Sentencia Penal 160/2025 Audiencia Provincial Penal de Gipuzkoa nº 1, Rec. 612/2025 de 21 de julio del 2025

PRIMERO.- Debate jurídico.-

1.-Con fecha 19 de Junio del 2025, la Ilma Magistrada- Juez que sirve el Juzgado de lo Penal nº1 de Donostia- San Sebastián, ha dictado sentencia en cuyo fallo condenaba a la Sra. Violeta, como autora de un delito de calumnias, a la pena de nueve meses de prisión.

2.-Contra el referido pronunciamiento ha recurrido en apelación la defensa técnica de la acusada en la instancia, interesando la revocación del pronunciamiento condenatorio dictado en la instancia, y su sustitución por un pronunciamiento absolutorio para la persona del acusado.

En concreto, como motivos de apelación se invocan los siguientes:

.- Error en la valoración de la prueba. De la lectura del folio 10 del atestado, en la que consta el texto que publicó la acusada en facebook, se debe colegir que no se estaba imputando la comisión de un delito de lesiones, sino que lo que quería manifestar es su mala experiencia por el trato que le estaba manifestando la Ertzaina en su detención utilizando la fuerza física. No existe animus difamandi como tal, sino la verbalización de una experiencia muy negativa, que ella sintió como una experiencia dolorasa y traumática.

.- Es preciso que se realize la imputación de un hecho delictivo que sea subjetivamente inveraz, con manifiesto desprecio a la verdad y a sabiendas de su falsedad, lo que no acontece en el caso de autos.

De la declaración del agente NUM001 se desprende que hubo de emplearse fuerza para reducir a la investigada, y que hubo que acompañarla al suelo, y que en estas intervenciones por la fuerza solían resultar lesiones. Este acompañamiento excesivo resulta compatible con las lesiones que mostraba Violeta en las fotografías que se difundieron en la red social. Se trata de un parte que se realizó a las 4.52 horas del día 28 de agosto, al acudir al ambulatorio del centro de Irún Estas lesiones también fueron vistas por el agente con número profesional NUM002.

Una de las cuestiones de este juicio es determinar si las lesiones que presentaba eran producto de la fuerza empleada en la detención o surgieron posteriormente. Aunque no se observen las mismas en las fotografías de comisaría, las mismas pueden tardar en aparecer, y oscurecerse, y en relación al resto de lesiones, iba ataviada con un chandal de manga larga, y pantalón largo, por lo que las lesiones no se le pudieron apreciar. El hecho de que no consten en el inicial parte médico se debe a que estaba muy nerviosa, y casi llorando por estos hechos, y la Ertzaina es quién habría debido averiguar el origen de los mismos, abriendo una investigación al respecto, lo que no hizo.

En conclusión, se interesa la revocación del pronunciamiento condenatorio dictado en la instancia, y su sustitución por un pronunciamiento absolutorio.

3.-Evacuado el preceptivo traslado al Ministerio Fiscal, por éste se ha procedido a contestar, formulando expresa oposición a la estimación del recurso interpuesto de contrario.

SEGUNDO.- Error en la valoración de las pruebas.

La revisión jurisdiccional del juicio de hecho en el segundo grado jurisdiccional se incardina en una estructura claramente diseñada por el legislador: error en la apreciación delas pruebas ( art. 795.2 de la L.E.Crim. ). En otras palabras, la exigencia de inmediación y contradicción en la práctica de las pruebas conducentes a corroborar la proposición de hechos ofrecida por cada una de las partes, conlleva que el control del juicio de hecho en el segundo grado jurisdiccional se centre en determinar si los criterios empleados por el Juzgador son conciliables con las exigencias de motivación racional contenidas en los artículos 9.3 y 120.3 de la C.E.

En otras palabras, verificar si el juicio de hecho es compatible con las exigencias de racionalidad en la determinación del sentido específico de los medios de prueba desplegados en el proceso. Extramuros del discurso de la estructura racional del razonamiento del Juzgador queda, por tanto, la cuestión referida a la credibilidad, dado que las premisas de veracidad y adecuación real sobre las que se asienta el juicio de credibilidad precisan para su adveración un escenario judicial permeable a la inmediación.

TERCERO.- Examen del caso de autos.-

1.-Contamos en el caso de autos con el mismo material probatorio que el obrante en primera instancia, dado que no se ha practicado prueba en esta apelación.

De forma fundamental, destacan en el caso de autos la prueba documental, referente al texto que la acusada publicó en facebook y las fotografías que acompañó, más el rendimiento que resulta extraíble de la declaración testifical de los dos agentes de la Ertzaina deponentes.

De esta forma destaca en primer lugar la testifical del agente de al Ertzaintza nº NUM002 quién se ocupó de realizar la comprobación de las fotografías y texto que la acusada publicó en facebook, para luego comprobar la detención de la acusada, el parte médico que se le realizó, en el que no constaban ninguna de estas lesiones, la posterior reseña, hasta que se le puso en libertad, sin que constara ninguna erosión en cara, nariz, codos de la acusada.

Se le citó a ella por delito de calumnias, fue citada y el 28/08 cuando acude a Comisaría si tenía lesiones en la cara, eran lesiones visibles que no constaban en el momento de la detención ni tampoco aparecieron durante todo el intervalo de la detención hasta su puesta en libertad.

La publicación es a las 6,30 h mañana el día 28 de agosto. Se le citó a las 23,00 horas.

Testifical del agente de la Ertzaintza nº NUM001, fue detenida por delito atentado a agentes, derivada de actuación previa, varios días con guerrilla entre moradores de finca y otras personas, temas contenedores y disputas, había personas encapuchadas, al acercarse varias personas huyeron y trataron de esconderse, en la entrada del domicilio artefacto explosivo casero, apareció esta persona en un vehículo y actitud agresiva, le dijeron no entorpeciera, acometió contra su compañero, le lanzó golpe con la mano y pudo esquivar, le redujeron , resistencia activa, en suelo grilletes y retención , no estuvo calmada en ningún sentido. Le llevaron al ambulatorio, luego a Comisaría, no sabe cuánto tiempo estuvo en calabozos. No estuvo calmada ni en el ambulatorio ni en dependencias policiales.

Primero acudió al ambulatorio para emitir el parte de lesiones, donde sólo constaba una crisis de ansiedad, y para la que le suministraron diazepam como tratamiento, sin ningun tipo de lesión adicional.

Se trata de acompañarle al suelo, mediante un derribo controlado. Derribo controlado, bajándola con control, colocación grilletes según fuerza ejercida por la persona, no tenía las lesiones en el momento de control, ni en la detención policial, ni la reseña de comisaría, y sí posteriormente en las fotografías que colgó en facebook avalando su versión de los hechos.

Se observa en el atestado policial, los mensajes y fotografías publicadas por la investigada en su perfil de red social Facebook (" DIRECCION000").

Constan al folio 7 del atestado las fotografías de la acusada al momento de su identificación el 28/08/2024 y fichaje donde no se observan lesiones.

Fotos del folio 9 al 22 las publicadas en Facebook y comentarios, ciertamente al folio 11 se observan rojeces en la cara, en el brazo y en la cadera, incluso en el ojo un derrame. El parte médico alude a la existencia de una serie de contusiones, y escoriaciones de carácter leve.

Y frente a esta pléyade de prueba de cargo, la acusada ha vertido una declaración de claro signo o carácter exculpatorio, afirmando además que no enseño a la médico las lesiones que presentaba porque tenía miedo a las represalias, aunque posteriormente sí que acudió a centro médico a las 4.50 horas de la madrugada, y colgó su publicación en facebook sobre las 6. 05 horas.

2.-De esta forma debemos concluir que, tal y como señala la Juez de lo Penal, la acusada tenía perfecto conocimiento de que la actuacción producida por los agentes de la Ertzaina no había sido causante de las lesiones por ella sufridas posteriormente o que estas lesiones, de carácter leve, se habrían producido en el curso de la detención que hubo de practicarse contra la misma, en la que debió ser conducida al suelo, y posteriormente mostró oposición para ser esposada.

Así se deduce, primero, de la fotografía con la que se produjo la reseña policial de la informada, en la que no se constata que la misma tuviera ninguna lesión en el ojo, en forma de derrame, ni en la nariz ni en la cara.

Se deduce también del hecho de que en el parte médico al efecto levantado, sólo se habló de una crisis de ansiedad, sin constatarse la existencia de ningún tipo de lesión, pudiera haber sido apreciada en las zonas visibles del cuerpo de la acusada.

De esta forma, fue puesta en libertad sobre las 2.00 horas de la madrugada, y el parte médico es de las 4.50 horas, más de dos horas después de producirse la detención y éste sí refleja una serie de lesiones, menores, en forma de erosiones en distintas zonas corporales, que son compatibles con las fotografías colgadas en facebook y también con el contenido del texto que fue publicado en la red social facebook en el que directamente está imputando a los agentes la comisión de un delito de lesiones, dolosas además, en la práctica de la detención que efectuaron ante la conducta de la misma.

CUARTO.- Juicio de subsunción jurídica.-

1.-De esta forma, debemos colegir que las manifestaciones que fueron realizadas por la acusada imputando a los agentes que intervinieron en su detención una conducta de causación dolosa de lesiones fueron realizadas con conocimiento de su falsedad, y consistieron en la imputación directa a los funcionarios policiales que habían participado en su detención, de la causación de un delito de lesiones.

La calumnia tiene que contener una serie de elementos como son:

Debe de ser una imputación falsa

Tiene que referirse a hechos concretos

Tratarse de un delito público

Estar dirigida a una persona específica

El autor de la calumnia tiene que ser consciente de que es una falsedad.

En el Código Penal español, las calumnias contra funcionarios públicos realizada con publicidad se regulan dentro de los delitos contra el honor, específicamente en los artículos relacionados con la calumnia e injuria. Si la calumnia se refiere a hechos concernientes al ejercicio de sus cargos, no se requiere querella de la persona ofendida, bastando la denuncia.

Para que una conducta se considere calumnia y no una simple injuria, deben cumplirse varios elementos:

La persona acusa a otra de cometer un delito.

Lo hace con conocimiento de que es falso, o sin preocuparse por comprobar si lo que dice es cierto.

La imputación tiene que referirse a hechos concretos y no a meras sospechas.

La persona acusada debe estar claramente identificada.

El delito imputado debe ser público, no uno que solo se persiga por denuncia de parte.

Además, el autor debe actuar con ánimo de difamar, aunque ese no sea su único objetivo. Puede hacerlo por venganza, celos, interés económico o simple desprecio.

O siguiendo a nuestra doctrina jurisprudencial, la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de fecha 1 de febrero del año 1995 (ECLI:ES:TS:1995:11657) que afirma lo siguiente: "Conviene recordar cuantos requisitos o elementos han venido considerándose doctrinal y jurisprudencialmente como integrantes y definidores del delito de calumnia, y que pueden sintetizarse en los siguientes: a) Imputación a una persona de un hecho delictivo, lo que equivale a atribuir, achacar o cargar en cuenta de otro una infracción criminal de tal rango, es decir de las más graves y deshonrosas que la ley contempla, en la inicial y básica distinción entre delitos y faltas advertida ya en el mismo quicio del Código punitivo, b) Dicha imputación ha de ser falsa, subjetivamente inveraz, con manifiesto desprecio de toda confrontación con la realidad, o a sabiendas de su inexactitud; la falsedad de la imputación ha de determinarse fundamentalmente con parámetros subjetivos, atendiendo al criterio hoy imperante de la actual malice sin olvidar los requerimientos venidos de la presunción de inocencia, c) No bastan atribuciones genéricas, vagas o analógicas, sino que han de recaer sobre un hecho inequívoco, concreto y determinado, preciso en su significación y catalogable criminalmente, dirigiéndose la imputación a persona concreta e inconfundible, de indudable identificación, en radical aseveración, lejos de la simple sospecha o débil conjetura, debiendo contener la falsa asignación los elementos requeridos para la definición del delito atribuido, según su descripción típica, aunque sin necesidad de una calificación jurídica por parte del autor,d) Dicho delito ha de ser perseguible de oficio, es decir, tratarse de un delito público, e) En último término ha de precisarse la concurrencia del elemento subjetivo del injusto, consistente en el ánimo de infamar o intención específica de difamar, vituperar o agraviar al destinatario de esta especie delictiva , voluntad de perjudicar el honor de una persona, animus infamandi revelador del malicioso propósito de atribuir a otro la comisión de un delito, con finalidad de descrédito o pérdida de estimación pública, sin que sea exigible tal ánimo como Lea meta del ofensor, bastando con que aflore, trascienda u ostente papel preponderante en su actuación sin perjuicio de que puedan hacer acto de presencia cualesquiera otros móviles inspiradores, criticar, informar, divertir, etc., con tal de que el autor conozca el carácter ofensivo de su imputación, aceptando la lesión del honor resultante de su actuar (cfr., entre otras, 4 de julio de 1985, 30 de enero y 19 de abril de 1986, 15 de julio de 1988, 19 de mayo de 1989, 6 de febrero y 4 de diciembre de 1990 y 8 de mayo de1991)."

Por su parte, la STS de 17/09/1996 incide en el requisito de la imputación concreta y específica, declarando que "Para la existencia del delito de calumnia no basta con achacar genéricamente a otra persona hechos constitutivos de la infracción penal, sino que es necesario que esa imputación se haga de modo específico y en todo caso individualizando de modo evidente las características genéricas del tipo delictivo que se achaca al presuntamente calumniado. Es decir, no bastan atribuciones inconcretas, vagas o ambiguas, que es lo que aquí acontece, sino que la acusación ha de recaer sobre hechos inequívocos, concretos y determinados, precisos en su significación pues la falsa atribución ha de contener los elementos definidores del delito atribuido aunque sin necesidad, naturalmente, de una calificación jurídica".Y, en cuanto al dolo, la STS de 17/05/1996 establece que "El elemento subjetivo y finalista del tipo es el propósito de atentar al honor y a la fama del ofendido. Ello quiere decir que la imputación ha de ser falsa, subjetivamente inveraz, bien porque se haya llevado a cabo a sabiendas de su inexactitud, bien porque se haya procedido con desprecio absoluto hacia la verdad. De ahí que si no hay una voluntad auténtica de ofender en su honra al calumniado, no existe el delito pues la llamada difamación por ligereza no está tipificada en la Ley penal ( Sentencia de 12 de julio de 1991 )."

Una vez sentado lo anterior y como quiera que tanto la resolución objeto de apelación como en el recurso se hace mención a la colisión entre el derecho al honor y el derecho a la libertad de expresión y opinión se hace preciso dilucidar si el ejercicio de la libertad de expresión ha ocasionado una lesión al derecho al honor penalmente sancionable, o bien determinar si tal ejercicio opera o no como causa excluyente de antijuricidad. El problema de la preferencia del derecho al honor o a la libertad de expresión se tiene que resolver en el ámbito de la justificación, o sea, de la antijuricidad.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha apostado por la libertad de expresión como preferente y mantiene que cualquier injerencia en ella debe responder a una necesidad social imperiosa, estar proporcionada con la legítima finalidad pretendida y justificarse por motivos que no sólo sean meramente razonables, sino aplicables y suficientes. Para establecer los límites de la libertad de expresión debemos tener en cuenta los parámetros fijados por el Tribunal Supremo ( ATS de 16/09/2020, rec. nº 20281/2020):

"1ª- La libertad de expresión no es solo la manifestación de pensamientos e ideas, sino que comprende la crítica de la conducta de otro, aun sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a aquel contra quien se dirige ( sentencia del Tribunal Constitucional n.º 125/2007, de 21 de mayo ) 2 ª.- El pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura llevan consigo que dentro de la denominada 'Sociedad democrática' no se imponga un criterio rigorista que entienda que toda crítica a terceros entra de lleno en el terreno de la persecución penal. 3ª.- Esta plasmación de derecho constitucional de libertad de expresión e información no admiten que todo pueda caber dentro de la protección constitucional, ya que fuera del ámbito de protección de dichos derechos se sitúan las frases y expresiones ultrajantes u ofensivas, sin relación con las ideas u opiniones que se expongan, y por tanto, innecesarias a este propósito, dado que el artículo 20.1 CE no reconoce un pretendido derecho al insulto, que sería, por lo demás, incompatible con la norma fundamental".

Por tanto, no toda crítica o expresión sobre personas o instituciones representa una vulneración del derecho al honor, ya que en tal caso no se podría ejercer libremente el derecho de libertad de expresión; por lo que toda persona tiene derecho a ejercitar dicha libertad de expresión y a difundir sus ideas y opiniones dentro de los límites legales, como corresponde a una sociedad libre regulada por un Estado de Derecho, en el que el Derecho a la libertad es uno de sus pilares básico

La doctrina jurisprudencial ha venido estableciendo una serie de parámetros a los que es preciso atender para el supuesto de la colisión entre el derecho al honor y la libertad de expresión cuando se difunden opiniones o expresiones sobre determinadas personas:

* En primer lugar, las libertades de expresión y de información gozan de una situación preferente dada su significación en orden a la formación de la opinión pública en una sociedad democrática (tales libertades no sólo son derechos de la persona, sino además, al ser garantía de la opinión pública, constituyen una institución ligada de manera inescindible al pluralismo político, valor esencial del Estado democrático; por esta razón ambas libertades están dotadas de una eficacia que transciende a la que es común y propia de los demás derechos fundamentales), pero su especial relevancia no puede llevar al desconocimiento del límite constitucional que para ellas supone el derecho al honor, también constitucionalmente protegido.

* En segundo lugar, no es lícito utilizar expresiones insultantes, insinuaciones insidiosas y vejaciones innecesarias para el recto ejercicio de la libertad ejercitada. Por ello, no merecen protección constitucional aquellas informaciones en que se utilicen insinuaciones insidiosas y vejaciones dictadas por un ánimo ajeno a la función informativa o cuando se comuniquen, en relación con personas privadas, hechos que afecten a su honor y que sean innecesarios e irrelevantes para lo que constituye el interés público de la información. Respecto a la libertad de expresión, si bien es de naturaleza más amplia porque no opera el requisito de la veracidad, tiene declarado el Tribunal Constitucional que aparecerán desprovistas del valor de causa de justificación las frases formalmente injuriosas o aquellas que carezcan de interés público y, por tanto, resulten innecesarias a la esencia del pensamiento, idea u opinión que se expresa, o cuando las expresiones vertidas aparecen como calificaciones de la conducta sobre la que se informa y formuladoras de conjeturas atributivas de otros hechos ajenos a los comprendidos en la información.

* Por último, para apreciar una conducta integrable en una contravención de los preceptos que protegen el honor de las personas, los Tribunales están obligados a efectuar un juicio ponderado que les permita dilucidar, a la vista de las circunstancias presentes en el caso concreto, si semejante conducta encuentra cabal acomodo en el ejercicio del derecho fundamental referido. Es decir, si al ejercitarse la libertad de expresión o información resulta lesionado el derecho al honor; de suerte que el órgano judicial habrá de valorar si la conducta de los agentes estuvo justificada por hallarse dentro del ámbito de las referidas libertades o si por faltar tal justificación o resultar carente de fundamento se habrían lesionado las mismas.

En la más reciente STSPenal sección 1 del 28 de mayo de 2020 ( ROJ: STS 1599/2020 - ECLI:ES:TS:2020:1599 ) con cita de otras resoluciones como la STS 1023/2012, de 12-12, se recuerda que la descripción típica actual configura el delito de calumnias como una infracción eminentemente dolosa, que ya sea en la forma de dolo directo -como cimiento de la falsedad de la imputación- o en la modalidad de dolo eventual -temerario desprecio hacia la verdad- agotan el tipo subjetivo, sin necesidad de exigir un animus difamandi que necesariamente está abarcado ya por el dolo. No existen razones dogmáticas ni derivadas de la literalidad del precepto para defender lo que en expresión bien plástica se ha calificado como un tipo subjetivo tan robusto y pleno de exigencias que conducía a debilitar la protección penal del honor.

Es preciso, además, que esta la imputación de un delito a una persona concreta, determinada e individualizada. Se excluyen pues las imputaciones a personas no concretas, a colectivos genéricos. Debe dirigirse contra una persona perfectamente determinada e inconfundible ( STS 17-5-95).

Por lo demás, la identificación mediante la placa profesional de los agentes de policía «no produce el caprichoso efecto de convertirlos en inermes destinatarios de afirmaciones calumniosas que menoscaban su integridad personal y el círculo de derechos reconocidos a cualquier ciudadano». «La calumnia no pierde su potencial efecto erosivo de la honorabilidad de la víctima por el hecho de que ésta no se identifique con nombres y apellidos. Lo verdaderamente definitivo es que el destinatario de las frases que menoscaban la honorabilidad quede inequívocamente identificado. Y para ello puede ser suficiente que quede acreditado, como sucede en el presente caso, un contexto o unas imágenes que individualicen a quien el autor quiere convertir en receptor de la afrenta».( STS de 23 de Junio del 2022).

2.-En traslación de la doctrina expuesta al caso de autos, debemos señalar que nos encontramos en un supuesto en el que la acusada, a través de su red social facebook, realizó la imputación de una serie de conductas en las que claramente atribuyó a los agentes de la Ertzaina que habían participado en su detención el día 28 de agosto, una actuacción lesiva sobre su integridad corporal, cometida de forma dolosa, y desligada de su actuacción propia y de la necesidad del empleo de la fuerza para proceder a su reducción y posterior detención.

No podemos admitir que estemos ante un supuesto de ejercicio legítimo de la libertad de expresión, como plantea la parte recurente, cuando nos encontramos ante un supuesto en el que, más que criticar con expresiones más o menos desabridas una concreta actuacción policial, lo que claramente se describe son una serie de acciones que suponen la comisión de un delito de lesiones por parte de los cuatro agentes que participaron en su detención.

No se trata tanto pues, de una crítica más o menos excesiva, desaforada, o de la expresión subjetiva de un uso de la fuerza policial que se entendió como desproporcionado sino de la descripción e imputación a los agentes, cuatro, que participaron en su detención, de un conjunto de acciones concretas que integrarían un delito de lesiones, del art. 147 o en su caso art. 148 del CP.

3.-Dicho lo cual, hemos procedido a la modificación de los hechos probados de la resolución de instancia, en la consideración de que el delito de calumnias no atenta al honor de un colectivo, sino que tiene como sujeto pasivo a los agentes en concreto que han sido objeto de imputación, falsa a sabiendas, de comisión de un delito de lesiones.

La supresión de este extremo de los hechos probados, conlleva igual supresión de la cantidad fijada en concepto de daño moral por la responsabilidad civil que, tal y como estamos señalando en ningún caso podía corresponder al colectivo como tal.

