Sentencia Penal 57/2025 Audiencia Provincial de Soria Civil-penal Única, Rec. 30/2025 de 12 de junio del 2025

PRIMERO.- Por la representación procesal de Dª Loreto se interpone recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº1 de Soria de fecha 18 de febrero de 2025, por la cual se absolvió a D. Artemio Y Cristina, de un delito contra la integridad moral, previsto y penado en el art. 173.3 del Código Penal, con todos los pronunciamientos favorables.

En síntesis, la parte recurrente se opone a la sentencia apelada por considerar que, del análisis de la prueba practicada se desprende que la actuación de los acusados encaja en el tipo de acoso laboral del artículo 173 del Código Penal, por lo que, a su entender, procedería una sentencia condenatoria.

El Ministerio Fiscal se adhiere parcialmente al recurso de apelación, interesando la nulidad de la sentencia objeto de recurso, al entender que dicha Sentencia no es ajustada a Derecho. Y ello, con fundamente en la no debida aplicación del tipo penal del que los acusados eran objeto de acusación, al considerar el Ministerio Público que la sentencia adolece de racionalidad suficiente en la motivación, así como que obvia determinadas pruebas practicadas en el acto de juicio, discrepando de la juzgadora de instancia de que los hechos recogidos como hechos probados en la resolución objeto de recurso no son constitutivos del delito previsto y penado en el art. 173.3 del Código Penal objeto de acusación.

La representación procesal de D. Artemio y Dª Cristina, así como la Letrada de la Comunidad Autónoma de Castilla y León impugnan el recurso de apelación y la adhesión del Ministerio Fiscal.

SEGUNDO.- Entrando a dar respuesta a los motivos del recurso de apelación y de la adhesión del Ministerio Fiscal, no cabe duda de que, a la vista de los argumentos de ambos escritos, la Sala ha de abordar los problemas que suscitan los recursos de apelación respecto de sentencias absolutorias.

A este respecto, cabe señalar que, con anterioridad a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal operada por Ley 41/ 2015, de 5 de octubre, resultaba especialmente ilustrativa la sentencia del TS, Sala 2ª, de fecha 2/4/2013 (RJ 2013, 3620) (RJ 2013, 3620) que hacía referencia a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional acerca de la revisión de las sentencias absolutorias cuando se trataba de convertirlas en condenatorias atendiendo a criterios estrictamente jurídico-sustantivos, respetando en su integridad los hechos probados y al respecto recordaba que: "De acuerdo con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, será indispensable contar con una audiencia pública cuando el Tribunal de apelación no se ha limitado a efectuar una interpretación diferente en derecho a la del juez a quo en cuanto a un conjunto de elementos objetivos, sino que ha efectuado una nueva apreciación de los hechos estimados probados en primera instancia y los ha reconsiderado, cuestión que se extiende más allá de las consideraciones estrictamente jurídicas" ( SSTEDH de 10 de marzo de 2009, caso Igual Coll c. España ; y de 13 de diciembre de 2011, caso Valbuena Redondo c. España , entre otras). De donde, a sensu contrario, se extrae la conclusión de que dicha audiencia pública no es necesaria cuando el Tribunal ad quem se limita a efectuar una distinta interpretación jurídica respecto a la realizada en la instancia anterior. Por esta razón, en la STEDH de 16 de diciembre de 2008, caso Bazo González c. España , se consideró inexistente la vulneración del art. 6.1 del Convenio europeo de derechos humanos , en la medida en que "los aspectos analizados por la Audiencia Provincial poseían un carácter puramente jurídico, sin que los hechos declarados probados en primera instancia hubieran sido modificados".

De otro lado, el Tribunal Constitucional, ( SSTC 153/2011, de 17 de octubre ( RTC 2011, 153) (RTC 2011, 153) ; y 201/2012, de 12 de noviembre (RTC 2012, 201) (RTC 2012, 201) (RTC 2012, 201) ), había aclarado que "si el debate suscitado en apelación tiene relevancia jurídica únicamente y no versa sobre aspectos fácticos, no es necesaria la presencia del acusado, pues oír al mismo ninguna incidencia podría tener en la decisión que pudiera adoptarse, sino que el Tribunal "ad quem" puede decidir adecuadamente sobre la base de lo actuado. En tales supuestos, en cuanto el debate sea estrictamente jurídico, la posición de la parte podría entenderse debidamente garantizada por la presencia de su abogado, en quien se encarnaría la efectividad del derecho de defensa frente a los argumentos esgrimidos por la otra parte."

Ahora bien, los razonamientos tanto del apelante como del Ministerio Fiscal hacen referencia a extremos de la sentencia que recogen los testimonios de los testigos que declararon en el juicio oral. Por ello, habida cuenta que se trata de pruebas de índole personal, parece oportuno observar que la Ley 41/2015, de 5 de Octubre abordó la cuestión en el artículo 792.2 al establecer: "La sentencia de apelación no podrá condenar al encausado que resultó absuelto en primera instancia ni agravar la sentencia condenatoria que le hubiera sido impuesta por error en la apreciación de las pruebas en los términos previstos en el tercer párrafo del artículo 790.2".

No obstante, la sentencia, absolutoria o condenatoria, podrá ser anulada y, en tal caso, se devolverán las actuaciones al órgano que dictó la resolución recurrida. La sentencia de apelación concretará si la nulidad ha de extenderse al juicio oral y si el principio de imparcialidad exige una nueva composición del órgano de primera instancia en orden al nuevo enjuiciamiento de la causa. "

Por otra parte, el artículo 790.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, establece: "Cuando la acusación alegue error en la valoración de la prueba para pedir la anulación de la sentencia absolutoria o el agravamiento de la condenatoria, será preciso que se justifique la insuficiencia o la falta de racionalidad en la motivación fáctica, el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada ."

En atención a lo expuesto, la Sala no puede valorar las pruebas practicadas en el acto del juicio para, en su caso, corregir la valoración de la Juez "a quo" y sustituir su pronunciamiento absolutorio por otro de condena, como solicita el apelante, puesto que, conforme a la doctrina constitucional y la normativa citada anteriormente, dicha revisión está vedada en apelación porque las pruebas de carácter personal, en este caso el testimonio del perjudicado, están sometidas al principio de inmediación judicial, del que carece este Tribunal.

De otro lado, el recurrente, tras interesar que por esta Sala se dicte sentencia condenatoria, solicita que, en cualquier otro caso, se acuerde la nulidad del juicio oral y se ordene la repetición del mismo ante un juez que permita esta parte el pleno ejercicio de su derecho a la tutela judicial efectiva.

El Ministerio Fiscal, por su parte, interesa la nulidad la sentencia de instancia con fundamento en que la misma adolece de racionalidad suficiente en la motivación.

Por tanto, este Tribunal sí se encuentra facultado para examinar si la valoración probatoria llevada a cabo es arbitraria o ilógica, en cuyo caso y de estimarse que así fuera, se podría declarar la nulidad de la sentencia para que se volviera a dictar una nueva con criterios racionales y debidamente motivada, o incluso, declarar la nulidad del juicio para que se volviera a repetir, pero no dictar una sentencia condenatoria en esta segunda instancia, revocando un fallo absolutorio dictado en la primera instancia, por vetarlo la doctrina jurisprudencial antes resumida y la normativa vigente.

TERCERO.- Sentado lo expuesto, la Sala ha podido comprobar que la sentencia de instancia contiene un amplio y detallado relato de los hechos que se consideran probados y de aquellos otros que no se han podido acreditar. Del mismo modo, la resolución recurrida incorpora una completa valoración de las diferentes pruebas practicadas en el acto del juicio. Todo lo cual ha permitido a la Magistrada a quo concluir que de lo actuado no resultan probados hechos de los que pueda ser deducida la responsabilidad penal atribuible a los acusados.

De este modo, la Magistrada de instancia valora la declaración de los acusados, que, según se refleja en la sentencia aseguraron haber tratado con corrección a la denunciante, sin haberla menospreciado ni haberle dicho que era mala profesional. Igualmente, la sentencia recoge que los acusados afirmaron que tan sólo existieron discrepancias sobre la forma de trabajar de la denunciante, habiendo emitido informes al respecto que se remitieron a los superiores y de los cuales no tuvieron conocimiento otros trabajadores ni se informó a la denunciante, que supo de ellos tras la incoación de un expediente disciplinario por la Gerencia de Valladolid. De las expresadas declaraciones, la Magistrada de instancia considera que se desprende que los informes que se remitieron a la superioridad entran dentro de las facultades de dirección y organización que tenían los acusados y no se llevaron a cabo con intención de perjudicar o menospreciar a la trabajadora.

La Juzgadora a quo examina asimismo el testimonio de la propia denunciante, del cual considera que tampoco se infiere ninguna manifestación de menosprecio o de humillación y tiene en cuenta que la trabajadora no ha concretado en qué consistía ese trato humillante o degradante, así como que ésta declaró que, respecto del incidente de las tostas, se vulneró su criterio profesional, sin haberle gritado ni amenazado ni insultado, reconociendo, además, que entraba dentro de sus funciones como cocinera hacer filetes.

Además, la Magistrada a quo, en lo referente al cambio de turno solicitado por la denunciante, tiene en cuenta que del testimonio de la trabajadora se deduce que la conversación con el acusado fue en buenos términos, pero que ella se negó a firmar el parte. De la misma manera, en la sentencia de instancia se recoge que la denunciante no quería hablar con el Director o con la Gobernanta y que no atendía sus llamadas.

También se aprecian por la Juez de lo Penal las contradicciones existentes en el testimonio de la denunciante, en tanto que manifestó no haber estado en tratamiento psiquiátrico o psicológico con anterioridad a los hechos, cuando de su historial médico se acredita lo contrario. Y en este sentido, la Juzgadora valora que en dicho historial médico obrante en autos figura que Dª Loreto previamente ya había padecido crisis de ansiedad y había estado en tratamiento psiquiátrico por trastorno ansioso depresivo. La Juez de lo Penal indica asimismo que en el informe médico consta que la denunciante le dijo a la psiquiatra que el presente juicio "había sacado su parte vengativa".

En cuanto a la prueba testifical, de la sentencia apelada cabe destacar los siguientes extremos:

1º D. Inocencio, director de la mutua FREMAP, manifestó que no le llamó el director de la Residencia para que no atendiera a la denunciante y que se realizó el seguimiento de la enfermedad de la trabajadora como contingencia común.

2º Dª Eloisa declaró que acompaño a la denunciante a la mutua y que le dijeron que la baja se la daban por enfermedad común, pero, que por la dirección no se dieron órdenes a FREMAP para que se considerase contingencia común. La testigo aseguró no haber visto ningún trato vejatorio hacia Dª Loreto, y que nunca le han dicho que hayan humillado o insultado a la denunciante.

3º El testigo D. Juan Carlos, instructor del expediente disciplinario a la denunciante, manifestó que la trabajadora nunca le hablo de malos tratos, sólo de discrepancias laborales y de organización.

4º Los testigos D. Ángel Daniel, Dª Florinda, Dª Adela, Dª Graciela, D. Segismundo, D. Lorenzo, Dª Debora y Dª Flora coincidieron en que nunca vieron ningún maltrato del director o la gobernanta hacia Dª Loreto, declarando que no han presenciado ninguna discusión entre ellos y que la denunciante también tiene malas relaciones con la nueva directora.

5º Dª Flora relató que tuvo que interponer una denuncia contra Dª Loreto por acoso.

6º Dª Debora refirió que Dª Loreto faltaba al respeto a la dirección y desobedecía las ordenes que se le daban.

Por último, la Magistrada de lo Penal valora la prueba pericial forense, y toma en consideración que la Médico Forense cambió su informe, a la vista de la historia clínica de la denunciante. En este sentido, la Magistrada a quo aprecia que la perito en el juicio manifestó que no podía asegurar que el trastorno de ansiedad que padece la trabajadora se deba a un acoso laboral, ya que no sabe si estaba curada de su trastorno ansioso depresivo previo, y reconoció que el trastorno adaptativo no tiene por qué deberse a la crisis de ansiedad que sufrió en 2017.

Sentado lo que antecede, en cuanto al tipo penal de acoso laboral, previsto en el art.173.1. p. 3º, por el que se formula acusación, cabe traer a colación la STS 1082/2024 de 27 Nov. 2024, Rec. 3217/2022 (JUR\2024\468013), en la cual se establece: "Este delito requiere como elementos típicos los siguientes: a) Someter a otro a actos hostiles o humillantes, sin llegar a constituir trato degradante; b) Que tales actos sean realizados de forma reiterada; c) Que se ejecuten en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial; d) Que el sujeto activo se prevalga de su relación de superioridad, y e) Que tales actos tengan la caracterización de graves ( STS 694/2018, de 21 de diciembre )".

A mayor abundamiento, la STS 426/2021 de 19 May. 2021, Rec. 2919/2019 (RJ\2021\2392) dispone:" Lo que se sanciona en el delito de acoso laboral es la creación de un permanente clima de humillación que lleve al trabajador a la pérdida de su propia autoestima, que convierta el escenario cotidiano de su trabajo en el lugar en el que ha de aceptar con resignación las vejaciones impuestas por quien se ampara arbitrariamente en su jerarquía. El acoso que desborda el tratamiento propio de la relación laboral implica un cúmulo de actos reiterados de persecución con grave afectación psicológica en el trabajador. Se trata de decisiones enmarcadas en la prevalente posición jerárquica que ocupa el superior, generadoras de una atmósfera hostil, humillante que altera la normalidad de cualquier relación laboral. Son actos cuya imposición trata de explicarse en el ejercicio de las facultades de dirección pero que, sin embargo, implican medidas manifiestamente innecesarias desde la perspectiva de la óptima regulación del trabajo".

Ahora bien, esta última sentencia descarta que resulten constitutivos del expresado tipo penal aquellos hechos que "no desvelan más que una situación de tensión"o de los cuales tanto sólo se deduzca "una situación laboral tensa".

Y en cuanto a la interpretación que deba darse a esta figura delictiva, considera el Tribunal Supremo que: "Es más que evidente que una interpretación excesivamente elástica del ámbito típico abarcado por el art. 173.1.II del CP puede conducir a una superposición de injustos en la que actos explicables por la tensión que es propia de toda relación laboral, construida a partir de un esquema jerárquico, se conviertan en acciones susceptibles de ser calificadas, siempre y en todo caso, como delictivas. Una labor interpretativa que no fuera cuidadosa con esta exigencia, que es inherente a los principios que legitiman la aplicación de la ley penal, alentaría la confusión sobre el alcance de un precepto en el que se vuelcan elementos normativos de visible amplitud"( STS 426/2021).

Asimismo, el Tribunal Supremo, en su Sentencia 426/2021, deja sentado que: "Parece claro que el carácter hostil o humillante de determinados actos no puede fijarse atendiendo exclusivamente a la percepción personal que tenga la víctima acerca de la hostilidad o humillación que puedan encerrar las decisiones que le afectan. En el juicio de subsunción hemos de operar con parámetros que, aun sin vocación de universalidad, sean ponderados conforme a criterios aplicables a la generalidad de los trabajadores".

En atención a lo expuesto, en el presente caso, del relato de los hechos que se declaran probados en la sentencia apelada, si bien se infiere la existencia de una situación laboral tensa y que entre las partes ha habido discrepancias a nivel profesional, no se acredita que los acusados hayan propiciado un escenario permanente de humillación y hostilidad que pudiera afectar a la dignidad de la denunciante, ocasionándole la pérdida de su propia autoestima, así como tampoco que las decisiones del director y de la gobernanta excedan de sus facultades de dirección ni tengan por objeto desalentar el ánimo de la trabajadora. Tampoco se infiere que se obligase a Dª Loreto a desempeñar tareas impropias de su estatus laboral.

De todo lo cual se colige que, contrariamente a lo que afirman la recurrente y el Ministerio Fiscal, los hechos que se declaran probados no reúnen los elementos que requiere el tipo penal de acoso laboral del art.173 CP, por el que se ha formulado acusación.

En consecuencia, no se acepta por este Tribunal la justificación en que se apoya el recurso y en el escrito del Ministerio Fiscal, toda vez que la fundamentación jurídica de la resolución combatida se considera correcta, y esta Sala no advierte que el Juzgador de instancia haya incurrido en insuficiencia o falta de racionalidad en su motivación fáctica, ni apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia, ni omisión de todo razonamiento sobre las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia.

Teniendo en cuenta lo que antecede, este Tribunal considera que no concurren los requisitos necesarios para apreciar la nulidad de la sentencia interesada por los apelantes y por consiguiente, el motivo alegado ha de ser desestimado.

CUARTO.- Conforme al art.240..1 LECrim, se declaran de oficio las costas causadas en esta alzada.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS