Sentencia Penal 10/2025 Audiencia Provincial de Segovia Civil-penal Única, Rec. 3/2024 de 05 de marzo del 2025

PRIMERO.-Debe comenzarse esta sentencia por precisar el objeto de enjuiciamiento, los hechos punibles por los que son acusados las dos personas que han sido juzgado. Lo que no resulta fácil a tenor de la redacción del escrito de calificación provisional, elevado a definitivo, de la única acusación formulada, que es la de la acusación particular. Toda vez que el fiscal pidió el sobreseimiento en su calificación provisional, que ha elevado a definitiva en el acto del juicio. El art. 781 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal comprenda los extremos del art. 650. Este prescribe que el escrito de calificación "se limitará a determinar en conclusiones precisas y numeradas" en el apartado 1º "los hechos punibles que resulten del sumario", en este caso diligencias previas.

No respeta esta exigencia el escrito que ha determinado la apertura de juicio oral, la conclusión primera ocupa 21 páginas en las que se hace un relato abigarrado y confuso que contrasta sobremanera con los hechos que plasma el auto de procedimiento abreviado. Que es el auto que delimita el objeto de la acusación, y que a su vez ha de ajustarse a lo que haya sido objeto de la instrucción, a aquello sobre lo que ha tenido que ser necesariamente interrogado el investigado en los términos del art. 775 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es exigencia del art. 779.1.4 ese auto "contendrá la delimitación de hechos punibles".

Así delimitó los hechos punibles el instructor:

"De lo actuado se desprende que los investigados Arsenio y Daniela, actuando de común acuerdo y utilizando engaño bastante, obtuvieron disposiciones patrimoniales del querellante, desde el año 2008 hasta 2017, por un importe de 416.547,69 euros. Los investigados no han devuelto la totalidad de dicha cuantía al querellante.

El investigado, Arsenio, como socio de la sociedad DIRECCION000, confeccionó a través de la empresa TRAGSA de la que era empleada la investigada Daniela, libros de facturas del año 2017, que presentó ante la Agencia Tributaria, que no reflejaban la situación económica de la entidad, al contener datos falsos. Además, confeccionó facturas relativas a pagos efectuados por la entidad mercantil, emitidas por él, que no han sido declaradas en Hacienda.

El investigado desde la constitución de la sociedad DIRECCION000 en 2016 hasta 2018 se apropió para si de aproximadamente 74.000 euros de la sociedad mercantil, causándole a la entidad y los socios un perjuicio económico"

Cabe entender que los escritos de acusación sean más extensos por más detallados sin ampliar los hechos punibles describan algo más los hechos punibles. Pero en este caso el escrito se extiende en multitud de sucesos y apreciaciones que confunden y que complican la comprensión del mismo. Habla de las relaciones entre acusador y acusado, de su relación familiar, de cómo desde 2008 a título personal y desde 2016 ó 2017 a una empresa constituida por ambos, vino haciendo transferencias de dinero, entregas en metálico, avalando en créditos, todo ello para una granja de gallinas del querellado primero, luego de la sociedad; explica como en 2016-2017 conciertan la compraventa de una nave del acusado sí como la constitución de una sociedad y pactos privados, sociedad de la que ambos serían administradores y gestionada por el acusado; describe sus intenciones, sus preocupaciones, vicisitudes de la sociedad como compras de gallinas, dice que la gestión de la explotación la llevaba el acusado, impidiéndole a él la gestión, negándole acceso, inflando gastos, sin aportar soportes documentales a la gestoría, realizando gastos no reales, inserta mediante el copia y pega dos o tres páginas de líneas apretadas con disposiciones realizadas por el querellado, ya acusado, en las cuentas de la sociedad. Recoge cuadros con trasferencias hechas por el a la sociedad, notificaciones recibidas por deuda del acusado por el Ibi de la nave en contra de lo manifestado en la escritura de venta, que inserta escaneada; refiere reclamaciones por carta y por teléfono de su parte al querellado, reclamaciones recibidas por él por prestamos avalados; expone que se han presentado cuentas del ejercicio 2017 sin haber sido aprobadas, con certificación de haberlo sido; expone el cotejo del libro de facturas que le facilitó la gestoría que le habría dicho que no tenía soportes documentales, y que cotejado con el libro de facturas que habría entregado a la Agencia Tributaria se aprecian diferencias que reseña en tablas insertadas en cuya interpretación se extiende, así como analiza gastos como parking, combustible, teléfono, comidas, que la agencia tributaria considera no deducibles; vuelve sobre el pacto de socios y su incumplimiento; describe otras 10 facturas; alude a las facturas aportadas en instrucción por el querellado, emitidas por el mismo como persona física y jurídica contra la sociedad, que no aparecen en contabilidad ni en las aportadas a la hacienda.

