Sentencia Penal 17/2025 Audiencia Nacional. Sala de Apelación, Rec. 9/2025 de 02 de abril del 2025

PRIMERO.-La sentencia y los recursos:

1. En la sentencia recurrida fueron enjuiciados 22 acusados de delitos de tráfico de drogas, contrabando y blanqueo. De los acusados condenados presentan recurso de apelación 15 de ellos.

2. Los hechos sucintamente expuestos consistieron en que varios de los acusados formaban parte de una organización que se dedicaba a la importación de cocaína procedente de Iberoamérica oculta entre cargamentos de frutas (sustrato de coco y piñas). Esta organización disponía de distintas naves industriales, que utilizaban para depositar la droga, para extraerla y para prepararla para el consumo. Además, disponían de una plantación de marihuana, también destinada a su distribución, y de una embarcación para el transporte, calificada de narco lancha, que no cumplía con los requisitos legales. Los fondos procedentes de esta actividad los colocaban a nombre de sociedades transfiriéndolos de unas a otras. Se estimó que algunos de los acusados no formaban parte de esta organización, limitándose puntualmente a participar en actos de tráfico, algunos de ellos solo en relación con la plantación de marihuana.

3. Finalmente 3 de los acusados fueron absueltos del delito de tráfico de drogas y uno de ellos del blanqueo

4. Han recurrido la sentencia 15 de los condenados, por motivos en parte comunes, vinculados a la validez de las diligencias de investigación, relativos a la nulidad de las intervenciones telefónicas, y de los medios técnicos de investigación empleados, registros de domicilios. Además, todos ellos invocan la presunción de inocencia estimando que no hay pruebas de su participación. También discuten la calificación jurídica de los hechos cuestionando en algunos casos la existencia de los tipos agravados aplicados, organización, notoria importancia, también la autoría, reclamado la aplicación de tipos atenuados.

5. Examinaremos en primer lugar las impugnaciones relativas a la validez de los medios de investigación, después la prueba de los hechos individualmente para cada uno de los recurrentes, distinta es su participación y distintas son las pruebas de cargo existentes en relación a cada uno de ellos. Una vez revisada la prueba, y a la vista de los hechos que se han declarado probados examinaremos la calificación jurídica y finalmente la individualización de las penas impuestas.

SEGUNDO.- La impugnación de los medios de investigación.-

6. Alegan algunos recurrentes ( Edmundo y Romulo) que basta con leer el auto del Juzgado Central de Instrucción para constatar que la instrucción ha durado más de lo razonable, pues descarta la existencia de una organización compleja, la existencia de conexión entre varios de los investigados y exhorta al juez de Tarragona a quedarse con parte de la causa desgajándola en tres piezas.

7. Esta alegación no puede en este momento procesal traerse a colación, porque ya no nos encontramos revisando resoluciones interlocutorias, ni del juez de Tarragona, ni del juzgado central de instrucción, lo que tuvo sus propios cauces, sino la sentencia que se dicta tras la celebración de un juicio por una sección de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, máxime en este caso en que la competencia y el objeto del procedimiento no se cuestiona.

8. Se alude por otro recurrente a las dificultades de localización de documentos en el Cloud o en Horus, por la falta de orden, y también las que se desprenden de que la sentencia se limite para identificar las resoluciones que revisa a mencionar la fecha y no el acontecimiento donde se encuentran, con lo que su labor de estudio y preparación del recurso se ha visto en gran medida dificultada.

9. Esta alegación es compartida por este tribunal, cuya labor de revisión se ve en ocasiones dificultada por los mismos motivos, aunque de esas disfunciones no cabe derivar motivo de nulidad alguno, ni tampoco rebaja de las penas, pues no llega a causar la indefensión de las partes. Todo el procedimiento ha estado a su disposición. Solo podemos señalar la necesidad de que se establezcan protocolos claros sobre la documentación de los procedimientos, a fin de permitir una fácil localización de todos los documentos, para lo que resulta indispensable que existan índices precisos y que desde que se inicia la instrucción de una causa se respete una homogénea denominación.

10. Esta necesidad se hace especialmente patente en este caso, pues tramitado el procedimiento en un Juzgado de Instrucción de Cataluña, sin expediente digital o con uno no compatible con el sistema Horus, al producirse la inhibición, se ha llevado a cabo el escaneado de los tomos y de todas las piezas separadas, pero sin que exista un índice, ni un guion que facilite conocer lo que se encuentra en cada tomo. La sentencia recurrida no puede identificar las resoluciones que analiza por el número de acontecimiento, cuando proceden de las actuaciones escaneadas, que carecen de esa referencia. Todo ello dificulta enormemente la labor tanto de las partes, abogados y fiscales, como de los propios tribunales.

Las intervenciones telefónicas:

11. La Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica, introduce en la LECrim. un nuevo Titulo VIII "De las medidas de investigación limitativas de los derechos reconocidos en el artículo 18 de la Constitución". A la interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas se dedica el Capítulo V, artículo 588 ter, pero además resultan de aplicación las disposiciones comunes introducidas en el Capítulo IV, art. 588 bis a. Estas disposiciones vienen a incorporar los principios que ya la jurisprudencia del T.S. y del T.C. venía definiendo como determinantes de la validez del acto de injerencia. En consecuencia, siguiendo la terminología de la ley, debe señalarse que las intervenciones telefónicas sólo pueden llevarse a cabo con autorización judicial, que ha de sujetarse a los principios siguientes:

Especialidad: La actuación de que se trate debe tener por objeto el esclarecimiento de un hecho punible concreto, prohibiéndose las medidas de investigación tecnológica de naturaleza prospectiva.

Idoneidad: La medida ha de aparecer como útil en su ámbito objetivo y subjetivo y también en relación con su duración.

Excepcionalidad y necesidad: Es preciso que no existan otros medios de investigación menos gravosos o que la investigación se vea seriamente dificultada sin el recurso a esta medida.

Proporcionalidad: El sacrificio de los derechos no puede ser superior al beneficio que puede resultar para el interés público y de terceros.

12. La concurrencia de estos principios debe encontrarse suficientemente justificada en la resolución judicial habilitadora, donde el juez determinará la naturaleza y extensión de la medida en relación con la investigación concreta y con los resultados esperados.

13. La Sentencia del TEDH de 30 de septiembre de 2008 recuerda que para revestir un carácter necesario en una sociedad democrática una injerencia debe basarse en una necesidad social imperiosa y ser proporcional a la finalidad legítimamente perseguida.

14. La jurisprudencia viene señalando como han de existir para entender legítima la intromisión «sospechas fundadas» en alguna clase de datos objetivos, que han de serlo en un doble sentido: en el de ser accesibles a terceros, sin lo que no serían susceptibles de control; y en el de que han de proporcionar una base real de la que pueda inferirse que se ha cometido o que se va a cometer el delito, sin que puedan consistir en valoraciones acerca de la persona. Han de excluirse las investigaciones meramente prospectivas, pues el secreto de las comunicaciones no puede ser desvelado para satisfacer la necesidad genérica de prevenir o descubrir delitos o para despejar las sospechas sin base objetiva que surjan de los encargados de la investigación, ya que de otro modo se desvanecería la garantía constitucional; exclusión que se extiende igualmente a las hipótesis subjetivas y a las meras suposiciones y conjeturas, pues si el secreto pudiera alzarse sobre la base de esas hipótesis, quedaría materialmente vacío de contenido.

15. Un medio de investigación que implique la limitación de derechos fundamentales no puede estar exclusivamente basado en una denuncia anónima, porque no puede constituir una sospecha fundada, no es susceptible de control, y no entenderse como suficiente justificación para la afectación de derechos fundamentales que implica. Por eso en todo caso será necesaria que una investigación previa a la intromisión en derechos fundamentales permita entender avalada la información que la denuncia anónima contine.

16. También hay que tener en cuenta que esta justificación ha de ser previa, porque el éxito posterior de la investigación, nunca convalida lo que inicialmente no estuviese justificado.

17. En este caso impugnan los recurrentes el auto de 30 de octubre de 2019 que acuerda la primera intervención telefónica, alegando que se basa en simples sospechas, al igual que el auto de 29 de noviembre de 2019, que tiene los mismos fundamentos. Dada la falta de resultados, el auto de 19 de diciembre acuerda su cese. El 23 de diciembre de 2019 el juez al recibir un nuevo atestado acuerda la prórroga de las medidas tecnológicas, para finalmente en auto de 17 de enero del 2020 acordar el sobreseimiento provisional y el cese de todas las medidas. Tras el periodo de archivo la causa se reabre al recibir un nuevo atestado por auto de 2 de marzo de 2020, que para los recurrentes es nulo, porque no existen hechos nuevos que justifiquen la reapertura de la causa, ninguno puede considerarse como tal de los recogidos en el atestado. En ese auto se acuerdan nuevas intervenciones, sin indicios para interferir en un derecho fundamental, por lo que para los recurrentes debe reputarse nulo al igual que los de sus sucesivas prorrogas.

18. La sentencia recurrida se refiere a estos motivos de impugnación en el fundamento primero sobre las cuestiones previas en el apartado cuarto que lleva a cabo un muy detenido examen de las actuaciones. Así el tribunal señala como:

"Las Diligencias Previas se incoan mediante Auto de fecha 20 de septiembre de 2019 dictado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Tarragona en base a un oficio policial de fecha del día anterior, en la que se ponía en conocimiento del Juzgado que, tras las oportunas investigaciones, se estaba esperando la llegada de una importante cantidad de sustancias químicas destinadas a la fabricación de la cocaína, y concretamente se daba cuenta de que la ferretería DIMA de Tarragona se iban a recibir importantes cantidades de estas sustancias precursoras de la elaboración de sustancias estupefacientes, concretamente de cocaína.

1.- Mediante vigilancias continuadas durante los días 16 y 17 de septiembre de 2019 se aprecia por los funcionarios policiales que la mercancía, dos toneladas de productos químicos son descargados en la ferretería y cargados en un vehículo matrícula NUM017 que se dirigió hasta la calle Marqués de Montoliu donde aparcó abriendo el maletero y cubriendo unas garrafas con una sábana. Mientras en la ferretería el hijo del dueño hablaba con dos individuos de aspecto sudamericano que vinieron a bordo del vehículo BMW matrícula NUM018 que figura a nombre de Encarna. Las garrafas son descargadas por una tercera persona identificada como Luciano. Otra parte de la mercancía es descargada al día siguiente en otro vehículo furgoneta matrícula NUM019 a nombre de Bruno. Se solicita la instalación por dos meses de un sistema de geolocalización en los vehículos objeto de investigación policía. El Auto acuerda la incoación de Diligencias Previas y en Pieza separada la instalación del sistema de geolocalización, la averiguación patrimonial de determinadas personas y el secreto de las actuaciones.

2.- Por oficio policial de 23 de octubre de 2019 se da cuenta al Juzgado que solamente se pudieron instalar dos dispositivos ya que uno de los vehículos no fue localizado. Uno de los vehículos se traslada en una ocasión a Reus para visitar a una persona que fue detenida en 2017 relacionado con la elaboración de sustancias estupefacientes. El otro vehículo matrícula NUM019 hace largos recorridos trasportando prensa hasta lugares solitarios. Solicita en base a todo ello la intervención telefónica de distintas personas que no están acusadas en el presente procedimiento seguido en esta Audiencia Nacional ( Encarna, Jenaro y Bruno). El Auto de 30 de octubre de 2019 acuerda la intervención telefónica solicitada por la Policía de Jenaro (hijo del dueño de la ferretería DYMA de Tarragona) y de Bruno.

3.- En el oficio policial de fecha 13 de noviembre de 2019 se pone en conocimiento que, si bien, las intervenciones telefónicas no han dado resultado positivo, se ha realizado una vigilancia policial en la que se documenta fotográficamente una nueva adquisición (sería la segunda) de sustancias precursoras para la elaboración de cocaína (acetona y etilmetacetona) que se cargan en un Mercedes matrícula NUM020, cuyo titular es una empresa mercantil, que se traslada a Terrassa donde se pierde su ubicación. Aparece un nuevo individuo, que esta Sala entiende que es pieza fundamental, llamado Millán que fue visto en la ferretería DYMA entrevistándose con Jenaro (esta persona aparece en llamadas telefónicas con Edmundo). El citado Millán fue objeto de una investigación policial anterior en una operación de desmantelamiento de un laboratorio de elaboración de cocaína si bien no pudo establecerse su participación. Se pide la intervención telefónica de dos personas investigadas en otro procedimiento y la instalación de un sistema de geolocalización en el BMW que antes no puedo hacerse. Por Auto de 29 de noviembre de 2019 se accede a lo solicitado por la Policía.

4.- A través del oficio policial de fecha 17 de diciembre de 2019 se cuenta de los problemas técnicos para escuchar las conversaciones telefónicas de los terminales autorizados anteriormente, solicitando su cese, el cual se efectúa por Auto de 19 de diciembre de 2019, manteniéndose el balizamiento del vehículo Mercedes NUM018 utilizado por Millán por Auto de 23 de diciembre de 2019 previo requerimiento del Juzgado para que aporte datos concretos de los movimientos del vehículo y la relación con los hechos. Por oficio policial de 28 de enero de 2020 se solicita el cese del balizamiento instalado en el vehículo Mercedes antes mencionado.

5.- Dado el estado de las actuaciones, y que no ha habido resultados eficaces a nivel policial como para seguir con el procedimiento, el Juzgado de Instrucción dicta Auto de 30 de enero de 2020 que decreta el sobreseimiento provisionalmente de las actuaciones."

19. Así los autos dictados en esta primera etapa, anterior al sobreseimiento, acordando medidas de intervención telefónica, son:

a. El auto de 30.10.2019, folio 84, autorizando la observación de dos de las líneas solicitadas y denegando otra, al entender que respecto a esta persona las sospechas, que se limitaban a que las garrafas habían sido introducidas en el portal, donde ella tenía su vivienda, era insuficientes para justificar la medida. Estas medidas fueron cesadas por autos de 18 y 21.11.2019, ya que la primera estaba en manos de una persona ajena a la investigación y en la segunda no se aportaron datos.

b. El auto de 29.11.2019, folio 127, que va haciendo una exposición de lo actuado. En su fundamentación se exponen los requisitos generales de la medida y se concretan los aspectos fácticos que la sustentan, y que llevan a la unidad investigadora a establecer la presunta existencia de un laboratorio de tratamiento de la cocaína. En esa resolución se concluye por autorizar tres observaciones telefónicas. Sobre su resultado en el oficio de 17.12.2019 UDYCO informa que la compañía Orange, titular de la primera de las líneas intervenidas, ha iniciado la implantación de un nuevo protocolo de comunicaciones denominado RTP, el cual no es posible decodificar por la aplicación a través de la cual se efectúa la interceptación telefónica, lo que se traduce en la imposibilidad de llevar a cabo la escucha. La segunda de las terminales las utiliza un primo de la persona investigada, y no existe tráfico de comunicaciones en la tercera. Por ello se solicita el mantenimiento del dispositivo de geolocalización instalado en un vehículo, pero el cese de las intervenciones telefónicas. El día 19.12.2019 se acuerda el cese de las intervenciones telefónicas, folio 168

20. Estas dos resoluciones son modélicas en su fundamentación, conteniendo todos los datos facticos expuestos por la unidad investigadora, que ponen en relación con los requisitos legales. La existencia de suministros de sustancias precursoras en grandes cantidades en una ferretería de un barrio de Tarragona, cuando no va acompañada de la constatación de una actividad industrial que justifique su empleo, es motivo suficiente para sospechar la existencia de un laboratorio de elaboración de clorhidrato de cocaína para el consumo. Aquí, ya se inicia la investigación con casi dos toneladas de sustancia químicas tipo disolventes, concretamente 1847 kg., aptas para la preparación de cocaína para el consumo. Estas iniciales sospechas se vieron confirmadas gracias a las vigilancias sobre ese local, que permitieron identificar a las personas que las recogían y las transportaban, en ocasiones vinculadas al narcotráfico. Ninguna actividad industrial vinculada al uso legítimo de estas sustancias se pudo constatar. Así las iniciales sospechas se convirtieron en fundadas, constatadas con datos objetivos, y en buenas razones para acordar la limitación de derecho que implican las observaciones telefónicas, totalmente alejadas de lo que puede ser una investigación prospectiva.

21. En ese punto en que la investigación no puede avanzar sin utilizar las observaciones telefónicas, por eso se habían autorizado, y la falta de resultados por problemas técnicos conduce al sobreseimiento. El auto de sobreseimiento provisional de 30.1.2020, folio 291, pone de manifiesto la falta de obtención de pruebas suficientes de la perpetración del delito.

22. Tras el sobreseimiento centran su crítica los recurrentes en que no existieron nuevos datos que justificasen la reapertura de la causa, por lo que reputan toda la investigación posterior viciada de nulidad.

23. Sin embargo, no cabe estimar esa nulidad, ya que el procedimiento se reabre a petición de la unidad investigadora, folio 333, que confía en que los problemas técnicos, que impidieron llevar a cabo intervenciones telefónicas autorizadas, hayan desaparecido y además se menciona que se ha tenido conocimiento de que se está preparando la recepción de otra nueva remesa de precursores. Como se destaca en la sentencia recurrida la reapertura de la causa se hace por un lado ante las informaciones sobre un nuevo envío y por otro confiando en que los problemas técnicos, que impidieron llevar a efecto las observaciones telefónicas acordadas, puedan ahora ser subsanados.

24. Se dicta el auto de 2 de marzo de 2020 acordando la reapertura y el secreto de las actuaciones, folio 313, y en resolución de la misma fecha se accede a la intervención solicitada. Esta resolución trae a colación todos los datos que hasta entonces había arrojado la intervención sobre las partidas de precursores, sus recogidas y traslados, lo que se pone en relación con los requisitos legales para acordar la limitación de derechos. Todo ello implica que no puede reputarse infundada, ni mucho menos prospectiva la investigación.

25. Pretender siguiendo las alegaciones de los recurrentes, que como ya constaba en una resolución judicial, no recurrida, que las remesas de precursores son una actividad legal y no indicio de actividad ilícita, tampoco una nueva remesa puede constituir un hecho nuevo, apto para justificar la reapertura, significa ignorar los motivos por los que la investigación fue sobreseída, que ya han quedado expuestos. Por el contrario, debemos estimar que cuanto más grandes son las partidas recibidas de precursores, sin justificación en actividad industrial alguna, mayores y más fundadas pueden ser las sospechas de que se destinan a un laboratorio de preparación de cocaína para el consumo, máxime al verse avaladas por los traslados descubiertos en las vigilancias.

26. Finalmente recoge la sentencia recurrida como:

"Ante la circunstancia de que los problemas técnicos subsistían en ORANGE, y el resultado negativo del otro teléfono intervenido, se pide por la Policía el cese de la intervención de los dos teléfonos, de Jenaro y de su pareja sentimental Sandra, lo cual se decreta por Auto de 25 de marzo de 2020.

Nuevamente por oficio policial de 7 de mayo de 2020 se vuelve a solicitar la intervención del teléfono utilizado por Jenaro, persona que regenta la ferretería DYMA, ante las sospechas de que va a recibir una importantísima cantidad de precursores para elaborar droga, unas cuatro o cinco toneladas, de las cuales, la semana siguiente se recibirían dos toneladas. Por Auto de 7 de mayo se acuerda dicha intervención telefónica.

Por oficio de 14 de mayo la Policía confirma la recepción del envío de unas 4 ó 5 toneladas de sustancias químicas típicas para la elaboración de sustancia estupefaciente, hecho que fue observado por varios funcionarios policiales, PN con carnet profesional número NUM021, NUM022, NUM023 y NUM024, a través de la vigilancia correspondiente de 13 de mayo, cuya acta (folio 365 y ss del Tomo I) acompañándose al oficio policial también las conversaciones telefónicas entre Jenaro y Sandra, así como de Millán, confirmándose que ha recibido los materiales químicos. Se accede a dicha intervención mediante Auto de 15 de mayo de 2020"

27. Por todo ello la sentencia recurrida desecha la existencia de motivos de nulidad en las observaciones telefónicas.

28. Este tribunal comparte la argumentación de la sentencia recurrida. No existió atisbo alguno de nulidad en los primeros autos dictados, y ningún defecto puede extenderse a los posteriores, como pretenden los recurrentes. La investigación se reabre al removerse los obstáculos que habían impedido continuar la investigación, los problemas técnicos con la operadora habían desaparecido y existían indicios de que se iba a producir la llegada de una nueva remesa. Todo ello imponía la reapertura del procedimiento.

Instalación de dispositivos de grabación de comunicaciones orales:

29. Se impugnan por varios recurrentes los autos de 2.09.2020; 3.10.22; 4.12.2020 y 4.1.2021 en los que se acuerda la colocación de micrófonos y cámaras en cuatro naves industriales, por no estar limitada a encuentros concretos como exige el art. 588 quater a) de la LECrim. , y haberse acordado durante el plazo de un mes prorrogable.

30. La colocación de aparatos de captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos electrónicos se regula en el art. 588 quater y siguientes de la LECrim. Establecen estos preceptos:

Art. 588 quater A:

Podrá autorizarse la colocación y utilización de dispositivos electrónicos que permitan la captación y grabación de las comunicaciones orales directas que se mantengan por el investigado, en la vía pública o en otro espacio abierto, en su domicilio o en cualesquiera otros lugares cerrados. Los dispositivos de escucha y grabación podrán ser colocados tanto en el exterior como en el interior del domicilio o lugar cerrado.

En el supuesto en que fuera necesaria la entrada en el domicilio o en alguno de los espacios destinados al ejercicio de la privacidad, la resolución habilitante habrá de extender su motivación a la procedencia del acceso a dichos lugares.

La escucha y grabación de las conversaciones privadas se podrá complementar con la obtención de imágenes cuando expresamente lo autorice la resolución judicial que la acuerde

Art 588 quater B:

1. La utilización de los dispositivos a que se refiere el artículo anterior ha de estar vinculada a comunicaciones que puedan tener lugar en uno o varios encuentros concretos del investigado con otras personas y sobre cuya previsibilidad haya indicios puestos de manifiesto por la investigación.

2. Solo podrá autorizarse cuando concurran los requisitos siguientes:

a) Que los hechos que estén siendo investigados sean constitutivos de alguno de los siguientes delitos:

1.º Delitos dolosos castigados con pena con límite máximo de, al menos, tres años de prisión.

2.º Delitos cometidos en el seno de un grupo u organización criminal.

3.º Delitos de terrorismo.

b) Que pueda racionalmente preverse que la utilización de los dispositivos aportará datos esenciales y de relevancia probatoria para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de su autor.

31. De modo que estos preceptos permiten la colocación de estos dispositivos con autorización judicial y para determinados delitos, dentro de los cuales se encuentran los de tráfico de drogas, tanto en domicilios como en cualquier lugar cerrado. Aunque estos preceptos no establecen distinciones, los requisitos para estimar su validez no pueden ser los mismos si se trata del domicilio de cualquier persona, que, si se trata de una nave industrial u otro lugar cerrado, porque lo impone el principio de proporcionalidad, aplicable en las disposiciones comunes introducidas en el Capítulo IV, art. 588 bis a. Así no es lo mismo la injerencia que supone a la privacidad y a la intimidad cuando se produce en espacios amparados por la inviolabilidad del domicilio, que cuando se produce en un vehículo o en una nave industrial, aunque todos sean espacios cerrados y precisen de autorización judicial.

31. La jurisprudencia nos permite encontrar estos criterios. Así la Sentencia del TS nº 655/2020 de 3 de diciembre en la que un juez de instrucción había autorizado la entrada y colocación de un micrófono en un domicilio donde vivía el matrimonio investigado y en su vehículo, durante 30 días, fue considerado como un caso de nulidad del medio de investigación. También la Sentencia del TS nº 718/2020 de 28 de diciembre estimó la nulidad del medio de investigación en un caso en que el juez de instrucción autorizó la entrada y colocación de micrófonos en un apartamento donde se reunían los investigados por el plazo de 30 días. Sin embargo, en ambos casos se mantuvieron los pronunciamientos de condena pues las pruebas de cargo practicadas en el juicio oral no se encontraron en conexión de antijuridicidad con estas diligencias de investigación, reputadas nulas.

32. La conclusión que se extrae de estas resoluciones es que la colocación del dispositivo de escucha en un domicilio es de la máxima injerencia en la privacidad y en intimidad, por lo que la duración ha de ser mínima y es un exceso entender valido permitirla durante plazos de un mes. Han de tratarse de breves periodos para encuentros puntuales.

33. Por su parte el Tribunal Constitucional en la Sentencia nº 99/21 de 10 de mayo de 2021, examinó un caso en el que se había autorizado por el juez de instrucción la colocación de micrófonos en dos vehículos donde se reunía grupo de personas para perpetrar robos, durante un plazo de 3 meses, aunque después se había utilizado en un plazo menor. El Tribunal Constitucional avaló, aunque de forma excepcional la legitimidad de la medida, teniendo en cuenta que los encuentros pueden ser varios:

Ciertamente, la interpretación alcanzada por el órgano judicial no puede ser considerada contraria al tenor literal de la norma. La utilización por el legislador -para referirse al objeto de intervención- de una forma gramatical plural (el art. 588 quater b señala que "La utilización de los dispositivos a que se refiere el artículo anterior ha de estar vinculada a comunicaciones que puedan tener lugar en uno o varios encuentros concretos del investigado con otras personas y sobre cuya previsibilidad haya indicios puestos de manifiesto por la investigación") implica que la citada medida de investigación no tiene por qué limitarse inexorablemente a un solo encuentro. Por el contrario, la inclusión en la norma de la posibilidad que la intervención abarque varios encuentros permite una interpretación según la cual la medida, excepcionalmente, puede quedar definida con un alcance temporal determinado; esto es, mediante un plazo durante el cual es previsible que tales encuentros se produzcan. En tal caso, el cese definitivo de la medida de investigación no vendrá determinado por la clausura de cada uno de los encuentros objeto de la intervención sino por la terminación de los que tengan lugar en ese periodo. En definitiva, la duración del o de los encuentros concretos así como los lapsos temporales que se produzcan entre ellos, condicionarán el límite temporal de la medida de investigación contemplada en el art. 588 quater b de la LECrim .

Apoyan, además, la tesis sostenida por los órganos judiciales tres elementos que deben ser destacados:

a) En primer lugar, el art. 588 quater c LECrim , al regular el contenido de la resolución judicial habilitante, vuelve a utilizar una formula gramatical plural para referirse a los encuentros objetos de investigación, siendo que, por el contrario, emplea una formula gramatical singular, junto al adjetivo "concreto", para referirse al "lugar" donde los dispositivos serán colocados. De esta redacción se infiere que las exigencias derivadas de la utilización del adjetivo "concreto" han de referirse exclusivamente al lugar -o dependencias- donde los dispositivos serán colocados, y no, por el contrario, a los encuentros objeto de monitorización toda vez que, respecto a estos, la utilización -en el art. 588 quater b- del término "previsibilidad" implica la aceptación de la dificultad fáctica de determinarlos con la misma precisión. Tal exigencia resulta inexcusable en la identificación del lugar en que se aplicará la intervención.

b) En segundo lugar, el mismo art. 588 quater c LECrim realiza una remisión al art. 588 bis c LECrim prescribiendo que, entre los extremos que deberá contener la resolución judicial que autorice la medida, se encuentra el hecho punible objeto de investigación, la identidad de los investigados, la extensión de la medida de injerencia especificando su alcance, la unidad investigadora de la policía judicial que se hará cargo de la intervención, así como "... e) la duración de la medida". La remisión a este apartado reafirma la tesis de que la voluntad del legislador era otorgar al juez la posibilidad de fijar un lapso temporal de duración de la medida.

c) En tercer lugar, no hay que olvidar, tampoco, que el art. 588 quater e LECrim -que regula el cese de la medida-, se remite al art. 588 bis j LECrim que, a su vez, prescribe "el juez acordará el cese de la medida cuando desaparezcan las circunstancias que justificaron su adopción o resulte evidente que a través de la misma no se están obteniendo los resultados pretendidos y, en todo caso, cuando haya transcurrido el plazo para el que hubiera sido autorizada".

La confluencia de todos estos elementos no lleva a otra conclusión que estimar razonable la interpretación sostenida por el juzgado de instrucción. Efectivamente, al fijar un plazo - tres meses en este caso- durante el cual debían surtir sus efectos los dispositivos de escucha y grabación, el instructor ponderó no solamente -y como se explicitará más adelante- los derechos y valores constitucionales en juego, sino que también tuvo en cuenta la interpretación sistemática de la norma objeto de debate, así como las garantías mínimas establecidas por la ley para la protección de otras comunicaciones análogas.

Por lo tanto, resulta razonable afirmar que, en las circunstancias del caso sometido a examen, las garantías establecidas por la ley vendrán plenamente satisfechas por la determinación en la resolución judicial del lugar (concreción locativa), de los sujetos (concreción subjetiva), y de varios encuentros concretos entre dichos sujetos que previsiblemente tendrán lugar en un lapso de tiempo (concreción temporal). La posibilidad de delimitar la medida mediante la fijación de un plazo, que debe considerarse excepcional y no general, estará condicionada por los indicios sobre la previsibilidad del encuentro o encuentros concretos, a los que está vinculado. Solo cuando indiciariamente no sea posible prever con exactitud el momento en que tendrán lugar tales encuentros podrá delimitarse el alcance de la intervención mediante la fijación de un plazo. En todo caso, como consecuencia del estándar mínimo de garantía señalado en el art. 588 ter g LECrim , el máximo de duración de la intervención será el establecido en dicho precepto para la intervención de las comunicaciones telefónicas. El cumplimiento de estas exigencias determina que la intervención de las comunicaciones orales no pueda ser calificada de "general o indiscriminada"., la duración de la medida aparece en las disposiciones comunes al igual que el cese cuando transcurra el plazo. Se concluye por avalar excepcionalmente la legitimidad de la medida.

34. En este procedimiento los recurrentes alegan que se autorizó la instalación de los dispositivos de escucha y grabación sin saber quiénes se iban a reunir, cuando, ni para qué, y se basan en contestaciones dadas por dos de los testigos en el acto del juicio oral. Sin embargo, la legitimidad de la medida ha de valorarse en función de los datos de la investigación de los que el juez disponía al dictar su resolución y que han de reflejarse en su fundamentación, no en lo que los testigos puedan recordar o no en el juicio oral.

35. El auto de 3.09.2020 (por error se indica en algunos recursos 2.09.2020) del Juez de Instrucción de Tarragona nº 3 es el primero que autoriza la instalación de estos dispositivos, folio 1294. En esta resolución mencionan las 4 naves, se va recogiendo como la investigación había permitido establecer que a ellas se dirigían los transportes de las sustancia precursoras, exponiendo los seguimientos realizados y los vehículos identificados, también la identidad de los conductores, para concluir como las cuatro naves venían siendo utilizadas por miembros de la organización como almacén de grandes cantidades de precursores, incluso a continuación se recoge el contenido de llamadas intervenidas en la que los investigados hablan de quedar con otros en las naves. De nuevo nos encontramos con un auto que resulta modélico en su fundamentación.

36. La autorización de la medida es por un plazo de un mes que después se va prorrogando en sucesivas resoluciones. Es cierto que este plazo puede entenderse excesivo. Máxime al prorrogarse en posteriores resoluciones, pero no podemos dejar de tener en cuenta que aquí no se trata de una intromisión en un domicilio, sino en unas naves industriales. No existe ninguna intimidad personal, ni familiar que sea preciso proteger. Se ve afectado el derecho al secreto de las comunicaciones, pero quedó suficientemente salvaguardado con el control judicial que existió de la medida. Los encuentros eran constantes en esas naves entre los investigados. Esos mecanismos de escucha técnicamente pueden ser activados y desactivados desde lejos, pero por las noches y fuera de los momentos de actividad en las naves no había riesgo de afectar los derechos de persona alguna.

37. Por otro lado, los recurrentes no han sido capaces de exponer al tribunal las pruebas de cargo que podrían encontrarse en conexión de antijuridicidad con estos medios de investigación. Se limitan a solicitar genéricamente la nulidad de todas las pruebas de cargo obtenidas, sin ninguna otra concreción, abarcando con ello toda la investigación anteriormente llevada a cabo y que ya había dado lugar a importantes frutos.

38. La sentencia recurrida al exponer la prueba de cargo se refiere a vigilancias, intervenciones telefónicas y en alguna ocasión a estos dispositivos de escucha. Como en el caso del audio de 19 de diciembre de 2020 en la nave de San Vicent de Castellet, donde aparecen Edmundo y Gabino examinado los sacos existentes en la misma, separándolo y haciendo referencia al "caviar",para referirse de manera subrepticia a la sustancia estupefaciente que se encontraba en el sustrato de coco y a los paquetes de droga, que había en dicha nave y que serán posteriormente intervenidos por la Policía. También a la que mantienen el 5 de febrero de 2021 en la nave Romulo, Edmundo y Octavio, en la que comentan la existencia de tres tabletas de cocaína con un peso de más de un kilogramo. Existe incluso alguna otra referencia más a lo largo de su fundamentación. Sin duda los audios avalaron los indicios, pero ya constataba la participación de todos los recurrentes y se había comprobado su presencia en la nave, gracias a las vigilancias y al resto de las pruebas. De modo que, aunque se suprima el resultado de los audios la conclusión probatoria no cambiaría.

39. Por todo ello debemos desestimar este motivo de impugnación, que no alcanza a afectar a las pruebas de cargo practicadas.

El secreto de las actuaciones.

40. Se alega por algún recurrente que el secreto de las actuaciones fue acordado por última vez el 2.03.2020 y que no fue prorrogado, pese a lo cual se dictaron resoluciones acordando intervenciones telefónicas, sin declararlas secretas y sin que los investigados tuviesen conocimiento y opción de oponerse a estas medidas.

41. La sentencia recurrida responde cumplidamente a esta cuestión al señalar:

Respecto a los Autos en los que se decreta el secreto de las actuaciones, es cierto que en las actuaciones, el último Auto que prorroga el secreto de las actuaciones es de fecha 2 de marzo de 2020 (el estado de alarma se decreta el día 14 de marzo), y el siguiente Auto que vuelve a prorrogar el secreto de las actuaciones es de 22 de junio de ese mismo año tras el levantamiento del estado de alarma, sin que en ese periodo de tiempo intermedio exista resolución alguna en este sentido. El sentido que tuvo la ausencia de resoluciones judiciales fue que durante el tiempo que duró el estado de alarma, se suspendieron los plazos procesales en virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda, y no era necesario el dictar resoluciones judiciales expresas en ese sentido, reanudándose cuando le "levantó" dicho estado de alarma.

Cabría preguntarse si el secreto de las actuaciones es un derecho fundamental restrictivo de derechos fundamentales, similar a lo que pueda ser una prisión provisional, una intervención telefónica, una entrada y registro, o, por ejemplo, cualquier medida tecnológica limitadora de derechos fundamentales recogidas en los artículos 588 bis a) y ss de la Ley de Enjuiciamiento Criminal . Los argumentos en base a la petición de nulidad son dos fundamentales, uno primero, el artículo 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal según el cual "...las partes personadas podrán tomar conocimiento de las actuaciones e intervenir en todas las diligencias del procedimiento..."; y en segundo lugar, porque este tipo de derechos que se entienden fundamentales deben desarrollarse mediante Ley Orgánica.

Entendemos que dicha cuestión previa debe ser desestimada por cuanto que se parte de un error y es considerar que el secreto de las actuaciones es un derecho constitucional en el sentido de que su desarrollo deba efectuarse por Ley Orgánica, sino que se trata de una limitación de un derecho procesal de las partes a los que se priva del conocimiento y de la intervención en las actuaciones mientras dura el secreto, lo cual es lógico, cuando se han decretado, como en este caso, intervenciones telefónicas que conllevan esa declaración del secreto. Hubiera sido absurdo que antes del estado de alarma estuvieran en vigor el secreto de las actuaciones, e inmediatamente después también volvió a dictarse la resolución correspondiente acordando el mismo, y durante el periodo intermedio se entendiera alzado por falta de resolución judicial, justificada por la suspensión de los plazos y términos procesales, de tal modo que las partes hubieran tenido el derecho a conocer e intervenir en las actuaciones con la evidente posibilidad de que la investigación policial que se estaba llevan a cabo, fuera totalmente ineficaz.

Por último, hemos dicho anteriormente que la adopción de la medida de intervención telefónica conlleva la apertura de una pieza separada que es secreta por sí mismo, señalando el artículo 588 bis d) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que "...sin necesidad que se cuerde expresamente el secreto de la causa...". Lo lógico es que efectivamente la causa principal también sea declarada secreta, aunque no obligatoriamente, pero estando declaradas secretas las intervenciones telefónicas, y habiéndose realizado durante ese periodo de tiempo, esencialmente diligencias judiciales tendentes a la adopción de medidas de intervención de distintos terminales telefónicos, es por lo que entendemos que la cuestión debe ser rechazada.

42. Este tribunal comparte estas consideraciones de la sentencia recurrida. Tras la reforma de la L.O.13/2015 de 5 de octubre el secreto es consustancial a las medidas de interceptación de las comunicaciones, que son secretas por su naturaleza y no requieren que se acuerde expresamente el secreto de la causa, así lo establece el mencionado artículo 588 bis d). La notificación de una interceptación de las comunicaciones conduciría a la ineficacia de la medida. No significa que los afectados no las puedan impugnar, sino sólo que no las pueden impugnar en ese momento, pero si después, como ciertamente hicieron al impugnarlas en el juicio oral, y actualmente por vía de este recurso de apelación. Por ello la falta de declaración de secreto durante el estado de alarma no puede afectar la regularidad de las medidas de interceptación de las comunicaciones llevadas a cabo en ese periodo.

Registro de un trastero

43. La defensa de Petra alega la nulidad del registro donde se interviene droga, porque no estaba autorizado legalmente: Se autorizó la entrada y registro del domicilio sito en la DIRECCION012 de Barcelona, y el registro se extendió a un trastero colindante, que no se correspondía con el de la vivienda del número NUM025, sino del NUM026, sin estar presentes sus moradores, ni propietarios, ni testigos y por el simple hecho de encontrarse en el domicilio un manojo de llaves de ese trastero. Se explica la tenencia de las llaves en que de forma rotatoria pasaban de unos a otros vecinos semanalmente.

44. La sentencia recurrida se refiere a este motivo de impugnación en el fundamento primero, punto sexto, comienza analizando los motivos por los que se solicitó y autorizó el registro de ese domicilio, mencionando las vigilancias de transporte a esa dirección. A continuación, se refiere a los trasteros indicando:

La solicitud policial es clara, se refiere a la vivienda del DIRECCION013 de Barcelona. El Auto acordando la entrada y registro es de fecha 15 de febrero de 2021 (folios 21 a 26) estableciendo como objeto de la diligencia la vivienda sita en el DIRECCION012 de Barcelona.

El acta de entrada y registro (obrante al folio 1233 y ss de la Pieza Separada 3, Tomo II de las actuaciones) se efectúa el día 15 de febrero de 2021 comenzando a las 12,30 horas. Se efectúa en el número DIRECCION012 en Barcelona.

Por la Sra Letrado de la Administración de Justicia se deja constancia en el acta que "...en el edificio número NUM027 existen varios bajos y en concreto en el que se ha efectuado la entrada es en el número NUM026 y no en el número NUM025 como consta en la parte dispositiva del Auto remitido, pero la Policía actuante me asegura que las dos personas que se encuentran en la vivienda son los investigados...".

La Sra Letrado de la Administración de Justicia también hace constar que en el Bajo existen diez apartamentos y que están rotulados del NUM028 al NUM029, faltando el número NUM025 y estando otros dos sin rotular. Se inicia la diligencia con los dos acusados en el interior de la vivienda y se les hace saber el objeto de la referida diligencia, añadiendo el acta que "...dan su consentimiento para la práctica con el resultado siguiente...".Sigue diciendo el acta de entrada que "...del registro del piso el resultado es negativo y se encuentra un juego de llaves que pertenece a la puerta que hay delante que es uno de los que no estaban rotulados y en el mismo hay unas escaleras que bajan a un sótano donde se encuentran dos maletas llenas de packs de tres tabletas de sustancia supuestamente cocaína...". Además de las muestras de sustancia, se intervienen las llaves de la moradora con las que se abierto el "local anexo", así como otros efectos y se procede a la detención de las dos personas.

No consta ninguna manifestación ni oposición de los detenidos, hoy acusados, a la intervención de la Policía y a la actuación que llevaron a cabo en ese momento.

En consecuencia, y por todo ello entendemos que la diligencia de entrada y registro fue plenamente ajustada a derecho, no vulneró ningún derecho fundamental de los acusados, al existir pleno consentimiento de los mismos, y debe tener plena validez a los efectos oportunos.

45. El auto de entrada y registro, folio 28, de 15 de febrero de 2021 autoriza la entrada y registro del inmueble y de todos los espacios anexos y/o dependientes, tales como viviendas, trasteros cobertizos, almacenes, garajes, sótanos o similares en el domicilio sito en el DIRECCION013 de Barcelona, con determinada referencia catastral. Esa autorización se concede al haberse observado en las vigilancias que se introducían cajas en esa dirección, que se identifica en el atestado como la primera a la izquierda del pasaje, por lo que se considera que corresponde con el número dos, cajas entregadas a una mujer.

46. El acta que extiende la letrada de la Administración de Justicia pone de manifiesto que las puertas de los diez apartamentos que se encuentran en el bajo del nº NUM027 de esa calle no se encuentran debidamente identificados, no existe nº NUM025 y hay otros dos que no tienen numeración. Van al designado por los agentes, la primera puerta a la izquierda del pasaje y allí se encuentran las dos personas investigadas, que dan su consentimiento para que se proceda al registro, así consta expresamente en el acta levantada por un fedatario público. Consentimiento que se presta conociendo el auto judicial que se refiere al número bajo NUM025. Lo que tampoco la recurrente ha negado. En ese domicilio no se encuentra nada, aunque se ocupan unas llaves. El consentimiento dado por los moradores, que allí se encontraban, hace que no pueda encontrase motivo de nulidad en el registro, aunque no se corresponda con el número que erróneamente se hizo constar en la petición y en la autorización, sin duda debido a la defectuosa numeración de los bajos. Pero además lo que resulta de lo actuado es que el apartamento donde vieron introducir las cajas es el que fue objeto del registro, por más que erróneamente se le haya atribuido el nº NUM025, la atribución de ese número no responde más que a un error material, provocada por la deficiente señalización de los números. Lo relevante es que se autoriza el registro del apartamento donde se vio que se introducían unas cajas y ese apartamento es el que se registra.

47. Las drogas se ocupan después gracias a esas llaves en un trastero, sobre este registro hay que tener en cuenta que, al tratarse de un anexo al que se accede por zonas comunes y no desde el propio domicilio, no tiene la protección que merecen los espacios donde se desarrolla la vida íntima y familiar de las personas, no puede considerarse domicilio, por lo que no existe causa de nulidad en su hallazgo y nada debe impedir su valoración como prueba.

TERCERO.- Las pruebas practicadas en relación con los delitos de tráfico de drogas.

48. Para el examen de las pruebas practicadas debemos partir de que, como ha recordado la sentencia del Tribunal Supremo 555/2019, de 13 de noviembre, con cita de 162/2019 de 26 de marzo y la 216/2019, de 24 de abril, la apelación constituye "una segunda instancia no plena, alejada de un nuevo enjuiciamiento"; de suerte que el órgano de apelación "[solo] puede rectificar el relato histórico [de la sentencia impugnada] cuando un ponderado y detenido examen de las actuaciones ponga de relieve un claro error del juzgador que haga necesaria su modificación", con el único límite "determinado por la inmediación en la percepción de la actividad probatoria".

49. De modo que el tribunal de apelación puede valorar "si la narración descriptiva contiene apreciaciones inexactas que conlleven inferencias erróneas; puede apreciar la existencia de errores de valoración evidentes y de importancia, de significación suficiente para modificar el fallo; puede apreciar la falta de valoración de algunas pruebas cuya apreciación conlleve una conclusión probatoria diferente y, en general, puede hacer un análisis crítico de la valoración probatoria, dejando al margen aquellos aspectos del juicio que dependen sustancialmente de la inmediación" pero su función "no consiste en reevaluar la prueba, sino en revisar críticamente la valoración realizada por el tribunal de instancia", sin que pueda sustituir esta por la propia salvo si aprecia en la primera un error basado en "parámetros objetivos", y "no en simples apreciaciones subjetivas sobre el peso o valor de determinadas pruebas".

50. El tribunal de apelación ha de comprobar si la prueba practicada permitía la conclusión de condena sin margen de duda razonable, como exige el estándar probatorio de la presunción de inocencia, y para ello ha de tener en cuenta todas las informaciones probatorias obrantes en la causa; pero ha de hacerlo, no en una valoración ex novo, sino para constatar -y ello partiendo de los argumentos críticos del recurso- que la sentencia impugnada satisface esas exigencias, no incurre en ningún error al valorar las pruebas practicadas, ni prescinde de algún dato relevante. Se trata, en suma, de un "juicio sobre el juicio"; de una función revisora, con plena amplitud funcional, pero no de una nueva valoración autónoma y libérrima de la prueba.

51. Además, ha de tenerse en cuenta que la valoración de la prueba ha de realizarse de forma conjunta y motivadamente. En relación a la motivación de las resoluciones, es doctrina reiterada del TS ( SSTS 357/2005, de 20 de abril ; 1168/2006, de 29 de noviembre , 742/2007, de 26 de septiembre )que la motivación de las sentencias debe abarcar el aspecto fáctico, concretando que por más que no sea preciso reseñar detalladamente todas las pruebas que se han tenido en cuenta, sí deben desprenderse con claridad cuáles son las razones que ha contemplado el Tribunal para declarar probados los aspectos fundamentales de los hechos, muy especialmente cuando hayan sido controvertidos. Debe abarcar también la motivación jurídica, relativa a la traducción jurídica de los hechos declarados probados, tanto en relación a su calificación jurídica, su grado de desarrollo o a la participación de las personas que en ellos haya intervenido y circunstancias que pudieran concurrir, como en lo que hace referencia también al proceso civil acumulado, en aquellos supuestos en los que la parte haya cursado un pedimento concerniente a la obligación de reparación de las consecuencias derivadas del delito o haya opuesto motivos para de exclusión o moderación. Y, por último, debe contener una motivación decisional, es decir, de las consecuencias derivadas de todo lo anterior, lo que abarca la individualización judicial de la pena, así como los pronunciamientos en materia de la responsabilidad civil que pudiera declararse ( art. 115 Código Penal ),costas procesales o consecuencias accesorias (art. 127 y 128 del Código). Sólo esta motivación permite al justiciable, y a la sociedad en general, conocer las razones de las decisiones de los órganos jurisdiccionales y facilitar el control de la racionalidad y corrección técnica de la decisión por el Tribunal que revise la resolución en vía de recurso. En definitiva, la finalidad de la motivación será hacer constar las razones en las que se sostiene la decisión adoptada, de suerte que pueda ponerse de manifiesto que no se ha actuado con arbitrariedad

52. El examen de la prueba en este procedimiento ha de partir de considerar acreditado de las ratificaciones de los distintos atestados por los miembros de la policía, que nos encontramos ante una red de personas dedicadas al tráfico de drogas. Así los testigos ratificaron como la investigación se inicia al detectar importantes suministros de sustancias precursoras, empleadas en la preparación de la cocaína para el consumo, lo que permitió ir localizando respecto a esta red a transportistas y destinatarios, localizando las naves que servían como laboratorio para su confección, y como almacenes y depósitos. Así se establecen varias naves industriales, utilizadas por esta red:

a. En el polígono de Bulfavent, Manresa, que figura como domicilio social de Strongwave SL.

b. En la calle Salvador Vives de San Vicente de Castellet, que figura como domicilio social de Active Groupe Europe SL.

c. En el DIRECCION000, Lliça dŽAmunt, Barcelona.

d. En la DIRECCION006, de Totana.

e. Paraje la Costera 6, de Totana, domicilio social de Mecanizados Sport SL.

53. Por los envíos que se recibían se pudo establecer que para introducir la cocaína en Europa la ocultaban en sacos de sustrato de coco, procedente de Iberoamérica, también la ocultaban en las cajas de envíos de piñas.

54. El resultado de los registros, practicados legalmente, confirmó el empleo de estas naves por las sustancias que se intervinieron. Así en la nave del Camino de Masía Can Moncau, Lliça dŽAmunt, se intervino un auténtico laboratorio para la preparación de la cocaína, con numerosas sustancias precursoras, utilizadas para la extracción de esta sustancia. Además, se encontró en una nave anexa una plantación de marihuana (1154 plantas de unos 120 cm de altura en estado de floración con un peso de 48.167,96 gramos). En la nave de Totana de la DIRECCION006 se intervino una embarcación de fibra rígida de 13 metros de eslora y 3,5 m. de manga, equipada con 4 motores fuera borda de 350CV y 1,400CV de potencia con 192 garrafas de 30 litros cada una de combustible, valorada en 400.000 euros. En la DIRECCION007 de Totana se encontraron unas 6 toneladas de productos químicos, entre ellos gran cantidad de precursores. En la de Teodosio de San Vicent de Castellet se intervinieron 20.592 k. de cocaína con una riqueza del 70,2 %. valorada en 1.936.434 euros. Además, se ocuparon 2.115 sacos con un peso de 22.000 kg de sustrato de coco, con signos de haber sido abiertos para extraer la cocaína que ocultaban. Se alega por algunos recurrentes que las pruebas periciales no dieron resultado positivo en el análisis de los sacos, pero eso solo significa que no estaban impregnados de cocaína, no que oportunamente envuelta no la hubiesen ocultado en su interior, mezclada o no con la carga.

55. También se encontraron en un trastero del DIRECCION013 de Barcelona 12 kilogramos de marihuana en forma de cogollos y 54,852 kilos de cocaína, domicilio de Petra. En el trastero del garaje del domicilio de Romulo se intervinieron 719 gramos de cocaína y en dos bolsitas 85,2 y 52,5 gramos más, con una pureza del 70,1 %, con un valor de 80.266 euros.

56. El valor total de la sustancia intervenida habría alcanzado en el mercado ilícito la cantidad de 7.473.243 euros.

57. Para establecer el papel de los acusados en esta red la sentencia recurrida fue analizando después las pruebas existentes sobre la participación de cada uno de ellos.

Edmundo y Gabino (considerados jefes de la organización)

58. Edmundo y Gabino se estima probado en la sentencia recurrida que son las dos personas que dirigen y organizan el tráfico de cocaína, que procedente de Iberoamérica, principalmente Colombia, se va a introducir en Europa. También el del hachís.

59. Por parte de Edmundo se viene a reconocer que se encuentra al frente de las sociedades EXCELLENT FLOWERS EMIR SAS dedicada al cultivo y venta en Colombia a nivel local de flores; EUROCOMERCIO PENINSULAR SL dedicada a la adquisición y venta de frutas; STRONGWAVE SL, titular de la nave en Bufalvent de Manresa. Este recurrente pretende desconocer todo lo relativo al tráfico de drogas y que no se ha acreditado que el origen de las sustancias incautadas se encuentre en envíos utilizando estas empresas.

60. La vinculación de Edmundo con estas empresas resulta innegable a la vista de la documentación sobre ellas que se intervino en el registro de su domicilio, concretamente:

Documentación relativa a la mercantil "STRONGWAVE S.L."; recibos acreditativos del pago del alquiler por parte de la empresa "Activa Group Europe SL" al propietario de la nave sita en DIRECCION003, en la localidad de San Vicente de Castellet (Barcelona); Contrato de arrendamiento de la nave sita en el Polígono de la nave de Bulfavent, siendo arrendatario Heraclio; varias facturas por la venta de sustrato de coco a "STRONGWAVE S.L.";2 tarjetas de visita de Edmundo como Comercio Exterior Import- Export de la empresa "EXCELENT FLOWER S.A.S Comercializadora Internacional de Sustrato de Coco". Dirección Calle 9 # 16-20 Oficina 502 Bogotá DC y teléfono (0057) 3102662694 (0057) 3046127439; un Bloque de 20 hojas grapadas, teniendo todas ellas de título COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EXCELENT FLOWER EMIR SAS, ACT: ACTAS, con el membrete de Cámara de Comercio de Bogotá; Documento de COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EXCELENT FLOWER EMIR SAS, con fecha de 25/05/2019, emitido en Bogotá, donde figura Edmundo como socio de COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EXCELENT FLOWER EMIR SAS en la entrega la relación de costos y gastos en los que incurre en el año 2019, año en el que la empresa inicia operaciones comerciales; Factura nº NUM009 de la empresa COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EXCELENT FLOWER EMIR SAS a STRONGWAVE SL (B65636367) de fecha 22/02/2019 por importe de 10.832,00 €. El producto vendido es Sustrato Universal de Coco y Sustrato Cultivos especiales Cannaplus. La forma de pago mediante transferencia bancaria a la cuenta: NUM010 BANCOLOMBIA, Código SWIFT: COLOCOBM. La fecha de vencimiento es el 6-03-2019: Tarjeta de visita de "EUROCOMERCIO PENINSULAR SL", donde figura Edmundo como director comercial, con teléfono NUM011 y dirección en C/ Doctor Josep Coma i Sola, nave 14, Polígono de Bulfavent-08243, Manresa: 7 tarjetas de visita de la mercantil "STRONGWAVE S.L.", con dirección en C/ Doctor Josep Coma i Sola, nave 14, Polígono de Bulfavent-08243, Manresa, en las que figura Edmundo (teléfono NUM011) como director comercial.

61. Esta actividad aparentemente comercial no ofrece duda alguna que tenía como objetivo real ocultar las partidas de cocaína, porque así lo constata el resultado de los registros. Recordemos que en la nave de Teodosio de San Vicent de Castellet se intervinieron 20 k. de cocaína y además, se ocuparon 2.115 sacos con un peso de 22.000 kg de sustrato de coco, con signos de haber sido abiertos para extraer la cocaína.

62. Además, existen múltiples vigilancias con el resto de los implicados, así como muchas llamadas telefónicas, que se precisaran al tratar la prueba respecto al resto de los recurrentes. De todo ello se desprende que Edmundo es uno de los máximos responsables de los envíos de sustrato de coco desde Colombia, que se utilizan para ocultar la cocaína. No es posible que quien se ocupa de concertar los envíos y de su recepción en sus naves pretenda ignorar que el real objetivo de estas operaciones no eras otro que introducir importantes partidas de cocaína en España ocultas entre las operaciones comerciales que se aparentaban.

63. A Gabino la sentencia recurrida le atribuye un puesto en la organización de jefatura similar al de Edmundo. Así se desprende de las conversaciones intervenidas entre ambos, siguiendo la sentencia recurrida vamos a mencionar alguna:

Conversación de fecha 30 de noviembre de 2020 entre Edmundo y Gabino, en la que Edmundo dice "...si, mira de esto van ya casi 300 ¿vale? Son más de 300, antes de que acabe el año hemos metido 1.000 ¿sabes? Gabino le dice "...¿y eso que te sale a ti? En realidad, ¿21 o 22 lo que te dan a ti? o ¿un poquito más? Edmundo le contesta "...a mí me lo dejan a 25...",añadiendo que esos 25 le salen puestos aquí con gastos " ...8000 más los gastos de la empresa allá..9000 y algo, serían 90.000 con la cuenta pagada, entonces aparte le cobro el 10 por ciento de porcentaje...".Sigue diciendo Gabino a Edmundo "...si nosotros gestionamos aquí los líquidos que ellos no tienen, pues todo eso tiene un precio, que si queremos poner los 200 que pone el pavo ese, que lo recogemos al pavo ese esta misma tarde, y si no le dejamos que lo traiga él y cuando lo traiga lo recogemos, y si no, lo recogemos cuando el tío lo haya traído aquí, haya hecho su desembolso, en el mismo momento se le quitan todo y se respetan los 200 de los colombianos, que no tienen nada que ver, los 200 esos son suyos, el trabajador es nuestro y está a su disposición y los líquidos...".Hablan de STRONGWAY y de poner al frente al Romulo o Triqui. Edmundo dice "vamos a aponer al Romulo o Triqui...?¿ Triqui está listo? Y añade que "...el Cayetano está listo, mañana se va a firmar, lo dejamos ahí en stand bay la empresa. El Romulo está en otra...". Gabino le responde "...esta sociedad ahora mismo, Edmundo, la tenemos que utilizar para cosas europeas hasta que sepamos que no hay ninguna tontería detrás...". Gabino dice "...ponemos al Cayetano que no se va hacer nada, cuando vayamos hacer algo cambiamos al Cayetano...". Edmundo le dice a Gabino que "...entonces la siguiente...esta se queda vacía de toda la mercancía que tenía y ya directamente me viene a MERCABARNA, vale...entonces en MERCABARNA también quiero que me llegue con los "caramelos", y ya luego voy sacando algo de ahí...yo voy con el camioncillo...me llevo mi pedido, me llevo mis pallets...que yo voy a ir allí...por eso me interesa ver bien cómo funciona con éste que es el que tiene el manejo ahí...el manejo es estando allí, que me lleve y que lo conozca...".La conversación termina con un comentario de Gabino a Edmundo diciéndole "...eso son algunos documentos, porque son compradores firmes de todo esto...El Prats...es uno...me va llamando...que tiene mucha hambre...mucha, mucha...un hambre catastrófica...vende empresas y vende...hace de todo... y tiene administradores para todo, para traer cocaína...pero coño ¿para cocaína? Y ¿para una cosa normal?...con la que trajo también, nosotros se la preparamos y se trajo su "vitamina" él por su cuenta...".

64. Esta conversación resulta muy significativa y solo se explica entre dos personas que están planificando conjuntamente operaciones de introducción de cocaína, analizan las ya realizadas, han logrado introducir 300 kilos y antes de fin de año esperan llegar a 1.000 kg., se refieren a los líquidos precursores de los que disponen, mencionan a las personas que pueden poder al frente de las sociedades, y a la forma de mover la mercancía.

65. La sentencia recurrida menciona varias más igualmente relevantes, entre ellas:

a. La conversación de 15 de julio de 2020 entre Gabino y Heraclio (condenado no recurrente) en la que Heraclio le pregunta si puede descargar un camión en la nave de Bufalvent, Manresa, y le contesta que no, porque está llena, que espere dos días.

b. La de 8 de agosto de 2020 Gabino y Romulo hablan de los sacos de la nave, de su separación y que va muy lento, diciéndole que "...a ver si son capaces de que esté el producto...".

c. La conversación del día 25 de enero de 2021 a las 15,28 horas entre Edmundo y Gabino, en la que hablan del sistema de introducción de la sustancia estupefaciente en las piñas y de la dificultad para encontrarla, y que es más complejo cuando se utiliza "abono".

d. La conversación de fecha 16 de octubre de 2020 de Gabino con Heraclio hablan de constituir una sociedad para recibir y comprar contenedores, así como de determinados problemas para encontrar un camionero para hacer transportes.

e. Ese mismo día a las 18,18 horas Gabino tiene una conversación con una tercera persona no identificada diciéndole que necesita "un lonas"de 12 metros de longitud (coche de tres motores...). Cinco minutos más tarde se repite otra conversación entre estas personas en el que se refieren a una carga confirmada en un puerto (no se dice cuál) y a que existe el problema de la compra de un remolque. A las 18.54 horas Gabino y Heraclio hablan de esta cuestión del precio del remolque, 9.000 euros, y la necesidad de que uno de ellos vaya delante como vehículo de seguridad. Igualmente, también comentan que es preciso comprar gasolina y un "montón de cosas" para otras fases del trabajo. Quedan en que uno lleva el coche de seguridad y el otro el camión con el remolque.

f. La conversación de 25 de enero de 2021 grabada en el interior del vehículo de uno de ellos, Edmundo y Gabino, cuando se bajan del vehículo y este último avisa a Edmundo de la "chicha",en clara referencia a la sustancia estupefaciente empaquetada que está en una caja y que, si se la dejan en el coche y se lo roban, ¡vale más "el bichillo!"que el coche.

66. La sentencia recurrida todavía sigue describiendo más conversaciones igualmente significativas de la relevante posición de Gabino en la red, al mismo nivel que Edmundo. A estas pruebas se añaden las declaraciones del Instructor de las diligencias y del Secretario de las mismas, ambos coinciden en el papel preponderante de ambos acusados en la organización criminal y que estaban al frente de la misma y en que eran ellos los que daban las órdenes oportunas en torno a las operaciones y "negocios" que habrían de realizar, tanto en la zona de Cataluña como en la zona de Murcia. Son múltiples las vigilancias que han relatado distintos testigos a lo largo del acto del juicio oral en el que se advierte la presencia de uno u otro acusado o de los dos en diferentes lugares relacionados con el tráfico de sustancias estupefacientes, como lo son las naves de San Vicent de Castellet o las de Totana, así reuniones en Totana, Hotel Olimpia, o en una vivienda propiedad de otro de los recurrentes, Jesús Ángel, como recoge la sentencia recurrida

67. A estas pruebas se añade un dato muy significativo: la nave de la DIRECCION003 de San Vicente de Castellet, figura como domicilio social de ACTIVA GROUP EUROPE SL., sociedad vinculada a Gabino a través de Heraclio, condenado no recurrente.

68. Por todo ello se ratifica la declaración de hechos probados sobre la intervención de Edmundo y Gabino en los hechos relativos al tráfico de drogas.

Romulo; Petra; Roque y Jesús Ángel (considerados miembros de la organización).

69. La resolución recurrida estimó que Romulo, Petra, Roque y Jesús Ángel formaban parte de la organización dirigida por Edmundo y Gabino, junto con otros tres condenados que no recurren la sentencia ( Heraclio, Octavio y Vidal).

70. Sobre Romulo (hermano de Edmundo) la resolución recurrida recoge las siguientes pruebas:

Conversaciones telefónicas: Aparece citado por su hermano en una conversación de fecha 1 de octubre de 2020 a las 18.51 horas entre Edmundo y Gabino en la que el primero le dice que de los sacos del sustrato de coco se puede encargar Romulo y su gente, folio 1689 del Tomo IV de las actuaciones. En otra de 2 de octubre, al día siguiente, también entre dichas personas Edmundo le dice a Gabino que a ver si son capaces de sacar algo de producto de los sacos de coco, y diciendo Edmundo que "el hermano está con ese asunto"y Gabino le contesta "a ver si tiene suerte...".

El testigo PN NUM030 afirmó que la nave de San Vicent de Castellet la abrían Edmundo y su hermano Romulo, nave donde se encontraron más de 22 kilogramos de cocaína.

En la diligencia de entrada y registro de su domicilio se encontraron dos "tabletas" de cocaína con un peso de 719 gramos con un índice de un 70,01 y 70,02 por ciento de riqueza, paquetes similares a los que se encontraron en la nave sita en la DIRECCION003 de San Vicent de Castellet. Además, se le intervinieron también, aparte, dos bolsas con 85,2 y 52,5 gramos de cocaína con la misma riqueza que la sustancia anteriormente descrita.

71. Alega el recurrente que se trataba de un trastero situado delante de la plaza de garaje nº NUM031 de su domicilio, y que tenían acceso a él multitud de personas y no solo su hermano. Pero siendo el trastero de su domicilio nadie, sin estar de acuerdo con él, le iba a depositar una carga tan valiosa de cocaína. Esa carga, aunque haya sido su hermano quien la haya puesto ahí, solo se puede dejar en ese lugar, si ambos están de acuerdo y si es su persona de la máxima confianza

72. Su vinculación con estas partidas de cocaína, iguales a la que se encontró en la nave, y su presencia frecuente en esa nave, lleva a estimar probada su participación en el tráfico de cocaína con su hermano, además con una función específica de encargarse de los sacos de coco, como se desprende de las conversaciones intervenidas, que se han expuesto, sacos a los que era conveniente buscar una utilidad. De ahí que en el registro de su domicilio no solo apareciese cocaína sino también tres sacos de sustrato de coco.

73. Todo ello nos lleva a confirmar la valoración de la sentencia recurrida al estimar acreditada la participación de Romulo en los hechos como hombre de confianza de su hermano, Edmundo, en el tráfico de cocaína y quien a sus órdenes interviene en las actividades que se le encomiendan como la custodia de partidas u ocuparse de sacar algo de los sacos de coco.

74. En relación a Petra la resolución recurrida valora las siguientes pruebas:

La declaración de Instructor de las diligencias y la del testigo PN NUM032 que manifiestan que Octavio (condenado no recurrente) entregó unas cajas a una mujer en DIRECCION005, en la primera puerta a la izquierda del pasaje, el día 8 de febrero de 2021.

La incautación en el trastero de su domicilio en dos maletas conteniendo tabletas de cocaína, 54.852 gramos, y una riqueza media del 70,7 %. La referida sustancia tendría un valor en el mercando ilícito de unos 5.194.510 euros. Estas tabletas son similares a las incautadas en la nave de San Vicent de Castellet y en el domicilio de Romulo. También se encontraron 12 kilogramos de marihuana en forma de cogollos, que se corresponde con la plantación de marihuana encontrada en la nave de Lliça dŽAmunt. Los cogollos encontrados en el sótano estaban en proceso de secado.

75. Aunque los testigos, que relatan la entrega de las cajas en esa dirección a una mujer, no hayan podido identificar a Petra, se trataba de su domicilio, puerta NUM028 a la izquierda del pasaje, y en su domicilio se encontraron las llaves del trastero. Trastero donde después se van a encontrar más de 54 kilos de cocaína y 12 kilos de marihuana.

76. La recurrente lo explica pretendiendo que esas llaves rotan por todos los vecinos. Sin embargo, no resulta verosímil que un depósito tan valioso de drogas se deje en un lugar donde pueda tener acceso cualquier otro vecino. Petra tenía las llaves del lugar donde se depositaban las drogas, nada indica que otro vecino pudiese tenerlas, de modo que ella era en esos momentos la encargada de su tenencia y custodia. Debemos confirmar la conclusión a la que llega la sentencia recurrida cuando establece que una cantidad tan importante de drogas solo se puede dejar en manos de una persona de absoluta confianza y que pertenezca al ámbito cercano de los responsables.

77. Alega Petra que debió haber sido absuelta como lo fue su sobrino, que también se encontraba en la casa en el momento del registro, pero el que el sobrino se encontrase en ese momento en el domicilio se puede aceptar que haya sido ocasional, máxime tratándose de un pariente, pero quien vive de forma permanente en esa dirección y además es la única mujer, no puede ampararse en una estancia puramente ocasional.

78. Todo ello nos lleva a confirmar la valoración de la sentencia recurrida al estimar acreditada su participación en los hechos como persona de confianza encargada del depósito de la cocaína y del secado de la marihuana.

79. En cuanto a Roque la sentencia recurrida basa su condena en que era la persona que se encargaba del transporte y la infraestructura, especialmente siguiendo las instrucciones de Gabino, lo que justifica en las siguientes pruebas:

Conversaciones telefónicas:

Las conversaciones del día 16 de octubre de 2020 en las que Roque le comenta a Heraclio que le ha llamado una persona del Este y tiene que hacer un viaje "... para llevar aquello y tiene que ser el lunes...", "...que no es mucho, que son 9 de los grandes, que a ver cómo se organiza ahora porque no sabe..."(18,29 horas); en otra de las 18,40 horas le comenta a Heraclio que está todo preparado, y éste le dice que espere para confirmárselo, confirmación que se recibe a las 18,58 horas, comentando si es preciso llevar remolque con el camión o si se queda, así como otras cuestiones relativas al transporte, existiendo otras conversaciones de ese mismo día y posteriores, en las que detallan el transporte así como la persona que lo puede hacer.

Las conversaciones del día 17 de octubre de 2020, especialmente en la de las 20.03 horas, Heraclio y Roque en hablan de dos viajes (folio 1827 del Tomo V).

Las conversaciones con Gabino el día 16 de octubre de 2020 a las 18.18 horas cuando le habla en lenguaje figurado de la sustancia estupefaciente diciéndole este último "...hablan de 9000 de Sevilla a Murcia, que se va el día completo como mínimo...",añadiendo Gabino que "... si sabe lo que es, es un coche, lo de los tres motores, es un coche nada más y que luego pillarían el trabajo para llevarlo a todas las competiciones y todo el rollo...",y sigue diciendo Gabino ya más directamente en relación con el sustrato de coco que "... que al 1000 por 100 se va a casa de ellos el coche de competición donde se ha descargado el sustrato...".En una posterior de las 18,23 horas también hablan Gabino y Roque de un transporte que se está cargando en Alemania y que va a venir a España, y de la necesidad de un "remolque", diciéndole Roque que "remolque tiene él pero sin papeles",e igualmente hablan de los 9000 antes citados en la conversación anterior, añadiendo Gabino que "...luego le ratearan pero no pasa nada, como les pondrán un poco del producto que ellos traen a su favor, pues luego compensará un poquito..."(folios 1836 y 1837.Tomo V de las actuaciones).

La conversación de12 de febrero de 2021 de Roque con Gabino sobre el etiquetado de las cajas de piñas, Roque le dice "...si, de las piñas de las cajas originales. Y aquí hay un problema...me parece que la impresora deja marca...casi hay que decirle que se quite la impresora un tiempo. Que le cambie de etiquetas...".Ante un posible registro de las cajas de piñas con sus etiquetas, Roque le trasmite el peligro que ello supone, diciéndole que "...si, para empezar, va a ver las cajas...en cuanto vean las cajas enseguida pedirán una orden de registro y se van a llevar hasta el ordenador. Y ahí sí aparece que ha hecho unos papeles, en el ordenador se queda...lo que ha escrito...esto se queda..."y añade, "...hoy en día la mayoría de las impresoras tienen una memoria también...".Y sigue diciendo que "...esto es muy complicado, nosotros podemos pensar mucho o poco, pero para borrarlo todo es muy difícil porque hay mucha gente implicada, es más difícil de borrar rastros...".

La conversación de fecha 18 de febrero de 2021, entre Gabino y Roque en la que hablan de dos naves en Manresa (una ha sido identificada como la Bufalvent y la otra parece que es desconocida), Gabino le dice a Roque que "...hay que ir a llevármelo a la nave de Manresa, a la otra, a la segunda nave de Manresa, allí a buscar yo a ver si hay algo..."..."...tengo que entrar yo...sé más o menos donde está yo, allí hay más o menos 2.000 sacos...".Dadas las fechas de la conversación telefónica, próxima a la intervención policial, Roque le dice que "...tendríamos que ir con un poco más de cautela, no ir solos, estar ahí en algún lado vigilado, aunque sea, que no se nos echen encima...". Gabino asiente diciendo "...dejarnos un coche e ir a pata, esa nave no sabe nadie que existe, creo, de momento...".Le manifiesta también la necesidad de ir a la esa nave para obtener dinero, diciendo "...tendríamos que acercarnos porque si hay dinerito ahí nos salva ahora mismo, le ayudaremos a él también, porque es suyo..., pero nos salva un poquito la papeleta...que tampoco será dinero para hoy...".Y concluyen sobre su intención de venderlo diciendo Gabino que "... Romulo nos lo puede vender...y si le decimos que lo venda a 20.000 pavos, se lo quitan de las manos..."y Roque se replica "...por eso venderlo a 20 en vez de a 25, 26 o 28...venderlo a 20-22 ponte lo que quieras para ganar un poquito, peo que sepas que ten que ser ya..."

La conversación de fecha 30 de octubre de 2020 con Heraclio en la que hablan a las 18,40 horas de un trasporte diciéndole "...cuando tu llegues aquí con la mercancía, te lo da, cuando estés descargando, vale?, ...cuando llegues aquí y sueltes las otras, ese mismo, cuando este soltado, te las dan, te lo dan; los mismos que son te la recogen, te la dan...".

80. La sentencia recurrida valora que de estas conversaciones se desprende que Roque conoce el carácter clandestino de los transportes que llevaban a cabo, por eso mencionan medidas de seguridad, es la persona de confianza de Gabino y sigue sus instrucciones sobre los transportes. Al resultado de estas conversaciones añade las declaraciones de los numerosos testigos que lo vieron reunirse con los demás implicados, acudir a las naves e intervenir en los transportes, como son:

El PN NUM033 se refiere a una vigilancia de fecha 3 de febrero de 2021 en la nave de Bufalvent, diciendo que aparece el camión a las nueve de la mañana, y Edmundo Y Romulo, y luego Roque, y un Ford con Luis María. Abrieron la puerta y entró el camión. Luego llegó la furgoneta de Julio y descargaron cajas. Edmundo fue luego a MERCABARNA y vio a Gabriel, cargaron cajas marrones, idénticas a las anteriores y fueron a Bufalvent.

También el PN NUM034 nos habla de una vigilancia efectuada el día 9 de diciembre de 2020 en la nave de Bufalvent en la que se reunieron Gabino que llevaba el Porche que conducía con asiduidad, Heraclio y Roque.

Es importante destacar también la declaración del PN con carnet profesional PN NUM035 en la que hace referencia a una vigilancia de 27 de enero de 2021, en la que también está el PN NUM036, en una nave de Totana en la que hay un camión y una furgoneta de alquiler conducida pro el acusado Roque, y en la que también están Gabino y Heraclio. Gabino

y Heraclio se fueron a la nave de al lado hablar con Juan Ignacio. Gabino, Heraclio y Roque acabaron en el Hotel Olimpia; se metieron en el interior del mismo. No pudieron ver qué cargaban o descargaban. Igualmente se refiere también el testigo a una vigilancia de 4 de enero de 2021 en la nave Totana utilizada por la empresa MECANIZADOS SPORT, en la que Roque descargó un camión con unos pallets que un operario descargó con un toro.

Igualmente queda demostrado que el referido transporte se realiza fundamentalmente con el camión adquirido en Gerona por el acusado, camión matrícula NUM003, tal y como consta, no solo en el informe policial que obra en el Tomo I de la Pieza Separada 5 de las actuaciones, sino porque existen vigilancias policiales ratificadas por los funcionarios que las llevaron a cabo en las que se ve el camión en la nave de Bufalvent. Por ejemplo, en una vigilancia de 9 de diciembre de 2020 existe una reunión en la nave de Bufalvent de varios de los acusados, Gabino, Edmundo, Heraclio, y el acusado Roque, así como en otra vigilancia del día 18 de diciembre en la que también se aprecia la existencia en la nave del mencionado camión, utilizado para el transporte de la mercancía. El PN NUM037 da cuenta de esa vigilancia, cuando afirma que vieron un camión con remolque conducido por Carmelo le introdujo en la nave y estaban manipulando sustrato de coco y piñas, añadiendo que luego el camión se fue a Barcelona. Estaba el coche de Edmundo y una furgoneta blanca. Ve salir y se le fotografía a Edmundo y Octavio.

También podemos hacer referencia a una vigilancia de fecha 27 de enero de 2021 donde se observa la presencia del camión NUM003 en Moncada (Valencia) dentro de una nave, y se le ve salir con el remolque NUM038, a nombre de la empresa Cristian Trufan S.L abandonando el lugar y advirtiéndose la presencia de Gabino y de Heraclio, que le siguen en un vehículo BMW rojo propiedad del primero. El camión es conducido por Roque y se dirige a una empresa de alquiler de vehículos en el aeropuerto de Valencia. Momentos después aparece el BMW con Gabino y Heraclio en actitud de espera en la parada de taxis. Roque alquila una furgoneta matrícula NUM039 y se dirige a Xirivella, detrás van también los otros dos acusados, y se dirige a un almacén con el rótulo TOVSI S.A., donde una persona no identificada carga en la furgoneta un número ingente de garrafas que estaban apiladas en varios pallets. Luego abandona el lugar y se va por carretera dirección a Alicante. Hay fotogramas de Roque. Estos hechos, ocurridos como se ha dicho antes el 27 de enero de 2021, son presenciados por los funcionarios de Policía PN NUM040 y NUM041 cuando se refieren, más escuetamente, a una nave de XIRIVELLA, vino la furgoneta que Roque alquiló en el aeropuerto de Valencia donde introdujo garrafas de plástico vacías, apreciando la presencia del vehículo BMW que conducía el acusado Heraclio. Lo anterior se complementa con las conversaciones telefónicas del día 25 de enero de 2021 de Heraclio con el almacén de la entidad TOVSI S.A., que tiene en XIRIVELLA para la compra de 200 bidones de 25 litros cada uno, quedando posteriormente en Valencia con Gabino.

81. La sentencia recurrida valora estas pruebas de forma conjunta y su valoración no puede sustituirse por la interesada pretendida por la defensa. Roque se reúne con los principales implicados, lleva a cabo funciones de transporte, siguiendo las instrucciones que recibe y se preocupa por la seguridad, todo ello solo se puede explicar porque se trata de una persona que confianza de Gabino y de Heraclio, que interviene de forma consciente sabiendo la realidad del transporte de cocaína, que se ocultaba tras las pretendidas operaciones comerciales. Todo ello nos lleva a confirmar los hechos declarados probados en relación con este recurrente.

82. Respecto a Jesús Ángel la sentencia recurrida expone las siguientes pruebas: Se basa en las conversaciones telefónicas que revelan su relación fluida y habitual con los demás implicados en la organización. Entre ellas:

Las conversaciones de fecha 1 de julio 2020 y 17 de julio de 2020, en la que habla con Gabino de que han descargado material y ha estado todo perfecto, otra posterior en la que Gabino le dice que ayer descargaron todo y que está perfecto, "... que está todo muy ordenado y que va a ir todo para adelante, no pasa nada, no hay ninguna mala novedad en lo que descargamos ayer...",otra de 21 de julio de 2020, en la que se vuelve a hablar de un nuevo transporte y de si hay disponibilidad de camiones, quedando en verse. O también otra de 24 de julio del mismo año en la que ambos están al tanto del transporte en camión, conocimiento que también tiene " Chiquito", apodo del acusado Edmundo. O, por último, otra conversación de 9 de julio Gabino habla con una inmobiliaria para buscar una nave y dice que ya tiene una nave en Bufalvent, y que la otra la quiere para almacenar sustrato de fibra, siendo dicha nave una de las investigadas y sometidas a vigilancia intensiva por parte de la Policía.

Reveladoras son también las conversaciones del día 30 de julio de 2020 con Gabino de la calidad de los camiones para el transporte diciendo que uno de ellos no sirve ya para ello, así como en otra conversación de mejorar los "catálogos", que tiene 11 y que se los queda todos Gabino.

También hay que hacer mención a que el acusado estaba al tanto y tenía pleno conocimiento de la extracción y posterior elaboración de la cocaína para su destino final. Y así, en una conversación telefónica del día 6 de agosto de 2020 se dice un proceso de extracción de cocaína que fracasa dado que proceso no se hizo adecuadamente, así como del suministro de la fruta y del sustrato de coco; al día siguiente Jesús Ángel llama a Gabino y le pasa con una tercera persona que está comiendo con él, quien le dice que es "...preciso formalizar el tema de los alquileres" y "formalizar la relación con el señor porque vamos a traer fruta exótica..."(conversación telefónica de 7 de agosto de 2020), quedando en ir a Totana).

83. A las conversaciones se añade el resultado de las vigilancias que ponen de manifiesto que en el inmueble propiedad de este recurrente en Totana, DIRECCION001 se reunían los principales responsables de la organización. Así el testigo PN NUM042 relata una reunión en un inmueble de Totana en la calle San Antonio, propiedad del acusado, en la que acuden, además del recurrente Gabino y Edmundo, donde se "deshacen" de los teléfonos móviles, dada la incautación de una partida de droga (hachís) en un camión que salió de Málaga hacia París. Existen otras vigilancias en la terraza del Hotel Olimpia de Totana, declarada por los testigos PN NUM023 y PN NUM032, que relatan cómo se reunieron Jesús Ángel, Gabino y Heraclio (condenado no recurrente), reunión que no aparece con otro objetivo que planificar el transporte cocaína, que era la actividad que les unía. Además este testigo destaca como Jesús Ángel no solo tiene cuatro vigilancias en Totana, sino que también fue visto en Cataluña y en Reus (PN NUM035 del 27 de noviembre de 2020)

84. La sentencia recurrida también valora que en el registro de su domicilio la DIRECCION014 se le intervinieran 2.385 euros, parte de los cuales estaban enterrados en el suelo del jardín dentro de unas bolsas de basura, así como cinco teléfonos móviles y tres tarjetas de telefonía.

85. Aunque en el momento del registro no tenía una cantidad importante de dinero, el dato de ocultarla enterrada en el jardín, evidencia que se trataba de dinero clandestino y el número de teléfonos, encontrados concuerda con que en la reunión en su otro domicilio hayan pactado deshacerse de los teléfonos.

86. Alega el recurrente que ese inmueble de la DIRECCION001 de Totana, vivienda unifamiliar, situada en las afueras a 7 km. del casco urbano, era la antigua vivienda de su padre, y que se la cedió (alquiló) a Edmundo, que la incautación del dinero enterrado es anecdótica y que cuatro teléfonos son normales teniendo en cuenta que ahí vivían tres personas, Romulo, su esposa y su hija. Sin embargo, no parece anecdótica la forma de ocultar el dinero, y tampoco consta que los teléfonos correspondiesen a sus familiares.

87. En otras ocasiones, las reuniones eran en la terraza del Hotel Olimpia, tal y como señala otro de los testigos, PN NUM023, que relata una reunión en dicho Hotel de Totana del acusado con Romulo, Gabino y Heraclio, reunión que también corrobora el PN NUM032 que afirma la presencia, también, de una persona desconocida, o el PN NUM043 que se refiere a estas reuniones, aunque de forma más genérica.

88. Por todo ello, también en relación con este recurrente, debemos confirmar la valoración del tribunal sobre las pruebas practicadas, que permiten estimar acreditada la participación que se les atribuye en los hechos

Alfredo; Luis María; Julio; Belarmino (cómplice); Juan Ignacio; Abel; Gabriel (no considerados miembros de la organización).

89. En cuanto a Alfredo la sentencia recurrida estima probado que trabajaba en el laboratorio donde se confeccionaba la cocaína en Lliça dŽAmunt, con base en las siguientes pruebas:

Fue visto en varias ocasiones por los policías que hacían las vigilancias. Así lo declaran los policías nacionales NUM044 y NUM045 sobre la vigilancia del día 21.07.2020. Existe un fotograma tomado a distancia donde se puede ver la furgoneta de su propiedad en es nave. También aparece en un acta de vigilancia del día 6 de agosto de 2020, lo que el propio recurrente reconoció, aunque pretendiendo que solo había ido a limpiar a cambió de 50 euros. Considera la sentencia recurrida que alguien que va al menos en dos ocasiones a la nave, y que además no lo hace de manera fugaz, sino que, en una ocasión, dice que va a limpiar la misma, no es posible que no supiera realmente lo que se estaba haciendo en la misma, y que ello era ciertamente ilegal. Continúa valorando que nadie que dirija una organización criminal de estas características encarga sin más a un desconocido que vaya a limpiar la nave cuando en la misma se está extrayendo y fabricando cocaína, sería una temeridad y un riesgo inasumible por razones obvias. De modo que concluye que conocía lo que se hacía allí y efectuaba labores de colaboración para la extracción de la droga.

90. Este tribunal debe ratificar esta conclusión, las sustancias encontradas en la nave de Lliça dŽAmont ponen en evidencia que se trataba de un laboratorio de fabricación de cocaína, preparado con precursores y todo lo necesario para los distintos procesos. No es posible que se lleve, ni a limpiar, a una persona ajena a la actividad que allí se desarrolla, por el alto riesgo que supone que esa persona les pueda denunciar o sustraer alguna sustancia. Solo se puede llevar allí a trabajar a una persona de confianza de los miembros de la organización y que esté de acuerdo con la actividad ilícita, que lleva a cabo.

91. Respecto a Luis María (hermano de Octavio, condenado no recurrente) la sentencia recurrida estima probado que trabajaba en la nave de Bufalvent descargando y haciendo vigilancias. Se basa en:

Las vigilancias, que le sitúan trabajando en esa nave, declaración del testigo PN NUM046 que relató la vigilancia del día 3 de febrero de 2021, donde le vieron llegar a esa nave y donde estuvo con los hermanos Edmundo y Romulo, Roque y Julio. La sentencia recurrida valora también la declaración de su cuñada, que se refirió a que el recurrente iba a esa nave. También se encontraba allí cuando fue detenido.

92. De nuevo nos encontramos con una persona que realiza labores en una de las naves de la organización, descargando y vigilando, lo que implica que tenía que ser una persona de confianza para los miembros de la organización. Alega el recurrente que le confunden con su hermano, pero nada indica que ello haya podido ocurrir, pues su hermano aparece identificado y perfectamente diferenciado.

93. En lo que se refiere a Julio la sentencia recurrida valora las siguientes pruebas:

Se le ve en la nave de la DIRECCION015 en Bufalvent (Manresa) el día 18 de diciembre de 2020, respecto de la cual hay una vigilancia efectuada por los PN NUM023 y NUM037, que es ratificada posteriormente en el plenario, en la que se aprecia como aparca un camión con remolque matrícula NUM038, y donde uno de los funcionarios ve un gran número de pallets con sacos de sustrato de coco en su interior, todo lo cual coincide con la declaración del propio acusado en el acto del juicio oral. En ese lugar está también Edmundo y Octavio, así como sus respectivos vehículos

94. Existen audios e imágenes del interior de esa nave, que no hacen sino corroborar la vigilancia de ese día y que este recurrente estuvo descargando los sacos, además se le oye decir que no se pueden mezclar.

95. También aparece en otra vigilancia el día 3 de febrero de 2021 en la nave. Aunque el recurrente pretenda que no sabía nada sobre el tráfico de cocaína, para estas funciones en las naves la organización solo podía contar con personas de confianza para no correr el riesgo de que denunciasen lo que allí ocurría, pues la actividad solo de puertas hacia afuera se amparaba en un negocio legal, pero en el interior no había una actividad de comercio y distribución de fruta, lo que tenía que resultar evidente para todos los que allí prestasen servicios. Separaban los sacos que contenían la droga.

96. Sobre Belarmino (cómplice) la sentencia recurrida indica que la policía afirmaba que fue la persona que alquiló la furgoneta matrícula NUM047, que fue vista circulando de una nave a otra, vigilancias que no son valoradas al no haber sido ratificadas. En el registro de su domicilio se encontraron 319,7 gramos de levamisol, sustancia habitualmente utilizada en la fabricación de cocaína para el consumo como sustancia de corte. También disponía de 2 planchas o moldes de prensado de los utilizados para preparar las tabletas de cocaína, lo que pone de manifiesto que no existía un uso lícito que pudiese justificar la tenencia de esta sustancia. Sus vínculos con esta organización y el hecho de que no solo tuviese en su domicilio la sustancia precursora, sino también las planchas, lo corroboran. La sustancia es similar a la encontrada en la nave utilizada como laboratorio

97. La sentencia recurrida estimó que este recurrente llevaba a cabo esta actividad de tenencia de precursores, como una forma de colaborar al tráfico de cocaína que estaban realizando los miembros de la organización, de ahí que le calificase como cómplice.

98. La defensa pretende que esos objetos no los había introducido en el domicilio Belarmino, quien en ese momento estaba de viaje y la casa ocupada por otras personas. Sin embargo, se trata de la misma sustancia que se encontraba en el laboratorio de Lliça dŽAmont y el recurrente consta fotografiado saliendo de ese laboratorio en el folio 80 de la pieza separada nº 3, tomo II, folio 80. Lo que permite desechar que esas sustancias pudiesen haber sido introducidas por otras personas y casualmente encontradas en su domicilio.

99. Sobre Juan Ignacio se trata del representante de la empresa MECANIZADOS SPORT, que tiene una nave en DIRECCION007, de Totana. En esa nave se intervinieron en el registro unas seis toneladas de productos químicos, en su mayoría precursores, que se estima acreditado que fueron adquiridos por Juan Ignacio por encargo de Gabino, para la elaboración de la cocaína. Además, se le atribuye haber participado en la adquisición de la embarcación, que se intervino en la nave de la DIRECCION006 de Totana.

100. La sentencia recurrida basa las pruebas contra este recurrente en las siguientes:

a) Los testigos NUM048 y NUM048 manifestaron que, en el momento del registro de la nave, Juan Ignacio dijo que los productos químicos se los había encargado Gabino. Estos testigos en una vigilancia de 16.12.2020 y en otra del día 25.02.2021 les vieron juntos en la nave de Juan Ignacio. También lo declaran así el PN NUM023 y el PN NUM049.

b) Juan Ignacio está presente en el entramado de la creación de empresas para facilitar el tráfico de estupefacientes, como lo evidencia una conversación de 16 de octubre de 2020 (folio 1947 de las actuaciones) entre Gabino y Juan Ignacio en la que hablan de la constitución de una nueva sociedad con un capital alto para poder hacer trasferencias internacionales y así hacer la "operación con los ingleses", Gabino le dice "...la sociedad nueva tiene que tener 100.000 euros de capital y los ingleses se lo van a entregar...".

c) Tiene relación con otros implicados en el procedimiento, como con Roque, tal y como se desprende de varias vigilancias, en las que se ve cargar o descargar el camión propiedad de este último, matrícula NUM003, una primera a la que hemos hecho mención cuando se ha valorado la prueba existente contra este acusado, Roque, y a la cual nos remitimos, y otra que ocurre el día 27 de enero de 2021, la cual es observada por los PN NUM035 y NUM043 que ven como el camión entra en la nave con un remolque que es una cámara frigorífica el día en el que también están Gabino con su BME rojo serie NUM028, Heraclio y Roque, quien va conduciendo una furgoneta que ha alquilado previamente matrícula NUM039. En la vigilancia se observa como Gabino, Heraclio y Roque se van al Hotel Olimpia. Los Policías Nacional antes mencionados, así lo relatan en el plenario, cuando el primero manifiesta que estaba con el PN NUM036, llegó un BMW a la nave de Totana con un camión y una furgoneta de alquiler, que iba conducida por Roque. Gabino con el BMW con Heraclio. Había tres vehículos en la parte trasera, y el camión estaba dando marcha atrás para meterlo en la nave. Añade que Gabino y Heraclio se fueron a la nave de al lado hablar con Juan Ignacio. Gabino, Heraclio y Roque acabaron en el Hotel Olimpia; se metieron en el interior del mismo. No pudieron ver qué cargaban o descargaban. Este Agente hace referencia también a otra vigilancia de 4 de enero de 2021 en la que también vio en la nave como un operario descargaba unos pallets que traía el camión de Roque.

d) Existen otras conversaciones telefónicas intervenidas por la Policía: una conversación del día 3 de diciembre de 2020 a las 10,42 horas en la que Juan Ignacio le habla a Gabino de que está dispuesto un transporte y arreglado; en otra del mismo día a las 15,30 horas hablan de la utilización de una finca para cultivar marihuana, de poder utilizarla también como vivienda, así como de la compra de un cromatógrafo de gases, aparato que sirve para detectar la sustancia estupefaciente que contiene un determinado producto. Gabino le comenta a Juan Ignacio que "para nuestro bandidaje, está perfecta, aunque solo tuviera una habitación o media habitación está perfecta. Y le fabricamos el domo, y se lo montamos ahí ya tienes donde montas la nave, la mitad de la nave del proceso..."..."está perfecto para guardar los camiones para que se vea paso...". Respecto al cromatógrafo de gases Juan Ignacio le dice que puede conseguir uno de segunda mano y así tener uno para ello y Gabino le dice "...el cromatógrafo de gases les serviría para detectar la sustancia que contiene...", añadiendo que "...el producto nuestro cuando viene en sistema la única manera humana que habría de saberlo es pillar un puñado que lleve sistema, meterlo y que el cromatógrafo de gases te diga qué lleva, al margen de la pulpa de no sé qué lleva otra cosa. Es la única manera de detectarlo..." ,. Conversación del día 8 de diciembre de 2020 entre ambos procesados hablan también de "...echar al agua dos...",se refieren a dos embarcaciones en el sur de España, y se refieren a un tal Simón como la persona que va a recoger la supuesta sustancia y hacer la descarga y de los precios de venta de la sustancia estupefaciente, y en otra conversación de ese mismo día, más tarde, a las 18,39 horas, vuelven a hablar de la recogida de dos embarcaciones, de las descargas de hachís y de los precios. Este hecho no es objeto de enjuiciamiento en el presente procedimiento, pero evidencia claramente el tipo de relación que ambos mantenían, así como en otra conversación anterior de 3 de diciembre de 2020 en la ambos acusados hablan de constituir una sociedad para "...alquilar las instalaciones en Huelva para el mineral que tenemos que echar en Huelva porque ahí es donde está todo "el mineral", a nivel mundial son el numero uno y no es lo mismo si tu eres el "número uno de las pistas"...",término que utiliza más tarde en la conversación cuando se refiere a cuando "...tengamos que llevar pistas para Holanda, pa Francia, pa Bélgica y todo eso...".

101. Todo ello lleva al tribunal de instancia considerar que el acusado estaba al tanto de las operaciones de tráfico que llevaba a cabo el acusado Gabino y que colaboraba con él, en lo que toca a este procedimiento, en la adquisición de común acuerdo de las sustancias químicas (precursores), que servían posteriormente para la extracción y elaboración de la sustancia estupefaciente, conociendo además la existencia de una organización dedicada a esos fines, aunque el acusado no estuviera en el "nivel" más alto de la misma.

102. El recurrente alega que erróneamente se dice que la narcolancha se intervino en la nave de la DIRECCION006 de Totana, que regentaba Juan Ignacio. Sobre esta alegación hay que tener en cuenta que los hechos probados lo que recogen es que la intervención de la lancha fue en la nave de la DIRECCION006 de Totana ",propiedad de Horacio, quien se la alquiló al acusado Gabino y donde acudían con frecuencia también Jesús Ángel y Juan Ignacio". La nave que regentaba Juan Ignacio es la de DIRECCION007 de Totana y donde se intervienen los precursores.

103. Sin embargo, aunque la narcolancha no se interviene en su nave, se le atribuye haber participado en su adquisición por las conversaciones telefónicas en las que alude a echar al agua dos, lo que solo puede referirse a narcolanchas, y por frecuentar con Gabino la nave de la DIRECCION006 donde se encontraba la narcolancha. Además, podemos añadir que ello concuerda con que el dispositivo de seguimiento instalado en el camión Renault NUM003, que es el que conduce Roque, puso de manifiesto que el día 29.01.2021 había hecho varios trayectos desde la nave de Juan Ignacio a la de la DIRECCION006, confirmando la información obtenida de las escuchas que les había llevado a sospechar que la lancha se había montado en la nave de Juan Ignacio y después la habían llevado a la de la DIRECCION006 (folio 2913 tomo VIII), por eso solicitan que se autorice la entrada y registro en esa nave, lo que conduce a su incautación.

104. El recurrente también cuestiona que se hayan encontrado en su DIRECCION007 de Totana precursores y de que pesasen 6 toneladas, aludiendo a que en el acta de entrada y registro falta un folio, el 82, y que no consta la incautación de todas las sustancias que se incluyen en la sentencia recurrida, sino solo de las que aparecen en la parte final, que no fueron pesados y que solo se analizaron muestras.

105. Es cierto que falta uno de los folios, el 82, en una de las versiones del acta de registro, como alega el recurrente, tomo IV PS 5 de las DP 1858/2019, sin embargo, existe en el procedimiento incorporado el acta en otros folios, donde ya consta íntegro. Así ocurre en el acontecimiento 995, anexo 2 figurando el acta de 26 de febrero de 2021 del Letrado de la Administración de Justicia de Totana nº 1, con sus cuatro folios, de modo que aparece completa la relación de efectos que se encuentran, de forma concordante con lo que consta en el atestado de la policía y como se recoge en la relación de hechos probados, y que son:

-3 (tres) bidones de "HEXANO" de 250 litros aproximadamente.

- 3 (tres) bidones de "metietilcetona" de 250 litros aproximadamente.

- 2 (dos) garrafas de 25 litros de "ácido clorhidrico".

- 1 (una) garrafa de 25 litros de "ácido sulfurico"

-1 (una) garrafa de 25 litros de "isopropanol"

- 4 (cuatro) sacos de 25 kg serigrafiados con "cloruro cálcico", presentando aspecto escamado.

- 2 (dos) sacos de 25 kg serigrafiados con "sosa cáustica".

- 21 (veintiuna) garrafas con una capacidad de 25 litros, si bien se encuentran vacías en el momento del registro.

-1 (un) bidón metálico de chapa de mil litros de capacidad, con una pegatina en la que pone "acetona".

- 1 (un) bidón metálico de plástico blanco de mil litros de capacidad, con una pegatina en la que pone "solución amoniacal".

- 1 (un) bidón metálico de plástico blanco de mil litros de capacidad, con una pegatina en la que pone "acetato etilo".

-1(un) bidón metálico de plástico blanco de mil litros de capacidad, con una pegatina que pone "acetona".

106. Los precursores son material inflamable, su conservación en dependencias policiales resultaba altamente peligrosa, así que se solicitó su destrucción, que fue autorizada por el Juzgado en Auto de 24 de febrero de 2021, conservándose muestras para su análisis, lo que se llevó a cabo y se ratificó en el acto del juicio.

107. Lo que se describe en el acta son bidones llenos, por eso se le atribuye el contenido en peso que figura en las etiquetas y que aparentemente concuerdan con la realidad por el tamaño de los bidones. Aunque se tratase de cantidades aproximadas, en nada afecta la calificación de los hechos.

108. En la parte final del acta el Letrado de la Administración de Justiciase recoge como "sobre el material incautado Juan Ignacio manifiesta que se lo encargó Gabino". Los testigos de la policía que están presentes en el registro ratificaron como testigos estas manifestaciones. Es cierto que esta manifestación del recurrente no tiene el valor procesal de declaración de imputado reconociendo los hechos, lo que hubiese requerido entre otros requisitos la previa información de derechos y la presencia de su letrado, pero se trata de un incidente que ocurrió durante el registro y que se ha justificado, tanto en el acta como en la declaración testifical de los agentes presentes.

109. Juan Ignacio pretende que se trata de sustancias que utiliza en su actividad industrial, pero sus manifestaciones no resultan convincentes, no sólo por lo ocurrido en el registro, sino porque los bidones se encuentran llenos, lo que no concuerda con que los venga utilizando en su actividad industrial, y los contactos y las conversaciones con Gabino ponen de manifiesto que no solo están unidos por vínculos de amistad, sino que Juan Ignacio participa de las actividades de Gabino que no eran otras que el tráfico de drogas.

110. Así debemos confirmar la resolución recurrida, cuando estima probado que Juan Ignacio participa en la elaboración de la cocaína, que sabe que su amigo Gabino está llevando a cabo, facilitándole la adquisición y depósito de los precursores, y también en el montaje de la narcolancha, que después se lleva a la nave de la calle Avellanedo.

111. En cuanto de Abel es el hijo de Gabino, y la sentencia recurrida le atribuye conocer y participar en las actividades de narcotráfico de su padre, ayudándole en relación con los contenedores y los pallets que se pueden cargar en los camiones, reuniéndose con otros implicados, a los que lleva documentación. También siguiendo instrucciones de su padre es quien paga la fianza de Roque.

112. La sentencia recurrida induce estas actividades de las vigilancias y de las conversaciones intervenidas:

Abel reconoce que el 17 de diciembre de 2020 se reunió con Heraclio (condenado no recurrente) y con Roque a los que entregó una documentación, siguiendo instrucciones de su padre, y sobre la vigilancia del día 25 de noviembre donde se le ve con unos sacos negros, dice que eran sábanas prensadas que había comprado, reconoce haber pagado la fianza de Roque pero pretende que el dinero era de la familia de éste. Explicaciones que no son estimadas verosímiles por el tribunal.

Conversaciones: El día 9 de julio a las 21,40 horas de Gabino le dice a su hijo Abel que recoja unos contenedores pequeños y que le mande fotografías; y en otra más tarde, a las 23.30 horas, le habla de que se asegure de que los pallets tienen las dimensiones adecuadas, que los pinte todos de verde y que los ponga en debida forma. En otra conversación de las 17.32 horas Abel habla con él de las dimensiones de los pallets y que han de ser hechos a medida, insistiéndole su padre en que se han de hacer con rapidez y que le mande algo de lo que ha hecho por SIGNAL.

Existe otra conversación que ambos mantienen el día 15 de julio de 2020, a las 9.55 horas, Gabino le dice a su hijo que van a "cargar unos camioncillos del material este..."y que mire el enlace mostrando su asentimiento el hijo. Más tarde, a las 20.22 horas de ese mismo día, Abel llama a su padre y le dice que "...ya lo tiene todo abierto, y todo el tinglado, que está todo perfecto, que luego lo ponen en el contenedor, ponen el nombre y ya está...".Ello "cuadra" con una conversación que tiene Gabino con Heraclio, en la que le muestra su preocupación acerca de las medidas de los contenedores para que puedan cargarse en el camión y no se vean a simple vista, para no levantar sospechas, conversación de 5 de febrero de 2021.

En una conversación telefónica del día 20 de octubre de 2020 a las 12.03 horas en la que Gabino habla con su hija y ésta le pasa con Abel y le dice que "... estamos al lado de Huelva...y hemos comprado 2 toneladas de material, mañana me lo enseñan...".

En otra conversación de 19 de febrero de 2020 ambos hablan "... de los negros...",preguntándose Gabino "...cuántas plantas de marihuana saldrían...qué barbaridad...";y en otra de ellas comentan "...en este viaje hay menos bolsas que droga. Más difícil de colocar...porque son todas buenas, las pequeñas son más fáciles de colocar

113. Todo ello llevó al tribunal a estimar probado que Abel sabe la actividad de tráfico de drogas que lleva a cabo su padre y le auxilia colaborando con él. Destacando que algunas de las explicaciones no resultan verosímiles, como que sea la familia de Roque quien ponga el dinero, pero sea Abel quien haga el abono, o por su vaguedad las explicaciones de los sacos negros. Conoce la actividad a la que se dedican como pone en evidencia las referencia a cargar los camiones con sacos, con "el material ese" o las compras de material

114. Esta valoración debemos ratificarlas, porque lo que se desprende de las conversaciones es que actúa como persona de confianza de su padre controlando la forma en que se debe hacer el transporte de los contenedores que ocultan la droga, sustituyéndole en reuniones con otros implicados en la red, y hasta llevando el dinero para pagar fianzas a los miembros. El llevar a una entidad bancaria el dinero de la fianza no es una actividad para la que sea necesario el auxilio de otras personas, sea cual sea el nivel de preparación, y todo indica, cuando la gestión la lleva a cabo Abel, que actuaba siguiendo las instrucciones de su padre, quien pone el dinero para ayudar a un miembro de la organización. No se trata de que esa actividad no pueda ser legítima, sino que evidencia los fuertes lazos que les unen.

115. El cuanto a lo de los sacos negros dado que se desconoce su contenido no podemos dar un significado indiciario a esa vigilancia, aunque ciertamente no resulta verosímil su explicación, pues ni se identifican los vendedores, ni el destino.

116. Por todo ello debemos ratificar la participación en los hechos que le atribuye la sentencia recurrida.

117. Sobre Gabriel la sentencia recurrida valora:

Se trata de una persona que trabaja en MERCABARNA, y que figura en el Registro Mercantil como gerente de EUROCOMERCIO PENINSULAR S.L., empresa instrumental, que tiene su sede en una de las naves objeto de investigación policial donde iban a para la mercancía lícita, y de la que posteriormente se extraía la sustancia estupefaciente. Existió una reunión día 3 de febrero de 2021 entre Gabriel y Edmundo, acreditada por la declaración testifical del PN NUM023 quien relata toda la vigilancia completa, desde la nave de Bulfavent hasta MERCABARNA, diciendo que primero están varios acusados en la nave, donde descarga un camión, y posteriormente Edmundo va a MERCABARNA donde se encuentra con Gabriel, quien le entrega unas cajas de similares condiciones que las que el acusado Julio había descargado previamente. También es un dato a tener en cuenta que Gabriel tiene como almacenista de la fruta a Lázaro quien en su declaración testifical en el plenario afirma que le remitía el género para la venta, sobre todo piña. Es un almacén de recepción solamente. Les avisaban que iba a llegar la mercancía y los recibía. Luego lo preparaba para cuando ellos lo quisieran vender.

La sentencia concluye por estimar probado que era una persona de confianza de uno de sus jefes, Edmundo, que una de las formas de operar de la organización era la de importar directamente sustancia estupefaciente "camuflada" o escondida en cajas de piñas. Desde este punto de vista, tiene sentido que se le designe, aunque sea un mero testaferro, administrador de una sociedad que es la que adquiere fruta de un puesto de MERCABARNA que está regentado por el acusado.

Se destaca que el Instructor de las diligencias dice respecto a este acusado que era el gerente de EURCOMERCIO PENINSULAR, una empresa de frutas, habiéndole ocupado en su poder una tarjeta de comercial.

Finalmente considera que quizá este acusado no tenga conocimiento de que pertenece a una organización criminal, pues solamente trataba con Edmundo, y de ahí que haya de condenársele por el delito de tráfico de sustancias estupefaciente de notoria importancia, sin la agravación de organización criminal.

118. Gabriel en su recurso defiende que, además de su trabajo como comercial en MERCABARNA, trabajaba para EUROCOMERCIO PENINSULAR, empresa con actividad legal y aporta un contrato de trabajo temporal de fecha 17.12.2020 en la que le contratan con un periodo de prueba de 30 días, actuando como administrador Octavio. La existencia de este contrato no es suficiente para entender justificada una actividad legal de esta empresa, cuando aparece en el procedimiento como vinculada al jefe de esta organización Edmundo, porque a éste se le interviene en el registro una tarjeta de visita en la que figura su nombre como director comercial de EUROCOMERCIO PENINSULAR con un teléfono y la dirección de la nave 14 del polígono Bulfavent de Manresa, junto con otra documentación de las empresas utilizadas en los envíos de fruta. Por otro lado, Octavio, que figura en el contrato como administrador de EUROCOMERCIO PENINSULAR, es uno de los condenados, por el delito de tráfico de drogas como miembro de la organización, que no ha recurrido la condena. De ahí que sea considerada en la sentencia recurrida como una empresa pantalla, que si llevó a cabo alguna actividad lo fue para facilitar el tráfico de drogas, dando salida a la fruta que ocultaba los suministros de cocaína, y en esa actividad es donde encontramos la participación de este recurrente.

119. Se insiste en el recurso que no es posible que Gabriel desde su puesto en MERCABARNA llevase a cabo la separación de las cajas de piñas que contenían droga de las que no la contenían. Cierto es que esa labor clandestina se pudo realizar con mayor facilidad en cualquiera de las naves de las que disponían, pero esto no modifica la calificación de los hechos. Gabriel fue contratado por Octavio y por Edmundo, era una persona de su confianza, y, separase él los envíos o le llegasen cuando los acaban de separar, su función era ya sacar la fruta al consumo, lo que hacía sabiendo que la finalidad de los suministros de fruta era servir de cobertura al transporte de cocaína.

120. Por todo ello se confirma la participación que se atribuye en los hechos probados a este recurrente.

Cipriano y Carlos (drogas que no causan grave daño a la salud).

121. En lo que se refiere a Cipriano la sentencia recurrida le condena solo en relación con la plantación de marihuana que se encontró en el DIRECCION000 de Lliça dŽAmunt, aceptando que podía desconocer la existencia del laboratorio que se encontraba en la nave industrial, donde como anexo estaba su domicilio y donde fue detenido, ya que tenían entradas independientes. Pero desecha que el recurrente pudiese ser ajeno a la plantación de marihuana, que existía en la finca, ya que en el espacio destinado a su vivienda fueron hallados instrumentos y herramientas destinados al cultivo de la plantación.

122. En el recurso se alega que Cipriano era ajeno a esa plantación y que esos efectos para el cultivo se encontraron fuera de su vivienda en una zona exterior.

123. Estas alegaciones del recurrente no podemos admitirlas, ya que esos instrumento y herramientas no se encontraban fuera de la parte de la nave donde tiene su domicilio, sino en la parte de atrás del taller en la planta baja, acta de entrada y registro que conta en la pieza separada III. En el acta manuscrita alguna palabra resulta ilegible, pero aparece mecanografiado el informe de la policía donde se refleja claramente que es en la planta baja, destinada a taller donde se encuentran diferentes herramientas y útiles de los utilizados en las plantaciones de marihuana, los cuales presentan claros signos de haber sido usados.

124. Alega el recurrente que en el reportaje fotográfico se ve que estos instrumentos están al exterior, pero en las fotografías de la pieza separada 3, lo que se observa en el exterior son los ventiladores y tubos, que se relatan más adelante, pero no las herramientas antes descritas.

125. Ello nos lleva a confirmar la resolución recurrida, cuando induce que estando estos efectos en el interior de la vivienda de Cipriano, en la parte de atrás del taller, de la planta baja, éste no era ajeno a la plantación, y que sabía su existencia y colaboraba en su cuidado.

126. Sobre Carlos este recurrente también condenado solo en relación con la plantación de marihuana, acepta los hechos, pero cuestiona que el delito se califique como de notoria importancia al tratarse de 1.154 plantas, de las que solo se hizo análisis sobre 30 muestras. Este motivo de recurso lo trataremos con la calificación jurídica.

CUARTO.- La prueba de los hechos relativos al delito de blanqueo.

127. Por estos hechos son condenados: Gabino, su hijo Abel, así como Heraclio y Vidal, si bien estos dos últimos no recurren su condena.

128. Gabino y su hijo Nemesio son condenados con base en los siguientes hechos:

Gabino fue la persona que dio instrucciones a Heraclio para que éste llevase a cabo imposiciones en efectivo en la cuenta de la sociedad ACTIVA GROUP EUROPE S.L. por importe de 139.265 euros, entre el 4 de julio de 2019 y el 12 de agosto de 2020.

Gabino recibió el día 23 de enero de 2019 en la cuenta del Banco de Sabadell, DIRECCION011., sociedad de su propiedad, la cantidad de 10.000 euros.

Nemesio recibió en la cuenta del Banco de Sabadell, de la sociedad Nemesio S.L., de la que era propietario entre el 23 de enero y el 20 de noviembre de 2019, transferencias por la cantidad total de 50.000 euros, procedentes de la cuenta de la sociedad ACTIVA GROUP EUROPE S.L.

Todo este dinero procedía del tráfico de drogas, al que se dedicaban.

129. En relación con estos hechos la realidad de estas transferencias e ingresos se desprende del informe pericial, que constató la documentación bancaria correspondiente, informe ratificado en el acto del juicio oral acontecimiento 3.284. Para los recurrentes no existió conexión temporal con los hechos de la investigación del tráfico de drogas, fueron anteriores y no se pueden estimar vinculados con esta actividad.

130. El que este dinero procediese del tráfico de drogas se puede estimar acreditado, porque ésta y no otra era la actividad a la que se dedicaban. Gabino como jefe de la organización, dando instrucciones a otros, sobre la forma de llevar a cabo este tráfico. Su hijo Nemesio actuando, sin integrarse en la organización, siguiendo las instrucciones de su padre, a lo que se añade que de ingresos lícitos solo constan las manifestaciones de los recurrentes. No se han aportado declaraciones fiscales, ni libros de contabilidad. No tienen los acusados la carga de la prueba, pero probada la realidad del tráfico de cocaína al que se venían dedicando, actividad que es objeto de condena, se puede inferir que los ingresos, que no tienen causa justificada, solo pueden proceder de esa actividad.

131. Heraclio administrador de ACTIVA GROUP EUROPE S.L. no ha recurrido su condena. En cualquier caso que los fondos que pasaron por la sociedad que gestionaba, siguiendo instrucciones de Gabino, procedían del tráfico de drogas concuerda con las conversaciones a las que ya se ha hecho referencia, en las que hablan del empleo de esta sociedad. Se trata de la sociedad pantalla utilizada para el alquiler de una de las naves, precisamente la de la DIRECCION003 de San Vicente de Castellet. En esta nave es donde se intervinieron 20.592 k. de cocaína con una riqueza del 70,2 %. valorada en 1.936.434 euros. Además, se ocuparon 2.115 sacos con un peso de 22.000 kg de sustrato de coco, con signos de haber sido abiertos para extraer la cocaína que ocultaban

132. En cuanto a la alegación de que estos hechos ocurrieron antes de que esta investigación se iniciase, por lo que no se pueden tener en cuenta para estimar un delito de blanqueo. Este dato no es suficiente para desvirtuar que los fondos procediesen del tráfico de drogas, porque lo que aquí se descubre es una organización, que se encuentra en pleno funcionamiento de producción de cocaína para el consumo. Se intervino en ese momento una muy importante cantidad de cocaína: 20,592 kilos con una pureza del 70,2%, valorada en 1.936.434 euros; 54,852 kilos con una pureza del 70,7% y un valor de 5.194.510 euros; así como también 719 gramos y en dos bolsitas 85,2 y 52,5 gramos más, con una pureza del 70,1 %, con un valor de 80.266 euros. Estas partidas no llegaron a su destino, gracias a la incautación, no pudieron producir ingresos, pero son significativas de las ganancias que podían haber supuesto las partidas de cocaína que hasta ese momento habían producido y enviado a su destino. En este sentido es ilustrativa una de las conversaciones a las que ya hemos hechos referencia y que recoge la sentencia recurrida, que es la conversación de fecha 30 de noviembre de 2020 entre Edmundo y Gabino, en la que Edmundo dice "...si, mira de esto van ya casi 300 ¿vale? Son más de 300, antes de que acabe el año hemos metido 1.000 ¿sabes?.Con ello parece que se están congratulando de haber introducido ya 300 kilos y calculan que para finales de ese año habrán metido 1.000 kilos de cocaína en el mercado.

133. De modo que puede estimarse probado que las partidas de cocaína que antes llegaron a su destino les produjeron unos cuantiosos ingresos. Esas ganancias era conveniente introducirlas en el tráfico, para permitir su disfrute, y para ello se fueron colocando a nombre de sociedades, aparentando así un origen lícito, hechos que se produjeron unos meses antes de la judicialización de la investigación.

134. Por todo ello debemos confirmar la valoración de la sentencia recurrida al estimar que los fondos que se ingresan y se transfieren a los que se ha hecho referencia procedían del tráfico de droga, como recoge la sentencia recurrida.

QUINTO.- La prueba de los hechos relativos al contrabando.

135. La sentencia recurrida condena por un delito de contrabando a Edmundo, Gabino, Roque, Jesús Ángel, Juan Ignacio, y también a Heraclio, si bien este último no recurre su condena.

136. Los hechos se basan en el registro llevado a cabo el 22 de febrero de 2021 de la nave industrial sita en Totana (Murcia) DIRECCION006, propiedad de Horacio, donde se incautó una embarcación del tipo "narcolancha", de fibra rígida de 13 metros de eslora y 3.5 metros de manga, sin matrícula ni dato identificativo alguno, equipada con cuatro motores marca YAMAHA fuera borda de 350 CV, con un total de 1400 CV de potencia y en cuyo interior se encontraban 192 garrafas de combustibles con una capacidad de 30 litros cada una. Embarcación valorada en 400.000 euros y destinada a tráfico de hachís.

137. Se atribuye a Gabino ser la persona que había alquilado la nave. Este dato es negado en su recurso, con base en la declaración del propietario Horacio, que afirma que no tenía la nave alquilada. Sin embargo, el propietario de la nave no tiene relación alguna con la narcolancha en que se incauta en ese almacén, lo que pone de manifiesto que existían otras personas que venían utilizando esa nave, tuviesen o no contrato de arrendamiento. La policía localiza esa nave gracias a las vigilancias que llevaban a cabo en relación con los investigados, siendo vistos frecuentemente en esa nave Jesús Ángel y Juan Ignacio, también Roque, y existen conversaciones grabadas a las que ya se ha hecho referencia entre los implicados en las que aluden a lo que no pueden ser más que narcolanchas.

138. La sentencia recurrida menciona especialmente:

La conversación de 3 de noviembre Gabino y Heraclio, diciendo que la goma estaba muy bien guardada y que no entiende por qué le han quitado la lona azul antes de descargarla. El tribunal de instancia considera que esta conversación revela la existencia de la narcolancha y concuerda con que narcolancha intervenida estaba lista para ser utilizada, en perfecto estado de funcionamiento y con combustible en su interior.

La conversación de 25 de diciembre de 2020 entre Heraclio y Gabino, en la que éste último le encarga buscar una nave en Castellón de unos 350 metros cuadrados aproximadamente, debiendo decidir con qué empresa se va a firmar el contrato, si con STRONGWABE o con ACTIVA GROUP, nave que podría estar en el polígono de Almanzora, ya que Gabino le dice que está medio vacío y así no hay molestia alguna, todo ello con el fin de recepcionar los motores y el casco y "todo el rollo". No obstante, Gabino le dice a Heraclio que en breve necesita un lugar porque van a recibir "un coche" (lenguaje figurado para referirse a una embarcación con la motorización por un lado y el casco por el otro), diciéndole que lo guarde en la nave de Murcia ya que la de Castellón no está lista, nave de Murcia donde se va a montar, con lo que aluden a la nave de Juan Ignacio.

En relación a una operación en el puerto de Oliva que se vio frustrada por la intervención policial el día 3 de noviembre de 2020, a la misma se refieren también Edmundo y Gabino en su conversación del mismo día 3 de noviembre de 2020 y las pérdidas de dinero que han producido por la intervención policial, así como la incautación de la lancha, así como de la conversación del día siguiente entre ambas personas que vuelven a comentar lo de la operación del puerto de Oliva y la intervención de la lancha ("...300.000 euros solo de la máquina a tomar por culo", añadiendo uno de ellos que "...la "máquina" era un medio asociado con los "moretes"... "...para empezar a traer veneno ya ..." estando todo el mundo preparado para montarse en la embarcación..." .

En otra conversación entre Gabino y Heraclio del día 2 de diciembre de 2020 hablan de la compra de una lancha de tres motores de 250 CV cada uno y los problemas que puede haber de detección de la misma por GPS, lancha que coincide con las características de la embarcación incautada posteriormente por la Policía.

También estaba al tanto de la adquisición y tenencia de la embarcación el acusado Roque, como se evidencia en la conversación telefónica con Gabino de fecha 17 de febrero de 2021 sobre las 17,28 horas en la que hablan de la fecha en la que adquirieron la lancha y que fijan a finales de enero de 2021, diciendo Gabino que "...no hace mucho tiempo que tenemos la lancha ahí. ¿cuánto tiempo hace que tenemos la lancha ahí? No oyéndose la contestación que le da Roque añadiendo éste que "...la sacó antes, nosotros antes de coger el camión, la lancha ya llevaba una semana y media casi dos ahí...más fácil, ¿Cuándo la alquilaste? ¿El seis de febrero? No puede ser. Roque continúa diciendo que "...el seis de febrero no se abre...eso se alquiló a finales de...no estoy muy seguro...¿el seis cayó el camión?...casi, casi está a punto de pasar el mes...".

Se añade como, al hacer referencia a las pruebas incriminatorias respecto a Roque, se ha mencionado una vigilancia en la que fue visto en Xirivella en la que se adquieren un número importante de garrafas o bidones y su transporte posterior a una nave de Totana, lo cual coincide con el hecho de que en la intervención de la narcolancha se encontraran también 198 garrafas de gasolina preparados para la utilización de la embarcación.

Al tanto de la adquisición y puesta a disposición de la embarcación estaba también el acusado Juan Ignacio, por la conversación que tiene con Gabino, en fecha 27 de octubre de 2020, sobre "echar al agua" la "maquinita", refiriéndose a una lancha y a las dificultades, por la vigencia del estado de alarma, de su traslado en un "tráiler". Gabino le dice que "...pues nada, que tenemos que ir con urgencia a ver si pudiéramos mirar lo de la maquinita esa para echarla en el agua...".

139. En relación con Juan Ignacio podemos añadir, como ya se ha indicado en relación a la prueba contra este recurrente, que el dato de que la narcolancha se preparó en su DIRECCION007 y que después la llevo Roque a la nave de la DIRECCION006, se desprende del dispositivo de seguimiento instalado en el camión Renault NUM003, que es el que conduce Roque, que puso de manifiesto que el día 29.01.2021 había hecho varios trayectos desde la nave de Juan Ignacio a la de la DIRECCION006, confirmando la información obtenida de las escuchas que les había llevado a sospechar que la lancha se había montado en la nave de Juan Ignacio y después la habían llevado a la de la DIRECCION006 (folio 2913 tomo VIII), por eso solicitan que se autorice la entrada y registro en esa nave, lo que conduce a su incautación.

140. De Jesús Ángel hay que resaltar que fue visto en varias ocasiones en la nave, y que tiene una relación de la mayor confianza con Gabino y que de forma fluida comentan las novedades de la actividad, no solo en relación con la cocaína, sino también con el hachís, y fue la incautación de una partida de hachís la que les llevó a deshacerse de los teléfonos que tenían entonces. Esta intervención en el tráfico de hachís, unida a su presencia en la nave de la DIRECCION006, viene a confirmar que tenía que conocer el importante instrumento que suponía disponer de una narcolancha.

CONCLUSIÓN.-

141. Todo ello nos lleva a desestimar todos los motivos de recurso de los recurrentes sobre la presunción de inocencia o la aplicación del principio in dubio pro reo.Existió prueba bastante, obtenida en legal forma, racionalmente valorada por el tribunal, que permite estimar acreditado, sin margen de duda que los hechos ocurrieron en la forma expresada en la sentencia recurrida en su declaración de hechos probados.

SEXTO.- La calificación jurídica. El delito de tráfico de drogas

142. Una vez desechados los motivos de recurso con relación a la prueba de los hechos y ratificado el relato de la sentencia recurrida, debemos entrar a revisar la calificación jurídica, que ha sido recurrida. Si bien todas las alegaciones que se basaban en que la infracción de normas jurídicas traía causa en que los hechos no habían quedado probados han quedado sin contenido por haber sido ya resueltas.

143. Edmundo, Gabino, Romulo, Petra, Roque y Jesús Ángel son condenado como autores de un delito contra la salud pública, de sustancia que causa grave daño a la salud, en notoria importancia y cometido en el seno de una organización criminal, de los arts. 368, 369-5º y 369 bis, y de ellos Edmundo y Gabino son considerados jefes de las organización, art. 369 bis párrafo segundo.

144. El art. 570 bis establece el concepto de organización criminal, aplicable en todos los tipos penales, al señalar que se entiende por organización criminal la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada ycoordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos.

145. Para los recurrentes nos encontramos ante un simple caso de coautoría, faltando la exigencia de estabilidad que el tipo penal exige.

146. No lo podemos estimar así. Aquí nos encontramos ante una planificación cuidadosa, que exigió disponer de: a) contactos con los suministradores en Iberoamérica, principalmente en Colombia, b) empresas que llevaron a cabo operaciones de comercio internacional, aparentemente para la adquisición de frutas, derivados de coco y piñas, c) camiones para el transporte y naves industriales para el almacenaje de las partidas que ocultaban la cocaína, d) un laboratorio dotado de precursores y todos los materiales necesarios para extraer la cocaína y prepararla para el consumo, e) medios o contactos para dar salida a la cocaína. Las cantidades intervenidas fueron muy importantes como hemos venido señalando se trató de 20,592 kilos con una pureza del 70,2%, valorada en 1.936.434 euros; 54,852 kilos con una pureza del 70,7% y un valor de 5.194.510 euros; así como también 719 gramos y en dos bolsitas 85,2 y 52,5 gramos más, con una pureza del 70,1 %, con un valor de 80.266 euros.

147. El empleo de estos medios pone de manifiesto una clara vocación de permanencia, aquí no se trataba de realizar una operación aislada, sino de tener una vía estable de entrada principalmente de cocaína en España. Recordemos la ya varias veces mencionada conversación de fecha 30 de noviembre de 2020 entre Edmundo y Gabino, en la que Edmundo dice "...si, mira de esto van ya casi 300 ¿vale? Son más de 300, antes de que acabe el año hemos metido 1.000 ¿sabes?.Ambos se están congratulando de haber introducido ya 300 kilos y calculan que para finales de ese año habrán metido 1.000 kilos de cocaína en el mercado. Tampoco quieren estar apartados del tráfico de marihuana, y por eso disponen en una de las naves de una plantación de marihuana, y además han adquirido una narcolancha que no puede tener otra finalidad que traer hachís desde Marruecos.

148. En esta organización las personas que se encuentran al frente, quienes dan las instruccionesa los demás miembros y llevan a cabo la planificación, son Edmundo y Gabino, según ha quedado expuesto en los hechos probados. A ambos se les debe aplicar el subtipo agravado de tratarse de jefes de la organización.

149. La sentencia del TS de 9 de abril de 2024 señala como:

"La regla de la hiperagravación específica del delito de tráfico de drogas introduce fórmulas nominativas propias para la identificación de los sujetos activos del tipo agravado de organización criminal -"jefes, encargados o administradores"-, prescindiendo de mencionar las concretas funciones de promoción, constitución, organización, coordinación o dirección a las que sí hace referencia el artículo 570 bis CP . En esa medida, la fórmula empleada en el artículo 369 bis CP para identificar a los acreedores de la hiperagravación pone el acento en los rasgos organicistas de la estructura frente a la del artículo 570 bis CP que opta por una delimitación más funcionalista. Es cierto, no obstante, que los roles orgánicos a los que se refiere el artículo 369 bis CP desarrollarán en la inmensa mayoría de los supuestos algunas de las funciones de organización, coordinación o dirección a las que se refiere el artículo 570 bis 1 CP , por lo que, de entrada, no se da una suerte de relación de exclusión o de incompatibilidad entre una y otra regulación"

150. A las ordenes de ambos están (además de los condenados no recurrentes): Romulo, que es la persona de confianza de su hermano Edmundo y quien se encarga de parte de los depósitos de la cocaína en el trastero del garaje de su domicilio, también de buscar salida para los sacos con el producto del coco y abrir una de las naves; Petra, que se ocupa del depósito de importantes partidas en el trastero de su domicilio en Barcelona; Roque, que se ocupa de los transportes; y Jesús Ángel, que es la persona de confianza de Gabino, le proporciona infraestructura, tanto un lugar seguro para reunirse como intervenir en la búsqueda de las naves.

151. Todos ellos deben ser considerados miembros de la organización y autores del delito contra la salud pública, de sustancia que causa grave daño a la salud, en notoria importancia y cometido en el seno de una organización criminal, de los arts. 368, 369-5º y 369 bis.

152. Jesús Ángel solicita que se le considere como cómplice, alegando que se limitó a dejar una casa para que los miembros se pudiesen reunir. Pero esto no es lo que se ha estimado probado, sino que él tuvo participación en las reuniones donde se planifican las operaciones, en una posición totalmente alejada de lo que hubiese podido permitir esa calificación. Lo mismo ocurre con el resto de los miembros de la organización. La posición del cómplice es incompatible con la de miembro de la organización, porque esta última implica un reparto de relevantes papeles en la ejecución de la planificada acción delictiva.

153. Alfredo, Luis María, Julio, Juan Ignacio, Abel y Gabriel, son condenados como autores del delito contra la salud pública, de sustancia que causa grave daño a la salud, en notoria importancia, de los arts. 368, 369-5º , sin pertenencia a organización criminal.

154. Comorecuerda la STS 858/2022, de 28 de octubre :"La pertenencia a una organización no puede confundirse con la situación de coautoría o coparticipación. En palabras que tomamos de la STS 629/2011, de 23 de junio (EDJ 2011/131036), "la pertenencia a la organización constituye lo que modernamente se denomina un delito de status ( STS 1258/2009 de 4 de diciembre (EDJ 2009/315064)) y configura un comportamiento diverso de la simple participación en un delito puntual de la organización. Dicho de otra manera: la calidad de partícipe en un delito programado por una organización no convierte necesariamente al partícipe en miembro de la organización".

155. En este caso existen otras personas, que sin estar vinculados con esos lazos de estabilidad y permanencia que caracteriza a los miembros de la organización, también han intervenido en la realización del delito de tráfico de drogas y son partícipes del mismo. La sentencia recurrida valora así la intervención de: Alfredo, Luis María, Julio, Juan Ignacio, Abel y Gabriel, a los que reputa autores del delito contra la salud pública, de sustancia que causa grave daño a la salud, en notoria importancia, de los arts. 368, 369-5º, lo que concuerda con los hechos que se han estimado probados.

156. La tenencia de precursores queda absorbida por el delito de tráfico de drogas, pues en este caso supuso una forma de participar en el tráfico de drogas. Juan Ignacio no es que tenga los precursores a sabiendas de que se van a utilizar en la fabricación de cocaína, sino que participa en la fabricación de cocaína a gran escala, y lo hace adquiriendo y guardando en su nave un gran volumen de los precursores necesarios para la elaboración, lo que constituye un comportamiento esencial para llevar a cabo extracción de la cocaína y su preparación para el consumo.

157. Sobre la calificación de su participación como autoría hay que tener en cuenta que es reiterada la jurisprudencia del TS que destaca como:

En el ámbito concreto del delito de tráfico de drogas , se ha subrayado por la doctrina de esta Sala la dificultad de apreciar complicidad dado el concepto extensivo de autor al que responde el tipo objetivo del artículo 368 CP .De ahí que la complicidad quede reducida a supuestos de contribución de segundo orden no comprendida en ninguna de las modalidades de conducta descritas en el citado precepto. Contribuciones que se encuadran en la llamada doctrina del " favorecimiento del favorecedor ", con la que se hace referencia a aquellas que, sin promover, favorecer o facilitar directamente el consumo ilegal, auxilian a quien ejecuta los verdaderos actos típicos conforme al artículo 368 CP . (EDL 1995/16398) .

Desde una inevitable aproximación casuística esta Sala ha señalado como casos de auxilio mínimo o colaboración de escasa relevancia incluibles en el concepto de complicidad, entre otros: el mero acompañamiento a los compradores con indicación del lugar donde puedan hallar a los vendedores; la ocultación ocasional y de poca duración de una pequeña cantidad de droga que otro poseía; la simple cesión del domicilio a los autores por pura amistad para reunirse sin levantar sospechas; la labor de recepción y desciframiento de los mensajes en clave sobre el curso de la operación; facilitar el teléfono del suministrador y precio de la droga; realizar llamadas telefónicas para convencer y acordar con tercero el transporte de la droga; acompañar y trasladar en su vehículo a un hermano en sus contactos para adquisición y tráfico; la colaboración de un tercero en los paso s previos para la recepción de la droga enviada desde el extranjero, sin ser destinatario ni tener disponibilidad efectiva de la misma; vigilar, como única misión, el inmueble donde se iba a hospedar la persona que transportaba la cocaína, con el fin de avisar telefónicamente de su llegada al destinatario

158. Los hechos declarados probados impiden que la conducta de los recurrentes se pueda entender como una cooperación auxiliar no imprescindible. En las naves había importantes funciones que desarrollar, sin las cuales no se podía llevar a cabo la comercialización de la cocaína, y esas funciones son las que llevan a cabo estos recurrentes.

159. Aunque no son miembros de la organización, a todos los que están participando en el delito en el momento de la desarticulación les resultan atribuibles todas las cantidades de cocaína intervenidas y que en ese momento la red estaba en pleno proceso de preparación para la distribución con su intervención. Cantidades que consistieron en 20,592 kilos con una pureza del 70,2%, valorada en 1.936.434 euros; 54,852 kilos con una pureza del 70,7% y un valor de 5.194.510 euros; así como también 719 gramos y en dos bolsitas 85,2 y 52,5 gramos más, con una pureza del 70,1 %, con un valor de 80.266 euros. Por ello debe confirmarse la aplicación de la agravante de notoria importancia del art. 369-5º del CP.

160. La participación de Belarmino fue estimada en la sentencia recurrida como complicidad en el delito de tráfico de drogas del art. 368 y 369-5º, lo que no fue cuestionado por la acusación. Alega la defensa de este recurrente que la calificación procedente sería en todo caso la de tenencia de precursores, sin embargo, también en este caso esa tenencia queda absorbida por su forma de participar como cómplice en el tráfico de drogas. No es que tenga los precursores a sabiendas de que se van a utilizar en la fabricación de cocaína, sino que colabora con las personas que sabe que están fabricando cocaína a gran escala, y lo que hace es guardarles en este caso una pequeña parte de los precursores y los moldes.

161. En cualquier caso, de calificarse los hechos como tenencia de precursores del art. 371 del CP, sería autor de ese delito, no ya cómplice, pues dispone de los precursores y su vinculación con el narcotráfico aleja la posibilidad de cualquier otro uso, ni siquiera pretendido. De modo que la pena procedente sería de 3 a 6 años, y sería imponible la misma pena.

162. Cipriano y Carlos son condenados como autores de un delito contra la salud pública de sustancia que no causa grave daño a la salud, en cantidad de notoria importancia del art. 368 y 369-5º.

163. Esta calificación responde a los hechos probados que estimaron que ambos se ocupaban de labores de cuidado y vigilancia de la plantación de marihuana que se encontraba junto a la nave de que se encontró en el DIRECCION000 de Lliça dŽAmunt. Se trata de una plantación de 1.154 plantas de marihuana de unos 120 cm. de altura, en estado de floración. La sentencia recurrida le atribuye un peso de 48.167,96 gramos, con un índice medio de THC, que oscila entre el 10,3 y el 14 %.

164. Se alega por uno de los recurrentes que el análisis de 30 plantas resulta insuficiente y que no puede atribuirse el peso que se indica, 48.167,96 gramos, que conduce a reputar la cantidad como de notoria importancia, ya que no toda la planta resulta apta para el consumo.

165. Efectivamente las plantas de marihuana que no son sustancias listas para el consumo final, sino que deben ser previamente cultivadas y procesadas. Eso hace que existan muchas variables a considerar, al tratarse de plantas vivas en crecimiento, es relevante el momento de su incautación, ya que la cantidad de sustancia estupefaciente varía enormemente desde la fase de germinación de la semilla o su plantación como esqueje y hasta el momento óptimo de recogida, momento en el cual la planta ha aumentado enormemente de tamaño y con ello la sustancia que es posible extraer de la misma. No toda la planta de marihuana está destinada al consumo ilícito, dado que sólo constituyen partes aprovechables de dicha planta las hojas y cogollos, debiendo desecharse tallos y ramas que componen la parte más importante del peso de la planta, las partes leñosas; y, otra, que con las partes aprovechables ha de procederse posteriormente a un proceso paulatino de secado, lo que implica la pérdida de humedad y, consiguientemente, de otra buena parte del peso formado por el agua que también la compone. Pero así se ha recogido en los informes realizados sobre esta plantación, pag. 13 de la pieza separada 3.

166. El muestreo realizado sobre 30 plantas lo reputa totalmente insuficiente el recurrente. Sin embargo, lo que se indica en el protocolo de la II GUÍA PRÁCTICA DE ACTUACIÓN SOBRE LA APREHENSIÓN, ANÁLISIS, CUSTODIA Y DESTRUCCIÓN DE DROGAS TÓXICAS, ESTUPEFACIENTES O SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS del Plan Nacional sobre drogas es que:

a. Para la obtención de la muestra analítica, en el caso de plantaciones con menos de 30 plantas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, en el ejercicio de las competencias legalmente atribuidas, cortarán una sumidad florida de cada una de las plantas, en partes que posean una longitud 20 cm.

b. Para la obtención de la muestra analítica en plantaciones de más de 30 plantas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, en el ejercicio de las competencias legalmente atribuidas, cortarán 30 sumidades floridas, una por planta, en partes que posean una longitud de 20 cm.

167. En este caso se respetaron esos protocolos. No se trata de 30 plantas, sino de 30 sobres que contienen cada uno de ellos, la parte apical de una planta, en forma de ramas, hojas y cogollos. El informe pericial se inicia con su fotografía, donde se observa que se trata de 30 sumidades. A ellas se añadieron dos sobres rotulados como "peladuras" con la parte útil de cinco plantas de marihuana, en forma de hojas y cogollos. Al haberse respetado los protocolos oficiales, siendo similares los de la Oficina de Nacionales Unidas contra la Droga y el Delito, carece de base cuestionar su resultado.

168. Para calcular la producción de marihuana por planta en el informe mundial sobre drogas del año 2007 de la Oficina contra la Droga el Delito de Naciones Unidas se establece un coeficiente que viene a ser de cien gramos por planta. En este caso se aplicó un porcentaje mucho más reducido de 41,75 gramos por planta. Aún con este porcentaje se evaluó que la cantidad alcanzaba los 48.167,96 gramos, superando en exceso los 10 kilos, considerado por la jurisprudencia para aplicar la agravante de cantidad de notoria importancia.

169. Por todo ello debemos ratificar la calificación que hace la sentencia recurrida al aplicar la agravante de notoria importancia a los recurrentes Cipriano y Carlos. Del art. 369-5º del CP

SEPTIMO.- Calificación jurídica. El delito de blanqueo. El delito de contrabando.

170. Todos los motivos de recurso sobre el delito de blanqueo están vinculados a la prueba de los hechos, que ya se ha examinado. Una vez que se ha estimado probado que el origen de los fondos era el tráfico de drogas, al que se venían dedicando los recurrentes, decaen los motivos por los que se cuestionó la calificación de los hechos como constitutiva de un delito de blanqueo del art. 301 del CP.

171. En cuanto al delito de contrabando por la tenencia de la narcolancha, se condena por este delito a Edmundo, Gabino, Roque, Jesús Ángel, Juan Ignacio, y también a Heraclio, si bien este último no recurre su condena.

172. La embarcación incautada en la nave industrial sita en Totana (Murcia) DIRECCION006, era de fibra rígida de 13 metros de eslora y 3.5 metros de manga, sin matrícula ni dato identificativo alguno, equipada con cuatro motores marca YAMAHA fuera borda de 350 CV, con un total de 1400 CV de potencia, valorada en 400.000 euros.

173. Esta embarcación está considerada como género prohibido a los efectos de lo dispuesto en el apartado 12 del artículo 1 de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando ,en relación con el art. 2.2 b),que establece:

2. Cometen delito de contrabando, siempre que el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos sea igual o superior a 50.000 euros, los que realicen alguno de los siguientes hechos: (...)

b) Realicen operaciones de importación, exportación, comercio, tenencia circulación de géneros estancados o prohibidos, incluyendo su producción o rehabilitación, sin cumplir los requisitos establecidos en las leyes.

174. En cuanto al concepto de genero prohibido el Real Decreto Ley 16/2018, de 26 de octubremodificó el artículo 1.12 de la Ley Orgánica 12/1995 ,calificando como "género prohibido" las siguientes embarcaciones:

a) Las embarcaciones neumáticas y semirrígidas susceptibles de ser utilizadas para la navegación marítima que cumplan alguna de las siguientes características:

i. Todas aquellas cuyo casco, incluida en su caso la estructura neumática, sea menor o igual a 8 metros de eslora total, que dispongan de una potencia máxima, independientemente del número de motores, igual o superior a 150 kilovatios.

ii. Todas aquellas cuyo casco, incluida en su caso la estructura neumática, sea mayor de 8 metros de eslora total.

b) Las embarcaciones neumáticas o semirrígidas diferentes de las descritas en el apartado anterior, así como cualquier otra embarcación y los buques de porte menor cuando se acredite la existencia de elementos o indicios racionales que pongan de manifiesto la intención de utilizarlas para cometer o para facilitar la comisión de un acto de contrabando.

175. Por lo tanto, nos encontramos con que la tenencia de la embarcación que constituye un delito de contrabando en la modalidad de tenencia de género prohibido.

176. Aunque la tenencia se haya producido en una nave industrial y no en el mar, eso no implica que el delito no se haya consumado. La tenencia existe, no es necesaria la utilización, ni que se haya botado la embarcación. Cuestión distinta es que a efectos de individualizar la pena se haya tenido en cuenta que la embarcación no se había llegado a utilizar, lo que no afectó la consumación del delito, por lo que se deben desechar las alegaciones de que se trataba de una tentativa de delito de contrabando.

OCTAVO.- Las penas.

177. Romulo insiste en la apreciación de la circunstancia atenuante de drogadicción, alegando que actuó por la adicción severa a las drogas, del art. 21.2 del CP. En apoyo de su petición presenta distintos documentos sobre informes médicos, que adjunta a su recurso, aunque sin formalizar petición de nueva prueba documental para esta instancia.

178. La admisión de prueba en apelación está limitada a las diligencias de prueba que no pudo proponer en la primera instancia, porque fundadamente no tuviese conocimiento de su existencia, a las pruebas propuestas que le fueron indebidamente denegadas, en cuyo caso se exige que hubiere formulado protesta ante su inadmisión, y de las admitidas que no fueron practicadas por causas que no le sean imputables.

179. En este caso no nos encontramos en esta situación, el recurrente no había alegado, ni propuesto prueba sobre estos extremos en la primera instancia. Tampoco formaliza en esta instancia petición de prueba, por lo que esos documentos no pueden ser tenidos en cuenta. En cualquier caso, la pena se le ha impuesto en la mitad inferior, teniendo en cuenta que concurre el tipo agravado del art. 369 bis con el 369.5º, por lo que la aplicación de la atenuante no hubiese supuesto necesariamente una aminoración de la pena impuesta de 10 años y 1 día de prisión y multa de 10 millones de euros, que si bien no es el mínimo si se acerca.

180. Se alega que la sentencia recurrida no contiene justificación en la imposición de las penas. No podemos estimarlo así. La sentencia dedica el fundamento Octavo a la individualización de las penas, que debemos dar por reiterado.

181. El recurrente Abel alega que existe una falta de motivación de la cuantificación de las penas y una desproporción, alegando que no existen motivos para no imponer las penas mínimas.

182. En relación con este recurrente se hace constar:

A Abel, por el delito contra la salud pública de sustancia que causa grave daño a la salud y notoria importancia, teniendo en cuenta que no es jefe de la organización, ni perteneciente a la organización criminal, procede imponerle la pena de siete años y un mes de prisión, accesorias correspondientes y multa de 8 millones de euros, con la responsabilidad personal subsidiaria correspondiente. Y por el delito de blanqueo de capitales, la pena de tres años y seis meses de prisión y multa de 50.000 euros con arresto sustitutorio de un mes en caso de impago, teniendo en cuenta el valor de los bienes objeto del delito, más las accesorias correspondientes.

183. Esta justificación se debe poner en relación con las referencias que ya se venían haciendo en los párrafos anteriores de este fundamento sobre la cantidad de drogas incautadas que superó ampliamente la exigible para considerar la cantidad de notoria importancia. Además, podemos añadir que la red presenta características que, sin llegar por parte de este recurrente a implicar su pertenencia a la organización, si tiene alguna de las características propias de la organización, que suponen una mayor peligrosidad, pues aparece una cuidada estructuración de cometidos. La pena, que se impone en la mitad inferior, aunque no en su mínimo, responde al principio de proporcionalidad. En cuanto al blanqueo se debe imponer la pena de 6 meses a 6 años en su mitad superior, al provenir los bienes del tráfico de drogas, con lo que la pena impuesta de 3 años y 6 meses es muy ligeramente superior al mínimo, en atención a la cuantía. La conclusión es que no cabe apreciar falta de proporcionalidad.

184. Gabriel solicita subsidiariamente que se le imponga la pena mínima. Sobre este recurrente la sentencia indica:

A Gabriel, por el delito contra la salud pública de sustancia que causa grave daño a la salud y notoria importancia, teniendo en cuenta que no es jefe de la organización, ni perteneciente a la organización criminal, procede imponerle la pena de siete años y un mes de prisión, accesorias correspondientes y multa de 8 millones de euros, con la responsabilidad personal subsidiaria correspondiente.

185. De nuevo nos encontramos con la imposición de la misma pena que al recurrente anterior, con la misma calificación jurídica en cuanto al delito de tráfico de drogas. Los argumentos solo pueden ser los mismos, la cantidad de drogas incautadas que superó ampliamente la exigible para considerar la cantidad de notoria importancia. La red presenta características que, sin llegar por parte de este recurrente a implicar su pertenencia a la organización, si tiene alguna de las características propias de la organización, que suponen una mayor peligrosidad, pues aparecen una cuidada estructuración de cometidos. La pena, que se impone en la mitad inferior, aunque no en su mínimo, responde al principio de proporcionalidad.

186. Juan Ignacio también alega la falta de proporcionalidad de la pena impuesta. La sentencia recurrida recoge:

A Juan Ignacio, por el delito contra la salud pública de sustancia que causa grave daño a la salud y notoria importancia, teniendo en cuenta que no es jefe de la organización, ni perteneciente a la organización criminal, procede imponerle la pena de siete años y un mes de prisión, accesorias correspondientes y multa de 8 millones de euros, con la responsabilidad personal subsidiaria correspondiente. Por el delito de contrabando de género prohibido, la pena de dos años de prisión, y multa de 400.000 euros, con arresto sustitutorio de un mes en caso de impago, de acuerdo con la valoración de la embarcación y las consideraciones realizadas anteriormente respecto a esta infracción.

187. De nuevo nos encontramos con la imposición de la misma pena que a los recurrentes anteriores, con la misma calificación jurídica en cuanto al delito de tráfico de drogas. Los argumentos solo pueden ser los mismos, la cantidad de drogas incautadas que superó ampliamente la exigible para considerar la cantidad de notoria importancia. La red presenta características que, sin llegar por parte de este recurrente a implicar su pertenencia a la organización, si tiene alguna de las características propias de la organización, que suponen una mayor peligrosidad, pues aparecen una cuidada estructuración de cometidos. La pena, que se impone en la mitad inferior, aunque no en su mínimo, responde al principio de proporcionalidad. En cuanto al delito de contrabando le impone la misma pena que a otros condenados por este delito y como se hizo constar en aquellos: siendo la pena prevista, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.1 de la Ley de Represión de Contrabando de 12 de diciembre de 1995 , entre uno y cinco años de prisión y multa del tanto al séxtuplo del valor del género prohibido, dado que la "narcolancha" estaba dispuesta para ser utilizada de forma inmediata, si bien no llegó a materializarse el uso de la misma, y teniendo en cuenta que no existen circunstancias modificativa de la responsabilidad criminal, entendemos que la pena a imponer es en la mitad inferior, esto es, dos años de prisión, y multa de 400.000 euros, con un mes de arresto sustitutorio en caso deimpago, de acuerdo con la valoración de la embarcación, y a las accesorias correspondientes.De modo que no existe quiebra alguna del principio de proporcionalidad.

188. Gabriel también alega la falta de proporcionalidad en la pena que se le impone. La sentencia recurrida recoge:

A Gabriel, por el delito contra la salud pública de sustancia que causa grave daño a la salud y notoria importancia, teniendo en cuenta que no es jefe de la organización, ni perteneciente a la organización criminal, procede imponerle la pena de siete años y un mes de prisión, accesorias correspondientes y multa de 8 millones de euros, con la responsabilidad personal subsidiaria correspondiente.

189. De nuevo nos encontramos con la imposición de la misma pena que a los recurrentes anteriores, con la misma calificación jurídica en cuanto al delito de tráfico de drogas. Los argumentos solo pueden ser los mismos, la cantidad de drogas incautadas que superó ampliamente la exigible para considerar la cantidad de notoria importancia. La red presenta características que, sin llegar por parte de este recurrente a implicar su pertenencia a la organización, si tiene alguna de las características propias de la organización, que suponen una mayor peligrosidad, pues aparecen una cuidada estructuración de cometidos. La pena, que se impone en la mitad inferior, aunque no en su mínimo, responde al principio de proporcionalidad.

190. Petra solicita subsidiariamente la imposición de la pena mínima. A lo largo de la sentencia se le atribuye la pertenencia a la organización, en el relato de hechos, en la calificación jurídica y en la justificación de las pruebas. También en la parte dispositiva. Sin embargo, en el fundamento octavo, al individualizar la pena, se menciona que no es integrante de la organización, lo que responde a un simple error material, pues la pena que se impone atiende a la calificación correcta con pertenencia a organización, coherente con el resto de la sentencia. Sin embargo, es cierto que la sentencia recurrida le impuso la pena de 11 años de prisión y multa de 10 millones, y la pena solicitada por el Ministerio Fiscal, según consta en los antecedentes de la sentencia y en el propio escrito de acusación, era de 10 años y 6 meses.

191. La Sentencia del TS nº 935/2024, de 31 de octubre, señala que:

Como reflejo del principio acusatorio , el art ículo 789.3 de la LECrim dispone, entre otros supuestos, la imposibilidad de que una sentencia imponga pena más grave de la solicitada por las acusaciones. De conformidad con este precepto, el Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de fecha 2 de diciembre de 2006, plasmó el acuerdo de que: "El tribunal no puede imponer pena superior a la más grave de las pedidas en concreto por las acusaciones, cualquiera que sea el tipo de procedimiento por el que se sustancie la causa", que fue posteriormente matizado y aclarado por el Pleno de Sala General de 27 de noviembre de 2007 que, al analizar las posibilidades de imponer pena prevista en la ley y no pedida por la acusación señaló que: "El anterior Acuerdo de esta Sala, de fecha 2 de diciembre de 2006, debe ser entendido en el sentido de que el Tribunal no puede imponer pena superior a la más grave de las pedidas por las acusaciones, siempre que la pena solicitada se corresponda con las previsiones legales al respecto..."

192. Siendo la pena solicitada imponible por el ministerio fiscal, según la calificación que se aplica, no existen motivos que puedan justificar que se imponga en más cuantía de la solicitada. El respeto del principio acusatorio lo impide. La pena para esta recurrente se estima procedente reducirla a los 10 años y 1 día, que es la misma que se impone al resto de los miembros de la organización, teniendo en cuenta que su participación puede reputarse similar. La importancia de las cantidades incautadas, la complejidad de la estructura, impiden aplicar una pena inferior.

193. En cuanto al resto de los recurrentes nos remitimos al fundamento octavo de la resolución recurrida.

NOVENO.- Las costas.-

194. El artículo 239 LECrim. establece la necesidad de que la sentencia que resuelve el recurso de apelación contenga un pronunciamiento sobre las costas del recurso, al señalar con carácter general como "en los autos y sentencias que pongan término a la causa o a cualquiera de los incidentes deberá resolverse sobre el pago de las costas procesales".

195. La jurisprudencia, S del TS 286/2019 de 30 de mayo, señala como "en materia de costas respecto del recurso de apelación no es aplicable la norma específica del vencimiento objetivo, prevista para el recurso de casación en el artículo 901 de la LECrim, y a falta de pronunciamiento específico por la ley procesal, será la prevista los artículos 239 y 240 de LECrim, esto es, el criterio de la imposición desde la regla de temeridad o mala fe". Esto supone que la regla del vencimiento, imposición de las costas a la parte cuyo recurso se desestima -siempre excluyendo claro al ministerio fiscal- sólo será aplicable cuando concurra en el recurrente temeridad o mala fe, siendo además necesario que medie petición de parte para su imposición. En los demás casos deberán declararse de oficio.

196. No existiendo temeridad, ni mala fe en el recurso presentado por las defensas las costas se declaran de oficio.

DECIMO.- Corrección de errores.-

197. Los errores materiales manifiestos pueden ser corregidos en cualquier momento a tenor de lo dispuesto en el art. 267 de la LOPJ.

198. En este caso en la sentencia recurrida se cometió un error material, no en los hechos probados, pero si en los fundamentos y en la parte dispositiva ya que al acusado Juan Ignacio se le llamó Juan Ignacio, confundiendo el primer apellido, error que en este momento debemos corregir. También procede corregir en el fundamento octavo la mención errónea de la calificación del delito de Petra, suprimiendo que no consta que perteneciera a la organización, como se ha señalado en el apartado 191.