Sentencia Penal 112/2024 Audiencia Provincial Penal de Cádiz nº 1, Rec. 51/2022 de 09 de julio del 2024

PRIMERO.-Se formula acusación particular contra un único acusado, Simón, al haberse producido el fallecimiento del señor Braulio, y se hace en base a sendos delitos de estafa agravada, falsedad en documento privado y documento mercantil y estafa procesal y, alternativamente, apropiación indebida.

Los hechos que sustentan la acusación particular se basan en que a raíz de unas prolongadas relaciones afectivas, de amistad y comerciales entabladas entre el señor Sabino y el señor Braulio, bien mediante engaño o bien quebrantando la confianza otorgada por el señor Sabino como poderdante, el señor Simón como administrador único de Elocaren S.L., empresa propiedad del señor Braulio de la que éste era socio único, con ánimo de lucro y en provecho del señor Braulio, logró el otorgamiento de sendas escrituras públicas el 3 de diciembre de 2007 (ff. 19 y ss, 209 y ss) y el 3 de octubre de 2007 ( ff. 127 y ss) en uso y abuso mendaz de los poderes otorgados por el señor Sabino y en cuya virtud el señor Sabino reconocía adeudar a la entidad Elocaren S.L. abultadas sumas de dinero y, más en concreto, 600.000 € y 175.000 € respectivamente y ello sin responder a ningún negocio jurídico subyacente y en garantía del pago de dicha deuda se constituyó en dichas escrituras hipoteca sobre dos fincas cuyo pleno dominio correspondía con carácter privativo a la señora Gema, esposa del señor Sabino. El señor Braulio, habida cuenta de las relaciones de amistad entabladas con el señor Sabino y entre los respectivos matrimonios de ambos, conocía el patrimonio del suegro del señor Sabino, padre de la señora Gema, señor David, siendo dicho patrimonio objeto de codiciosa e ilícita depredación y para cuya consecución se sirvió del matrimonio formado por los señores Sabino y Gema.

Se sostiene por la acusación particular que el pagaré reclamado en el juicio cambiario 219/2008 del juzgado mixto número dos Chiclana de la Frontera (obrante a los ff. 18, 80, 182 ó 280, entre otros) , si bien dispone de un endoso firmado al reverso y cuya firma es auténtica en cuanto perteneciente a la señora Gema, dicho pagaré es ilegítimo toda vez que fue llevado al despacho de la señora Gema por el señor Simón y, puesto en la mesa de la señora Gema por el reverso, fue firmado por la señora Gema en blanco y sin advertir el contenido del anverso de dicho pagaré. Este comportamiento se debió a que la señora Gema, empleada de Cruz Roja desde 1999, aceptó ser la administradora única de una de las empresas del señor Braulio, Parking La Barrosa S.L. y pensó que el pagaré cuyo endoso estaba firmando correspondía a uno de tantos talones de dicha empresa. El mencionado pagaré contaba con la firma en blanco del señor David, de la cual se abusó rellenando mecanográficamente el anverso en la forma que consta en el pagaré, por un nominal de 544.400 €. El señor Sabino manifestó en sede testifical en el plenario que él disponía de pagarés y letras de peloteo firmadas por su suegro, el señor David, efectos que siempre eran rellenados a bolígrafo y por cantidades mucho menos abultadas que las del pagaré litigioso, efectos de peloteo que se presentaban a descuento y eran atendidos a su vencimiento como mecanismo de obtención de financiación creando o aparentando falsamente una deuda, como era habitual en esos años, de forma que uno de esos pagarés podría haber sido empleado fraudulentamente por el acusado.

Hasta aquí lo sostenido, básicamente, por la acusación particular.