Este bosquejo, que no intenta ser completo ni exhaustivo ni desde luego ordenado, se recoge para hacer ver la dificultad de entender el relato en orden a integrar tipos penales y autoría.

La acusación encuentra en ese relato cinco delitos. Delito de estafa agravada del art. 248 y 250.1.5º y 1.6º del Código Penal. Delito societario del art. 290 del Código Penal. Delito de apropiación indebida del art. 253.1 del Código Penal en relación con el art. 250 del mismo. Delito de falsedad en documento privado del art. 395 del Código Penal. Y delito de falsificación de certificados del art. 399.1 y 2 del Código Penal.

La singularidad del escrito dio lugar a que el Presidente de esta Audiencia y del juicio, en su inicio, pidiera al letrado de la acusación a la vista del escrito de acusación particular y dado que los hechos son veintiuna páginas que concretara en qué momento, en qué hechos se refiere cada uno de esos cinco delitos por los que acusa, que parte de los hechos considera que constituyen cada uno de los delitos o si todos considera que son todos los delitos, porque no estaba numerado de ninguna manera, qué hechos son los que constituyen el delito de estafa, qué hechos son los que constituyen delito societario, que hechos son los que construyen apropiación indebida, que hechos delito de falsedad en documento privado y que hechos falsificación de certificación.

La respuesta fue que los hechos que constituyen estafa están constituidos por las disposiciones patrimoniales; los hechos que constituyen el delito societario consisten en la aportación de contabilidad que supuestamente es falsa tanto a la Agencia Tributaria, como posteriormente en fase de instrucción la aportación de determinadas facturas que se dice que constituyen los gastos que justifican las disposiciones que se han hecho; el delito de apropiación indebida consistiría en las disposiciones patrimoniales que se han hecho por importe de cerca de 74.000 euros de las cuentas de la sociedad formada por querellante y querellado y otros 7.000 euros que se producen por devolución de la Agencia Tributaria, que son dispuestos por el querellado; falsedad en documento privado sería la aportación de las facturas en fase de instrucción para justificar las disposiciones de cerca de 74.000 euros; y el delito de falsificación de certificados sería la falsificación del certificado que se aporta al Registro Mercantil.

En este delimitar el objeto de este juicio hay que precisar que no se ha formulado acusación por delito de administración desleal, ni en la calificación provisional ni en el acto del juicio. Tal como puso de relieve el fiscal en su informe, por más que luego la defensa informara también en contra de la concurrencia de este delito, como ya había argumentado en su escrito de calificación. Lo que hace innecesario el análisis de este delito en esta sentencia, ni en hechos ni en derecho.

SEGUNDO.-Analizaremos la acusación delito por delito, al hilo de este análisis se realizará la justificación del relato de hechos probados, por razón de orden.

Se funda la acusación por el delito de estafa en las disposiciones patrimoniales del querellante Cesareo a su pariente lejano y amigo el acusado Arsenio, desde el año 2008 hasta 2017, a título personal. La acusación se dirige contra Arsenio y contra su mujer, Daniela.

El delito de estafa tal como se configura en el artículo 248 del Código Penal requiere en primer lugar la utilización de un engaño bastante, que produzca error en otro, que le induzca a realizar un acto de disposición, y que le produzca un perjuicio.

Se han declarado probadas las disposiciones, acreditadas documentalmente y en realidad no discutidas, aunque en algunos pasajes de las declaraciones del acusado y del querellante en el acto del juicio podría haber lugar a la duda acerca del importe anterior a 2016, el acusado habla de que era del orden 182.000 euros y el querellante en una de las respuestas que dio a la defensa pareció dar por buena esta cifrar. No obstante se han consignado como probadas las cifras de la acusación, respaldadas por la documental aportada por no cuestionadas por la defensa, no hay razón para apartarnos de esa cifra, máxime habida cuenta que carece de relevancia jurídica pues la sentencia será absolutoria por lo que se dirá.

Estas disposiciones no son fruto de ningún engaño, ni maquinación, sino efecto de la voluntad libre y consciente del querellante. El relato de la acusación no describe ningún engaño ni maquinación, es inviable en sus propios términos. "Con motivo de la relación de parentesco y confianza expuesta", se explicaba la primera de las trasferencias. Le "convenció", se dice en la segunda. Le "solicitó", se dice en la tercera. "Fue convenciendo" se dice después. No hay la menor sombra de sospecha ni base para la misma. Es de destacar que el querellante tiene mucha más preparación en orden financiero que el querellado. Año tras año fue entregando dinero. Y siguió entregándolo en 2016 y 2017, cuando ya había concertado el pacto de socios y habrían acordado compartir actividad.

No consta probado que hubiera perjuicio, el relato de la acusación explica cómo se cobró la deuda, se quedó con la mitad de las naves y participó al cincuenta por ciento en el negocio de gallinas, formando una sociedad. Que esa sociedad no tuviera el resultado deseado y sus causas no es tan relevante a estos efectos como el que se cobró la deuda, al menos la que existía en 2016. Tan se la cobró que a mayores hubo de pagar 120.000 euros del precio convenido por la nave y el negocio, de 400.000 euros. Este es su relato y se ha considerado probado.

Argumenta que la nave no tenía el valor que se le dio, porque la mitad indivisa del acusado fue subastada y quedó desierta la subasta, años después. Que esto haya podido ser así nada prueba, si se considerase que el valor de la nave es algo relevante debió proponerse tasación pericial. Por lo demás, queda fuera de la propia tesis acusatoria de la estafa el complejo de pactos de 2016 para poner en común naves y negocio.

Ni engaño ni perjuicio, en el caso de Arsenio.

En el caso de Daniela cabe añadir que en la descripción de la acusación no se le atribuye ningún papel activo en la obtención de las disposiciones patrimoniales, el relato es claro en el sentido de que el destinatario del dinero era Arsenio y que las disposiciones se hacían de común acuerdo entre Arsenio y Cesareo. Que algunas de las disposiciones hayan sido a una cuenta titular de Daniela no es razón suficiente para tenerle como autora o responsable penalmente del supuesto delito de estafa. El beneficiario o partícipe a título lucrativo no es responsable penal, sino en su caso estaría obligado a restituir, ex art. 122 del Código Penal.

TERCERO.-En segundo lugar, se formula acusación por delito societario del art. 290 del Código Penal, que castiga a los administradores que falsearen cuentas anuales o documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la sociedad, de forma idónea para causar perjuicio económico a la misma o a alguno de sus socios o a un tercero.

Se funda esta la acusación en la contabilidad supuestamente falsa que se dice aportada tanto a la Agencia Tributaria, como posteriormente en fase de instrucción la aportación de determinadas facturas.

El tipo habla de cuenta anuales u otros documentos que reflejen situación jurídica o económica de la sociedad. En los hechos probados ha quedado establecido que las cuentas anuales no fueron aprobadas. Pero existen, están depositadas en el Registro Mercantil. Las elaboró el gestor, con las facturas que le habían sido aportadas. Así lo ha declarado el gestor en juicio, y consta acreditado documentalmente, documento 131 de la querella. Nadie ha sostenido que esas cuentas estén falseadas, tampoco que fueran falsas las facturas en base a las que se formuló. Ni se ha intentado pericial que trate de acreditarlo. Por lo demás, el libro de facturas recibidas no integra el tipo penal del art. 299 del Código Penal pues no refleja la realidad jurídica o económica de la sociedad, recoge un aspecto muy concreto de la misma, las facturas recibidas. Estas pueden ser falsas, pero aún de serlo no integrarían este tipo, sino el de falsedad.

El libro de facturas recibidas que algún tiempo después entregó el acusado ante la Agencia Tributaria en la inspección por las declaraciones de IVA de 2017 no es falso porque no coincida punto por punto con el libro que manejó el gestor. No tendría sentido el requerimiento de subsanación, si solo se pudiera aportar lo que ya se había presentado en las declaraciones de IVA bajo pena de falsedad. Ni es falso por no coincidir, ni deja de válido por no coincidir, la Agencia Tributaria analizará unas y otras y dirá lo que proceda.

En cuanto a las facturas aportadas en instrucción, no pueden integrar ese delito, son facturas que no se recogieron en la contabilidad, no son documentos que deban reflejar la situación de la sociedad. Son facturas que emite a título personal el acusado Arsenio, recogen trabajos que dice haber efectuado por cuenta de la empresa aparte de su relación laboral y societaria. Supuesto que fueran falsas, no serían este delito del art. 290, no las emite como administrador de la sociedad, sino a título personal.

CUARTO.-Esta es la base del cuarto delito imputado, el de falsedad en documento privado del art. 395 del Código Penal en relación con el art. 390.1 y 2 del mismo.

El delito del art. 395 del Código Penal castiga al que para perjudicar a otro cometiere en algún documento privado alguna de las falsedades de los tres primeros números del apartado 1 del art. 390. Como los documentos que se dicen falsos son facturas sería más bien aplicable el art. 392, que castiga con pena mayor las mismas falsedades cometidas por particular en documento mercantil.

Despenalizada la falsedad ideológica en particulares, ya que tanto en el art. 392 como en el 395 se ha excluido el apartado 4º del art. 390.1, "el faltar a la verdad en la narración de los hechos", la jurisprudencia tiene establecido que la confección completa de un documento mendaz que induzca a error sobre su autenticidad e incorpore una secuencia simulada e inveraz de afirmaciones con trascendencia jurídica, a modo de completa simulación del documento, que no tiene ni puede tener sustrato alguno en la realidad, elaborado con dolo falsario, debe ser considera la falsedad que se disciplina en el art. 390.1.2º del Código Penal.

No cabe admitir que las facturas aportadas durante la instrucción encajen en este tipo penal, no está probado que no respondan a la realidad. Los argumentos de la acusación son meramente formales, no abordan la realidad de las facturas, la realidad de los trabajos facturados. Se dice que son facturas elaboradas a posteriori para justificar dinero salido de las cuentas de la sociedad. Porque son correlativas, no ha tenido ningún otro tipo de ingreso, prácticamente de las mismas fechas todas, ninguna de ellas ha sido declarada ni en la contabilidad que ha presentado en el Registro Mercantil ni en la documental que presenta ante la Inspección de la Agencia Tributaria, ni en el modelo 347, tal y como consta en las actuaciones, no ya solo el de la sociedad, sino en el suyo propio, ni tampoco la declarada en su declaración de la renta. Pero nada de esto es suficiente. Lo relevante es si esos trabajos y conceptos se realizaron por el acusado o no. El acusado no se limitó aportar facturas, aportó fotografías y documentos que avalaban la descripción de los trabajos y conceptos, en el fichero comprimido del a. 247. Son suficientes para justificar que las facturas tiene anclaje en la realidad, que tienen sustrato real. La acusación no ha tratado de desvirtuar ese anclaje, se ciñe a la regularidad contable y fiscal. No niega la realidad de los trabajos ni pretende que sean trabajos obligados por su vínculo con la sociedad.

Con las cuestiones formales alegadas puede poner de relieve irregularidades fiscales o administrativas o contables, pero no falsedad penal, no absoluta simulación de las facturas, no falta de sustrato real de las mismas. Además, la documental aportada por el querellado recoge justificación gráfica, que se corresponde con los trabajos descritos en las facturas, datos concretos y reales, conceptos singulares, fotografías que no han sido cuestionadas ni desvirtuadas en el acto del juicio.

En este delito también se acusaba a Daniela, porque se dice "Don Arsenio confeccionó a través de la empresa en la que trabaja la también querellada Doña Daniela, TRAGSA, los libros de facturas y se los entregó a la gestoría para su aportación a Hacienda". Nada se le preguntó en juicio sobre estas facturas, ni sobre ninguna otra. No tiene sentido esta acusación. Aun cuando hubiese sido ella la que hubiese elaborado estas facturas u otras, no sería bastante para reputarla autora del delito de falsedad. Es irrelevante el instrumento del que se haya valido Arsenio para elaborar las facturas. Como queda patente en la frase que acabamos de trascribir del escrito de acusación en que también se refiere la intervención de la gestoría en un plano similar al de Daniela, y no se le acusa. De las facturas que emite Arsenio responde Arsenio, las haya hecho él o no, y no responde quien las haya hecho.

QUINTO.-El tercer delito del que se acusa es el de apropiación indebida, del art. 253.1 del Código Penal, en relación con las disposiciones patrimoniales que se han hecho por importe de cerca de 74.000 euros de las cuentas de la sociedad formada por querellante y querellado y otros 7.000 euros devueltos por la Agencia Tributaria.

No ha quedado probado el delito, no ha quedado probado que el acusado Arsenio haya dispuesto para si de dinero de la sociedad. Las disposiciones de cerca de 74.000 euros que se dicen son la totalidad de las disposiciones de las cuentas, realizadas por quien llevaba la gestión de la sociedad, quien pagaba las facturas y las llevaba a la gestoría, en una sociedad que estaba en funcionamiento, con ingresos y pagos, sociedad de reciente creación y sin fuentes de capital conocidas. El socio querellante tenía pleno conocimiento de los movimientos pues tenía acceso a las cuentas, además de ser administrador, y con ese conocimiento hacía ingresos para realizar según ha manifestado y acreditado documentalmente. No se ha realizado una pericial sobre las cuentas de la sociedad que, aun no aprobadas, existen, para verificar si efectivamente falta dinero de la misma. Además, las facturas emitidas por el acusado contra la sociedad, que no son falsas según ha quedado antes dicho, justifican las disposiciones realizadas por sus importes.

Y, en cualquier caso, esta es una sociedad ciertamente singular desde su génesis, marcadamente por el pacto de socios de 14 de diciembre de 2016, aportado como documento 101 de la querella de modo incompleto, que se ve completo en el acontecimiento 254 que se corresponde con la descripción que del mismo ofrece la acusación, en lo que recoge. Es singular que mientras que al constituir la sociedad se nombren dos administradores solidarios en el pacto privado se pacta que actuén de modo mancomunado para cuestiones tan básicas como gastos superiores a 300 euros. Buena parte de la queja del querellante es que el acusado no se ajustaba a esta regla. Pero se pactaba como proceder ante ese evento, como también se pactaba como proceder ante el evento de que un socio dispusiera de fondos de la sociedad para su uso personal. Quiere esto decir que ese pacto de socios permitía el disponer de fondos para su personal. Lo que excluye el delito de apropiación indebida, los socios se permitían ese disponer, bien que con la obligación de restituir doblada la cantidad en quince días. Que es consecuencia civil, no penal. Supuesto que se hubiera acreditado esa disposición, que no ha quedado probado.

SEXTO.-Hemos analizado pues, cuatro de los delitos, procede la absolución en todos ellos.

Resta por analizar el quinto delito. La falsificación de certificados del art. 399 del Código Penal. Que es un delito leve. Así resulta de la interpretación conjunta del art. 399, del art. 33.1, 3j) y 4g) y del art. 13 de Código Penal.

El art. 33.1 establece que en función de su naturaleza y gravedad las penas se clasifican en graves, menos graves y leves.

El art. 33 en su apartado 3.j) establece que son penas menos graves la multa de más de tres meses.

El art. 33 en su apartado 4.g) establece que son penas leves la multa de hasta tres meses.

El art. 399 señala para la falsificación de certificados la pena de multa de tres meses a un año.

El art. 13 establece en su apartado 2 que son delitos menos graves los que tienen penas menos grave, el apartado 3 que son delitos leve lo que tienen pena leve. Y el apartado 4 prevé que cuando por su extensión la pena pueda considerarse como leve y como menos grave el delito se considerará en todo caso como leve.

Multa de tres meses es pena leve, porque leve es la multa hasta tres meses. Multa de un año es pena menos grave porque es de más de tres meses.

Por tanto, la pena del art. 399 en su extensión puede considerarse leve y menos grave. Ergo, en todo caso se considerará leve.

La prescripción de delitos leves es de un año, art. 131.1 in fine. En el curso de la larga instrucción no se ha realizado ninguna diligencia útil en orden a este delito, más allá de la aportación del documento que incorpora la certificación en cuestión, documento 131 de la querella. De haberse tramitado separadamente, el juicio se hubiera celebrado en 2019 exactamente que el celebrado tras la larga instrucción. Ni siquiera se ha practicado prueba pericial en este procedimiento. Quiere esto decir que no se ha realizado ninguna diligencia que interrumpa la prescripción con respecto al mismo. De haber sido condenado el acusado Arsenio por algún otro delito, el tiempo de la prescripción sería el de ese otro delito y la interrupción también. Pero como no ha sido así, ha de declararse prescrito por haber transcurrido más de un año desde la comisión del supuesto delito, en junio de 2018.

Por lo demás, en autos no consta la certificación supuestamente falsificada, no se ha buscado la misma. Se construye la acusación sobre la base de un documento escaneado e incorporado a las cuentas anuales por el gestor, según declaró como testigo, se lo habría firmado y entregado firmado Arsenio. Es probable que tenga razón la acusación y que le fuera entregado firmado por el acusado Arsenio, pero no se puede afirmar con la certeza que se requiere en juicio por delito. Cuando le preguntó la acusación contestó en primera persona del singular, se lo di, me lo devolvió, pero luego a preguntas del fiscal habló en primera persona del plural, a todas las empresas, nosotros le damos, nos lo devuelven, lo escaneamos, describiendo la forma usual de trabajar. Que como toda forma usual admitiría excepciones. En el curso del interrogatorio sobre algunas cuestiones dijo no poder responder con certeza por el tiempo transcurrido, habiendo transcurrido el mismo tiempo para todo lo que le fue preguntado, sin dar razón de la diferencia entre la posible certeza en unos puntos y falta de certeza en otros. Esto, unido a que no se ha recabado el original, que es el documento que se habría falsificado y que no obra en autos, y que no se ha aportado por la acusación una pericial que determine que esa firma escaneada en el documento que se ha aportado fue efectivamente realizada por el acusado Arsenio deja abierta un resquicio para la duda de que no fuera así, que rutinariamente se hubiera hecho de otro modo, sin recabar la firma personal de Arsenio. Por eso no hemos declarado probado que esa certificación escaneada hubiera entregada por Arsenio firmada.

Por lo que también debe ser absuelto de este delito.

SÉPTIMO.-En cuanto a las costas, los acusados absueltos no pueden ser condenados a su pago. Pero tampoco procede declarar todas de oficio, puesto que hay que entender que el querellante ha actuado con temeridad o mala fe en cuanto a la acusación articulada contra Daniela, a la que se han atribuido dos delitos, uno de falsedad y otro de estafa, sin fundamento según ha quedado establecido. Siendo que acusa a Arsenio de cinco delitos y a Daniela de dos, se le imponen dos séptimas partes de las costas, y se declaran cinco séptimas partes de oficio.

Vistos los arts. citados y demás de general y pertinente aplicación,