Sentencia Penal 19/2025 Audiencia Nacional. Sala de Apelación, Rec. 15/2025 de 04 de abril del 2025

PRIMERO. - MOTIVOS DE RECURSO Y SU IMPUGNACIÓN:

1.- La representación de Rogelio, recurre:

1) En lo que hace a su condena por delito de enaltecimiento del terrorismo,por error en la valoración de la prueba,al considerar que la interpretación del uso de la bandera del DAESH que hace la sentencia, conjuntando tres elementos del acervo islamista no implica que su usuario apoye, justifique o difunda el ideario terrorista de esa organización o que elogie las actividades terroristas de la trama y sus integrantes, sobre todo cuando no se ha acreditado su relación con miembros, ha negado su pertenencia a la misma y lo ha hecho para llamar la atención y aparentar algo que no es. Y en lo que se refiere al de amenazasporque las mismas se dirigen a un funcionario concreto, no al colectivo, a quien no trascienden, no tuvieron consecuencias, solo ocurrieron un mes y respondían a lo que denomina su "carácter conflictivo, amenazante o agresivo", "fruto de su personalidad carente de control de impulsos"ante sus frustraciones.

2) Por indebida inaplicación de la circunstancia atenuante analógica de trastorno de la personalidadal entender que su personalidad se ve afectada por "falta de afectividad, funcionamiento inadecuado de sus habilidades interpersonales y ausencia de control de impulsos",lo que le convierte en un "enfermo mental"que padece un trastorno límite de la personalidad incardinable en la circunstancia atenuante analógica conforme al Art. 21.7CP.

3) Por aplicación indebida por inmotivada y excesiva de la pena concreta máxima legal posible impuestapor el Art. 578.1 CP, al no concurrir circunstancias modificativas de la responsabilidad, conculcando los Arts. 66 y 72 CP, de manera que atendiendo a sus "circunstancias personales-su trastorno de la personalidad, su vida en cárcel durante más de diez años- y a la mayor o menor gravedad del hecho",que no del delito -pues ya su pena las considera-, no se le debería haber impuesto la sanción máxima, sino una más reducida.

2. - Por su parte la representación del MINISTERIO FISCALimpugna los anteriores motivos de recurso, solicitando la confirmación de la sentencia.

SEGUNDO. -

3.- El primer motivo de recurso respecto a su condena por el delito de enaltecimiento del terrorismo,le lleva a la Defensa impugnante a entender que se ha producido error en la valoración de la prueba,considerando que la interpretación del uso de la bandera del DAESH que hace la sentencia, conjuntando tres elementos religiosos del "acervo islamista"no implica que su usuario apoye, justifique o difunda el ideario terrorista de esa organización o que elogie las actividades terroristas de la trama y sus integrantes, sobre todo cuando no se ha acreditado su relación con miembros y ha negado su pertenencia a la misma y lo ha hecho para llamar la atención y aparentar algo que no es.

4.- La parte impugnante, que elige así el motivo de recurso prevenido en el Art. 790.2.3º LECrim de error en la valoración de la prueba, rebate la interpretación neutral y más convincente del Tribunal a quo, pretendiendo se cambie por la suya personal alternativa más banalizante, intentando combatir la racionalidad/lógica de la interpretación oficial de la sentencia que la funda en la combinación de esos "acervos islamistas"conforme derivaron mediante inteligencia pericial de los testimonios expertos en ese sentido explicados en el plenario por los guardias civiles nº NUM005, NUM006 y NUM007 en la manera expuesta en los Hechos Probados.

5.- Para determinar el grado de suficiencia y racionalidad probatoria que se exige a una sentencia condenatoria para que constitucionalmente pueda enervar la presunción de inocencia del enjuiciado, la sentencia de Pleno del Tribunal Constitucional, s TC 72/24 de 20 de junio, que expresamente lo trata, parte de la premisa de que la asimétrica posición de garantía de las partes en el proceso penal repercute sobre las exigencias de motivación de las sentencias penales dictadas en la instancia, de modo que deben ser más rigurosas si son condenatorias requiriendo un "canon reforzado de motivación".