Por lo que respecta a las pruebas personales practicadas en el acto del plenario, en lo que concierne a la testifical de la señora Gema , está declaró en el acto del plenario que ella personalmente jamás tuvo relaciones comerciales con el señor Braulio ni con ninguna de sus empresas, así como tampoco su padre el señor David y que su marido, durante la convivencia matrimonial, jamás le habló de sus relaciones comerciales con el señor Braulio y manifiesta que, en efecto, era administradora única de la empresa Parking La Barrosa S.L., razón por la cual era habitual que el señor Simón le presentara efectos cambiarios que ella debía aceptar o endosar, cual ocurrió con el pagaré litigioso, el cual cuenta con un endoso firmado por ella en la creencia de que se trataba de un talón de dicha empresa, pagaré que, insiste, no revisó por el anverso y cuyo endoso lo firmó en blanco. Por lo que respecta al reconocimiento de deuda obrante a los folios 33 y siguientes de los autos, justificado por la existencia del pagaré litigioso, niega su firma. Por lo que respecta al acuerdo transaccional que recogen los hechos probados de 4 de agosto de 2008 no solamente reconoce su firma, así como la de su marido y su padre sino que declara que se entablaron negociaciones sobre el contenido de dicho acuerdo por los letrados de ambas partes interviniendo en las negociaciones también otro familiar suyo, un tal Gustavo, cuñado suyo y su hermana Irene, en su condición de letrada al final de dichas negociaciones. Reconoce que dicho acuerdo se firmó y se reconoce igualmente el otorgamiento de la escritura pública de la misma fecha en la que se constituyen sendas hipotecas sobre dos fincas, una de su propiedad y otra propiedad de su padre, el señor David, en garantía de la deuda recogida en el acuerdo de 4 de agosto de 2008 , cuyo importe y forma de pago recoge también la escritura pública de la misma fecha. En la escritura pública de 4 de agosto de 2008 consta la comparecencia en su propio nombre y derecho para el otorgamiento del negocio jurídico objeto de dicha escritura tanto de la señora Gema como del señor Sabino como del señor David y reconoce en el plenario la señora Gema que firmó dicha escritura en notaría. Declara en prueba testifical en el plenario que se abonaron en efectivo los 150.000 € a Elocaren S.L., así como las dos primeras letras de cambio giradas para pago de la deuda recogida en dicho acuerdo de 4 de agosto de 2008. Declara en su testifical en el plenario que no tuvo conocimiento de la existencia del reconocimiento de deuda hasta 2011 y que estaba abrumada por los acontecimientos habida cuenta de los numerosos juicios cambiarios interpuestos contra ella, su marido y su suegro por parte de Probeco del Sur S.L. y Marcelino y asociados, empresas que no tienen relación alguna con el señor Braulio y de cuyas reclamaciones se ha aportado documentación en el acto del juicio, acreditando la tortuosa situación patrimonial por la que atravesaba el matrimonio, lo que unido a la depresión por la que estaba atravesando su marido en aquellas fechas, dolencia de la que se ha aportado prueba documental, justifican suficientemente que la denuncia en sede penal se interponga tres años después de la reclamación del pagaré de 544.400 €. La señora Gema declara en prueba testifical que ostenta el título de diplomada en ciencias empresariales

El señor Sabino ha declarado en prueba testifical que, en efecto, es gestor inmobiliario de profesión, que su relación de amistad y comercial con el señor Braulio deviene ya de la que el señor Braulio tenía con su padre, de forma que el señor Braulio cedió a su padre un local para montar una empresa inmobiliaria junto con el testigo. Declara que intervino en muchas operaciones de compraventa de locales de muchas empresas en las que el señor Braulio era propietario y socio único y en razón a la amistad y confianza entre ambos, el señor Braulio le dejaba a deber muchas comisiones derivadas de dichas operaciones. Reconoce que pidió y obtuvo dinero a cuenta de dichas comisiones del señor Braulio y que la deuda existente entre ambos nunca fue objeto de liquidación ni ajuste de tipo alguno, al menos antes del acuerdo de 4 de agosto de 2008 en cuya firma reconoce haber intervenido, así como su esposa la señora Gema, su suegro y recuerda a su cuñado, un tal Gustavo, que intervino en las negociaciones y que no ha declarado como testigo. Reconoce su intervención en la escritura pública de 4 de agosto de 2008 y reconoce igualmente haber abonado los 150.000 € que rezan en la acuerdo de 4 de agosto como forma de pago de parte de la deuda y reconoce haber abonado dos letras de cambio de las aceptadas por él y por su mujer recogidas en dicho acuerdo. Por lo que concierne al pagaré litigioso, se ratifica en el hecho de que él utilizaba muchos efectos de peloteo firmados por su suegro, el señor David, y que jamás obtuvo firmado de su suegro ningún pagaré por importe de 544.400 € y mucho menos acompañó al acusado, señor Simón, al despacho de su mujer con el pagaré para recabar de ésta la firma del endoso.

La declaración judicial del señor David obrante a los folios 185 y vto fue reproducida en el plenario en aplicación del artículo 730 de la Lecr ante la imposibilidad de declarar en sede plenaria, impedimento justificado por documentación médica aportada en la vista. En esencia vino a declarar que él personalmente no ha tenido relaciones comerciales con el señor Braulio ni con ninguna de sus empresas y negó la legitimidad del pagaré motivador del juicio cambiario 219/2008.

Por lo que respecta a la declaración del acusado en el plenario, el señor Simón, éste declaró que él personalmente no tuvo ninguna relación comercial con el señor Sabino ni con la señora Gema así como tampoco con el señor David y que su intervención en los hechos lo fue, exclusivamente, como administrador único de Elocaren S.L., condición que sigue ostentando si bien que la empresa tiene poca actividad en la actualidad. Declara que, en efecto, tal y como depuso el señor Sabino, éste intervenía como comisionista e intermediario en las operaciones inmobiliarias del señor Braulio y de sus empresas, entre ellas Elocaren S.L. Declara asimismo que entre el señor Braulio y el señor Sabino existía una importante relación de amistad y confianza, razón por la cual el señor Sabino hacía importante dejación del cobro puntual de sus comisiones pero, al mismo tiempo, a cuenta de las mismas recibía cantidades nada desdeñables de dinero del señor Braulio, hasta que llegó un momento en el que la deuda alcanzó un volumen muy considerable razón por la cual se otorgaron las dos escritruras de reconocimiento de deuda y, en orden a ajustar y liquidar definitivamente la deuda que sin duda el señor Sabino había contraído con el señor Braulio, se firmó el pagaré por importe de 544.400 €, pagaré que le entregó al acusado el propio señor Sabino y con quien acudió el señor Simón al despacho de la señora Gema a fin de que ésta endosara dicho pagaré, toda vez que el mismo estaba firmado por el señor David contra una cuenta corriente de su titularidad pero librado a la orden de ella , por lo que ésta debía endosar el pagaré y como la cantidad era notoria e importante se confeccionó un reconocimiento de deuda que se firmó por la señora Gema el mismo día del endoso . Declara asimismo que tras la interposición del juicio cambiario 219/2008 con fundamento en el antedicho pagaré, cuyo pago resultó denegado, se llegó a un acuerdo transaccional en el que intervinieron los señores Sabino, David y la señora Gema, quienes intervinieron en las negociaciones a través de su letrada, haciéndolo el señor Braulio asistido por el letrado señor Jesús Alonso de la Sierra, acuerdo que fue firmado por todas las partes y en el que como resultado de la liquidación y finiquito de todas las deudas y relaciones comerciales habidas entre las partes, los señores Sabino y Gema resultan adeudar la cantidad que recoge el acuerdo de 477.093 €, cuyo pago fue parcialmente ejecutado mediante la entrega de 150.000 € en efectivo y las dos primeras letras de cambio aceptadas por el señor Sabino y Gema, acuerdo que fue también ejecutado en la parte relativa a la constitución de hipoteca sobre fincas propiedad de la señora Gema y el señor David en garantía de dicha deuda.

La declaración judicial del señor Braulio se dio por reproducida en el plenario, habida cuenta de su fallecimiento y obra a los folios 258 y siguientes.

En los hechos probados de la sentencia se describe el contenido relevante de la prueba documental obrante en autos

SEGUNDO.-Apreciadas en conciencia las pruebas practicadas en el acto del plenario con sujeción a los principios de defensa, publicidad y contradicción y conjuntamente valoradas conforme al artículo 741 de la lecr, consideramos que no ha quedado enervado el derecho a la presunción de inocencia del acusado y existen dudas, más que razonables, de lo postulado por la acusación particular con lo que procede la libre absolución del acusado.

Es lo cierto que el señor Sabino y a cuenta de las comisiones por él devengadas, recibió dinero del señor Braulio. En prueba testifical declaró que las cantidades recibidas rondarían en torno a los 250.000 €, mientras que las comisiones percibidas por él, devengadas y no satisfechas, alcanzarían el millón de euros. El señor Simón declaró en su interrogatorio en el plenario que el otorgamiento de los poderes estuvo justificado, precisamente, en el enorme volumen que había alcanzado la deuda contraída por el señor Sabino, otorgándose los poderes necesarios que desembocaron en sendos reconocimientos de deuda. Lo cierto es que los poderes son válidos, están documentados en autos, fueron juzgados suficientes por los notarios autorizantes de las escrituras públicas que rezan los hechos probados y no se ha siquiera descrito qué tipo de engaño fue empleado por el acusado y por orden del señor Braulio para recabar fraudulentamente dichos poderes, enormemente amplios. No se ha aportado documentación alguna por parte de la acusación particular que justifique el más mínimo amago dirigido a acreditar la que a su juicio sería una correcta liquidación de las cuentas ni plasmación documental ninguna de deuda por comisiones en operaciones de intermediación inmobiliaria en las sociedades del señor Braulio. Ello contrasta con lo declarado en su testifical por la señora Gema en relación con sus numerosos litigios juidiciales con Probeco del Sur y toda la documentación que el matrimonio hubo de reunir para salir, dijo la testigo, airososo de dichos procedimientos. Podría pensarse que en la medida en que los poderes otorgados al señor Simón, como administrador único de Elocaren S.L., eran amplios pudiendo incurrir incluso en la figura de la autocontratación, pudo haber existido un abuso o quebranto de confianza movido por un ánimo de lucro ilícito en el reconocimiento de tan abultadas cantidades de 600.000 y 175.000 €. Pero es lo cierto que el acuerdo transaccional que obra a los folios 74 y ss y 277 y ss recoge el contenido que rezan los hechos probados y en él se hace expresa mención al pagaré cuyo nominal es de 544.400 € motivador del primer juicio cambiario al que se puso fin con el consabido acuerdo transaccional de 4 de agosto de 2008 , acuerdo en el que además también se hace mención a la deuda contraída por importe de 600.000 € de principal por el señor Sabino y en garantía de cuyo pago se constituyó hipoteca a favor de Elocaren S.L. sobre la finca registral NUM001 y también se hace mención en ese acuerdo a la escritura pública de 4 de marzo de 2008 que obra a los ff. 146 y ss. En dicha escritura pública Elocaren S.L. compra la finca registral NUM002, propiedad de la señora Gema, por importe de 559.000 €, que fueron abonados por Elocaren en la forma que recogen los hechos probados y está documentado, esto es, reteniendo 384.000 € para hacer frente al préstamo que grababa la finca a favor de Bancaja y mediante la condonación de la deuda de 175.000 € reconocida por el señor Sabino (f. 208). En el acuerdo de 4 de agosto de 2008 se hace expresa mención de forma directa o indirecta a sendos reconocimientos de deuda de 600.000 y 175.000 €, además del pagaré de 544.400 €. La cantidad recogida en el acuerdo de 4 de agosto de 2008, 477.093 € es apreciablemente inferior al importe del nominal del pagaré, por lo que pudo haber existido claramente unas negociaciones para llegar al acuerdo transaccional de 4 de agosto de 2008 como, por otra parte, reconocen todas las partes, incluso con intervención de letrados, por más que la señora Gema manifieste que finalmente se recogió en el acuerdo lo que el señor Braulio quería que figurase en el mismo. Los señores Sabino y Gema reconocen que intervinieron en las negociaciones del acuerdo ellos personalmente o bien a través de un familiar, el cuñado de la señora Gema, un tal Gustavo, y su propia hermana, letrada en ejercicio, y que en la actualidad ejerce la acusación particular. Está documentado en las actuaciones que en ejecución de dicho acuerdo se abonaron en metálico efectivo 150.000 €, pago efectuado por los señores Sabino y Gema y que han reconocido en el acto del plenario así como haber abonado las dos primeras letras de cambio, aceptadas como forma de pago de la deuda recogida en el acuerdo. Pero es que además, comparecen ambos personalmente en la escritura pública de la misma fecha, 4 de agosto de 2008 (ff. 81 y ss y 281 y ss), en la que se ejecuta parte del acuerdo cancelando, tal y como está documentado (f. 94), la hipoteca en favor de Elocaren sobre la finca registral NUM001, propiedad de la señora Gema, hipoteca constituida en garantía de los 600.000 € de reconocimiento de deuda, escritura pública de 4 de agosto de 2008 en la que se construyen sendas hipotecas sobre bienes propiedad de la señora Gema y el señor David en garantía de la deuda recogida en el acuerdo de 4 de agosto de 2008 . Las letras aceptadas y los pagares firmados como forma de pago de la deuda están incorporados a la escritura de 4 de agosto de 2008 (ff. 102 a 110 y f 90).

Por tanto, existen dudas más que razonables de la existencia de una maquinación fraudulenta o un abuso de confianza en la utilización de los poderes otorgados por el matrimonio Sabino y Gema a Elocaren S.L.

Pero es que además, tras el impago de los pagarés firmados por el señor David, quien se había comprometido frente a Elocaren S.L. al abono de 100.000 € en pagarés a cuenta de la deuda contraída por su hija y su yerno, tal y como se recoge en el acuerdo de 4 de agosto de 2008, se interpone un segundo juicio cambiario, el registrado bajo el número 656/2009 del juzgado mixto número cuatro de Chiclana de la Frontera (ff. 63 y ss) en el que consta la formulación de oposición por la representación del señor David (ff. 326 y ss) y entre cuyos motivos de oposición figura la pretensión de liquidar la deuda resultante de dichos pagarés mediante dación en pago de la finca que, en ejecución del acuerdo de 4 de agosto de 2008, garantizaba dicha deuda, mediante escritura de la misma fecha. Si se ofrece la extinción de la deuda mediante dación en pago es porque se está reconociendo la legitimidad de la misma, coincidiendo con los argumentos recogidos en la sentencia de 24 de marzo de 2011 (ff. 333 y ss), desestimatoría de la oposición al juicio cambiario 656/2009.

Cierto que en el acuerdo de 4 de agosto de 2008, Elocaren S.L. se comprometía a la venta a un tercero de la registral NUM002 para el reparto de su precio entre la señora Gema y Elocaren S.L. pero independientemente de que más que "precio" se habla en el acuerdo de beneficios netos,esto es, que la cantidad a repartir sería una vez deducido el importe del préstamo garantizado con hipoteca sobre la finca, la deuda que resultó compensada con parte del precio de la compra de la finca efectuada por la entidad el 4 de marzo de 2008 a la señora Gema y los gastos, impuestos, etc., es lo cierto que sobre dicha finca pesaba una garantía hipotecaria por importe de más de 384.000 € de principal a favor de Bancaja y que fue objeto de ejecución hipotecaria en el procedimiento 707/2008 (ff. 342 y ss). Además, la importancia de esta cláusula en relación con la cuestión que aquí se ventila es ciertamente reducida

Por lo que respecta a las firmas obrantes en el pagaré por un nominal de 544.400 € (folio 909), hay que decir que la firma que obra en el anverso, correspondiente al señor David, no solamente no ha sido impugnada ni se ha solicitado ni practicado prueba pericial sobre la misma sino que dicha firma es idéntica a la firma que obra en otros efectos cambiarios cuya autenticidad nunca se ha puesto en duda, e incluso ha sido reconocida en el plenario por la señora Gema con ocasión de los efectos cambiarios incorporados a la escritura pública de compraventa de la vivienda de la DIRECCION000 entre la señora Gema y Probeco del Sur ( ff. 32, 42 vto y ff. 48 a 51).

La firma del endoso es auténtica y corresponde a la señora Gema, como ella misma ha reconocido y el hecho de que el endoso fuera firmado en blanco, tal y como además se acredita con la prueba pericial elaborada por el perito señor Benedicto que en sus conclusiones establece que sobre la firma del endoso se produjo la impresión mecanográfica es irrelevante toda vez que conforme el informe pericial ratificado en la vista oral y aportado por el laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil obrante a los folios 910 y siguientes la conclusión que se obtiene es que la impresión mecanográfica del anverso del pagaré existía ya cuando se estampó sobre el mismo la firma del señor David. Por lo que respecta a la firma que contiene el reconocimiento de deuda, cierto es que conforme el informe pericial obrante a los folios 810 y ss, ratificado en la vista oral se concluye, en base a las diferencias que se aprecian entre la firma dubitada y las firmas indubitadas de la señora Gema (folios 799 a 802, básicamente un cuerpo de escritura en sede judicial y la firma de su documento nacional de identidad), que la firma recogida en el reconocimiento de deuda (folios 33 y ss y 767 y ss) no cabe afirmar que fuera suscrita por la señora Gema, pero también se recoge en dicho informe al folio 816 que la firma que en el documento de reconocimiento de deuda aparece como correspondiente a la señora Gema (firma dubitada) constituye la fotocopia de una rúbrica y no es original como se comprueba fácilmente a los ff. 767 y ss donde obra el documento original del reconocimiento de dueda y también a los ff. 843 y ss y al folio 818 se dice en el informe del señor Benedicto que escaso o nulo valor hubiera tenido la pericia exclusivamente realizada sobre fotocopias o fotografías dado que no se hubiera podido apreciar relevantes detalles grafonómicos tales como la presión, con lo que la conclusión obtenida por el perito relativa a que la firma dubitada contenida en el reconocimiento de deuda no corresponde a la señora Gema no la podemos aceptar "a pies juntillas", sobre todo ante la contundencia de la prueba, en especial la prueba documental ya analizada y al tratarse, en el caso de la prueba pericial, de una prueba personal sujeta a la libre valoración del tribunal.

Por lo que respecta a la prueba obrante en el rollo de sala, pericial de la acusación particular elaborada por el perito señor Dionisio, también ratificada en la vista oral, por el mismo se obtiene como conclusión, analizando el anverso del pagaré, que la impresión mecanográfica fue efectuada cuando el pagaré estaba ya firmado, conclusión distinta a la recogida en el informe pericial del laboratorio de criminalística de la Guardia Civil. Sin embargo, los Guardias civiles que elaboraron su informe pericial y lo ratificaron en la vista afirmaron de forma concluyente que para obtener conclusiones sobre el orden cronológico de estampación en el documento analizado de la impresión mecanográfica y la tinta de la firma es necesario el análisis del pagaré original, incluso mediante procedimientos destructivos como el que ellos emplearon, tal y como consta en el informe pericial, sin que puedan obtenerse conclusiones de ningún tipo sobre imágenes escaneadas y en el mismo sentido el escrito del perito señor Benedicto a los ff. 894 y ss. El informe pericial del laboratorio de criminalística de la Guardia Civil detalla con amplitud el procedimiento empleado mediante un videoespectro comparador y un programa de tratamiento y análisis de las imágenes en 3D por capas de superficie. El informe elaborado por el señor Dionisio establece en la página dos de su informe que la muestra dubitada analizada consiste en una imagen escaneada del anverso del documento cuestionado. En cualquier caso, la prueba pericial es de libre valoración por parte del tribunal conjuntamente con el resto de pruebas y, desde luego, la prueba documental incorporada a los autos y el resto de la prueba personal llevan a la sala a emitir un pronunciamiento absolutorio, por las razones ya apuntadas.

TERCERO.-Se ha solicitado por la defensa la imposición de las costas procesales a la acusación particular por temeridad o mala fe. El artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal admite la condena en costas en caso de sentencia absolutoria, cuando resulte de las actuaciones que la acusación particular o popular obró con temeridad o mala fe.

Con respecto a las costas , la Ley de Enjuiciamiento Criminal no proclama en sede de juicio oral ni de apelación el principio de vencimiento objetivo en costas, sino que la regla general será la no imposición, aun cuando la Sentencia haya sido absolutoria y contraria a las pretensiones de la acusación. Sólo en caso de temeridad o mala fe, debidamente argumentadas por el órgano judicial sentenciador, procederá la condena a su pago.

La ley distingue, pues, entre mala fe y temeridad.

La mala fe significa que la parte, a sabiendas de que la pretensión es insostenible, mantiene la acusación con objeto de perseguir al acusado, sentándolo en el banquillo, a pesar de que conoce que no ha cometido delito alguno.

La temeridad no requiere, sin embargo, tal componente subjetivo, y concurre cuando la pretensión que se formula ante el Tribunal penal no solamente es insostenible jurídicamente, bajo cualquiera de las fórmulas de interpretación generalmente admitidas en la interpretación del tipo penal que sustente la acusación, sino que es descabellada o ilógica. ( TS, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 306/2021 de 9 Abr.).

En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de junio de 1998, citada en la posterior de 30 de mayo de 2007, declara lo siguiente: "la imposición de costas puede ser una forma de corregir actuaciones infundadas, caprichosas, e incluso fraudulentas de la acusación, debiendo entenderse que son temerarias o maliciosas cuando la pretensión que se ejercite carezca de toda consistencia y fundamento de tal modo que quien así actúe no haya podido dejar de conocer su sinrazón e injusticia."

Ciertamente, uno de los modos de comprobar tal temeridad es indagar el comportamiento procesal del Ministerio Fiscal, pues ha actuado previamente irrogado del principio de imparcialidad y de independencia.

Es cierto que en este caso el Ministerio Fiscal ha sostenido el dictado de una sentencia absolutoria y ya en su momento sostuvo el sobreseimiento provisional de las actuaciones en la fase intermedia del procedimiento (folios 956 y siguientes). Tampoco se comprende que la señora Gema en sede testifical haya declarado que tuvo conocimiento del reconocimiento de deuda en 2011 toda vez que a los folios 982 y siguientes consta el escrito de calificación provisional de la acusación particular de la señora Gema, Sabino y David en el que concretamente al folio 984 se reconoce que en el juicio cambiario 219/2008 se presentó el reconocimiento de deuda donde se contenía la supuesta firma falsa de la señora Gema y que se tenía conocimiento de ese reconocimiento de deuda antes del acuerdo de 4 de agosto de 2008. Así se acredita además a los ff. 31 y ss que contiene escrito de oposición al alzamiento del embargo presentado por Elocaren S.L. y concretamente a los ff. 31 vto y 33 y 33vto. No obstante, existen dos pruebas periciales que postulaban a favor de las tesis de la acusación particular con lo que las pretensiones de condena de ésta pudieran tener algún viso de prósperabilidad, esto es, la efectuada por el señor Benedicto, la cual afirma sobre todo que la firma que figura en el reconocimiento de deuda obrante a los folios 33 y siguientes no corresponde a la señora Gema y la pericial efectuada por el perito señor Dionisio que indica que la tinta grasa de color azul correspondiente a la firma del señor David fue estampada en el pagaré con anterioridad al texto impreso que figura en su anverso, motivos suficientes como para declarar las costas de oficio.