Sentencia Penal 36/2025 Audiencia Provincial de Guadalajara Civil-penal Única, Rec. 631/2024 de 31 de marzo del 2025

PRIMERO.-Resumen de antecedentes.-

Las presentes actuaciones se incoaron por atestado de la Guardia Civil en razón e la denuncia presentada por el Sr. Mariano, denunciando unas coacciones por razón de lindes, situando el primer incidente en Navidades de 2021, hasta el día de hoy, señalando que no puede pasar a un terreno, habiéndose vallado con piedras del terreno del denunciante.

Con fecha de 20 de octubre de 2022, se incoa delito leve, requiriendo al denunciante la determinación de la cuantía del terreno, compareciendo en fecha de 26 de abril de 2023, señalando que es de 3500 euros. Y aclarando que denuncia un presunto delito de coacciones por haber bloqueado vallando con muro de piedra el acceso a su finca, y apuntando a otra serie de delitos de amenazas, robo o apropiación indebida, al usar piedras de su terreno.

Por Diligencia de Ordenación se señaló la vista de juicio el día 27 de junio de 2024. Solicitada su suspensión fue acordada, señalándose nuevamente la vista para el día 19.9.2024.

En fecha de 23.9.2024 se dictó sentencia absolviendo a los denunciados de los delitos leves que se les imputaba, declarando de oficio las costas causadas.

Por el Letrado del Sr. Mariano se interpuso recurso de apelación contra la sentencia, sosteniendo que los hechos denunciados son constitutivos de un delito leve de coacciones suplicando a la Sala que tras la tramitación oportuna dicte sentencia en la que, estimando el recurso, revoque la apelada, y dicte otra en la que se condene a la Sra. Adela y al Sr Jose Manuel, como autores de un delito leve de coacciones del artículo 172.3 del Código Penal, a la pena de tres meses multa a razón de seis euros diarios y, como responsabilidad civil prevista en los artículos 109.1 y 112 del mismo cuerpo legal, en concepto de obligación de hacer, a restituir la linde que separa las fincas litigiosas a su estado anterior a la manipulación, tanto en la parte de la valla cerrada con piedra, como en la parte posterior cerrada con valla metálica, con condena en costas de los acusados.

SEGUNDO.-Planteado el recurso en los términos que anteceden y no solicitada la nulidad de la sentencia, no cabría en modo alguno su revocación.

Debe recordarse que el artículo 792, 2 LECR es categórico al afirmar que la sentencia de apelación no podrá condenar al encausado que resultó absuelto en primera instancia ni agravar la sentencia condenatoria que le hubiera sido impuesta por error en la apreciación de las pruebas en los términos previstos en el tercer párrafo del artículo 790.2. No obstante, la sentencia, absolutoria o condenatoria, podrá ser anulada y, en tal caso, se devolverán las actuaciones al órgano que dictó la resolución recurrida. La sentencia de apelación concretará si la nulidad ha de extenderse al juicio oral y si el principio de imparcialidad exige una nueva composición del órgano de primera instancia en orden al nuevo enjuiciamiento de la causa. Y en el artículo 790.2 último párrafo se dice textualmente: " Cuando la acusación alegue error en la valoración de la prueba para pedir la anulación de la sentencia absolutoria o el agravamiento de la condenatoria, será preciso que se justifique la insuficiencia o la falta de racionalidad en la motivación fáctica, el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada".

Por tanto está vedado condenar al acusado que ha resultado absuelto o agravar una sentencia condenatoria fundándose en un error en la valoración de la prueba, y la única opción que deja el precepto por su remisión al artículo 790, 2 LECR , es la declaración de nulidad, bien de la resolución o bien del juicio, cuando la acusación llegue a acreditar que la sentencia incurre en cualquiera de las siguientes deficiencias: insuficiencia o falta de racionalidad en la motivación fáctica; alejamiento manifiesto de las máximas de experiencia; omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia; o declara de forma improcedentemente la nulidad de algún medio de prueba relevante. Y como ha señalado esta Sala en Sentencia de fecha uno de abril de dos mil veinticuatro, "Ahora bien, para poder declararse la nulidad debe instarse por la parte recurrente. La STS 374/2015, de 28 de mayo, señala que la petición de la nulidad es presupuesto necesario para que ésta se pueda acordar más allá de los supuestos en los que se aprecie falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional o vicio grave de la voluntad de los integrantes del órgano judicial causado por violencia o intimidación.

No obstante, en alguna ocasión se ha admitido por el Tribunal Supremo la posibilidad de acordar la nulidad sin expresa petición, cuando la misma sea la consecuencia natural e inevitable de la pretensión impugnativa (entre otras SSTS 299/2013 de 27 de febrero, 146/2014 de 14 de febrero y 374/2015 de 28 de mayo) propugnando así cierta holgura en la aplicación del artículo 240.2º LOPJ en tanto se asienta la actual panorámica en materia de recursos contra sentencias absolutorias. Sin embargo, tal posibilidad, en la medida en que supone una interpretación extensiva en perjuicio del reo, debe ser observada con cautela.

TERCERO.-En cualquier caso, entendemos que, revisadas las actuaciones, el delito habría prescrito.

La apelación, como recurso pleno ("otorga plenas facultades al Juez o Tribunal ad quem para resolver cuantas cuestiones se le planteasen, sean de hecho o de derecho, por tratarse de un recurso ordinario que permite un novum iudicium" - STC de 29 de noviembre de 1990 y de 27 de febrero de 2003 ) no limita su análisis a las cuestiones suscitadas, sino que se extiende al control de legalidad de las actuaciones, especialmente en materia de orden público, entre cuyo contenido se encuadra la prescripción. La apreciación del instituto de la prescripción, como causa de extinción de la responsabilidad criminal prevista en el artículo 132 del Código Penal , es una cuestión de derecho sustantivo, apreciable de oficio y de orden público. No se trata de una eventual causa de nulidad, sujeta a la normativa prefijada en la Ley Orgánica del Poder Judicial, sino una cuestión que incide en el núcleo de las garantías indisponibles del proceso penal (orden público), causa de extinción de responsabilidad criminal, es decir, declaración obligada de imposibilidad que la jurisdicción penal pueda intervenir y, mucho menos, emitir juicio de reproche alguno".

La prescripción, como decimos, opera ope legis por el mero transcurso de determinados plazos de inactividad procesal en la forma que previene la Ley, y hace que nos encontremos ante una materia de orden público y, por tanto, apreciable directamente de oficio, como es pacífico en la jurisprudencia. Así, la STS de 12 de marzo de 1993 señala que la prescripción significa la expresa renuncia por parte del Estado del derecho a juzgar, en razón a que el tiempo transcurrido borra de alguna manera los efectos de la infracción, institución de carácter puramente material o de derecho sustantivo, ajena por tanto a las exigencias procesales de la acción persecutoria. Razones de orden público, de interés general o de política criminal, unidos a la necesidad de la pena y al principio de mínima intervención, condicionan ese ius puniendi antes dicho. Transcurrido un plazo razonable desde la comisión del delito ( Sentencia de 18 de junio de 1992 ), la pena ya no es precisa para la pervivencia del orden jurídico, ya que no cumple sus finalidades de prevención, además de ser entonces contradictoria con la readaptación social del delincuente. Apreciación de oficio que, por otra parte, es una exigencia del principio de legalidad. Y que puede producirse en cualquier momento del procedimiento, también en la fase de apelación en la que nos encontramos, siempre y cuando se manifieste con claridad la concurrencia de los requisitos que la definen y condicionan.

Y como reiteradamente ha declarado el Tribunal Constitucional ( STC 301/1994, STC 152/1987, STC 157/1990 entre otras) la apreciación del sentido y alcance del instituto jurídico de la prescripción, como causa extintiva de la responsabilidad penal, es una cuestión de legalidad, que corresponde a los órganos judiciales ordinarios y sobre cuya procedencia no puede entrar este Tribunal desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva.

Recordar asimismo que el Acuerdo no Jurisdiccional del Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 26 de octubre de 2010, estableció que" Para la aplicación del instituto de la prescripción , se tendrá en cuenta el plazo correspondiente al delito cometido, entendido éste como el declarado como tal en la resolución judicial que así se pronuncie. En consecuencia, no se tomarán en consideración para determinar dicho plazo aquellas calificaciones jurídicas agravadas que hayan sido rechazadas por el Tribunal sentenciador. Este mismo criterio se aplicará cuando los hechos enjuiciados se degraden de delito a falta, de manera que el plazo de prescripción será el correspondiente a la calificación definitiva de los mismos como delito o falta. En los delitos conexos o en el concurso de infracciones, se tomará en consideración el delito más grave declarado cometido por el Tribunal sentenciador para fijar el plazo de prescripción del conjunto punitivo enjuiciado".

El artículo 131 del Código Penal establece que los delitos leves prescriben al año, y el artículo 132 del mismo texto legal señala que los términos previstos en el artículo precedente se computarán desde el día en que se haya cometido la infracción punible y, a su vez, establece que la prescripción se interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el procedimiento se dirija contra la persona indiciariamente responsable del delito, comenzando a correr de nuevo desde que se paralice el procedimiento o termine sin condena de acuerdo con las reglas siguientes:

1.ª Se entenderá dirigido el procedimiento contra una persona determinada desde el momento en que, al incoar la causa o con posterioridad, se dicte resolución judicial motivada en la que se le atribuya su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito.

2.ª No obstante lo anterior, la presentación de querella o la denuncia formulada ante un órgano judicial, en la que se atribuya a una persona determinada su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito, suspenderá el cómputo de la prescripción por un plazo máximo de seis meses, a contar desde la misma fecha de presentación de la querella o de formulación de la denuncia.

Si dentro de dicho plazo se dicta contra el querellado o denunciado, o contra cualquier otra persona implicada en los hechos, alguna de las resoluciones judiciales mencionadas en la regla 1.ª, la interrupción de la prescripción se entenderá retroactivamente producida, a todos los efectos, en la fecha de presentación de la querella o denuncia.

Por el contrario, el cómputo del término de prescripción continuará desde la fecha de presentación de la querella o denuncia si, dentro del plazo de seis meses, recae resolución judicial firme de inadmisión a trámite de la querella o denuncia o por la que se acuerde no dirigir el procedimiento contra la persona querellada o denunciada. La continuación del cómputo se producirá también si, dentro de dicho plazo, el juez de instrucción no adoptara ninguna de las resoluciones previstas en este artículo.

3. A los efectos de este artículo, la persona contra la que se dirige el procedimiento deberá quedar suficientemente determinada en la resolución judicial, ya sea mediante su identificación directa o mediante datos que permitan concretar posteriormente dicha identificación en el seno de la organización o grupo de personas a quienes se atribuya el hecho.

En el presente caso, el plazo de un año había ya transcurrido en el momento en que se celebra el juicio, por cuanto la denuncia se presentó en el 2022, y revisadas las actuaciones no tenemos ninguna resolución judicial que dirija el procedimiento contra los denunciados, por cuanto no se recoge su identidad en el auto incoando el juicio, ni siquiera en la diligencia de ordenación que hace el señalamiento, solo en la citación. El órgano instructor, por tanto no ha llegado a dictar dentro del plazo prescriptivo anual correspondiente a los delitos leves ninguna resolución que atribuyera a la persona denunciada participación en los hechos.

La denuncia o la querella constituyen una solicitud de iniciación del procedimiento ( STC 29/2008, de 20-2); no un procedimiento ya iniciado, razón por la que no disponen, por sí solas, de eficacia para interrumpir el plazo de prescripción. Para que esta eficacia se despliegue será necesario "un acto de interposición judicial" o de "dirección procesal del procedimiento contra el culpable" ( STC 63/2005, de 14-3).

Lo expuesto en el párrafo precedente no significa que la interposición de la querella o de la denuncia por un tercero carezca de efectos interruptivos, siempre que se den las condiciones legalmente establecidas. Por otro lado, no puede considerarse que la aparición de los nombres entre los datos consignados por el sistema informático en los autos dictados colme las garantías de la imputación, pues queda extramuros de la resolución y de la decisión judicial, se trata de referencias que aporta el sistema a título informativo e identificativo, sin valor jurídico, como señala la Sentencia de la Sección tercera de la Audiencia Provincial de Murcia de fecha 21 de noviembre de 2023. Y también señalaba la Sección tercera de la Audiencia Provincial de Murcia, en resolución de nueve de octubre de 2024, "No puede considerarse que la aparición del nombre del apelante entre los datos consignados por el sistema informático en dichos autos colme las garantías de la imputación, pues queda extramuros de la resolución y de la decisión judicial, se trata de referencias que aporta el sistema a título informativo e identificativo, sin valor jurídico. E igualmente son ineficaces las menciones de las cédulas de citación expedidas, no son resoluciones judiciales.». No sería por tanto hasta el acto del juicio donde se dirigiría el proceso formalmente frente a los denunciados. Procede por tanto declarar la prescripción de la acción penal por el delito por el que se incoaron las actuaciones, sin necesidad de adentrarnos en el análisis del recurso formulado.

Debe pues considerarse prescrito el delito y conforme a lo dispuesto en el art. 130.1 6º del Código Penal, entenderse extinguida la responsabilidad criminal, no resultando ya necesario resolver sobre el resto de los motivos invocados en el recurso.

Traemos a colación, por su claridad, la sentencia de la Sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo, de veintinueve de abril de 2024, en la que con relación a un delito leve de daños señalaba: "Partiendo de la comisión de un delito leve de daños, a efectos de determinar la prescripción del mismo, no se cuestiona que la fecha de comisión de los hechos es el 17 de enero de 2020 que constituye el diez a quo, y que incoada la causa el procedimiento no se dirige frente al investigado hasta que por Providencia de 8 de febrero de 2021 se acordó recibirle declaración como investigado.

El artículo 132 CP dispone que la prescripción se interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el procedimiento se dirija contra el culpable, y que se entenderá dirigido contra una persona determinada desde el momento en que se le atribuya su presunta participación en un hecho que puede ser constitutivo de delito.

Por tanto, se entiende que el procedimiento se dirige contra el investigado cuando se dicte una resolución judicial en la que, inequívocamente, se le atribuya esta condición, es decir un acto procesal dirigido contra el culpable, de manera concreta e individualizada.

La interposición de la denuncia o la querella constituyen una solicitud de iniciación del procedimiento, razón por la que no disponen, por sí solas, de eficacia para interrumpir el plazo de prescripción, a salvo de lo dispuesto en el propio artículo 132. Para que esta eficacia se despliegue será necesario "un acto de interposición judicial", es decir que el procedimiento se dirija contra el denunciado o querellado,.

Lo expuesto en el párrafo precedente no significa que la interposición de la querella o de la denuncia por un tercero carezca de efectos interruptivos, siempre que se den las condiciones legalmente establecidas. En tal sentido, la STS de 31 de marzo de 2017 , señala que "no solo gozan de esa cualidad los autos que admiten a trámite una denuncia o querella a los que se refiere el artículo 132 CP en otros apartados, sino otras resoluciones judiciales diversas que por su propia naturaleza exigen una ponderación de los motivos que permiten sostener que se ha cometido un hecho delictivo y atribuir a una persona determinada participación en el mismo. En este sentido, La STS 885/2012 de 12 de noviembre , que afirmó que resoluciones tales como el auto de intervención telefónica, el que autoriza un registro domiciliario, o el que ordena una detención, entre otros, son actos judiciales potencialmente aptos para interrumpir la prescripción, en tanto que manifiestan una resolución judicial motivada en la que se atribuye a un sospechoso su presunta participación en el hecho delictivo que se encuentra siendo investigado o que va a serlo.

En definitiva, lo que ha de entenderse por dirección del procedimiento no es un acto judicial estricto de imputación, o lo que es lo mismo la atribución de la condición de sujeto pasivo de una pretensión punitiva, que aún no se ha ejercitado formalmente, sino que basta con la atribución indiciaria de su presunta participación en un hecho, que se está investigando o que se comienza a investigar en tal momento."

Pues bien, del examen de las actuaciones resulta que en el auto de incoación de diligencias previas, en el que se acuerdan diversas diligencias como la declaración del perjudicado y valoración del perjuicio, no se realiza imputación formal de los hechos al investigado, por lo que si bien la declaración del perjudicado u otras diligencias podrían tener virtualidad interruptiva, ello sería así siempre y cuando con anterioridad la causa se halla dirigido de alguna forma contra el acusado, lo cual no aconteció hasta pasado más de un año desde el transcurso de los hechos, por lo que la prescripción está correctamente apreciada.".

Y en este mismo sentido, la Sección sexta de la Audiencia Provincial de La Coruña, en resolución de siete de septiembre de dos mil veintitrés establecía: "Los delitos leves prescriben al año ( artículo 131.2 del Código penal ). El cómputo del plazo de prescripción se realiza desde que se haya cometido la infracción punible y se interrumpirá cuando el procedimiento se dirija contra la persona indiciariamente responsable del delito, lo que legalmente se entiende que ocurre desde el momento en que, al incoar la causa, o con posterioridad, se dicte resolución judicial motivada en la que se le atribuya su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito. El cómputo del plazo de prescripción comenzará a correr de nuevo desde que se paralice el procedimiento ( artículo 132 del Código penal ).

En el presente caso, como destaca la resolución recurrida, los hechos objeto del proceso tuvieron lugar el día 7 de noviembre de 2021. Se acordó incoar diligencias previas en auto de 17 de noviembre de 2021. Esa resolución judicial no interrumpió la prescripción: no atribuyó la presunta participación en un hecho delictivo a ninguna persona. En auto de 9 de noviembre de 2022, dictado cuando ya había transcurrido más de un año desde los hechos, se reputaron delito leve, sin identificar la persona contra la que se dirigía el procedimiento. La primera identificación de esa persona por el juzgado se produjo en la cedula de citación expedida el 14 de noviembre de 2022, en cumplimiento del auto de la misma fecha.

El plazo de prescripción no se interrumpió como consecuencia de la identificación del denunciado en la denuncia. No se dictó la resolución judicial motivada dentro del plazo de seis meses de suspensión al que se refiere la regla segunda del artículo 132.2 del Código Penal .

El transcurso de más de un año desde los hechos hasta la primera resolución judicial que en la que se le atribuyó su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito al denunciado determina la prescripción del delito leve. El plazo de prescripción no se interrumpe por la práctica de otras diligencias cuando la atribución judicial de la participación no se produjo."

TERCERO.-Apreciada la prescripción, no procede hacer especial pronunciamiento en materia de costas procesales.

Vistos los artículos citados y demás de pertinente aplicación