Sentencia Penal 17/2025 Audiencia Provincial Civil-penal de Badajoz nº 3, Rec. 25/2022 de 12 de febrero del 2025

PRIMERO -.Como cuestiones previas, la defensa de los acusados interesó que los mismos declararan en último lugar, a lo que se accedió por el Tribunal, modificando la acusación particular su escrito provisional de acusación en los términos que seguidamente se dirán.

Pese al relato de hechos recogido en el auto transformado las primigenias diligencias previas en procedimiento abreviado, así como en su parte dispositiva, (acontecimiento 315 del expediente digital), en el auto de apertura de juicio oral se tiene por formulada la acusación contra el Sr. Genaro y la Sra. Nuria por delito de estafa y maltrato animal.

Esta circunstancia anómala ya fue puesta de manifiesto por el Ministerio Fiscal en su escrito de conclusiones provisionales (acontecimiento 338), al señalar, por otrosí segundo que "(...) Y por otro lado, la antinomia apreciada entre el auto de PA y el auto de AJO, resultando paradójico que, en el auto de PA no se aprecie la existencia de indicios del delito de maltrato animal y que sin embargo en el auto de AJO, se decrete la apertura de juicio oral por este delito, no debiendo haberse admitido la acusación por dicho tipo penal"(sic) -acontecimiento 338).

La acusación particular, pese a calificar los hechos, en su escrito de conclusiones provisionales, como constitutivos de un delito de estafa y otro de maltrato animal, al inicio del juicio oral retiró la acusación en lo que a este segundo delito se refiere.

Al respecto y además de compartir lo ya apuntado por el Ministerio Público antes indicado, teniendo en cuenta que la acusación particular retiró la acusación por el delito de maltrato animal, debemos recordar aquí que uno de los principios elementales de nuestro sistema penal es el denominado "principio acusatorio", en virtud del cual nadie puede ser condenado sin haber sido previamente acusado. Como quiera que en el presente caso la acusación particular modificó sus conclusiones con carácter previo al juicio oral en el sentido de retirar la acusación en relación al delito de maltrato animal, en lo que al mismo se refiere ha de dictarse sentencia absolutoria.

SEGUNDO.-Centrándonos, pues, en el delito de estafa sostenido por la acusación particular, respecto de la misma y su apreciación en los negocios jurídicos la sentencia del Tribunal Supremo de 20-7-1998 precisa que...." Ha de señalarse, por eso, que el dolo criminal comporta frente al puro dolo civil, lo que el ilícito penal comporta frente al ilícito civil. La línea divisoria entre el dolo penal y el dolo civil en los delitos contra la propiedad se halla dentro del concepto de la tipicidad, lo ilícito penal frente a lo ilícito civil, de tal forma que sólo cuando la conducta del agente encuentra acomodo en el precepto penal que conculca, puede hablarse de delito, sin que por tanto ello quiera decir que todo incumplimiento contractual signifique la vulneración de la Ley penal, porque la norma establece medios suficientes para restablecer el impero del Derecho ante vicios puramente civiles".Depurando más el concepto diferenciador, la Sala Segunda tiene reiteradamente declarado ( Sentencias de 28 de junio de 1983, 27 de septiembre de 1991 y 24 de marzo de 1992 , entre otras muchas) que la estafa existe únicamente en los casos en los que el autor simula un propósito serio de contratar cuando en realidad sólo quería aprovecharse del cumplimiento de la parte contraria y del propio incumplimiento, propósito difícil de demostrar que ha de obtenerse normalmente por la vía de la inferencia o de la deducción, partiendo tal prueba indiciaria, lejos de la simple sospecha, de hechos base ciertamente significativos según las reglas de la lógica y de la experiencia, a través del artículo 1253 del Código Civil , para con su concurso llegar a la prueba plena del hecho consecuencia inmerso de lleno en el delito. Surgen así los denominados negocios civiles criminalizados en los que el contrato se erige en instrumento disimulador, de ocultación, fingimiento y fraude. Son estos contratos procedentes del orden jurídico privado, civil o mercantil, con apariencia de cuantos elementos son precisos para su existencia correcta, aunque la intención inicial, o antecedente, de no hacer efectiva la contraprestación, o el conocimiento de la imposibilidad de hacerlo, defina la estafa. Mas ha de entenderse que ese engaño o simulación dota de una seriedad a los pactos que en realidad no existe, y ha de provocar en cadena el error, el desplazamiento patrimonial, el perjuicio y el lucro injusto, pero ha de provocarlo de manera antecedente, no sobrevenida. El Código Civil se refiere al dolo civil como un supuesto de nulidad del consentimiento, artículos 1265, 1269 y 1270, lo que significa pues, de acuerdo con lo arriba señalado, que ese dolo no genera sin más la infracción penal, independientemente de que en la pura esfera del Derecho Civil tampoco se llegue siempre a la nulidad de la relación ( Sentencia de 1 de diciembre de 1993 ).

El delito de estafa ha sido estudiado por la doctrina de la Sala Segunda en numerosas ocasiones (Sentencias de 31 de enero de 1996, 15 de junio de 1995, 18 de octubre de 1993 y 16 de octubre de 1992 entre otras). Conforme a ella, para que cualquier negocio civil o mercantil pueda ser considerado como punible desde el punto de vista penal, "es preciso que surja a modo de medio engañoso, utilizado para producir el error de la otra persona que contrata, la cual es entonces, y por ello, inducida a realizar un determinado desprendimiento patrimonial del que, en relación de causa a efecto, se beneficia el instigador de la operación, quien, desde un principio, perseguía esa finalidad lucrativa. Es decir, engaño, ánimo de lucro, perjuicio y relación causal, como elementos configuradores del tipo penal previsto en el artículo 528 del Código Penal (entre otras muchas, Sentencia de 16 de junio de 1992 ).... El ánimo de lucro, verdadero elemento subjetivo del injusto, constituye la característica determinante del dolo específico. Es la intención, el deseo, la meta o el logro que mueve toda la acción, con el fin de obtener un lucro, un beneficio patrimonial, una ganancia evaluable económicamente, precisada de manera cierta, exacta y conocida. Ese ánimo de lucro, coetáneo a la propia mentira, va embebido en el dolo intencional que consciente y voluntariamente engaña..."

Los elementos que configuran el delito de estafa, según la STS de 3 de abril de 2001, reproducida en las SSTS de 8 de febrero y 18 de abril de 2002 y 9 de abril de 2003, son:

"1º) Un engaño precedente o concurrente, espina dorsal, factor nuclear, alma y sustancia de la estafa, fruto del ingenio falaz y maquinador de los que tratan de aprovecharse del patrimonio ajeno.

2º) Dicho engaño ha de ser "bastante", es decir, suficiente y proporcional para la consecución de los fines propuestos, cualquiera que sea su modalidad en la multiforme y cambiante operatividad en que se manifieste, habiendo de tener adecuada entidad para que en la convivencia social actúe como estímulo eficaz del traspaso patrimonial, debiendo valorarse aquella idoneidad tanto atendiendo a módulos objetivos como en función de las condiciones personales del sujeto afectado y de las circunstancias todas del caso concreto (la jurisprudencia moderna relativiza mucho, no obstante, esta idoneidad del engaño, objetivándola en todo caso, la maniobra defraudatoria ha de revestir apariencia de seriedad y realidad suficientes; la idoneidad abstracta se complementa con la suficiencia en el específico supuesto contemplado, el doble módulo objetivo y subjetivo desempeñarán su función determinante.

3º) Producción de un error esencial en el sujeto pasivo, desconocedor o con conocimiento deformado o inexacto de la realidad, por causa de la insidia, mendacidad, fabulación o artificio del agente, lo que le lleva a actuar bajo una falsa presuposición, a emitir una manifestación de voluntad partiendo de un motivo viciado, por cuya virtud se produce el traspaso patrimonial.

4º) Acto de disposición patrimonial, con el consiguiente y correlativo perjuicio para el disponente, es decir, que la lesión del bien jurídico tutelado, el daño patrimonial, será producto de una actuación directa del propio afectado, consecuencia del error experimentado y, en definitiva, del engaño desencadenante de los diversos estadios del tipo; acto de disposición fundamental en la estructura típica de la estafa que ensambla o cohonesta la actividad engañosa y el perjuicio irrogado, y que ha de ser entendido, genéricamente, como cualquier comportamiento de la persona inducida a error, que arrastre o conlleve de forma directa la producción de un daño patrimonial en sí misma o en un tercero, no siendo necesario que concurran en una misma persona la condición de engañado y de perjudicado.

5º) Ánimo de lucro como elemento subjetivo del injusto, exigido hoy de manera explícita por el artículo 248 del CP , entendido como propósito por parte del infractor de obtención de una ventaja patrimonial correlativa, aunque no necesariamente equivalente, al perjuicio típico ocasionado, eliminándose, pues, la incriminación a título de imprudencia.

6º) Nexo causal o relación de causalidad entre el engaño provocado y el perjuicio experimentado, ofreciéndose éste como resultancia del primero, lo que implica que el dolo del agente tiene que anteceder o ser concurrente en la dinámica defraudatoria, no valorándose penalmente, en cuanto al tipo de estafa se refiere, el "dolo subsequens", es decir, sobrevenido y no anterior a la celebración del negocio de que se trate; aquel dolo característico de la estafa supone la representación por el sujeto activo, consciente de su maquinación engañosa, de las consecuencias de su conducta, es decir, la inducción que alienta al desprendimiento patrimonial como correlato del error provocado, y el consiguiente perjuicio suscitado en el patrimonio del sujeto víctima, secundado de la correspondiente voluntad realizativa".

TERCERO.-Respecto de la valoración de la prueba practicada en el plenario, debemos partir de ciertas premisas fundamentales. El inciso final del art. 24.2 de la Constitución Española declara que todos tienen derecho a la presunción de inocencia. Esta norma debe ser interpretada, en virtud de la remisión del artículo 10.2 CE, de conformidad, entre otras, con el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, con el 6.2 del Convenio de Roma y con el 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York. La presunción de inocencia es un derecho de rango constitucional.

En cuanto tal derecho fundamental debe ser tutelado por todos los jueces y tribunales integrantes del poder judicial y goza de la protección extraordinaria del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional ( art. 53 de la CE y arts. 41 y 44 de la LOTC) . Su contenido esencial no es disponible por el legislador, que en todo caso ha de respetarlo ( art. 53.1 CE ), razón por la cual importa definir en qué consiste, como en efecto lo ha hecho el "Tribunal Constitucional a través de la jurisprudencia que vamos a analizar....Desde su primera sentencia al respecto, el Tribunal ha señalado que teniendo la presunción de inocencia el carácter de presunción iuris tantum sólo puede quedar desvirtuada merced a una "mínima actividad probatoria" (STC31/81, fundamento jurídico 3). Ello implica que no puede imputarse al acusado "la carga de probar su inocencia, pues, en efecto, ésta es la que inicialmente se presume como cierta hasta que se demuestre lo contrario" ( STC 124/83, fundamento jurídico 1), de donde se infiere que la "actividad probatoria" o "carga probatoria corresponde a los acusadores y que toda acusación debe ir acompañada de probanzas de los hechos en que consiste" ( STC 77/83, fundamento jurídico 2). La prueba producida ha de ser tal "que de alguna forma pueda entenderse de cargo" ( STC 31/81, fundamento jurídico 3); ha de haberse practicado en el juicio( STC 31/81 fundamento jurídico 3), para de ese modo hacer posible la contradicción( STC 101/85 ,fundamentos jurídicos 6 y 7, y STC 173/85, fundamento jurídico 2); y ha de haberse producido con las debidas garantías procesales ( STC 31/81, fundamento jurídico 2).Por lo tanto para condenar hace falta la certeza de la culpabilidad obtenida de la valoración de la prueba"( STC 55/82, fundamento jurídico 2).Como es la inocencia la que "se presume cierta", si el juez no tiene "certeza de la autoría" debe absolver, porque sólo la certeza desvirtúa la presunción de inocencia. Sólo desde el convencimiento firme se puede condenar, no desde la duda.

Es en este punto donde el derecho fundamental a la presunción de inocencia conserva la proscripción de la duda como base para condenar, pero desde un planteamiento y con una construcción muy distintos. La consagración de la presunción de inocencia como derecho fundamental proscribe la condena en la duda porque establece el hecho inicialmente cierto de que todo hombre es inocente. La interdicción de la condena dubitativa, (esto es, de la formulada por el juez que no tenga certeza de la culpabilidad del acusado), forma parte del contenido esencial del derecho a la presunción de inocencia del que constituye el núcleo ( STC 124/83, fundamento jurídico 1; STC24/84, fundamento jurídico 3; STC 55/82, fundamento jurídico 2). "Se trata, pues, de una presunción iuris tantum que puede ser destruida por pruebas en contra, pero sólo por pruebas, esto es, no por impresiones o apariencias no contrastadas en juicio con arreglo a las normas que regulan la actividad probatoria y con todas las garantías inherentes a un proceso público" ( STC 173/85, fundamento jurídico 1º)."

Partiendo de las anteriores consideraciones debemos examinar la prueba de cargo practicada en el plenario conforme a los principios de contradicción e inmediación haciéndose, al respecto, las valoraciones que se recogen en el siguiente fundamento jurídico.

CUARTO.-Dicho lo anterior en cuanto a la valoración de la prueba, considera la acusación particular que los dos acusados son autores de sendos delitos de estafa al entender que el contrato firmado en julio de 2017 entre el Sr. Marcial y el Sr. Genaro buscaba, por parte de este último, enriquecerse ilícitamente, aparentando tener los recursos necesarios, firmando un contrato sin voluntad verdadera de explotar las fincas objeto de contrato, induciendo a engaño a la propiedad y logrando un desplazamiento patrimonial, disfrutando el Sr. Genaro de unas fincas, sin contraprestación alguna.

Tanto por el Sr. Marcial como por su Letrado se hizo mucho hincapié en el hecho de que el engaño se habría producido desde el momento en que el Sr. Genaro, en las fincas arrendadas, "no ha metido ni una sola vaca de su propiedad"(minuto 1:51:47 del juicio oral -conclusiones definitivas de la acusación particular); insiste el Letrado de la acusación particular que "todo el ganado que entra es de Dña. Nuria". Ante tales aseveraciones hemos de indicar que en el contrato de arrendamiento firmado por las partes en fecha 2 de junio de 2017 (acontecimiento dos del expediente digital), en ningún momento se concierta que el ganado que, en su caso, fuera a introducirse en las fincas arrendadas tuviera que ser propiedad del Sr. Genaro, en su estipulación tercera se dice, literalmente, que "Don Genaro tiene interés en arrendar las fincas descritas con la finalidad de explotar las mismas en los aprovechamientos que les son propios, a saber, agrícolas y ganaderos" (sic), por tanto, la titularidad de las reses que se llevaron a las fincas arrendadas era indiferente para los arrendadores, tal y como se desprende del tenor literal del contrato que unía a las partes, por tanto, tal circunstancia en modo alguno puede integrar el elemento del engaño bastante que integra el tipo de la estafa.

Señala también la acusación particular que el Sr. Genaro se hizo pasar por agricultor/ganadero, induciendo a error a los arrendadores para firmar el contrato. Al respecto hemos de señalar que, pese a lo manifestado por el Sr. Marcial a preguntas de la Ilma. Sra. Presidenta del Tribunal al minuto 32 del juicio oral, de la estipulación segunda del contrato que unía a las partes resulta acreditado que "con fecha 4 de marzo de 2017 se firmó entre los aquí intervinientes contrato de colaboración/aparcería sobre las superficies descritas habiendo decidido novar aquel contrato por el presente contrato, quedando anulado y rigiéndose los intervinientes por el presente";esto es, como bien apuntaba el Ministerio Fiscal en su escrito interesando el archivo de las actuaciones, "ya existía (...) un contrato de aparecería entre denunciante e investigado anterior al arrendamiento, que acreditaría la condición de ganadero";ante tales antecedentes, difícilmente podemos concluir en el sentido que pretende la acusación particular de entender que el Sr. Genaro se hizo pasar, ante los ojos del Sr. Marcial, como ganadero cuando realmente no lo era.

A mayor abundamiento, de los mensajes de WhatsApp enviados entre las partes y que han sido aportados por los denunciantes (acontecimiento 3 del expediente digital) , y que no han sido puestos en duda por ninguna de las partes, vemos como, al menos, desde el 7 de marzo de 2017 ya existían conversaciones entre las partes relativas al mundo ganadero. No ha quedado probado, pues, ningún engaño en cuanto a la condición profesional del Sr. Genaro de la agricultura/ganadería, antes de la firma del contrato de arrendamiento que unía a las partes.

Como la propia acusación particular reconoce en su escrito de calificación provisional, que contiene errores gramaticales (párrafo tercero del apartado uno: "En junto, las entregas efectuadas por Genaro sumarían 69.000 euros" (sic), y como resulta acreditado de la documental obrante en autos, el contrato lo firmaron las partes el día 2 de junio de 2017 y ya el 5 de julio de 2018 el Sr. Marcial le envía un WhatsApp al Sr. Genaro en el que le dice "no se si podré parar una denuncia ante la Guardia Civil".

Hemos de compartir lo dicho por el Ministerio Público en su escrito interesando el archivo de las actuaciones cuando pone de manifiesto que "resulta paradójico, que, datando el contrato de 2017 y ante los incumplimientos del abono de la renta, así como de los subarriendos no consentidos, no se hubiese resuelto el contrato de arrendamiento por parte del arrendador; sino que ha esperado hasta junio de 2020, para ejercitar acciones y concretamente acciones penales"porque, efectivamente, la denuncia que dio lugar a las presentes actuaciones no se presentó sino hasta el 5 de junio de 2020.

En la línea de lo anterior, hemos de dejar constancia de que ante el Juzgado de Primera Instancia de Villafranca de los Barros, por los ahora denunciantes, se presentó demanda de desahucio y resolución de contrato de finca rústica respecto del contrato que unía a las partes y al que nos venimos refiriendo a lo largo de la presente sentencia; que dicha demanda se presentó el 18 de octubre de 2021, es decir, con posterioridad a la denuncia que dio lugar a las diligencias previas de las que dimanan las presentes actuaciones que se presentó el día 5 de junio de 2020; en vía civil, se dictó sentencia estimatoria de las pretensiones de los ahora denunciantes frente al Sr. Genaro, sentencia que fue confirmada por esta sección tercera de la Audiencia Provincial de Badajoz en fecha 11 de enero de 2023, habiéndose presentado recurso de casación ante el Tribunal Supremo (diligencia de ordenación de fecha 26 de abril de 2023, dictada por la LAJ de esta Sección Tercera en el rollo 338/2022).

Señala también la acusación particular que el Sr. Genaro procedió al subarriendo de distintos aprovechamientos sin el consentimiento de los arrendadores. Respecto a los subarriendos, la estipulación séptima del contrato de arrendamiento que unía a los denunciantes y al Sr. Genaro establecía lo que sigue:

"El arrendatario no podrá ceder o subarrendar la finca o explotación sin el consentimiento expreso del arrendador. No obstante lo anterior, el arrendatario podrá presentar y el arrendado autorizar aprovechamientos de temporada, tales como montanera, aprovechamientos por trashumantes y los que expresamente viene determinados en la LAR"(sic).

Sobre el conocimiento o no que tenían los subarrendatarios de la montanera, ha resultado probado que el Sr. Luis Manuel sabía que el Sr. Genaro se dedicaba al ganado y que el mismo le dijo que la finca era alquilada; en el mismo sentido, el Sr. Anselmo manifestó, en su declaración también como testigo, que él sabía que el Sr. Genaro era arrendatario de las dos fincas. Es decir, en modo alguno el Sr. Genaro ocultó a los subarrendadores que él no era el propietario de las fincas. Obran a las actuaciones contratos celebrados por el Sr. Genaro y el Sr. Anselmo en los que en modo alguno se indica que el Sr. Genaro sea el titular de las fincas, sino que el mismo es "titular del derecho de arrendamiento para su total aprovechamiento agrícola y ganadero, por justo título"(acontecimiento 192); a mayor abundamiento, ha resultado probado que alguno de los que concertaron con el Sr. Genaro un subarriendo en las fincas a las que se refieren las presentes actuaciones, han continuado con el mismo y han abonado las rentas a los ahora denunciantes y así lo manifestó el testigo Sr. Benito, el cual manifestó durante el juicio oral que él continúa como arrendador en la finca DIRECCION000 y al propietario de la finca le paga desde hace cinco años. Por tanto, si los propietarios de las fincas han permitido continuar en el disfrute de las mismas a alguno de los subarrendatarios, el supuesto incumplimiento por parte del Sr. Genaro en lo que a la estipulación séptima del contrato se refiere (prohibición de subarriendo salvo autorización del arrendador) no puede calificarse como constitutivo de un delito de estafa sino, simplemente y, en su caso, como de un mero incumplimiento civil.

Llegados a este punto hemos de recordar que el contrato se firmó en junio de 2017 y que tenía una duración de cinco años, finalizando el mismo el 20 de junio de 2022 (estipulación tercera del contrato de arrendamiento). No podemos pasar por alto que ha resultado probado que, según manifestó el Sr. Benito, subarrendador de la finca, durante uno o dos años varias cabezas de ganado presentaron problemas sanitarios. Como tampoco podemos pasar por alto la grave crisis sanitaria, económica y social sufrida a nivel mundial como consecuencia del COVID-19, la cual, por ser un hecho notorio, no necesita prueba que la acredite.

Indicar, por último, que las testificales de los técnicos de la Administración autonómica así como del Guardia Civil perteneciente al SEPRONA, nada aportaron a los hechos que se dilucidaban en el juicio oral, sin perjuicio de lo manifestado por los mismos pueda ser constitutivo de algún tipo de infracción administrativa.

Tales circunstancias, unidas a todos y cada uno de los puntos recogidos en los párrafos precedentes, nos llevan a concluir que, en el caso de autos, no nos encontramos ante un ilícito penal, sino ante un mero incumplimiento civil, que habrá de dilucidarse, como de hecho lo está siendo, ante otra jurisdicción que no es la presente.

Si en relación al Sr. Genaro en modo alguno ha quedado acreditado que el mismo hubiera incurrido en el tipo penal de estafa, en lo que a la otra acusada se refiere, la Sra. Nuria aún menos alcanzamos a entender que la misma haya podido cometer delito alguno, máxime si tenemos en cuenta las preguntas realizadas por la acusación particular durante el plenario.

Como corolario, debemos finalizar señalando que el impago de la deuda concertada por el Sr. Genaro, en el contrato de arrendamiento firmado con el Sr. Marcial, ha resultado ciertamente acreditado pero ello no supone que debamos calificar tal conducta como constitutiva de un delito de estafa, máxime si tenemos en cuenta que se han abonado, y así lo ha reconocido la propia acusación particular, nada más y nada menos que 69.00 euros y si bien nada impide calificar su incumplimiento contractual como acreditado, y así se ha reconocido en vía civil, ello no nos puede llevar a considerar acreditados los elementos objetivos y subjetivos que integran el delito de estafa puesto que, ya hemos dicho, ambas partes habían tenido relaciones contractuales previas al contrato de junio de 2017, se han abonado las sumas antes indicadas en concepto de arrendamiento y la propiedad ha seguido teniendo relaciones con los subarrendadores de los aprovechamientos previamente concertados por el Sr. Genaro; todos esos hechos nos llevan a concluir con un pronunciamiento absolutorio en vía penal, sin perjuicio de las vicisitudes que se puedan derivar del procedimiento civil que ya hemos dicho existe ante el Tribunal Supremo.

Vistos los preceptos citados, así como los artículos 1, 2, 4, 5, 7 y 123 del Código Penal y 141, 142, 203, 239, 240, 242, 741 y 789.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y todos aquellos otros que sean de general y pertinente aplicación