Sentencia Penal 409/2025 Audiencia Provincial Penal de Illes Balears nº 1, Rec. 197/2025 de 23 de octubre del 2025

PRIMERO.- Recurso interpuesto por Leoncio

Primer motivo. Indebida inaplicación de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal: 1ª) atenuante muy cualificada de confesión ( art. 21.4ª CP ) o colaboración ( art. 21.7ª CP en relación con el art. 21.4ª CP ). 2ª) atenuante de reparación parcial del daño ( art. 21.5ª CP ). 3ª) atenuante de drogadicción ( art. 21.2ª cp en relación con el art. 20.2º CP ).

1.El recurrente impugna la decisión de la magistrada a quode denegarle la aplicación de la circunstancia atenuante de confesión o, en su caso, de la circunstancia analógica de colaboración, puesto que su representado, en el traslado desde el lugar de su detención hasta la Comisaría, de forma libre y espontánea, reconoció su participación en numerosos robos de vivienda. Asimismo, también habría llevado a los agentes al lugar donde guardaba los efectos sustraídos. Así, entiende el recurrente que esta actuación contribuyó de manera esencial al esclarecimiento de los hechos y a la efectiva imputación de otros acusados.

2.La sentencia deniega la aplicación de la circunstancia atenuante por los siguientes motivos:

<< Tampoco cabe apreciar la atenuante de confesión yaque el acusado Leoncio como manifestaron los policías reconoció los hechos en el momento en que fue detenido cuando acababa de cometer un delito y tenía las joyas en el coche y los datos que dio a la policía no fueron relevantes tal como ya se ha hecho constar siendo evidente que el mismo lo que intentó es atenuar su responsabilidad en un futuro porque aunque el Ministerio Fiscal no se lo haya apreciado ya fue condenado en el año 2022 por un delito de robo en casa habitada.>>

3.El Ministerio Fiscal impugnó el motivo por los siguientes argumentos:

<< No obstante, en el presente procedimiento, tal y como fundamenta la sentencia recurrida, Leoncio fue detenido tras numerosas pesquisas policiales que se inician a partir de la matrícula del vehículo en el que habían huido los autores de uno de los delitos investigados, que permitió a la policía obtener datos de las personas que habían alquilado dicho vehículo así como de las grabaciones obtenidas en la empresa de rent a car se pudieron obtener fotografías de los participantes que permitieron identificar a varios sospechosos. Como consecuencia de los seguimientos efectuados a dichas personas lograron la detención de Leoncio con ocasión de la comisión de uno de los hechos por los que ha sido condenado, recuperándose, en el momento de la detención, una serie de joyas que se hallaba en el vehículo investigado.

Es decir fue el arduo y laborioso esfuerzo policial lo que ha permitido el esclarecimiento de los hechos investigados. Lo complicado y laborioso para los investigadores fue identificar al recurrente quien, hasta el momento de su detención, no había facilitado dicha labor. En el momento de su detención, sorprendido in fraganti ante los agentes que ya le habían identificado y que le habían sometido a seguimientos, reconoció los hechos sin que dicho reconocimiento pueda ser considerada una confesión tardía a los efectos del art. 21.7 y 21.4 del Código penal tal y como pretende el recurrente, y mucho menos muy cualificada tal y como solicita.>>

4.El Tribunal Supremo, en su sentencia 1167/2024, de 19 de diciembre, explica el fundamento y los requisitos para poder aplicar la circunstancia atenuante de confesión:

<< (...) Como es sabido, la regulación de esta atenuante en el Código Penal rompe con las fórmulas moralizantes anteriores en las que se exigía una actitud interna de arrepentimiento que debía manifestarse, además, espontáneamente -vid. artículo 9.9 CP, texto de 1973-. En la actualidad, el fundamento político-criminal de la atenuación radica en la identificación de un resultado de facilitación significativa de la investigación que permita dirigirla con prontitud y eficacia hacia la persona responsable, favoreciendo, en consecuencia, el ejercicio del ius puniendi del Estado. Quien confiesa reconoce la vigencia de la norma y muestra su aquietamiento al castigo legítimo que pueda derivarse -vid. STS 750/2017, de 22 de noviembre; 260/2020, de 28 de mayo-.

3. Para que la confesión produzca efectos atenuatorios ha de satisfacer determinados requisitos: primero, permitir trazar una nuclear correspondencia objetiva y subjetiva entre el relato del responsable y la realidad acontecida; segundo, ha de dirigirse, en condiciones materialmente recepticias, a las autoridades encargadas de la averiguación del delito y de sus responsables y antes de conocer que las actuaciones investigativas se dirigen hacia quien confiesa; tercero, mantenerse, en términos sustanciales, a lo largo de las actuaciones; cuarto, producir efectivos rendimientos investigativos y acusatorios, lo que excluye del espacio de atenuación tanto al reconocimiento de lo inevitable, que acontecerá cuando la autoridad encargada de la investigación del hecho dispone ya de datos significativos para dirigirla con éxito contra el responsable, como fórmulas simplemente adaptativas a los resultados ya obtenidos con finalidades elusivas de la responsabilidad.>>

5.Aplicado lo expuesto al caso concreto observamos que, aun cuando es cierto que la confesión se produjo tras su detención, no puede obviarse que a partir de ese momento el acusado dio una serie de datos ciertos que contribuyeron de manera relevante a la investigación, indicando el lugar donde habían cometido otros hechos delictivos, explicando la distribución de funciones entre los distintos participes -incluso la forma de distribución del dinero- e, incluso , entregó efectos del delito.

Es cierto que cuando fue sorprendido portaba efectos de un delito, ahora bien, la indicación de manera espontánea e inmediata de otros lugares en los que habrían cometido otros robos distintos, incluso entregado efectos sustraídos en otras ocasiones, permitió contribuir de manera relevante al esclarecimiento de estos delitos. Es más, alguno de los robos que el acusado reconoce y da información indicando el inmueble donde se ha producido el delito, es de fecha anterior al inicio de las vigilancias.

Este comportamiento justifica la apreciación de la circunstancia atenuante.

Sin embargo, el hecho de que la información se ha aportado después de detenido, hace que no pueda tenerse por cumplido el presupuesto de que se realice antes de conocer que la investigación se dirige hacia él, lo que motiva que apliquemos la atenuante analógica de los artículos 21.4 y 21.7 del Código Penal.

Segundo Motivo.- Indebida inaplicación de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal: atenuante de reparación parcial del daño ( art. 21.5ª CP )

6.El recurrente interesa la aplicación de la circunstancia atenuante de reparación del daño, puesto que habría consignado antes del juicio la cantidad de 900 euros.

7.La sentencia recurrida no aplica la circunstancia atenuante por los siguientes motivos:

< C.P. ya que 950 euros comparado con las joyas sustraídas de más de 6000 euros en una valoración a la baja que siempre realizan los peritos no permite su apreciación, más los daños morales que supone para las víctimas que no se valoran ya que pierden objetos de valor sentimental.>>

8.El Ministerio Fiscal lo impugna por los siguientes motivos:

<< En este caso, tal y como explica la sentencia recurrida, Leoncio ha consignado la cantidad total de 950 euros efectuado en dos pagos anteriores al acto del juicio oral, si bien ha sido condenado, conjunta y solidariamente con el otro condenado, al pago de una indemnización total de 14.408 euros a favor del conjunto de los perjudicados, por lo que la cantidad consignada no llega ni al 10% del total de la indemnización, resultando irrelevante dicha aportación que persigue únicamente reducir la pena a la que podría enfrentarse

Se trata, además, de un delito contra el patrimonio en el que se exige al autor la reparación del daño mediante la restitución de las cantidades concretas previamente sustraídas, de tal suerte que las cantidades a las que fue condenado formaron parte de su patrimonio con ocasión delos delitos cometidos, por lo que el esfuerzo realizado es menor que en el caso de un delito contra las personas donde no se obtiene, previamente, dicho beneficio económico.>>

9.El Tribunal Supremo, en Sentencia 1046/2024, de 20 de noviembre, afirmó lo siguiente respecto a la reparación del daño:

<

Precisamente, la marcada disociación entre acto de reparación y reconocimiento de la responsabilidad a los efectos atenuatorios patentiza que la finalidad específica buscada por la norma es la de favorecer los mecanismos de reparación del daño causado a las víctimas. De ahí, la exigencia de que el acto reparatorio resulte suficientemente significativo y relevante desde la perspectiva de la víctima, titular de los intereses lesionados por el delito que se pretenden mitigar.

Lo que explica también que la intención o la motivación que inspira el acto reparatorio se sitúe en un discreto segundo plano -que puede ser utilizado, por ejemplo, para graduar la intensidad de la atenuación-, prevaleciendo el contenido objetivamente reparatorio como presupuesto aplicativo -vid. STS 478/2017, de 16 de febrero-.

Como lógica consecuencia, no cabrá atenuar la responsabilidad penal por la simple consignación o entrega de cantidades que, a la luz del alcance del daño causado, suponen una muy reducida compensación. La atenuación reclama un juicio de merecimiento que al no basarse en fórmulas de contrición debe, al menos, justificarse en que la víctima ha sido resarcida completa o significativamente o que su resarcimiento constituye un objetivo serio y prioritario para la persona acusada.>>

10.Sobre la reparación del daño en delitos patrimoniales, la Sentencia 332/2024, de 18 de abril, dispone lo siguiente:

3.3. Es la racional conjunción de ambas realidades la que determina la pertinencia de la atenuación que contemplamos en aquellos supuestos en los que la reparación de los perjuicios no resulta completa.

Nuestra jurisprudencia ha expresado que la reparación, aun siendo parcial, debe ser suficientemente significativa y relevante, pero que en todo caso debe ser realmente efectiva y proporcionada a la capacidad del sujeto activo del delito, esto es, adecuada a una absoluta disponibilidad o predisposición de la reparación. De no ser así, la previsión normativa habilitaría conductas espurias en las que sólo una actuación formal y fragmentaria permitiría la consecución de los beneficios atenuatorios ( SSTS 415/2002, de 8 de marzo o 877/2004, de 12 de julio ).

11.Examinadas las actuaciones, entendemos que el recurso no merece prosperar. La cantidad consignada son 950 euros, cuando la cuantía de la responsabilidad civil supera los 14.000 euros. Es decir, no llega ni al 8% de la cantidad, por lo que no puede considerarse una reparación significativa y relevante que justifique la aplicación de la atenuante.

Tercer Motivo.- Indebida inaplicación de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal: 3ª) atenuante de drogadicción ( art. 21.2ª CP en relación con el art. 20.2º CP )

12.En el siguiente motivo, el recurrente aduce que ha de apreciársele la circunstancia atenuante de drogadicción, puesto que el acusado en juicio manifestó que cometió los hechos como consecuencia de su adicción a las sustancias estupefacientes. Explica que esta circunstancia se corroboró con el dictamen del INT y CF de Barcelona, donde se recoge que en el cabello se detectó la presencia de cocaína y mor?na, entre otras sustancias; así como con el informe de la DIRECCION016 de DIRECCION000 en el que recoge que el acusado ha estado en tratamiento en distintos momentos debido al abuso de cannabis, en el año 2022 y en el año 2023.

13.La sentencia de instancia deniega la apreciación de la atenuante por los siguientes motivos:

<>

14.El Ministerio Fiscal impugnó el motivo aduciendo lo siguiente:

<< No se discute el hecho de que el acusado pudiera, al menos ocasionalmente, consumir droga y que se haya sometido a tratamientos, abandonados, por consumo de cannabis considerada como droga que no causa grave daño a la salud.

No constan informes médicos que expliquen dicho consumo, ni datos objetivos que permitan conocer, al menos aproximadamente, la cantidad y frecuencia de dicho consumo o, lo que es más relevante, el grado de afectación dicho consumo en las facultades intelectivas y volitivas del recurrente, ya que la mera condición de consumidor, no es suficiente para apreciar la atenuante de drogadicción prevista en el art. 21.2 C. Penal.

No consta el grado de afectación a su capacidad de entender y de obrar conforme a ese entendimiento, no estando especialmente perturbado en esas capacidades, correspondiendo a la defensa acreditar dichas circunstancias>>

15.La Sentencia del Tribunal Supremo 75/2024, de 25 de enero, estableció lo siguiente:

<< 85. Por su parte, el campo de juego de la circunstancia del artículo 21.2 CP viene marcado por su funcionalidad. Esto es, cuando el acusado ha actuado en la comisión del delito "a causa" de su grave adicción, condicionado o acuciado por ella para obtener la sustancia que necesita imperativamente. Para que se pueda apreciar la atenuante, la drogadicción debe incidir como un elemento desencadenante del delito, de tal manera que el sujeto activo actúe impulsado por la dependencia de los hábitos de consumo y cometa el hecho, bien para procurarse dinero suficiente para satisfacer sus necesidades de ingestión, como sucede en delitos menores contra el patrimonio, o bien trafique con drogas a pequeña escala con objeto de alcanzar posibilidades de consumo a corto plazo y al mismo tiempo conseguir beneficios económicos que le permitan seguir con sus costumbres e inclinaciones.>>

16.Aplicado lo expuesto, entendemos que el motivo no merece prosperar, puesto que, como explica la magistrada de instancia, no ha quedado acreditado que el acusado haya cometido los delitos para procurarse sustancias estupefacientes.

Así, durante el juicio explicó que cometía los delitos para vender los efectos sustraídos a una persona en la DIRECCION017 y así conseguir dinero para proveerse de sustancias estupefacientes en DIRECCION018. También dijo que estuvo en la DIRECCION016 haciendo tratamientos de deshabituación, pero como daba positivo dejaba de ir.

Pues bien, pese a lo manifestado por el acusado, la prueba practicada no ha permitido apreciar el tipo de consumo ni cantidad. Es cierto que el acusado dice que consumía cocaína, pero ni siquiera ha señalado cuál era su consumo diario. Asimismo, tampoco el informe de la DIRECCION016 corrobora su manifestación, pues lo que describe es una adicción al cannabis y no a la cocaína. Además, el informe no recoge lo que dice el acusado de que el motivo de abandono de los tratamientos era que daba positivo en controles, sino que lo que consta es que se apuntó tres veces a tratamientos y que en el primero solo acudió a la primera cita a la psicóloga y los otros dos ni siquiera acudió a la primera cita. En consecuencia, no coincide la sustancia y, a su vez, la falta de una mínima asistencia al tratamiento hace que de la documentación no podamos extraer elementos que corroboren la adicción.

Es cierto que en su cabello se detectó consumo de cocaína y morfina. Ahora bien, por su longitud, el análisis se circunscribió a un mes y, además, como es sabido, esta prueba solo informa de que se ha consumido, no la cantidad, periodicidad o hábitos. En consecuencia, resulta insuficiente para justificar su versión.

Por otra parte, tampoco se han aportado otros elementos para justificarlo. Los agentes de policía no recuerdan que el acusado estuviese bajo los efectos de las sustancias estupefacientes cuando lo encontraron ni que tuviesen drogas en su poder. No se han introducido antecedentes penales o policiales por delitos contra la salud pública o sanciones administrativas por posesión.

Por todo lo expuesto, compartimos con la magistrada a quoque no resulta acreditado que el acusado cometiese los hechos delictivos con el objeto de procurarse sustancias estupefacientes.

17.La estimación de la circunstancia atenuante nos obliga a reformular la individualización de la pena.

De conformidad con los artículos 237, 238.2 y 241.1 del Código Penal, en relación con el artículo 74.1 del CP, la horquilla penológica oscila entre los 3 años y 6 meses de prisión hasta los 5 años.

Ahora bien, de conformidad con el 66.1.1 del CP, como consecuencia de la apreciación de la circunstancia atenuante de confesión, la pena ha de aplicarse en su mitad inferior, de manera que la horquilla resultante es de los 3 años y 6 meses de prisión hasta los cuatro años y tres meses.

18.Pues bien, valorando los elementos que aparecen en los hechos probados, se entiende proporcional la pena de cuatro años de prisión. Fijamos esta pena, alejada de la pena mínima de la horquilla aplicable -aunque también de la máxima- visto que el acusado ha sido condenado a nueve robos y, además, aunque no se haya apreciado como agravante, consta que el acusado tiene antecedentes penales por delitos contra el patrimonio.

Es cierto que le imponemos la misma pena que el otro acusado al que no se le ha apreciado la circunstancia atenuante de confesión. Ahora bien, el Sr. Leoncio tiene antecedentes penales y el Sr. Cipriano no, lo que justifica la imposición de la misma pena.

SEGUNDO.- Recurso interpuesto por Cipriano

19.El acusado Cipriano interpone recurso contra el pronunciamiento de la sentencia que acuerda la sustitución de la pena de prisión impuesta por la expulsión de territorio nacional. Aduce que, de acuerdo con la jurisprudencia actual del Tribunal Supremo, no cabe imponer la expulsión solo por la residencia irregular o la falta de arraigo, sino que, además, requiera valoración individualizada.

20.La sentencia acuerda la expulsión del penado por la falta de arraigo y por los hechos objeto de la sentencia, valorando que, conforme a los hechos probados, habría participado en nueve robos con fuerza.

21.El Ministerio Fiscal impugna el recurso, aduciendo que la documentación aportada no justifica un arraigo que convierta en desproporcionada la expulsión.

22.La sustitución de la pena de prisión por la expulsión de territorio nacional está regulada en el artículo 89 del Código Penal que establece lo siguiente:

<<1. Las penas de prisión de más de un año impuestas a un ciudadano extranjero serán sustituidas por su expulsión del territorio español. Excepcionalmente, cuando resulte necesario para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la vigencia de la norma infringida por el delito, el juez o tribunal podrá acordar la ejecución de una parte de la pena que no podrá ser superior a dos tercios de su extensión, y la sustitución del resto por la expulsión del penado del territorio español. En todo caso, se sustituirá el resto de la pena por la expulsión del penado del territorio español cuando aquél acceda al tercer grado o le sea concedida la libertad condicional.

2. Cuando hubiera sido impuesta una pena de más de cinco años de prisión, o varias penas que excedieran de esa duración, el juez o tribunal acordará la ejecución de todo o parte de la pena, en la medida en que resulte necesario para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la vigencia de la norma infringida por el delito. En estos casos, se sustituirá la ejecución del resto de la pena por la expulsión del penado del territorio español, cuando el penado cumpla la parte de la pena que se hubiera determinado, acceda al tercer grado o se le conceda la libertad condicional.

3. El juez o tribunal resolverá en sentencia sobre la sustitución de la ejecución de la pena siempre que ello resulte posible. En los demás casos, una vez declarada la firmeza de la sentencia, se pronunciará con la mayor urgencia, previa audiencia al Fiscal y a las demás partes, sobre la concesión o no de la sustitución de la ejecución de la pena.

4. No procederá la sustitución cuando, a la vista de las circunstancias del hecho y las personales del autor, en particular su arraigo en España, la expulsión resulte desproporcionada.

La expulsión de un ciudadano de la Unión Europea solamente procederá cuando represente una amenaza grave para el orden público o la seguridad pública en atención a la naturaleza, circunstancias y gravedad del delito cometido, sus antecedentes y circunstancias personales.

Si hubiera residido en España durante los diez años anteriores procederá la expulsión cuando además:

a) Hubiera sido condenado por uno o más delitos contra la vida, libertad, integridad física y libertad e indemnidad sexuales castigados con pena máxima de prisión de más de cinco años y se aprecie fundadamente un riesgo grave de que pueda cometer delitos de la misma naturaleza.

b) Hubiera sido condenado por uno o más delitos de terrorismo u otros delitos cometidos en el seno de un grupo u organización criminal.

En estos supuestos será en todo caso de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo.

5. El extranjero no podrá regresar a España en un plazo de cinco a diez años, contados desde la fecha de su expulsión, atendidas la duración de la pena sustituida y las circunstancias personales del penado.

6. La expulsión llevará consigo el archivo de cualquier procedimiento administrativo que tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en España.

7. Si el extranjero expulsado regresara a España antes de transcurrir el período de tiempo establecido judicialmente, cumplirá las penas que fueron sustituidas, salvo que, excepcionalmente, el juez o tribunal, reduzca su duración cuando su cumplimiento resulte innecesario para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la norma jurídica infringida por el delito, en atención al tiempo transcurrido desde la expulsión y las circunstancias en las que se haya producido su incumplimiento.

No obstante, si fuera sorprendido en la frontera, será expulsado directamente por la autoridad gubernativa, empezando a computarse de nuevo el plazo de prohibición de entrada en su integridad.

8. Cuando, al acordarse la expulsión en cualquiera de los supuestos previstos en este artículo, el extranjero no se encuentre o no quede efectivamente privado de libertad en ejecución de la pena impuesta, el juez o tribunal podrá acordar, con el fin de asegurar la expulsión, su ingreso en un centro de internamiento de extranjeros, en los términos y con los límites y garantías previstos en la ley para la expulsión gubernativa.

En todo caso, si acordada la sustitución de la pena privativa de libertad por la expulsión, ésta no pudiera llevarse a efecto, se procederá a la ejecución de la pena originariamente impuesta o del período de condena pendiente, o a la aplicación, en su caso, de la suspensión de la ejecución de la misma.

9. No serán sustituidas las penas que se hubieran impuesto por la comisión de los delitos a que se refieren los artículos 177 bis, 312, 313 y 318 bis.>>

23.Respecto a las sentencias aducidas por la defensa, la Sala, introduciendo todos los datos señalados en el recurso, no ha sido capaz de localizarlas. En cualquier caso, el Tribunal Supremo, en su Sentencia 576/2023, de 10 de julio, dispuso lo siguiente sobre los elementos a valorar para acordar la expulsión de una persona:

<

Según acabamos de precisar, el artículo 89.4 CP establece como parámetros del juicio de proporcionalidad las circunstancias del hecho y las circunstancias personales del autor, en particular su arraigo en España.

La expulsión debe ser siempre una medida proporcionada y nunca automática en la que en la que deben ponderarse los intereses y derechos en juego, entre los que se encuentran las concretas circunstancias personales y de arraigo del penado tales como tiempo de residencia en España, situación de arraigo familiar en función de convivencia, tipo de parentesco y obligaciones de dependencia material y económica, entre otras. También habrá de valorarse el arraigo laboral, profesional o cultural, la vinculación con el país de procedencia, los riesgos que pueda comportar la expulsión y, en general cualesquiera circunstancias que permiten una adecuada ponderación de los bienes jurídicos en conflicto ( STS 344/2021, de 26 de abril y STC 113/2018, de 29 de octubre)

Según dijimos en la STS 214/2021, de 10 de marzo, consiste en "sopesar si en el caso concreto, por las raíces desarrolladas en España, la expulsión resulta singularmente aflictiva y, sumada al cumplimiento de una pena de prisión, supone una sanción conjunta desmedida, poco ponderada, excesiva. La expulsión del extranjero sin vinculación alguna con el país no alberga componente sancionador alguno; o, si acaso, nimio y despreciable. Cuando la medida comporta abandonar el lugar donde está instalado el afectado desde muchos años antes y donde mantiene su entorno laboral social y parental, encierra alto contenido aflictivo. Eso es lo que ha de evaluarse principalmente, más si la expulsión se establece no como un sustitutivo total sino como un añadido adosado al cumplimiento de toda la pena o de su mayor parte".

Y sobre el concepto de arraigo también hemos dicho en la STS 221/2017, de 29 de marzo, que "no es sino la intensidad del establecimiento en nuestro país de un individuo. Usado como instrumento de medida para evaluar la proporcionalidad de la medida de expulsión, el arraigo obliga a contemplar dos vectores: 1) Principalmente, los perjuicios que para el penado puede suponer la expulsión del país. Eso involucra el esfuerzo vital (medido en años y calibrado por la expectativa de futuro) que el condenado haya consumido en asentarse en nuestro país; así como el agravio que la medida de expulsión entraña para su vida familiar o afectiva, para su actividad laboral o para otros intereses patrimoniales que pueden resultar afectados. Como ya hemos adelantado, no puede hablarse de proporcionalidad sin contemplar singularmente esta afectación de la medida. 2) En todo caso, existe una consideración colectiva del arraigo, que tampoco puede eludirse cuando la norma penal apela al arraigo como marcador de la proporcionalidad de la medida de expulsión. Esa dimensión del arraigo, hace referencia a si el extranjero condenado participa de los principios fundamentales en los que se asienta constitucionalmente nuestra convivencia social y en qué medida puede llegar a percibir nuestra comunidad como propia. Ambos factores -el personal y el colectivo- permiten mesurar el arraigo y ponderar el grado de afectación de una eventual decisión de expulsión, desvelando si puede resultar o no desproporcionada como respuesta punitiva, en atención al delito cometido y a las circunstancias por las que se impone.>>

24.Aplicado lo expuesto al presente caso, entendemos que el recurso no merece prosperar.

En efecto, coincidimos con la magistrada de instancia -además, parece que no es negado por el propio recurrente- en que el Sr. Cipriano carece de arraigo en España. Es irregular, carece de trabajo en España, sin que se haya mencionado en el recurso ni siquiera cuánto tiempo lleva en nuestro país. Tampoco tiene mujer o hijos en España.

Es cierto que afirma que vive en España su hermana, sobrinas y un tío. No obstante, esta circunstancia resulta insuficiente, puesto que se desconoce el vínculo que tiene con estas personas. Es más, como afirma el Ministerio Fiscal, lo único que conocemos es que no vive con ellos.

Por otro lado, la pena de prisión que se sustituye es grave -cuatro años de prisión-. A su vez, como afirma la magistrada, no se trataría de un hecho aislado, sino que en la sentencia se le condena a nueve robos con violencia.

En último lugar, el recurrente no ha aducido otras circunstancias propias, ya sean personales, laborales, personales, vitales, patrimoniales o del país de destino, que conviertan en gravemente lesiva la expulsión.

Por todo ello, entendemos que la sustitución de la pena de prisión por expulsión acordada en sentencia no resulta desproporcional, por lo que procede confirmar el pronunciamiento de la sentencia de instancia.

CUARTO.- Costas

25.Se declaran de oficio las costas correspondientes a esta apelación, al no apreciarse temeridad ni mala fe en el recurrente.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general, obligada y pertinente aplicación.

F A L L O