4.-Procede declarar de oficio las costas de esta apelación, ante el derecho existente a la doble instancia en el orden jurisdiccional penal. Art. 123, 124 del CP, art. 239 y 240 de la LECrim.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación;

PRIMERO.- Debate jurídico.-

1.-Con fecha 19 de Junio del 2025, la Ilma Magistrada- Juez que sirve el Juzgado de lo Penal nº1 de Donostia- San Sebastián, ha dictado sentencia en cuyo fallo condenaba a la Sra. Violeta, como autora de un delito de calumnias, a la pena de nueve meses de prisión.

2.-Contra el referido pronunciamiento ha recurrido en apelación la defensa técnica de la acusada en la instancia, interesando la revocación del pronunciamiento condenatorio dictado en la instancia, y su sustitución por un pronunciamiento absolutorio para la persona del acusado.

En concreto, como motivos de apelación se invocan los siguientes:

.- Error en la valoración de la prueba. De la lectura del folio 10 del atestado, en la que consta el texto que publicó la acusada en facebook, se debe colegir que no se estaba imputando la comisión de un delito de lesiones, sino que lo que quería manifestar es su mala experiencia por el trato que le estaba manifestando la Ertzaina en su detención utilizando la fuerza física. No existe animus difamandi como tal, sino la verbalización de una experiencia muy negativa, que ella sintió como una experiencia dolorasa y traumática.

.- Es preciso que se realize la imputación de un hecho delictivo que sea subjetivamente inveraz, con manifiesto desprecio a la verdad y a sabiendas de su falsedad, lo que no acontece en el caso de autos.

De la declaración del agente NUM001 se desprende que hubo de emplearse fuerza para reducir a la investigada, y que hubo que acompañarla al suelo, y que en estas intervenciones por la fuerza solían resultar lesiones. Este acompañamiento excesivo resulta compatible con las lesiones que mostraba Violeta en las fotografías que se difundieron en la red social. Se trata de un parte que se realizó a las 4.52 horas del día 28 de agosto, al acudir al ambulatorio del centro de Irún Estas lesiones también fueron vistas por el agente con número profesional NUM002.

Una de las cuestiones de este juicio es determinar si las lesiones que presentaba eran producto de la fuerza empleada en la detención o surgieron posteriormente. Aunque no se observen las mismas en las fotografías de comisaría, las mismas pueden tardar en aparecer, y oscurecerse, y en relación al resto de lesiones, iba ataviada con un chandal de manga larga, y pantalón largo, por lo que las lesiones no se le pudieron apreciar. El hecho de que no consten en el inicial parte médico se debe a que estaba muy nerviosa, y casi llorando por estos hechos, y la Ertzaina es quién habría debido averiguar el origen de los mismos, abriendo una investigación al respecto, lo que no hizo.

En conclusión, se interesa la revocación del pronunciamiento condenatorio dictado en la instancia, y su sustitución por un pronunciamiento absolutorio.

3.-Evacuado el preceptivo traslado al Ministerio Fiscal, por éste se ha procedido a contestar, formulando expresa oposición a la estimación del recurso interpuesto de contrario.

SEGUNDO.- Error en la valoración de las pruebas.

La revisión jurisdiccional del juicio de hecho en el segundo grado jurisdiccional se incardina en una estructura claramente diseñada por el legislador: error en la apreciación delas pruebas ( art. 795.2 de la L.E.Crim. ). En otras palabras, la exigencia de inmediación y contradicción en la práctica de las pruebas conducentes a corroborar la proposición de hechos ofrecida por cada una de las partes, conlleva que el control del juicio de hecho en el segundo grado jurisdiccional se centre en determinar si los criterios empleados por el Juzgador son conciliables con las exigencias de motivación racional contenidas en los artículos 9.3 y 120.3 de la C.E.

En otras palabras, verificar si el juicio de hecho es compatible con las exigencias de racionalidad en la determinación del sentido específico de los medios de prueba desplegados en el proceso. Extramuros del discurso de la estructura racional del razonamiento del Juzgador queda, por tanto, la cuestión referida a la credibilidad, dado que las premisas de veracidad y adecuación real sobre las que se asienta el juicio de credibilidad precisan para su adveración un escenario judicial permeable a la inmediación.

TERCERO.- Examen del caso de autos.-

1.-Contamos en el caso de autos con el mismo material probatorio que el obrante en primera instancia, dado que no se ha practicado prueba en esta apelación.

De forma fundamental, destacan en el caso de autos la prueba documental, referente al texto que la acusada publicó en facebook y las fotografías que acompañó, más el rendimiento que resulta extraíble de la declaración testifical de los dos agentes de la Ertzaina deponentes.

De esta forma destaca en primer lugar la testifical del agente de al Ertzaintza nº NUM002 quién se ocupó de realizar la comprobación de las fotografías y texto que la acusada publicó en facebook, para luego comprobar la detención de la acusada, el parte médico que se le realizó, en el que no constaban ninguna de estas lesiones, la posterior reseña, hasta que se le puso en libertad, sin que constara ninguna erosión en cara, nariz, codos de la acusada.

Se le citó a ella por delito de calumnias, fue citada y el 28/08 cuando acude a Comisaría si tenía lesiones en la cara, eran lesiones visibles que no constaban en el momento de la detención ni tampoco aparecieron durante todo el intervalo de la detención hasta su puesta en libertad.

La publicación es a las 6,30 h mañana el día 28 de agosto. Se le citó a las 23,00 horas.

Testifical del agente de la Ertzaintza nº NUM001, fue detenida por delito atentado a agentes, derivada de actuación previa, varios días con guerrilla entre moradores de finca y otras personas, temas contenedores y disputas, había personas encapuchadas, al acercarse varias personas huyeron y trataron de esconderse, en la entrada del domicilio artefacto explosivo casero, apareció esta persona en un vehículo y actitud agresiva, le dijeron no entorpeciera, acometió contra su compañero, le lanzó golpe con la mano y pudo esquivar, le redujeron , resistencia activa, en suelo grilletes y retención , no estuvo calmada en ningún sentido. Le llevaron al ambulatorio, luego a Comisaría, no sabe cuánto tiempo estuvo en calabozos. No estuvo calmada ni en el ambulatorio ni en dependencias policiales.

Primero acudió al ambulatorio para emitir el parte de lesiones, donde sólo constaba una crisis de ansiedad, y para la que le suministraron diazepam como tratamiento, sin ningun tipo de lesión adicional.

Se trata de acompañarle al suelo, mediante un derribo controlado. Derribo controlado, bajándola con control, colocación grilletes según fuerza ejercida por la persona, no tenía las lesiones en el momento de control, ni en la detención policial, ni la reseña de comisaría, y sí posteriormente en las fotografías que colgó en facebook avalando su versión de los hechos.

Se observa en el atestado policial, los mensajes y fotografías publicadas por la investigada en su perfil de red social Facebook (" DIRECCION000").

Constan al folio 7 del atestado las fotografías de la acusada al momento de su identificación el 28/08/2024 y fichaje donde no se observan lesiones.

Fotos del folio 9 al 22 las publicadas en Facebook y comentarios, ciertamente al folio 11 se observan rojeces en la cara, en el brazo y en la cadera, incluso en el ojo un derrame. El parte médico alude a la existencia de una serie de contusiones, y escoriaciones de carácter leve.

Y frente a esta pléyade de prueba de cargo, la acusada ha vertido una declaración de claro signo o carácter exculpatorio, afirmando además que no enseño a la médico las lesiones que presentaba porque tenía miedo a las represalias, aunque posteriormente sí que acudió a centro médico a las 4.50 horas de la madrugada, y colgó su publicación en facebook sobre las 6. 05 horas.

2.-De esta forma debemos concluir que, tal y como señala la Juez de lo Penal, la acusada tenía perfecto conocimiento de que la actuacción producida por los agentes de la Ertzaina no había sido causante de las lesiones por ella sufridas posteriormente o que estas lesiones, de carácter leve, se habrían producido en el curso de la detención que hubo de practicarse contra la misma, en la que debió ser conducida al suelo, y posteriormente mostró oposición para ser esposada.

Así se deduce, primero, de la fotografía con la que se produjo la reseña policial de la informada, en la que no se constata que la misma tuviera ninguna lesión en el ojo, en forma de derrame, ni en la nariz ni en la cara.

Se deduce también del hecho de que en el parte médico al efecto levantado, sólo se habló de una crisis de ansiedad, sin constatarse la existencia de ningún tipo de lesión, pudiera haber sido apreciada en las zonas visibles del cuerpo de la acusada.

De esta forma, fue puesta en libertad sobre las 2.00 horas de la madrugada, y el parte médico es de las 4.50 horas, más de dos horas después de producirse la detención y éste sí refleja una serie de lesiones, menores, en forma de erosiones en distintas zonas corporales, que son compatibles con las fotografías colgadas en facebook y también con el contenido del texto que fue publicado en la red social facebook en el que directamente está imputando a los agentes la comisión de un delito de lesiones, dolosas además, en la práctica de la detención que efectuaron ante la conducta de la misma.

CUARTO.- Juicio de subsunción jurídica.-

1.-De esta forma, debemos colegir que las manifestaciones que fueron realizadas por la acusada imputando a los agentes que intervinieron en su detención una conducta de causación dolosa de lesiones fueron realizadas con conocimiento de su falsedad, y consistieron en la imputación directa a los funcionarios policiales que habían participado en su detención, de la causación de un delito de lesiones.

La calumnia tiene que contener una serie de elementos como son:

Debe de ser una imputación falsa

Tiene que referirse a hechos concretos

Tratarse de un delito público

Estar dirigida a una persona específica

El autor de la calumnia tiene que ser consciente de que es una falsedad.

En el Código Penal español, las calumnias contra funcionarios públicos realizada con publicidad se regulan dentro de los delitos contra el honor, específicamente en los artículos relacionados con la calumnia e injuria. Si la calumnia se refiere a hechos concernientes al ejercicio de sus cargos, no se requiere querella de la persona ofendida, bastando la denuncia.

Para que una conducta se considere calumnia y no una simple injuria, deben cumplirse varios elementos:

La persona acusa a otra de cometer un delito.

Lo hace con conocimiento de que es falso, o sin preocuparse por comprobar si lo que dice es cierto.

La imputación tiene que referirse a hechos concretos y no a meras sospechas.

La persona acusada debe estar claramente identificada.

El delito imputado debe ser público, no uno que solo se persiga por denuncia de parte.

Además, el autor debe actuar con ánimo de difamar, aunque ese no sea su único objetivo. Puede hacerlo por venganza, celos, interés económico o simple desprecio.

O siguiendo a nuestra doctrina jurisprudencial, la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de fecha 1 de febrero del año 1995 (ECLI:ES:TS:1995:11657) que afirma lo siguiente: "Conviene recordar cuantos requisitos o elementos han venido considerándose doctrinal y jurisprudencialmente como integrantes y definidores del delito de calumnia, y que pueden sintetizarse en los siguientes: a) Imputación a una persona de un hecho delictivo, lo que equivale a atribuir, achacar o cargar en cuenta de otro una infracción criminal de tal rango, es decir de las más graves y deshonrosas que la ley contempla, en la inicial y básica distinción entre delitos y faltas advertida ya en el mismo quicio del Código punitivo, b) Dicha imputación ha de ser falsa, subjetivamente inveraz, con manifiesto desprecio de toda confrontación con la realidad, o a sabiendas de su inexactitud; la falsedad de la imputación ha de determinarse fundamentalmente con parámetros subjetivos, atendiendo al criterio hoy imperante de la actual malice sin olvidar los requerimientos venidos de la presunción de inocencia, c) No bastan atribuciones genéricas, vagas o analógicas, sino que han de recaer sobre un hecho inequívoco, concreto y determinado, preciso en su significación y catalogable criminalmente, dirigiéndose la imputación a persona concreta e inconfundible, de indudable identificación, en radical aseveración, lejos de la simple sospecha o débil conjetura, debiendo contener la falsa asignación los elementos requeridos para la definición del delito atribuido, según su descripción típica, aunque sin necesidad de una calificación jurídica por parte del autor,d) Dicho delito ha de ser perseguible de oficio, es decir, tratarse de un delito público, e) En último término ha de precisarse la concurrencia del elemento subjetivo del injusto, consistente en el ánimo de infamar o intención específica de difamar, vituperar o agraviar al destinatario de esta especie delictiva , voluntad de perjudicar el honor de una persona, animus infamandi revelador del malicioso propósito de atribuir a otro la comisión de un delito, con finalidad de descrédito o pérdida de estimación pública, sin que sea exigible tal ánimo como Lea meta del ofensor, bastando con que aflore, trascienda u ostente papel preponderante en su actuación sin perjuicio de que puedan hacer acto de presencia cualesquiera otros móviles inspiradores, criticar, informar, divertir, etc., con tal de que el autor conozca el carácter ofensivo de su imputación, aceptando la lesión del honor resultante de su actuar (cfr., entre otras, 4 de julio de 1985, 30 de enero y 19 de abril de 1986, 15 de julio de 1988, 19 de mayo de 1989, 6 de febrero y 4 de diciembre de 1990 y 8 de mayo de1991)."

Por su parte, la STS de 17/09/1996 incide en el requisito de la imputación concreta y específica, declarando que "Para la existencia del delito de calumnia no basta con achacar genéricamente a otra persona hechos constitutivos de la infracción penal, sino que es necesario que esa imputación se haga de modo específico y en todo caso individualizando de modo evidente las características genéricas del tipo delictivo que se achaca al presuntamente calumniado. Es decir, no bastan atribuciones inconcretas, vagas o ambiguas, que es lo que aquí acontece, sino que la acusación ha de recaer sobre hechos inequívocos, concretos y determinados, precisos en su significación pues la falsa atribución ha de contener los elementos definidores del delito atribuido aunque sin necesidad, naturalmente, de una calificación jurídica".Y, en cuanto al dolo, la STS de 17/05/1996 establece que "El elemento subjetivo y finalista del tipo es el propósito de atentar al honor y a la fama del ofendido. Ello quiere decir que la imputación ha de ser falsa, subjetivamente inveraz, bien porque se haya llevado a cabo a sabiendas de su inexactitud, bien porque se haya procedido con desprecio absoluto hacia la verdad. De ahí que si no hay una voluntad auténtica de ofender en su honra al calumniado, no existe el delito pues la llamada difamación por ligereza no está tipificada en la Ley penal ( Sentencia de 12 de julio de 1991 )."

Una vez sentado lo anterior y como quiera que tanto la resolución objeto de apelación como en el recurso se hace mención a la colisión entre el derecho al honor y el derecho a la libertad de expresión y opinión se hace preciso dilucidar si el ejercicio de la libertad de expresión ha ocasionado una lesión al derecho al honor penalmente sancionable, o bien determinar si tal ejercicio opera o no como causa excluyente de antijuricidad. El problema de la preferencia del derecho al honor o a la libertad de expresión se tiene que resolver en el ámbito de la justificación, o sea, de la antijuricidad.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha apostado por la libertad de expresión como preferente y mantiene que cualquier injerencia en ella debe responder a una necesidad social imperiosa, estar proporcionada con la legítima finalidad pretendida y justificarse por motivos que no sólo sean meramente razonables, sino aplicables y suficientes. Para establecer los límites de la libertad de expresión debemos tener en cuenta los parámetros fijados por el Tribunal Supremo ( ATS de 16/09/2020, rec. nº 20281/2020):

"1ª- La libertad de expresión no es solo la manifestación de pensamientos e ideas, sino que comprende la crítica de la conducta de otro, aun sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a aquel contra quien se dirige ( sentencia del Tribunal Constitucional n.º 125/2007, de 21 de mayo ) 2 ª.- El pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura llevan consigo que dentro de la denominada 'Sociedad democrática' no se imponga un criterio rigorista que entienda que toda crítica a terceros entra de lleno en el terreno de la persecución penal. 3ª.- Esta plasmación de derecho constitucional de libertad de expresión e información no admiten que todo pueda caber dentro de la protección constitucional, ya que fuera del ámbito de protección de dichos derechos se sitúan las frases y expresiones ultrajantes u ofensivas, sin relación con las ideas u opiniones que se expongan, y por tanto, innecesarias a este propósito, dado que el artículo 20.1 CE no reconoce un pretendido derecho al insulto, que sería, por lo demás, incompatible con la norma fundamental".

Por tanto, no toda crítica o expresión sobre personas o instituciones representa una vulneración del derecho al honor, ya que en tal caso no se podría ejercer libremente el derecho de libertad de expresión; por lo que toda persona tiene derecho a ejercitar dicha libertad de expresión y a difundir sus ideas y opiniones dentro de los límites legales, como corresponde a una sociedad libre regulada por un Estado de Derecho, en el que el Derecho a la libertad es uno de sus pilares básico

La doctrina jurisprudencial ha venido estableciendo una serie de parámetros a los que es preciso atender para el supuesto de la colisión entre el derecho al honor y la libertad de expresión cuando se difunden opiniones o expresiones sobre determinadas personas:

* En primer lugar, las libertades de expresión y de información gozan de una situación preferente dada su significación en orden a la formación de la opinión pública en una sociedad democrática (tales libertades no sólo son derechos de la persona, sino además, al ser garantía de la opinión pública, constituyen una institución ligada de manera inescindible al pluralismo político, valor esencial del Estado democrático; por esta razón ambas libertades están dotadas de una eficacia que transciende a la que es común y propia de los demás derechos fundamentales), pero su especial relevancia no puede llevar al desconocimiento del límite constitucional que para ellas supone el derecho al honor, también constitucionalmente protegido.

* En segundo lugar, no es lícito utilizar expresiones insultantes, insinuaciones insidiosas y vejaciones innecesarias para el recto ejercicio de la libertad ejercitada. Por ello, no merecen protección constitucional aquellas informaciones en que se utilicen insinuaciones insidiosas y vejaciones dictadas por un ánimo ajeno a la función informativa o cuando se comuniquen, en relación con personas privadas, hechos que afecten a su honor y que sean innecesarios e irrelevantes para lo que constituye el interés público de la información. Respecto a la libertad de expresión, si bien es de naturaleza más amplia porque no opera el requisito de la veracidad, tiene declarado el Tribunal Constitucional que aparecerán desprovistas del valor de causa de justificación las frases formalmente injuriosas o aquellas que carezcan de interés público y, por tanto, resulten innecesarias a la esencia del pensamiento, idea u opinión que se expresa, o cuando las expresiones vertidas aparecen como calificaciones de la conducta sobre la que se informa y formuladoras de conjeturas atributivas de otros hechos ajenos a los comprendidos en la información.

* Por último, para apreciar una conducta integrable en una contravención de los preceptos que protegen el honor de las personas, los Tribunales están obligados a efectuar un juicio ponderado que les permita dilucidar, a la vista de las circunstancias presentes en el caso concreto, si semejante conducta encuentra cabal acomodo en el ejercicio del derecho fundamental referido. Es decir, si al ejercitarse la libertad de expresión o información resulta lesionado el derecho al honor; de suerte que el órgano judicial habrá de valorar si la conducta de los agentes estuvo justificada por hallarse dentro del ámbito de las referidas libertades o si por faltar tal justificación o resultar carente de fundamento se habrían lesionado las mismas.

En la más reciente STSPenal sección 1 del 28 de mayo de 2020 ( ROJ: STS 1599/2020 - ECLI:ES:TS:2020:1599 ) con cita de otras resoluciones como la STS 1023/2012, de 12-12, se recuerda que la descripción típica actual configura el delito de calumnias como una infracción eminentemente dolosa, que ya sea en la forma de dolo directo -como cimiento de la falsedad de la imputación- o en la modalidad de dolo eventual -temerario desprecio hacia la verdad- agotan el tipo subjetivo, sin necesidad de exigir un animus difamandi que necesariamente está abarcado ya por el dolo. No existen razones dogmáticas ni derivadas de la literalidad del precepto para defender lo que en expresión bien plástica se ha calificado como un tipo subjetivo tan robusto y pleno de exigencias que conducía a debilitar la protección penal del honor.

Es preciso, además, que esta la imputación de un delito a una persona concreta, determinada e individualizada. Se excluyen pues las imputaciones a personas no concretas, a colectivos genéricos. Debe dirigirse contra una persona perfectamente determinada e inconfundible ( STS 17-5-95).

Por lo demás, la identificación mediante la placa profesional de los agentes de policía «no produce el caprichoso efecto de convertirlos en inermes destinatarios de afirmaciones calumniosas que menoscaban su integridad personal y el círculo de derechos reconocidos a cualquier ciudadano». «La calumnia no pierde su potencial efecto erosivo de la honorabilidad de la víctima por el hecho de que ésta no se identifique con nombres y apellidos. Lo verdaderamente definitivo es que el destinatario de las frases que menoscaban la honorabilidad quede inequívocamente identificado. Y para ello puede ser suficiente que quede acreditado, como sucede en el presente caso, un contexto o unas imágenes que individualicen a quien el autor quiere convertir en receptor de la afrenta».( STS de 23 de Junio del 2022).

2.-En traslación de la doctrina expuesta al caso de autos, debemos señalar que nos encontramos en un supuesto en el que la acusada, a través de su red social facebook, realizó la imputación de una serie de conductas en las que claramente atribuyó a los agentes de la Ertzaina que habían participado en su detención el día 28 de agosto, una actuacción lesiva sobre su integridad corporal, cometida de forma dolosa, y desligada de su actuacción propia y de la necesidad del empleo de la fuerza para proceder a su reducción y posterior detención.

No podemos admitir que estemos ante un supuesto de ejercicio legítimo de la libertad de expresión, como plantea la parte recurente, cuando nos encontramos ante un supuesto en el que, más que criticar con expresiones más o menos desabridas una concreta actuacción policial, lo que claramente se describe son una serie de acciones que suponen la comisión de un delito de lesiones por parte de los cuatro agentes que participaron en su detención.

No se trata tanto pues, de una crítica más o menos excesiva, desaforada, o de la expresión subjetiva de un uso de la fuerza policial que se entendió como desproporcionado sino de la descripción e imputación a los agentes, cuatro, que participaron en su detención, de un conjunto de acciones concretas que integrarían un delito de lesiones, del art. 147 o en su caso art. 148 del CP.

3.-Dicho lo cual, hemos procedido a la modificación de los hechos probados de la resolución de instancia, en la consideración de que el delito de calumnias no atenta al honor de un colectivo, sino que tiene como sujeto pasivo a los agentes en concreto que han sido objeto de imputación, falsa a sabiendas, de comisión de un delito de lesiones.

La supresión de este extremo de los hechos probados, conlleva igual supresión de la cantidad fijada en concepto de daño moral por la responsabilidad civil que, tal y como estamos señalando en ningún caso podía corresponder al colectivo como tal.

4.-Procede declarar de oficio las costas de esta apelación, ante el derecho existente a la doble instancia en el orden jurisdiccional penal. Art. 123, 124 del CP, art. 239 y 240 de la LECrim.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación;

PRIMERO.- Debate jurídico.-

1.-Con fecha 19 de Junio del 2025, la Ilma Magistrada- Juez que sirve el Juzgado de lo Penal nº1 de Donostia- San Sebastián, ha dictado sentencia en cuyo fallo condenaba a la Sra. Violeta, como autora de un delito de calumnias, a la pena de nueve meses de prisión.

2.-Contra el referido pronunciamiento ha recurrido en apelación la defensa técnica de la acusada en la instancia, interesando la revocación del pronunciamiento condenatorio dictado en la instancia, y su sustitución por un pronunciamiento absolutorio para la persona del acusado.

En concreto, como motivos de apelación se invocan los siguientes:

.- Error en la valoración de la prueba. De la lectura del folio 10 del atestado, en la que consta el texto que publicó la acusada en facebook, se debe colegir que no se estaba imputando la comisión de un delito de lesiones, sino que lo que quería manifestar es su mala experiencia por el trato que le estaba manifestando la Ertzaina en su detención utilizando la fuerza física. No existe animus difamandi como tal, sino la verbalización de una experiencia muy negativa, que ella sintió como una experiencia dolorasa y traumática.

.- Es preciso que se realize la imputación de un hecho delictivo que sea subjetivamente inveraz, con manifiesto desprecio a la verdad y a sabiendas de su falsedad, lo que no acontece en el caso de autos.

De la declaración del agente NUM001 se desprende que hubo de emplearse fuerza para reducir a la investigada, y que hubo que acompañarla al suelo, y que en estas intervenciones por la fuerza solían resultar lesiones. Este acompañamiento excesivo resulta compatible con las lesiones que mostraba Violeta en las fotografías que se difundieron en la red social. Se trata de un parte que se realizó a las 4.52 horas del día 28 de agosto, al acudir al ambulatorio del centro de Irún Estas lesiones también fueron vistas por el agente con número profesional NUM002.

Una de las cuestiones de este juicio es determinar si las lesiones que presentaba eran producto de la fuerza empleada en la detención o surgieron posteriormente. Aunque no se observen las mismas en las fotografías de comisaría, las mismas pueden tardar en aparecer, y oscurecerse, y en relación al resto de lesiones, iba ataviada con un chandal de manga larga, y pantalón largo, por lo que las lesiones no se le pudieron apreciar. El hecho de que no consten en el inicial parte médico se debe a que estaba muy nerviosa, y casi llorando por estos hechos, y la Ertzaina es quién habría debido averiguar el origen de los mismos, abriendo una investigación al respecto, lo que no hizo.

En conclusión, se interesa la revocación del pronunciamiento condenatorio dictado en la instancia, y su sustitución por un pronunciamiento absolutorio.

3.-Evacuado el preceptivo traslado al Ministerio Fiscal, por éste se ha procedido a contestar, formulando expresa oposición a la estimación del recurso interpuesto de contrario.

SEGUNDO.- Error en la valoración de las pruebas.

La revisión jurisdiccional del juicio de hecho en el segundo grado jurisdiccional se incardina en una estructura claramente diseñada por el legislador: error en la apreciación delas pruebas ( art. 795.2 de la L.E.Crim. ). En otras palabras, la exigencia de inmediación y contradicción en la práctica de las pruebas conducentes a corroborar la proposición de hechos ofrecida por cada una de las partes, conlleva que el control del juicio de hecho en el segundo grado jurisdiccional se centre en determinar si los criterios empleados por el Juzgador son conciliables con las exigencias de motivación racional contenidas en los artículos 9.3 y 120.3 de la C.E.

En otras palabras, verificar si el juicio de hecho es compatible con las exigencias de racionalidad en la determinación del sentido específico de los medios de prueba desplegados en el proceso. Extramuros del discurso de la estructura racional del razonamiento del Juzgador queda, por tanto, la cuestión referida a la credibilidad, dado que las premisas de veracidad y adecuación real sobre las que se asienta el juicio de credibilidad precisan para su adveración un escenario judicial permeable a la inmediación.

TERCERO.- Examen del caso de autos.-

1.-Contamos en el caso de autos con el mismo material probatorio que el obrante en primera instancia, dado que no se ha practicado prueba en esta apelación.

De forma fundamental, destacan en el caso de autos la prueba documental, referente al texto que la acusada publicó en facebook y las fotografías que acompañó, más el rendimiento que resulta extraíble de la declaración testifical de los dos agentes de la Ertzaina deponentes.

De esta forma destaca en primer lugar la testifical del agente de al Ertzaintza nº NUM002 quién se ocupó de realizar la comprobación de las fotografías y texto que la acusada publicó en facebook, para luego comprobar la detención de la acusada, el parte médico que se le realizó, en el que no constaban ninguna de estas lesiones, la posterior reseña, hasta que se le puso en libertad, sin que constara ninguna erosión en cara, nariz, codos de la acusada.

Se le citó a ella por delito de calumnias, fue citada y el 28/08 cuando acude a Comisaría si tenía lesiones en la cara, eran lesiones visibles que no constaban en el momento de la detención ni tampoco aparecieron durante todo el intervalo de la detención hasta su puesta en libertad.

La publicación es a las 6,30 h mañana el día 28 de agosto. Se le citó a las 23,00 horas.

Testifical del agente de la Ertzaintza nº NUM001, fue detenida por delito atentado a agentes, derivada de actuación previa, varios días con guerrilla entre moradores de finca y otras personas, temas contenedores y disputas, había personas encapuchadas, al acercarse varias personas huyeron y trataron de esconderse, en la entrada del domicilio artefacto explosivo casero, apareció esta persona en un vehículo y actitud agresiva, le dijeron no entorpeciera, acometió contra su compañero, le lanzó golpe con la mano y pudo esquivar, le redujeron , resistencia activa, en suelo grilletes y retención , no estuvo calmada en ningún sentido. Le llevaron al ambulatorio, luego a Comisaría, no sabe cuánto tiempo estuvo en calabozos. No estuvo calmada ni en el ambulatorio ni en dependencias policiales.

Primero acudió al ambulatorio para emitir el parte de lesiones, donde sólo constaba una crisis de ansiedad, y para la que le suministraron diazepam como tratamiento, sin ningun tipo de lesión adicional.

Se trata de acompañarle al suelo, mediante un derribo controlado. Derribo controlado, bajándola con control, colocación grilletes según fuerza ejercida por la persona, no tenía las lesiones en el momento de control, ni en la detención policial, ni la reseña de comisaría, y sí posteriormente en las fotografías que colgó en facebook avalando su versión de los hechos.

Se observa en el atestado policial, los mensajes y fotografías publicadas por la investigada en su perfil de red social Facebook (" DIRECCION000").

Constan al folio 7 del atestado las fotografías de la acusada al momento de su identificación el 28/08/2024 y fichaje donde no se observan lesiones.

Fotos del folio 9 al 22 las publicadas en Facebook y comentarios, ciertamente al folio 11 se observan rojeces en la cara, en el brazo y en la cadera, incluso en el ojo un derrame. El parte médico alude a la existencia de una serie de contusiones, y escoriaciones de carácter leve.

Y frente a esta pléyade de prueba de cargo, la acusada ha vertido una declaración de claro signo o carácter exculpatorio, afirmando además que no enseño a la médico las lesiones que presentaba porque tenía miedo a las represalias, aunque posteriormente sí que acudió a centro médico a las 4.50 horas de la madrugada, y colgó su publicación en facebook sobre las 6. 05 horas.

2.-De esta forma debemos concluir que, tal y como señala la Juez de lo Penal, la acusada tenía perfecto conocimiento de que la actuacción producida por los agentes de la Ertzaina no había sido causante de las lesiones por ella sufridas posteriormente o que estas lesiones, de carácter leve, se habrían producido en el curso de la detención que hubo de practicarse contra la misma, en la que debió ser conducida al suelo, y posteriormente mostró oposición para ser esposada.

Así se deduce, primero, de la fotografía con la que se produjo la reseña policial de la informada, en la que no se constata que la misma tuviera ninguna lesión en el ojo, en forma de derrame, ni en la nariz ni en la cara.

Se deduce también del hecho de que en el parte médico al efecto levantado, sólo se habló de una crisis de ansiedad, sin constatarse la existencia de ningún tipo de lesión, pudiera haber sido apreciada en las zonas visibles del cuerpo de la acusada.

De esta forma, fue puesta en libertad sobre las 2.00 horas de la madrugada, y el parte médico es de las 4.50 horas, más de dos horas después de producirse la detención y éste sí refleja una serie de lesiones, menores, en forma de erosiones en distintas zonas corporales, que son compatibles con las fotografías colgadas en facebook y también con el contenido del texto que fue publicado en la red social facebook en el que directamente está imputando a los agentes la comisión de un delito de lesiones, dolosas además, en la práctica de la detención que efectuaron ante la conducta de la misma.

CUARTO.- Juicio de subsunción jurídica.-

1.-De esta forma, debemos colegir que las manifestaciones que fueron realizadas por la acusada imputando a los agentes que intervinieron en su detención una conducta de causación dolosa de lesiones fueron realizadas con conocimiento de su falsedad, y consistieron en la imputación directa a los funcionarios policiales que habían participado en su detención, de la causación de un delito de lesiones.

La calumnia tiene que contener una serie de elementos como son:

Debe de ser una imputación falsa

Tiene que referirse a hechos concretos

Tratarse de un delito público

Estar dirigida a una persona específica

El autor de la calumnia tiene que ser consciente de que es una falsedad.

En el Código Penal español, las calumnias contra funcionarios públicos realizada con publicidad se regulan dentro de los delitos contra el honor, específicamente en los artículos relacionados con la calumnia e injuria. Si la calumnia se refiere a hechos concernientes al ejercicio de sus cargos, no se requiere querella de la persona ofendida, bastando la denuncia.

Para que una conducta se considere calumnia y no una simple injuria, deben cumplirse varios elementos:

La persona acusa a otra de cometer un delito.

Lo hace con conocimiento de que es falso, o sin preocuparse por comprobar si lo que dice es cierto.

La imputación tiene que referirse a hechos concretos y no a meras sospechas.

La persona acusada debe estar claramente identificada.

El delito imputado debe ser público, no uno que solo se persiga por denuncia de parte.

Además, el autor debe actuar con ánimo de difamar, aunque ese no sea su único objetivo. Puede hacerlo por venganza, celos, interés económico o simple desprecio.

O siguiendo a nuestra doctrina jurisprudencial, la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de fecha 1 de febrero del año 1995 (ECLI:ES:TS:1995:11657) que afirma lo siguiente: "Conviene recordar cuantos requisitos o elementos han venido considerándose doctrinal y jurisprudencialmente como integrantes y definidores del delito de calumnia, y que pueden sintetizarse en los siguientes: a) Imputación a una persona de un hecho delictivo, lo que equivale a atribuir, achacar o cargar en cuenta de otro una infracción criminal de tal rango, es decir de las más graves y deshonrosas que la ley contempla, en la inicial y básica distinción entre delitos y faltas advertida ya en el mismo quicio del Código punitivo, b) Dicha imputación ha de ser falsa, subjetivamente inveraz, con manifiesto desprecio de toda confrontación con la realidad, o a sabiendas de su inexactitud; la falsedad de la imputación ha de determinarse fundamentalmente con parámetros subjetivos, atendiendo al criterio hoy imperante de la actual malice sin olvidar los requerimientos venidos de la presunción de inocencia, c) No bastan atribuciones genéricas, vagas o analógicas, sino que han de recaer sobre un hecho inequívoco, concreto y determinado, preciso en su significación y catalogable criminalmente, dirigiéndose la imputación a persona concreta e inconfundible, de indudable identificación, en radical aseveración, lejos de la simple sospecha o débil conjetura, debiendo contener la falsa asignación los elementos requeridos para la definición del delito atribuido, según su descripción típica, aunque sin necesidad de una calificación jurídica por parte del autor,d) Dicho delito ha de ser perseguible de oficio, es decir, tratarse de un delito público, e) En último término ha de precisarse la concurrencia del elemento subjetivo del injusto, consistente en el ánimo de infamar o intención específica de difamar, vituperar o agraviar al destinatario de esta especie delictiva , voluntad de perjudicar el honor de una persona, animus infamandi revelador del malicioso propósito de atribuir a otro la comisión de un delito, con finalidad de descrédito o pérdida de estimación pública, sin que sea exigible tal ánimo como Lea meta del ofensor, bastando con que aflore, trascienda u ostente papel preponderante en su actuación sin perjuicio de que puedan hacer acto de presencia cualesquiera otros móviles inspiradores, criticar, informar, divertir, etc., con tal de que el autor conozca el carácter ofensivo de su imputación, aceptando la lesión del honor resultante de su actuar (cfr., entre otras, 4 de julio de 1985, 30 de enero y 19 de abril de 1986, 15 de julio de 1988, 19 de mayo de 1989, 6 de febrero y 4 de diciembre de 1990 y 8 de mayo de1991)."

Por su parte, la STS de 17/09/1996 incide en el requisito de la imputación concreta y específica, declarando que "Para la existencia del delito de calumnia no basta con achacar genéricamente a otra persona hechos constitutivos de la infracción penal, sino que es necesario que esa imputación se haga de modo específico y en todo caso individualizando de modo evidente las características genéricas del tipo delictivo que se achaca al presuntamente calumniado. Es decir, no bastan atribuciones inconcretas, vagas o ambiguas, que es lo que aquí acontece, sino que la acusación ha de recaer sobre hechos inequívocos, concretos y determinados, precisos en su significación pues la falsa atribución ha de contener los elementos definidores del delito atribuido aunque sin necesidad, naturalmente, de una calificación jurídica".Y, en cuanto al dolo, la STS de 17/05/1996 establece que "El elemento subjetivo y finalista del tipo es el propósito de atentar al honor y a la fama del ofendido. Ello quiere decir que la imputación ha de ser falsa, subjetivamente inveraz, bien porque se haya llevado a cabo a sabiendas de su inexactitud, bien porque se haya procedido con desprecio absoluto hacia la verdad. De ahí que si no hay una voluntad auténtica de ofender en su honra al calumniado, no existe el delito pues la llamada difamación por ligereza no está tipificada en la Ley penal ( Sentencia de 12 de julio de 1991 )."

Una vez sentado lo anterior y como quiera que tanto la resolución objeto de apelación como en el recurso se hace mención a la colisión entre el derecho al honor y el derecho a la libertad de expresión y opinión se hace preciso dilucidar si el ejercicio de la libertad de expresión ha ocasionado una lesión al derecho al honor penalmente sancionable, o bien determinar si tal ejercicio opera o no como causa excluyente de antijuricidad. El problema de la preferencia del derecho al honor o a la libertad de expresión se tiene que resolver en el ámbito de la justificación, o sea, de la antijuricidad.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha apostado por la libertad de expresión como preferente y mantiene que cualquier injerencia en ella debe responder a una necesidad social imperiosa, estar proporcionada con la legítima finalidad pretendida y justificarse por motivos que no sólo sean meramente razonables, sino aplicables y suficientes. Para establecer los límites de la libertad de expresión debemos tener en cuenta los parámetros fijados por el Tribunal Supremo ( ATS de 16/09/2020, rec. nº 20281/2020):

"1ª- La libertad de expresión no es solo la manifestación de pensamientos e ideas, sino que comprende la crítica de la conducta de otro, aun sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a aquel contra quien se dirige ( sentencia del Tribunal Constitucional n.º 125/2007, de 21 de mayo ) 2 ª.- El pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura llevan consigo que dentro de la denominada 'Sociedad democrática' no se imponga un criterio rigorista que entienda que toda crítica a terceros entra de lleno en el terreno de la persecución penal. 3ª.- Esta plasmación de derecho constitucional de libertad de expresión e información no admiten que todo pueda caber dentro de la protección constitucional, ya que fuera del ámbito de protección de dichos derechos se sitúan las frases y expresiones ultrajantes u ofensivas, sin relación con las ideas u opiniones que se expongan, y por tanto, innecesarias a este propósito, dado que el artículo 20.1 CE no reconoce un pretendido derecho al insulto, que sería, por lo demás, incompatible con la norma fundamental".

Por tanto, no toda crítica o expresión sobre personas o instituciones representa una vulneración del derecho al honor, ya que en tal caso no se podría ejercer libremente el derecho de libertad de expresión; por lo que toda persona tiene derecho a ejercitar dicha libertad de expresión y a difundir sus ideas y opiniones dentro de los límites legales, como corresponde a una sociedad libre regulada por un Estado de Derecho, en el que el Derecho a la libertad es uno de sus pilares básico

La doctrina jurisprudencial ha venido estableciendo una serie de parámetros a los que es preciso atender para el supuesto de la colisión entre el derecho al honor y la libertad de expresión cuando se difunden opiniones o expresiones sobre determinadas personas:

* En primer lugar, las libertades de expresión y de información gozan de una situación preferente dada su significación en orden a la formación de la opinión pública en una sociedad democrática (tales libertades no sólo son derechos de la persona, sino además, al ser garantía de la opinión pública, constituyen una institución ligada de manera inescindible al pluralismo político, valor esencial del Estado democrático; por esta razón ambas libertades están dotadas de una eficacia que transciende a la que es común y propia de los demás derechos fundamentales), pero su especial relevancia no puede llevar al desconocimiento del límite constitucional que para ellas supone el derecho al honor, también constitucionalmente protegido.

* En segundo lugar, no es lícito utilizar expresiones insultantes, insinuaciones insidiosas y vejaciones innecesarias para el recto ejercicio de la libertad ejercitada. Por ello, no merecen protección constitucional aquellas informaciones en que se utilicen insinuaciones insidiosas y vejaciones dictadas por un ánimo ajeno a la función informativa o cuando se comuniquen, en relación con personas privadas, hechos que afecten a su honor y que sean innecesarios e irrelevantes para lo que constituye el interés público de la información. Respecto a la libertad de expresión, si bien es de naturaleza más amplia porque no opera el requisito de la veracidad, tiene declarado el Tribunal Constitucional que aparecerán desprovistas del valor de causa de justificación las frases formalmente injuriosas o aquellas que carezcan de interés público y, por tanto, resulten innecesarias a la esencia del pensamiento, idea u opinión que se expresa, o cuando las expresiones vertidas aparecen como calificaciones de la conducta sobre la que se informa y formuladoras de conjeturas atributivas de otros hechos ajenos a los comprendidos en la información.

* Por último, para apreciar una conducta integrable en una contravención de los preceptos que protegen el honor de las personas, los Tribunales están obligados a efectuar un juicio ponderado que les permita dilucidar, a la vista de las circunstancias presentes en el caso concreto, si semejante conducta encuentra cabal acomodo en el ejercicio del derecho fundamental referido. Es decir, si al ejercitarse la libertad de expresión o información resulta lesionado el derecho al honor; de suerte que el órgano judicial habrá de valorar si la conducta de los agentes estuvo justificada por hallarse dentro del ámbito de las referidas libertades o si por faltar tal justificación o resultar carente de fundamento se habrían lesionado las mismas.

En la más reciente STSPenal sección 1 del 28 de mayo de 2020 ( ROJ: STS 1599/2020 - ECLI:ES:TS:2020:1599 ) con cita de otras resoluciones como la STS 1023/2012, de 12-12, se recuerda que la descripción típica actual configura el delito de calumnias como una infracción eminentemente dolosa, que ya sea en la forma de dolo directo -como cimiento de la falsedad de la imputación- o en la modalidad de dolo eventual -temerario desprecio hacia la verdad- agotan el tipo subjetivo, sin necesidad de exigir un animus difamandi que necesariamente está abarcado ya por el dolo. No existen razones dogmáticas ni derivadas de la literalidad del precepto para defender lo que en expresión bien plástica se ha calificado como un tipo subjetivo tan robusto y pleno de exigencias que conducía a debilitar la protección penal del honor.

Es preciso, además, que esta la imputación de un delito a una persona concreta, determinada e individualizada. Se excluyen pues las imputaciones a personas no concretas, a colectivos genéricos. Debe dirigirse contra una persona perfectamente determinada e inconfundible ( STS 17-5-95).

Por lo demás, la identificación mediante la placa profesional de los agentes de policía «no produce el caprichoso efecto de convertirlos en inermes destinatarios de afirmaciones calumniosas que menoscaban su integridad personal y el círculo de derechos reconocidos a cualquier ciudadano». «La calumnia no pierde su potencial efecto erosivo de la honorabilidad de la víctima por el hecho de que ésta no se identifique con nombres y apellidos. Lo verdaderamente definitivo es que el destinatario de las frases que menoscaban la honorabilidad quede inequívocamente identificado. Y para ello puede ser suficiente que quede acreditado, como sucede en el presente caso, un contexto o unas imágenes que individualicen a quien el autor quiere convertir en receptor de la afrenta».( STS de 23 de Junio del 2022).

2.-En traslación de la doctrina expuesta al caso de autos, debemos señalar que nos encontramos en un supuesto en el que la acusada, a través de su red social facebook, realizó la imputación de una serie de conductas en las que claramente atribuyó a los agentes de la Ertzaina que habían participado en su detención el día 28 de agosto, una actuacción lesiva sobre su integridad corporal, cometida de forma dolosa, y desligada de su actuacción propia y de la necesidad del empleo de la fuerza para proceder a su reducción y posterior detención.

No podemos admitir que estemos ante un supuesto de ejercicio legítimo de la libertad de expresión, como plantea la parte recurente, cuando nos encontramos ante un supuesto en el que, más que criticar con expresiones más o menos desabridas una concreta actuacción policial, lo que claramente se describe son una serie de acciones que suponen la comisión de un delito de lesiones por parte de los cuatro agentes que participaron en su detención.

No se trata tanto pues, de una crítica más o menos excesiva, desaforada, o de la expresión subjetiva de un uso de la fuerza policial que se entendió como desproporcionado sino de la descripción e imputación a los agentes, cuatro, que participaron en su detención, de un conjunto de acciones concretas que integrarían un delito de lesiones, del art. 147 o en su caso art. 148 del CP.

3.-Dicho lo cual, hemos procedido a la modificación de los hechos probados de la resolución de instancia, en la consideración de que el delito de calumnias no atenta al honor de un colectivo, sino que tiene como sujeto pasivo a los agentes en concreto que han sido objeto de imputación, falsa a sabiendas, de comisión de un delito de lesiones.

La supresión de este extremo de los hechos probados, conlleva igual supresión de la cantidad fijada en concepto de daño moral por la responsabilidad civil que, tal y como estamos señalando en ningún caso podía corresponder al colectivo como tal.

4.-Procede declarar de oficio las costas de esta apelación, ante el derecho existente a la doble instancia en el orden jurisdiccional penal. Art. 123, 124 del CP, art. 239 y 240 de la LECrim.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación;

PRIMERO.- Debate jurídico.-

1.-Con fecha 19 de Junio del 2025, la Ilma Magistrada- Juez que sirve el Juzgado de lo Penal nº1 de Donostia- San Sebastián, ha dictado sentencia en cuyo fallo condenaba a la Sra. Violeta, como autora de un delito de calumnias, a la pena de nueve meses de prisión.

2.-Contra el referido pronunciamiento ha recurrido en apelación la defensa técnica de la acusada en la instancia, interesando la revocación del pronunciamiento condenatorio dictado en la instancia, y su sustitución por un pronunciamiento absolutorio para la persona del acusado.

En concreto, como motivos de apelación se invocan los siguientes:

.- Error en la valoración de la prueba. De la lectura del folio 10 del atestado, en la que consta el texto que publicó la acusada en facebook, se debe colegir que no se estaba imputando la comisión de un delito de lesiones, sino que lo que quería manifestar es su mala experiencia por el trato que le estaba manifestando la Ertzaina en su detención utilizando la fuerza física. No existe animus difamandi como tal, sino la verbalización de una experiencia muy negativa, que ella sintió como una experiencia dolorasa y traumática.

.- Es preciso que se realize la imputación de un hecho delictivo que sea subjetivamente inveraz, con manifiesto desprecio a la verdad y a sabiendas de su falsedad, lo que no acontece en el caso de autos.

De la declaración del agente NUM001 se desprende que hubo de emplearse fuerza para reducir a la investigada, y que hubo que acompañarla al suelo, y que en estas intervenciones por la fuerza solían resultar lesiones. Este acompañamiento excesivo resulta compatible con las lesiones que mostraba Violeta en las fotografías que se difundieron en la red social. Se trata de un parte que se realizó a las 4.52 horas del día 28 de agosto, al acudir al ambulatorio del centro de Irún Estas lesiones también fueron vistas por el agente con número profesional NUM002.

Una de las cuestiones de este juicio es determinar si las lesiones que presentaba eran producto de la fuerza empleada en la detención o surgieron posteriormente. Aunque no se observen las mismas en las fotografías de comisaría, las mismas pueden tardar en aparecer, y oscurecerse, y en relación al resto de lesiones, iba ataviada con un chandal de manga larga, y pantalón largo, por lo que las lesiones no se le pudieron apreciar. El hecho de que no consten en el inicial parte médico se debe a que estaba muy nerviosa, y casi llorando por estos hechos, y la Ertzaina es quién habría debido averiguar el origen de los mismos, abriendo una investigación al respecto, lo que no hizo.

En conclusión, se interesa la revocación del pronunciamiento condenatorio dictado en la instancia, y su sustitución por un pronunciamiento absolutorio.

3.-Evacuado el preceptivo traslado al Ministerio Fiscal, por éste se ha procedido a contestar, formulando expresa oposición a la estimación del recurso interpuesto de contrario.

SEGUNDO.- Error en la valoración de las pruebas.

La revisión jurisdiccional del juicio de hecho en el segundo grado jurisdiccional se incardina en una estructura claramente diseñada por el legislador: error en la apreciación delas pruebas ( art. 795.2 de la L.E.Crim. ). En otras palabras, la exigencia de inmediación y contradicción en la práctica de las pruebas conducentes a corroborar la proposición de hechos ofrecida por cada una de las partes, conlleva que el control del juicio de hecho en el segundo grado jurisdiccional se centre en determinar si los criterios empleados por el Juzgador son conciliables con las exigencias de motivación racional contenidas en los artículos 9.3 y 120.3 de la C.E.

En otras palabras, verificar si el juicio de hecho es compatible con las exigencias de racionalidad en la determinación del sentido específico de los medios de prueba desplegados en el proceso. Extramuros del discurso de la estructura racional del razonamiento del Juzgador queda, por tanto, la cuestión referida a la credibilidad, dado que las premisas de veracidad y adecuación real sobre las que se asienta el juicio de credibilidad precisan para su adveración un escenario judicial permeable a la inmediación.

TERCERO.- Examen del caso de autos.-

1.-Contamos en el caso de autos con el mismo material probatorio que el obrante en primera instancia, dado que no se ha practicado prueba en esta apelación.

De forma fundamental, destacan en el caso de autos la prueba documental, referente al texto que la acusada publicó en facebook y las fotografías que acompañó, más el rendimiento que resulta extraíble de la declaración testifical de los dos agentes de la Ertzaina deponentes.

De esta forma destaca en primer lugar la testifical del agente de al Ertzaintza nº NUM002 quién se ocupó de realizar la comprobación de las fotografías y texto que la acusada publicó en facebook, para luego comprobar la detención de la acusada, el parte médico que se le realizó, en el que no constaban ninguna de estas lesiones, la posterior reseña, hasta que se le puso en libertad, sin que constara ninguna erosión en cara, nariz, codos de la acusada.

Se le citó a ella por delito de calumnias, fue citada y el 28/08 cuando acude a Comisaría si tenía lesiones en la cara, eran lesiones visibles que no constaban en el momento de la detención ni tampoco aparecieron durante todo el intervalo de la detención hasta su puesta en libertad.

La publicación es a las 6,30 h mañana el día 28 de agosto. Se le citó a las 23,00 horas.

Testifical del agente de la Ertzaintza nº NUM001, fue detenida por delito atentado a agentes, derivada de actuación previa, varios días con guerrilla entre moradores de finca y otras personas, temas contenedores y disputas, había personas encapuchadas, al acercarse varias personas huyeron y trataron de esconderse, en la entrada del domicilio artefacto explosivo casero, apareció esta persona en un vehículo y actitud agresiva, le dijeron no entorpeciera, acometió contra su compañero, le lanzó golpe con la mano y pudo esquivar, le redujeron , resistencia activa, en suelo grilletes y retención , no estuvo calmada en ningún sentido. Le llevaron al ambulatorio, luego a Comisaría, no sabe cuánto tiempo estuvo en calabozos. No estuvo calmada ni en el ambulatorio ni en dependencias policiales.

Primero acudió al ambulatorio para emitir el parte de lesiones, donde sólo constaba una crisis de ansiedad, y para la que le suministraron diazepam como tratamiento, sin ningun tipo de lesión adicional.

Se trata de acompañarle al suelo, mediante un derribo controlado. Derribo controlado, bajándola con control, colocación grilletes según fuerza ejercida por la persona, no tenía las lesiones en el momento de control, ni en la detención policial, ni la reseña de comisaría, y sí posteriormente en las fotografías que colgó en facebook avalando su versión de los hechos.

Se observa en el atestado policial, los mensajes y fotografías publicadas por la investigada en su perfil de red social Facebook (" DIRECCION000").

Constan al folio 7 del atestado las fotografías de la acusada al momento de su identificación el 28/08/2024 y fichaje donde no se observan lesiones.

Fotos del folio 9 al 22 las publicadas en Facebook y comentarios, ciertamente al folio 11 se observan rojeces en la cara, en el brazo y en la cadera, incluso en el ojo un derrame. El parte médico alude a la existencia de una serie de contusiones, y escoriaciones de carácter leve.

Y frente a esta pléyade de prueba de cargo, la acusada ha vertido una declaración de claro signo o carácter exculpatorio, afirmando además que no enseño a la médico las lesiones que presentaba porque tenía miedo a las represalias, aunque posteriormente sí que acudió a centro médico a las 4.50 horas de la madrugada, y colgó su publicación en facebook sobre las 6. 05 horas.

2.-De esta forma debemos concluir que, tal y como señala la Juez de lo Penal, la acusada tenía perfecto conocimiento de que la actuacción producida por los agentes de la Ertzaina no había sido causante de las lesiones por ella sufridas posteriormente o que estas lesiones, de carácter leve, se habrían producido en el curso de la detención que hubo de practicarse contra la misma, en la que debió ser conducida al suelo, y posteriormente mostró oposición para ser esposada.

Así se deduce, primero, de la fotografía con la que se produjo la reseña policial de la informada, en la que no se constata que la misma tuviera ninguna lesión en el ojo, en forma de derrame, ni en la nariz ni en la cara.

Se deduce también del hecho de que en el parte médico al efecto levantado, sólo se habló de una crisis de ansiedad, sin constatarse la existencia de ningún tipo de lesión, pudiera haber sido apreciada en las zonas visibles del cuerpo de la acusada.

De esta forma, fue puesta en libertad sobre las 2.00 horas de la madrugada, y el parte médico es de las 4.50 horas, más de dos horas después de producirse la detención y éste sí refleja una serie de lesiones, menores, en forma de erosiones en distintas zonas corporales, que son compatibles con las fotografías colgadas en facebook y también con el contenido del texto que fue publicado en la red social facebook en el que directamente está imputando a los agentes la comisión de un delito de lesiones, dolosas además, en la práctica de la detención que efectuaron ante la conducta de la misma.

CUARTO.- Juicio de subsunción jurídica.-

1.-De esta forma, debemos colegir que las manifestaciones que fueron realizadas por la acusada imputando a los agentes que intervinieron en su detención una conducta de causación dolosa de lesiones fueron realizadas con conocimiento de su falsedad, y consistieron en la imputación directa a los funcionarios policiales que habían participado en su detención, de la causación de un delito de lesiones.

La calumnia tiene que contener una serie de elementos como son:

Debe de ser una imputación falsa

Tiene que referirse a hechos concretos

Tratarse de un delito público

Estar dirigida a una persona específica

El autor de la calumnia tiene que ser consciente de que es una falsedad.

En el Código Penal español, las calumnias contra funcionarios públicos realizada con publicidad se regulan dentro de los delitos contra el honor, específicamente en los artículos relacionados con la calumnia e injuria. Si la calumnia se refiere a hechos concernientes al ejercicio de sus cargos, no se requiere querella de la persona ofendida, bastando la denuncia.

Para que una conducta se considere calumnia y no una simple injuria, deben cumplirse varios elementos:

La persona acusa a otra de cometer un delito.

Lo hace con conocimiento de que es falso, o sin preocuparse por comprobar si lo que dice es cierto.

La imputación tiene que referirse a hechos concretos y no a meras sospechas.

La persona acusada debe estar claramente identificada.

El delito imputado debe ser público, no uno que solo se persiga por denuncia de parte.

Además, el autor debe actuar con ánimo de difamar, aunque ese no sea su único objetivo. Puede hacerlo por venganza, celos, interés económico o simple desprecio.

O siguiendo a nuestra doctrina jurisprudencial, la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de fecha 1 de febrero del año 1995 (ECLI:ES:TS:1995:11657) que afirma lo siguiente: "Conviene recordar cuantos requisitos o elementos han venido considerándose doctrinal y jurisprudencialmente como integrantes y definidores del delito de calumnia, y que pueden sintetizarse en los siguientes: a) Imputación a una persona de un hecho delictivo, lo que equivale a atribuir, achacar o cargar en cuenta de otro una infracción criminal de tal rango, es decir de las más graves y deshonrosas que la ley contempla, en la inicial y básica distinción entre delitos y faltas advertida ya en el mismo quicio del Código punitivo, b) Dicha imputación ha de ser falsa, subjetivamente inveraz, con manifiesto desprecio de toda confrontación con la realidad, o a sabiendas de su inexactitud; la falsedad de la imputación ha de determinarse fundamentalmente con parámetros subjetivos, atendiendo al criterio hoy imperante de la actual malice sin olvidar los requerimientos venidos de la presunción de inocencia, c) No bastan atribuciones genéricas, vagas o analógicas, sino que han de recaer sobre un hecho inequívoco, concreto y determinado, preciso en su significación y catalogable criminalmente, dirigiéndose la imputación a persona concreta e inconfundible, de indudable identificación, en radical aseveración, lejos de la simple sospecha o débil conjetura, debiendo contener la falsa asignación los elementos requeridos para la definición del delito atribuido, según su descripción típica, aunque sin necesidad de una calificación jurídica por parte del autor,d) Dicho delito ha de ser perseguible de oficio, es decir, tratarse de un delito público, e) En último término ha de precisarse la concurrencia del elemento subjetivo del injusto, consistente en el ánimo de infamar o intención específica de difamar, vituperar o agraviar al destinatario de esta especie delictiva , voluntad de perjudicar el honor de una persona, animus infamandi revelador del malicioso propósito de atribuir a otro la comisión de un delito, con finalidad de descrédito o pérdida de estimación pública, sin que sea exigible tal ánimo como Lea meta del ofensor, bastando con que aflore, trascienda u ostente papel preponderante en su actuación sin perjuicio de que puedan hacer acto de presencia cualesquiera otros móviles inspiradores, criticar, informar, divertir, etc., con tal de que el autor conozca el carácter ofensivo de su imputación, aceptando la lesión del honor resultante de su actuar (cfr., entre otras, 4 de julio de 1985, 30 de enero y 19 de abril de 1986, 15 de julio de 1988, 19 de mayo de 1989, 6 de febrero y 4 de diciembre de 1990 y 8 de mayo de1991)."

Por su parte, la STS de 17/09/1996 incide en el requisito de la imputación concreta y específica, declarando que "Para la existencia del delito de calumnia no basta con achacar genéricamente a otra persona hechos constitutivos de la infracción penal, sino que es necesario que esa imputación se haga de modo específico y en todo caso individualizando de modo evidente las características genéricas del tipo delictivo que se achaca al presuntamente calumniado. Es decir, no bastan atribuciones inconcretas, vagas o ambiguas, que es lo que aquí acontece, sino que la acusación ha de recaer sobre hechos inequívocos, concretos y determinados, precisos en su significación pues la falsa atribución ha de contener los elementos definidores del delito atribuido aunque sin necesidad, naturalmente, de una calificación jurídica".Y, en cuanto al dolo, la STS de 17/05/1996 establece que "El elemento subjetivo y finalista del tipo es el propósito de atentar al honor y a la fama del ofendido. Ello quiere decir que la imputación ha de ser falsa, subjetivamente inveraz, bien porque se haya llevado a cabo a sabiendas de su inexactitud, bien porque se haya procedido con desprecio absoluto hacia la verdad. De ahí que si no hay una voluntad auténtica de ofender en su honra al calumniado, no existe el delito pues la llamada difamación por ligereza no está tipificada en la Ley penal ( Sentencia de 12 de julio de 1991 )."

Una vez sentado lo anterior y como quiera que tanto la resolución objeto de apelación como en el recurso se hace mención a la colisión entre el derecho al honor y el derecho a la libertad de expresión y opinión se hace preciso dilucidar si el ejercicio de la libertad de expresión ha ocasionado una lesión al derecho al honor penalmente sancionable, o bien determinar si tal ejercicio opera o no como causa excluyente de antijuricidad. El problema de la preferencia del derecho al honor o a la libertad de expresión se tiene que resolver en el ámbito de la justificación, o sea, de la antijuricidad.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha apostado por la libertad de expresión como preferente y mantiene que cualquier injerencia en ella debe responder a una necesidad social imperiosa, estar proporcionada con la legítima finalidad pretendida y justificarse por motivos que no sólo sean meramente razonables, sino aplicables y suficientes. Para establecer los límites de la libertad de expresión debemos tener en cuenta los parámetros fijados por el Tribunal Supremo ( ATS de 16/09/2020, rec. nº 20281/2020):

"1ª- La libertad de expresión no es solo la manifestación de pensamientos e ideas, sino que comprende la crítica de la conducta de otro, aun sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a aquel contra quien se dirige ( sentencia del Tribunal Constitucional n.º 125/2007, de 21 de mayo ) 2 ª.- El pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura llevan consigo que dentro de la denominada 'Sociedad democrática' no se imponga un criterio rigorista que entienda que toda crítica a terceros entra de lleno en el terreno de la persecución penal. 3ª.- Esta plasmación de derecho constitucional de libertad de expresión e información no admiten que todo pueda caber dentro de la protección constitucional, ya que fuera del ámbito de protección de dichos derechos se sitúan las frases y expresiones ultrajantes u ofensivas, sin relación con las ideas u opiniones que se expongan, y por tanto, innecesarias a este propósito, dado que el artículo 20.1 CE no reconoce un pretendido derecho al insulto, que sería, por lo demás, incompatible con la norma fundamental".

Por tanto, no toda crítica o expresión sobre personas o instituciones representa una vulneración del derecho al honor, ya que en tal caso no se podría ejercer libremente el derecho de libertad de expresión; por lo que toda persona tiene derecho a ejercitar dicha libertad de expresión y a difundir sus ideas y opiniones dentro de los límites legales, como corresponde a una sociedad libre regulada por un Estado de Derecho, en el que el Derecho a la libertad es uno de sus pilares básico

La doctrina jurisprudencial ha venido estableciendo una serie de parámetros a los que es preciso atender para el supuesto de la colisión entre el derecho al honor y la libertad de expresión cuando se difunden opiniones o expresiones sobre determinadas personas:

* En primer lugar, las libertades de expresión y de información gozan de una situación preferente dada su significación en orden a la formación de la opinión pública en una sociedad democrática (tales libertades no sólo son derechos de la persona, sino además, al ser garantía de la opinión pública, constituyen una institución ligada de manera inescindible al pluralismo político, valor esencial del Estado democrático; por esta razón ambas libertades están dotadas de una eficacia que transciende a la que es común y propia de los demás derechos fundamentales), pero su especial relevancia no puede llevar al desconocimiento del límite constitucional que para ellas supone el derecho al honor, también constitucionalmente protegido.

* En segundo lugar, no es lícito utilizar expresiones insultantes, insinuaciones insidiosas y vejaciones innecesarias para el recto ejercicio de la libertad ejercitada. Por ello, no merecen protección constitucional aquellas informaciones en que se utilicen insinuaciones insidiosas y vejaciones dictadas por un ánimo ajeno a la función informativa o cuando se comuniquen, en relación con personas privadas, hechos que afecten a su honor y que sean innecesarios e irrelevantes para lo que constituye el interés público de la información. Respecto a la libertad de expresión, si bien es de naturaleza más amplia porque no opera el requisito de la veracidad, tiene declarado el Tribunal Constitucional que aparecerán desprovistas del valor de causa de justificación las frases formalmente injuriosas o aquellas que carezcan de interés público y, por tanto, resulten innecesarias a la esencia del pensamiento, idea u opinión que se expresa, o cuando las expresiones vertidas aparecen como calificaciones de la conducta sobre la que se informa y formuladoras de conjeturas atributivas de otros hechos ajenos a los comprendidos en la información.

* Por último, para apreciar una conducta integrable en una contravención de los preceptos que protegen el honor de las personas, los Tribunales están obligados a efectuar un juicio ponderado que les permita dilucidar, a la vista de las circunstancias presentes en el caso concreto, si semejante conducta encuentra cabal acomodo en el ejercicio del derecho fundamental referido. Es decir, si al ejercitarse la libertad de expresión o información resulta lesionado el derecho al honor; de suerte que el órgano judicial habrá de valorar si la conducta de los agentes estuvo justificada por hallarse dentro del ámbito de las referidas libertades o si por faltar tal justificación o resultar carente de fundamento se habrían lesionado las mismas.

En la más reciente STSPenal sección 1 del 28 de mayo de 2020 ( ROJ: STS 1599/2020 - ECLI:ES:TS:2020:1599 ) con cita de otras resoluciones como la STS 1023/2012, de 12-12, se recuerda que la descripción típica actual configura el delito de calumnias como una infracción eminentemente dolosa, que ya sea en la forma de dolo directo -como cimiento de la falsedad de la imputación- o en la modalidad de dolo eventual -temerario desprecio hacia la verdad- agotan el tipo subjetivo, sin necesidad de exigir un animus difamandi que necesariamente está abarcado ya por el dolo. No existen razones dogmáticas ni derivadas de la literalidad del precepto para defender lo que en expresión bien plástica se ha calificado como un tipo subjetivo tan robusto y pleno de exigencias que conducía a debilitar la protección penal del honor.

Es preciso, además, que esta la imputación de un delito a una persona concreta, determinada e individualizada. Se excluyen pues las imputaciones a personas no concretas, a colectivos genéricos. Debe dirigirse contra una persona perfectamente determinada e inconfundible ( STS 17-5-95).

Por lo demás, la identificación mediante la placa profesional de los agentes de policía «no produce el caprichoso efecto de convertirlos en inermes destinatarios de afirmaciones calumniosas que menoscaban su integridad personal y el círculo de derechos reconocidos a cualquier ciudadano». «La calumnia no pierde su potencial efecto erosivo de la honorabilidad de la víctima por el hecho de que ésta no se identifique con nombres y apellidos. Lo verdaderamente definitivo es que el destinatario de las frases que menoscaban la honorabilidad quede inequívocamente identificado. Y para ello puede ser suficiente que quede acreditado, como sucede en el presente caso, un contexto o unas imágenes que individualicen a quien el autor quiere convertir en receptor de la afrenta».( STS de 23 de Junio del 2022).

2.-En traslación de la doctrina expuesta al caso de autos, debemos señalar que nos encontramos en un supuesto en el que la acusada, a través de su red social facebook, realizó la imputación de una serie de conductas en las que claramente atribuyó a los agentes de la Ertzaina que habían participado en su detención el día 28 de agosto, una actuacción lesiva sobre su integridad corporal, cometida de forma dolosa, y desligada de su actuacción propia y de la necesidad del empleo de la fuerza para proceder a su reducción y posterior detención.

No podemos admitir que estemos ante un supuesto de ejercicio legítimo de la libertad de expresión, como plantea la parte recurente, cuando nos encontramos ante un supuesto en el que, más que criticar con expresiones más o menos desabridas una concreta actuacción policial, lo que claramente se describe son una serie de acciones que suponen la comisión de un delito de lesiones por parte de los cuatro agentes que participaron en su detención.

No se trata tanto pues, de una crítica más o menos excesiva, desaforada, o de la expresión subjetiva de un uso de la fuerza policial que se entendió como desproporcionado sino de la descripción e imputación a los agentes, cuatro, que participaron en su detención, de un conjunto de acciones concretas que integrarían un delito de lesiones, del art. 147 o en su caso art. 148 del CP.

3.-Dicho lo cual, hemos procedido a la modificación de los hechos probados de la resolución de instancia, en la consideración de que el delito de calumnias no atenta al honor de un colectivo, sino que tiene como sujeto pasivo a los agentes en concreto que han sido objeto de imputación, falsa a sabiendas, de comisión de un delito de lesiones.

La supresión de este extremo de los hechos probados, conlleva igual supresión de la cantidad fijada en concepto de daño moral por la responsabilidad civil que, tal y como estamos señalando en ningún caso podía corresponder al colectivo como tal.

4.-Procede declarar de oficio las costas de esta apelación, ante el derecho existente a la doble instancia en el orden jurisdiccional penal. Art. 123, 124 del CP, art. 239 y 240 de la LECrim.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación;