Sentencia Penal 124/2025 Audiencia Provincial Penal de Málaga nº 1, Rec. 87/2025 de 17 de marzo del 2025

PRIMERO.-Frente a la sentencia condenatoria dictada por la Magistrada Juez de lo Penal se alza la representación del apelante esgrimiendo como motivo de impugnación error en la valoración de la prueba e infracción del principio de presunción de inocencia que determina una indebida aplicación del articulo 384 CP, alegando que en los hechos probados de la sentencia se consigna una fecha de comisión delictiva errónea, el 21 de enero de 2023 cuando en realidad los hechos según el atestado ocurrieron el 21 de febrero de 2024. Entiende que esta fecha errónea afecta a la valoración de la prueba, pues de haberse tenido en cuenta la fecha real habrían transcurrido ya tres años desde que cumplió la pena de privación del permiso de conducir desconociendo el acusado que para recuperar el permiso debía hacer el curso de sensibilización y reeducacion vial así como superar la correspondiente prueba ante la Jefatura de Trafico. Así mismo alega indefension por indebida denegación de prueba al haberse inadmitido en el juicio oral como documental las resoluciones judiciales donde constaba el cumplimiento de la pena de privación del derecho a conducir a la fecha de comisión de los hechos así como la realización de los cursos de sensibilizacion y reeducacion vial que realizo una vez que fue detenido por la Policia Local de Torremolinos. En ultimo lugar alega error en la correcta determinación de la pena interesando que se imponga la pena de 18 meses de multa con una cuota diaria de 4 euros en lugar de la pena de prisión atendiendo a que no se causo ningún peligro concreto al ser parado en un control aleatorio y a que con posterioridad a los hechos ha realizado el curso de sensibilización para volver a obtener de nuevo autorización administrativa para conducir, lo que supone voluntad de reparar el daño.

Alterando el orden de recurso se comenzara sobre la alegada nulidad por la falta de practica de la prueba consistente en la documental aportada al inicio del juicio. Con carácter previo hay que poner de manifiesto que no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba provoca sin más una vulneración constitucionalmente relevante, siendo datos esenciales para ello: de un lado, que la denegación o inejecución de la prueba sea imputable al órgano judicial ( SSTC núm. 308/2005, de 12 de diciembre, F.4 y núm. 75/2006, de 13 de marzo, F.4) y, de otro, que las irregularidades u omisiones procesales producidas hayan irrogado al demandante de amparo una efectiva indefensión, dado que la garantía constitucional contenida en el art. 24.2 CE abarca únicamente los supuestos en los que la prueba es decisiva en términos de defensa, en el sentido de que de haberse practicado la prueba omitida o de haberse practicado correctamente la admitida, la resolución final del proceso hubiera podido ser distinta y favorable para quien denuncia la infracción del derecho fundamental ( SSTC núm. 142/2003, de 14 de julio, F.8; núm. 123/2004, de 13 de julio, F.5; núm. 308/2005, de 12 de diciembre F.4 y núm. 291/2006, de 9 de octubre, F.2). Por ello, para que pueda apreciarse la vulneración del derecho a la prueba se exige, en primer lugar, que el recurrente haya instado a los órganos judiciales la práctica de una actividad probatoria, respetando las previsiones legales al respecto. En segundo lugar, que los órganos judiciales hayan rechazado su práctica sin motivación, con una motivación incongruente, arbitraria o irrazonable, de una manera tardía o que, habiendo admitido la prueba, finalmente no hubiera podido practicarse ésta por causas imputables al propio órgano judicial. Y en tercer lugar, que la actividad probatoria que no fue admitida o practicada hubiera podido tener una influencia decisiva en la resolución del pleito, generando indefensión al actor ( SSTC núm. 50/1988, de 22 de marzo; núm. 357/1993, de 29 de noviembre; núm. 131/1995, de 11 de septiembre; núm. 1/1996, de 15 de enero; núm. 37/2000, de 14 de febrero; o núm. 1/2004, de 14 de enero, entre otras). Así pues, no existe para el Juez o tribunal la obligación de admitir toda diligencia de prueba propuesta, o, en su caso, a suspender todo enjuiciamiento por imposibilidad de practicar una prueba anteriormente admitida, siendo necesario que el Juzgador de instancia realice una ponderada decisión, valorando los intereses en conflicto: el derecho de defensa, la pertinencia de la prueba propuesta y, en su caso, la necesidad de realizar el enjuiciamiento impidiendo su demora. Es por ello que una adecuada ponderación ha de realizarse atendiendo al doble criterio ofrecido por doctrina jurisprudencial antes mencionada, el de la pertinencia, que exige una relación entre las pruebas y el objeto del proceso, y el de la relevancia, que a su vez presenta un doble aspecto, el funcional, relativo a los requisitos formales necesarios para la práctica y desarrollo de la prueba y de la impugnación y el material, relativo a la potencialidad de la prueba denegada con relación a una alteración del fallo de la sentencia.

En el presente supuesto se advierte en la grabación que la defensa interesó como prueba documental la copia de las resoluciones judiciales donde constaba el cumplimiento de las penas de privación del derecho a conducir a la fecha de comisión de los hechos, no así la certificación administrativa de la realización de los cursos de sensibilización y reeducacion vial a la que ni tan siquiera se alude. La Magistrada Juez de lo penal inadmite la documental considerándola innecesaria al constar en las actuaciones la hoja del SIRAJ actualizada a dicho día. La argumentación dada por la Magistrada es suficiente para desestimar la nulidad planeada, pues efectivamente constando la hoja del SIRAJ actualizada, nada nuevo aportaría las copias de la resoluciones judiciales cuyo contenido es incorporado a dicho registro.

Por tanto, atendido lo expuesto, el motivo de impugnación debe ser desestimado, sin que tampoco resulte procedente en esta segunda instancia la admisión de la documental consistente en la certificación administrativa de haber realizado el curso de sensibilizacion, pues, con independencia de que carece de potencial para alterar el fallo de la sentencia al ser de fecha posterior a los hechos, la misma pudo y debió proponerse en la primera instancia. Por tanto, atendido lo expuesto, el motivo de impugnación debe perecer.

En la medida de que el recurso pretende un revisión de la valoración probatoria realizada en la instancia, conviene recordar que es reiterada doctrina jurisprudencial constitucional aquella que afirma que el recurso de apelación contra las sentencias dictadas por los Juzgados en los procesos penales es un medio de impugnación amplio y pleno que otorga al Tribunal ad quem plenas facultades de pronunciamiento con la finalidad de resolver cuantas cuestiones se planteen, sean de hecho o de derecho, al afirmar que el recurso de apelación es un recurso ordinario que permite un "novum iuditium" ( SSTC núm. 124/83, núm. 145/87, núm. 194/90, núm. 21/93, núm. 120/94, núm. 272/94 y núm. 157/95 entre otras), con la exclusión, eso sí, de toda posibilidad de "reformatio in peius" ( SSTC núm. 15/87, núm. 17/89 y núm. 47/93 entre otras), añadiendo a lo anterior, que nada impide al Tribunal dictar una resolución discrepante a la dictada en primera instancia si, previo análisis de la prueba practicada, se alcanzara una conclusión distinta a la sostenida por el Juez "a quo", pues como advierte el máximo intérprete constitucional en lo que respecta a la subsunción de los hechos en la norma como por lo que se refiere a la determinación de tales hechos a través de la valoración de la prueba el Juez ad quem se halla en idéntica situación que el Juez a quo ( SSTC núm. 172/97, FJ 4º, y en igual sentido, las SSTC núm. 102/94, núm. 120/94, núm. 272/94, núm. 157/95 y núm. 176/95) y, en consecuencia, puede valorar la ponderación llevada a cabo por el Juez a quo ( SSTC núm. 124/83, núm. 23/85, núm. 54/85, núm. 145/87, núm. 194/90, núm. 323/93, núm. 172/97 y núm. 120/99). Sin embargo, pese a que en todo caso debe considerarse posible una revisión normativa de los hechos enjuiciados, no puede sostenerse el mismo planteamiento respecto de determinadas cuestiones estrechamente ligadas a la inmediación, de difícil acceso, donde el Juzgador de la segunda instancia tiene sus facultades revisoras limitadas. Y es que dada la singular autoridad de que goza la apreciación probatoria realizada por el Juez ante el que se celebra el juicio (núcleo del proceso penal y en el que adquieren plena efectividad los principios de inmediación, contradicción y oralidad), único que desde su privilegiada y exclusiva posición puede intervenir de modo directo en la actividad probatoria y apreciar personalmente su resultado (ventajas de las que en cambio carece el órgano llamado a revisar dicha valoración o apreciación en conciencia de las pruebas practicadas en juicio), sólo es posible revisar dicha apreciación probatoria en la medida en que aquélla no dependa sustancialmente de la percepción directa o inmediación que el Juez de instancia tuvo con exclusividad. Es decir, que el juicio probatorio únicamente será contrastable por vía de recurso en lo que concierne a las inducciones y deducciones realizadas por el "Juez a quo", de acuerdo con las reglas de la lógica (haciendo hincapié en si tales inferencias o deducciones han sido llevadas a cabo por el órgano judicial de forma absurda, irracional o arbitraria), pero no en las pruebas de índole subjetiva, donde es decisivo el principio de inmediación (nos referimos a los datos probatorios relativos al lenguaje gestual de un testigo, acusado o perito, a la expresividad en las manifestaciones, al nerviosismo, titubeo o contundencia en las respuestas, tono de voz, tiempos de silencio, capacidad narrativa...), ya que el Tribunal ad quem no puede ni debe revisar la convicción en conciencia del Juzgador de instancia respecto de una prueba que ni ha visto ni ha oído personalmente, en la medida de que la ausencia de inmediación le impide ahondar en la veracidad o credibilidad de los testimonios prestados. Doctrina esta que cobra especial relevancia en los casos de apelación de sentencias absolutoria, pues como recuerda la Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 167/2002 (Pleno), de 18 de septiembre (seguida entre otras por las SSTC núm. 170/2002, de 30 de septiembre, núm. 197/2002, núm. 198/2002 y 200/2002, todas de 28 de octubre, núm. 230/2002, de 9 de diciembre, núm. 41/2003, de 27 de febrero, núm. 68/2003, de 4 de abril, núm. 118/2003, de 16 de junio, núm. 10/2004, de 22 de marzo, núm. 50/2004, de 30 de marzo, núm. 112/2005, de 9 de mayo, núm. 170/2005, de 20 de junio, núm. 164/2007 de 2 de julio, núm. 78/2008, de 11 de febrero, núm. 49/2009, de 11 de febrero, y núm. 118/2009, de 18 de mayo), está proscrita la revocación de sentencias absolutorias o con pronunciamientos menos graves que el solicitado por el recurrente, sobre la base de nueva valoración de las pruebas sin atender a la garantía constitucional de los principios de publicidad, inmediación y contradicción que forman parte del derecho a un proceso con todas las garantías, del art. 24 CE, que impone inexorablemente que toda condena se fundamente en una actividad probatoria que el órgano judicial haya examinado directa y personalmente en un debate público, en el que se respete la posibilidad de contradicción ( SSTC núm. 324/2005, de 12 de diciembre, núm. 24/2006, de 30 de enero, núm. 90/2006, de 27 de marzo, núm. 3/2009, de 12 de enero, núm. 21/2009 de 26 de enero, núm. 119/2009, de 18 de mayo, o núm. 170/2009, de 9 julio entre otras).

De igual modo, en la medida de que la impugnación también se sustenta en la vulneración de la presunción de inocencia, hemos de recordar que tal presunción, en tanto que regla de juicio favorable a la inculpabilidad del reo, se configura en la doctrina jurisprudencial como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo validas, lo que en su vertiente material exige que la certidumbre sobre los datos que conforman la hipótesis acusatoria se funde en prueba de cargo válida, es decir, lícitamente obtenida y practicada con plenas garantías de inmediación publicidad y contradicción inherentes al propio proceso penal, y asimismo suficiente, o lo que es igual, que ofrezca un contenido inculpatorio o incriminador, directo o indirecto, bastante y adecuado para que del mismo se desprenda la realidad de los actos imputados y la participación en los mismos del acusado ( SSTC núm. 33/2000, de 14 de febrero; núm. 171/2000, de 26 de junio), pues es el derecho a la presunción de inocencia no tolera que alguno de los elementos constitutivos del delito se presuma en contra del acusado ( SSTC núm. 87/2001, de 2 de abril ó núm. 1/2006, de 16 de enero), siendo imprescindible que tanto el elemento objetivo como el elemento subjetivo del delito cuya comisión se atribuye hayan quedado suficientemente probados ( SSTC núm. 127/1990, de 5 de julio; núm. 93/1994, de 21 de marzo; o núm. 87/2001, de 2 de abril). Y es que al ser la presunción de inocencia una presunción que versa sobre los hechos, pues sólo los hechos pueden ser objeto de prueba ( SSTC núm. 150/1989, de 25 de septiembre; núm. 120/1998, de 15 de junio), resulta necesario que la prueba de cargo se refiera al sustrato fáctico de todos los elementos objetivos del delito y a los elementos subjetivos del tipo en cuanto sean determinantes de la culpabilidad ( SSTC núm. 127/1990, de 5 de julio, F.4; núm. 93/1994, de 21 de marzo, F.2; núm. 87/2001, de 2 de abril, F.8).

No cabe duda que la sentencia contiene un error material,probablemente de transcripción, al consignar una fecha de los hechos errónea, pues los mismos efectivamente como mantiene la defensa ocurren el día 21 de febrero de 2024 y no el día 21 de enero de 2023. Sin embargo dicho error, que se subsana con al presente resolución no afecta a la valoración de la prueba practicada. No se aprecia que el Juez de lo penal haya incurrido en una valoración de la prueba ilógica o incoherente con la desarrollada en el plenario. La misma puede ser compartida o no por la recurrente pero lo cierto es que resulta plenamente conforme con el material probatorio a su alcance y explica con claridad indudable las razones que le llevan a entender que los hechos responde a los recogidos por la acusación en su escrito de calificación provisional y posteriormente en las conclusiones definitivas.

El art. 384.1 del Código Penal dispone que "El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días. La misma pena se impondrá al que realizare la conducción tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial y al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducir. " Requiere dicho tipo penal conducir un vehículo de motor habiendo perdido la vigencia del permiso de conducir por pérdida total de los puntos o por resolución judicial, y que tal conducta sea dolosa, es decir que el sujeto tenga conocimiento de la antijuricidad de dicha conducta.

De esta forma, partiendo de las anteriores premisas, y dado que en el presente caso la convicción del Juzgador a quo se funda en unas pruebas de marcada índole subjetiva, respecto de las cuales la función revisora de la apelación queda limitada como se ha dicho a contrastar que sus inducciones y deducciones sean acordes a las reglas de la lógica, no se advierte por este Tribunal ni el alegado error en la valoración de la prueba practicada ni tampoco que la misma sea insuficiente para desvirtuar la presunción de inocencia que ampara al recurrente. En ese sentido, frente a la contradictoria declaración del acusado que pese a que manifieste que se equivoco y se arrepiente, declara que pensaba que podía conducir porque la sentencia anterior ya la había cumplido sin que nadie le dijese que tenia que hacer un curso de rehabilitación - pese a conocer la sentencia en al que expresamente se establecía la perdida de vigencia del permiso- el Juzgador a quo, de forma lógica y racional, forma su convicción en orden a desvirtuar la citada presunción de inocencia que le ampara partiendo de una serie de indicios plenamente acreditados que sin duda alguna permiten alcanzar la conclusión de que el hoy recurrente realizó los hechos delictivos por los que ha sido condenado como autor responsable del delito contra la seguridad del trafico. Así, el acusado, tras la sentencia dictada el 9 de mayo de 2017 por el Juzgado de lo Penal nº9 de Málaga por la que se le condenaba por delito de conducción bajo los efectos del alcohol, entre otras, a la pena de privación del derecho a conducir vehículo motor por dos años y 6 meses con perdida de vigencia del permiso, fue condenado en dos ocasiones por conducir sin permiso ( sentencia firme del Juzgado de Instrucción nº3 de Torremolinos de 7 de agosto de 2020 y sentencia firme del Juzgado de Instrucción nº3 de Torremolinos de 10 de octubre de 2023) , la segunda de ellas por hechos cometidos con posterioridad a la fecha de extinción establecida en la liquidación de la condena impuesta en la sentencia de 9 de mayo de 2017 ( 19 de diciembre de 2021) y que ademas le impone una nueva condena de privación del derecho a conducir vehículos a motor por seis meses con fecha de inicio de cumplimiento el día 10 de octubre de 2023 y por tanto aun no extinguida el día de los hechos. De haber estimado el acusado como dice, que ya había cumplido la pena y podía volver a conducir sin realizar ningún curso, carece de sentido y lógica que el mismo se conforme con los hechos y la condena contenidas en la sentencia de fecha 10 de octubre de 2023 dictada por el Juzgado de Instrucción nº3 de Torremolinos por dos delitos contra la seguridad vial siendo uno de de ello conducir sin permiso y también que el mismo reconociera ante la Policia Nacional NUM001 que no tenia carnet como manifestó el Agente en el acto del juicio. En todo caso como se ha dicho antes, a fecha 21 de febrero de 2024, tenia otra pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores impuesta en sentencia firme de del Juzgado de Instrucción nº3 de Torremolinos de 10 de octubre de 2023 por lo que las alegaciones de error de prohibición esgrimidas necesariamente tiene que ser descartadas. Conforme a lo anterior la conclusión lógica no puede ser distinta de la alcanzada en la instancia y de ahí pues que resulte acertada su condena como autor responsable de un delito contra la seguridad del trafico del articulo 384 párrafo 2 del CP.

En ultimo lugar y con carácter subsidiaria alega en el recurso la desproporción de la pena, al haberse optado por la pena de prisión y no por la de multa prevista también para el tipo y que fue aceptada por el acusado. Alega que no causo ningún peligro concreto al ser parado en un control aleatorio y ha que con posterioridad a los hechos ha realizado el curso de sensibilización para volver a obtener de nuevo autorización administrativa para conducir, lo que supone voluntad de reparar el daño.

En este sentido, y con carácter general, conviene recordar que es doctrina constitucional reiterada que la exigencia constitucional de motivación, dirigida a excluir de raíz cualquier posible arbitrariedad permitiendo el control de la actividad judicial de los órganos de instancia por parte del Tribunal Superior, no autoriza a exigir un razonamiento exhaustivo y pormenorizado de todos y cada uno de los aspectos y circunstancias del asunto debatido, sino que se reduce a la expresión de las razones que permiten conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión, su ratio decidendi ( SSTC núm. 14/1991, núm. 28/1994, núm. 145/1995, núm. 32/1996 ó núm. 43/1997, entre otras muchas); y a tal efecto se ha precisado por ( SSTC núm. 193/1996, de 26 de noviembre ó núm. 170/2004, 18 de octubre, entre las más destacadas) que resulta innecesario especificar las razones justificativas de la pena impuesta siempre que éstas pudieran desprenderse con claridad del conjunto de la decisión. Por ello, la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo (SSTS 5 de octubre de 1988, 25 de febrero de 1989, 5 de julio de 1991, 21 de mayo de 1993, 7 de marzo de 1994, 2 de octubre de 1995 ó 12 de junio de 1998), entre otras muchas) tiene declarado que únicamente procederá la revisión de las penas fijadas en la instancia cuando el Tribunal se haya guiado por criterios jurídicamente erróneos o arbitrarios, e igualmente que la fijación de las penas corresponde a la discrecionalidad de los Juzgadores de instancia, no procediendo su alteración en la alzada, salvo que aquellas se aparten de las establecidas en el tipo por el que recae la condena con las circunstancias modificativas pertinentes o salvo que se aprecie manifiesta desproporción, atendidas la gravedad del hecho y la personalidad del culpable.

De esta forma, partiendo de las anteriores premisas y del hecho obvio de que la pena la impone el Juez sentenciador y no la elige el acusado y descendiendo al concreto examen de la resolución recurrida, no se aprecia por este Tribunal falta de motivación en cuanto a la pena a imponer, pues el Juzgador de instancia claramente expone las razones que le llevan a imponer la pena de prisión, no considerando ni mucho menos que tal elección sea errónea o desproporcionada, ya que la Magistrada Juez justifica su decisión, por un lado, en la necesidad de reforzar la prevención general evitando la proliferación de este tipo de conductas y la prevención especial, atendiendo especialmente a la reiteración delictiva que evidencia una conducta deliberadamente rebelde al cumplimiento de la norma, teniendo en cuenta que las penas de multa que se la han impuesto anteriormente por delitos contra al seguridad vial no han producido el efecto resocializador ni han intimado al mismo para no cometer nuevos delitos contra la seguridad vial.

Por tanto, atendido lo expuesto, el motivo de impugnación en tal sentido también debe ser desestimado.

TERCERO.-Conforme al art. 239 LECrim en los autos o sentencias que pongan término a la causa o a cualquiera de sus incidentes deberá resolverse sobre el pago de las costas procesales, pudiendo tal resolución contener uno de los pronunciamientos que establece el art. 240 del mismo texto legal. Por tanto, atendido lo anterior, no existiendo temeridad o mala fe en la interposición del recurso, procede declarar de oficio las costas de esta alzada.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.