Sentencia Penal 14/2025 Audiencia Provincial de Cuenca Civil-penal Única, Rec. 2/2022 de 12 de mayo del 2025

PRIMERO.-La única prueba de directa de los hechos objeto de la acusación de la que se dispone en el presente procedimiento es la declaración de la víctima. Es reiterada y consolidada la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional a la hora de admitir la declaración de la víctima (cuando presencia en primera persona los hechos delictivos) como prueba válida, incluso por sí sola, para enervar el principio de presunción de inocencia, siempre que se preste con las debidas garantías procesales y sea valorada como suficiente por el Tribunal sentenciador con arreglo a criterios racionales (entre muchas otras, SSTC nº 201/1989, de 30 de noviembre; 173/1990, de 12 de noviembre; 229/1991, de 28 de noviembre; o 9/2011, de 28 de febrero; y SSTS nº 339/2007, de 30 de abril; o 22/2016, de 27 de enero).

También ha desarrollado el Tribunal Supremo una amplia doctrina sobre los parámetros a tener en cuenta en la valoración de la credibilidad declaración de la víctima (incredibilidad subjetiva, sostenibilidad objetiva y persistencia temporal y, en la medida de lo posible, corroboraciones objetivas y externas. Por todas, STS nº 809/2023, de 26 de octubre). Pero dejando claro desde el principio que esas pautas jurisprudenciales no deben llevar a la errónea conclusión de que estamos ante una prueba legal o reglada. La valoración del testimonio de la víctima sigue sujeta al principio de libre (pero motivada) valoración de la prueba. Y lo que la jurisprudencia del Alto Tribunal ofrece no son más que pautas orientativas y sistematizadoras basadas en máximas racionales y de experiencia (por ejemplo, STS nº 1070/2011, de 13 de octubre). En palabras de la STS nº 918/2023, de 14 de diciembre, "La jurisprudencia de esta Sala del Tribunal Supremo ha fijado, para que los jueces y tribunales tengan conocimiento de ello, una serie de parámetros y criterios para tenerlos en cuenta a la hora de ponderar la declaración de la víctima, la cual será analizada por quien tiene que dictar sentencia con arreglo a la experiencia profesional y a esas máximas de experiencia que le otorgan el privilegio de que esa declaración se practique en presencia del juez o tribunal que va a valorar si la víctima dice la verdad, o la disfraza, frente a la declaración exculpatoria del acusado.

Cada caso es totalmente distinto y es la casuística concreta la que fijará la adecuación de esos criterios, o parámetros, al supuesto concreto de hecho y si existe, -cuando sea posible- una mínima corroboración, pero sin olvidar que puede que ésta no exista, sin que ello impida que la declaración de la víctima pueda pesar más que la del acusado en los supuestos en los que el tribunal fije unos hechos probados de signo condenatorio en razón a la contundencia de esa declaración de la víctima que le permite erigirse como auténtica "prueba de cargo" que enerve la presunción de inocencia".

A los criterios clásicos sobre la valoración del testimonio, la STS nº 201/2024, de 4 de marzo, añade otros factores a tener en cuenta: "Esta Sala ha elaborado como factores para tomar en consideración la declaración de la víctima, aparte los conocidos criterios subjetivos, objetivos y temporales, otros, igualmente meramente orientativos, para valorar la credibilidad del testimonio de las víctimas, especialmente las de delitos sexuales y de violencia de género, que pueden concurrir de forma acumulativa o alternativa, tales como ad exemplum, "seguridad" en la declaración, la "concreción en el relato", la "claridad expositiva", su "lenguaje gestual", la "expresividad descriptiva", la "ausencia de contradicciones y concordancia del iter relatado", la "ausencia de lagunas en el relato" y que se trate de "un relato íntegro y no fragmentado", sin perder de vista la interferencia que en ese testimonio pueda producir un eventual síndrome derivado de su "victimización secundaria", provocando dificultades en la expresión de tal relato derivados del temor a las represalias del acusado, de sus familiares o amistades, o a las presiones del propio entorno de la víctima, o, incluso, a la inseguridad originada por el propio sistema judicial, o, simplemente, a la necesidad de olvidar los hechos cuanto antes ( SSTS 119/2019, de 6 marzo , 293/2019, de 3 junio y 495/2019, de 17 de octubre )".

En el presente caso, y con arreglo a las pautas descritas, consideramos que el relato de la denunciante no ha sido suficientemente convincente y esclarecedor en relación con todos los elementos integrantes del tipo penal imputado, generándonos una duda razonable sobre ciertos aspectos esenciales para la tipicidad de las conductas desarrolladas, lo que nos obliga a dictar una sentencia absolutoria por estricta aplicación del principio in dubio pro reo.

Sí consideramos acreditada la existencia de cuatro encuentros sexuales entre la denunciante y el acusado. La declaración de la denunciante fue en términos generales (y dejando a salvo los extremos que más adelante precisaremos) segura, vívida, rica en detalles y coherente. Por el modo en que se puso en marcha el proceso judicial (a partir de actuaciones ajenas a la voluntad de la denunciante), tampoco apreciamos que un hipotético y no acreditado ánimo espurio pudiera ser la razón motivadora del tenor de la declaración. Pero lo que nos lleva a otorgar plena credibilidad a la existencia de los actos sexuales descritos es el reconocimiento parcial efectuado por el propio acusado de forma espontánea en el escrito que se acompañó a petición suya junto con el recurso de apelación presentado por su defensa letrada (la misma que le asistió en el juicio oral) en fecha 24/4/2023 (Acs. 297 y 298 del sumario del Juzgado). En ese escrito el acusado admite varios hechos que coinciden con parte de lo relatado por la denunciante y dan sentido al conjunto de su declaración. En concreto debemos extractar las siguientes frases:

- "En una ocasión, en abril de 2016, no recuerdo bien, hubo mensajes (en ningún momento de manera habitual) de los dos con propuestas de quedar a solas, pero no se llevó a cabo porque me arrepentí de haber iniciado el diálogo (como ella misma declara, "no llegaron a quedar porque a él le surgió una reunión") Esta fue la excusa que di pues el que realmente no quería quedar era yo.".

- "A modo de confesión y lo que creo recordar de las cosas sucedidas es:

+ Hubo una ocasión en la que quedamos porque ella insistía y afirmaba: "bah, sí, venga, vamos a quedar", "hacemos lo que quieras, a mí me da igual", "yo no aguanto a los chicos de mi edad que se van al botellón", "yo no salgo, para estar bebiendo...".

+ Un único acontecimiento más, en el solar de mi propiedad, un día de verano, casi con seguridad en el mes de agosto pues en Julio estuve todo el mes fuera. Al principio dialogamos, después hubo tocamientos y masturbación por parte de ambos, después había diálogo. Y luego nos íbamos.".

En el plenario el acusado negó la autoría de este documento bajo el único argumento de que era un archivo del procesador de texto Word que no estaba firmado por él. Y aunque ello es así, lo innegable es que el documento, con el contenido indicado, es el que se presentó por su representación procesal junto con el recurso de apelación. Esta evidencia tan potente no puede desvirtuarse con la simple manifestación de que el documento no está firmado. Las consecuencias de la existencia de este documento son esenciales a la vista de la posición procesal mantenida por el acusado (negar totalmente la existencia de todo tipo de relación sexual). Por lo que no puede pretenderse que se obvie el contenido de un documento libremente presentado por la parte simplemente por la razón de que no está firmado por su autor. Además, el contenido del escrito, redactado en primera persona, con manifestaciones y fotografías de las que solamente dispone el acusado, refuerza la convicción sobre su autoría.

Las alegaciones y pruebas aportadas por el acusado tendentes a demostrar la imposibilidad material de que sucedieran los encuentros sexuales no desvirtúan las conclusiones anteriores. En relación con los hechos de los días 14/5/2016 y 21/6/2016, debe indicarse que se trató de actos fugaces que pudieron ejecutarse subrepticiamente a pesar de que hubiera trasiego de personas por los alrededores, y ello teniendo en cuenta que el acusado manejaba perfectamente los dos escenarios y conocía los momentos y circunstancias en los que podía realizar furtivamente el acto sexual. En cuanto al encuentro del día 15/6/2016, de nuevo el citado documento de Word pone de relieve la inconsistencia de la coartada del acusado y la posibilidad objetiva de que el encuentro tuviera lugar. Y es que en ese documento el acusado indica que se trasladó desde DIRECCION003 hasta Sevilla por la DIRECCION004 ( DIRECCION005), llegando a Sevilla para asistir a una procesión fluvial a las 19:30 horas. Sin embargo, el testigo de la defensa, D. Eloy, indicó que ese día 15 el acusado lo dejó en Madrid a medio día o más tarde, luego ni el trayecto ni el horario es compatible con lo indicado espontáneamente por el acusado en el citado documento, evidenciando falta de sinceridad en este aspecto y reforzando indirectamente la versión de la denunciante.

Sin embargo, donde apreciamos lagunas en la declaración de la denunciante es en relación con la existencia de consentimiento o posibles vicios en el mismo. Debemos recordar que la denunciante nació el día NUM002/1999. Luego a fecha del primer acto sexual contaba casi con 17 años y dos meses de edad. La denunciante manifestó que los dos primeros actos no fueron consentidos, el primero porque fue repentino y se encontraba en estado de "shock",y el segundo porque el acusado cerró la puerta de la clase y no podía salir. Por el contrario, reconoció que los actos posteriores fueron consentidos, pero que se consideraba manipulada, matizando sobre esta última expresión que "Una persona que me está diciendo que no pasa nada por hacer eso, que nadie se va a enterar, que él no puede pero yo sí, una persona que en clase de religión me da moralinas, charlas de moral, respecto a una moral cristiana, de relaciones sexuales, y luego por otro sitio me dice esto, si lo considero cierta manipulación"(minuto 1:27:26 de la primera sesión).

Sin embargo, dos de los testigos de la acusación, D.ª Melisa y D. Edemiro, amigos personales de la denunciante, expusieron que D.ª Tomasa les había indicado que los actos fueron consentidos. D. Melisa lo dijo literalmente así (minuto 2:23:21 de la primera sesión). Y D. Edemiro señaló que Tomasa le reconoció que había habido masturbaciones por parte de los dos (minuto 2:40:10 de la primera sesión). Estamos ante una contradicción esencial que nos genera una grave duda sobre la inexistencia total de consentimiento en los dos primeros actos sexuales.

Debemos plantearnos a continuación si, aun existiendo consentimiento en la totalidad de los actos sexuales, el mismo pudo obtenerse de forma viciada por vía del prevalimiento de una situación de superioridad.

Sobre el consentimiento obtenido viciadamente por vía de prevalimiento de una situación de superioridad respecto de una víctima mayor de 16 años (actualmente recogido en el artículo 178.2 del CP y anteriormente en el delito de abuso sexual en la ya derogada redacción del artículo 181.3), explica la STS nº 352/2021, de 29 de abril, que: "El artículo 181.3 establece que "la misma pena se impondrá cuando el consentimiento se obtenga prevaliéndose el responsable de una situación de superioridad manifiesta que coarte la libertad de la víctima."

En este último supuesto, el sujeto pasivo consiente en ser objeto de la acción sexual pero con una libertad limitada por la situación de superioridad de que goza el sujeto activo, apreciándose un consentimiento viciado por la situación de inferioridad que padece que puede venir determinada por las causas más diversas como son la diferencia de edad, el parentesco, el déficit mental o inmadurez de la víctima, el status del sujeto activo, situación ésta última en la que la doctrina incluye a una autoridad, un profesor o un médico.

(...) "

Y en la sentencia del Tribunal Supremo 8/2021 de 14 Ene. 2021, Rec. 753/2019 :

"Señalábamos en las sentencias de esta Sala 512/2013, de 13 de junio , con referencia a la sentencia 1287/2003, de 10 de octubre , que "El abuso sexual con prevalimiento no exige la exteriorización de un comportamiento coactivo, pues es la propia situación de superioridad manifiesta por parte del agente y de inferioridad notoria de la víctima, la desproporción o asimetría entre las posiciones de ambos, la que determina por sí misma la presión coactiva que condiciona la libertad para decidir de la víctima, y es el conocimiento y aprovechamiento consciente por el agente de la situación de inferioridad de la víctima que restringe de modo relevante su capacidad de decidir libremente, lo que convierte su comportamiento en abusivo." ( STS de 10 de octubre de 2003 ) ( ATS 14-5-10 )".

En el marco de este delito, coartar equivale a obstaculizar o limitar de manera relevante el uso por un sujeto de su capacidad para autodeterminarse, en un marco de relaciones que tienen por objeto alguna forma de ejercicio de la sexualidad ( STS núm. 781/2004, de 23 de junio )."

Además, la sentencia del Tribunal Supremo 470/2020 de 23 Sep. 2020, Rec. 10735/2019 , añade que:

"Con respecto a los delitos contra la libertad sexual, que constituyen un específico ámbito de actuación del prevalimiento, esta Sala ha descrito el prevalimiento como el modus operandi a través del cual el agente obtiene el consentimiento viciado de la víctima en base a la concurrencia de tres elementos:

a) Situación manifiesta de superioridad del agente.

b) Que dicha situación influya de forma relevante coartando la capacidad de decidir de la víctima, y

c) Que el agente, consciente de esa situación de superioridad y de los efectos inhibidores que en la libertad de decidir de la víctima produce, se prevalga, la ponga a su servicio y así obtener el consentimiento viciado de la víctima.

El Código Penal define el prevalimiento con una nota positiva, como aquella situación de superioridad manifiesta que coarte la libertad de la víctima, con lo que se está expresando la doble exigencia de que exista una situación de superioridad y que ésta sea evidente y por tanto eficaz porque debe coartar efectivamente la libertad de la víctima, y como nota negativa, que lo separa de la intimidación, no tiene que haber un comportamiento coactivo que anule el consentimiento (ni mucho menos violento, aunque en nuestro casos también se aprecian episodios de esta naturaleza). En tal sentido, SSTS 170/2000, de 14 de febrero , o STS de 10 de octubre de 2003 . En definitiva, el prevalimiento por lo que hace a este tipo de delitos exige siempre ese abuso de superioridad del agente que, de hecho, limita la capacidad de decisión del sujeto pasivo que consiente viciadamente y acepta una relación sexual que no quiere.

Es patente la situación fronteriza con la intimidación sobre todo en el análisis de las concretas situaciones que puedan darse. El enjuiciamiento es siempre una actividad individualizada.

Por el contrario, en el caso de intimidación no existe consentimiento de la víctima hay una ausencia de consentimiento, ésta se encuentra doblegada por la intimidación por el miedo que le provoca la actitud del agente".

El elemento típico del prevalimiento supone la situación de superioridad, de ventaja o de privilegio generada por una ascendencia del sujeto activo sobre el pasivo que instrumentaliza y pone a su servicio la ascendencia sobre sujeto pasivo para alcanzar las finalidades que persigue en detrimento de la víctima. Se trata de obtener un consentimiento de la víctima viciado por la situación de superioridad que fluye de forma relevante, llegando a coartar la capacidad de decidir de la víctima, al tiempo que correlativamente supone un aprovechamiento de esta situación para obtener el consentimiento y aprovecharse del mismo. En definitiva, el sujeto activo se aprovecha de una situación de superioridad para limitar la capacidad de decisión que un sujeto pasivo que, por su corta edad, por sus condicionamientos psíquicos, o por la ascendencia del sujeto activo o por las especiales concurrencias que se detallen, consiente viciadamente y acepta una relación sexual motivada por esa relación de procedimiento. La libre voluntad aparece condicionada ante la superioridad aprovechada del sujeto activo ( STS 567/2019, de 20 de noviembre )."".

Debemos partir de la base de que la denunciante, como hemos indicado, era casi mayor de edad cuando suceden los hechos, por lo que no consideramos que la diferencia de edad con el acusado sea una circunstancia relevante para valorar la libertad del consentimiento. Tampoco presenta la denunciante ningún tipo limitación o patología mental o intelectual. Sobre estas bases, tenemos dudas de que la víctima sufriera una situación de limitación de su voluntad previa a la realización de los actos sexuales y provocada dolosamente por el acusado al aprovechar su condición de profesor de religión. Hay que señalar que los dos implicados tenían una relación más amplia que la docente, participando conjuntamente en viajes y múltiples actos vinculados a la parroquia local y el coro. Los primeros contactos de índole sexual se producen a través de mensajes telefónicos al margen de la actividad docente. Tanto la primera propuesta de encuentro sexual no materializada como el primer acto sexual sí realizado se proyectan o llevan a cabo con total independencia del ámbito docente. Y tampoco ha manifestado la denunciante que el acusado vinculara los actos sexuales, directa o indirectamente, con decisiones o consecuencias académicas.

Además, la denunciante no verbalizó que se sintiera constreñida por la autoridad del acusado como profesor, sino porque lo consideraba un referente moral y espiritual por las razones que desarrolló en el minuto 55:31 de la primera sesión ("recuerdo que antes de ir a la JmJ mi abuela estaba ya un poco enferma y recuerdo verle a él y a mi me impactó porque digo, guau, una persona que en ese sentido hace caridad. Y luego ya conforme fueron pasando los años en la relación del instituto y del coro y tal yo veía que era una persona coherente con lo que el predicaba, que se movía por los jóvenes, para mi era como un referente moral y espiritual").Es decir, el elemento determinante de su comportamiento, según la denunciante, fue su valoración subjetiva sobre la consideración personal del acusado y no una situación objetiva de superioridad de la que éste se aprovechara. O dicho de otro modo, no apreciamos una relación causal clara entre la prestación del consentimiento sexual y la relación docente existente entre las partes de la que pudiera haberse prevalido el acusado.

Y estas dudas nos surgen a partir de la propia declaración de la denunciante, cuando indicó a preguntas sobre el consentimiento que se sintió "manipulada"por cuanto que el acusado actuaba de forma contraria a lo que predicaba a nivel religioso y moral. Este planteamiento nos lleva a dudar de que la víctima sufriera realmente un cercenamiento previo de su libertad de decisión provocado dolosamente por el acusado en aprovechamiento delictivo de su autoridad docente (no pudiendo inferir tampoco que, desde el punto de vista del acusado, éste actuara movido por tal ánimo). Lo cual es sustancialmente diferente a una situación de engaño, error, arrepentimiento o confusión en el plano moral y religioso por la participación en actos contrarios a su fe (fuertemente arraigada en la denunciante), lo que estimamos que no tendría encaje en el tipo penal.

Por todo ello, y por estricta aplicación del principio in dubio proreo, al no haber quedado acreditados todos los elementos del tipo penal por el que se formuló acusación, procede dictar una sentencia absolutoria.

SEGUNDO.-Ante la libre absolución del acusado se declaran las costas procesales de oficio.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación