menor gravedad , ni el medio empleado ni el resultado obtenido es"banal, pues como decimos, 3.800 registros en su historial de Internet en sus dispositivos móviles con contenidos aptos para convencer del pase a la acción terrorista, generan un riesgo nada despreciable que no cabe banalizar ni premiar con reducciones penológicas.

El motivo se desestima.

33. - TERCERO- COSTAS:Al no haberse apreciado en los motivos de impugnación del recurrente ni temeridad ni mala fe ( s TS 286/2019 de 30 de mayo) en esta segunda instancia, se deben declarar de oficio las costas de esta apelación.

Vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación:

1.- PRIMERO. -

En primer lugar, la representación procesal de Jose Daniel, alega quebrantamiento de normas y garantías procesales que le han producido indefensión, indicando resumidamente que al haber sido acusado por el Fiscal por delito de adoctrinamiento terrorista a terceros ( Art. 575.1 CP), y resultar haber sido finalmente condenado por autoadoctrinamiento terrorista ( Art. 575.2 CP), se le ha impedido articular su defensa sobre tipo penal diferente, dado que tienen elementos distintos, en especial el subjetivo, vulnerando el principio acusatorio y sus derechos a la seguridad jurídica y a un proceso con todas las garantías y a su Defensa, impetrando, en consecuencia, la nulidad de la sentencia apelada, para retrotraer las actuaciones al momento de dictar sentencia respetando el indicado principio.

2.- La sentencia impugnada (FJ 1º), efectivamente condena por un delito de auto adoctrinamiento o adoctrinamiento pasivo ( Art. 575.2 CP), haciendo un extenso estudio doctrinal y jurisprudencial de sus elementos constitutivos (puntos 1 a 3) aplicándolo (punto 4) a los Hechos del caso, a la par que expresamente excluye la aplicación del tipo penal consignado en el Art. 577.2 CP de adoctrinamiento terrorista o auto adoctrinamiento (Hecho probado TERCERO y punto 4 in fine y epígrafe c),que fue el interesado concretamente por la representante del Ministerio Fiscal, justificándolo en que se trata de tipos penales homogéneos.

3.- Iniciaremos el análisis de la queja del recurrente recordando la jurisprudencia existente en lo que hace a la doble perspectiva argüida referente a los íntimamente relacionados principio acusatorio y derechos a ser informado de la acusación y a poderse defender de ella.

4.- Sobre esa doble perspectiva combinada, que tras la s TJUE 9 de noviembre 2023, caso BK ,cada vez se ha ido matizando más, hay que comenzar recordando que, como indica el Tribunal Constitucionalimpone la exigencia de que el investigado/acusado tenga posibilidad de rechazar la acusación contra él formulada tras la celebración del necesario debate contradictorio en el que haya tenido oportunidad de conocer y rebatir los argumentos de la otra parte y presentar ante el Juez los propios, tanto los de carácter fáctico, como los de naturaleza jurídica ( s TC 53/1987, de 7 de mayo; 4/2002, de 14 de enero): "Nadie puede ser condenado si no se ha formulado contra él una acusación de la que haya tenido oportunidad de defenderse en forma contradictoria, estando, por ello, obligado el Juez o Tribunal a pronunciarse dentro de los términos del debate, tal y como han sido formulados por la Acusación y la Defensa, lo cual, a su vez, significa que en última instancia ha de existir siempre correlación entre la acusación y el fallo de la sentencia"( s TC 11/1992, de 27 de enero; 95/1995, de 19 de junio, 36/1996, de 11 de marzo, 4/2002, de 14 de enero; 228/2002,de 9 de diciembre; 35/2004, de 8 de marzo, 7/2005, de 4 de abril, 40/2004 de 22 de marzo y 183/2005 de 4de julio).

5.- Exigencia que también la jurisprudencia del Tribunal Supremo( s TS 86/2018, de 19 de febrero y 207/2018, de 3 de mayo) ha venido aplicando e interpretando en el sentido de que "impide que en la sentencia puedan introducirse sorpresivamente valoraciones jurídicas nuevas que, por tal motivo, la Defensa no haya tenido ocasión de rebatir. Juega ese derecho absolutamente cuando se trata de valoraciones jurídicas agravatorias en la medida en que desbordan los límites de la acusación frente a la que se articuló la defensa. Y puede operar también, aunque los puntos de vista jurídicos representen una atenuaciónfrente a los esgrimidos por las acusaciones, si esas atenuaciones se apartan de la línea acusatoria desplegada previamente; es decir si, ni siquiera implícitamente,estaban recogidas en los escritos de acusación. Sucede esto cuando el delito objeto de condena no es homogéneocon el delito objeto de acusación. Si en la sentencia se cambia la calificación articulada por la acusación en términos que van más allá de un simple prescindir de algunos elementos de la acusación,y que introducen perspectivas nuevas, se vulneraria el derecho a ser informado de la acusación pues, la Defensa no tuvo ocasión de rebatir esa nueva valoración jurídica" ( s TS 112/2024 de 6 de febrero).

6.- "L as exigencias del derecho de defensa y a ser informado de la acusaciónreclaman un mecanismo previo a la sentencia, para que la Defensa pueda conocer y argumentar frente a esa posible valoración jurídica nueva. Lo decisivo, tratándose del derecho a ser informado de la acusación, es, tal como expone la s TS 1187/2011, de 2 de noviembre , no el ajuste mimético de la sentencia con la acusación, sino consideraciones más de fondo que lleven a indagar si se ha producido un menoscabo de las posibilidades de defensapor no haberse explicitado la acusación. Las circunstancias de cada supuesto condicionarán la solución. Es preciso dilucidar en el caso concretosi en la situación analizada la variación del delito objeto de condena era previsible, lo que nos deriva a cierto casuismo.No bastan normalmente afirmaciones generales axiomáticas", continúa diciendo esta última resolución, mientras analiza el supuesto robo-hurto, homicidio doloso-homicidio culposo, lesiones-maltrato familiar, coacciones-agresión sexual, coacciones-detención ilegal, lesiones culposas-lesiones dolosas, ....

7.- Entre las recientes, la s TS 123/2025, de 13 de febrero, pese a que se acusó de delitos de agresión sexual violentos y se condenó por abuso sexual, no se apreció vulneración del principio acusatorio porque la Defensa pudo en el plenario contradecir los elementos discrepantes de violencia/intimidación y penetración inconcurrentes, no generándose ningún tipo de indefensión,habiéndose mantenido la identidad fáctica-respeto al relato fáctico de la acusación, sin inclusión de hechos no apreciados por aquella- y la jurídica-pues había homogeneidad del bien jurídico protegido y no hubo componente concreto distinto del que la Defensa no hubiese podido combatir-.

8.- Ya en el ámbito de los delitos de terrorismo,es paradigmática la s TS 107/2024, de 1 de febrero, en un caso en que, resumidamente, se acusaba al responsable como posible autor de un delito de integración en organización terrorista del Art. 572 CP o, alternativamente, de un delito de colaboración con organización terrorista del Art. 577.1 y 2 CP, resultando finalmente condenado por uno de enaltecimiento y justificación del terrorismo del Art. 578 CP, y en donde, más allá, por tanto, de la posibilidad de configurar una homogeneidad fáctica y jurídica descendente entre las conductas de colaboración, tras la interpretación que el TJUE realiza de las exigencias del Art. 6.4 de la Directiva 2012/13, debe comunicarse en todo caso al acusado la nueva calificación considerada por el Tribunal, y como eso no se hizo en el caso, el TS casa y revoca el pronunciamiento condenatorio.

9.- El análisis de la posible homogeneidad-identidad fáctica y jurídica- entre los concretos hechos y tipos penales controvertidos (el acusado y el condenado), con independencia de que agraven o atenúen la pena figurada, no sólo supone que 1) -óptica penal- "el delito acusado deba contener el núcleo del tipo penal aplicado"y "una misma línea de tutela de valores jurídicos"- s TS 565/2019, de 19 noviembre-, sino también y además 2) -óptica procesal- "debe desprenderse del debate en el plenario que la Defensa comprendió toda la facticidad tenida en cuenta en la resolución, no identificándose asomo alguno de indefensión",pues si el cambio del título de imputación priva a la parte pasiva "de alguna posibilidad de defensa en tanto no era previsible de forma alguna la aparición de esa figura, habrá infracción del acusatorio"-más bien del derecho a conocer la acusación y poder defenderse de ella-, siempre que, en el caso de la homogeneidad descendente, la "nueva"o "diferente"línea de defensa impedida derive de algún tipo explícito de concreta indefensión.

10.- Como venimos adelantando, y por su parte, el TJUE,resolviendo una cuestión prejudicial referente al Art. 6 de la Directiva 2012/13, en su s 9 de noviembre de 2023, caso BKseñala que, para salvaguardar la equidad del procedimiento y permitir el ejercicio efectivo del derecho de defensa, la información sobre la acusación a proporcionar a la Defensa debe ser detallada e incluir la calificación jurídica del delito.

11.- "El Tribunal de Justicia admite que la información relativa a la acusación transmitida a la Defensa sea modificada con posterioridad, singularmente en lo que atañe a la calificación jurídica. No obstante, tales variaciones deben comunicarse a la Defensa en un momento en el que disponga aún de la oportunidad de reaccionar eficazmente, antes de la fase de deliberación ( Art. 6, apartado 4, de la Directiva 2012/13 ): "...cualquier modificación de la calificación jurídica de los hechos por el Órgano Jurisdiccional que conoce del fondo en un asunto penal puede tener una incidencia determinante en el ejercicio de los derechos de la Defensa y en la equidad del procedimiento, en el sentido del artículo 6, apartado 4, de la Directiva 2012/13 . Así sucede, por un lado, cuando el nuevo delito considerado se compone de elementos constitutivos nuevos,sobre los que el acusado aún no ha tenido la oportunidad de presentar sus alegaciones. En tal situación, es manifiestamente necesario, para salvaguardar la equidad del procedimiento, como exige el artículo 6, apartado 4, de la Directiva 2012/13 , que el Órgano Jurisdiccional penal que resuelva sobre el fondo informe con la debida antelaciónal acusado o a su Abogado de la nueva calificación considerada, en un momento que le permita preparar eficazmente su defensa,y le ofrezca la oportunidad de ejercer los derechos de la defensa de manera concreta y efectiva con respecto a ella".

12.- Y como añade la s TS112/2024 de 6 de febrero que seguimos: "Por otra parte, aun en el supuesto de que el nuevo delito considerado no incluya un nuevo elemento constitutivo en relación con el delito por el que se había optado previamente, de modo que el acusado haya tenido la oportunidad, durante el procedimiento, de presentar sus alegaciones sobre la totalidad de los elementos constitutivos de este nuevo delito,la nueva calificación del delito por el Órgano Jurisdiccional penal que resuelve sobre el fondo puede, no obstante, tener una incidencia nada desdeñable en el ejercicio de los derechos de la defensa. En efecto, no cabe excluir que la persona acusada a quien se informe de la nueva calificación considerada organice su defensa de otra manera". Prosigue: "Es preciso subrayar, además, que carece de toda pertinencia, en este contexto, la circunstancia de que la nueva calificación no pueda dar lugar a la aplicación de una pena más severa. En efecto, la equidad del procedimiento exige que el acusado pueda ejercer plenamente los derechos de la defensa. Pues bien, la mayor o menor gravedad de la pena impuestano guarda relación con la cuestión de si estos derechos han podido ejercerse".

13.- "De ello se sigue que cuando un órgano jurisdiccional que decida sobre el fondo en un asunto penal pretenda calificar nuevamente el delito debe informar con la debida antelación al acusado o a su Abogado de la nueva calificación considerada, en un momento y en condiciones tales que le permitan preparar eficazmente su defensa, y ofrecerle la oportunidad de ejercer los derechos de la defensa de manera concreta y efectiva con respecto a tal calificación, con la finalidad de salvaguardar la equidad del procedimiento, en el sentido del artículo 6, apartado 4, de la Directiva 2012/13 .".

14.- "La interpretación contenida en el apartado anterior se ve confirmada por los objetivos de la Directiva 2012/13 . En efecto, como se desprende de sus considerandos 3, 9 y 14, esta Directiva, mediante el establecimiento de normas mínimas comunes en lo que se refiere a la información sobre los derechos y la acusación que se habrá de proporcionar a las personas sospechosas o acusadas de haber cometido una infracción penal, tiene por objeto mejorar la confianza mutua entre los Estados miembros y, por tanto, facilitar el reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales en materia penal".

15.- "Pues bien, como ha señalado, en esencia, la Abogada General en los puntos 59 a 71 de sus conclusiones, la interpretación realizada en el apartado 47 de la presente sentencia, bajo la forma de una norma clara y de aplicación simple en lo que respecta a la obligación del Órgano Jurisdiccional que conoce del fondo de un asunto penal de informar a la persona acusada con la debida antelación cuando dicho órgano jurisdiccional pretende calificar nuevamente el delito, contribuye al respeto de los derechos de la defensa y a la equidad del procedimiento penal en los Estados miembros. Así, tal interpretación refuerza la confianza mutua entre esos Estados y, por tanto, facilita el reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales en materia penal, de conformidad con los objetivos perseguidos por dicha Directiva".

16.- Para que la Defensa conozca la calificación penal alternativa en un momento procesal que le permita adecuar su estrategia de defensa, al margen de la homogeneidad o no de los elementos constitutivos y la mayor o menor gravedad penológica de la nueva calificación penal, nuestro sistema procesal arbitra, por un lado, la posibilidad de que la Acusación formule en sus conclusiones definitivas calificaciones alternativas( Art. 653 LECrim) o que la Sala, si antes de deliberar y en el desarrollo del plenario lo ve claro -cuestión harto discutible- haga uso del planteamiento de la tesis( Art. 733 LECrim) . Ninguna de las dos opciones ocurrió en nuestro caso.

17.- Siendo conscientes de las matizaciones y precisiones jurisprudenciales citadas, desde la perspectiva procesal de un racional análisis de la efectiva materialización del derecho de defensa, no obstante, pensamos que, en el caso concreto de nuestro supuesto, se debe desestimar este motivo de recurso.

18.- En efecto, entrando en el caso concreto enjuiciado observamos que entre el delito acusado (hetero adoctrinamiento) sancionado en el Art. 577.2 CP y el condenado (auto adoctrinamiento) recogido en el Art. 575.2 CP, al margen de la decisión del legislador de tipificarlo en preceptos diferentes y con distinta pena, no existe más que una sutil progresión delictiva,ya que ambos comparten los mismos elementos constitutivos del tipo (adoctrinar), incluido el elemento subjetivo -que es el que el recurrente entiende discrepante-, pues en los dos el adoctrinamiento debe ir dirigido al denominado jurisprudencialmente "pase a la acción",que es la contribución en favor de la organización terrorista y el núcleo del peligro que explica su antijuridicidad -y en el caso de los Hechos Probados se deduce que el recurrente pretende compartir los fines de la organización criminal, contribuyendo a ellos mediante la enseñanza de los aspectos violentos prohibidos de sus postulados con aptitud para hacerlo-.

19.- Ambos delitos castigan el riesgo que para las hipotéticas acciones terroristas de futuro genera el hecho de enseñar doctrina que el Pasado demuestra provoca e incita -siempre que sea apta para provocar la idea de cometer delitos terroristas-, conllevando a quien la asume -radicalización- a "pasar a la acción",difiriendo sólo en que uno lo hace sobre terceros y el otro respecto de uno mismo.

20.- Ambos preceptos combaten el mismo riesgo, tutelan el mismo bien jurídico -los dos suponen una contribución a los fines terroristas procurando posibles futuros activistas mediante la enseñanza a través de sus aparatos de propaganda de los postulados violentos de una determinada organización terrorista-, y sólo difieren en quién sea el sujeto sobre el que se vierten tales enseñanzas, residiendo la mayor venialidad de la conducta sancionada en el Art. 575.2 CP en que siempre es más sencillo adoctrinarse a uno mismo que a externos, de manera que aporta mayor riesgo hacerlo a otros que a uno mismo.

21.- Que, en consecuencia, suponen una simple progresión delictivase infiere del hecho de que para adoctrinar a otros es necesario que el sujeto que lo hace previamente se haya preparado y haya adquirido una serie de conocimientos profundizando, en este caso en el salafismo extremo, pues de otro modo no podría servir para conducir a otros en el proceso de radicalización hacía la asunción de comportamientos terroristas, de modo que el delito de adoctrinamiento a terceros absorbe el auto adoctrinamiento, conteniendo exactamente todos sus mismos elementos constitutivos.

22.- En nuestro caso, el recurrente, desde el año 2.023 hasta mayo de 2.024, ha manejado -se le han aprehendido- al menos 3.800 registros en su historial de Internet en sus dispositivos móviles con contenidos -algunos que superan los 5.5 Gb- aptos para despertar en personas proclives -y él lo es, entre las razones señaladas en la sentencia, porque su hermano Adolfo falleció en Siria combatiendo en las filas del DAESH y porque lo hacía a personas de creencias afines- la posibilidad de iniciar comportamientos violentos contra los "enemigos"que señala la propaganda de tal organización criminal terrorista -entre los cuales figura la sociedad occidental en medio de la cual convive a diario-.

23.- No hay duda de la peligrosidad y aptitud para imbuir violencia consecuencia de tanto material recopilado y redifundido por el acusado en tan corto espacio de tiempo: videos violentos -decapitaciones, ejecuciones de personas- del aparato propagandístico del DAESH en archive.org,muy alejados del discurso religioso; ensalzamiento de la actividad violenta radical de activistas y doctrinarios vinculados a tal organización terrorista; constante uso de perfiles virtuales abiertos al público en redes sociales de alta difusión y seguimiento ciudadano (Facebook, Tik Tok, Whatsapp, Snapchat, Azar, Telegram, Google, Android, Instagram...) manejando material apto para convencer y difundir postulados violentos -war media,cómo confeccionar el explosivo C-4, manual del perfecto terrorista, después del Estado Islámico...-; participación en Telegram en 46 chats, un grupo, diez canales con, entre otros, propaganda cruenta de degollamientos; uso de bots para hacer consultas en su Iphone a webs yihadistas del Estado Islámico; propaganda con cautivos en cárceles; ensalzamiento de muyahidines; nasheeds -o cánticos enardecedores-; mosaicos, propaganda del DAESH a través de su rama mediática oficial Amaq, con medidas de seguridad anti detección y técnicas anonimizadoras -skybird, VPN, bots, TOR...-, constantes cambios de denominación en sus cuentas en las redes sociales...., en tal cantidad y corto espacio de tiempo, que no es creíble que las descargara y difundiera "por casualidad"y "sin querer".

24.- La sentencia descarta el hetero adoctrinamiento en que -Hecho TERCERO y RJ PRIMERO.4-, aunque el acusado intentó instruir y alentó desde sus diversos perfiles en redes sociales a que terceras personas "se incorporasen a las ideas radicales y violentas del yihadismo del ..DAESH....con idea de favorecer sus detestables objetivos",poniéndoles a su disposición el numeroso material propagandístico y violento que describen los Hechos Probados, "no se ha constatado con los supuestos interlocutores se hubieran puesto en contacto con el acusado para manifestarles su adhesión a tan ilícita causa terrorista; de forma que la apertura de redes no resultaron eficaces para que aquéllos dieran un paso más de adhesión y de acción que los meramente contemplativos de los violentos vídeos y extremistas discursos y manuscritos que ponía en red".

25. - De modo que lo anterior tan sólo excluye el único extremo diferencial -el hetero adoctrinamiento- con el propio delito que sí ha quedado acreditado y castigado -el auto adoctrinamiento- que, en aplicación de la jurisprudencia descrita, en especial la derivada de la s TJUE 9 de noviembre de 2023, caso BK ,desde la óptica del respeto al derecho de defensa, al no contener elementos constitutivos sustanciales sobre los que su representación no se hubiese podido pronunciar de forma contradictoria en el plenario, y haberse todos descartado, no le ha generado ningún tipo de efectiva indefensión,al haberse mantenido la identidad fáctica-respeto al relato de la acusación, sobre el que no se ha incluido ningún hecho no apreciado por aquella- y la jurídica-pues había homogeneidad del bien jurídico protegido y no hubo componente concreto distinto del que la Defensa no hubiese podido combatir ( s TC 33/2003, de 13 de febrero FJ 4º)-. No hay modificación esencial, pero tampoco impedimento defensivo.

26.- Respecto de esta última óptica, refiriéndonos a lo que la s TS 112/2024, de 6 de febrero matiza, al considerar que la Defensa debe conocer la acusación implícita descendente -en casos como el presente, como ocurriría también si la acusación por organización criminal deviene en condena por grupo criminal, o la de robo en hurto- para que pueda, en su caso, "organizar la defensa de otra manera",en línea con lo igualmente indicado en el FJ 45 y 46 de la s TJUE 9 de noviembre de 2023, caso BK ,remitirnos a la nuestra, expuesta -FJ 1-30-, con cita de normativa de Derecho comparado -FJ 9- en la s 32/2025 Sala Apelación Audiencia Nacional, de 8 de octubre de 2025, que exigía -FJ 24- para ese caso interpretaciones que huyesen del formalismo literal y la abstracción para analizar en el caso si se ha generado o no "efectiva indefensión" - en la línea siempre exigida por el TC, como muestra en su s TC 95/2020, de 20 de julio- exigiendo la oportuna "trascendencia material" que en este supuesto no concurre, pues, además de que en el núcleo principal de la prueba de cargo el Tribunal examina y valora lo mismo para sendos delitos -la ingente documentación intervenida al recurrente en sus dispositivos-, la Defensa recurrente no formula ni exterioriza en su recurso concretas alternativas líneas de Defensa reales y autónomas que hubiera desplegado -al margen de las atenuantes ex postsin relación con el delito concreto esgrimidas para crear el siguiente motivo de recurso-, y su incidencia material en su derecho de defensa o en el de a la tutela judicial efectiva, que, en consecuencia, no se han visto vulnerados.

El motivo se desestima.

27.- SEGUNDO-En segundo lugar, el recurrente alega indebida inaplicación de preceptos legales (21.4 y 7 CP y 579 bis 3 y 4 CP) esto es, no aplicación de la atenuante de confesión tardíao la de arrepentimiento en terrorismo,al considerar que en el Plenario el recurrente reconoció abiertamente su autoadoctrinamiento, achacándolo a "su curiosidad, situación de calle, abuso de las drogas y haber sido contactado por la Policía por el hecho de ser su hermano persona fallecida en Siria combatiendo por el DAESH"a la vez que mostró su arrepentimiento renunciando a relacionarse en el futuro con esa organización criminal, razón por la que solicita se le aplique como muy cualificada la atenuación que recoge el Art. 21.4 y 7 CP, y si no , la del Art. 579 bis 3 y 4 CP.

28.- Reprocha a este motivo la representación del Ministerio Fiscal en su escrito de impugnación que, además de sorpresiva y novedosa, la alegación, que quedó indebatida, es incierta, pues el acusado "en ningún momento reconoció los hechos por los que se le acusaba"y sí negó "la esencia de la conducta imputable".

29.- Visionada la grabación de su declaración en el Plenario, efectivamente, bastaría para desechar el motivo de recurso entender que no fue la actitud en el mismo allí ni de reconocimiento de los hechos ni de arrepentimiento por los mismos (a menudo manifiesta no saber en una clara actitud evasiva aseverando haber descargado archivos sin querer -"me sale"-),por lo que su alegación extemporánea y novedosa se entiende exclusivamente como una manera no basada en la realidad de querer reformular la inexistencia de alternativa defensiva real y autónomadenunciada ahora respecto de su actitud para combatir la inexistente indefensión indicada al descartar el motivo precedente.

30.- Pero es que además, y en cualquier caso, hay que recordar que para la aplicación de las atenuantes alegadas (ex Arts. 21.4 y 7 y 579 bis 3 y 4 CP) no bastaría con manifestar en juicio una contrición que las mismas no exigen, pues su fundamento reductor de la pena es más objetivo y conlleva siempre una colaboración eficaz, sustancial y de peso, hecha al margen y que vaya más allá de lo que ya se sabe y tiene por probado en autos, que en este caso el acusado no ha llevado a cabo, de manera que reporte alguna ventaja de economía o reducción de la actividad procesal a remunerar penológicamente -como habría ocurrido si hubiese operado, por ejemplo, algún grado de conformidad-,tal y como se desprende de las s TS 708/2014, de 10-11; 167/2017, de 5-4; 44/2023, de 30-1; 1157/2024, de 18-12: "la razón de la atenuante de confesión no está en el factor subjetivo de pesar y contrición, sino en el dato objetivo de la realización de actos de colaboración a la investigación del delito".

31.- No siendo, en consecuencia, la extemporánea confesión alegada "veraz en lo sustancial",no caben aplicaciones atenuatorias analógicas por falta de fundamento, pues como indica la s TS 83/2026, de 5 de febrero, las atenuantes de análoga significación "no pueden alcanzar nunca al supuesto de que falten los requisitos básicos para ser estimada una concreta atenuante, porque eso equivaldría a crear atenuantes incompletas o a permitir la infracción de la norma",de manera que habiéndose acogido por la jurisprudencia ( s TS. 10.3.2004) como circunstancia analógica de confesión la realización de actos de colaboración con los fines de la Justicia cuando ya se ha iniciado la investigación de los hechos con el acusado ( s TS. 20.10.97, 30.11.96, 17.9.99) -confesión tardía-, no puede sin embargo hacerse en aquellas, como la aquí enjuiciada que, además de ser inveraces, no sólo no buscan colaborar y ayudar a la Justicia -lo que constituye el fundamento de política criminal que justificaría la atenuante analógica ex post factoaducida- , sino antes bien, como en el caso, confundirla y engañarla, lo que poco tiene de eficaz, serio y relevante en el esclarecimiento de "la intervención de otros individuos en los hechos enjuiciados ( s TS. 14.5.2001 , 24.7.2002 )"debiendo ser desestimada, por inveraz, al no poder contemplarse en supuestos en que sea "tendenciosa, equivoca y falsa, exigiéndose que no oculte elementos relevantes y que no añada falsamente otros diferentes, de manera que se ofrezca una versión irreal".

32.- Jurisprudencia extensible a la figura atenuatoria del Art. 579 bis 3 y 4 CP alegado, pues ni obra "abandono voluntario de sus actividades delictivas",más bien, como decimos, de su declaración evasiva y no reconocedora de culpa se desprende que ni hay "confesión de los hechos en que ha participado, ni colaboración activa para impedir la producción del delito",ni actuación positiva alguna que coadyuvase "eficazmente a la obtención de pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables, o para impedir la actuación o el desarrollo"de la organización terrorista DAESH, ni el hecho enjuiciado es "de objetiva menor gravedad , ni el medio empleado ni el resultado obtenido es"banal, pues como decimos, 3.800 registros en su historial de Internet en sus dispositivos móviles con contenidos aptos para convencer del pase a la acción terrorista, generan un riesgo nada despreciable que no cabe banalizar ni premiar con reducciones penológicas.

El motivo se desestima.

33. - TERCERO- COSTAS:Al no haberse apreciado en los motivos de impugnación del recurrente ni temeridad ni mala fe ( s TS 286/2019 de 30 de mayo) en esta segunda instancia, se deben declarar de oficio las costas de esta apelación.

Vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación:

1.- PRIMERO. -

En primer lugar, la representación procesal de Jose Daniel, alega quebrantamiento de normas y garantías procesales que le han producido indefensión, indicando resumidamente que al haber sido acusado por el Fiscal por delito de adoctrinamiento terrorista a terceros ( Art. 575.1 CP), y resultar haber sido finalmente condenado por autoadoctrinamiento terrorista ( Art. 575.2 CP), se le ha impedido articular su defensa sobre tipo penal diferente, dado que tienen elementos distintos, en especial el subjetivo, vulnerando el principio acusatorio y sus derechos a la seguridad jurídica y a un proceso con todas las garantías y a su Defensa, impetrando, en consecuencia, la nulidad de la sentencia apelada, para retrotraer las actuaciones al momento de dictar sentencia respetando el indicado principio.

2.- La sentencia impugnada (FJ 1º), efectivamente condena por un delito de auto adoctrinamiento o adoctrinamiento pasivo ( Art. 575.2 CP), haciendo un extenso estudio doctrinal y jurisprudencial de sus elementos constitutivos (puntos 1 a 3) aplicándolo (punto 4) a los Hechos del caso, a la par que expresamente excluye la aplicación del tipo penal consignado en el Art. 577.2 CP de adoctrinamiento terrorista o auto adoctrinamiento (Hecho probado TERCERO y punto 4 in fine y epígrafe c),que fue el interesado concretamente por la representante del Ministerio Fiscal, justificándolo en que se trata de tipos penales homogéneos.

3.- Iniciaremos el análisis de la queja del recurrente recordando la jurisprudencia existente en lo que hace a la doble perspectiva argüida referente a los íntimamente relacionados principio acusatorio y derechos a ser informado de la acusación y a poderse defender de ella.

4.- Sobre esa doble perspectiva combinada, que tras la s TJUE 9 de noviembre 2023, caso BK ,cada vez se ha ido matizando más, hay que comenzar recordando que, como indica el Tribunal Constitucionalimpone la exigencia de que el investigado/acusado tenga posibilidad de rechazar la acusación contra él formulada tras la celebración del necesario debate contradictorio en el que haya tenido oportunidad de conocer y rebatir los argumentos de la otra parte y presentar ante el Juez los propios, tanto los de carácter fáctico, como los de naturaleza jurídica ( s TC 53/1987, de 7 de mayo; 4/2002, de 14 de enero): "Nadie puede ser condenado si no se ha formulado contra él una acusación de la que haya tenido oportunidad de defenderse en forma contradictoria, estando, por ello, obligado el Juez o Tribunal a pronunciarse dentro de los términos del debate, tal y como han sido formulados por la Acusación y la Defensa, lo cual, a su vez, significa que en última instancia ha de existir siempre correlación entre la acusación y el fallo de la sentencia"( s TC 11/1992, de 27 de enero; 95/1995, de 19 de junio, 36/1996, de 11 de marzo, 4/2002, de 14 de enero; 228/2002,de 9 de diciembre; 35/2004, de 8 de marzo, 7/2005, de 4 de abril, 40/2004 de 22 de marzo y 183/2005 de 4de julio).

5.- Exigencia que también la jurisprudencia del Tribunal Supremo( s TS 86/2018, de 19 de febrero y 207/2018, de 3 de mayo) ha venido aplicando e interpretando en el sentido de que "impide que en la sentencia puedan introducirse sorpresivamente valoraciones jurídicas nuevas que, por tal motivo, la Defensa no haya tenido ocasión de rebatir. Juega ese derecho absolutamente cuando se trata de valoraciones jurídicas agravatorias en la medida en que desbordan los límites de la acusación frente a la que se articuló la defensa. Y puede operar también, aunque los puntos de vista jurídicos representen una atenuaciónfrente a los esgrimidos por las acusaciones, si esas atenuaciones se apartan de la línea acusatoria desplegada previamente; es decir si, ni siquiera implícitamente,estaban recogidas en los escritos de acusación. Sucede esto cuando el delito objeto de condena no es homogéneocon el delito objeto de acusación. Si en la sentencia se cambia la calificación articulada por la acusación en términos que van más allá de un simple prescindir de algunos elementos de la acusación,y que introducen perspectivas nuevas, se vulneraria el derecho a ser informado de la acusación pues, la Defensa no tuvo ocasión de rebatir esa nueva valoración jurídica" ( s TS 112/2024 de 6 de febrero).

6.- "L as exigencias del derecho de defensa y a ser informado de la acusaciónreclaman un mecanismo previo a la sentencia, para que la Defensa pueda conocer y argumentar frente a esa posible valoración jurídica nueva. Lo decisivo, tratándose del derecho a ser informado de la acusación, es, tal como expone la s TS 1187/2011, de 2 de noviembre , no el ajuste mimético de la sentencia con la acusación, sino consideraciones más de fondo que lleven a indagar si se ha producido un menoscabo de las posibilidades de defensapor no haberse explicitado la acusación. Las circunstancias de cada supuesto condicionarán la solución. Es preciso dilucidar en el caso concretosi en la situación analizada la variación del delito objeto de condena era previsible, lo que nos deriva a cierto casuismo.No bastan normalmente afirmaciones generales axiomáticas", continúa diciendo esta última resolución, mientras analiza el supuesto robo-hurto, homicidio doloso-homicidio culposo, lesiones-maltrato familiar, coacciones-agresión sexual, coacciones-detención ilegal, lesiones culposas-lesiones dolosas, ....

7.- Entre las recientes, la s TS 123/2025, de 13 de febrero, pese a que se acusó de delitos de agresión sexual violentos y se condenó por abuso sexual, no se apreció vulneración del principio acusatorio porque la Defensa pudo en el plenario contradecir los elementos discrepantes de violencia/intimidación y penetración inconcurrentes, no generándose ningún tipo de indefensión,habiéndose mantenido la identidad fáctica-respeto al relato fáctico de la acusación, sin inclusión de hechos no apreciados por aquella- y la jurídica-pues había homogeneidad del bien jurídico protegido y no hubo componente concreto distinto del que la Defensa no hubiese podido combatir-.

8.- Ya en el ámbito de los delitos de terrorismo,es paradigmática la s TS 107/2024, de 1 de febrero, en un caso en que, resumidamente, se acusaba al responsable como posible autor de un delito de integración en organización terrorista del Art. 572 CP o, alternativamente, de un delito de colaboración con organización terrorista del Art. 577.1 y 2 CP, resultando finalmente condenado por uno de enaltecimiento y justificación del terrorismo del Art. 578 CP, y en donde, más allá, por tanto, de la posibilidad de configurar una homogeneidad fáctica y jurídica descendente entre las conductas de colaboración, tras la interpretación que el TJUE realiza de las exigencias del Art. 6.4 de la Directiva 2012/13, debe comunicarse en todo caso al acusado la nueva calificación considerada por el Tribunal, y como eso no se hizo en el caso, el TS casa y revoca el pronunciamiento condenatorio.

9.- El análisis de la posible homogeneidad-identidad fáctica y jurídica- entre los concretos hechos y tipos penales controvertidos (el acusado y el condenado), con independencia de que agraven o atenúen la pena figurada, no sólo supone que 1) -óptica penal- "el delito acusado deba contener el núcleo del tipo penal aplicado"y "una misma línea de tutela de valores jurídicos"- s TS 565/2019, de 19 noviembre-, sino también y además 2) -óptica procesal- "debe desprenderse del debate en el plenario que la Defensa comprendió toda la facticidad tenida en cuenta en la resolución, no identificándose asomo alguno de indefensión",pues si el cambio del título de imputación priva a la parte pasiva "de alguna posibilidad de defensa en tanto no era previsible de forma alguna la aparición de esa figura, habrá infracción del acusatorio"-más bien del derecho a conocer la acusación y poder defenderse de ella-, siempre que, en el caso de la homogeneidad descendente, la "nueva"o "diferente"línea de defensa impedida derive de algún tipo explícito de concreta indefensión.

10.- Como venimos adelantando, y por su parte, el TJUE,resolviendo una cuestión prejudicial referente al Art. 6 de la Directiva 2012/13, en su s 9 de noviembre de 2023, caso BKseñala que, para salvaguardar la equidad del procedimiento y permitir el ejercicio efectivo del derecho de defensa, la información sobre la acusación a proporcionar a la Defensa debe ser detallada e incluir la calificación jurídica del delito.

11.- "El Tribunal de Justicia admite que la información relativa a la acusación transmitida a la Defensa sea modificada con posterioridad, singularmente en lo que atañe a la calificación jurídica. No obstante, tales variaciones deben comunicarse a la Defensa en un momento en el que disponga aún de la oportunidad de reaccionar eficazmente, antes de la fase de deliberación ( Art. 6, apartado 4, de la Directiva 2012/13 ): "...cualquier modificación de la calificación jurídica de los hechos por el Órgano Jurisdiccional que conoce del fondo en un asunto penal puede tener una incidencia determinante en el ejercicio de los derechos de la Defensa y en la equidad del procedimiento, en el sentido del artículo 6, apartado 4, de la Directiva 2012/13 . Así sucede, por un lado, cuando el nuevo delito considerado se compone de elementos constitutivos nuevos,sobre los que el acusado aún no ha tenido la oportunidad de presentar sus alegaciones. En tal situación, es manifiestamente necesario, para salvaguardar la equidad del procedimiento, como exige el artículo 6, apartado 4, de la Directiva 2012/13 , que el Órgano Jurisdiccional penal que resuelva sobre el fondo informe con la debida antelaciónal acusado o a su Abogado de la nueva calificación considerada, en un momento que le permita preparar eficazmente su defensa,y le ofrezca la oportunidad de ejercer los derechos de la defensa de manera concreta y efectiva con respecto a ella".

12.- Y como añade la s TS112/2024 de 6 de febrero que seguimos: "Por otra parte, aun en el supuesto de que el nuevo delito considerado no incluya un nuevo elemento constitutivo en relación con el delito por el que se había optado previamente, de modo que el acusado haya tenido la oportunidad, durante el procedimiento, de presentar sus alegaciones sobre la totalidad de los elementos constitutivos de este nuevo delito,la nueva calificación del delito por el Órgano Jurisdiccional penal que resuelve sobre el fondo puede, no obstante, tener una incidencia nada desdeñable en el ejercicio de los derechos de la defensa. En efecto, no cabe excluir que la persona acusada a quien se informe de la nueva calificación considerada organice su defensa de otra manera". Prosigue: "Es preciso subrayar, además, que carece de toda pertinencia, en este contexto, la circunstancia de que la nueva calificación no pueda dar lugar a la aplicación de una pena más severa. En efecto, la equidad del procedimiento exige que el acusado pueda ejercer plenamente los derechos de la defensa. Pues bien, la mayor o menor gravedad de la pena impuestano guarda relación con la cuestión de si estos derechos han podido ejercerse".

13.- "De ello se sigue que cuando un órgano jurisdiccional que decida sobre el fondo en un asunto penal pretenda calificar nuevamente el delito debe informar con la debida antelación al acusado o a su Abogado de la nueva calificación considerada, en un momento y en condiciones tales que le permitan preparar eficazmente su defensa, y ofrecerle la oportunidad de ejercer los derechos de la defensa de manera concreta y efectiva con respecto a tal calificación, con la finalidad de salvaguardar la equidad del procedimiento, en el sentido del artículo 6, apartado 4, de la Directiva 2012/13 .".

14.- "La interpretación contenida en el apartado anterior se ve confirmada por los objetivos de la Directiva 2012/13 . En efecto, como se desprende de sus considerandos 3, 9 y 14, esta Directiva, mediante el establecimiento de normas mínimas comunes en lo que se refiere a la información sobre los derechos y la acusación que se habrá de proporcionar a las personas sospechosas o acusadas de haber cometido una infracción penal, tiene por objeto mejorar la confianza mutua entre los Estados miembros y, por tanto, facilitar el reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales en materia penal".

15.- "Pues bien, como ha señalado, en esencia, la Abogada General en los puntos 59 a 71 de sus conclusiones, la interpretación realizada en el apartado 47 de la presente sentencia, bajo la forma de una norma clara y de aplicación simple en lo que respecta a la obligación del Órgano Jurisdiccional que conoce del fondo de un asunto penal de informar a la persona acusada con la debida antelación cuando dicho órgano jurisdiccional pretende calificar nuevamente el delito, contribuye al respeto de los derechos de la defensa y a la equidad del procedimiento penal en los Estados miembros. Así, tal interpretación refuerza la confianza mutua entre esos Estados y, por tanto, facilita el reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales en materia penal, de conformidad con los objetivos perseguidos por dicha Directiva".

16.- Para que la Defensa conozca la calificación penal alternativa en un momento procesal que le permita adecuar su estrategia de defensa, al margen de la homogeneidad o no de los elementos constitutivos y la mayor o menor gravedad penológica de la nueva calificación penal, nuestro sistema procesal arbitra, por un lado, la posibilidad de que la Acusación formule en sus conclusiones definitivas calificaciones alternativas( Art. 653 LECrim) o que la Sala, si antes de deliberar y en el desarrollo del plenario lo ve claro -cuestión harto discutible- haga uso del planteamiento de la tesis( Art. 733 LECrim) . Ninguna de las dos opciones ocurrió en nuestro caso.

17.- Siendo conscientes de las matizaciones y precisiones jurisprudenciales citadas, desde la perspectiva procesal de un racional análisis de la efectiva materialización del derecho de defensa, no obstante, pensamos que, en el caso concreto de nuestro supuesto, se debe desestimar este motivo de recurso.

18.- En efecto, entrando en el caso concreto enjuiciado observamos que entre el delito acusado (hetero adoctrinamiento) sancionado en el Art. 577.2 CP y el condenado (auto adoctrinamiento) recogido en el Art. 575.2 CP, al margen de la decisión del legislador de tipificarlo en preceptos diferentes y con distinta pena, no existe más que una sutil progresión delictiva,ya que ambos comparten los mismos elementos constitutivos del tipo (adoctrinar), incluido el elemento subjetivo -que es el que el recurrente entiende discrepante-, pues en los dos el adoctrinamiento debe ir dirigido al denominado jurisprudencialmente "pase a la acción",que es la contribución en favor de la organización terrorista y el núcleo del peligro que explica su antijuridicidad -y en el caso de los Hechos Probados se deduce que el recurrente pretende compartir los fines de la organización criminal, contribuyendo a ellos mediante la enseñanza de los aspectos violentos prohibidos de sus postulados con aptitud para hacerlo-.

19.- Ambos delitos castigan el riesgo que para las hipotéticas acciones terroristas de futuro genera el hecho de enseñar doctrina que el Pasado demuestra provoca e incita -siempre que sea apta para provocar la idea de cometer delitos terroristas-, conllevando a quien la asume -radicalización- a "pasar a la acción",difiriendo sólo en que uno lo hace sobre terceros y el otro respecto de uno mismo.

20.- Ambos preceptos combaten el mismo riesgo, tutelan el mismo bien jurídico -los dos suponen una contribución a los fines terroristas procurando posibles futuros activistas mediante la enseñanza a través de sus aparatos de propaganda de los postulados violentos de una determinada organización terrorista-, y sólo difieren en quién sea el sujeto sobre el que se vierten tales enseñanzas, residiendo la mayor venialidad de la conducta sancionada en el Art. 575.2 CP en que siempre es más sencillo adoctrinarse a uno mismo que a externos, de manera que aporta mayor riesgo hacerlo a otros que a uno mismo.

21.- Que, en consecuencia, suponen una simple progresión delictivase infiere del hecho de que para adoctrinar a otros es necesario que el sujeto que lo hace previamente se haya preparado y haya adquirido una serie de conocimientos profundizando, en este caso en el salafismo extremo, pues de otro modo no podría servir para conducir a otros en el proceso de radicalización hacía la asunción de comportamientos terroristas, de modo que el delito de adoctrinamiento a terceros absorbe el auto adoctrinamiento, conteniendo exactamente todos sus mismos elementos constitutivos.

22.- En nuestro caso, el recurrente, desde el año 2.023 hasta mayo de 2.024, ha manejado -se le han aprehendido- al menos 3.800 registros en su historial de Internet en sus dispositivos móviles con contenidos -algunos que superan los 5.5 Gb- aptos para despertar en personas proclives -y él lo es, entre las razones señaladas en la sentencia, porque su hermano Adolfo falleció en Siria combatiendo en las filas del DAESH y porque lo hacía a personas de creencias afines- la posibilidad de iniciar comportamientos violentos contra los "enemigos"que señala la propaganda de tal organización criminal terrorista -entre los cuales figura la sociedad occidental en medio de la cual convive a diario-.

23.- No hay duda de la peligrosidad y aptitud para imbuir violencia consecuencia de tanto material recopilado y redifundido por el acusado en tan corto espacio de tiempo: videos violentos -decapitaciones, ejecuciones de personas- del aparato propagandístico del DAESH en archive.org,muy alejados del discurso religioso; ensalzamiento de la actividad violenta radical de activistas y doctrinarios vinculados a tal organización terrorista; constante uso de perfiles virtuales abiertos al público en redes sociales de alta difusión y seguimiento ciudadano (Facebook, Tik Tok, Whatsapp, Snapchat, Azar, Telegram, Google, Android, Instagram...) manejando material apto para convencer y difundir postulados violentos -war media,cómo confeccionar el explosivo C-4, manual del perfecto terrorista, después del Estado Islámico...-; participación en Telegram en 46 chats, un grupo, diez canales con, entre otros, propaganda cruenta de degollamientos; uso de bots para hacer consultas en su Iphone a webs yihadistas del Estado Islámico; propaganda con cautivos en cárceles; ensalzamiento de muyahidines; nasheeds -o cánticos enardecedores-; mosaicos, propaganda del DAESH a través de su rama mediática oficial Amaq, con medidas de seguridad anti detección y técnicas anonimizadoras -skybird, VPN, bots, TOR...-, constantes cambios de denominación en sus cuentas en las redes sociales...., en tal cantidad y corto espacio de tiempo, que no es creíble que las descargara y difundiera "por casualidad"y "sin querer".

24.- La sentencia descarta el hetero adoctrinamiento en que -Hecho TERCERO y RJ PRIMERO.4-, aunque el acusado intentó instruir y alentó desde sus diversos perfiles en redes sociales a que terceras personas "se incorporasen a las ideas radicales y violentas del yihadismo del ..DAESH....con idea de favorecer sus detestables objetivos",poniéndoles a su disposición el numeroso material propagandístico y violento que describen los Hechos Probados, "no se ha constatado con los supuestos interlocutores se hubieran puesto en contacto con el acusado para manifestarles su adhesión a tan ilícita causa terrorista; de forma que la apertura de redes no resultaron eficaces para que aquéllos dieran un paso más de adhesión y de acción que los meramente contemplativos de los violentos vídeos y extremistas discursos y manuscritos que ponía en red".

25. - De modo que lo anterior tan sólo excluye el único extremo diferencial -el hetero adoctrinamiento- con el propio delito que sí ha quedado acreditado y castigado -el auto adoctrinamiento- que, en aplicación de la jurisprudencia descrita, en especial la derivada de la s TJUE 9 de noviembre de 2023, caso BK ,desde la óptica del respeto al derecho de defensa, al no contener elementos constitutivos sustanciales sobre los que su representación no se hubiese podido pronunciar de forma contradictoria en el plenario, y haberse todos descartado, no le ha generado ningún tipo de efectiva indefensión,al haberse mantenido la identidad fáctica-respeto al relato de la acusación, sobre el que no se ha incluido ningún hecho no apreciado por aquella- y la jurídica-pues había homogeneidad del bien jurídico protegido y no hubo componente concreto distinto del que la Defensa no hubiese podido combatir ( s TC 33/2003, de 13 de febrero FJ 4º)-. No hay modificación esencial, pero tampoco impedimento defensivo.

26.- Respecto de esta última óptica, refiriéndonos a lo que la s TS 112/2024, de 6 de febrero matiza, al considerar que la Defensa debe conocer la acusación implícita descendente -en casos como el presente, como ocurriría también si la acusación por organización criminal deviene en condena por grupo criminal, o la de robo en hurto- para que pueda, en su caso, "organizar la defensa de otra manera",en línea con lo igualmente indicado en el FJ 45 y 46 de la s TJUE 9 de noviembre de 2023, caso BK ,remitirnos a la nuestra, expuesta -FJ 1-30-, con cita de normativa de Derecho comparado -FJ 9- en la s 32/2025 Sala Apelación Audiencia Nacional, de 8 de octubre de 2025, que exigía -FJ 24- para ese caso interpretaciones que huyesen del formalismo literal y la abstracción para analizar en el caso si se ha generado o no "efectiva indefensión" - en la línea siempre exigida por el TC, como muestra en su s TC 95/2020, de 20 de julio- exigiendo la oportuna "trascendencia material" que en este supuesto no concurre, pues, además de que en el núcleo principal de la prueba de cargo el Tribunal examina y valora lo mismo para sendos delitos -la ingente documentación intervenida al recurrente en sus dispositivos-, la Defensa recurrente no formula ni exterioriza en su recurso concretas alternativas líneas de Defensa reales y autónomas que hubiera desplegado -al margen de las atenuantes ex postsin relación con el delito concreto esgrimidas para crear el siguiente motivo de recurso-, y su incidencia material en su derecho de defensa o en el de a la tutela judicial efectiva, que, en consecuencia, no se han visto vulnerados.

El motivo se desestima.

27.- SEGUNDO-En segundo lugar, el recurrente alega indebida inaplicación de preceptos legales (21.4 y 7 CP y 579 bis 3 y 4 CP) esto es, no aplicación de la atenuante de confesión tardíao la de arrepentimiento en terrorismo,al considerar que en el Plenario el recurrente reconoció abiertamente su autoadoctrinamiento, achacándolo a "su curiosidad, situación de calle, abuso de las drogas y haber sido contactado por la Policía por el hecho de ser su hermano persona fallecida en Siria combatiendo por el DAESH"a la vez que mostró su arrepentimiento renunciando a relacionarse en el futuro con esa organización criminal, razón por la que solicita se le aplique como muy cualificada la atenuación que recoge el Art. 21.4 y 7 CP, y si no , la del Art. 579 bis 3 y 4 CP.

28.- Reprocha a este motivo la representación del Ministerio Fiscal en su escrito de impugnación que, además de sorpresiva y novedosa, la alegación, que quedó indebatida, es incierta, pues el acusado "en ningún momento reconoció los hechos por los que se le acusaba"y sí negó "la esencia de la conducta imputable".

29.- Visionada la grabación de su declaración en el Plenario, efectivamente, bastaría para desechar el motivo de recurso entender que no fue la actitud en el mismo allí ni de reconocimiento de los hechos ni de arrepentimiento por los mismos (a menudo manifiesta no saber en una clara actitud evasiva aseverando haber descargado archivos sin querer -"me sale"-),por lo que su alegación extemporánea y novedosa se entiende exclusivamente como una manera no basada en la realidad de querer reformular la inexistencia de alternativa defensiva real y autónomadenunciada ahora respecto de su actitud para combatir la inexistente indefensión indicada al descartar el motivo precedente.

30.- Pero es que además, y en cualquier caso, hay que recordar que para la aplicación de las atenuantes alegadas (ex Arts. 21.4 y 7 y 579 bis 3 y 4 CP) no bastaría con manifestar en juicio una contrición que las mismas no exigen, pues su fundamento reductor de la pena es más objetivo y conlleva siempre una colaboración eficaz, sustancial y de peso, hecha al margen y que vaya más allá de lo que ya se sabe y tiene por probado en autos, que en este caso el acusado no ha llevado a cabo, de manera que reporte alguna ventaja de economía o reducción de la actividad procesal a remunerar penológicamente -como habría ocurrido si hubiese operado, por ejemplo, algún grado de conformidad-,tal y como se desprende de las s TS 708/2014, de 10-11; 167/2017, de 5-4; 44/2023, de 30-1; 1157/2024, de 18-12: "la razón de la atenuante de confesión no está en el factor subjetivo de pesar y contrición, sino en el dato objetivo de la realización de actos de colaboración a la investigación del delito".

31.- No siendo, en consecuencia, la extemporánea confesión alegada "veraz en lo sustancial",no caben aplicaciones atenuatorias analógicas por falta de fundamento, pues como indica la s TS 83/2026, de 5 de febrero, las atenuantes de análoga significación "no pueden alcanzar nunca al supuesto de que falten los requisitos básicos para ser estimada una concreta atenuante, porque eso equivaldría a crear atenuantes incompletas o a permitir la infracción de la norma",de manera que habiéndose acogido por la jurisprudencia ( s TS. 10.3.2004) como circunstancia analógica de confesión la realización de actos de colaboración con los fines de la Justicia cuando ya se ha iniciado la investigación de los hechos con el acusado ( s TS. 20.10.97, 30.11.96, 17.9.99) -confesión tardía-, no puede sin embargo hacerse en aquellas, como la aquí enjuiciada que, además de ser inveraces, no sólo no buscan colaborar y ayudar a la Justicia -lo que constituye el fundamento de política criminal que justificaría la atenuante analógica ex post factoaducida- , sino antes bien, como en el caso, confundirla y engañarla, lo que poco tiene de eficaz, serio y relevante en el esclarecimiento de "la intervención de otros individuos en los hechos enjuiciados ( s TS. 14.5.2001 , 24.7.2002 )"debiendo ser desestimada, por inveraz, al no poder contemplarse en supuestos en que sea "tendenciosa, equivoca y falsa, exigiéndose que no oculte elementos relevantes y que no añada falsamente otros diferentes, de manera que se ofrezca una versión irreal".

32.- Jurisprudencia extensible a la figura atenuatoria del Art. 579 bis 3 y 4 CP alegado, pues ni obra "abandono voluntario de sus actividades delictivas",más bien, como decimos, de su declaración evasiva y no reconocedora de culpa se desprende que ni hay "confesión de los hechos en que ha participado, ni colaboración activa para impedir la producción del delito",ni actuación positiva alguna que coadyuvase "eficazmente a la obtención de pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables, o para impedir la actuación o el desarrollo"de la organización terrorista DAESH, ni el hecho enjuiciado es "de objetiva menor gravedad , ni el medio empleado ni el resultado obtenido es"banal, pues como decimos, 3.800 registros en su historial de Internet en sus dispositivos móviles con contenidos aptos para convencer del pase a la acción terrorista, generan un riesgo nada despreciable que no cabe banalizar ni premiar con reducciones penológicas.

El motivo se desestima.

33. - TERCERO- COSTAS:Al no haberse apreciado en los motivos de impugnación del recurrente ni temeridad ni mala fe ( s TS 286/2019 de 30 de mayo) en esta segunda instancia, se deben declarar de oficio las costas de esta apelación.

Vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación: