Sentencia Penal 490/2024 Audiencia Provincial Penal de Illes Balears nº 1, Rec. 217/2024 de 24 de octubre del 2024

PRIMERO.- Se alza la defensa del acusadofrente a la sentencia de condena por delitos de intrusismo profesional y estafa alegando, a tales efectos (en síntesis de los motivos del recurso en los que se entremezclan motivos fácticos y jurídicos) el error valorativo en la valoración de las pruebas,en cuanto a determinados aspectos del relato fáctico (el carácter con el que se publicitaba el acusado, el beneficio económico obtenido, la realización de actos propios y exclusivos de la profesión de abogado, el perjuicio causado a los denunciantes y la causación de perjuicios morales). Y, vinculado a ello, en el segundo motivo, se alega la infracción, por indebida aplicación de los artículos 403 y 248 del C.P .considerando que la actuación del acusado que, a juicio de la parte, debió declararse probada, no concurren los elementos esenciales de dichos tipos penales, de acuerdo con el tenor literal de los preceptos legales y su interpretación jurisprudencial en las sentencias que cita el recurrente.

Interesa de la Sala se revoque la sentencia recurrida y se acuerde la libre absolución del Sr. Felicisimo con todos los pronunciamientos favorables y con expresa imposición de costas de esta alzada a la acusación particular.

El Ministerio Fiscalse opone a la estimación del recurso considerando en su informe de fecha 12-7-2024, que la intervención de la segunda instancia es sólo para verificar, por un lado, la validez y regularidad procesal de las pruebas practicadas, y, por otro lado, la valoración de la prueba únicamente limitada a controlar si las conclusiones del Juez resultan congruentes con los resultados probatorios y se ajustan a criterios generales de razonamiento lógico según las reglas admitidas. (...)

Sentado lo anterior, este Ministerio no aprecia que se haya producido ninguna vulneración del derecho a la presunción de inocencia del recurrente por error en la valoración de la prueba. El acervo probatorio existente contra el condenado, practicado en el plenario de acuerdo con los principios de inmediación y contradicción, es contundente y no deja lugar a duda alguna sobre la culpabilidad de este, tal y como se valora en los fundamentos jurídicos de la Sentencia combatida, que recoge y analiza con detalle las manifestaciones del acusado y de los perjudicados, así como la documental que fue introducida por las partes

En definitiva, entendemos que el recurso no puede prosperar por ninguno de los motivos alegados por la parte recurrente, en base a todo lo manifestado anteriormente, resultando la extensa prueba practicada con todas las garantías legales suficiente prueba de cargo como para destruir la presunción de inocencia, y entendiendo que la valoración de la misma realizada por parte de la Juzgadora se ajusta a las reglas de la lógica y la razón, y no incurre en contradicciones o errores, y que los preceptos legales han sido correctamente aplicados, procediendo, por tanto, la confirmación de la Sentencia recurrida por sus propios fundamentos."

La acusación particularse opone a la estimación del recurso (escrito de fecha 25-7-2024), alegando en cuanto al primer motivo, que contrariamente a lo alegado se practicó prueba de contenido incriminatorio suficiente en relación con el beneficio patrimonial (ac. 18 pagos realizados al acusado) diplomas ene l despacho (testimonios contestes de las perjudicadas) denuncia penal (WhatsApp). Y en cuanto al segundo motivo, considera correcta la subsunción de los hechos en los delitos objeto de causación ya que "los actos propios de la profesión de abogado, estos no están limitados únicamente a actuaciones judiciales y así viene estipulado en el artículo 6 del Estatuto General de la Abogacía como en el artículo 542 de la Ley Orgánica del Poder Judicial . Asimismo, en el acto del juicio, tanto en el informe del Ministerio Fiscal como de esta acusación se alegaron varias sentencias que entienden que se está cometiendo un delito de intrusismo profesional en la profesión de abogado, no solo con la actuación judicial, sino que hay otras actuaciones extrajudiciales que también son propias de la abogacía, concretamente, se mencionaron las siguientes: La SAP de Barcelona nº 157/2022 de 28 de abril ,(...) La SAP de Cáceres nº 47/2003 de 13 de junio ,(...) La SAP de Cáceres nº 23/2007 de 16 de febrero .Al igual que entiende la parte que concurrían los elementos del tipo penal de la estafa.

SEGUNDO.- Delimitado su objeto, por lo que respecta a la impugnación en cuanto a los aspectos del relato fáctico que se declaran probados, cabe recordar que cuando, como en este caso, se alega el error de valoración vinculado a la vulneración del derecho del acusado a la presunción de inocencia, la función del Tribunal revisor supone analizar ( STS núm. 90/2007) si existe prueba de cargo suficiente para enervar tal derecho fundamental; si esa prueba de cargo ha sido constitucionalmente obtenida, legalmente practicada y racionalmente valorada y si el resultado de esa valoración está suficientemente motivado en la resolución recurrida; es decir, determinar la licitud y suficiencia de la prueba así como su correcta apreciación; recordando, sin embargo, en cuanto este último aspecto, que se halla en estrecha vinculación con el error de valoración, que, pese a la naturaleza de la apelación como novum iudicium,en dicha labor revisora cuando el fallo se basa en pruebas de naturaleza personal, el criterio consolidado en materia revisadora, como consecuencia del principio de inmediación que informa nuestro derecho penal, supone que el órgano competente para resolver el recurso de apelación, en la medida en que sólo conoce del resultado de la prueba practicada, debe centrar en su control de la valoración de dichas pruebas a constatar la existencia de errores de valoración que sean patentes, o bien en los casos en que las sentencias recurridas lleguen a conclusiones ilógicas arbitrarias o que se aparten sustancialmente de los hechos que se desprenden de las manifestaciones de los testigos.

Añadimos que conforme a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional es criterio consolidado que cuando existen dos versiones contradictorias sobre los mismos hechos, la presunción de inocencia puede quedar desvirtuada por la declaración de un testigo, aunque sea el propio denunciante, debiendo el Juzgador valorar ambas versiones y las circunstancias concurrentes en el caso concreto en relación con los conocidos los parámetros de valoración de dicha declaraciones, ausencia de motivos de incredibilidad subjetiva, persistencia del relato, y muy especialmente existencia de corroboración en fuentes de prueba externas a la propia manifestación. Y si bien el acusado no tiene obligación de decir verdad ni de acreditar plenamente los hechos que sustentan su versión, sí que la inconsistencia de ésta, su falta de corrobación o la ausencia de explicación alternativa de indicios que reclaman una explicación pueden servir de elemento de corroboración de una tesis acusatoria ya acreditada mediante otros medios de prueba.

Aplicando dichos principios al supuesto analizado, la Sala ha revisado las actuaciones y visionado la grabación del acto del juicio, considerando que el recurso no puede prosperar.

En el caso, la sentencia de instancia condena al recurrente como autor de los delitos ya referidos, al considerar probado el relato fáctico que han presentado las acusaciones sobre la base de las declaraciones testificales de los propios perjudicados, prueba practicada en el plenario, conforme a los principios de oralidad, inmediación y contradicción, al igual que la declaración del acusado. Y la lectura de la resolución muestra que la juez a quoha otorgado credibilidad a los denunciantes estimando que su testimonio supera los parámetros aludidos, explicando las razones por las cuales y a tenor del resultado de estas pruebas practicadas, (en esencia documental que acredita la no condición de abogado del recurrente y otros documentos relativos a las relaciones entre las partes al tiempo de los hechos, como WhatsApp, o documental relativa la tramitación de los asuntos cuya gestión se declara probado asumió el Sr. Felicisimo) le merece credibilidad hasta el punto de no albergar duda alguna de que los hechos acaecieron tal y como él ha relatado. Frente a ello, considera la juzgadora que el acusado ha mantenido una versión exculpatoria, legitima, pero que no responde a la verdad de lo sucedido con los perjudicados. En definitiva, ante un cuadro de versiones contradictorias se alzaprima la versión de los perjudicados por constar suficientemente corroborada, sin que de las alegaciones del recurso se desprendan errores dignos de revocación. Concretamente:

Alega la parte que no consta acreditado el carácter con el que se publicitaba el acusado como letrado internacional en las páginas web ni los numerosos diplomas y la tarjeta profesional y en cambio ha quedado acreditado que compartía el despacho con Felipe que era el letrado que intervenía en los procedimientos; no obstante, consta en autos el documento en el que el acusado se identifica a sí mismo como letrado internacional, así como su tarjeta profesional aportada como prueba documental, corroborando tales documentos el testimonio de los perjudicadas, quienes también coinciden en que vieron diplomas en el despacho del acusado y en que éste se atribuía ante ellos las funciones de letrado, y por ello le encargaron asuntos propios de un abogado. La sentencia menciona como otro elemento de corroboración los WhatsApp entre el acusado y la perjudicadas, documental no impugnada en la que el acusado traslada información sobre sus gestiones por el tema de la plusvalía, y que ante lo infructuoso de la vía administrativa aconseja que tendrían que acudir a la contenciosa, añadimos como otros indicadores la constancia del propio acusado junto a Felipe en el poder notarial que se elaboró con la minuta facilitada por el acusado, y en el que el acusado consta como letrado internacional colegiado nº NUM000 dato aportado por la acusación particular en su recurso (ac. 115 instrucción), Así como el documento 4 de la querella, correo en el que el acusado se autodenomina abogado internacional, acervo documental que constituye corroboración suficiente de sus manifestaciones, en línea con lo valorado en la instancia.

Otro aspecto que combate el recurrente es la actuación del acusado guiada por la intención de obtener un beneficio patrimonial, alegando que de los hechos probados solo se desprende que percibió la cantidad de €250 que le habría entregado el Sr. Nicolas por conseguir de un expediente judicial ante la compañía aseguradora una indemnización de más de €1000; no habiéndose probado el perjuicio de la Sra. Estibaliz por pérdida de oportunidad de encargar a otro profesional en vía contencioso administrativa la reclamación del importe de la plusvalía, ni los perjuicios morales en la cantidad de €2000 que la sentencia declara a favor de Antonieta, aunque se dice que no consta acreditado que sufriera perjuicios morales. Tales alegaciones tampoco merecen favorable acogida.

En cuanto a la intencionalidad del acusado, es clara partiendo del testimonio de los perjudicados que relatan que confiados en la apariencia creada por el acusado presentándose como letrado ejerciente le encargaron asuntos por los que le abonaron importes, cantidades que, no todas han quedado acreditadas como indica la resolución recurrida pero sí que en el relato de hechos probados consta que le pagaron la suma de €250 por una gestión en relación con un accidente de circulación. En cualquier caso, el beneficio económico concreto que hubiera obtenido el acusado no es un dato factico necesario para la calificación como delito de intrusismo profesional como establece expresamente la sentencia recurrida.

Por lo que respecta al daño moral, s.e.u.o la sentencia no reconoce cantidad indemnizatoria alguna a favor de la Sra. Antonieta sino solo a la Sra. Estibaliz y la misma no se asienta en vacío probatorio, sino que precisamente la resolución recoge las manifestaciones de su madre: más que por el dinero está decepcionada por el tema moral y por lo mal que lo ha pasado su hija, he ido al médico y al psiquiatra por otras cosas y lo que le duele es ver a su hija así,lo de la herencia tardaron tres años en arreglarlo porque parece ser que alguien no jugaba limpio, para arreglarlo no sabe bien como se negoció lo del estatge de vida, y las propias manifestaciones de la Sra. Estibaliz sobre las consecuencias anímicas y físicas tras lo sucedido con el acusado (insomnio, desánimo y desconfianza en la justicia, vómitos psicógenos), sin olvidar que la prueba del daño moral no es precisa cuando fluye como consecuencia del propio relato, como aquí acontece La STS 514/2009, de 20 de mayo, recoge dicha doctrina cuando resume que "En materia de daños morales constituye una doctrina arraigada en esta Sala que "el denominado precio del dolor, el sufrimiento, el pesar o la amargura están ahí en la realidad sin necesidad de ser acreditados, porque lo cierto es que el daño moral no necesita estar especificado en los hechos probados cuando fluye de manera directa y natural del relato histórico".En el relato de la sentencia de autos, se contienen elementos suficientes como para apreciar que la conducta del acusado causó esta situación de afectación y desasosiego consecuencia del engaño y la confianza traicionada.

Finalmente, se alegan en el recurso una serie de déficits probatorios en relación con otras circunstancias introducidas en el plenario por los denunciantes, según planteamiento del recurrente, con el ánimo de obtener percepciones económicas, alegación que tampoco puede prosperar. Así, que los denunciantes sostuvieron en su declaración que el acusado les aconsejó faltar a la verdad en una denuncia y que por ello les condenaron por delito de falso testimonio, afirmación sobre la que no se habría practicado prueba alguna en el juicio, considerando que, en cualquier caso, de la redacción de una denuncia falsa solo tendrían responsabilidad los propios denunciantes y no su patrocinado,

No obstante, se trata de una cuestión que no consideramos relevante en orden a evidenciar errores valorativos. Efectivamente, los denunciantes declaran que incurrieron en falsedad siguiendo el consejo del falso letrado, y ello determinó una condena por delito de falso testimonio. Pero, precisamente, la sentencia no lo considera como un perjuicio de la actuación del acusado, porque entiende que los perjudicados tuvieron la posibilidad de declarar la verdad con lo que no existe error valorativo en cuanto al alcance de ese comportamiento de los denunciantes. Y si la alegación de la defensa se refiere a la falta de corroboración por no haber acreditado ningún extremo en relación con esta denuncia supuesta denuncia falsa, tampoco nos parece relevante aplicando el criterio de facilidad probatoria, siendo prácticamente imposible o muy difícil, acreditar que la falsedad se realizó por consejo del recurrente, más allá de las contradictorias versiones. Por ello tampoco puede constituir un motivo de incredibilidad de los testimonios, frente a la documental aportada que avala el testimonio de las declarantes en relación con la actuación que desplegó el acusado para generar la apariencia como letrado no siéndolo en realidad, sin que la falta de plena probanza en cuanto a las circunstancias que hicieron que presentaran una denuncia conteniendo una falsa declaración tenga entidad para desvirtuarla.

Junto a ello, considera la parte que en la actuación ante el notario era este fedatario público el encargado de velar por la legalidad de las actuaciones, al igual que la reclamación de la aseguradora la había supervisado el letrado Antonio Crespí y estas circunstancias, determinarían que la intervención del acusado consistente en hacer de enlace entre los clientes y el notario en el primer caso y en hacer una reclamación extrajudicial serían conformes a la legalidad. Ahora bien, por lo que respecta a la intervención en la Notaria, la sentencia precisamente afirma que no consta acreditado el alcance de la intervención del acusado. Y en cuanto a la reclamación extrajudicial, tales alegaciones se refieren más al siguiente motivo, infracción de ley porque conducen a valorar la intervención del acusado, y no combaten el dato esencial que en la sentencia se declara probado y es que el Sr. Nicolas encargó este asunto al recurrente en la creencia de que era letrado ejerciente, con lo que el hecho de que hubiera otro letrado carece de entidad para afectar el hecho esencial y es la apariencia creada por el acusado ante los perjudicados.

En definitiva, consideramos que el relato fáctico de la sentencia recurrida asienta en prueba de contenido incriminatorio suficiente y racionalmente valorada, sobre la base de los testimonios de los perjudicados corroborados con abundante prueba documental, sin que la revisión de lo actuado ponga de relieve una valoración manifiestamente errónea, siendo conforme con el principio de libre valoración probatoria y las precitadas pautas jurisprudenciales a seguir en la apreciación de la prueba testifical, que en los casos de versiones contradictorias como la presente cabe que el Juez sentenciador decida alzaprimar una sobre la otra atendiendo al distinto grado de credibilidad que le merezcan los distintos testimonios y a los posibles datos objetivos o indiciarios que pudieran concurrir en apoyo de una u otra de las posturas controvertidas, como aquí ocurre.

Finalmente, cabe recordar en cuanto a las funciones revisoras de la Sala de apelación ( Sentencia del Tribunal Supremo 755/2017 de 24 de Noviembre, resumiendo la conocida doctrina plasmada en muchas otras resoluciones) "No se trata, por lo tanto, de comparar la valoración probatoria efectuada por el Tribunal y la que sostiene la parte que recurre o cualquier otra posible, sino, más limitadamente, de comprobar, de un lado, la regularidad de la prueba utilizada, es decir, su ajuste a la Constitución y a la ley, y, de otro lado, la racionalidad del proceso argumentativo".Presupuestos que, a la vista de los fundamentos de la sentencia en su contraste con lo actuado en el plenario, se cumplen.

En consecuencia, el motivo se desestima.

TERCERO.- Pero también ha de desestimarse el siguiente motivo de recurso, concurriendo en los hechos probados la totalidad de elementos de los delitos objeto de acusación, intrusismo profesional y estafa, pues el acusado se ganó la confianza de los perjudicados faltando a la verdad sobre su condición profesional y con esto les engañó y logró que le encargaran asuntos, servicios que le abonaron, cuando menos en una parte, los perjudicados, causándoles un perjuicio económicamente valorable.

En tal conducta concurren los elementos del tipo penal del art 403 del C.P. de acuerdo con lo razonado en la sentencia recurrida, desde el momento en que el acusado realizó actos propios de la profesión de abogado, tales como la preparación de la testifical y la redacción de una denuncia, (documentos aportados por la acusación e (docs. 3 y 2bis), la representación extrajudicial en la negociación de una indemnización y aconsejar firmar el finiquito (admitido por el propio acusado) la interposición de escritos en reclamación de la plusvalía municipal y afirmar haber redactado y presentado demanda ya interpuesta en el Juzgado de lo contencioso administrativo, cuando, en realidad, le habían inadmitido el escrito en vía administrativa y nunca se interpuso demanda, actos realizados careciendo de la titulación como licenciado en derecho y no estando colegiado, como evidencian los certificados obrantes en los acs. 5 y 83 del visor de instrucción.

Sobre la base de lo anterior, no podemos acoger las alegaciones de la defensa cuando interpreta la realización de actos propios de la profesión de abogado como aquellos que tengan lugar en el ámbito de un procedimiento, puesto que el artículo 542 de la Ley Orgánica del Poder Judicial alude también entre las funciones del abogado al consejo y al asesoramiento jurídico; así resulta asimismo del artículo 6 del Estatuto General de la Abogacía y este tipo de actos son los que realizó el acusado frente a los perjudicados.

Por lo que respecta al documento obrante en el ac. 83 consistente en la manifestación del Colegio de Abogados de su voluntad de no personarse en la causa según el cual resultaría que los hechos no son constitutivos de delito de intrusismo; no obstante, tampoco es atendible la tesis del recurrente. De acuerdo con su tenor, el documento en cuestión lo único que constata es que el Colegio de Abogados no se personará en las diligencias de instrucción, pero no dice que el motivo de ello sea que no se considere perjudicado por no ser los hechos constitutivos de un delito de intrusismo profesional, pudiendo existir muchos otros motivos por los que no se quiera personar el Colegio de Abogados.

Por otra parte, de nuevo sobre el anterior argumento de la defensa, las actuaciones del sujeto activo en el delito del art. 403 del C.P. no tienen necesariamente que ser necesariamente procesales, sino las propias de un letrado ejerciente, que incluyen el consejo y asesoramiento jurídico, como las que valora la sentencia, siempre y cuando se realicen arrogándose la condición de letrado careciendo de la misma, que es el dato relevante que conduce a la condena del recurrente. (Sentencias citada en el escrito de impugnación de la acusación particular, entre otras SAP Barna, 157/2022 de 28 de abril que recoge un resumen jurisprudencial). Y es, precisamente, esta circunstancia la que determina la concurrencia en el caso de los elementos definitorios del delito de estafa, art 248 y 249 del C.P., en su modalidad de engaño mediante ocultación de información relevante, modalidad admitida por el Tribunal Supremo en el marco del negocio jurídico criminalizado. (por ejemplo, STS 26-3-2014) que establece como doctrina que "se comete el delito de estafa cuando se omite una información relevante que se está obligado a suministrar, produciendo, mediante engaño bastante, un error esencial en los perjudicados, desconocedores de la situación real, cuando existe el debido nexo causal entre el engaño ocasionado y el perjuicio de las víctimas y se hace guiado por el ánimo de obtener un beneficio.Elementos que concurren en el presente caso, en el acusado haciéndose pasar por abogado que no era (doc. 85 y 5) logró que los perjudicados le encargaran asuntos en los que les prestó consejo y asesoramiento juicio y realizó actuaciones que les causaron perjuicio, constando acreditada la pérdida de oportunidad de la devolución de la plusvalía por la errónea tramitación en el ac. 10 de la causa.

En definitiva, tampoco ha existido error por la vía de la calificación jurídica de los hechos, por lo que concluimos que la Juez de Instancia alcanzó una convicción judicial que ni es ilógica ni arbitraria, ni se aparta del resultado de dicha prueba practicada debe por ello respetarse el uso que ha hecho dicho órgano judicial de su facultad de apreciar en conciencia las pruebas practicadas en su presencia, sin que haya quedado constado ni la infracción del principio de presunción de inocencia, ni los errores de subsunción que han sido denunciado, por lo que el recurso se desestima.

CUARTO.- No advirtiéndose mala fe ni temeridad en la interposición del recurso, procederá declarar de oficio las costas de esta alzada; sin que proceda la condena en costas interesada.

VISTAS las precedentes consideraciones, las disposiciones normativas citadas, sus concordantes, y demás de general y pertinente aplicación.