Sentencia Penal 9/2025 Audiencia Nacional. Sala de Apelación, Rec. 5/2025 de 11 de febrero del 2025

PRIMERO. - La sentencia recurrida.

1. La sentencia recurrida condena a los dos tripulantes del velero DIRECCION000, Simón, con antecedentes penales, y Romeo por delito contra la salud pública de droga que causa grave daño a la salud, con extrema gravedad, por el exceso de cantidad y el uso de buques.

2. Los hechos sucintamente expuestos consistieron en que el día 24 de agosto de 2023 Simón, de nacionalidad checa, con antecedentes penales, al haber sido condenado en sentencia de la Sala Penal de la A.N. firme el 17.5.2016, por delito contra la salud pública, y Romeo, de nacionalidad ucraniana, fueron abordado por un buque de la Armada Española, cuando tripulaban el velero DIRECCION000 y navegaban por aguas internacionales transportando 2.224 kilogramos de cocaína, con una pureza del 92,7 %, procedentes de Sudamérica en dirección hacia España.

3. Frente a esta resolución interponen recurso de apelación los dos condenados, bajo la misma representación.

4. Dado que en parte el recurso se basa en la impugnación de los hechos declarados probados debemos partir de que como ha recordado la sentencia del Tribunal Supremo 555/2019, de 13 de noviembre (FJ. 1.º-2), con cita de 162/2019 de 26 de marzo y la 216/2019, de 24 de abril, la apelación constituye "una segunda instancia no plena, alejada de un nuevo enjuiciamiento"; de suerte que el órgano de apelación "[solo] puede rectificar el relato histórico [de la sentencia impugnada] cuando un ponderado y detenido examen de las actuaciones ponga de relieve un claro error del juzgador que haga necesaria su modificación", con el único límite "determinado por la inmediación en la percepción de la actividad probatoria".

5. De modo que el tribunal de apelación puede valorar "si la narración descriptiva contiene apreciaciones inexactas que conlleven inferencias erróneas; puede apreciar la existencia de errores de valoración evidentes y de importancia, de significación suficiente para modificar el fallo; puede apreciar la falta de valoración de algunas pruebas cuya apreciación conlleve una conclusión probatoria diferente y, en general, puede hacer un análisis crítico de la valoración probatoria, dejando al margen aquellos aspectos del juicio que dependen sustancialmente de la inmediación" pero su función "no consiste en reevaluar la prueba, sino en revisar críticamente la valoración realizada por el tribunal de instancia", sin que pueda sustituir esta por la propia salvo si aprecia en la primera un error basado en "parámetros objetivos", y "no en simples apreciaciones subjetivas sobre el peso o valor de determinadas pruebas".

6. El tribunal de apelación ha de comprobar si la prueba practicada permitía la conclusión de condena sin margen de duda razonable, como exige el estándar probatorio de la presunción de inocencia, y para ello ha de tener en cuenta todas las informaciones probatorias obrantes en la causa; pero ha de hacerlo, no en una valoración ex novo,sino para constatar -y ello partiendo de los argumentos críticos del recurso- que la sentencia impugnada satisface esas exigencias, no incurre en ningún error al valorar las pruebas practicadas ni prescinde de algún dato relevante. Se trata, en suma, de un "juicio sobre el juicio"; de una función revisora, con plena amplitud funcional, pero no de una nueva valoración autónoma y libérrima de la prueba.

SEGUNDO. - Los motivos de recurso. -

7. La defensa de ambos recurrentes, al amparo de la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías y a un juez ordinario predeterminado por ley, alega:

La falta de jurisdicción de los tribunales españoles, porque el abordaje del velero DIRECCION000 en aguas internacionales no cumplió con los requisitos establecidos en tratados internacionales, como la Convención de Viena de 1988 y la Convención de Montego Bay. No se acreditó que España hubiera solicitado autorización al Estado del pabellón del velero (Polonia), que tenía jurisdicción preferente.

8. En materia de jurisdicción hay que partir de que el delito de tráfico de drogas es un delito de persecución universal, porque ataca bienes jurídicos universales, en los que está involucrada toda la sociedad. El bien jurídico protegido es la salud pública, que no se limita a la de uno u otro país, sino que afecta a todos los países en su conjunto, a toda la comunidad internacional. El art. 23.4 de la LOPJ contempla los delitos de persecución universal, estableciendo los casos en los que los tribunales españoles pueden ser competentes para conocer de los delitos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional.

9. El art. 23.4 d) de la LOPJ establece la competencia de la jurisdicción española en el delito de tráfico ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas que se cometan en los espacios marinos, en los supuestos previstos en los tratados ratificados por España o en actos normativos de una organización internacional de la que España sea parte. Además, el art. 23.4 establece la jurisdicción de los tribunales españoles en otros supuestos contemplados en los apartados i) o p).

10. Este precepto, reformado por la LO nº 1/2014, de 13 de marzo, fue interpretado en las sentencias del Tribunal Supremo nº 866/2014, de 11 de diciembre de 2014, y nº 592/2014 de 24 de julio, que entendieron que "Los delitos que se compendian (piratería, terrorismo, tráfico ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, trata de seres humanos, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y delitos contra la seguridad de la navegación marítima) son aquellos a los que los Estados ribereños deben prestar atención cuando se ejecuten por vía marítima, protegiendo con sus medios al conjunto del continente del que forman parte, aun cuando su destino sea cualquiera de los miembros de la comunidad en la que se integran tales Estados. En nuestro caso, los países ribereños de la Unión Europea, con sus medios, deben proteger la entrada por vía marítima frente a los ataques delictivos que procedan del exterior aun cuando la finalidad de los autores sea la de cometer sus acciones criminales en los países interiores. Por todo ello, esta norma de atribución de jurisdicción tiene una configuración especial respecto a las demás, y debe ser aplicada de forma preferente cuando el delito se detecte en el referido espacio marítimo. Basta que tal atribución se ejerza en armonía con las previsiones de los tratados internacionales. No es necesario que estos la impongan. Para eso ya está la letra p). Un acto legislativo del Estado concernido -como es la LO 1/2014puede proclamar que se ostenta jurisdicción facultada por los referidos instrumentos internacionales. Distinto es el supuesto contemplado en la letra p) del tan citado art. 23.4 LOPJ :La persecución proviene de la imposición «con carácter obligatorio por un Tratado vigente para España o por otros actos normativos de una Organización Internacional de la que España sea miembro, en los supuestos y condiciones que se determine en los mismos».

11. El recurrente -o recurrentes- quiere concluir que los tratados internacionales impedían el abordaje, por lo que se incumplió lo previsto para que España pudiese ejercer su jurisdicción. Esto al margen de que la jurisprudencia del Tribunal Supremo dé validez como fuente de prueba a los abordajes sin autorización del Estado del pabellón, aceptando que las normas que los regulan no se orientan en la protección de derechos fundamentales y su incumplimiento solo pueda dar lugar a conflictos diplomáticos. De modo que para el recurrente se incumplió la legislación que da preferencia al estado del pabellón, lo que implica la quiebra de las garantías del proceso y del derecho al juez predeterminado.

12. Estas alegaciones no podemos aceptarlas. Como el propio recurrente reconoce la jurisprudencia mantiene la validez de los abordajes, aún sin la autorización del Estado del Pabellón. La sentencia recurrida menciona dentro de las más recientes las Sentencias del TS nº 529/2024, de 5 de junio, y la nº 48/2024, de 17 de enero, a las que nos remitimos: "las normas internacionales que regulan los abordajes en alta mar no se orientan a la protección de derechos fundamentales individuales cuya vulneración pudiera determinar la prohibición de valoración de las pruebas obtenidas mediante esas diligencias. De tal manera que su infracción, aun cuando pudiera dar lugar a un conflicto entre Estados, no necesariamente determinaría la nulidad de lo actuado".En todos los casos en los que se aplicó esta jurisprudencia se trataba de abordajes llevados a cabo en aguas internacionales de barcos que no tenían pabellón español y en los que por unos u otros motivos no se obtuvo la autorización del estado del pabellón, pese a lo cual siempre se mantuvo la jurisdicción de los tribunales españoles precisamente con base en el art. 23.4 i) de la LOPJ.

13.La preferencia de la jurisdicción del estado del pabellón no se niega, está claramente establecida en los convenios internacionales. La Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, hecha en Viena el veinte de diciembre de 1988, ratificada por Instrumento de 30 de julio de 1990 (BOE 10-11-1990), como alega el propio recurrente, en su artículo 4 regula la competencia y establece:

1. Cada una de las Partes:

a) Adoptará las medidas que sean necesarias para declararse competente respecto de los delitos que hayan tipificado de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3:

i) Cuando el delito se cometa en su territorio;

ii) Cuando el delito se cometa a bordo de una nave que enarbole su pabellón o de una aeronave matriculada con arreglo a su legislación en el momento de cometerse el delito;

b) Podrá adoptar las medidas que sean necesarias para declararse competente respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3;

i) Cuando el delito sea cometido por un nacional suyo o por una persona que tenga su residencia habitual en su territorio;

ii) Cuando el delito se cometa a bordo de una nave para cuya incautación dicha Parte haya recibido previamente autorización con arreglo a lo previsto en el artículo 17, siempre que esa competencia se ejerza únicamente sobre la base de los acuerdos o arreglos a que se hace referencia en los párrafos 4 y 9 de dicho artículo;

iii) Cuando el delito sea uno de los tipificados de conformidad con el apartado iv) del inciso c) del párrafo 1 del artículo 3 y se cometa fuera de su territorio con miras a perpetrar en él uno de los delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3».

Igualmente se contiene una norma final, en el apartado 3 de dicho artículo 4º, al disponer: La presente Convención no excluye el ejercicio de las competencias penales establecidas por una Parte de conformidad con su derecho interno.

14. El art. 17 de esta misma Convención de las Naciones Unidas de Viena prevé lo siguiente:

"1.Las partes cooperarán en todo lo posible para eliminar el tráfico ilícito por mar, de conformidad con el derecho marítimo internacional".

15. De este modo habilita para la autoatribución de jurisdicción siempre que se cumplan los requisitos del art. 17 de la misma. Esta competencia supone, lógicamente, la del enjuiciamiento de los imputados, salvo que el Estado del pabellón reclame su competencia preferente como prevé la Convención de Ginebra sobre Alta Mar, de 29 de abril de 1958 y la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, hecha en Montego Bay el 10-12-1982.

16. El art. 92 de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar dispone que "los buques navegarán bajo el pabellón de un solo Estado y salvo en los casos excepcionales previstos de modo expreso en los Tratados internacionales o en esta convención, estarán sometidos en alta mar a la jurisdicción exclusiva de dicho Estado".

17. Una excepción a la jurisdicción exclusiva del estado del pabellón es precisamente la de los delitos de tráfico de drogas. Así se desprende, no sólo como hemos visto del art. 17 de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, sino también de la propia Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, art. 108, donde bajo la rúbrica de "tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas s establece que:

"1. Todos los estados cooperarán para reprimir el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas realizado por buques en alta mar en violación de las convenciones internacionales".

18. En este caso nos encontramos con una norma interna que atribuye la jurisdicción a los tribunales españoles, el art. 23.4 i) de la LOPJ, jurisdicción que los convenios internacionales no excluyen, y una jurisdicción preferente del estado del pabellón, que, aunque pudiera ser Polonia, en ningún momento se ha reclamado. Las autoridades polacas no han solicitado ni la remisión del procedimiento, ni la entrega de los detenidos, ello con la finalidad de enjuiciarlos en ese país. De modo que no se ha producido conflicto alguno de jurisdicción que pueda servir para oponerse a que España ejerza la jurisdicción. La preferencia de jurisdicción, a diferencia de la jurisdicción exclusiva, supone aceptar que otros estados pueden resultar igualmente competentes, de ahí que sea necesario contar con reglas que sirvan para establecer qué país se encuentra en mejores condiciones para ejercer la jurisdicción. El principio de territorialidad da preferencia a la del país donde el hecho se hubiese realizado, que es la del estado del pabellón, tratándose de barcos que navegan por aguas internacionales, pero en este caso no se ha reclamado esa preferencia de jurisdicción.

19. La Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancia sicotrópicas en el párrafo 3 del art. 17.3 añade: Toda Parte que tenga motivos razonables para sospechar que una nave que esté haciendo uso de la libertad de navegación con arreglo al derecho internacional y que enarbole el pabellón o lleve matrícula de otra Parte, está siendo utilizada para el tráfico ilícito, podrá notificarlo al Estado del pabellón y pedir que confirme la matrícula; si la confirma, podrá solicitarle autorización para adoptar las medidas adecuadas con respecto a esa nave.

20. En este procedimiento, tras el intento con Holanda, no fue posible confirmar que el velero tuviese pabellón de Polonia. La contestación que consta al CITCO, por email fue que la embarcación con los números indicados no está matriculada en Polonia.

21. Para el recurrente en el CITCO se confundieron los números MMSI y IMO. Pretende que el registro del barco en Polonia fue realizado por un bróker, que facilitó un documento provisional que habilitaba al velero a navegar bajo pabellón de Polonia, hasta la recepción del documento definitivo, lo que se produjo el 30 de enero de 2024, siendo ese el documento que se aportó al inicio del juicio.

22. Es innegable que existían indicios de que el barco podía tener pabellón de Polonia, y que aparece en la información facilitada por las autoridades serbias, también en la respuesta de las autoridades holandesas a su petición de autorización, y por eso también se solicitó la autorización del abordaje a Polonia.

23. El número MMSI es el Maritime Mobile Service Identity, número de 9 dígitos, asignado a la radio VHF con Llamada Selectiva Digital (DSC), AIS o equipos de comunicaciones satelitales del barco. Su función principal es identificar de forma única a la embarcación en las comunicaciones marítimas, especialmente en el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (GMDSS). Los primeros 3 dígitos indican el país de registro (MID - Maritime Identification Digits).

24. El número IMO es el International Maritime Organization. Es un número único de 7 dígitos asignado por la OMI (Organización Marítima Internacional) a los buques mercantes y embarcaciones de gran porte. Se mantiene durante toda la vida del barco, independientemente de cambios en el nombre, propietario o bandera. Es obligatorio para buques de arqueo bruto = 100 GT (Gross Tonnage) o comerciales. No se aplica a veleros de recreo privados, salvo que se utilicen para charter o actividades comerciales y superen ciertos tamaños.

25. El CITCO, Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado, tiene entre sus funciones la tramitación de las solicitudes de autorización de abordaje a los países del pabellón, cuando existan indicios de que un barco que navega por aguas internacionales puede estar transportando drogas.

26. En este caso se comunicó a las autoridades de Polonia por el CITCO los datos de los que se disponía, que según figura en el atestado eran el nombre del velero y el número MMSI. Ciertamente este número se corresponde por sus tres primeras cifras con un registro holandés, pero el nombre del barco y conocer precisamente que había estado registrado en Holanda, hubiese podido facilitar que, dé haber existido, se hubiese informado del registro provisional. Sin embargo, la contestación que figura remitida el 23.08.2023 a las 14.30 fue que la embarcación con los números indicados no estaba matriculada en Polonia.

27. Ante la comunicación de las autoridades de Polonia que no confirmaron que el barco estuviese registrado en ese país, la actuación de las autoridades españolas llevando a cabo el abordaje no incumplió la normativa internacional, por más que el velero enarbolase en el momento del abordaje la bandera de ese país. Se intentó la confirmación de que se trataba de un barco matriculado en Polonia y no se obtuvo tal confirmación.

28. Por ello deben decaer las alegaciones del recurrente que pretendía la falta de jurisdicción de los tribunales españoles y la violación del derecho al proceso debido y el derecho al juez predeterminado.

29. Además, hay que tener en cuenta que este procedimiento judicial se abrió antes del abordaje, al recibir la información de las autoridades serbias sobre los viajes realizados a este país de distintas personas, sospechosas de estar preparando un envío de cocaína, que procedente de Iberoamérica debía introducirse a Europa a través de España. Esta información fue la base que permitió llegar al abordaje del barco DIRECCION000 y descubrir la importante carga de cocaína que transportaba. Al ser España el lugar de destino concurre también el supuesto del artículo 23.4.i) de la LOPJ, que atribuye la competencia a la jurisdicción española en el delito de tráfico de drogas cuando se trate de la realización de actos de ejecución con miras a su comisión en territorio nacional.

30. La sentencia recurrida recoge toda esta motivación al responder en el primer fundamento, apartado A.-Alegaciones de la defensa de los acusados en el subapartado A.1 legalidad del abordaje y A.2 jurisdicción de los tribunales españoles, motivación que este tribunal comparte plenamente y que debemos tener por ratificada.

31. El motivo de recurso se desestima.

TERCERO. -La presunción de inocencia y la nulidad de las fuentes de prueba. -

32. Vinculado al motivo anterior la defensa de los dos recurrentes alega la nulidad del abordaje, por falta de motivación del auto dictado por el Juzgado Central de Instrucción nº 6 el 21 de agosto de 2023, que autorizaba el abordaje y el registro del DIRECCION000.

33. Estas alegaciones no pueden acogerse. Un barco oficial, sea de la Armada o de Vigilancia Aduanera tiene autoridad para ejercer el derecho de visita sobre cualquier buque o embarcación, ya se trate de aguas nacionales o internacionales. Así se desprende de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que no exige contar con autorización judicial para realizar el abordaje.

34. En este caso se solicitó y se obtuvo la autorización judicial, porque se trataba de un procedimiento que estaba judicializado, al haber interpuesto querella el Ministerio Fiscal y en el que se hacía constar que se desconocía el pabellón de la embarcación, porque en los registros abiertos de embarcaciones figuraba como holandés, si bien las autoridades serbias afirmaban que estaba usando bandera de Polonia.

35. La S. del TS nº 681/2017, de 18 de octubre señala como: las sospechas policiales sobre la posible realización de una operación de tráfico de drogas a gran escala autorizan a realizar vigilancias sobre un barco que se considera sospechoso y a controlar su derrota, de manera que las embarcaciones oficiales, en cumplimiento de sus obligaciones, pueden acercarse y verificar con los medios a su alcance la regularidad de la navegación y la concurrencia o no de elementos sospechosos.

36. Una comunicación de las autoridades serbias, informando los indicios que hacían temer que el barco DIRECCION000 estaba haciendo uso de la libertad de navegación para transportar cocaína, ya por si sola hubiese sido suficiente para que un buque de la Armada Española, situado en las inmediaciones procediese al abordaje e inspección, con autorización del estado del pabellón, o como ha ocurrido en este caso sin que fuese posible obtener la autorización al rechazar tanto las autoridades de Holanda como las de Polonia que se tratase de un barco de su nacionalidad.

37. Además, aquí se ha contado con la autorización judicial tachada de deficitaria por el recurrente, pero dado que tal autorización no era indispensable ningún defecto en que hubiese podido incurrir, hubiese podido afectar la regularidad del abordaje. El estado ribereño, en este caso España, estaba obligado a comprobar con el derecho de visita e inspección si ese velero transportaba droga por su obligación de contribuir a reprimir el tráfico de drogas del art. 108 de la Convención Montego Bay y 17 de la Convención de Viena, a los que ya hemos aludido ampliamente.

38. El auto del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de 21 de agosto de 2023, no sólo autorizaba el abordaje, sino también la entrada y registro del velero DIRECCION000. Pero la entrada y registro debía practicarse una vez que llegase a tierra con el auxilio del Juzgado de Instrucción de Guardia de Las Palmas de Gran Canaria. Tras el abordaje y la inspección en alta mar se detuvo a los tripulantes, y con las bolsas de cocaína, encontradas en zonas comunes del velero, fueron trasladados al Buque de Acción Marítima de la Armada Española, B.A.M. Relámpago 43. Ante el riesgo de la operación de remolcar el velero el Juzgado tuvo que autorizar el abandono y hundimiento en alta mar de la embarcación en auto de 26 de agosto de 2023. Por este motivo el registro ya no se pudo llevar a cabo.

39. En cualquier caso, el auto del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de 21 de agosto de 2023, que autorizaba el abordaje y el registro del DIRECCION000, se encuentra debidamente motivado. La sentencia recurrida también desechó que este auto fuese inmotivado, se refiere a esta impugnación en el fundamento A.3 con base, por un lado, en que la jurisprudencia admite el complemento de la motivación del auto con el contenido de la solicitud policial, y, por otro lado, en los propios indicios transmitidos por las autoridades policiales de Serbia.

40. Examinando el auto del instructor de 21 de agosto de 2023, acontecimiento 7, que autorizaba el abordaje y el registro del DIRECCION000, resulta innecesario acudir por remisión a los motivos de la solicitud, porque el propio auto los recoge. Expresamente se indica que las autoridades serbias comunicaron a la policía española:

La existencia de una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína, la cual pretendía introducir una indeterminada cantidad de dicha sustancia en nuestro país. Los integrantes del entramado criminal investigado por las autoridades serbias resultan ser los siguientes: Rafael, nacido el NUM004/1953 en Belgrado (Serbia), con pasaporte serbio NUM005; Pio, nacido el NUM006/1980 en Belgrado (Serbia), con pasaporte serbio NUM007; Eladio, nacido el NUM008/1988 en Grocka (Serbia), con pasaporte serbio NUM009; Jose Luis, nacido el NUM010/1971 en Zagreb (Croacia), con pasaporte serbio NUM011; y Roberto, nacido el NUM012/1983 en Belgrado (Serbia), con pasaporte serbio NUM013.

También se informa que el principal líder del entramado criminal es el identificado Rafael, ciudadano de origen serbio, que ha estado en distintas ocasiones en España (la más reciente entre los días 1 a 8 de agosto), pernoctando en varios establecimientos hoteleros de las ciudades de Barcelona y Benidorm (Alicante). Asimismo, Jose Luis y Pio también han visitado España en diversas ocasiones.

Las autoridades serbias también informan que la organización había contratado al ciudadano ucraniano Romeo, con pasaporte NUM001, como persona encargada de realizar una operación de importación de cocaína desde Brasil hasta España. Comprobaciones posteriores han permitido saber que dicha persona se encuentra a bordo del velero de recreo DIRECCION000 con MMSI NUM014 que partió desde el puerto de Salvador (Brasil), el día 25 de julio de 2023, y que, en la actualidad, se encuentra a unas 1.200 millas náuticas de las costas de las Islas Canarias. En el barco también viaja el identificado Simón, ciudadano checo.

La mecánica de la operación consistiría en que, una vez que el velero DIRECCION000 se hallara a una distancia prudencial de las costas españolas, presumiblemente en un punto cercano a las Islas Canarias, se haría el trasbordo de la sustancia estupefaciente (cocaína) a otra embarcación (desconocida) que la transportaría hasta su destino final, siendo éste alguno de los puertos de la Comunidad Valenciana, desde donde la sustancia estupefaciente sería distribuida por España y Europa.

41. Además se indica como, al recibir esa comunicación la policía española comprueba que el velero DIRECCION000 había salido de Brasil, tras estar en dos ocasiones en el puerto de Salvador, el día 25 de julio y navegaba con el AIS desconectado. También se constatan los atencedentes penales por tráfico de drogas de Simón, uno de los tripulantes, tratándose de un caso similar al investigado. Asímismo, se comprueban las estancias en España de las personas indicadas por las autoridades serbias. De modo que se pudieron constatar datos que confirmaban la fiabilidad de las informaciones y su carácter incriminatorio. Así hay que concluir que la información contenía datos objetivos que fueron corroborados.

42. El AIS, Automatic Identification System, es un instrumento que, al margen de que pudiera ser o no obligatorio en un velero de estas características, es muy relevante para la seguridad del barco en su navegación en alta mar. El hecho de que los tripulantes navegasen con este sistema apagado, pone de manifiesto que pretendían que su derrota no pudiese ser localizada, lo que concuerda con el clandestino transporte que realizaban.

43. El auto finalmente justifica la atribución de jurisdicción que ejerce y analiza el fundamento de la entrada y registro que acuerda.

44. Todo ello permite desechar que el auto pueda tacharse de inmotivado y lleva a desestimar el motivo de recurso.

CUARTO.-La inviolabilidad del domicilio.

45. Alega la defensa que el DIRECCION000 era la residencia permanente de ambos recurrentes, por lo que debía gozar de la protección del derecho a la inviolabilidad del domicilio. La entrada y registro se llevó a cabo sin cumplir los requisitos constitucionales, dado que no existía flagrancia ni autorización judicial suficientemente motivada.

46. Sobre la consideración de un barco como domicilio la S. del TS nº 420/2020 de 22 de julio, recoge como: en las últimas sentencias sobre la materia ( SSTS 1009/2006, de 18-10 ; 894/2007, de 31-10 ; 671/2008 , de 22- 10; 151/2009, de 11-2 ; y 932/2009, de 17-9 ), recogiendo la doctrina plasmada en otras resoluciones precedentes, se expone que"...ningún problema se plantea para reconocer la condición de domicilio al camarote de un barco como un lugar separado donde uno de sus tripulantes o viajeros se independiza de los demás que comparten las zonas comunes para desarrollar su privacidad en la medida que lo desee. Resulta del todo evidente que una embarcación puede constituir, en efecto, la morada de una o varias personas cuando la utilicen como reducto de su vida privada, pues sin duda están construidas tales embarcaciones de forma que algunas de sus dependencias, como los camarotes, resultan aptas para que en las mismas se desarrollen conductas o actividades propias de áreas de privacidad, aunque resulte dificultoso extender el concepto de domicilio en todo caso a otras zonas de aquélla, como puede ocurrir con la cubierta, utilizada en las maniobras náuticas o como lugar de esparcimiento, o las bodegas, utilizadas exclusivamente para la carga, o la zona de máquinas, que no pueden entenderse aptas, con carácter general, para la vida privada" (STSS 624/2002, de 10-4; y 919/2004, de 12-7).

47. El buque DIRECCION000 es un velerode 22 metros de eslora, con zonas comunes y con camarotes, que transportaba más de dos toneladas de cocaína, empaquetada en bolsas. Al ejercer los miembros de la tripulación del barco de la Armada Española el derecho de abordaje e inspección saltaba a la vista la clandestina carga que transportaba, colocada por zonas comunes, en el pasillo.

48. No fue necesario el registro de los camarotes para descubrir la cocaína que transportaba el barco, y proceder a su incautación. Solo los camarotes pueden ampararse en la inviolabilidad del domicilio. Una vez descubierta la carga y detenidos los tripulantes era necesario llevar a cabo la inspección total de barco, pues de otro modo no se hubiesen podido hacer cargo de la embarcación con seguridad.

49. La sentencia de esta Sala de Apelación nº 5/2019, de 5 de abril, señala en este sentido, recogiendo la S. del TS de 15 de mayo de 2008, como el abordaje de un buque implica no solo el acceso al mismo y su captura, sino también su inspección y la posibilidad de adopción de medidas adecuadas con respecto a la nave, a las personas y a la carga que se encuentren a bordo, en el caso de descubrirse pruebas de la vinculación del mismo en el tráfico de estupefacientes. Implica por ello la inspección técnica y eléctrica del barco para garantizar su buen funcionamiento y su seguridad, y, desde luego, la ocupación y precinto de las sustancias estupefacientes o armas que llevara.

50. En este caso se llevó a cabo el abordaje, se encontró la cocaína en una zona común y se procedió a la detención de los tripulantes, y también a la inspección en alta mar del velero. No es posible que un barco oficial se haga cargo de una embarcación sin llevar a cabo una inspección de seguridad que permita desechar que puedan existir otras personas, armas, que puedan poner en riesgo la seguridad de la operación. Eso fue lo que aquí se realizó y no un registro, que estaba judicialmente acordado, pero, como ya hemos visto no fue posible, ya que el velero no pudo ser remolcado al puerto de Las Palmas, para llevarlo a cabo

51. El motivo de recurso se desestima.

QUINTO.-Sobre la prueba de los hechos.

52. Alega la defensa recurrente que no existen pruebas de los hechos, ni que los recurrentes estén vinculados a las personas investigadas en Serbia o que el destino de la droga fuese España. Sobre el informe del teléfono satelital destaca que su factura es 0, y en cuanto al Garmin, no hay lenguaje convenido y se trataba de contactar con tierra para obtener información sobre el estado del mar.

53. Los recurrentes fueron sorprendidos por los funcionarios de la Armada en delito flagrante, cuando transportaba en el buque que tripulaban mas de dos toneladas de cocaína. De modo que solo se puede explicar esta alegación en que previamente han pretendido la nulidad del abordaje y de la inspección del barco, pero una vez que se han desechado los motivos de nulidad alegados esta alegación decae. Como se recoge en la sentencia recurrida han declarado como testigos los agentes que llevaron a cabo el abordaje: el agente nº NUM024, que dirigió las operaciones que acabaron con el abordaje del velero; el agente nº NUM025, funcionaria de la Policía Judicial que estuvo embarcada en el buque de la Armada desde el que se realizó el abordaje; y de los agentes nº NUM026 (dirigió el abordaje) y NUM027, funcionarios GEOS que practicaron el abordaje. Todo han declarado como al llevar a cabo el abordaje se encontraron la cocaína en bolsas en el pasillo, zona común del velero. También que incluso uno de los tripulantes reconoció que llevaban cocaína. Tratándose de mas de dos toneladas de cocaína la carga tenía que ser visible a simple vista en un velero de 22 metros de eslora.

54. Estas declaraciones, unidas al informe pericial sobre la sustancia intervenida y su valoración, son suficientas para estimar a los recurrentes responsables del delito contra la salud pública de droga que causa grave daño a la salud, con extrema gravedad, por el exceso de cantidad y el uso de buques. Los recurrentes no fueron condenados por el subtipo agravado de pertenencia a organización delictiva, por lo que el resto de las pruebas practicadas, que pueden poner de manifiesto la implicación de otras personas no juzgadas, resultan innecesarias a estos efectos.

55. En cualquier caso la vinculación con las personas investigadas en Serbia se desprende con facilidad del dato de que fue la investigación sobre esas personas la que llevó a la identificación del velero DIRECCION000, como el buque que iba a transportar la cocaína procedente de Brasil, información que se comprobó con el abordaje. A ello se añade que las personas investigadas en Serbia llevaron a cabo varios viajes a España, que se explica precisamente porque estaban preparando el dsembarco en este país, lo que viene a corroborar que se dirigian a las inmediaciones de la costa española donde era preciso trasladar la carga a embarcaciones masŽpequeñas que pudiesen arribar en cualquier punto, para eludir los puertos.

56. Por último debemos señalar que para la condena de las dos personas aquí enjuiciadas detenidas cuando transportaban más de dos toneladas de cocaína, en el barco que tripulaban, ya carece de relevancia si en las comunicaciones transcritas en los hechos probados, mantenidasa través de GPS, se referían a la carga de cocaina cuando aludían a un regalo, como tampoco son relevantes los contactos del teléfóno satelital. Resulta innecesario por ello el examen de las alegaciones del recurrente en este sentido.

57. Todo ello lleva a mantener el relato de hechos probados en la forma establecida por el tribunal, sin necesidad de entrar en otras cuestiones, que no han sido objeto de recurso.

SEXTO.- Las costas del recurso.-

58. El artículo 239 LECrim. establece la necesidad de que la sentencia que resuelve el recurso de apelación contenga un pronunciamiento sobre las costas del recurso, al señalar con carácter general como "en los autos y sentencias que pongan término a la causa o a cualquiera de los incidentes deberá resolverse sobre el pago de las costas procesales".

59. La jurisprudencia, S del TS 286/2019 de 30 de mayo, señala como "en materia de costas respecto del recurso de apelación no es aplicable la norma específica del vencimiento objetivo, prevista para el recurso de casación en el artículo 901 de la LECrim , y a falta de pronunciamiento específico por la ley procesal, será la prevista los artículos 239 y 240 de LECrim , esto es, el criterio de la imposición desde la regla de temeridad o mala fe".

60. Esto supone que la regla del vencimiento, imposición de las costas a la parte cuyo recurso se desestima -siempre excluyendo claro al ministerio fiscal- sólo será aplicable cuando concurra en el recurrente temeridad o mala fe, siendo además necesario que medie petición de parte para su imposición. En los demás casos deberán declararse de oficio.

61. No existiendo temeridad, ni mala fe en el recurso presentado por la defensa las costas se declaran de oficio.