6.- Analiza en su FJ 3º lo relativo a esa asimétrica posición de garantía de las partes en el proceso penal, y las exigencias de motivación de las sentencias penales, indicando, que: "dado que en el proceso penal la presunción de inocencia es una regla de juicio que garantiza el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida más allá de toda duda razonable,en virtud de pruebas que puedan considerarse de cargo y obtenidas con todas las garantías ( s TC 81/1998, de 2 de abril , FJ 3), a las sentencias condenatoriasse les exige una motivación reforzada y completa:tanto en lo que se refiere a su presupuesto fáctico(hechos que se declaran probados), como en el plano jurídico,al afirmar la subsunción de la conducta declarada probada en el tipo penal que justifica la pretensión acusatoria (juicio este último que se encuentra sometido a las reglas que definen el principio de legalidad de las infracciones y sanciones [ Art. 25.1 CE ])".

7.- Con cita de las s TC 169/2004, de 6 de octubre y 246/2004, de 20 de diciembre, añade que: "la motivación de las sentencias penales es siempre exigible ex Art. 120.3 CE , esto es, con independencia de su signo, condenatorio o absolutorio. No obstante, reiteramos entonces que en las sentencias condenatorias el canon de motivación es más riguroso que en las absolutoriaspues, de acuerdo con una reiterada doctrina constitucional, cuando están en juego otros derechos fundamentales -y, entre ellos, cuando están en juego el derecho a la libertad y el de presunción de inocencia, como sucede en el proceso penal- la exigencia de motivación cobra particular intensidad y por ello hemos reforzado el parámetro de control utilizable para enjuiciar su suficiencia (..). Particularmente, en el plano fáctico, la sentencia penal condenatoria ha de exteriorizar en su razonamiento las pruebas relevantes tomadas en consideración y la existencia de una conexión fundadaentre las pruebas y la declaración de Hechos Probados; conexión que debe ser aplicación razonada de las reglas de la lógica, ciencia y experiencia,de modo que sea posible realizar un juicio externo sobre las que llevan al juzgador a considerar alcanzada la convicción de culpabilidad más allá de toda duda razonable ( s TC 340/2006, de 11 de diciembre , FJ 4º)".

8.- "Dicha asimetría también repercute sobre el fundamento de la pretensión de revisión en apelaciónde dichas sentencias, así, tratándose de las condenatorias,dicho fundamento radica en el derecho al doble grado de jurisdicción, reconocido en el Art. 14.5 PIDCP (Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos ) y el Art. 2 del Protocolo 7 del CEDH (Convenio Europeo de Derechos Humanos ). Por el contrario, en el caso de sentencias absolutorias, se trata del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, por lo que el legislador dispone de un amplio margen de configuración para regular el recurso. Ello tiene una gran trascendencia, pues el canon de revisiónes distinto tratándose del derecho al doble grado de jurisdicción que cuando se trata del derecho a la tutela judicial efectiva...". En definitiva, tratándose de sentencias de condena,el Tribunal de apelación debe acudir tanto a la sentencia como a las pruebas, y dispone de libertad de criterio para reevaluarlas.En el ámbito fácticose reconocen al Tribunal de apelación facultades revisoras totales,mientras que en el caso de sentencias absolutorias la extensión del control se asemeja al de la casación, .... lo que no excluye el deber del Tribunal de apelación de confrontar la sentencia como documento con la prueba".

9.- "En materia de hechos,el Tribunal de apelación podrá revisar la resolución de instancia en los siguientes casos:

- a) Cuando en la misma se advierta irracionalidad, arbitrariedad o manifiesta insuficiencia de la motivación fáctica.Ello podrá tener lugar por un manifiesto apartamiento de parámetros racionales de argumentación o de máximas de la experiencia, por haberse obtenido las conclusiones fácticas sin fundarse en ningún medio de prueba, o por haberse omitido todo razonamiento sobre pruebas relevantes.

- b) Cuando, tratándose de sentencias condenatorias se cuestione la validez, licitud y suficiencia de la prueba de cargo.En particular, y en cuanto a la suficiencia de la prueba de cargo, el Tribunal de apelación podrá examinar si la valoración probatoria resulta lesiva del derecho a la presunción de inocencia, lo que puede tener lugar en los siguientes casos:

- b.1) cuando la hipótesis acusatoria no sea capaz de explicar todas las informaciones probatorias disponibles que se hayan reputado fiables, integrándolas de forma coherente

- b.2) cuando las informaciones probatorias disponibles estimadas fiables sean compatibles con hipótesis alternativas más favorables, probables conforme a máximas de la experiencia o

- b.3) cuando las informaciones probatorias disponibles estimadas fiables sean compatibles con hipótesis alternativas plausibles más favorables, alegadas por la Defensa y sobre las que haya aportado algún principio de prueba".

10.- Aplicando la doctrina anterior a la sentencia recurrida a la luz de lo denunciado por la Defensa recurrente, se debe manifestar la completa racionalidad y suficiencia de lo explicado en ella para disentir de la interpretación de la Defensa y coincidir con la plena convicción de la Sala a quo, que respeta el estándar de exigibilidad, suficiencia y racionalidad de explicar su convicción acorde con la razón más allá de toda duda razonable.

11.- Además de explicar que esas banderas del DAESH en la forma y distribución que ha sido adoptada, (salvando la alegación de faltar el fondo negro, porque el condenado reproducía esta bandera "en la medida de sus posibilidades, con los medios de que disponía")constituyen signo distintivo de la organización terrorista DAESH, que la denomina como "bandera de la unicidad o monoteísmo",sirviéndole para la reivindicación de sus acciones y la divulgación con encomio de sus actividades, la resolución alude a otros símbolos, lemas, mensajes y consignas usados por el acusado -en la línea pretendida por la propaganda del odio supremacista del DAESH- que también suponen la indudable asunción acrítica de sus métodos violentos y la voluntad consciente de usarlos para convencer y hacer proselitismo a través de esos métodos, propios de una organización criminal expansionista del terror, nada menos que en Centros Penitenciarios tan permeables a su asunción por algunos de sus ocupantes.

12.- La Sala a quo, en una ordenada exposición conjunta de la prueba que le lleva a esa convicción racional, las contextualiza y relaciona con las circunstancias en que las grafió reiteradamente el acusado, en diferentes localizaciones penitenciarias -paredes, oficinas, patios, celdas, zonas comunes, puerta de la oficina del módulo, sala de televisión, muro del patio, habitáculo del teléfono de una galería común, .....-, en diferentes y continuadas fechas por los diversos Centros Penitenciarios en que las dibujó, y sobre todo, mediante el acompañamiento de expresiones con que lo hacía - "Te vas a enterar porque la bandera del Estado Islámico pronto estará extendida por todo el mundo y moriréis como infieles"; "Os voy a matar como manda la bandera del Estado Islámico"-,que sin duda exteriorizaron, lejos de lo que ahora pretende justificar ante el Órgano Judicial, su auténtica significación e intención, ajena a presuntas desviaciones de su personalidad, y que no es otra que apoyar, justificar y difundir el ideario terrorista de esa organización, elogiando y presentando ante terceros, aquí reclusos penitenciarios, como loables, las violentas actividades terroristas de esa trama criminal con la indicación de que se reiterarán sobre todo aquel que no las asuma, situación de riesgo efectivo que además centró muchas de ellas contra el concreto colectivo de funcionarios de Instituciones Penitenciarias.

13.- De manera que, aunque el acusado lo banalice, la combinación de esos "acervos islamistas"no ocurre por casualidad, sino por su expresa y meditada elección y voluntad, obviamente extraída de las fuentes oficiales de propaganda de la organización terrorista que incitan se obre como el acusado lo hace, exteriorizando, mediante su asunción y contumaz reiteración, su radicalización, y con ella la intención que lleva al Tribunal, a interpretar la literalidad de los mensajes, su significación y reiteración en el tiempo como de promoción y apoyo al discurso de odio violento de la organización terrorista DAESH, fundando el castigo del tipo penal -correctamente subsumido en el Art. 578.1 del Código Penal-, en el riesgo ínsito a su difusión en las condiciones que lo hace dentro de los Centros Penitenciarios.

14.- De manera que, habiendo valorado el Tribunal con inmediación y lógica, además de la versión del recurrente, para descartarla, las prestadas en el plenario por testigos agentes de Guardia Civil, funcionarios de Instituciones Penitenciarias, peritos de Guardia Civil que realizaron la inspección ocular y los que realizaron los análisis grafológicos, además de la pericial del Médico Forense y la documental propuesta en el escrito de acusación, cuya lectura se dio por reproducida, sus conclusiones sobre el elemento intencional perseguido con la confección de las pintadas -y otros símbolos de la iconografía y propaganda del DAESH- expuestas en el F J 1º.4 en relación con el mensaje social que pretendían en el contexto de varios meses seguidos en el tiempo y en diferentes Centros Penitenciarios, no sólo no dejan lugar a duda, sino son plenamente compartibles en su racionalidad y lógica, por lo argumentado en la sentencia, de manera que se debe desestimar este motivo.

15.- Por otra parte, y en lo que se refiere al delito continuado de amenazas no condicionales dirigidas a un grupo profesional de los artículos 169.2 º y 170.1 del Código Penal lo impugna el recurrente por considerar que se dirigen a un funcionario concreto, y no al colectivo, a quien no trascienden, dado que no tuvieron consecuencias, solo ocurrieron un mes y respondían a lo que denomina el "carácter conflictivo, amenazante o agresivo", "fruto de la personalidad carente de control de impulsos"ante sus frustraciones del recurrente.

16.- Intenta el recurrente culpar al determinismo conductual que achaca a su representado, y que no influye en la elección de su conducta según explicó el Forense en el plenario, centrando en todo caso el alcance de su actuación, subjetivamente, en un solo funcionario de prisiones, cuando la resolución, y en ello no podemos sino coincidir, interpreta que las expresiones conminativas proferidas, susceptibles de causar intimidación en el ánimo del sujeto pasivo, dando a entender la realización futura, más o menos inmediata, de un mal, iban dirigidas a otros miembros del funcionariado de Instituciones Penitenciarias, como se desprende de las pruebas practicadas: el testimonio de los funcionarios que declararon y que las expresiones contenían alusiones a sus familias, siendo exteriorizadas intencionadamente de forma que fueran escuchadas por varios de estos funcionarios, de manera que se consiguió lo que perseguían que era que trascendieran "a los funcionarios",abarcando a toda la "colectividad del cuerpo de funcionarios afectados",grupo profesional, que es a quien se pretende presionar, atemorizar y privar de su tranquilidad y sosiego.

17.- Respecto de la alegación de que no tuvieron consecuencias y que solo ocurrieron un mes, indicar que una vez escuchadas por el grupo profesional receptor, con aptitud para atemorizar, intimidar, y amedrentarles a la vista del mal que se les anunciaba y en nombre de la organización terrorista en que se hacía, el hecho de qu e se reiteren durante el plazo de un mes muestra, no sólo que no se trata de arrebatos de un mal día, ni que sea resultado de conductas meramente inadaptadas, como se pretende, sino que se busca adrede atemorizar al grupo de personas de que se trata, ante la seriedad, firmeza y determinación de las actividades violentas que el DAESH ha desplegado o es capaz de desplegar y que el internamiento penitenciario dificulta. El motivo se desestima.

18.- En segundo lugar, la defensa recurre por indebida inaplicación de la circunstancia atenuante analógica de trastorno de la personalidadal entender que se debería haber contemplado que su "falta de afectividad, funcionamiento inadecuado de sus habilidades interpersonales y ausencia de control de impulsos",al convertirle en un "enfermo mental"le generó un trastorno límite de la personalidad incardinable en la circunstancia atenuante analógica, conforme al Art. 21.7CP.

19.- Ya hemos indicado que la prueba pericial médico-forense determinó sin paliativos que el acusado no tiene mermadas sus capacidades volitivas ni intelectivas, que es lo que podría haber determinado algún grado de minoración de su culpabilidad que le supusiese alguna reducción penológica como la impetrada, y que, si un caso, el trastorno disocial de la personalidad compatible con sus problemas conductuales y de relación, no implicó deterioro alguno de esa naturaleza cognitiva y volitiva, de manera que en todo momento pudo refrenar sus actuaciones y no lo hizo consciente y reprochablemente .

20.- Desde una perspectiva científica y médico legal el acusado no sufría perturbación alguna que anulase o disminuyese su capacidad culpabilística, de manera que era plenamente conocedor de la ilicitud de su actuación y pese a ello, actuaba con la intención de propagar odio y amedrentar a sus custodios, esto es, entendiendo y asumiendo la antijuricidad del hecho que ejecutaba, como muestra la reiteración y empecinamiento en la ejecución de las pintadas y amenazas al colectivo que repetía una y otra vez en los distintos Centros Penitenciarios en que estuvo recluido y ello pese a las consecuencias que ello le derivaba en su tratamiento. El motivo se desestima.

21.- Finalmente, la Defensa recurre por aplicación indebida -por inmotivada y excesiva- de la pena concreta máxima legal posible impuestapor el Art. 578.1 CP, al no concurrir circunstancias modificativas de la responsabilidad, entendiendo se conculcan los Arts. 66 y 72 CP, de manera que atendiendo a sus "circunstancias personales-su trastorno de la personalidad, su vida en cárcel durante más de diez años- y a la mayor o menor gravedad del hecho",que no a las del delito -pues ya su pena las considera-, no se le debería haber impuesto la sanción máxima, sino una más reducida.

22.- No es cierto que la Sala a quo no haya motivado por qué, dentro de la posibilidad que el Art. 66.6 CP le da de aplicar la banda penológica en sendas condenas "en la extensión que estime adecuada",dado que (FJ 4 º) funda, para el enaltecimiento, en el tiempo de perpetración delictiva y en la variedad de acciones en el orden temporal y espacial que reitera, la aplicación de su extensión máxima. No obstante, dado que la publicidad existente se limitó en el caso al colectivo de internos que pudieran haberlo observado en el tiempo que tardaran en borrarlas, la respuesta penal no ha de alcanzar el máximo impuesto sino, atemperándolo por esa circunstancia, a la pena de dos años, estimando parcialmente así este motivo.

23.- En lo que hace a la impuesta por las amenazas, teniendo en cuenta que las castiga como delit o continuado, y sobre todo, el hecho de que se dirigen contra un colectivo especialmente vulnerable, como es el de Instituciones Penitenciarias, determinando una mayor gravedad del hecho,que se haya castigado con la pena mínima imponible, exime de mayor justificación, racionalmente, sobre todo cuando ha descartado, basado en la pericial forense, la tesis de la Defensa de que la personalidad conflictiva de un acusado que contumazmente reitera sus acciones delictivas, deba, en algún grado, ver reducida su pena en concreto. El motivo se desestima.

SEGUNDO. - COSTAS:

24.- Al no haberse apreciado temeridad ni mala fe ( s TS 286/2019 de 30 de mayo) en el argumentario de ninguno de los recurrentes, se deben declarar de oficio las costas de esta apelación.

Vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación: