Sentencia Penal 213/2025 Audiencia Provincial Civil-penal de A Coruña nº 6, Rec. 11/2025 de 03 de diciembre del 2025

PRIMERO:La declaración de hechos probados es el resultado de la prueba practicada en el acto del juicio oral y su valoración en conciencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 741 de la LECrim.

Con carácter previo, queremos poner de manifiesto que los hechos probados sólo recogen parte de relato fáctico incluido en los escritos de acusación, dado que la prueba practicada en el acto de Juicio Oral no resultó suficiente para enervar la presunción de inocencia reconocido como derecho fundamental en el artículo 24 de la constitución española y poder reconocer como probados los hechos objeto de acusación en toda su amplitud.

Este derecho fundamental a la presunción de inocencia implica que toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley.

Para destruir la presunción de inocencia, es necesario que se haya practicado una mínima prueba de cargo, cuya iniciativa corresponde a la acusación.

Ello supone analizar 3 cuestiones:

1.- Si existe en las actuaciones prueba practicada como fundamento de la condena (prueba existente).

2.- Si dicha prueba de cargo haya sido obtenida y aportada a las actuaciones con observancia de las garantías constitucionales y de las normas aplicables en cada caso y en cada medio de prueba (prueba lícita).

3.- Si esa prueba de cargo, lícitamente obtenida y aportada al proceso puede considerarse suficiente para justificar un pronunciamiento condenatorio (prueba suficiente); y esta suficiencia ha de exigirse con rigor ya que toda duda razonable en materia de prueba ha de resolverse conforme al principio "in dubio pro-reo" en favor del acusado.

Expuesto cuanto antecede, los hechos que consideramos acreditados, al haberse practicado prueba de cargo con suficiente signo incriminatorio, resultan de la declaración de los testigos y documental obrante en las actuaciones, todo ello por los motivos que expondremos en los párrafos siguientes.

Los hechos primero a cuarto, relativos a la forma en que ocurrió el siniestro, resultan acreditados por el reconocimiento que hizo el acusado, lo declarado en el acto del juicio, de forma coincidente, por los testigos Juan Enrique, Vicente, Remedios, Covadonga y Carlos Alberto, y del informe técnico de la Guardia Civil, emitido por los agentes TIP NUM004 y NUM005, ratificado en el plenario (acontecimiento 154 del expediente digital).

En particular, en lo que atañe a la velocidad a que circulaba el acusado, el testigo Juan Enrique manifestó que él circulaba a unos 80/90 km/h en el momento de ir a adelantar, que circularon en paralelo, y que el otro coche aceleró justo antes de conseguir rebasarlo.

Teniendo en cuenta la velocidad a que circulaba el otro vehículo, que fueron en paralelo, y que el acelerón se produjo un instante antes del impacto, resulta como hipótesis acreditada que el acusado alcanzó los 100 km/h.

Esta velocidad también se corrobora con lo manifestado por el testigo Vicente, que declaró que creía que circulaban a unos 100 km/h.

El hecho quinto está acreditado con el informe de autopsia de Imanol elaborado el 14/12/2020 (acontecimiento 157 del expediente electrónico) y el informe de sanidad respecto de Juan Enrique, emitido por el médico forense en fecha 24/02/2023 (acontecimiento 455).

El hecho sexto lo reconoció el acusado y lo confirmaron los testigos ocupantes del vehículo BMW, Vicente, Remedios y Covadonga.

El hecho séptimo se acredita con las grabaciones de las llamadas efectuadas al COS, que se adjuntaron al atestado NUM006 emitido por los agentes pertenecientes al Sector de Tráfico de la Guardia Civil de A Coruña (acontecimiento 56 del expediente electrónico) y que recoge también la transcripción.

Hecho probado octavo no se discutió y resulta de la documentación y escritos presentados por las partes, unidos a las actuaciones.

SEGUNDO:Expuesto cuanto antecede y apreciando esa misma prueba practicada en el acto del juicio, consideramos que parte del relato fáctico propuesto por las acusaciones, en los términos concretados en las conclusiones definitivas, no quedó probado.

En este sentido, fue objeto del debate si el acusado consumió alcohol, drogas / sustancias psicotrópicas antes de conducir.

Sin embargo, consideramos que no se practicó prueba de cargo suficiente para acreditar esta circunstancia fáctica.

En este sentido, ninguno de los testigos pudo corroborar que el acusado hubiera bebido alcohol o consumido alguna droga, pues no lo vieron.

Algunos testigos, como Vicente, Remedios y Covadonga manifestaron en fase de instrucción que creían que el acusado iba bebido, tal y como pusieron de relieve las acusaciones particulares. Ahora bien, esa creencia se fundamentaba en meras conjeturas derivadas del comportamiento del acusado o en el reproche que Carlos Alberto formuló al acusado después del accidente. Según Covadonga Carlos Alberto le dijo a Aureliano "cuando tú bebes conduzco yo, y cuando yo bebo conduces tu".

Finalmente, si bien existe una prueba de drogas posterior, que permite demostrar es que el acusado consumió hachís, cocaína y MDMA, de esta prueba no puede colegirse que cuando fue el consumo y dicho consumo afectara a sus capacidades psicofísicas para conducir. La muestra se tomó el 23/11/2020, y según el informe el resultado es indicativo del consumo en los 6 meses anteriores a la toma de muestras. Así consta en el informe forense de fecha 20/01/2021 que obra en el acontecimiento 174 del expediente digital.

En definitiva, el conjunto de la prueba practicada sobre este hecho ofrece dudas, por lo que debe prevalecer la tesis más favorable al acusado [in dubio pro-reo] y considerar como no acreditado el consumo de sustancias.

TERCERO:Los hechos declarados probados son constitutivos de los siguientes delitos:

I.- Un delito de homicidio por imprudencia gravedel artículo 142.1 del Código Penal y un delito de lesiones por imprudencia gravedel artículo 152.1.1º del citado código, en relación con el apartado 1 del artículo 147.

Los dos delitos aparecen en concurso ideal, conforme al artículo 77 del Código Penal, por ser una sola la acción ejecutada.

En el caso que nos ocupa, la conducta del acusado, en atención a las circunstancias concurrentes en el accidente objeto de enjuiciamiento descrita en los hechos probados primero a cuarto, debe calificarse como imprudencia grave, lo que no fue discutido por la defensa.

En tal sentido, con el fin de evitar un adelantamiento iniciado por el coche que le precedía, incrementó su velocidad por encima de la permitida, en estado de agitación, en un tramo con ligera curva y con el pavimento mojado por la lluvia, lo que incrementaba el riesgo de perder el control del vehículo y causar daños al resto de usuarios de la vía, como finalmente sucedió.

Además, está plenamente acreditado que, con motivo del siniestro provocado por el acusado, falleció Imanol, tal y como consta en el hecho probado quinto.

Finalmente, Juan Enrique sufrió lesiones que requirieron, objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico, tal y como quedó reflejado en el hecho probado quinto.

Si bien la acusación particular consideró que las lesiones eran graves y subsumibles en el artículo 150 del Código Penal, este precepto exige la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro no principal, o la deformidad.

La jurisprudencia considera que la pérdida de un órgano o miembro no sólo se produce cuando falta anatómicamente, sino también cuando desaparece su aptitud fisiológica o funcional y que se equipara a la pérdida de un miembro u órgano a los supuestos en que la secuela impone a la lesionada una notable disminución ( STS 614/2022 de 22 de junio Recurso: 3228/2020) bastando un menoscabo sustancial de carácter( Sentencia 321/2004 de 11 marzo 2004, Recurso 571/2003 y Sentencia del 03 de marzo de 2005 Recurso: 1739/2003).

Atendiendo a las lesiones acreditadas (hecho probado quinto), no consta esa pérdida o inutilidad física o funcional del hombro. En este sentido, la limitación de la movilidad del hombro derecho es de un 33% atendiendo al informe del médico forense, por lo que no se puede considerar una pérdida sustancial.

La cicatriz quirúrgica tampoco supone una deformidad en los términos legalmente exigidos. Existe una jurisprudencia consolidada (una de las más recientes es la STS 4872/2024, de 2 de octubre) que insiste en que, a falta de una interpretación auténtica, la deformidad ha de definirse como "irregularidad física, visible y permanente que suponga desfiguración o fealdad ostensible a simple vista y también como toda irregularidad física permanente que conlleva una modificación corporal de la que pueden derivarse efectos sociales o convivenciales negativos"( STS 35/2001, de 22 de enero , y 1517/2002, de 16 de septiembre).

No obstante, también se ha precisado, que "no toda alteración física puede considerarse como deformidad. Dejando a un lado la grave deformidad sancionada en el art. 149 CÓDIGO PENAL , la previsión del art. 150 requiere de una interpretación que reduzca su aplicación a aquellos casos en que así resulte de la gravedad del resultado, de manera que los supuestos de menor entidad, aunque supongan una alteración en el aspecto físico de la persona, queden cobijados bajo las previsiones correspondientes al tipo básico. A estos efectos, la jurisprudencia del TS (entre otras muchas STS 396/2002, de 1 de marzo ), ha venido exigiendo que la alteración física tenga una cierta entidad y relevancia, excluyéndose las alteraciones o secuelas que, aun siendo físicas, indelebles y sensibles, carecen de importancia por su escasa significación antiestética, siendo por ello necesario que la secuela tenga suficiente entidad cuantitativa para modificar peyorativamente el aspecto físico del afectado.

En este caso, se trata cicatriz grande (23 cm centímetros) pero fuera de la zona facial, ubicada en la región externa del brazo, zona habitualmente cubierta por ropa, cuya su visualización estará condicionada por las prendas que porte.

II.- Un delito de abandono del lugar del accidentetipificado en el artículo 382 bis del Código Penal, apartado 1 y 2.

Este artículo dispone lo siguiente:

1. El conductor de un vehículo a motor o de un ciclomotor que, fuera de los casos contemplados en el artículo 195, voluntariamente y sin que concurra riesgo propio o de terceros, abandone el lugar de los hechos tras causar un accidente en el que fallecieren una o varias personas o en el que se les causare alguna de las lesiones a que se refieren los artículos 147.1, 149 y 150, será castigado como autor de un delito de abandono del lugar del accidente.

2. Los hechos contemplados en este artículo que tuvieran su origen en una acción imprudente del conductor, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a cuatro años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años.

Tal y como quedó expuesto en el hecho probado sexto, Aureliano, tras el accidente, continuó la marcha hasta llegar a su destino, todo ello pese a ser consciente del accidente y de que los ocupantes le pedían que parase.

El accidente, tal y como se concretó en párrafos anteriores, fue consecuencia de la conducción imprudente del acusado.

CUARTO:Consideramos que los hechos probados no son subsumibles ni el delito contra la seguridad vial y ni en el delito de conducción temeraria de los artículos 379.2 y 380 del Código Penal respectivamente, incluidos en los escritos de acusación presentados por las acusaciones particulares.

En tal sentido, no existe prueba suficiente de que el acusado hubiera consumido alcohol o drogas antes de conducir y, por tanto, que condujera bajo la influencia de tales sustancias cuando ocurrió el siniestro que nos ocupa.

Ningún testigo vio al acusado consumir alcohol o drogas antes de conducir, tal y como declararon en el acto de juicio. Tampoco fueron capaces de aportar un dato objeto del que se pudiera inferir ese consumo.

En cuanto a la conducción temeraria, señala la Sentencia del Tribunal Supremo 363/2014, de 05 de mayo, de Recurso: 1876/2013 que el delito se vertebra por la conjunción de dos elementos:

a) La conducción de un ciclomotor o vehículo de motor con temeridad manifiesta, es decir con una notoria y anormal desatención a las normas reguladoras del tráfico, en clave de desprecio a tales normas, y

b) Que tal acción suponga un concreto peligro para la vida o integridad de los otros usuarios de la vía.

Por tanto la simple conducción temeraria creadora de un riesgo abstracto no sería suficiente para la ejecución del tipo. El propio tipo penal exige con claridad la puesta en concreto peligro para otros usuarios de la vía y ello debe quedar claramente descrito en el factum.

Finalmente recordar que se está en presencia de un delito que solo admite su ejecución dolosa, y no imprudente, y por ello, el dolo del autor debe abarcar los dos elementos del tipo: el modo de conducir temerario y el resultado de peligro concreto para los otros usuarios de la vía,[...]. SSTS de 29 de Noviembre de 2001 ; 561/2002 de 1 de Abril ; 1039/2001 de 29 de Mayo ó 1464/2005 .

En este caso, no concurren las presunciones legales del apartado 2 del articulo 380 CÓDIGO PENAL, al no estar acreditado el consumo de alcohol o drogas ni el exceso de velocidad exigido en el apartado 1 del artículo 379 CÓDIGO PENAL.

Y, si bien el acusado ejecutó voluntariamente la acción negligente de acelerar su vehículo para evitar un adelantamiento y que hemos considerado como grave, no alcanza la temeridad manifiesta exigida por la norma.

Tampoco se dan las circunstancias previstas en el artículo 142 bis del Código Penal, cuya aplicación fue solicitada por las acusaciones particulares.

Dicho precepto dispone que:

En los casos previstos en el número 1 del artículo anterior, el Juez o Tribunal podrá imponer motivadamente la pena superior en un grado, en la extensión que estime conveniente, si el hecho revistiere notoria gravedad, en atención a la singular entidad y relevancia del riesgo creado y del deber normativo de cuidado infringido, y hubiere provocado la muerte de dos o más personas o la muerte de una y lesiones constitutivas de delito del artículo 152.1.2.º o 3.º en las demás, y en dos grados si el número de fallecidos fuere muy elevado.

En este caso, como dijimos en el fundamento de derecho tercero, hay un fallecido y un lesionado, pero las lesiones no son subsumibles en los tipos agravados del artículo 152.1.2.º o 3.º Código Penal en relación con los artículos 149 y 150 Código Penal, sino en el tipo básico del artículo 147.1 Código Penal.

QUINTO:De los delitos de homicidio por imprudencia grave, lesiones por imprudencia grave y de abandono del lugar del accidente es responsable el acusado, en concepto de autor, conforme a los artículos 27 y 28 del Código Penal, dada la ejecución directa y material del hecho punible.

SEXTO:En cuanto a la concurrencia de circunstancia atenuantes, la defensa solicitó que se aplicaran la de confesión (21.4º Código Penal) , la reparación del daño (21.5 Código Penal) y la existencia de dilaciones indebidas como muy cualificada (21.6 Código Penal) .

A continuación, analizaremos los requisitos de cada atenuante y si concurren en el presente supuesto.

I.- Confesión.

La circunstancia 4.ª del artículo 21 Código Penal exige que el culpable hubiese procedido, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él, a confesar la infracción a las autoridades.

En este caso, está acreditado que el acusado llamó a la Guardia Civil a las 15:08 horas del día 04/10/2020 (al día siguiente) y que se identificó como el conductor del tercer vehículo implicado en el accidente, facilitó sus datos y se mostró dispuesto a acercarse a dar su versión de los hechos (hecho probado séptimo).

Aunque el acusado ofreció en fase de instrucción una versión exculpatoria respecto de la mecánica del siniestro, se identificó antes de que el procedimiento se dirigiese contra él y reconoció en todo momento que se ausentó del lugar del accidente. Esta colaboración del acusado con los investigadores permite aplicar esta atenuante al delito del artículo 382 bis Código Penal, como simple dada la escasa entidad de la colaboración.

No procede aplicarla al resto de delitos, toda vez que el acusado mantuvo una versión exculpatoria y con la que pretendía eludir su responsabilidad. La "conformidad" con el escrito de fiscal, manifestada al inicio del juicio, no puede tener la consideración de confesión.

II.- Reparación del daño.

El artículo 20.5 del Código Penal dispone lo siguiente:

La de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, o disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral.

La STS número 511/2025, de 4 de junio de 2025 (Recurso: 8443/2022), cuyo fundamento de derecho segundo repasa los criterios jurisprudenciales que resulta de la constante doctrina jurisprudencial de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, destaca que "3.- La reparación debe ser voluntaria y debe ser pagada por el acusado, no por su aseguradora si existe póliza de responsabilidad civil."Y que "6.- Se excluyen de aplicar la atenuante.

a.- Los pagos hechos por compañías aseguradoras en cumplimiento del seguro obligatorio."

En el caso que nos ocupa, no consta que el acusado hubiera hecho pago alguno y, por tanto, un esfuerzo reparador exigido por la norma.

Para conseguir esta atenuante cuando es la aseguradora quien ha consignado o indemnizado en materia de siniestralidad vial, es preciso un "plus pago" por encima de la cantidad objeto de reclamación por parte del autor del delito, que evidencia un esfuerzo económico para compensar aún más los daños y perjuicios que ya han sido indemnizados por su aseguradora.

Por lo tanto, rechazamos aplicar esta atenuante tal y como fue pedida por la defensa.

III.- Dilaciones indebidas.

La circunstancia 6.ª requiere la dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa.

En este supuesto, no se han concretado ni especificado los periodos concretos de paralización en el procedimiento, por parte de la defensa del acusado.

En cualquier caso, no concurren los presupuestos fácticos para aplicar tal atenuante. Si bien la causa se dilató en el tiempo (se incoó por auto de fecha 03/10/2020 y el auto de procedimiento abreviado el 30/03/2023), no apreciamos dilaciones indebidas, toda vez que el perjudicado no fue dado de alta en la USM hasta 11/08/2022 lo que era preciso para emitir el informe definitivo de sanidad. Tampoco se aprecia una paralización de la causa.

Por lo tanto, no cabe apreciar la circunstancia solicitada por la defensa, ni como muy cualificada ni como simple.

SÉPTIMO:En cuanto a las penas y su individualización, atendiendo a las reglas previstas en los artículos 66 y 77 del Código Penal, vinculados por los límites legales previstos en el delito y la petición de las partes, en concreto el Ministerio Fiscal, procede imponer las siguientes:

1.- Por el delito de homicidio imprudente la pena de prisión de un año y seis meses,así como la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de por tiempo de 2 años.

Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 56 Código Penal, se impone igualmente la pena de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.

2.- Por el delito de lesiones imprudentes la pena de 10 meses de multa con cuota diaria de 10 euros (3.000 euros en total).

Esta pena ha de entenderse impuesta con la responsabilidad personal subsidiaria que para el caso de impago contempla el art. 53.1 del Código Penal, que supone un día de privación de libertad por cada dos cuotas que resulten impagadas.

Si bien estos delitos se cometieron en unidad de acción lo que determina la existencia del concurso ideal ( artículo 77.1 Código Penal) , no es posible su sanción conforme a la primera regla del apartado 2 del artículo 77 Código Penal (mitad superior de la pena prevista para la infracción más grave), dado que excede, en el caso concreto, de la suma de las que correspondería aplicar si se penaran separadamente las infracciones. Por lo tanto, cada infracción se sancionará separadamente.

Además, respecto de estos delitos y en cuanto a su extensión máxima, en virtud del principio acusatorio que inspira el proceso penal, estamos vinculados a la petición del Ministerio Fiscal, dado que hemos rechazados las tesis acusatorias del resto de acusaciones particulares personadas.

El acusado estuvo conforme con las penas solicitadas por el Ministerio Fiscal respecto de estos delitos.

3.- Por el delito de abandono del lugar del accidente del artículo 382 bis del Código Penal, apartados 1 y 2, procede imponer la pena de prisión de 2 añosy la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante 3 años, que comportará la pérdida de vigencia del permiso conforme al artículo 47 CÓDIGO PENAL.

Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 56 CÓDIGO PENAL, se impone igualmente la pena de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.

Por ese delito, las penas concretas se fijan en atención a la gravedad de la conducta apreciada en el acusado, pero teniendo en cuenta la atenuante de confesión y lo dispuesto en el artículo 66.1.1º Código Penal, por lo tanto, en su mitad inferior.

En este caso, no sólo provocó el accidente del que era plenamente consciente, sino que tampoco dio aviso de lo ocurrido y continuó la marcha con una total indiferencia ante la gravedad de lo sucedido (murió una persona muy joven y se lesionó gravemente otra), y todo ello pese a la petición de los ocupantes del vehículo para que parase.

OCTAVO:No se hace pronunciamiento alguno sobre la responsabilidad civil derivada de las infracciones cometidas, dado que no fue objeto de reclamación.

NOVENO:De acuerdo con los artículos 239 y 240 de la Ley de enjuiciamiento criminal, se imponen las costas procesales al condenado, incluidas las de la acusación particular en la proporción que corresponda.

Respecto de Vicente, el Ministerio Fiscal hizo reserva de acciones.

El resto de víctimas y perjudicados fueron indemnizados por la entidad aseguradora del vehículo responsable o renunciaron expresamente a ejercitar la acción civil.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.