Sentencia Penal 38/2025 Audiencia Provincial de Teruel Civil-penal Única, Rec. 28/2025 de 01 de julio del 2025

PRIMERO.Es sabido que el derecho a la presunción de inocencia, consagrado en nuestro sistema con rango de derecho fundamental en el artículo 24 de la Constitución, implica que toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley ( artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículo 6.2 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Esto supone que es preciso que se haya practicado una mínima prueba de cargo, cuya iniciativa corresponde a la acusación, que sea suficiente para desvirtuar esa presunción inicial ( STS 251/2004).

La sentencia del Tribunal Supremo 324/21, de 21 de abril, recoge la doctrina del Alto Tribunal expresando la diferencia entre el principio de presunción de inocencia y el principio "in dubio pro reo" manteniéndose que "la presunción de inocencia se desenvuelve en el marco de la carga probatoria y supone que no es el acusado a quien corresponde demostrar que es inocente frente a la acusación que se formula contra él, sino que es a quien le mantiene a quien compete acreditar la imputación mediante las correspondientes pruebas, practicadas con validez jurídica y que puedan objetivamente reputarse como pruebas de cargo. El principio "in dubio pro reo", presuponiendo la previa existencia de la presunción de inocencia, se desenvuelve en el campo de la estricta valoración de las pruebas, es decir, de la apreciación de la eficacia demostrativa por el tribunal de instancia a quien compete su valoración la conciencia para formar su convicción sobre la verdad de los hechos ( art. 741 Ley de Enjuiciamiento Criminal) . Reitera la jurisprudencia que el principio informador del sistema probatorio que se acuña bajo la fórmula del "in dubio pro reo" es una máxima dirigida al órgano decisor para que atempere la valoración de la prueba a criterios favorables al acusado cuando su contenido arroje alguna duda sobre su virtualidad inculpatoria; presupone, por tanto, la existencia de actividad probatoria válida con signo incriminador, pero cuya consistencia ofrece resquicios que pueden ser decididos de forma favorable a la persona del acusado. El principio in dubio pro reo, se diferencia de la presunción de inocencia en que se dirige al Juzgador como norma de interpretación para establecer que en aquellos casos en los que, a pesar de haberse realizado una actividad probatoria normal, tales pruebas dejasen duda en el ánimo del Juzgador, se incline a favor de la tesis que beneficie al acusado ( STS. 45/97 de 16.1). Desde la perspectiva constitucional la diferencia entre presunción de inocencia y la regla in dubio pro reo resulta necesaria en la medida que la presunción de inocencia ha sido configurada por el art. 24.2 como garantía procesal del imputado y derecho fundamental del ciudadano protegido por la vía de amparo, lo que no ocurre con la regla in dubio pro reo, condición o exigencia "subjetiva" del convencimiento del órgano judicial en la valoración de la prueba inculpatoria existente aportada al proceso".

SEGUNDO.Castiga el artículo 390.1 del Código Penal a la autoridad o funcionario público que en el ejercicio de sus funciones cometa una de las falsedades que describe en los cuatro números siguientes. La falsificación con relevancia penal es una mutación de la verdad que se apoya en una alteración objetiva de la verdad formal, de manera que será falso el documento que exprese un relato o contenga un dato que sea incompatible con la verdad de los hechos constatados. Los requisitos de la falsedad señalados por el Tribunal Supremo (S. 1704/2003, de 11 de diciembre y la 2002/35933, de 13 de septiembre, entre otras) son: a/ Un elemento objetivo consistente en la mutación de la verdad por medio de alguna de las conductas tipificadas en la norma penal. b/ Que dicha "mutatio veritatis"afecte a elementos esenciales del documento y tenga suficiente entidad para afectar a la normal eficacia del mismo en las relaciones jurídicas (de ahí que para parte de la doctrina no pueda apreciarse la existencia de falsedad documental cuando la finalidad perseguida por el agente sea inocua o carezca de toda potencialidad lesiva). c/ Un elemento subjetivo consistente en la concurrencia de un dolo falsario, esto es, la concurrencia de la conciencia y voluntad de alterar la realidad. En nuestro caso atribuye el Ministerio Fiscal a las acusadas, en lo que se refiere a la modalidad falsaria, el supuesto previsto en el ordinal 3º relativo a la alteración de un documento suponiendo en un acto la intervención de terceros.

Las acusadas Micaela y Brigida han admitido en sus declaraciones los siguientes extremos -además de haber sido confirmados por la prueba testifical y abundante documental-: a/En fechas 14 de julio y 13 de octubre de 2021 se celebraron sendas asambleas vecinales en el Ayuntamiento de Fonfría a las que asistieron ambas, la primera en su condición de secretaria del Ayuntamiento de Fonfría y la segunda como alcaldesa de dicha localidad, extendiéndose de cada una de ellas la correspondiente Acta del Pleno por la secretaria, Micaela, con el Visto Bueno de la alcaldesa, las cuales fueron publicadas en la sede electrónica de la Corporación y firmadas el mismo día de su celebración por la Sra. Micaela y por la Sra. Brigida. En cada una de estas Actas se hizo constar el nombre de todos los habitantes censados en el pueblo de Fonfría y al lado de cada uno de ellos el vocablo SÍ o NO según hubieran asistido o no a la Asamblea. b/En cumplimiento del requerimiento que el Juzgado Contencioso-Administrativo efectuó al Ayuntamiento de Fonfría en el mes de junio de 2022 en orden a que certificara las personas, con nombres y apellidos, que habían asistido a cada una de las asambleas vecinales, las acusadas emitieron el 5 de septiembre de 2022 unos certificados firmados por ambas haciendo constar el nombre y apellidos de los vecinos que habían asistido a cada asamblea. c/Algunos de los nombres que en estas certificaciones remitidas al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo figuraban como asistentes no se correspondían con los que se habían hecho constar en las Actas firmadas y publicadas los días 14 de julio y 13 de octubre de 2021. En concreto: i/ Pablo figuraba como no asistente a la Asamblea de 14 de julio y sí en el certificado elaborado el 5 de septiembre de 2022. ii/ Pablo y Juan Francisco figuraban como no asistentes a la asamblea de 13 de octubre y sí en el certificado de 5 de septiembre de 2022. d/Cuando el procurador Sr. Muñío Puértolas, que actuaba en representación de una las partes en el procedimiento seguido en el Juzgado Contencioso-Administrativo, comunicó el día 13 de diciembre de 2022 a la Sra. Micaela la existencia dicha discordancia de nombres, ésta consideró la conveniencia de que tanto don Pablo como don Juan Francisco hicieran una declaración jurada de haber asistido a las dos asambleas en primero y el segundo a la de 13 de octubre, y tras ello confeccionaron las correspondientes diligencias de corrección de errores en fechas 10 y 11 de enero de 2023.

Así pues, ha quedado probado que las certificaciones emitidas por la Sra. Secretaria con el Visto Bueno de la alcaldesa y remitidas al juzgado recogían la intervención en las asambleas vecinales de personas que, sin embargo, no habían asistido según las Actas publicadas, por lo que, en principio, existen indicios de una falsedad en los certificados en la modalidad descrita en el ordinal 3º del primer párrafo del art. 390 del Código Penal.

La acusada Micaela justifica la no coincidencia de los asistentes que figuraban como tales en las certificaciones emitidas el día 5 de septiembre de 2022 con los asistentes que había hecho constar en las Actas firmadas y publicadas los días 14 de julio y 13 de octubre de 2021 porque las certificaciones fueron confeccionadas con las notas que había tomado ella misma a mano en cada uno de los dos plenos, y no con las actas correspondientes, práctica que, dice, es habitual en ella. Pues bien, dicha explicación carece de la más pura lógica por cuanto, en primer lugar, Micaela llevaba ya muchos años ejerciendo como secretaria del ayuntamiento y, en dicha condición, sabía perfectamente que las certificaciones deben corresponderse con las actas respecto de las cuales se certifica, sorprendiendo que no tuviera especial cuidado respecto de éstas que habían sido requeridas por un órgano judicial. No tiene justificación alguna que certificara sobre unos apuntes en los que ni siquiera había hecho constar los apellidos de los "asistentes", ni aparecen otras notas del pleno que le hubieran podido ayudar a la confección de las actas. Y es que, los apuntes que se han aportado a las actuaciones parecen confeccionados a propósito para la defensa en el presente procedimiento, pues ni siquiera se han presentado apuntes de sesiones anteriores para demostrar que era esta realmente su forma de actuar. En todo caso, de admitirse la interpretación ofrecida por la Sra. Micaela, lo lógico hubiera sido que también las actas se hubieran confeccionado sobre dichos apuntes y, sin embargo, los datos son dispares. La declaración de doña Lorena no suma nada a lo dicho puesto que comenzó a ser auxiliar en el ayuntamiento de Fonfría con posterioridad a los plenos que ahora nos ocupan.

La defensa de Micaela ha querido resaltar en su descargo para reafirmar la falta de intencionalidad en su actuación, el nulo provecho que le podía producir a su defendida la distorsión de la realidad en la confección de las certificaciones. Y en esta línea pretendió acreditar a través de la prueba testifical que ninguno de los presentes en los plenos había observado en ambas acusadas un interés especial en que saliera adelante el proyecto objeto de los mismos. Sin embargo, dichas razones no pueden ser asumidas por este tribunal ya que, en el Acta de 14 de julio se expresó que la asamblea había llegado al quorum preciso para aprobar el proyecto, cuando, sin embargo, no habían comparecido las cinco personas precisas para ello (que sí se conseguían incluyendo a don Pablo y diciendo que se aprobó en segunda convocatoria), y en el Acta de 13 de octubre se indicó igualmente que se había llegado al quorumnecesario para rechazar el recurso administrativo que había presentado una de las afectadas cuando no se correspondía con la realidad. Así pues, la redacción de las Actas ponía de manifiesto la falta de profesionalidad de la acusada Micaela que, además, tuvo una gran trascendencia para los afectados por el trazado del proyecto al haberse adoptado unos acuerdos perjudiciales para ellos. También en defensa de la actuación de la Sra. Micaela, y para incidir en su falta de intencionalidad falsaria, se pretendió demostrar en el juicio que el quorum se conseguía igualmente con el voto de la alcaldesa, lo que decae por la propia declaración de ésta, quien manifestó en el juicio que no estaba censada en la localidad de Fonfría.

Tampoco se ha dado una explicación convincente por parte de la secretaria del ayuntamiento de por qué, cuando fue advertida de la discrepancia que existía entre las actas y las certificaciones, tuvo la certeza de que eran las actas las que no se correspondían con la realidad y sí las certificaciones, a pesar de que aquéllas fueron confeccionadas el mismo día y las certificaciones al año siguiente y, según ella manifiesta, en base a los apuntes, que, como tales, tenían menos fiabilidad. Ni, consecuentemente, aclaró la acusada Micaela por qué, en lugar de contestar al Juzgado Contencioso-Administrativo advirtiendo de un posible error y seguidamente remitir unas nuevas certificaciones con arreglo a las actas publicadas, orientó su actuación a modificar las actas requiriendo previamente a dos vecinos del pueblo la confección de unas declaraciones juradas de haber asistido a unos plenos que en el juicio ni siquiera recordaban haberlas firmado.

Así pues, las explicaciones ofrecidas por las acusadas frente a las dudas de veracidad de los documentos aportados al Juzgado Contencioso-Administrativo en 2022 se consideran fútiles y poco creíbles, existiendo indicios de que Micaela falto a la verdad en la redacción de dichas certificaciones a sabiendas de lo que hacía y con la finalidad de evitar que se descubrieran las anomalías en las que se había incurrido en las asambleas vecinales de los días 14 de julio y 13 de octubre de 2021 por el mal hacer de la secretaria que consideró la existencia de quorum bastante cuando no lo había, con las consecuencias negativas que ello originó para algunas de las personas afectadas que tuvieron que acudir a la vía judicial.

Ahora bien, es lo cierto que los indicios aportados no aparecen confirmados por la prueba de cargo, por cuanto, a través de la prueba testifical practicada se vislumbra una suerte de apoyo a la versión exculpatoria de las acusadas como se razonará seguidamente:

Declararon como testigos en el juicio Rogelio, Constantino, Ángel Daniel, Pablo y Juan Francisco.

El testigo don Rogelio dijo haber asistido a ambas Asambleas (como consta en las Actas y en las certificaciones); manifestó que "cree que asistieron todos los que están afuera" (refiriéndose al resto de testigos citados para el juicio), pero no recuerda los nombres porque hace mucho tiempo, "no sabe exactamente quiénes estuvieron"; Pablo asistió a la del día 14 de julio, Juan Francisco, no lo sabe; respecto de la Asamblea de 13 de octubre no recuerda si estuvieron Pablo y Juan Francisco.

El testigo don Constantino no asistió a la asamblea del 14 de julio, pero sí a la de 13 de octubre y manifiesta que a esta última asistieron Pablo y Juan Francisco.

El testigo don Teofilo, que asistió a las dos asambleas como parte implicada "porque le cruzaba un campo", no recuerda quiénes estuvieron, "pero supone que todos los que están hoy de testigos".

El testigo don Ángel Daniel dijo no haber asistido a la de octubre. Respecto de la de julio dio varias versiones de los asistentes a lo largo de su declaración; manifestó que "de todos no puede decir"; dudó de la presencia de Doroteo; a Juan Francisco no lo incluyó las dos primeras veces que relacionó los asistentes, pero sí la tercera; y de Pablo dijo recordar que sí asistió.

El testigo Pablo fue preguntado acerca de la declaración jurada que firmó en su momento y por su asistencia a las asambleas, pero contestó que no recordaba nada porque "tengo muchos años."

El testigo Juan Francisco dijo haber asistido a la asamblea de 14 de julio, en la que también estaba Pablo, "está seguro de que sí", y no recordaba si había asistido a la de 13 de octubre. Tampoco recordaba haber firmado una declaración jurada, si bien, cuando le preguntaron si fue su cuñado Germán quien le presentó la declaración jurada, dijo sí recordarlo, así como que le convenció para firmarlo la acusada Micaela.

Ciertamente, sorprende la declaración del Sr. Juan Francisco recordando con seguridad que Pablo asistió al ayuntamiento el 14 de julio cuando, sin embargo, no recordaba si él mismo había asistido el 13 de octubre, a pesar de haber firmado posteriormente una declaración jurada de que sí lo hizo. Y lo mismo respecto de la declaración del testigo Sr. Constantino quien declaró con seguridad la asistencia el 13 de octubre de Pablo y Juan Francisco, pero, sin embargo, no recordaba quiénes habían asistido a la última asamblea que se celebró en el ayuntamiento de Fonfría hace unos dos meses ni tampoco a la anterior a esta; y respecto del testigo Sr. Rogelio, quien después de exponer que no recordaba quiénes habían asistido porque hace mucho tiempo, sí recordaba, sin embargo, que Pablo estaba en la de 14 de julio. Y también en relación al testigo Sr. Ángel Daniel, que recordaba sin duda alguna la presencia de Pablo en la del día 14 de julio, pero dudó de la presencia de otros. No han expuesto los testigos datos concretos de referencia que les hubiera podido facilitar el recuerdo de aquellas dos asambleas vecinales una vez transcurridos casi cuatro años de los hechos, y, en concreto, la presencia en ellas de los vecinos que indican.

No obstante, no resultan intrascendentes dichas declaraciones testificales al haber declarado los Sres. Juan Francisco, Constantino, Ángel Daniel y Rogelio bajo juramento o promesa de decir verdad y con la advertencia de que de no hacerlo podrían incurrir en un delito de falso testimonio, con el resultado examinado, las cuales vinieron a adverar la versión exculpatoria que expusieron las acusadas.

En definitiva, tras el análisis en su conjunto de los medios de prueba expuestos, se comprueba que los iniciales indicios de culpabilidad en contra de las acusadas no se han visto corroborados por un acervo probatorio suficiente de signo incriminatorio.

El principio constitucional de presunción de inocencia exige, como se ha dicho, que cualquier observador imparcial pueda comprobar que concurren datos objetivos de carácter incriminatorio, verificados y contrastados. La única estrategia eficaz para soslayar la eventualidad de una condena errónea es incluir en el proceso de valoración de las pruebas elementos objetivos que, al poder ser comprobados y verificados, compensen el riesgo de la subjetividad de juicio. Y en el caso de autos no se han superado los estándares de suficiencia probatoria basados en la exigencia de corroboración.

Desde estos parámetros, este tribunal concluye que no se ha vertido prueba de cargo suficiente para destruir la presunción de inocencia que provisionalmente ampara a las acusadas, por lo que procede la conclusión absolutoria.

TERCERO.Procede declarar de oficio las costas procesales causadas conforme a lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

VISTOS los preceptos citados y demás de pertinente aplicación,